Las disputas por territorios encaminan hacia el buen vivir abajo

   Confrontan con los poderes establecidos para 

el despojo total a los distintos de abajo

Las principales son las que enfrentan al modelo esencialmente extractivista. Aunque se lo promociona como nacional-popular, lo cierto es que se concreta en mayor enriquecimiento y omnipotencia de capitales (financieros e industriales) y Estados imperialistas con socios menores en los poderes locales.

Raúl Zibechi (La Jornada), en "Para cortarle alas al golpismo hay que salir del extractivismo", advierte:(...)El «extractivismo» es mucho más que un modelo productivo y de acumulación de capital. En rigor, forma parte del complejo especulativo-financiero que hoy domina el mundo. En nuestros países tiene efectos depredadores: está creando un nuevo bloque de poder, corruptor políticamente, polarizador y excluyente socialmente y depredador del medio ambiente.

En lo político, el modelo extractivo necesita un conjunto de gestores que alimenta con sus inmensas ganancias (soya, minería a cielo abierto y varios monocultivos), que velan por sus intereses (universidades, gobiernos nacionales o locales, medios e intelectuales). Exagerando apenas, el extractivismo juega un papel desintegrador similar al del narcotráfico, porque destruye el tejido social, expulsa a los campesinos de sus tierras, infla ciudades hasta límites insoportables y mata a la gente, en particular a los más pobres, que no tienen acceso a un sistema sanitario de calidad.(...) Leer

"¿Qué es el modelo extractivo minero?" Gustavo Castro Soto contesta: (...)Transfiere enormes recursos y ganancias a las grandes corporaciones sin dejar casi nada, sólo pobreza y grandes consecuencias sociales y ambientales. A esto se le llama economía de enclave.
La Industria Extractiva Minera gira en torno a la lógica y la estrategia del capital financiero trasnacional, pero también a las condiciones y actores político-económicos internacionales de cada país.(...) Leer

La comisión ambiental de COB-La Brecha Comahue aporta al concepto: (…) Se utiliza el rótulo de «extractivismo» en sentido amplio -petróleo, minería, agronegocios, etc.- para las actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales, no los procesa (o lo hace limitadamente), y pasan a ser exportados.

Entre una serie de características, más allá de los indudables impactos ambientales nos interesa resaltar que estos mega proyectos desencadenan profundos impactos territoriales. Significan, por ejemplo, la llegada de contingentes de operarios y sus equipos, a áreas remotas; algunas habitadas por comunidades rurales o pueblos indígenas. Generan enclaves productivos que están conectados por corredores de transporte o de energía con otras zonas del país, y orientados hacia los puertos de exportación. Sus actividades son resguardadas en muchos casos por el propio Estado, incluso por medio de protección policial o militar.

Los cambios territoriales son profundos, ya que modifican la configuración del espacio, los actores que lo construyen y sus formas de relación. Muchas veces este tipo de producción reestructura la geografía junto a cambios institucionales y una desintegración comunal, y genera otro tipo de relaciones entre los espacios locales y los nacionales e internacionales, en la que los actores locales son pocas veces tenidos en cuenta. Este tipo de explotación atenta contra las economías regionales y autóctonas, ancestralmente desarrolladas en las distintas bioregiones, como es el caso de la ganadería, la horticultura, etc. Las consecuencias político-sociales son enormes, ya que no sólo los deberes del Estado pasan a ser reemplazados por las empresas, dependiendo de estas las refacciones de las escuelas, el hospital, etc. Sino también trae consigo problemas como la prostitución, la trata de personas, grandes índices de adicciones a drogas y alcohol generando una desintegración. Hay muchos casos que dan muestra de esta situación, como los informes "la ruta de la soja, la ruta de la trata" y "la ruta del petróleo la ruta de la trata". (…) Leer

Se desprende que el «extractivismo» incluye a la megaminería, la superexplotación pesquera e hidrocarburíferas y el sistema global de agronegocios. Pero, a mi entender, es más abarcativo y se extiende a los megaemprendimientos turísticos, comerciales e inmobiliarios Leer. Ya que comparten con los primeros:

• privatización y mercantilización de la naturaleza;
• desertificación al expulsar o acorralar las comunidades locales, ocupar humedales, apropiarse del alto consumo de agua y energía, impermeabilizar el suelo, deforestar, etc.;
• ruptura de equilibrios y uniformización de las ecorregiones;
• destrucción de las posibilidades de futuro para los diversos de abajo en todo el país por discapacitación juvenil e infantil mediante empleos precarizados, por degradación cultural y productiva de las comunidades locales, por desintegración de estas últimas al someterlas a aceptar el Mercado de los oligopolios, y por devastación, envenenamiento medioambiental;
• seguridad jurídica para los saqueadores que no sólo implica multimillonarios subsidios directos e indirectos y Estado criminalizador tanto de la pobreza como de la protesta social sino también impunidad para seguir adelante con los ecocidios-genocidios.

Contra esta impunidad están las luchas de los pueblos originarios, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, de la Central de Trabajadores de la Argentina, de la Unión de Asambleas Ciudadanas y múltiples organizaciones populares de menor envergadura que defienden sus respectivos territorios y espacios públicos.

Cabe recurrir a Maristella Svampa que, en "«Consenso de  los Commodities»  y lenguajes  de valoración en  América Latina", sostiene: (…)En términos generales, y por encima de las marcas específicas (que dependen,  en mucho, de los escenarios locales y nacionales), la dinámica de las luchas socioambientales en América Latina da lugar a lo que hemos denominado «giro  ecoterritorial», esto es, un lenguaje común que ilustra el cruce innovador entre  matriz indígena-comunitaria, defensa del territorio y discurso ambientalista: bienes comunes, soberanía alimentaria, justicia ambiental y «buen vivir» son  algunos de los tópicos que expresan este cruce productivo entre matrices diferentes. En este sentido, es posible hablar de la construcción de marcos comunes  de la acción colectiva, que funcionan no sólo como esquemas de interpretación alternativos, sino como productores de una subjetividad colectiva. Así, a contrapelo de la visión dominante, los bienes naturales no son comprendidos como commodities, esto es, como pura mercancía, pero tampoco  exclusivamente como recursos naturales estratégicos, como apunta a circunscribir el neodesarrollismo progresista. Por encima de las diferencias,  uno y otro lenguaje imponen una concepción utilitarista que implica el  desconocimiento de otros atributos y valoraciones –que no pueden representarse mediante un precio de mercado, aunque algunos lo tengan–.

 

En contraposición a esta visión, la noción de «bienes comunes» alude a la necesidad de mantener fuera del mercado aquellos bienes que, por su carácter de  patrimonio natural, social o cultural, pertenecen al ámbito de la comunidad  y poseen un valor que rebasa cualquier precio. (…) Leer 

En Argentina, la Unión de Asambleas Ciudadanas tiene mayor potencial de hacer política hacia los cambios emancipatorios. Las asambleas de todo el país, por un lado, enfrentan al sistema de saqueo y contaminación ambiental desde la afirmación en la soberanía de los pueblos o del derecho a decidir sobre el destino común. Son criminalizadas por gobiernos y estados de todas las jurisdicciones del país porque las reconocen como claramente posicionadas contra el modelo o contra la acumulación gran capitalista imperialista por desposesión total a los diversos de abajo. Coinciden con el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero en "el diagnóstico sobre:

1. La agudización de los conflictos originados por la imposición del modelo extractivo minero en toda la región.
2. El aumento en los niveles de conciencia y movilización de las comunidades afectadas.
3. El mayor alcance de la difusión del problema en otros sectores sociales.
4. La pérdida de territorios y recursos relacionados como bosques y aguas, entre otros.
5. La complicidad del Estado con el interés privado local y transnacional.
6. La imposición, represión y criminalización como conducta del Estado contra las comunidades y sus miembros en defensa de la vida.
7. El uso de mitos como minería verde, sostenible, y responsable, entre otros, en el discurso de promoción a la actividad minera.
8. La relativa homogenización de los marcos jurídicos regionales en favor de la seguridad jurídica de los inversionistas, en detrimento de la seguridad humana y los derechos humanos, como el derecho a la vida, salud, el acceso a la información, a la consulta y participación en los asuntos que afectan a la comunidad, al buen gobierno, a la manifestación en defensa de los derechos humanos (...)". Leer

Por otro lado, prefiguran la sociedad emancipada del sistema capitalista imperialista. Resisten la mercantilización de los bienes comunes y establecen un núcleo articulador de los diversos de abajo en el país-mundo. Analicemos:

Resistencias locales, movimientos globales (16-03-2012)

Por Raúl Zibechi

"Las comunidades locales están mostrando una novedosa capacidad de elaborar un discurso capaz de sintonizar con otras personas en los más remotos lugares, destacando que se trata de la defensa de la vida frente a la avaricia de la acumulación."

En junio de 2002, hace apenas 10 años, se realizó en Tambogrande (norte de Perú) la primera consulta popular de carácter comunal sobre la minería a gran escala en el mundo. Más de 90 por ciento de los votantes, unas 25 mil personas, rechazaron el proyecto para explotar oro, plata y zinc de la canadiense Manhattan; sólo 350 votaron a favor y no acudieron a votar apenas 6 por ciento de los habitantes. La consulta fue organizada por la municipalidad y su resultado fue interpretado como un triunfo de la agricultura campesina, que depende del agua para su sobrevivencia.

A la consulta en Tambogrande le siguió la de Esquel (sur de Argentina) en marzo de 2003, donde 80 por ciento se pronunció contra un proyecto de Meridian Gold para extraer oro, con el uso de cianuro. En junio de 2005 se realizó otro referendo en Sipacapa, Guatemala, con similar resultado. Estas consultas fueron la forma de lucha encontrada por las comunidades locales para romper el aislamiento y evitar que sus razones fueran ahogadas por el silencio oficial y de los medios. Hoy puede decirse que tuvieron un resultado más que exitoso.

En Perú, la resistencia a la minería condujo a la realización de la Marcha Nacional por el Derecho al Agua, en febrero, en la que confluyó el grueso del movimiento social peruano. En Argentina, la victoria de Esquel activó la creación de decenas de asambleas locales que se coordinan en la Unión de Asambleas Ciudadanas, que acaban de realizar su 18 encuentro en Mendoza. En Guatemala ya hay 56 municipios que se declararon libres de minería, por la formidable presión de la población. En Perú, Brasil y Chile la resistencia popular contra las megarrepresas hidroeléctricas sigue avanzando, y se entrelaza con la lucha contra la minería y los monocultivos.

Luego de más de una década de resistencias es posible establecer un patrón de acción de movimientos que han trascendido largamente lo local y se instalaron como las principales alternativas al modelo asentado en la expropiación de los bienes comunes. "Es la movilización popular más importante desde la época de Fujimori", escribió Hugo Blanco, evaluando la Marcha del Agua (Lucha Indígena, febrero de 2012).

El primer rasgo de este patrón es que consiguieron un respaldo tan macizo y profundo entre las poblaciones locales que les permitió trascender el aislamiento y el hostigamiento. Buena parte de estas resistencias se hicieron fuertes al enraizarse en relaciones de carácter comunitario, lo que les permitió visibilizar la existencia de un conflicto entre grandes empresas multinacionales y comunidades locales que buscan asegurar su sobrevivencia. Apelaron a especialistas para traducir sus razones en el lenguaje de las clases medias urbanas y buscaron el paraguas protector de las instituciones y autoridades locales, que es lo que siempre hacen los oprimidos para legitimar sus demandas.

Aun cuando se movilizan pequeños grupos y hasta un puñado de personas, como sucede a menudo con las asambleas ciudadanas argentinas, la contumacia de las comunidades en movimiento les ha permitido neutralizar la criminalización de la protesta. Las comunidades locales están mostrado una novedosa capacidad de elaborar un discurso capaz de sintonizar con otras personas en los más remotos lugares, destacando que se trata de la defensa de la vida frente a la avaricia de la acumulación.

En segundo lugar, aunque la demanda sea estrictamente local, buscaron desde el comienzo tejer lazos con otros sectores sociales para ampliar el eco de sus luchas, y de ese modo comenzaron a tejer amplias alianzas regionales primero, nacionales después y ahora internacionales. La capacidad de romper el cerco informativo y político es lo que les ha permitido trascender la represión y conseguir masivos apoyos en las ciudades, algo que hasta ahora parecía difícil de conseguir.

Las formas de lucha, en tercer lugar, no son ni legales ni ilegales, ni pacíficas ni violentas, aunque hay de todos los tipos, sino sobre todo legítimas, tanto por las demandas como por la capacidad de los militantes de poner el cuerpo ante los gigantescos camiones de las empresas y los golpes de los policías. No hay contradicción entre la opción por las urnas en Tambogrande, o luego en Majaz (norte de Perú), y la contundente acción de los guerreros de Baguá en 2009, en la selva peruana.

En cuarto lugar, se registra la confluencia de los más diversos sectores sociales (como sucedió durante la marcha en defensa del TIPNIS en Bolivia en 2011, y en estos momentos en Aysén, en el sur de Chile) con la reactivación de los mecanismos internos tradicionales de los pueblos para tomar decisiones y garantizar su seguridad, como hicieron las rondas campesinas durante la reciente Marcha del Agua en Perú.

Por último, estamos ante una aceleración de los tiempos. En los primeros meses de este año se sucedieron la Marcha del Agua en Perú y el levantamiento de Aysén, que lleva ya tres semanas bloqueando puentes y carreteras, con una lista de 11 demandas, entre las que ocupa un lugar destacado la oposición a la represa Hidroaysén, mientras el pasado 8 de marzo comenzó la Marcha del Agua en Ecuador, que llegará el día 22 a Quito, luego de recorrer las tres regiones del país. Y ya se anuncia una nueva marcha en Bolivia para evitar que se imponga la carretera en el TIPNIS.

No estamos ante un conjunto de movilizaciones sino ante un movimiento contra las multinacionales y la especulación financiera, en defensa del agua, la vida y los pueblos. Es el más formidable, amplio y variopinto movimiento continental desde las luchas de las décadas de 1960 y 1970 y la resistencia a la primera fase del neoliberalismo en los 90. Este impresionante movimiento por los bienes comunes se registra tanto en países gobernados por la derecha como en los que tienen gobiernos de izquierda y progresistas. No es legítimo, por tanto, buscar excusas del estilo "a quién benefician" los movimientos para echar un manto de sombras sobre las luchas de los de abajo.

Raúl Zibechi Periodista uruguayo, escritor, responsable por la sección internacional de Brecha. Profesor e investigador en Multiversidad Franciscana de AL.

Fuente original: ADITAL  Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Resistencias_locales_movimientos_globales

La comunicación con arraigo en las actuales disputas por territorios alerta sobre el PEA 2020

   Pone en debate que se está yendo contra la soberanía alimentaria y ocupando el territorio con agrocombustibles

Con el voto del 54%, la Presidenta se posiciona a favor de la agricultura sin agricultores y ocupación integral del país por las corporaciones imperialistas. Desde el Council de las Américas en Nueva York dice:“La inversión de Monsanto es importantísima también y va a ayudar a la concreción de nuestro plan, tanto agroalimentario 20-20, como nuestro plan también industrial. Y me decía, hoy, su titular que les había impresionado mucho el apoyo que nuestro Gobierno estaba dando a la ciencia y a la tecnología. Tengan ustedes la certeza que vamos a seguir en la misma línea”. Leer

Que la Presidenta pueda menospreciar las luchas e historias contra Monsanto en el mundo sin que haya reacción contundente de los de abajo, plantea no sólo cómo el gobierno CFK consigue "hacerles la cabeza" según aconseja Carlos Tomada a Pedraza a fin de subordinar a los trabajadores. Sino también urge indagar cómo la Red Nacional de Medios Alternativos puede contribuir a instalar y multiplicar espacios de deliberación y toma de decisiones entre los diversos de abajo. Procuraría que los pueblos de Argentina-Nuestra América elucidaran, por ejemplo, qué hacer frente al arrasamiento de las condiciones tanto de vida como de trabajo que el sistema globalizado de agronegocios lleva a cabo en asociación con todos los poderes locales.

Respecto del Plan Estratégico Agroalimentario 2020, en "Bosques nativos (I): el PEA y la profundización del modelo de deforestación", Luis Gauna (RED ECO) se refiere a:

(…)La dependencia del Modelo
“El Plan Agroalimentario tendrá un profundo y negativo impacto en el complejo sistema productivo de nuestro país, al consolidar el modelo de país agroexportador basado en la agricultura industrial, pools de siembra, agrotóxicos, monocultivos, despoblamiento rural y enormes ciudades insustentables” enunciaba el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata en oposición al horizonte extractivista y agroindustrial que el Gobierno de Cristina Kirchner propone con el PEA 2020.El modelo agroexportador que se erige es una contradicción en sí misma con aquella Ley de Bosques que se votara en 2007, puesto que sin percatarse del total de hectáreas que cada provincia propiciaba para el desmonte y el cultivo, propone una expansión de la frontera agropecuaria a casi 10 millones de hectáreas, aumentando la superficie de 32 millones de hectáreas a 41 millones (un 60% más de hectáreas para la agricultura; un 45% más para la ganadería).

“El PEA no se hizo en ningún momento pensando en cuanto a las restricciones que imponía la ley de bosques y el resultado está claro: la expansión de 10 millones más de hectáreas de la frontera agropecuaria es indirectamente decir que va a haber más desmontes y seguramente algunos en zonas que la ley de bosques protege. En el mejor de los casos si se desmonta toda la Zona verde (zona propicia para la deforestación, de acuerdo a lo que expone la ley), después va a haber presión sobre las otras regiones en función de cumplir con ese PEA” manifiesta Hernán Giardini (coordinador de Biodiversidad en Greenpeace), a la vez que remarca que dicho Plan no es una meta a la que el país se tenga que sujetar obligatoriamente, pero que “va a depender mucho del contexto nacional , si el precio de los granos se mantiene en estos niveles, si el precio de la carne sigue en aumento a nivel global o no”.

Augusto Calandrelli, consejero superior por el claustro estudiantil de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata, remarcaba en aquella ocasión que “el PEA no es una síntesis debatida con universidades ni con organizaciones de la agricultura familiar, sino que es una decisión de funcionarios del Gobierno”.Con esto, queda enmarcado que de las exigencias del mercado mundial, se desprenderá el nivel de cuidado que recaiga sobre los bosques nativos, y por consecuente, del cumplimiento de la ley, más allá de la letra muerta. (...)

El silencio oficial ante las muertes y enfermedades que produce el monocultivo, cada tanto se rompe, últimamente en manifestaciones masivas, como también en estudios que avalan la contaminación que apareja el 'progresismo' de éste sistema”.Hace dos semanas, un equipo de docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba presentó un análisis de la situación sanitaria de Malvinas Argentinas, uno de los focos de resistencia contra la Multinacional Monsanto. En dicho documento, se califica de muy grave el escenario socio-ambiental de dicha ciudad, recomendando no someter a la población a efectos de contaminantes que intensifiquen el cuadro de vulnerabilidad. La exposición a los tóxicos que emana el polvo de cereal transgénico de los silos y otros tóxicos de la actividad de Monsanto, propiciarían a agravar la situación.“La vulnerabilidad social y económica de la población es las más alta en la Provincia de Córdoba y la capacidad del Estado Municipal de responder a la demanda de enfermedad es mínima. Someter a esta población a un nuevo golpe en su salud ambiental, como el que generará una enorme planta de semillas transgénicas de Monsanto en su jurisdicción no es recomendable desde el punto de vista médico, y es intolerable desde el punto de vista social” denunciaron en el análisis interdisciplinario.

Los nuevos caminos del modelo en el horizonte
“Yo le comentaba —y la gente de Monsanto no lo sabía— que tenemos una Patagonia, en la cual algún productor argentino tiene producción, por ejemplo, forrajera y que uno lo puede observar en medio de la estepa patagónica los círculos que solamente con riego producen forraje de primerísima calidad. Y tenemos también agua en la Patagonia, porque cuando me tocó inaugurar, el otro día, una ampliación de un emprendimiento minero: Cerro Vanguardia, en mi provincia, lo habíamos inaugurado cuando Néstor era Gobernador y cuando otros eran los propietarios, ahora hay nuevos propietarios. Y han pasado de la minería a cielo abierto a minería en excavación y es justamente donde han encontrado en plena Patagonia ríos subterráneos. A ellos les causa problemas, pero a nosotros nos ha llenado de alegría, porque esto nos da la idea de que el elemento vital: agua, nos va a permitir extender la frontera agropecuaria” manifestaba con alegría y efusividad la presidenta Cristina Fernández en la reunión que tuvo con los directivos de Monsanto, allá por Junio, en Nueva York. Monsanto, la empresa que monopoliza los transgénicos en nuestro territorio, recibía la oferta de tierra y sus recursos hídricos en la Patagonia argentina, la promesa de producir y expandir el negociado de la multinacional denunciada en Córdoba y otras provincias por los daños a la salud de sus habitantes.
 

Pero como así también se vanagloriaba esa posibilidad, hay otros sectores naturales que ya han visto su transformación, en pos del monocultivo y la frontera agropecuaria. Uno de estos, es el caso de los humedales, a pocos días de celebrar su día internacional. La región del delta del Paraná representa el final del mosaico de humedales más grande del mundo, que se inicia en el Mato Grosso brasilero y culmina en el estuario del Río de la Plata. El mismo es una gigantesca llanura de inundación de 17 mil kilómetros cuadrados pero, a pesar de ser tan vastos e importantes, el Estado nacional sólo protege el 0,3 por ciento de los mismos. Consecuentemente, la legislación entrerriana busca el incremento del agro negocio, con leyes como la 10.902, que perseguía la finalidad de privatizar las islas fiscales, públicas, para que se monocultive por cien años arroz, bajo el control de una sociedad anónima. Si bien la ley no prosperó por la resistencia ciudadana, son preocupantes los casi 900 kilómetros de terraplenes ilegales que se apostan sobre la región. La organización ambientalista “El Paraná No Se Toca” advirtió que hubo intentos de terraplenar para plantar soja y otros cultivos, con responsabilidad de productores ganaderos con tierras vecinas a Santa Fe, que pretenden afirmar sus campos mediante el cierre de las lagunas interiores, y la consolidación de esos espacios como tierras de pastoreo, “sacrificando de esta manera el humedal, la fauna, la pesca y toda la diversidad de especies que viven en él”. Leer

Veamos cómo el PEA 2020 y la ley Monsanto se enmarcan en la internacionalización capitalista del sistema agroalimentario:

Walter A. Pengue, en "Agricultura industrial y transnacionalización en América Latina ¿La transgénesis de un continente?"*, nos ayuda a situarnos en la realidad profunda que el gobierno CFK encubre por relato mistificador de que estamos en una etapa emancipatoria cuando sucede la recolonización hambreadora y desertificadora. Leamos:

Comentarios a modo de un final abierto

Las características centrales que ha adquirido el nuevo orden agrícola internacional - determinado por la internacionalización del sistema agroalimentario - como parte de la reestructuración global han sido el intento por alcanzar la concentración y centralización de la producción alimentaria a través de grandes corporaciones de los países desarrollados y un déficit estructural en los países dependientes. Producto fundamentalmente de la competencia, se establecen en las economías centrales políticas proteccionistas y el pago de altos subsidios a los productores junto al establecimiento de precios a la baja en el comercio mundial agrícola. En esta lucha por el poder hegemónico en el sector agroalimentario, los Estados Unidos primero y luego la Unión Europea reforzaron los mecanismos de colocación de excedentes hacia los países subdesarrollados, junto a políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional de desestímulo a la producción para el mercado interno de alimentos, la promoción de la producción de productos tradicionales y no tradicionales para la exportación y la construcción de cluster productivos, que faciliten un proceso de producción, concentración, transporte, comercialización y consumo a los grandes centros mundiales y a la periferia que califique para ello. 

El resultado principal de este proceso para los países dependientes ha sido principalmente la desestructuración de la producción alimentaria para el mercado interno y la reorientación de productos de exportación; una mayor marginación, exclusión, deterioro del nivel de vida de los pequeños productores de bajos ingresos, campesinos con y sin tierra y pueblos indígenas, concentración y aumento constante de la escala productiva, concentración en las empresas semilleras, de agroquímicas y del transporte, privatización del conocimiento y mayor destrucción y apropiación privada de los recursos naturales. 

Desde la Revolución Verde y la propuesta de planes para el Desarrollo, la situación de la agricultura en los países de América Latina ha estado fuertemente influida por las modalidades predominantes del proceso de globalización del capital, actuando ya las empresas transnacionales como un nexo entre el Sur proveedor de territorio, recursos naturales y productos subvaluados y el Norte demandante de alimentos siempre cada vez más baratos. Las grandes corporaciones, ubicadas todas en los países superdesarrolaldos, son quienes participan y controlan el mercado internacional de granos y de alimentos y los países periféricos, como los latinoamericanos, que logran ingresar a esta rueda, lo hacen siempre a expensas de la sobreexplotación de sus recursos naturales. Los países desarrollados, a su vez, son también los principales compradores de los productos alimentarios en el mercado mundial. La nueva división del orden agrícola internacional demuestra que la tendencia es a que la competencia sea con base en las ventajas competitivas y que los bienes estratégicos de consumo humano, en la agricultura de la globalización, adquieran un mayor carácter político de seguridad nacional percibida por el Norte pero no de la misma manera por los gobiernos del Sur.

 

Poseer ventajas comparativas, en términos de territorio, calidad de suelos, aguas, genes y biodiversidad, es contar con los recursos necesarias para convertirse en foco de intereses, que solamente harán una explotación, a veces desmesurada y a costa de externalidades no reconocidas, producidas sobre esos territorios. Existe, desde la Revolución Verde y durante las décadas siguientes, una fuerza motora común que ha orientado las transformaciones en el uso del territorio regional. Esta fuerza se basa exclusivamente entonces en una tendencia a dejar en manos de la199 Comentarios a modo de un final abierto corporación internacional, el sistema de producción de granos y alimentos, lo que implica por otro lado una incompatibilidad fundamental que viene a expresarse hacia el interior de los diversos países en cuanto al tipo de agricultura y organización agroindustrial que se introduce en ellos. Los impactos negativos de la estrategia tecnológica de la Revolución Verde en el campo latinoamericano profundizaron los problemas ambientales, sociales, económicos y culturales.

Se manifiestan los problemas de contaminación puntual, erosión de suelos, desertificación, deforestación sumados al crecimiento de la marginación y expulsión de los pequeños agricultores, campesinos y poblaciones indígenas, pérdida de la soberanía alimentaria y concentración en la monocultura de exportación, de granos y animales.

Creció asimismo la fuerte dependencia de los agricultores y sus naciones de insumos externos a sus sistemas de producción, importados generalmente de los países centrales. Más allá de los aumentos de la producción agropecuaria, si contabilizásemos todos los impactos producidos, la política de la Revolución Verde, no fue positiva para los agricultores y campesinos latinoamericanos. El siglo XXI nos enfrenta a todos a un desafío mucho más apasionante y complejo. Con la llegada de la Ingeniería Genética, la Genómica y la Proteómica, el campo latinoamericano encara riesgos y escenarios diferentes que involucran cuestiones más amplias que aquellas planteadas por la Revolución Verde, y alcanzan a la ética, las cuestiones filosóficas, religiosas, morales y culturales que pueden cambiar el paradigma de lo que es la ruralidad en América Latina. Es muy claro, que los intereses, los desafíos, las implicancias, los beneficios y los riesgos son profundamente diferentes para las sociedades del Norte y del Sur. Mientras los primeros, han iniciado hace décadas un cambio rotundo en sus formas de hacer agricultura (y algunos pretenden «volver» a recuperar lo perdido) dejando en manos del sistema agroalimentario comercial muchos de sus procesos; en el Sur, la agricultura de muchas regiones forma parte de la vida y cultura de millones de personas. El peso de lo rural, de la mentalidad rural aunque se viva en algunos casos en pueblos y ciudades, es aún muy grande. Por tanto, la visión del Sur, no pasa solamente por la protección de un recurso por conservar o administrar, sino que arrastra siglos de relación y vinculo con el ambiente, que hace mucho perdieron las sociedades supraindustriales de EE.UU. y Europa. 

 

La llegada de la agricultura industrial y de su paquete tecnológico transgénico implica una nueva vuelta en el control y apropiación del germoplasma, desde la producción de semillas protegidas por la propiedad intelectual hasta su venta, cerrando ahora un círculo más acotado, semillas-agroquímicos, mucho más pernicioso. Esta vez, los agricultores del Tercer Mundo, se enfrentan al desafío de perder la riqueza del intercambio, para ser controlados totalmente en el qué hacer y el qué producir. Cuánto?, Cómo? Y de qué manera?. La clave de los intereses por desarrollar estos nuevos productos comerciales e instalarlos en las demandas de las sociedades pasa exclusivamente por las patentes, que dan prioridad monopólica a sus obtentores, quienes en retribución ofrecen un producto que genera continuamente una productividad o condiciones específicas mejores. Nuevamente, la visión y demandas para un agricultor del Norte o de los enclaves desarrollados del Sur, es muy diferente a aquel agricultor que produce en el marco de pautas culturales y sociales que el modelo lo obligará a perder o abandonar por siempre. Las semillas transgénicas, bajo el control corporativo y bajo la protección de patentes, tienen un precio mayor que las semillas convencionales. En algunos países, una de las estrategias corporativas para imponer el uso de semillas transgénicas ha sido no incluir el «royalty» en el precio de las semillas a los productores. A esto hay que agregarle el costo del resto del paquete, en el caso de la soja resistente a glifosato, el herbicida y los productos para proteger a la semilla. Los pequeños agricultores pobres de América Latina no tienen acceso al dinero, al crédito, a la asistencia técnica o al mercado. Cuando se les otorga crédito bancario, o a través de la agricultura a contrato con las agroindustrias, la historia abrumadora ha sido que se ven obligados a vender finalmente sus campos para saldar los créditos otorgados. El complejo agroexportador transgénico ha facilitado tanto el fuerte incremento de la producción y en algunos casos, la productividad. Pero esta productividad, no fue acompañada por sustentabilidad.

 

Es clara la destrucción del ambiente que se está produciendo. Las externalidades – costos ambientales no reconocidos en las cuentas comerciales -producidas y los costos sociales del modelo agroexportador, comienzan a ser evaluadas exhaustivamente, y los números prometedores de los promotores, por ejemplo de la soja transgénica, se convierten en falaces, si consideramos todos los impactos producidos. En la Argentina, la concentración hacia el sector sojero, es el reflejo de la concentración que se ha producido en ese país: El 20% de la población más rica se lleva el 53% del ingreso nacional, mientras que el 20% más pobre sólo el 4,2%. Los aparentes, 2.000 kg. de alimentos (sólo considerando cereales y oleaginosas), por habitante y por año que el país produce, no llegan a las bocas de la mitad de sus ciudadanos. Sobran alimentos, pero no hay acceso a ellos. Diez millones de personas (26%) están en la indigencia o sea que no acceden a una alimentación básica y 20 millones (55%), están en la pobreza, con el 22% desocupado. El 20% de los niños, es decir, alrededor de 2.100.000 no cuentan con sus necesidades básicas satisfechas. 

 

A estas desgracias, no sólo en un país sino en un subcontinente rico en territorio y potencialidad productiva, los impulsores del modelo transgénico, proponen continuar expandiendo los cultivos de exportación y resolver los problemas imposibles de enfrentar en términos de empleo, distribución y soberanía alimentaria con más planes de ayuda solidaria, impulsados desde dentro como desde el exterior y comprometiendo recursos del gobierno para paliar una problemática en parte, generada por un modelo de desarrollo desigual. 

Este modelo de «subdesarrollo sostenible», no ha quebrado entonces con la visión errónea que no han podido resolver cuarenta años de una incipiente agricultura industrial hoy día más intensa. Tampoco facilitó un desarrollo científico tecnológico alternativo, que trabajase con objetivos de resolución de conflictos nacionales y regionales en términos de producción agropecuaria. El sistema científico y tecnológico, desafortunadamente apostó al trabajo por el incremento de la productividad y fue un participe necesario y facilitador del esquema transgénico. No permitió ni favoreció el desarrollo de alternativas productivas con esquemas agroecológicos de rápido y fácil aprovechamiento y apropiación social que muy posiblemente hubiesen202 Comentarios a modo de un final abierto favorecido a una sino solución, amortiguación de la crisis social que hoy día enfrenta la Región. Tampoco se desarrolló un marco regulatorio eficaz que contuviese y evaluara adecuadamente el riesgo y el impacto de cada evento transgénico, en cuanto a sus complejas interrelaciones con cada ecosistema. No implementa aún el abordaje multidisciplinario y de la complejidad de la situación demanda. La resolución respecto del riesgo o la propia incertidumbre que el manejo de las formas biológicas de la Ingeniería Genética no se encuentra en nada acabada y resuelta. Si no podemos contar o sabemos muy poco sobre las investigaciones desarrolladas, parte de sus métodos, actividades y ensayos en el campo o en la industria, tal como sucede hoy día en la protección de los desarrollos de transgénicos, ni la propuesta tan optimista de los impulsores ni tampoco el catastrofismo de sus detractores, nos brindan seguridad sobre la certeza o no del camino transgénico. En este contexto, es pertinente sostenernos en el Principio de Precaución para situaciones tan complejos y que involucraran la biodiversidad y sociedad del futuro. 

 Walter A. Pengue continúa anticipando el futuro que se está instalando legal y legítimamente en vez de la idea del Movimiento Nacional Campesino Indígena sobre una invasión de las transnacionales y sobre la importancia de ser propietarios. Si bien son los principales autores de la soberanía alimentaria y el buen vivir abajo, es prioritario involucrar a los diversos de abajo en lucha contra el Estado local y contra el poder económico imperialista. Pengue  plantea:

Las propuestas de resolución del hambre en el mundo, los problemas de pobreza y potencial enriquecimiento o el enfrentar a las enfermedades, son en parte por cierto falaces, al no condecirse los desarrollos actuales (y las tendencias de los futuros proyectos en la próxima década) con estas promesas. No obstante, la biotecnología, guarda instrumentos tremendamente poderosos que pueden ser aprovechados socialmente y que habrá que contemplar a la luz del control y ordenamiento de la política científico tecnológica de las sociedades que decidan tener agendas propias (situación muy compleja) en esta línea. Muy posiblemente los gobiernos y las sociedades del Sur, puedan encontrar nuevos desafíos a la encrucijada planteada.

El sector rural latinoamericano, está representado por millones de campesinos, pequeños, medianos y grandes productores, con objetivos y tendencias de producción diferentes. La agricultura familiar, aquélla que produce en niveles de escala económica adecuada a una distribución equilibrada de la tierra, puede ser uno de los caminos a impulsar en una agricultura alternativa, que involucre la multifuncionalidad que esta actividad tiene. El respecto por las pautas por el desarrollo rural en el propio entorno, en un marco de desarrollo endógeno, es otra situación relevante a contemplar en la agricultura latinoamericana. Es bien sabido que estos sectores estarán definitivamente excluidos de un modelo de agricultura industrial y es aquí donde los decisores políticos deberán evaluar, adecuada, justa y profundamente los impactos (que como se ve no pasan por un cultivo-gen solamente) de cada una de sus decisiones.

Los costos, en externalidades de decisiones equivocadas hacia el agro latinoamericano se pagarían por generaciones. La agricultura industrial, si bien facilita en algunos términos el proceso de acumulación de capital, éste no es reinvertido en el propio lugar donde se produjo y también se sale del sistema, produciendo un empobrecimiento (y no enriquecimiento como se argumenta) del campo en general. Los centros de servicios de la agricultura industrial, considerados como aquellos pueblos y ciudades que albergarían a los campesinos y agricultores que ya no tendrían su tierra, tampoco resuelven la falta de empleo futura, al no poder capacitar en las nuevas demandas (y tan sólo emplear sólo a algunos) a todos los expulsados. Seguramente el camino a seguir por América Latina en su cuestión rural, es amplio y diverso.

Pengue convoca a los movimientos sociales a apoyar:

La agricultura familiar, necesita un apoyo importante para su sostenimiento y desarrollo, pero se muestra como una de las mejores alternativas para la recuperación de la soberanía alimentaria. Esta agricultura puede abastecer con alimentos básicos a muchas de sus regiones. La demanda de los movimientos sociales de la región y su apoyo a prácticas agrícolas sostenibles será un factor crucial en los nuevos procesos. También pueden favorecer al equilibro en el balance de ideas, intereses y demandas. La participación de los sectores rurales, incluidas las minorías, es relevante en este proceso. Todos pueden colaborar con los gobiernos en la toma de decisiones tan importantes. En un cambio más profundo, de mediano plazo, sería importante revisar las posibilidades y las formas para alcanzar un proceso de ecologización en el sector rural, que a través de una transición agroecológica a nivel de finca, integración y cooperativización, recupere parte el camino perdido y brinde sostenibilidad real al agroecosistema. 

Para alcanzar estos nuevos espacios, América Latina, deberá invertir en la formación, educación y socialización del conocimiento agroecológico, desde su escuela básica hasta la universidad. Los momentos de crisis vividos, permitieron demostrar que fue la agricultura de base familiar, de autoproducción, agroecológica la que está permitiendo resolver el problema básico de algunos países latinoamericanos (Argentina, Uruguay, Brasil) y no la agricultura industrial, que continuó con su fuerte producción y exportaciones. Es más que claro que Soberanía Alimentaria y la agricultura industrial dominada por el sistema mundial de alimentos en manos de las grandes corporaciones, no se relacionan. Es quizás esta, la última encrucijada que enfrenta el sector rural tradicional. Compleja, diversa pero con opciones, tanto agronómicas como con nuevas posibilidades sociales y de políticas al alcance de la mano. Comprender lo complejo del proceso y los impactos involucrados, a favor o en contra de cada decisión, facilitará la elección que la sociedad latinoamericana deberá realizar, acorralada hoy día por enormes presiones, internas y externas, pero sabedora que, para muchos países de su región, la decisión, está aún en sus manos. 

*Primera edición: 2005 © Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe Boulevard de los Virreyes 155, Colonia Lomas de Virreyes 11000, México D.F., México Leer

Los conflictos vitales a los de abajo son generados por la destrucción capitalista de la Naturaleza

Contra el criminal e impune poder económico imperialista 

se unen las disputas por territorios

Comprobamos en Argentina que el crecimiento económico del capitalismo es incompatible con la vida humana y la de los otros seres o sea con los derechos de la Naturaleza. Su avance extractivista e inmobiliario causa las sequías e inundaciones y sus graves consecuencias en la Pampa Húmeda donde se concentra la mayor parte de la población de Argentina. Leer Aún más está destruyendo la fertilidad de la  Pampa Húmeda (poco frecuente en el planeta) mediante la intensificación del modelo de soja transgénica y los megaemprendimientos turísticos, comerciales e inmobiliarios. Para peor ataca mortalmente a los pueblos de esta ecorregión con fumigaciones de venenos. Lleva a cabo la deforestación que significa ecocidios-etnocidios pero, afecta a todos en el país-continente, al ir contra las biodiversidades creadoras de los equilibrios ecológicos o de las condiciones básicas tanto para la vida como para el trabajo. Completa su criminalidad de lesa humanidad con la demolición de los sistemas cordillerano, patagónico y mesopotámico para el saqueo imperialista de minerales, hidrocarburos y celulosa de pinos-eucaliptos que, sobre todo, ponen en peligro a las fuentes de agua potable en toda la Argentina y Nuestra América.

Analicemos a través de la actual promoción del fracking (o devastación de todas las provincias para la energía exigida por el extractivismo y que es fuente energética de corta duración), cómo el gobierno CFK legitima el avance de este criminal crecimiento económico de la alianza de los grandes capitales financieros e industriales de los Estados imperialistas con los locales. Primero nos convenció de su viraje desde privatizadores de YPF en los noventa a afianzadores de la soberanía por recuperación parcial de YPF. Hoy nos entrampa con el paquete de leyes para la democratización de la justicia. Justo cuando las inundaciones demuestran como los poderes públicos no garantizan la atención de necesidades e intereses populares sino que están al servicio del acaparamiento económico territorial de los oligopolios locales e imperialistas.  Es decir, son funcionales a la consolidación de la derecha que significa la flagrante concentración y transnacionalización económico territorial. Esto causa profundización no sólo de la pobreza estructural y de la desigualdad y exclusión social sino también de las reformas de los marcos jurídicos que el neoliberalismo implantó para la seguridad jurídica de los oficializados como inversores cuando son los saqueadores. Leamos:

¿Hacia la soberanía hidrocarburífera de la mano de Chevron?

Por Observatorio Petrolero del Sur

Miguel Galuccio (YPF) y Ali Moshiri (Chevron) firmaron en Houston (EE.UU.) un acuerdo multimillonario para explorar y explotar la formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. En una superficie de 290km² -en las áreas Loma La Lata y Loma Campana- se construirá una planta piloto y se perforarán 100 pozos, con una inversión de mil millones de dólares; primera etapa que podría ampliarse al desarrollo de 600km² y un desembolso de US$ 15 mil millones.

El ambiente y la salud no son prioridad en política pública

El objetivo de Chevron e YPF es la extracción de hidrocarburos de formaciones shale o esquisto -yacimientos no convencionales. Estas formaciones, al tener muy baja o nula permeabilidad, deben ser intervenidas -generarle grietas- para extraer los fósiles, esto se realiza mediante la inyección de millones de litros de agua a alta presión, mezclados con arena y químicos (en gran medida tóxicos); técnica conocida como fractura hidráulica o fracking. Inmensos esfuerzos para profundizar el proceso de calentamiento global.
La acumulación de daños ambientales y sanitarios (tanto en animales como humanos) registrados en EE.UU., derivados de la aplicación de esta técnica, ha generado movimientos de resistencia a nivel global. En EE.UU. se registran numerosos casos de contaminación de aguas subterráneas,  aumento de la actividad sísmica, impactos sobre la producción agropecuaria e incremento de afecciones respiratorias, epidérmicas, psíquicas y otras más graves aún, ocasionadas por la ingesta de metales pesados. La agencia norteamericana de Protección  Ambiental (EPA) ha confirmado la contaminación de acuíferos debido al fracking e incluso en declaraciones públicas funcionarios afirman que queda mucho por hacer para que esta técnica sea inocua. En definitiva, es un procedimiento experimental sin garantías ni certezas. 

Estas situaciones han llevado a las autoridades del Estado de Vermont a prohibir el empleo de esta técnica, mientras que los Estados de Nueva Jersey y Nueva York declararon moratorias suspendiéndola. También en Europa el fracking es fuertemente cuestionado, en Francia y Bulgaria dictaron la prohibición, mientras que se dictaron moratorias en Inglaterra y otros países.

Por otra parte, la socia elegida por YPF no cuenta con las mejores cartas de presentación. Texaco (compañía contralada por Chevron) afrontó un proceso judicial en Ecuador por el cual se determinó su responsabilidad en daños socio-ambientales, registrados en la región Amazónica, y se la condenó al pago de US$ 9.500 millones en concepto de reparación y mitigación de impactos. En noviembre, la Justicia argentina hizo lugar a un embargo sobre los activos de Chevron en el país a fin de dar cumplimiento a esa sentencia que la empresa norteamericana se niega a acatar.

Asimismo, el pretendido proyecto piloto a realizarse por YPF y Chevron en Neuquén se asentará sobre territorio mapuche, el cual ya sufre la contaminación de más de tres décadas de extracción. En los años ’90, a través de diferentes estudios, se confirmaron los graves impactos en aire, agua y tierra; además de documentarse casos de cáncer, malformaciones y abortos espontáneos, entre otras patologías; y la flagrante violación de derechos colectivos de este Pueblo.

Avanzada extractivista y pérdida de soberanía
Lejos de ser la herramienta de reconversión energética que se ansía y espera en estos nuevos tiempos, la empresa mixta YPF actúa como punta de lanza del conjunto del sector para la explotación masiva de no convencionales. Como lo explicita en su plan quinquenal, el objetivo de la conducción es no sólo apuntar al autoabastecimiento sino convertir al país en exportador neto de energía. A fin de cumplir esto, los primeros pasos han sido anunciados por la presidenta Cristina Fernández en la cena anual de la Unión Industrial Argentina (UIA): aumento en más de un 300% el precio del gas en boca de pozo.
 

Las provincias también avanzan en las reformas de los marcos jurídicos. En Chubut, el próximo 27 de diciembre, se trataría el nuevo marco regulatorio de la actividad hidrocarburífera; tanto en la fundamentación como en el articulado, todas las expectativas están puestas en la explotación de yacimientos no convencionales. Por su parte, el gobierno de la Provincia del Neuquén ha sido el principal lobista para generar las condiciones económicas y jurídicas óptimas para el desarrollo de estos yacimientos. A tal punto llega esta convicción que la gestión de Jorge Sapag autorizó recientemente a la empresa francesa Total a perforar un pozo para la explotación de no convencionales en el área natural protegida Auca Mahuida, en el norte de la provincia.

Mientras no se detallan los impactos producidos durante años por Repsol, de acuerdo a lo expresado por el gobierno en el marco de la recuperación del control de YPF, se acepta como socia a una empresa claramente destructora de territorios y condenada por ello. Entonces, ¿a quién se beneficia con la explotación de no convencionales? Con un precio en boca de pozo mayor, ¿qué nuevas sorpresas veraniegas nos esperan? ¿Este acuerdo marca las reglas del juego para el resto de las empresas interesadas en los no convencionales? Si bien no se conocen los detalles del acuerdo firmado con Chevron, tenemos la certeza de que estas empresas avanzan cuando las condiciones son óptimas a sus intereses. A espaldas del pueblo, la empresa mixta YPF consolida el nuevo esquema de negocios para pocos y a costa de todos.
El objetivo debiera ser el autoabastecimiento energético y no necesariamente el abastecimiento hidrocarburífero. En este marco es necesaria una rediscusión de las políticas energéticas de manera de poder asignar correctamente los inmensos recursos económicos que se ponen en juego en esta alternativa depredadora. El petróleo no es el futuro.

Fuente: http://www.opsur.org.ar /blog/2012/12/21/hacia-la-soberania-hidrocarburifera-de-la-mano-de-chevron/

Volvamos a la instalación de la democratización del poder judicial con dos fines fundamentales y cuyo carácter tramposo ha sido una constante de los 10 años de gobierno K. Uno consiste en procesos deliberados de destrucción de la memoria social, de naturalización de la tragedia política y de ninguneo de la responsabilidad de gobiernos y estados en las inundaciones, inasistencia a damnificados e implicancias. El segundo contiene un paquete de leyes que persigue instaurar la suma del poder público en el Ejecutivo unipersonal para afianzar la claudicación de soberanía nacional que rige en los 54 tratados bilaterales de inversión, en el sistema estafador de desendeudamiento-endeudamiento como medular para la gestión CFK y la vigencia de la Ley de Entidades Financieras. Aún más, desde el año pasado, está el proyecto de código civil y comercial que privatiza la justicia a favor del gran empresariado local e imperialista cuya seguridad jurídica, además, CFK reforzó con la promulgación de la Ley antiterrorista a aplicar contra las organizaciones populares que resisten al modelo extractivo (agronegocios, megaminería, superexplotación pesquera e hidrocarburíferas, IIRSA y megaemprendimientos turísticos, comerciales e inmobiliarios) y de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Reflexionemos sobre:

En la Justicia: acceso y democratización, son temas pendientes

Miércoles 6 de marzo de 2013, por Prensa Federación Judicial Argentina 

 

 "El discurso presidencial de apertura del año legislativo da un nuevo y mayor impulso a un antiguo reclamo popular que, desde hace años, brega por una profunda reforma judicial que salde el déficit democrático de la magistratura y del sistema mismo de justicia en nuestro país".

 

"Sin perjuicio de un análisis específico de los proyectos de ley en los que plasmen ese ímpetu oficial, se puede coincidir con el planteo de que se impone una mayor participación ciudadana en el diseño y composición del Poder encargado de impartir justicia. Sin embargo no perdemos nunca de vista que el modelo judicial no es ajeno ni independiente del modelo de país, por el contrario se correlacionan y retroalimentan.

"Si esto es así, el problema del acceso y la democratización de la justicia no pueden analizarse sólo en el marco del sistema judicial existente, sino en el contexto social, económico, político y cultural en el que se inscriben las instituciones del poder judicial cuanto la gente, en su conjunto, que requiere resolución de conflictos con sentido de equidad y ajustado a la Constitución y las leyes, y en este contexto muchas de estas últimas promueven lo contrario como es el ejemplo del sistema impositivo en el que se exime de pagar impuestos a multinacionales y se grava el trabajo.

"De ahí, que las desigualdades que determinan las relaciones económicas y sociales (la inequitativa distribución de la riqueza, los diferentes poderes adquisitivos, etc.), las diferencias culturales, entre otras cuestiones inciden objetiva y subjetivamente en el modo en que se resuelve la efectivización judicial de los derechos y garantías.

"Son lamentablemente mayoritarios los juristas, doctrinarios y politólogos que desconocen esta relación y que analizan el problema desde un punto de vista intrínseco de la justicia que tenemos, como si los diseños ideales y las instituciones reales exclusivamente referidos al sistema judicial, puedan resolver la cuestión con autosuficiencia. Por el contrario, nosotros, sostenemos que no existe posibilidad de un sistema judicial inclusivo en una sociedad que margina, que excluye, que segmenta con sentido negativo.

"Por tanto, en lo que se refiere al acceso a la justicia comienza con un Estado que cumple plenamente con los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional y los tratados internacionales, especialmente aquellos que refieren a los derechos humanos. Porque en tanto exista pobreza, marginación, empobrecimiento, privilegios, nadie puede decir que hay acceso a la justicia porque existe excelencia judicial.

"¿Qué decir, entonces, cuando en lugar de eso, desde el Poder Ejecutivo Nacional se niega el cumplimiento de sentencias judiciales que, como en el caso de los jubilados y pensionados, constituye un abierto conflicto de poderes? ¿Qué decir de una Presidenta que habla de la industria del juicio y sin embargo toma decisiones automáticas que generan juicios automáticos por diferencias en las liquidaciones de los jubilados, atorando la capacidad de los tribunales y a despecho de lo que solicitara al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Qué decir de la mayoría de los jueces que rechazan el restablecimiento del sistema de porcentualidad salarial derogado en su momento por la dictadura genocida y posteriormente por Menem-Cavallo, consagrándose así la más inequitativa relación salarial entre jueces y trabajadores judiciales de todos los tiempos. ¿Qué decir de la Corte de Justicia de la Nación que fundamentó ante la OIT que a los trabajadores judiciales no les corresponde discutir sus derechos y remuneraciones salariales en paritarias?".

Lejos de la excelencia judicial

"La crisis del sistema judicial es muy antigua. O quizás debamos decir que a ciertas crisis le sucedieron otras y otras. O que ciertas crisis fueron resueltas en beneficio de los sectores del privilegio y eso supone más crisis para los sectores populares.

"Por ejemplo, al ya deteriorado sistema judicial del siglo veinte, que formó parte del Estado terrorista construido a mediados de los setenta, le sobrevino una etapa post dictadura plagada de contradicciones, en la que más del 90 por ciento de los jueces eran los mismos que en la época dictatorial, y de allí se pasó a un nuevo avance del neoliberalismo que, recetas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, terminó de empeorar las cosas. Quizás la máxima expresión de ese desastre haya sido la nefastamente famosa Corte Menemista, de la mayoría automática, que fue puesta en la picota por las enormes movilizaciones de masa del 2001 y 2002.

"Ese sistema judicial se correspondió, como anillo al dedo, al modelo de sociedad capitalista vigente en nuestro país. Quien quiera definir a la justicia desconociendo pues esa inscripción más general en el sistema social, político, económico y cultural, se coloca en una tesitura absolutamente abstracta y a la vez estéril. Porque ambas desigualdades se potencian: la desigualdad social se potencia con la desigualdad del sistema judicial.

"Con eso no queremos decir que primero hay que transformar toda la sociedad y, luego, recién, pensar en el sistema judicial. Hay una dialéctica en el proceso transformador que tiene que apuntar a desarrollar acciones en ambos niveles, que coadyuvarán a conseguir el objetivo que perseguimos.

"Sin ir más lejos, hoy estamos empeñados en evitar la destrucción del fuero laboral. El concepto inicial de la creación del fuero laboral fue el de instituir un espacio protectorio de los trabajadores, que resuelva sus conflictos de derechos con las patronales, de manera que atienda especialmente a la desigual relación de fuerzas que se establece entre las clases sociales que concurren a la justicia. Así se atendía precisamente a ese derecho de acceso a la justicia para una masa enorme de población, que hoy sigue siendo la mayoritaria desde el punto de vista numérico, que son los trabajadores.

"Con idas y venidas, con avances y retrocesos, durante los últimos cuarenta años, asistimos a un progresivo deterioro del fuero que no es resultado meramente de un abandono, de un dejar de hacer, sino de una política expresa de eliminar la idea y el hecho de ese fuero específico.

 

"El último golpe en contra del fuero laboral le ha sido asestado recientemente con la sanción de la nueva Ley de Riesgos del Trabajo, en virtud de la cual se le resta competencia a favor del fuero civil. Un fuero que no tiene aquellas compensaciones a la desigual relación que existe entre patrón y trabajador".

¿Qué se está afectando en ese caso? El acceso a la justicia

"Porque no se resuelve el acceso a la justicia con solo lograr que un trabajador pise el suelo de los tribunales, sino que se resuelve cuando ingresa a un espacio en el que sus derechos puedan ser garantizados, conforme a lo que disponen las leyes y la Constitución.

"A partir de la sanción de la nueva ley de riesgos, el acceso a la justicia para los trabajadores se ha tornado difícil, mucho más que antes. Así mismo, por citar otros temas dentro de una lista enorme de ellos, los fenómenos de tercerización y privatización de la justicia, impulsados sobremanera durante la embestida neoliberal de los ‘90, fueron otros agravantes de la ya devaluada justicia argentina.

"Quizá, el ejemplo paradigmático es el de la mediación. Instituir instancias privadas y onerosas, previas a la llegada a los tribunales, solo podía beneficiar a los sectores pudientes en perjuicio de aquellos que ya les resultaba difícil llegar y pagarle a un abogado.

"A espaldas de esta realidad, la mediación privada se extendió por todo el país y no solo persiste hasta la actualidad sino que aún se pretende extenderla. El Estado debe abandonar la búsqueda de la verdad aras de un proceso judicial económico. En el fuero penal las reformas de los códigos procesales en el sentido de garantizar los derechos de las víctimas y procesados en acuerdo con los tratados internacionales de los DD.HH. fueron bienvenidas, pero detrás de esos nobles objetivos se introdujo el pensamiento neoliberal de limitar del Estado y concebir como “antieconómica“ la obligación de los Jueces, Fiscales y Defensores de averiguar la “verdad real“, eximiéndolos de semejante objetivo, desnaturalizando el proceso donde el juez se limita a ser un árbitro entre las habilidades de fiscales y defensores-tornando ilusorio en muchos casos la posibilidad de satisfacción alguna. También se introduce el concepto Justicia como mercancía y así se consideran penas tasadas en dinero para quienes cometen delitos aberrantes.

"En realidad el problema de garantizar acceso a una justicia democrática, es el problema de los sectores más vulnerables, o diríamos mejor si dijésemos vulnerados.

"No es el problema de las multinacionales, ni de las grandes corporaciones, ni de las clases sociales que concentran la mayor riqueza. Ellos no sólo tienen garantizados sus derechos, sino que son dueños de los derechos de los demás. Y si alguien pone en riesgo sus posesiones, tienen dónde recurrir, desde los tribunales internacionales corporativos, como el CIADI, hasta los jueces locales elegidos con listas escritas sobre servilletas.

"Cabe aclarar que nuestro saber no sólo se construye y construyó desde nuestra condición de pertenecer a la clase trabajadora, condición asociada también a nuestra capacidad de relacionarnos con la comunidad y sus organizaciones por lo que conocemos los padecimientos de nuestro pueblo en los tribunales, donde la mayoría de los jueces terminan siendo el reaseguro de un sistema de dominación que favorece a los poderosos y que en muchos casos hacen prevalecer el derecho de propiedad a los derechos humanos.

 

"Los que suscribimos este documento somos militantes de la CTA, en muchos casos, desde su fundación en los ‘90, desde su primer Congreso en el Luna Park encontraremos valiosas conclusiones en sus resoluciones asumidas por miles de compañeros que en plurales debates, acompañaron a la Federación Judicial Argentina y a numerosos organismos de Derechos Humanos, construyendo, propuestas para democratizar la justicia, al mismo tiempo que se promovían iniciativas para terminar con las desigualdades que, cómo decíamos, determinan las relaciones económicas y sociales. Fue así que, se lograron avances en la selección de los magistrados en Chubut, Santa Cruz y Entre Ríos y también en diciembre del 2001 junto a los Abogados Laboralistas, las Madres Línea Fundadora, la Asamblea de vecinos de Plaza Lavalle y numerosas organizaciones sociales y personalidades, instalamos el ’que se vayan todos’ contra la Corte menemista. Durante más de dos años semanalmente nos movilizamos hasta que se logró la remoción, la renuncia de los que garantizaban la mayoría automática, modificándose sustancialmente el perfil de la Corte de la Nación.

"El problema es la democracia en todos los sentidos. Democracia social, económica, política. Democratización de la justicia en ese marco.

"A partir de ese enfoque global, puede establecerse un extenso menú de alternativas específicas que pasan tanto por desmantelar los avances del neoliberalismo, depurar el pasado terrorista de nuestro sistema judicial, establecer formas participativas y democráticas en la determinación del diseño del sistema judicial tanto como de los que deben integrar sus tribunales.

"Así, el tema de la democratización es en realidad el tema de una justicia para todos, en el marco de una sociedad para, de y por todos".

Víctor Mendibil, Hugo Blasco, Carlos Ordoñez, Matías Fachal, José Luis Ronconi, José Rigane, Julio Gambina, Elia Espen, Carlos Chile, Guillermo Diaz, Gabriel Martinez, Carla Rodriguez, Néstor Jeifetz, Manuel Gutiérrez, Julio Bertomeu, Marcos Wolman, Julio Acosta, GustavoTeres, Beatriz Rajland, María Elena Saludas, Eduardo Smith, Leandro del Greco, Mariano Randazzo, María Teresa Núñez, siguen las firmas... Leer

Agreguemos que la Presidenta descalificó a los docentes para deslegitimar sus reivindicaciones y dar mayor efectividad a la descentralización tanto del Estado como de la CTERA para quitar poder de reclamo a los trabajadores de la educación pública. Tengamos presente a la lucha de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén - ATEN

Jorge Sapag, después de ir a EE.UU. para tocar todas las puertas posibles al despliegue de súper negocios de las gigantescas petroleras y garantizarles plena seguridad jurídica, festejó el acuerdo de YPF con Chevron para explotar Vaca Muerta. Pero:"El gobierno provincial de Jorge Sapag (MPN- Movimiento Popular Neuquino, gobierno desde hace más de 50 años en Nqn) no dio lugar a la negociación en términos de paritarias. Los espacios de reunión que habilitó partían desde la base de que se “tratarían todas las cuestiones que reclamaban los docentes en cuanto a las condiciones edilicias y demás” pero que “no se trataría de ninguna manera el tema salarial”". Leer

ATEN fue el único gremio que no logró acordar con el gobierno de Neuquén durante el 2012 . A fines de enero de este año el gobernador Jorge Sapag dio por terminada la discusión y otorgó por decreto un aumento -que ya había sido rechazado por los docentes- de $480 no remunerativos y bonificables, más una suma fija por única vez no remunerativa y no bonificable de 960 pesos. Lo pedido por ATEN es un incremento del 35% para este año, más la recomposición de la segunda mitad de 2012. Leer

Frente al hecho que el capitalismo privilegia el extractivismo por sobre la vida, la salud y el porvenir de las grandes mayorías, está la necesidad de una alternativa postextractivista. Consideremos: 

Sentidos, opciones y ámbitos de las transiciones al postextractivismo

Por Eduardo Gudynas

(...)Por este tipo de razones, la consideración de transiciones postextractivistas debe defender la validez y necesidad de las alternativas. No basta con elaborar planes alternos, sino que es necesario defender y promover la validez de buscar futuros distintos. Esto requiere mantener la crítica al extractivismo actual, así como apuntar las vías de salida a éste; las dos tareas son necesarias y deben ser simultáneas. Establecido este punto, es necesario identificar la orientación de esas alternativas. Aquí se defiende que deben estar encaminadas a las llamadas “alternativas al desarrollo”, en el sentido de abandonar las ideas convencionales del desarrollo para pasar a otras concepciones. Esto implica entender que las “alternativas” que se mantienen por las posturas contemporáneas del desarrollo son insuficientes en general, y en particular frente al extractivismo. Como resultado de un cuestionamiento posdesarrollista, es necesario adentrarse en alternativas a la propia idea del desarrollo. Por lo tanto, se apunta a “alternativas al desarrollo”. En general han prevalecido los llamados “desarrollos alternativos”, entendidos como ajustes instrumentales y parciales dentro de las ideas convencionales del desarrollo. Algunos de ellos pueden jugar un papel importante, en tanto son cambios y ajustes necesarios para reducir y minimizar los costos sociales y ambientales del desarrollismo, mejorar su contribución económica, y abrir posibilidades para cambios más profundos. También pueden tener un papel al enfrentar situaciones urgentes de redistribución de riqueza, en especial en algunos sectores populares, y a su vez, pueden generar mejores condiciones para moverse hacia transformaciones más sustanciales. Pero siempre son incompletos y no ofrecen salidas sustanciales a la problemática actual.

Las «alternativas al desarrollo», en cambio, pasan a desafiar toda la base conceptual del desarrollo, sus modos de entender la Naturaleza y la sociedad, sus instituciones, y sus defensas discursivas.

Este segundo campo −las «alternativas al desarrollo» − apunta a romper el cerco de su racionalidad actual, para moverse hacia estrategias radicalmente distintas, no sólo en su instrumentación sino también en sus bases ideológicas. Siguiendo esta postura, estas alternativas pueden cobijarse dentro del campo de ideas que actualmente se agrupan bajo el rótulo del «buen vivir». Por lo tanto, las metas de las transiciones postextractivistas que aquí se describen apuntan en ese sentido.

El «buen vivir» puede ser caracterizado, en forma muy breve y esquemática, por su postura crítica a la ideología del progreso y su expresión en el desarrollo contemporáneo como crecimiento económico, intensa apropiación de la Naturaleza y sus mediaciones materiales.

A su vez, el «buen vivir» defiende asegurar la calidad de vida de las personas, en un sentido ampliado más allá de lo material (incorporando el bienestar espiritual) y más allá de lo individual (en un sentido comunitario), y también del antropocentrismo (extendiéndose a la Naturaleza).

Bajo el «buen vivir» se reconocen los valores propios en la Naturaleza, y por lo tanto el deber de mantener su integridad, tanto a nivel local como global. Esto hace que esta perspectiva esté orientada a trascender el dualismo que separa sociedad de Naturaleza, y también romper con la concepción de una historia lineal, donde nuestros países deben repetir los estilos y la cultura de las naciones industrializadas.

Las ideas del «buen vivir» se nutren de aportes determinantes de las culturas indígenas, y por lo tanto se desenvuelven en un campo intercultural. Están en tensión con la postura dominante de la Modernidad eurocéntrica, pero no son un regreso hacia el pasado, ni un conjunto de comportamientos estancos, sino que discurren por interacciones y articulaciones entre múltiples saberes. Finalmente, la idea del «buen vivir» es no-esencialista; no existe una receta, y debe ser construida para cada contexto histórico, social y ambiental. Bajo el «buen vivir» no es posible mantener un “extractivismo depredador” ya que destruye la posibilidad de una buena vida tanto individual como comunitaria, y también destruye la Naturaleza con la que se convive (...)". Leer