Al priorizar la
solidaridad social
reelaboran la
honestidad laboral de ir más allá de
roles fijados por el sistema.
En busca de rumbos distintos
a la comunicación que construyó el mito de gobierno de los derechos humanos y
nac&pop, analicemos y relacionemos entre sí a reflexiones sobre comunicación
de realidades silenciadas como:
1. La pobreza e incluso la miseria en que
están las mayorías.
Argentina:
Salarios, AUH y jubilaciones: al ritmo del candombe del "siempre menos"
Por: Gastón
Ramírez - Esteban Mercatante (PUNTO DE DESEQUILIBRIO)
Cada vez que se anuncia un nuevo dato de la inflación, vuelve la polémica entre
los valores que anunciarán los funcionarios y aquellos que surgen de las
mediciones privadas. No podía ser de otra manera, ya que las cifras del IPC-Nu
presentado en febrero, en reemplazo
del IPC destruido por el ex Secretario de Comercio Guillermo Moreno,
que amagaron con devolverle algo de credibilidad a las estadísticas oficiales
aunque con numerosos puntos oscuros, vuelven a atravesar el mismo sendero de
falta de credibilidad que las de su predecesor, ya que mes a mes presentan datos
de inflación que se van alejando más y más de los que indican otros índices,
reproduciendo las dudas sobre la solvencia del nuevo índice oficial. Según el
Ministerio de Economía la inflación acumulada a junio es del 15%, cuando para
las mediciones privadas o la que elabora el Congreso arrojan más de 21,5%.
Lo que está en discusión es cuánto pierden los trabajadores, ya que invariablemente, aún con los benevolentes datos oficiales, el resultado en negativo para los salarios en la carrera con los precios. Según estudios publicados recientemente el poder de compra de la masa salarial cayó un 5,2% en el primer trimestre, respecto de un año atrás. Si contamos el conjunto de los ingresos de la población (salarios, jubilaciones, planes sociales) estos se redujeron un 4,8% respecto del primer trimestre de 2013. Ud. se preguntará, pero ¿Cómo? ¿No hubo paritarias, actualizaciones de las jubilaciones y de la asistencia social? Si, claro, pero las subas están por detrás de la inflación. Lo que a un desprevenido podría parecerle más, es sencillamente, menos. Veamos.
En el caso de las jubilaciones pese a la ley de movilidad, el incremento del 11,3% de Marzo, con una inflación acumulada del 13,5 (según el Indec) entre Enero y Mayo, estaría agotado a partir de Julio. Si tomamos el IPC Congreso para el mismo período la inflación acumulada es del 18.5%, con lo cual ya se licuó en Junio el aumento de Marzo. En el caso de las prestaciones sociales como la Asignación por Hijo o el programa PROGRESAR, éstas habrían subido en una cifra cercana al 31% en el primer trimestre. Pero la asignación por hijo, que se ajustó en junio, no variaba desde igual mes del año pasado. Es decir que con el aumento que rige desde julio, comparado con una inflación que ronda entre el 36% y el 40% anual (y mayor aún en los alimentos y otras partidas de consumo básico), en términos reales habría perdido un 3,1% en su poder de compra, respecto al primer trimestre de 2013 (ver acá).
Aquellos trabajadores que se encuentran registrados tuvieron una reducción de su poder de compra cercano al 5% en el primer trimestre del año respecto a igual período del año pasado. Sin embargo, si analizamos por sectores existe una gran disparidad. En el caso de los empleados de comercio la suba del 27% anual significa una baja del 9% y en el caso de los trabajadores de la construcción la paritaria del 30% anual se traduce en una baja del 5% en su poder de compra.
Para el sector de salarios más elevados, al efecto poda de la inflación, se suma la quita del impuesto a las ganancias que arbitrariamente aplican sobre el salario (que no es ganancia). Un empleado bancario con dos hijos luego de una paritaria del 29% descontando el pago de ganancias y por efecto de la inflación tiene una reducción del 16% de su poder de compra. En el caso de los metalúrgicos con un aumento del 30% la caída por ambos efectos es del 17%. No es una sorpresa, ni algo que ocurre recién este año. Según publica el Observatorio del Derecho Social de la CTA, desde 2006 hasta hoy, los agremiados en la UOM acumulan una pérdida de 7,69% en comparación con la inflación acumulada en el mismo período. Otro gremio que también muestra un fuerte retroceso es la UTA, que muestra una evolución salarial que perdió 3,13% respecto de la inflación. En el caso de los estatales, el salario de convenio se encontrará a comienzos de 2015, según la misma fuente, un 28,2% por debajo del nivel de comienzos de 2007.
Los aumentos de los salarios por debajo de la inflación no son una casualidad o el resultado fortuito de la marcha de los mercados. Por el contrario, es una decisión del gobierno y las patronales (con el apoyo de la burocracia sindical). Para el gobierno y las patronales, los aumentos presuntamente “desdemedidos” de los salarios son el gran culpable de la inflación. Por eso, más aún después de la devaluación de enero, redoblaron la presión para moderar las subas, con colaboración de la mayor parte de las conducciones sindicales. Al pactar paritarias que no alcancen la suba de precios, se aseguran que no baje (sino más bien que suba) su rentabilidad. Lo que pierden los trabajadores se lo llevan los empresarios. Por ejemplo, el caso de Quickfood (Paty) acaba de dejar en la calle a 250 familias, sin embargo, como parte de este proceso de ajuste espera mejorar sus ganancias que para el primer trimestre del año ya acumulan $12 millones. En los gremios afiliados en la CGT Balcarce, sólo donde está la izquierda como en alimentación se perforó los techos que buscaba imponer el gobierno.
Con la caída del poder adquisitivo de los salarios, se cae también uno de los presuntos logros del modelo: “la recuperación del salario”. Recuperación que, lejos de ser un resultado de la política oficial, como explicamos acá lo es del cambio en las condiciones de empleo, y que por el contrario la política kirchnerista buscó contener desde 2006 con los techos para las paritarias, subordinando completamente la recomposición salarial al mantenimiento de altos márgenes de ganancia.
Lo que está en discusión es cuánto pierden los trabajadores, ya que invariablemente, aún con los benevolentes datos oficiales, el resultado en negativo para los salarios en la carrera con los precios. Según estudios publicados recientemente el poder de compra de la masa salarial cayó un 5,2% en el primer trimestre, respecto de un año atrás. Si contamos el conjunto de los ingresos de la población (salarios, jubilaciones, planes sociales) estos se redujeron un 4,8% respecto del primer trimestre de 2013. Ud. se preguntará, pero ¿Cómo? ¿No hubo paritarias, actualizaciones de las jubilaciones y de la asistencia social? Si, claro, pero las subas están por detrás de la inflación. Lo que a un desprevenido podría parecerle más, es sencillamente, menos. Veamos.
En el caso de las jubilaciones pese a la ley de movilidad, el incremento del 11,3% de Marzo, con una inflación acumulada del 13,5 (según el Indec) entre Enero y Mayo, estaría agotado a partir de Julio. Si tomamos el IPC Congreso para el mismo período la inflación acumulada es del 18.5%, con lo cual ya se licuó en Junio el aumento de Marzo. En el caso de las prestaciones sociales como la Asignación por Hijo o el programa PROGRESAR, éstas habrían subido en una cifra cercana al 31% en el primer trimestre. Pero la asignación por hijo, que se ajustó en junio, no variaba desde igual mes del año pasado. Es decir que con el aumento que rige desde julio, comparado con una inflación que ronda entre el 36% y el 40% anual (y mayor aún en los alimentos y otras partidas de consumo básico), en términos reales habría perdido un 3,1% en su poder de compra, respecto al primer trimestre de 2013 (ver acá).
Aquellos trabajadores que se encuentran registrados tuvieron una reducción de su poder de compra cercano al 5% en el primer trimestre del año respecto a igual período del año pasado. Sin embargo, si analizamos por sectores existe una gran disparidad. En el caso de los empleados de comercio la suba del 27% anual significa una baja del 9% y en el caso de los trabajadores de la construcción la paritaria del 30% anual se traduce en una baja del 5% en su poder de compra.
Para el sector de salarios más elevados, al efecto poda de la inflación, se suma la quita del impuesto a las ganancias que arbitrariamente aplican sobre el salario (que no es ganancia). Un empleado bancario con dos hijos luego de una paritaria del 29% descontando el pago de ganancias y por efecto de la inflación tiene una reducción del 16% de su poder de compra. En el caso de los metalúrgicos con un aumento del 30% la caída por ambos efectos es del 17%. No es una sorpresa, ni algo que ocurre recién este año. Según publica el Observatorio del Derecho Social de la CTA, desde 2006 hasta hoy, los agremiados en la UOM acumulan una pérdida de 7,69% en comparación con la inflación acumulada en el mismo período. Otro gremio que también muestra un fuerte retroceso es la UTA, que muestra una evolución salarial que perdió 3,13% respecto de la inflación. En el caso de los estatales, el salario de convenio se encontrará a comienzos de 2015, según la misma fuente, un 28,2% por debajo del nivel de comienzos de 2007.
Los aumentos de los salarios por debajo de la inflación no son una casualidad o el resultado fortuito de la marcha de los mercados. Por el contrario, es una decisión del gobierno y las patronales (con el apoyo de la burocracia sindical). Para el gobierno y las patronales, los aumentos presuntamente “desdemedidos” de los salarios son el gran culpable de la inflación. Por eso, más aún después de la devaluación de enero, redoblaron la presión para moderar las subas, con colaboración de la mayor parte de las conducciones sindicales. Al pactar paritarias que no alcancen la suba de precios, se aseguran que no baje (sino más bien que suba) su rentabilidad. Lo que pierden los trabajadores se lo llevan los empresarios. Por ejemplo, el caso de Quickfood (Paty) acaba de dejar en la calle a 250 familias, sin embargo, como parte de este proceso de ajuste espera mejorar sus ganancias que para el primer trimestre del año ya acumulan $12 millones. En los gremios afiliados en la CGT Balcarce, sólo donde está la izquierda como en alimentación se perforó los techos que buscaba imponer el gobierno.
Con la caída del poder adquisitivo de los salarios, se cae también uno de los presuntos logros del modelo: “la recuperación del salario”. Recuperación que, lejos de ser un resultado de la política oficial, como explicamos acá lo es del cambio en las condiciones de empleo, y que por el contrario la política kirchnerista buscó contener desde 2006 con los techos para las paritarias, subordinando completamente la recomposición salarial al mantenimiento de altos márgenes de ganancia.
El resultado está a la vista: Según el propio Indec el 40% de las familias perciben ingresos por menos de 6.700 pesos por mes, cuando la canasta familiar para no ser pobres ronda los pesos 10.000.Si los empresarios se la llevaron (y siguen llevando con pala), los trabajadores (en blanco) que tuvieron que esperar recién a 2007 para recuperar el poder de compra del salario previo a la devaluación del 2001-2002, con enormes disparidades entre gremios; y con la inflación y los techos más bajos que imponen los tiempos de ajuste, ahora pierden junto a los trabajadores en negro (los que más pierden) los jubilados, y quienes cobran planes sociales. Este deterioro vuelve a acrecentar la brecha de ingresos. Y esta situación de mayor desigualdad se corrobora en el deterioro en la distribución del ingreso familiar (a favor de los que más ganan) con una suba del Coeficiente de Gini de 0.09 (mayor suba significa más desigualdad en la distribución del ingreso), comparando el primer trimestre del año respecto al último trimestre del año pasado.
Aunque el gobierno se esfuerce en negarlo, con ayuda de los medios oficialistas, estamos ante un año de caída de los salarios, a lo que se suma, en un marco de creciente desmejora de la actividad económica y con patronales que suspenden y despiden, un panorama del empleo tampoco es nada alentador. Hoy, para fortalecer la pelea de los trabajadores por defender sus condiciones de vida frente a los ataques del gobierno y las patronales, con colaboración de la burocracia sindical, es necesario jugarse con todo al triunfo de luchas “testigo” como la de los trabajadores de Lear, EMFER-ATSA. Es un punto fundamental para desbaratar el ajuste en marcha.
Fuente: http://www.argenpress.info/2014/07/argentina-salarios-auh-y-jubilaciones.html
2. La criminalización de la pobreza
♣
Oscar Castelnovo, traspasando las rejas
18-07-2014
Oscar Castelnovo, integra la Agencia para la Libertad y
desde hace muchos años da talleres en el penal de Devoto y en la cárcel de
mujeres de Ezeiza, entre otros. En ellos posibilita que a través de la palabra,
los presos y las presas puedan tener momentos de libertad y humanidad.
Por
RNMA.
Durante la radio abierta, Castelnovo planteó
que
el sistema carcelario es “un intento de la burguesía de segregar a los pobres,
castigarlos, exterminarlos y hacer buenos negocios”: “Las cárceles no resocializan a nadie.
Si hay un crimen invisibilizado en la Argentina es lo que pasa en la cárcel. Es un tema que no lo toma ni siquiera Clarín que, en su pelea con el gobierno, podría denunciar los crímenes atroces que allí se comenten. Pero no se toman porque no les interesa la muerte de los ‘negros’. A los presos y las presas no se le da entidad humana”.
“Nosotros tenemos una doble tarea, una como
medio alternativo de sacar lo que sale desde adentro de las prisiones, y otra de
tratar como personas a quienes viven en la cárcel, que tienen identidad, y que
no son un número. Si existe un espacio de liberación, es el de la comunicación”, afirmó.
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Criminalizar la pobreza
♣La
distribución desigual del castigo
Por Esteban
Rodríguez Alzueta
La distribución desigual de la riqueza se traduce en una distribución desigual
del castigo.
No es lo mismo la manifestación de la pobreza que la ostentación de la riqueza.
Y para comprobarlo basta repasar la cantidad de figuras que el código penal
dedica para perseguir los delitos de cuello blanco y las que destina a perseguir
el delito predatorio; o revisar las figuras que contienen los códigos de
convivencia o contravencionales aprobados o proyectados en los
últimos años. Basta, también, comprobar la extracción de la población carcelaria
para darnos cuenta de que las cárceles están repletas de pobres; o comparar los
números presupuestados para perseguir los delitos de cuello blanco o la
corrupción y los microdelitos o las conductas incivilizadas.
Por un lado, el estado de malestar criminaliza la pobreza cuando referencia como problemáticas a las estrategias de sobrevivencia que desarrollan los más pobres para resolver o hacer frente a las dificultades materiales que tienen. De esa manera, cuidar coches o limpiar los autos o sus parabrisas; hacer malabarismos o practicar números circenses en las paradas de los semáforos; mendigar; juntar cartones, papeles o botellas de vidrio o plástico; la venta ambulante; la oferta de sexo en la vía pública; dormir debajo de un puente o en el banco o debajo de una ligustrina de una plaza; que se desarrollan en el centro de la ciudad o en los barrios ubicados dentro del casco urbano, constituyen una contravención que habilitan a la policía a intervenir.
Pero allí no se detienen los desórdenes sociales que trama la pobreza. También
las estrategias de pertenencia que desarrollan los jóvenes marginados, se
transforman en un problema de urbanidad y se autorizará perseguirlos y
castigarlos.
En efecto, en un contexto de desafiliación, cuando se deterioran las
trayectorias que se organizaban en torno a la escuela y el trabajo estable, los
lazos sociales, ya no podrán componerse en torno a los compañeros de escuela o
la fábrica. En este contexto, cuando el estado deja de ser la metainstitución
dadora de sentido, forjadora del lazo social, los jóvenes marginales tienen que
desarrollar sus propias prácticas que enmarcarán con determinados rituales para
producir solidaridad. Estas prácticas también serán definidas como conductas
incivilizadas, productoras de riesgo social y, en consecuencia se habilitará a
la policía a intervenir para desalentarlas. En ese sentido, pasear por la ciudad
(“merodear”); escuchar música o cantar en voz alta, reunirse en la esquina o en
la plaza (“ruidos molestos”); andar en moto o bicicleta en grupo (“disturbios en
la vía pública”); pintar grafitis o estampar esténcils en las paredes (agresión
a la propiedad privada o pública); orinar en la calle (“exhibicionismo”); etc.
son conductas incivilizadas que serán castigadas.
Basta revisar las figuras en los códigos de convivencia urbana o
contravencionales, proyectados o aprobados en los últimos años, para darnos
cuenta de las diferentes tramas jurídicas a través de las cuales se pretende
penalizar a la pobreza y sus manifestaciones.
Casi siempre se trata de prácticas colectivas, asociadas generalmente a los
jóvenes, pobres y morochos, que agreden la vida “civilizada” y ofenden “el
decoro y las buenas costumbres”.
Se trata de eventos que se vuelven
problemáticos cuando las practica determinado actor, es decir, cuando el autor
certifica el prejuicio, coincide con el estereotipo de peligrosidad con el que
trabaja la autoridad. Un estereotipo modelado al interior de los procesos de
estigmatización que involucran no sólo a la institución policial y judicial,
sino a las coberturas espectaculares y discriminatorias de los mass media y a la
propia comunidad.
Pongamos algunos ejemplos: Si vemos a un blanco caminando por el centro de la ciudad vemos a un consumidor, pero si el transeúnte en cuestión es un joven pobre y morocho, entonces lo que observamos es a un individuo en actitud sospechosa. Cuando vemos a un blanco desnudo en el centro de la ciudad nos reímos y decimos: “una despedida” o “una recibida”. Pero si se trata de un “morocho” festejando la final del campeonato, nos apresuramos a ver un “disturbio en la vía pública”. Cuando un joven blanco anda por la ciudad en bicicleta, está paseando, pero si se trata de un morochito, entonces estará “merodeando” y hay que alertar a la policía. De la misma manera si andan de a dos en la moto: si son blancos, el amigo está llevando al otro a la facultad o al trabajo; pero si son dos morochos, están a punto de arrebatar una cartera o hacer una salidera.
Por otro lado,
la distribución desigual del castigo se corrobora en los proyectos que proponen
bajar la edad de la imputabilidad para los menores de edad; en el agravamiento
de las penas para aquellos delitos a través de los cuales se persigue a la
pobreza (robo); en la prohibición de las excarcelaciones; en el aumento de la
prisión preventiva; o en el aumento de las facultades policiales para la
instrucción de las causas.
La brecha legal que existe entre los ciudadanos y los consumidores, los marginales necesitados y beneficiarios o merecedores, perfila y acentúa un sistema penal clasista. Una justicia dispuesta a capturar al “ladrón de gallinas”, a enredar a los individuos con mayores dificultades. Por eso decimos que la distribución desigual de derechos se transforma en una distribución desigual de castigos. Solo aquellos que tienen los recursos necesarios podrán costear los honorarios de un abogado con capital simbólico y social (contactos) para ser escuchado por el juez de turno y eludir de esa manera –primero- la prisión preventiva, y –luego- una pena alta o los presidios para los presos comunes.
Pongamos algunos ejemplos. Cuando un banquero se lleva la plata de los
ahorristas, o un empresario vacía la fábrica y sus empleados pierden su fuente
de ingreso para sobrevivir, solemos ver allí empresarios con mala suerte, que no
recibieron el suficiente apoyo de parte del estado. Ahora, cuando un trabajador
no concurre a trabajar durante días para protestar por los términos de las
condiciones laborales, o un desocupado corta la ruta para exigir alimentos, una
asignación familiar o seguro de desempleo; o un joven roba un estéreo de un auto
que luego venderá para comprarse un par de zapatillas o colaborar en el
sostenimiento de su casa, lo que vemos son ciudadanos irresponsables, conductas
incivilizadas o, lisa y llanamente, criminales. No hay derechos vulnerados ni
ciudadanos ensayando estrategias para hacer valer los derechos que tienen y que
el Estado debería garantizarles.
Como dice Mariano Ciafardini, tenemos una estructura esquizofrénica del sistema
penal dispuesta para perseguir y capturar a los pobres y marginales: “La
mayoría de los pobres no comete delitos pero la pobreza genera delincuencia y la
mayoría de los que acumula riqueza y poder comete o ha cometido delitos para
llegar y mantenerse en el lugar en que están, aunque sus acciones criminales
serán mucho menos evidentes.”
Pero la distribución desigual del castigo se profundiza con el racismo solapado
que caracteriza la administración de justicia. Porque así como hay pabellones
vip en las cárceles argentinas, hay también una justicia para blancos y otras
para negros. Los tiempos procesales no siempre son los mismos. Los conflictos
sociales siguen siendo raciales. Los litigios penales no solo involucran casi
exclusivamente a los pobres sino a los pobres morochos. Desde el momento que un
morocho tiene más probabilidades de ser detenido por la policía, tendrá además
más chances de ser declarado culpable de cualquier delito, por el solo hecho de
ser pobre (no poder pagar un abogado que se ocupe de su caso) y ser "negro"
(cargar con los estigmas y los prejuicios sociales). Basta comparar la población
que transita por los pasillos de los tribunales civiles y la que frecuenta en
los tribunales penales para advertir la diferencia en el color de la piel. Los
tribunales civiles son transitados por blancos y los penales por “negros”. Y lo
mismo sucede en los tribunales de menores.
En definitiva, como cantaba Bob Dylan en “Sweetheart”: “Roba
un poco y te arrojan a la cárcel. Roba mucho y te pondrán en el trono.”
3. El trabajo de colectivos universitarios
respecto a:
♣Las representaciones ocultas de la exclusión
22/11/11
22/11/11
Investigadores de la
Universidad de La Plata rastrillaron las imágenes que tienen los sectores
marginales de la justicia y las prácticas sociales adoptadas ante la violencia
cotidiana.
A casi 30 años del regreso de la democracia, el acceso a la justicia de los
sectores económica y socialmente más vulnerables de la población sigue siendo
una deuda del Estado. Los habitantes de los barrios pobres consideran que la
justicia “queda lejos” o es “para otros”, se vinculan con ella solamente a
través de una policía con la que mantienen una relación ambigua y plagada de
desconfianzas y recurren a estrategias surgidas de las mismas comunidades para
hacer frente a los conflictos ante la ausencia de un árbitro externo. Y esto no
es todo: los vecinos de barrios marginales desconocen tanto sus derechos como la
legislación vigente y suelen ser inconstantes cuando logran llevar un reclamo a
los tribunales por cuestiones tan básicas como el no contar con el dinero
necesario para pagar el colectivo. Los instrumentos creados para favorecerlos,
como la posibilidad de litigar sin gastos, son utilizados hoy por las clases
medias empobrecidas y los más vulnerables ni siquiera los tienen en cuenta.
Estas son algunas de
las conclusiones de un trabajo realizado por investigadores
de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en cuatro barrios periféricos de
La Plata donde constataron, a través del testimonio de los vecinos y la
observación de la vida cotidiana de las comunidades, que allí “los únicos
conflictos que se judicializan son los que desbordan o exceden a los habitantes
del lugar, como las agresiones personales cuando hay lesionados”.
La particularidad saliente del trabajo es que no estudia la relación entre los
pobres y la justicia desde la perspectiva de la organización judicial, sino que
lo hace a partir de los mismos habitantes de los barrios pobres, reparando en
sus prácticas y en su propia cultura. Y concluyen cuestionando la idea de que un
mayor presupuesto, un aumento del número de los operadores jurídicos o la
creación de leyes específicas mejoren el vínculo entre los pobres y el sistema
judicial. En cambio,
creen que la descentralización de la organización judicial, la inmediatez y las
vías alternativas de resolución de conflictos como la mediación, la conciliación
y el arbitraje pueden contribuir a ese fin.
Para los especialistas a cargo del estudio, “el fortalecimiento del vínculo que procure una mejor y mayor justicia para los sectores excluidos no puede reducirse al campo jurídico o a una visión monista del derecho”. En este sentido, los autores reclaman posturas más amplias que tengan en cuenta los saberes de las propias comunidades “que hoy tienden a ser ignorados o desvalorizados”.
La investigación fue realizada por profesionales de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la UNLP en cuatro barrios social y económicamente
vulnerables de la periferia platense: “Las Rosas”, “La Unión”, “El Mercadito” y
“Malvinas”. El libro Los pobres y el acceso a la justicia , compilado por Olga
Salanueva y Manuela González y recientemente publicado por la editorial de esa
universidad (Edulp), compendia siete trabajos realizados a partir del estudio,
que se desarrolló entre 2005 y 2008.
Las comunidades analizadas aparecen, en la descripción de los profesionales,
como “zonas de no Estado, no derecho, no justicia estatal, no alcanzadas por la
seguridad y la asistencia jurídica públicas.
Allí el Estado sólo se hace presente imponiendo prácticas de disciplinamiento a
través de la policía o de cooptación clientelar por vía de punteros o líderes
barriales vinculados a políticos, partidos políticos o el gobierno de turno”. El
resultado es que los vecinos no se sienten parte de la construcción del derecho
ni protagonistas de sus prácticas.
Al describir esas comunidades, los autores proponen romper con una visión homogénea de la pobreza, vigente entre los agentes de la justicia que provienen, mayoritariamente, de la clase media. En ese sentido, destacan que en la vida cotidiana de esos barrios marginales coexisten grupos bien diferenciados y a veces enfrentados (bandas de jóvenes, inmigrantes de distintos países limítrofes, vecinos conflictivos implicados en el consumo de drogas, entre otros).
Esto, sumado a la ausencia de la justicia y de cualquier otro tipo de mediador
externo, naturaliza el conflicto y determina que la tensión sea permanente.
Frente a esta situación, los vecinos echan mano a distintas estrategias, códigos
y rituales, surgidos de las experiencias personales que se incorporan al saber
de cada comunidad.
Un trabajo incluido en el libro y escrito por el abogado y magíster en Ciencias
Sociales Esteban Rodríguez Alzueta ahonda en esas estrategias que surgen en los
distintos barrios para preservar vidas, bienes y espacios públicos. Estrategias
variadas como estar atentos al chusmerío como fuentes de información sobre
vecinos y lugares peligrosos; forjar redes de vínculos sociales con las personas
más respetadas del lugar; no dejar la casa sola, ni a los chicos en la calle
después de ciertas horas; apelar al chiste para distender situaciones
potencialmente peligrosas y saber cuándo caminar altivos y cuando bajar la
mirada.
Los autores del trabajo constataron también que
en los barrios marginales existen altos umbrales de tolerancia a las situaciones
conflictivas y a la humillación provocada por el accionar de bandas y policías.
Mientras tanto, la situación de estos sectores no entra en
la agenda inmediata
de una justicia que tiende a declarar no judiciables sus problemas por el escaso
valor pecuniario de los reclamos o por su naturaleza: las separaciones, la
violencia intrafamiliar y las disputas entre vecinos por perros sueltos, quema
de basura o música fuerte son algunos de los más comunes, que derivan
frecuentemente en nuevos episodios de tensión y violencia.
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♣Temor y control: la gestión de la inseguridad como forma de gobierno
En julio llega el primer libro de nuestra colección
Intervenciones: “Temor y control: la gestión de la inseguridad como forma de
gobierno”, de
Esteban Rodríguez Alzueta.
De la misma manera que el delito no es
consecuencia directa de la pobreza, las mejores condiciones económicas tampoco
lo hacen retroceder automáticamente. La persistencia del delito y el aumento de
la población encarcelada se deben a que el dispositivo de temor y control
permanece vigente. Salvo algunas reformas aisladas y contradictorias, y algunas
apuestas militantes, no se ha logrado desactivar la dinámica entre el punitivismo desde
arriba y el punitivismo desde
abajo, entre el olfato policial y el olfato social. Las articulaciones
estratégicas entre las distintas agencias de este dispositivo de temor y control
no se pueden modificar de un día para el otro. Pero durante la última década en
Argentina se subestimó a los actores que componen la agencia judicial y se actuó
tímidamente frente a las policías, habilitando su autogobierno.
Un espíritu revanchista, alimentado por la demagogia punitiva y el oportunismo
electoral, impregna a la sociedad que estigmatiza y mira estos problemas por el
ojo de la cerradura.
La inseguridad se propone gobernar controlando la pobreza y
manipulando el miedo de los ciudadanos. En los últimos años han proliferado los
estudios sobre algunos de los temas que aborda este libro, pero siempre haciendo
énfasis en alguna problemática en particular, sea la policía, el delito, las
economías ilegales, el miedo, las campañas de pánico moral, la cárcel. Temor
y control nos permite atar todos
estos cabos y pensar las continuidades y discontinuidades de
una década en la
que “la lucha contra la inseguridad”, la criminalización de la pobreza y la
regulación del delito se consolidaron como forma de gobierno.
Fuente:
http://futuroanteriorediciones.blogspot.com.ar/2014/04/temor-y-control-la-gestion-de-la.html
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♣Rosario: Convocatoria contra la
represión y la criminalización de la pobreza
La Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos Rosario (APDH Rosario) denuncia
con alarma la realización de procedimientos discriminatorios, de control social
consistente en la detención, cacheo, secuestro de pertenencias y acciones
vejatorias que se producen en forma selectiva y arbitraria a un sector de la
población, por parte de las fuerzas de seguridad que operan en las afueras de la
ciudad de Rosario y poblaciones aledañas, especialmente Gendarmería. Las
principales razones, uso de gorra, piercing, ir dos en moto o estar en las
esquinas pasando un rato, típico de muchos jóvenes.
Particular preocupación generan para APDH un sinnúmero de casos que
nos fueron denunciados en nuestras oficinas y otros de público conocimiento
denunciados por curas barriales, el MEDH y la concejala Schmuk, los mismos
incluyen Rosario, gran Rosario y localidades vecinas, Villa Gobernador Gálvez,
etc. por gente que está concurriendo a su trabajo, con los consabidos
contratiempos.
Y son el resultado de la profundización de un modelo de “seguridad”
que promueve el control territorial de los sectores populares, se da el marco de
un peligroso control social que venimos denunciando: Proyecto X, Ley
Antiterrorista y la asunción de Milani. Asimismo la provincia de Santa Fe a
través Ley 13297 -emergencia de seguridad- con la excusa de combatir el delito
y el narcotráfico y de la mano de Nación está militarizando la ciudad.
La justificación fueron los índices de violencia alcanzados en la
ciudad y el narcotráfico, que a pesar de las cuatro fuerzas represivas operando
de a miles, continúan casi sin variaciones. Sabemos que muchos sectores de la
población aprueban cualquier medida represiva en busca de su propia
tranquilidad, pero algo tremendo nos recorre la sangre cuando vemos las postales
de los colectivos con la gente apoyando sus manos mientras la apunta una itaka o
los operativos cerrojo típicos de la época más salvaje de la historia reciente.
Como expresamos en distintas oportunidades, este tipo de medidas
propician la violencia estatal, afectan gravemente los derechos humanos y no
resuelven las problemáticas de fondo que se pretenden combatir
Las mismos recaen en mayor medida sobre pibes y pibas trabajadores de las barriadas, merecen la denuncia, el repudio y la unidad de
acción de todas las organizaciones barriales, sindicales, políticas, sociales y
derechos humanos para tratar sobre el tema, a fin de denunciar, prever y/o
ayudar en las consecuencias.
En este sentido los convocamos para el día jueves 29 de mayo, a las
18,30 hs. En Tucumán 1349, donde funciona el Bar de la Toma.
Rosario, 22 de mayo de 2014
APDH Delegación Rosario
4. La historia de un personaje
del kirchnerismo de primera hora.
Sergio
Alejandro Berni
6 de abril de 2014
Por EL GORILA ENJAULADO
Médico, militar, político, instructor de karate reconocido, buzo táctico,
paracaidista, acusado de haber simpatizado con el movimiento Carapintada de Rico
y Seineldin, funcionario todoterreno, negociador expeditivo y pingüino leal de
la primera hora. Sergio Alejandro Berni, es nuestro peligrosísimo gorila del
mes.
La
relación del actual Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, con los
Kirchner, viene de muchos años. Una vez recibido de médico, optó por realizar la
residencia en el Ejército Argentino y en 1989 fue destinado a Rospentek, un
destacamento en una zona inhóspita al sur de Santa Cruz. Para 1991 Néstor, por
entonces gobernador, lo nombró director del hospital de la localidad de 28 de
Noviembre. Desde entonces fue ganando confianza y escalando cargos desde el
kirchnerismo primigenio, a la vez que iba haciendo carrera en el Ejército
llegando a Teniente Coronel.
Una linda anécdota
del Berni
médico tuvo lugar en 1994, cuando vestido de guardapolvo y con un casco
(recordémoslo hace un tiempo con ropa de catástrofe nuclear en el puerto de
Buenos Aires atendiendo una nube de gas), por pedido del gobernador Néstor
Kirchner, se apersonó en la localidad de Río Turbio y descendió a una mina
tomada por sus trabajadores para oficiar de médico y de paso informar desde
adentro del desarrollo del conflicto.
En el 2006 Sergio fue nombrado Director Nacional de Asistencia Crítica y Abordaje Territorial, una linda forma de decir que desde el Ministerio de Desarrollo Social comandado por Alicia Kirchner, Berni se encargaba de negociar mano a mano con los movimientos sociales, manejando con su característico “don de gente” adquirido de la ardua formación militar, el acceso a planes y tierras en todo el país.
En
2011 Berni fue electo segundo senador de la Provincia de Buenos Aires, asumiendo
además la vicepresidencia primera del Senado, lo cual lo convierte en segundo en
la fila de una posible sucesión del gobernador, justo detrás de Gabriel Mariotto.
En marzo del año siguiente, abandonó su puesto para acudir al llamado de la
presidenta y ocupar su actual cargo. Así Berni se convierte en Secretario de
Seguridad de la Nación, o sea en el segundo del Ministerio de Seguridad de la
Nación, lo cual quiere decir que
tiene a su
cargo el manejo de las cuatro fuerzas que dependen de esa cartera: la Policía
Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de
Seguridad Aeroportuaria. Parece ser que a su juego lo llamaron, al Teniente
Coronel le asignaron su tropa.
Desde que tiene la gendarmería Berni ha disfrutado de lo lindo, como un chico
con su juguete favorito, la usa todo el tiempo y la lleva a todos lados. Cada
tanto se pone ingenioso y le busca nuevos usos, como cuando destrabó la salida
de camiones de la Planta de Logística de YPF en La Matanza. Sergio fue llamado a
intervenir en el bloqueo a la salida de vehículos impuesto por el gremio de
Moyano, y para garantizar el abastecimiento de combustible decidió montar un
falso operativo en la puerta principal y mientras tanto sacar los camiones,
manejados por gendarmes, por una salida lateral.
No siempre resulta tan divertido verlo a Berni jugar con sus gendarmes. El 30 de agosto de 2012 los trabajadores precarizados del Plan Argentina Trabaja mantenían cortada la Panamericana, el operativo fue brutal y dio como resultado el desalojo casi inmediato de la ruta y la detención de 65 manifestantes, de los cuales 9 eran menores de edad. En su primera aparición en público junto con la Gendarmería, Sergio eligió llegar al lugar de forma especial y aterrizó un helicóptero en plena Panamericana. Para festejar la fecha (el 30 de agosto se conmemora el Día del Detenido Desaparecido) se dispuso el traslado, sin ninguna orden judicial, de los detenidos a Campo de Mayo. Nunca está de más mencionar que Campo de Mayo fue el más cruento centro clandestino de detención de la última dictadura militar y que desde la vuelta a la democracia, allí nunca más hubieron civiles detenidos, hasta que Berni los llevó.
Hace muy poco la gendarmería de Berni dio otra muestra de sus capacidades y
reprimió de forma escalofriante a manifestantes que cortaban la General Paz y la
Panamericana, en el marco de la jornada de lucha convocada para reclamar por la
absolución de los petroleros de Las Heras. Esta vez el accionar fue menos
espectacular y más violento, hubo sólo cuatro detenidos pero los heridos a causa
de los golpes, las balas de goma y los gases lacrimógenos se contaron por
decenas.
Sabemos y lamentamos que el bueno de Sergio Alejandro Berni nos va a seguir
dando tela para cortar, pero creemos que ya ha hecho demasiado mérito en esto de
ser gorila, así que lo invitamos a que se ponga firme, salude y luego marche: ¡A
la jaula!
Fuente:
revistamascaro.org/el-gorila-enjaulado/sergio-alejandro-berni
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OPERATIVOS
♣Desembarco
y después
Por Por Esteban Rodriguez Alzueta
| 20/04/2014
Hay palabras que atrasan, y hay operativos que confirman
ese retroceso. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, utilizó la
palabra “desembarco” para nombrar el megaoperativo en la ciudad de Rosario en el
que participaron alrededor de 2 mil efectivos de la Gendarmería, Prefectura,
Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal, con 800 vehículos,
helicópteros, un avión de observaciones y cincuenta perros. También participaron
las Tropas Operativas Especiales (TOE), un grupo de élite de la policía
santafesina. Se hicieron 89 allanamientos, detuvieron a 26 personas,
secuestraron algunas armas e incautaron drogas. No se sabe en el marco de qué
causas judiciales se hicieron los procedimientos, pero pudimos ver cómo,
efectivos encapuchados y portando armas largas, recorrían las calles de los
barrios de la periferia, irrumpiendo en las casas de muchos vecinos. Y agregó
Berni: “Este es un trabajo que recién empieza. Esta es una lucha centímetro por
centímetro. Estamos trabajando permanentemente en la frontera (…) empezando a
ocupar el espacio que ocupaban otros delincuentes”.
Por su parte, el secretario de Seguridad de esa provincia,
Oscar Lamberto, dijo que con el operativo se busca “marcar la cancha, decir acá
está el Estado, acá están las fuerzas federales y provinciales que a partir de
ahora llegan a los barrios para quedarse y dar tranquilidad”.
Varias cosas. Primero: las palabras de ambos funcionarios parecen confirmar los dichos que propalara Sergio Massa la semana pasada, cuando denunciaba que “el Estado estaba ausente”. Pero las respuestas de los funcionarios son igualmente apresuradas y ponen las cosas en un lugar donde no se encuentran. No es cierto que el Estado estaba ausente. Estaba presente a través de una policía que regulaba el delito, vendiendo invisibilidad, liberando las zonas para el crimen organizado. La policía es la mano invisible de los mercados criminales en Argentina, tanto en Santa Fe como en Córdoba, la provincia de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Segundo, no es la primera vez
que el Gobierno apela a la saturación policial. Lo vimos en los operativos
rotativos que hicieron en el marco del Centinela y Cinturón Sur. La novedad es
que esta vez no se trata de una política de prevención situacional o ambiental
sino de ocupación y pacificación territorial. No se busca prevenir el delito
sino perseguir a las bandas criminales.
Las consecuencias habituales de estos operativos son dos:
-
Por un lado, tienden a militarizar los barrios, agregando mayor violencia a otras conflictividades existentes (se multiplicarán las detenciones por averiguación de identidad, los maltratos y destratos; aumentarán los procesos por tenencia de drogas para consumo personal, entre otras).
-
Por otro, contribuyen a estigmatizar más aún estos barrios, asociando el narcotráfico a los barrios pobres, y a vulnerabilizar a los más jóvenes que, de ahora en más, serán objeto de nuevas rutinas policiales. Seguramente, muchos vecinos se sentirán más seguros, pero difícilmente puedan resolverse el narcotráfico y los conflictos que lo orbitan (mercado de armas, secuestros, etc.) apelando al control territorial. El delito puede moverse de territorio, y para entonces las denuncias por violaciones de DD.HH. se habrán multiplicado en esos barrios.
Tercero, una vez más vemos que
las respuestas se piensan desde la coyuntura de las cosas, para ganarse unas
cuantas tapas de diarios. Se sabe: nada es casual, si se sigue la ruta de la
droga sólo se llegará a los perejiles (consumidores, dealers, transas
eventuales). Hasta que no se siga la ruta del dinero y se
investiguen los fideicomisos que existen detrás del boom inmobiliario y
turístico de esa ciudad –esas estructuras financieras que le permiten al
narcotráfico reinvertir sus ganancias en los mercados legales para lograr
autonomía respecto de las policías locales–, difícilmente puedan ponerse en
crisis los campos criminales amparados –por distintas razones– por sectores de
la Justicia y la dirigencia política, que hoy mantienen despiertos a los vecinos
de Rosario, sobre todo a los residentes de los barrios más pobres.
*Docente e investigador de la UNQ.
Fuente: http://www.perfil.com/columnistas/Desembarco-y-despues--20140420-0025.html
Para acercarnos al concepto del binomio honestidad-solidaridad que se establece durante la desalienación colectiva e individual, leamos la Presentación del libro Tiempos violentos. Barbarie y decadencia civilizatoria* por Claudia Korol**.El dedo en la llaga:un análisis profundo y descarnado de la violencia.
La locomotora mediática nos arrastra a la carrera suicida de vivir sin comprender, de morir sin saber, de sobrevivir sin aprender. Corremos para llegar a cualquier lugar. Corremos porque todos y todas corren. Corremos para no perder. Corremos por miedo, por necesidad, por competencia, porque sí.Mientras corremos, perdemos… Y en esa misma vuelta, nutriéndose de nuestras pérdidas y derrotas, el capital multiplica sus ganancias, el patriarcado refuerza sus privilegios, el colonialismo delimita sus territorios recuperados mediante guerras, amenazas, chantajes, invasiones imperialistas. Todas las dominaciones se imponen con violencia sobre nuestros cuerpos y van tatuando nuestra piel.La locomotora mediática cumple su papel naturalizando todas las opresiones hasta volverlas invisibles. Nos hace masticarlas, digerirlas, comprarlas, sin posibilidad de elegir, decidir. Nos impiden ejercer soberanía y poder sobre nuestras vidas, individuales y comunitarias, porque es la manera de anular nuestra autonomía como sujetos.El “mal vivir” es esta carrera que nos enajena, nos arrastra, nos estresa, nos aliena, desde el comienzo hasta el final: en el acto de nacer en un mundo que se suicida o, mejor dicho, al que destruyen, quienes tienen el poder para hacerlo; en el acto de crecer entre experiencias que se creen sin pasado y sin futuro –el eternizado presente–; en el acto de estudiar los programas escolares y académicos que nos enseñan a obedecer, o en el acto de ser empujados fuera de la escuela, aprendiendo lo que la cultura hegemónica nos “regala” como mendrugos de saberes descartables, que nos vuelven más vulnerables a su control; en el acto de trabajar para reproducir al sistema que nos oprime, reprime y exprime; en el acto de desoír lo que nuestros cuerpos de mujeres y/o disidentes de la heteronormatividad desean y necesitan; en el acto de desconfiar del vecino y lincharlo “por las dudas”, en el acto de odiar a lxs diferentes y levantar muros que nos impiden verlos o que nos vean; en el acto de morir por enfermedades que podrían ser evitadas, por la represión, por la destrucción ambiental, por la depresión general, o en la epidemia de suicidios adolescentes provocados por la pérdida de sentidos…Pensar y crear las condiciones para el “buen vivir”, para reinventar la vida en relaciones sociales solidarias, para imaginar y hacer un socialismo desde abajo, descolonizado, feminista, exige detener la locomotora.Se vuelve urgente pensar, sentir, analizar colectivamente y compartir las vivencias, interpelar las creencias; no sólo las que nos impone la dominación, sino también las que se “naturalizan” en nuestras militancias que intentan ser transformadoras, revolucionarias y que, sin embargo, en muchas ocasiones reafirman sentidos conservadores.Este libro es un necesario aporte a esta reflexión. Es un libro para este tiempo. Indaga en las lógicas de la violencia estructural y de la materialidad subyacente en las violencias simbólicas, observa cómo atraviesan las diferentes dimensiones objetivas y subjetivas de nuestras vidas. Lo hace a partir de distintas y variadas perspectivas sociopolíticas. Relaciona las lógicas de la acumulación capitalista mundial en esta época de transnacionalización salvaje con las políticas represivas locales y sus impactos en la vida cotidiana. Realiza una interpelación a la racionalidad subyacente en el mundo en que vivimos, especialmente a aquellos costados que se presentan a primera vista como más irracionales y que, sin embargo, –como aquí se va develando– expresan cabalmente las lógicas depredatorias del capital.(...)*Ediciones Herramienta, Buenos Aires, Argentina | junio de 2014 | 320 páginas | ISBN: 978-987-1505-42-5**Claudia Korol es educadora, secretaria de redacción de la revista América Libre y coordinadora del Equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía.Fuente: http://www.herramienta.com.ar/tiempos-violentos-barbarie-y-decadencia-civilizatoria/tiempos-violentos-barbarie-y-decadencia-civili
