lunes, 28 de marzo de 2016

V. Analicemos porqué el hoy nos desafía a desentramparnos de la unidad con el kirchnerismo y a crear la unión programática de las diversas luchas abajo.

e. El ver porqué el Nunca Más a la deKada ganada por el poder real es ver la conciliación de clases de la democracia desde 1983 y de los colaboracionistas de Carta Abierta.
28 de marzo de 2016

Jorge Halperín caracterizó, en radio Rebelde, a más de una deKada como estado de bienestar. Consideremos qué ocultan quienes hablan de resistencia al apagón informativo del gobierno de Macri y aclarando que la imposición del crecimiento gran capitalista fue a los pueblos de Argentina de modo tanto 'democrático' mediante el gobierno CFK como 'nacional' por liderazgo de Gustavo Grobocopatel Leer y de Eduardo Elsztain Leer:
La República Unida de la Soja recargada
GRAIN | 12 junio 2013 | A contrapelo
En el año 2003, la corporación Syngenta publicó un aviso publicitando sus servicios en los suplementos rurales de los diarios argentinos Clarín y La Nación bautizando con el nombre de “República Unida de la Soja” a los territorios del Cono Sur en los que se sembraba soja -Integrados por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia-. A partir de allí, esta declaración explícita de neocolonialismo quedó como “marca de fábrica” del proyecto que desde las corporaciones se estaba instrumentando.
Durante el año 2012 se produjo en estos países una embestida de las corporaciones del agronegocio sobre los territorios y las instituciones imponiendo nuevos transgénicos, mayores riesgos por aplicación de agrotóxicos y cambios en las políticas que sólo tiene precedentes en la primera imposición de los transgénicos, durante la segunda mitad de los años 90. Esta nueva avanzada corporativa se da en un marco distinto, ya que ahora ocurre con la presencia en toda la región (por lo menos hasta junio del año pasado) de gobiernos “progresistas” críticos del neoliberalismo y que en algunas de sus políticas han comenzado a modificar las políticas neoliberales impuestas en los años 90 con una mayor presencia del Estado regulando la economía y asumiendo un rol activo en aspectos sociales, educativos y sanitarios.
Sin embargo, en términos de modelo agrícola y producción de alimentos no sólo no ha habido en todo este tiempo un cambio de modelo ni una autocrítica a los problemas producidos por la implantación masiva del cultivo de soja transgénica con alto altos niveles de uso de agrotóxicos. Por el contrario, este modelo se ha ido consolidando y es defendido a rajatabla por todos los gobiernos de la región que lo asumen como política de Estado, en todos los casos. Los graves problemas que han surgido o se han agudizado, tales como los impactos de los agrotóxicos, los desplazamientos de campesinos y pueblos originarios, la concentración de la tierra o la pérdida de producciones locales, son considerados “efectos colaterales” y se abordan, cuando la presión social lo consigue, de manera fragmentada y puntual. No incluimos en este análisis a Bolivia, pues si bien la región de la “medialuna”, con Santa Cruz de la Sierra a la cabeza, es parte de la “República Unida de la Soja” las posiciones, políticas y debates planteados desde el Gobierno de Evo Morales se diferencian ampliamente del resto de los gobiernos (y esto le vale el enfrentamiento con estos sectores del poder de la medialuna que claramente han planteado su intención separatista).
Ya en otros A Contrapelo 1 2 3 hemos ido denunciando que este avance fue consolidando la imposición del modelo productivo de los agronegocios, y el Cono Sur se ha convertido en la región donde más transgénicos se siembran en el mundo y en la que mayor cantidad de agrotóxicos se aplican per cápita a nivel global. En este A Contrapelo intentaremos brindar algunas luces que ayuden a comprender cómo se está produciendo este avance y sus consecuencias a nivel de las comunidades campesinas y la sociedad en general.
Los impactos del “modelo” no reconocen fronteras entre el campo y la ciudad y se sienten profundamente en ambos espacios: las poblaciones fumigadas en los territorios rurales y en las zonas periféricas de las ciudades, las y los campesinas/os desplazadas que día a día migran para engrosar los cordones de pobreza de las grandes urbes, las economías regionales destrozadas con su correlato de los altos precios de los alimentos en las ciudades, los alimentos contaminados enfermando a unos y a otros. En fin, una catástrofe socio-ambiental que hace agua por todas partes y que ya no permite “mirar para otro lado”.
Los responsables de esta cadena destructiva son un puñado y tienen nombre y apellido: Monsanto y algunas corporaciones biotecnológicas más a la cabeza (Syngenta, Bayer); terratenientes y pooles de siembra que controlan millones de hectáreas (Los Grobo, CRESUD, El Tejar, Maggi son algunos de los principales); Cargill, ADM y Bunge transportando los granos al otro lado del mundo. Y, por supuesto, los gobiernos de cada uno de los países que apoyan de manera entusiasta este modelo. A ellos se suman un extenso número de empresas que aprovechan el “derrame” y proveen servicios, maquinaria agrícola, fumigaciones, insumos, etc.
En números concretos, esta región cubre en la actualidad una superficie de más de 46 millones de hectáreas de monocultivo de soja transgénica, fumigadas con más de 600 millones de litros de glifosato y provoca una deforestación de -como mínimo- 500 mil hectáreas por año.
Si bien las consecuencias de este modelo se expresan a nivel regional de manera contundente e interconectada, intentaremos diseccionar sus impactos para analizarlos de manera más profunda. El telón de fondo del golpe de Estado en el Paraguay resulta insoslayable, pues es allí donde los poderes fácticos han actuado de manera más brutal y explícita. Sin embargo, su carácter ejemplificador es válido para toda la región y sin duda ha intentado marcar un rumbo y un límite a los gobiernos de la región.
Repasemos un decálogo (con complementos) de los resultados concretos e indiscutibles de esta última embestida del agronegocio.

El agronegocio mata
Este hecho se ha expresado de manera continua durante estos últimos años y, tal como lo hemos expresado, fue en Paraguay donde más duramente se han sentido sus impactos. Quizás podamos ubicar el pico de violencia en la matanza de Curuguaty, perpetrada el 15 de junio del 2012 en donde –y como resultado de tensiones y represión estatal y paraestatal- murieron once campesinos y seis policías. La matanza fue utilizada para emprender el juicio político y dar el golpe institucional que terminó con la gestión del presidente Lugo.
Previo al Golpe, y más aun posteriormente, se desencadenó una ola represiva sobre los dirigentes campesinos que -en la nueva etapa- se comenzó a expresar bajo la forma de asesinatos selectivos que cobraron la vida de los líderes campesinos Sixto Pérez, Vidal Vega y Benjamín Lezcano, acribillados en un lapso de 8 meses de gobierno de Federico Franco.4 La CONAMURI (Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas) ha dicho que en el caso del asesinato de Benjamín Lezcano se observa “el mismo modus operandi que se practicó en los casos de Sixto Pérez –el 1°de septiembre pasado, en Puentesiño (Dpto. Concepción)– y de Vidal Vega –el 1°de diciembre último, en Curuguaty (Dpto. Canindeyú). El objetivo, igualmente, parece ser común: descabezar las organizaciones campesinas”.5
En Argentina, durante los últimos tres años se produjeron en Santiago del Estero tres asesinatos de campesinos ligados directamente al avance del modelo sojero (Sandra Ely Juárez, Cristian Ferreyra y Miguel Galván) y en la provincias de Formosa y Salta el hostigamiento a las comunidades es permanente y sostenido.6
En Brasil, también el movimiento campesino y especialmente el MST (Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra) han sufrido la violencia del agronegocio y recientemente la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) divulgó un informe preliminar de la violencia en 2012 contabilizando 36 muertes motivadas por conflictos agrarios.7 Durante el año 2013 ya son tres los dirigentes del MST que han sido asesinados (Cícero Guedes dos Santos, Regina dos Santos Pinho y Fabio dos Santos Silva).
Todo esto se da en el marco de una avanzada de la criminalización de las luchas sociales que no sólo se expresa en la persecución y estigmatización de los movimientos sino también en forma concreta en la avanzada de leyes represivas. El caso de la aprobación de la Ley antiterrorista en Argentina en diciembre del 2011 se suma a las leyes ya existentes en varios de los países de la región.

El agronegocio contamina
Una de las grandes mentiras que desde las corporaciones, los medios masivos y un sector de la academia se utilizó para justificar la introducción de las semillas transgénicas, fue que las mismas ayudarían a emplear menos agrotóxicos en la agricultura. Tal como muchas organizaciones lo anunciaron durante las últimas dos décadas, la realidad ha marcado absolutamente lo contrario y hoy en día el incremento del uso de agrotóxicos es cada vez más alarmante y sus impactos en toda la región son cada vez más difíciles de ocultar.
Todo esto no puede extrañarnos si asumimos el hecho evidente de que quienes impulsan las semillas transgénicas son las corporaciones dedicadas a la venta de agrotóxicos, con Monsanto a la cabeza, y que las semillas transgénicas que más se cultivan tienen como característica diferencial la resistencia a herbicidas.
Brasil está al frente de las estadísticas convirtiéndose desde el año 2008 en el mayor consumidor per capita de agrotóxicos del mundo y responsable del 20 % de todos los agrotóxicos usados en el planeta; con un consumo per cápita de 5,2 litros de agrotóxicos cada año.8 9. La escalofriante cifra de 853 millones de litros de agrotóxicos empleados durante el año 2011, con un crecimiento del mercado brasileño del 190 % en la última década, es más que elocuente. El 55 % de este consumo de agrotóxicos se empleó en cultivos de soja y maíz, siendo la soja responsable del 40% del consumo total.10 Solamente el glifosato representa cerca del 40% del consumo de agrotóxicos en Brasil.
Argentina no se ha quedado atrás. Durante el año 2011 se aplicaron 238 millones de litros de glifosato que implican un incremento del 1190 % con respecto a la cantidad utilizada en el año 1996, año en que se introdujo la soja transgénica resistente al glifosato en el país.11
En Paraguay, que es el sexto productor mundial de soja transgénica, el uso de glifosato en las cifras del año 2007 significó la aplicación de más de 13 millones de litros de este agrotóxico.12
En Uruguay, también de la mano del avance de la soja transgénica las cifras llegan a un mínimo en el año 2010 de más de 12 millones de litros.13 Es justamente en Uruguay donde en la actualidad, y a raíz de la contaminación del agua en la ciudad de Montevideo, la población urbana está comenzando a reaccionar con alarma frente a la falta de disponibilidad de agua potable para el consumo.
El balance regional nos permite suponer un mínimo de aplicación de más de 600 millones de litros de glifosato, cifra escalofriante y que tiene su correlato en las innumerables denuncias que se producen cada día por los daños ya mencionados a la salud, a los ecosistemas, a la agricultura y a las comunidades que semejante baño de agrotóxicos produce.
El glifosato, ampliamente promocionado como de “baja toxicidad” por Monsanto, está siendo cuestionado por múltiples motivos entre los cuales debemos destacar:
- El impacto en las comunidades ya es imposible de ocultar y son miles las personas que desde los “pueblos fumigados” denuncian los problemas de salud que sufren por su aplicación: nacimientos con malformaciones en aumento, intoxicaciones agudas fatales, problemas respiratorios, enfermedades neurológicas, aumento de los casos de cáncer, abortos, enfermedades de la piel, etc.
- Las investigaciones científicas independientes confirman esta grave problemática y los estudios que vinculan al glifosato con desarrollo de tumores y malformaciones en el desarrollo de embriones han sido publicadas en los últimos años en las más prestigiosas revistas científicas.
- Los efectos sobre la salud de los “coadyuvantes” usados en la preparación del Roundup, principalmente el surfactante Poea (polioxietilamina), también están demostrados y se lo asocia con daño gastrointestinal y al sistema nervioso central, problemas respiratorios y destrucción de glóbulos rojos en humanos.
- Los daños ambientales del glifosato también se encuentran ampliamente confirmados en la realidad de los territorios y en las investigaciones realizadas: su vínculo con la destrucción de biodiversidad es innegable al mismo tiempo que su efecto tóxico sobre anfibios está demostrado y publicado.
Pero tan grave como estas cifras, son las del incremento del uso de otros agrotóxicos que se emplean asociados al glifosato o para compensar su falta de acción frente al surgimiento inevitable de malezas resistentes. Así es como el empleo del paraquat ha crecido llegando a utilizarse 1,2 millones de litros en Argentina y 3,32 millones en los cinco países productores de soja. Es importante recordar que el paraquat está vinculado a desórdenes neurológicos y por esta razón fue prohibido en 13 países de la Unión Europea en el año 2003.14
Sin lugar a dudas, el empleo de agrotóxicos es otra de las formas que tiene el agronegocio de matar.

El agronegocio impone los transgénicos
La introducción de nuevos transgénicos ligados al uso de nuevos agrotóxicos es parte de la estrategia de las corporaciones, y ha estado a la orden del día durante el año 2012.
El anuncio oficial de la presidenta argentina Cristina Fernández en el Council of Americas el 15 de junio del 2012 sobre las nuevas inversiones de Monsanto en Argentina preanunció lo que sería durante el resto de año una catarata de proyectos, anuncios e intentos de modificación de la legislación que marcó la agenda oficial y corporativa durante los meses siguientes.
Así fue que en agosto del 2012 el Ministro de Agricultura Norberto Yahuar anunció junto a ejecutivos de Monsanto la aprobación de la nueva soja rr2 “Intacta”, que trae como novedad la acumulación de la resistencia al glifosato con la producción de la toxina Bt. O sea que la única novedad es la conjunción de las dos únicas características que la industria biotecnológica logró poner en el mercado en 20 años de existencia.
Pero además de este anuncio existen aprobaciones y ensayos de campo de otros transgénicos, entre los que destacan los de soja y maíz resistentes a nuevos herbicidas, entre ellos el glufosinato y el 2,4 D. Andrés Carrasco, investigador del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) de Argentina planteaba hace pocos meses con claridad la problemática: “hay un aspecto interesante a considerar en lo inmediato en la Argentina, es que 5 de esos 10 eventos transgénicos aprobados, 3 de maíz y 2 de soja, combinan la resistencia al glifosato con otra al glufosinato de amonio (un bloqueante de la síntesis del aminoácido glutamina) para reforzar los efectos de aquel. La necesidad de asociar en las nuevas semillas el glifosato con el glufosinato, da cuenta de las inconsistencias de la tecnología de los transgénicos tanto en su construcción como en su comportamiento en el tiempo. Sin embargo, se sigue huyendo hacia delante intentando remediar las debilidades conceptuales de la tecnología transgénica, con soluciones que tienden a ser cada vez más peligrosas”.15
En Paraguay, a pocos meses del golpe institucional, el Ministerio de Agricultura aprobó el maíz transgénico que venía siendo resistido por las autoridades del gobierno depuesto y que enfrenta un rechazo explícito y contundente por parte de las organizaciones campesinas, debido a la amenaza que representa para las muchas variedades locales de maíz cultivadas por pueblos indígenas y campesinos. Así fue como en octubre del 2012 se aprobaron cuatro variedades de maíz transgénico de Monsanto, Dow, Agrotec y Syngenta.16 Ya en el mes de agosto el presidente de facto Franco había autorizado por decreto la importación de semillas de algodón Bt-rr, probando claramente para quién gobernaba.
En Brasil la escalada comenzó a fines del año 2011 cuando se anunció la aprobación por parte de la CTNBio (Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad) del primer frijol transgénico comercial “íntegramente desarrollado en Brasil” y resistente al mosaico dorado del frijol. Este evento, por ser desarrollado por una institución pública como el Embrapa y por poseer características distintas a los transgénicos más difundidos (Bt y rr) fue utilizado como bandera pro transgénica destacando su importancia “social y alimenticia”.17 Sin embargo, su aprobación ha sido fuertemente cuestionada por funcionarios públicos, la comunidad científica y la sociedad civil. Así es que Renato Maluf, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), cuestiona su rápida liberación en respeto al principio de la precaución. "Creemos que es una temeridad la prisa por liberar un producto que consumirá toda la población y sobre el cual no tenemos certeza de seguridad alimenticia y nutricional", lamentó. Mientras tanto, Ana Carolina Brolo, asesora jurídica de la organización humanitaria Tierra de Derechos, coincidió con Maluf al indicar que "fue una aprobación comercial que tuvo como característica la falta de respeto a la legislación nacional e internacional de bioseguridad".18
El balance general es que la avalancha de nuevos transgénicos se ha intensificado y en la mayor parte de los casos la misma implica su cultivo ligado a agrotóxicos, en algunos casos los mismos que ya se están utilizando (glifosato fundamentalmente) y, en otros, la introducción de nuevos herbicidas aún más tóxicos y peligrosos (dicamba, glufosinato, 2,4 D). En Brasil el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), integrante de la Vía Campesina, denunció en abril del 2012 la pronta aprobación de semillas transgénicas de soja y maíz resistentes al herbicida 2,4 D.19 Estas mismas semillas ya se encuentran en etapa de experimentación a campo en Argentina.
El agronegocio se propone controlar de manera absoluta las semillas
La imposición de nuevas leyes de semillas también ha estado a la orden del día en toda América Latina, pero tuvo en Argentina, y con una ligazón directa al acuerdo con Monsanto antes mencionado, uno de los focos de acción más visibles y activos. El mismo día del anuncio de la aprobación de la soja rr2 “intacta” el Ministro de Agricultura anunció el envío de un Proyecto de Ley de Semillas para que fuera tratado en el Congreso antes de fines del 2012.
El proyecto nunca se hizo oficialmente público, ni se sometió a un debate amplio, si no que fue discutido a puertas cerradas dentro del Ministerio de Agricultura por una parte de los sectores del agronegocio argentino. Sin embargo, su contenido trascendió las fronteras del Ministerio y su análisis permitió confirmar lo que ya se podía presumir luego del anuncio oficial: la nueva Ley busca subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de la UPOV y las transnacionales.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) denunció que “La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad, sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas; abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina; ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior; fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter y otorga a las empresas semilleras el poder de policía, ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente”.20
La movilización de diversos sectores logró que se postergara su presentación y debate en el Congreso Nacional; pero la amenaza de su imposición permanece latente.
Es muy claro que controlar este primer eslabón de la agricultura es uno de los objetivos principales de las corporaciones para de esta manera poder tener control sobre todo el sistema agroalimentario y garantizarse así un monopolio sin fisuras. Y también es claro que este control impacta de manera directa sobre los pueblos, impidiendo el ejercicio de la soberanía alimentaria y condenando al hambre a millones.
El agronegocio destruye los bosques
La deforestación en toda la región ha cobrado una escala dramática y aún con medidas que intentan detenerla (como la Ley de Bosques en Argentina o las regulaciones que se generan en Brasil) la misma no sólo no se ha detenido sino que durante estos últimos años se ha intensificado, teniendo como principal detonante el avance de la frontera agrícola (o el desplazamiento de la frontera ganadera como consecuencia de lo anterior).
Un vez más, Brasil encabeza las posiciones con 28 millones de hectáreas de pérdida neta de bosques para el período 2000-201021 con una desaparición de 641.800 hectáreas de bosques amazónicos entre agosto del 2010 y julio del 201122 festejada como un gran triunfo por las autoridades nacionales.
Las cifras para Argentina nos dicen que “entre 2004 y 2012 las topadoras arrasaron 2.501.912 hectáreas, el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Otra forma de decir lo mismo: en Argentina se arrasan 36 canchas de fútbol por hora. Los datos surgen del cruce de relevamientos oficiales y de oenegés. El último informe de la Secretaría de Ambiente de la Nación relevó el período 2006/2011 y contabilizó que se arrasaron 1.779.360 hectáreas de monte nativo”.23
En Paraguay la situación es quizás una de las más graves en términos de porcentaje de deforestación: por un lado, la deforestación histórica en la región oriental que significó que entre 1945 y 1997 se perdiera el 76.3% de la cobertura boscosa original por su conversión a tierras para la producción agropecuaria.24 Y por otro, la actual deforestación en le región occidental (bosque chaqueño) donde el año 2011 culminó con una pérdida de 286.742 hectáreas de bosques, lo que superó en un 23% a la cifra de 232.000 hectáreas deforestadas durante 2010.25
Una mirada global a esta tragedia nos permite cobrar mejor dimensión de los que está ocurriendo: un estudio publicado por la FAO en el año 2011 26 señala que el promedio anual de pérdida neta de bosque en el período 1990 y 2005 es de cerca de 5 millones de hectáreas (en el mundo), de los cuales 4 millones se encuentran en Sudamérica.
Aquí también el agronegocio vuelve a matar: a los ecosistemas únicos de la región y a todos los pueblos que durante milenios han vivido, crecido y convivido con los bosques, cuidándolos y alimentándolos.

El agronegocio concentra la tierra en pocas manos
La concentración de la tierra es otro de los fenómenos que ha caracterizado los últimos años de implantación de la soja transgénica en todo el Cono Sur. Países en los que ya la concentración de la tierra era enorme vieron durante estos años como esa concentración se profundizaba y se reducía el número de manos que la controlaban.
Fue también Paraguay, uno de los países con peor distribución de la tierra en América Latina, donde el impacto se hizo sentir más y hoy ostenta la escalofriante cifra de un 2 % de los productores controlando el 85 % de la superficie agrícola. Esta situación se agrava aún más cuando desde los países vecinos - fundamentalmente Brasil, pero también Argentina- se está produciendo una embestida sobre sus territorios para avanzar con el cultivo de soja transgénica.
Veamos algunas de las cifras en cada uno de los países 27 :
- En Paraguay, en el 2005, el 4% de los productores de soja manejaron el 60% del total de la superficie con este cultivo.
- En Brasil, en el 2006, el 5% de los productores de soja manejaron el 59% del total del área dedicada a ese cultivo.
- En Argentina, en el 2010, más del 50 % de la producción de soja estuvo controlada por el 3% del total de productores, a través de extensiones de más de 5.000 hectáreas.
- En Uruguay, en 2010, el 26% de productores controló el 85% del total de tierras con soja. En ese mismo año, el 1% del total de los productores tuvieron a su cargo el 35% de la superficie cultivada con soja.
El modelo impuesto ha significado una profunda transformación en la forma en que se produce la concentración de la tierra ya que en la actualidad y en su mayor parte la misma no es adquirida si no arrendada por los grandes productores. Por otro lado, los productores ya no son personas físicas identificables sino pooles de siembra alimentados en su mayor parte por grupos de inversión especulativos.
Las consecuencias para las comunidades locales, campesinos y pueblos indígenas son siempre las mismas: la expulsión de sus territorios, en muchísimos casos a través del uso directo de la violencia, como ya hemos compartido analizando otras facetas de este modelo.
Si bien las cifras de los expulsados son difíciles de evaluar porque no existen estadísticas certeras para cada país y mucho menos a nivel regional, algunos investigadores han encontrado, por ejemplo, que en Paraguay el avance de la soja llevaría a una cantidad de familias campesinas expulsadas que alcanzaría el número de 143 mil, más de la mitad de las 280 mil fincas con menos de 20 hectáreas registradas en el censo agropecuario de 1991 28como consecuencia del avance de las soja para alcanzar las 4 millones de hectáreas que el agronegocio se propone. Para Argentina este modelo ha generado un éxodo rural sin precedentes que para el año 2007 ya suponía la expulsión de más de 200.000 agricultores y trabajadores rurales con sus familias del agro argentino (26). En Brasil, desde la década de los años setenta del siglo XX la producción de soja ha desplazado a 2,5 millones de personas en el estado de Paraná y a 300.000 en el de Río Grande do Sul.29

El agronegocio busca consolidarse como dictador en la República Unida de la Soja
El golpe institucional en Paraguay demuestra cómo el agronegocio, con las corporaciones actuando junto a los terratenientes y cómplices a nivel nacional, no se detiene frente a los avances y los límites, que aun tímidamente, intentan instrumentar algunos gobiernos.
En Paraguay el gobierno del presidente Lugo, aún con minoría parlamentaria, intentó desde algunas áreas de gobierno (Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas - Senave) poner límites a algunas cuestiones graves como lo son los impactos de las fumigaciones y la aprobación de nuevos transgénicos, en especial el maíz rr y el algodón Bt. También estableció un diálogo con las organizaciones campesinas en la búsqueda de frenar la histórica violencia existente en el campo fruto de la tremenda concentración de la tierra que existe en el país.
Los poderosos sectores del agronegocio agrupados en la UGP (Unión de Gremios de la Producción), que cuenta con el apoyo de corporaciones como Monsanto y Cargill, desató una guerra contra las autoridades responsables de estas áreas, pidiendo su cabeza y amenazando y ejecutando acciones públicas en ese sentido.
La matanza de Curuguaty fue la excusa que encontraron para derrocar -de la mano de sus aliados parlamentarios- al presidente Lugo en menos de dos horas de sesión y así imponer sus intereses en todos los ámbitos.
Así fue como junto con el presidente Lugo salieron todos los funcionarios comprometidos con estos procesos de cambio y rápidamente se impusieron las medidas que el agronegocio pretendía: fin a los límites a las fumigaciones, aprobación de nuevos transgénicos, promesas de cambio en la Ley de Semillas, etc.
La reciente elección que consagró al empresario Horacio Cartés como nuevo presidente llevando nuevamente al gobierno al partido Colorado fue el último paso para consagrar la impunidad y el poder ilimitado del agronegocio.
Sin embargo, en el resto de los países de la región la situación - si bien no presenta la cruda realidad de Paraguay- también es evidente la manera en que el agronegocio establece las políticas públicas en las cuestiones referidas al agro y la alimentación e interfiere en cualquier intento de modificación de las mismas desde otras perspectivas diferentes a las de sus intereses corporativos.
Todo esto confirma algo que a nivel global se está haciendo evidente y que se denuncia en todo el mundo: la democracia es incompatible con el dominio del control corporativo y es necesario desmantelar sus estructuras para poder pensar y avanzar en cualquier proceso de democratización que privilegie el bien común.
El agronegocio somete y coloniza a las instituciones de investigación y que regulan la ciencia y tecnología en cada país
Las universidades e institutos de investigación de toda la región, salvo honrosas excepciones, se encuentran colonizadas por el poder y los fondos de las corporaciones del agronegocio que las utilizan como engranaje para imponer sus transgénicos y sus modelos de producción industrializados.
Durante el año 2012 cobró estado público y fue denunciado por la sociedad civil el acuerdo de Monsanto con el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) en Uruguay para incluir en el germoplasma de soja local que maneja el instituto transgenes propiedad de la empresa.30 La firma del acuerdo fue cuestionada por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la gremial que agrupa y representa a los productores familiares en la Junta Directiva del INIA y por diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas REDES-Amigos de la Tierra. El convenio, no accesible al público, suscitó un pedido de informes por parte de legisladores del Frente Amplio (FA).
También con posterioridad al golpe en Paraguay, el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería del país guaraní, Enzo Cardozo anunció que “Paraguay va a producir su propia semilla transgénica que va a estar a disposición de todos los productores”. La producción estaría a cargo del Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA), que recibiría “transferencia tecnológica” de Monsanto, para la cual el gobierno comandado por el presidente de facto Federico Franco pagaría un monto a convenirse.31
Pero Monsanto ya posee acuerdos de “cooperación” con instituciones públicas en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil desde mucho antes de esta última avanzada y las utiliza como mano de obra barata para sus investigaciones y como cadena directa para realizar la “extensión rural” de sus transgénicos. De la misma manera muchos de los funcionarios políticos actúan como brazo ideológico de las corporaciones en sus intentos de imponerse, siendo un caso paradigmático el del Ministro argentino de Ciencia y Tecnología Lino Barañao, que no pierde ocasión para ejercer su descarado lobby pro-transgénico.
El agronegocio es una forma más de extractivismo que está saqueando los territorios
La agricultura industrial es una actividad extractivista porque sus principios se basan en considerar a los suelos un sustrato inerte del que se extraen nutrientes (proteínas y minerales) sobre la base de la utilización de tecnología y productos químicos sin respetar a los suelos como organismos vivos ni reponer los nutrientes extraídos de forma natural.
Este extractivismo se expresa de manera brutal con el cultivo de soja transgénica pues ni el discurso de la “siembra directa” puede encubrir la cruda realidad de que la soja no devuelve ni remotamente la cantidad de nutrientes que extrae a los suelos, ni puede la siembra directa sostener la estructura y capacidad de retención de agua de los mismos.
Ya en otros documentos hemos compartido la forma en que en Argentina se están degradando los suelos y se están extrayendo millones de toneladas de nutrientes y miles de millones de litros de agua.32
Veamos algunas de las cifras concretas solamente para Argentina (los valores no están disponibles para los otros países):
El monocultivo de soja repetido año tras año en los campos produce una intensa degradación de los suelos con una pérdida de entre 19 y 30 toneladas de suelo en función del manejo, la pendiente del suelo o el clima.
La soja produjo durante la temporada 2006/2007 (con una producción de 47.380.222 toneladas) una extracción neta de:
- 1.148.970,39 toneladas de nitrógeno,
- 255.853,20 toneladas de fósforo,
- 795.987,73 toneladas de potasio,
- 123.188,58 toneladas de calcio,
- 132.664,62 toneladas de azufre y
- 331,66 toneladas de boro.
También cada cosecha de soja que se exporta se lleva 42 mil quinientos millones de metros cúbicos de agua por año (datos de la temporada 2004/2005).

El agronegocio actúa en complicidad con los grandes medios masivos de comunicación
Todo este proceso de imposición cuenta en toda la región con un aliado poderoso: los medios de comunicación corporativos y dominantes que actúan como brazo comunicacional incondicional del agronegocio (la única condición son la millonarias publicidades con que se llenan páginas y horas de radio y televisión).
Los mecanismos con los que funciona esta alianza se reducen a algunos lineamientos básicos que podemos resumir en:
- La ponderación absoluta de la agroindustria como panacea para la producción de alimentos creando una ligazón absoluta con el “progreso”, el “desarrollo” y el bienestar de la sociedad.
- La cooptación del discurso del desarrollo sustentable para convertir, desde la propaganda, en “sustentable” cualquier iniciativa desde miradas parciales y fragmentarias.
- La negación absoluta de todo debate o información sobre las luchas sociales de resistencia, los debates científicos o económicos o los impactos en las comunidades y en el ambiente.
- La estigmatización y criminalización de los movimientos y organizaciones sociales mostrándolos como “subversivos”, violentos, antisociales o “atados al pasado”.
Quizás uno de los países donde esta alianza es más evidente es en Paraguay, donde la mencionada UGP está vinculada al Grupo Zuccolillo, dueño del poderoso diario ABC Color que fue uno de los medios desde donde se montó la campaña golpista contra Lugo. Zuccolillo es además presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP.33
Y por si esto fuera poco: el agronegocio cambia el clima
El vínculo entre la Crisis Climática que estamos sufriendo a nivel global y la agricultura industrial se halla ampliamente demostrado y presenta cifras alarmantes: como mínimo, entre el 44 y el 57 % de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) se deben a la cadena de producción agroindustrial en sus distintas etapas.
Es evidente que un territorio donde la agricultura industrial se ha impuesto de manera brutal tiene que ser uno de los principales contribuyentes a esta crisis global. Pero también resulta evidente en toda la región que la conjunción de los problemas globales con aquellos regionales tal como la deforestación están trayendo consecuencias gravísimas, que se sufren en las zonas rurales con extensos periodos de sequía y ciclos de inundaciones, y en las ciudades con lluvias, fenómenos climáticos extremos e inundaciones para los cuales no existe infraestructura capaz de contener y cuyas principales víctimas son justamente los expulsados del campo.
Consideraciones finales
Esta dramática realidad encuentra en toda la región una amplia y articulada movilización que está enfrentando el despojo desde la resistencia local, la movilización, la denuncia pública, la construcción de alternativas y la lucha en todos los frentes posibles que van desde las vías legales hasta la desobediencia civil y la recuperación de territorios por parte de las comunidades despojadas.
Si bien es cierto que existe aún una gran fragmentación de las luchas sociales, también es una realidad que ninguna de ellas se queda en el análisis, en la mera lucha puntual, sino que se está construyendo una mirada integral que pone a la soberanía alimentaria en el centro de las luchas y a la autonomía y el bien común como horizontes.
Esperamos que este A Contrapelo sume una semilla a los nuevos cultivos y culturas que en el Cono Sur están germinando.


El ataque del poder real -gestionado por CFK- se profundiza con el fracking sólo gran negocio de corto plazo de las petroleras y de buitres financieros como George Soros. Es hora de atender a las organizaciones en resistencia al extractivismo. Escuchemos qué nos explica:




Documento de la 

Asamblea Permanente del Comahue por el Agua
Sábado 11 de octubre Día Mundial en Contra del Fracking.
Movilización nacional simultánea en contra de la nueva ley nacional de hidrocarburos
En un escenario mundial donde la carrera a los recursos hidrocarburíferos esta desencadenando guerras, Argentina cumple con los objetivos geopolíticos que le imponen las potencias del mundo: extracción de hidrocarburos NO convencionales, producción de monocultivos transgénicos y extracción tóxica de metales, fundamentales para la industria bélica de las potencias, que hacen la guerra para enriquecerse ilícitamente al costo del derramamiento de la sangre de los inocentes. 
Según las palabras de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner: “El modelo argentino no ha sido un mal negocio para Washington…” 
Es por esto que nos paramos frente a la nueva LEY DE HIDROCARBUROS que LEGALIZA el FRACKING en este País y que sólo apunta a favorecer la acumulación de capitales financieros alrededor de la explotación de los yacimientos no convencionales. 
El argumento del autoabastecimiento energético y del desarrollo que nos venden las industrias extractivas se cae frente al argumento de la vida sostenible, salubre y plena que demandan las voces de las comunidades del mundo. 
El fracking atenta contra la vida toda y pone principalmente en riesgo las reservas de AGUA DULCE, EL SUELO Y EL AIRE, indispensables para el desarrollo de la vida y la obtención de alimentos saludables. Este gobierno será responsable frente al pueblo argentino y frente a la población mundial de la salud y la vida de esta y de las próximas generaciones. 
Las asambleas socioambientales de Argentina, formamos parte de un movimiento que viene resistiendo a la POLITICA (NEO) EXTRACTIVISTA a la que este gobierno ha dado vía libre, convirtiéndola además en su política de Estado. 
Esta resistencia a los agronegocios y a la megaminería, hoy levanta la voz para decir una vez más ¡NO a la HIDROFRACTURA!! 
En Argentina, como en el resto del mundo, la sociedad conoce los daños irreversibles que ocasiona la extracción de los NO CONVENCIONALES, un proyecto ecocida diseñado por las multinacionales del petróleo que gobiernan y tiene como títeres a los funcionarios de esta PSEUDO – DEMOCRACIA, en la que han sabido poner a sus emisarios, como Galuccio, que administra desde y para empresas como SCHLUMBERGER. 
En Argentina la RESISTENCIA POPULAR es un hecho consumado, que los gobiernos se niegan a aceptar.
– Más de 40 CIUDADES y DEPARTAMENTOS ya han declarado a sus JURISDICCIONES LIBRES de FRACKING. 
– Se ha detenido el avance de proyectos hidrocarburíferos como “EL TRÉBOL”, en la provincia de Chubut y están cuestionadas las explotaciones en la Reserva Natural Protegida Auca Mahuida en la provincia de Neuquén. 
– Se ha obligado en Allen, en la Provincia de Rio Negro, a empresas como APACHE e YPF, a paralizar la producción (ocasionándoles perdidas por miles de dólares) a causa de los incidentes debido a las maniobras irresponsables ignorados los organismos de fiscalización del gobierno provincial gracias a la FALTA de CONTRALOR. 
– Se ha difundido y profundizado las noticias referidas a incidentes por FRACKING, como las PÉRDIDAS de las PASTILLAS RADIACTIVAS en Neuquén por parte de HALLIBURTON.
– Se ha apoyado a las comunidades mapuche afectadas directamente por derrames, explosiones de pozos y de destilerías y a la vez criminalizada por defender su territorio ancestral. Estas mismas han aportado conciencia en las poblaciones locales, acerca de los peligros para la vida que representa el fracking. 
-Se han organizado manifestaciones públicas de las comunidades afectadas y las que lo serán. 
Esto ha obligado tanto al GOBIERNO NACIONAL (& POPULAR) como al GOBIERNO PROVINCIAL DE NEUQUÉN a hacer uso de la REPRESIÓN como herramienta para defender y lograr sus propósitos, tal lo ocurrido en la legislatura neuquina, el 28 de agosto de 2013 durante el acuerdo YPF-CHEVRON, hecho que visibilizó lo que viene ocurriendo con las comunidades mapuces de la Patagonia (Gelay- Ko y Winkul Newen), y la CRIMINALIZACIÓN y JUDICIALIZACIÓN de las luchas en ENTRE RÍOS donde hay asambleas perseguidas y violentadas por la “justicia” y la obediencia “debida” de la Gendarmería Nacional, ambos organismos abusadores de poder. 
Saqueo y represión son las dos caras de la moneda nacional que se alinean al plan de militarización en todos aquellos lugares donde se hallan bienes naturales como metales, hidrocarburos, agua y extensiones territoriales y que trabaja para bifurcar normativas y darle garantía jurídica y blindaje a las corporaciones. 
La reciente reforma del Código Civil y Comercial es un claro ejemplo de esto. Elimina el art.241 concerniente al agua potable como derecho humano. Con esto el Estado ya no es responsable de garantizar este elemento vital a la población, y el agua deja de ser un bien común, para ser entregada a los proyectos extractivistas. 

El fracking es esencialmente violento y destructor, vulnera no sólo los derechos humanos, sino también los derechos de la naturaleza. Afecta a la salud humana por contaminación que genera, y van a ser muchos los casos parecidos a aquel de CRISTINA LINKOPAN, longko de la comunidad Gelay-ko, fallecida por hipertensión pulmonar. Así mismo se generará el desplazamiento de las comunidades originarias de los territorios ancestrales, y la persecución y la muerte de los líderes comunales que no están dispuestos a negociar la vida a cambio de pocos beneficios. 

En el mes del Octubre Azul, y en el DÍA INTERNACIONAL EN CONTRA DEL FRACKING llamamos a hacer consciente la necesidad del CUIDADO y la DEFENSA del AMBIENTE que HABITAMOS y del que SOMOS PARTE. 

La conexión e interdependencia entre TIERRA -AGUA -AIRE y VIDA,
es el fundamento inalienable para protegerlos. 
La lucha en contra del fracking no puede pasar por las negociaciones entre sectores. 
¡¡La vida y el agua de los pueblos no se negocian!!
¡¡Las asambleas decimos no es no!!
¡Las negociaciones y “regulaciones” quieren decir SI!
¡¡Bajo ningún argumento ni beneficio se puede negociar la vida!!


Las asambleas convocamos a manifestarnos en alerta y movilización permanente ante los riesgos que implica la aprobación del proyecto de ley de hidrocarburos que se tratará en el Congreso de la Nación la próxima semana. Llamamos a estar alerta ante esta negociación para salir juntos a las calles 
Sábado 11 de octubre Día Mundial en Contra del Fracking. Desde las 15 horas en los territorios en resistencia y exigir: 
¡¡Que se reincorpore ya el ex art. 241 en el nuevo Código Civil y que el agua vuelva a ser un derecho humano fundamental!!
¡¡Que se apruebe la moratoria al fracking! y ante todos los proyectos extractivos que atentan contra la vida presente y futura!!
¡¡Que se anule el decreto inconstitucional, genocida n° 929/13 del poder ejecutivo nacional!!
¡¡Que se haga público el contenido del acuerdo Chevron-YPF!!
¡¡Que la genocida Chevron y todas las multinacionales asesinas se vayan de nuestros territorios. ¡¡Que YPF deje de hacer fracking!!
¡¡Que sean removidos de la justicia todos los que resuelven a favor de la muerte y la avaricia!!

  

domingo, 27 de marzo de 2016

IV. Analicemos porqué el hoy nos desafía a desentramparnos de la unidad con el kirchnerismo y a crear la unión programática de las diversas luchas abajo.


 
d. La lucha por los «derechos de la naturaleza» significa
 
arraigar la autodeterminación de todos 

los pueblos planetarios
 
desde las diversas resistencias a 

las distintas modalidades del extractivismo.
27 de marzo de 2016

Indaguemos porqué la disputa por territorios de los pueblos indígenas y de las organizaciones de autoconvocados para anteponer la vida por sobre los negocios (megamineros, petroleros, sojeros, inmobiliarios, etc.) abre caminos a buenos vivires-convivires de los de abajo. Al estar en "zonas de sacrificio" se rebelan contra lo establecido y el sentido común cuyo mandato es priorizar las necesidades de trabajo y de progreso sin que importe destruir tanto las comunidades como los ecosistemas.
 

Derechos de la Naturaleza: globales pero también locales
17 de abril de 2010

Por Eduardo Gudynas
Es necesario un cambio radical en la forma de valorar el ambiente que nos rodea y a los recursos naturales que alberga la Naturaleza.  La persistente crisis ecológica no es sólo el resultado de fallas técnicas o incapacidades en el monitoreo ambiental, sino que sus raíces profundas se encuentran en valorar a todo lo que nos rodea según su utilidad o rentabilidad.
Por lo tanto, la discusión sobre los derechos de la Naturaleza, tal como se propone en el encuentro de Cochabamba (Bolivia), es un paso adelante hacia una postura ética que reconoce los valores propios en el ambiente, independientes de su beneficio o utilidad para las personas.  Si bien esto puede parecer muy sencillo, en realidad implica un cambio radical en cómo se asignan los valores, con implicaciones que van desde la economía a las prácticas políticas.
Los derechos de la Naturaleza se expresan en múltiples escalas.  Es tanto un asunto global, tal como se observa en el énfasis del encuentro de Cochabamba sobre cambio climático, pero también tiene implicancias y urgencias a nivel continental, nacional y local.
 
Sin embargo, en los últimos tiempos, la insistencia en los cambios del clima planetario ha servido de excusa para dejar de lado esas otras escalas. No recibe toda la atención que merecen los evidentes problemas ambientales a escala continental.  Entre ellos, en América del Sur, el avance de la deforestación en las zonas andino amazónicas está cambiando la dinámica climática regional, y parecería que es uno de los factores que explican los cambios en el régimen de lluvias en la vertiente atlántica del Cono Sur.
 
Tampoco deben olvidarse los problemas ambientales a escala nacional y local.  No es posible desatender serios impactos como la deforestación, el incremento vertiginoso en el uso de agrotóxicos o las serias limitaciones en manejar los residuos urbanos.
De esta manera, cada escala está estrechamente enlazada con las otras, y en todas ellas está presente la problemática de la ética ambiental.  El utilitarismo que está detrás de la deforestación o la expansión de los monocultivos, tienen clarísimos efectos locales, pero también son las principales fuentes de emisión de gases con efecto invernadero desde América del Sur.  Por lo tanto, si en Cochabamba se va a discutir el cambio climático global en serio, el debate también debe abarcar a nuestros propios países, nuestra propia Madre Tierra.  La ética ambiental global va de la mano con una local, y se deben discutir asuntos como el manejo de los suelos, la pérdida de bosques o el papel de las agroexportaciones.  Una nueva mirada a los derechos del ambiente planetario no puede generarse desde una ceguera ecológica local.
A ese nivel, los grupos ciudadanos siguen siendo los mejores y más atentos vigilantes de la situación en el ambiente que les rodea.  Ellos detectan las contradicciones ecológicas, y permiten crear los necesarios puentes entre las escalas local y nacional, con la planetaria.  Un ejemplo de esos vínculos está en la insistencia del Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) de Bolivia, quienes juntos a otras organizaciones ciudadanas, buscan debatir en Cochabamba asuntos como los impactos de la minería, las prospecciones petroleras o los planes de construir represas hidroeléctricas en la Amazonia.  En esos y otros casos está en juego la construcción de los derechos de la Naturaleza.
 
Abandonar la vieja ética de la apropiación y el uso, para incorporar una mirada ambiental, no es fácil para muchas corrientes políticas y allí se generan muchas resistencias.  Eso explica que sea más sencillo enarbolar un discurso ambiental a escala global, pero no se logra aplicar ese espíritu a escala nacional y local.  La insistencia de la sociedad civil, como los planteos de organizaciones indígenas como CONAMAQ de Bolivia o CONAIE de Ecuador, obligan a reconectar la problemática ambiental local con la global.
 
Pero las resistencias son tales, que el presidente Evo Morales frente a esas demandas optaba por advertir sobre la “utilización” de los indígenas a manos del capitalismo global, hasta que finalmente su gobierno decidió excluir los temas nacionales de los debates en Cochabamba.  Afirmar que ese tipo de organizaciones y otros grupos ciudadanos estén al favor de un capitalismo depredador o sean partícipes de algún tipo de complot internacional, es insostenible.  La propia historia de lucha de esas organizaciones deja en claro que sus objetivos son otros.
 
Aún más, en esta fase del cambio político bajo gobiernos progresistas, está claro que las demandas ambientales deben ser respondidas con argumentos y medidas efectivas, y no simplemente con slogans mientras persiste la destrucción del ambiente.  El resultado es contraproducente, ya que como no aparecen argumentos convincentes para mantener las estrategias extractivistas del pasado ni fructifican otros ensayos más allá de ellas, parecería que se termina dándole la razón a los sectores conservadores que insisten en decir que la izquierda gobernante realmente carece de una propuesta de desarrollo diferente a la de generar múltiples programas de asistencia y bonos sociales.
También parecería que es más sencillo cuestionar los impactos ambientales de las políticas mineras o petroleras en el Perú de Alan García o bajo el gobierno de Alvaro Uribe en Colombia, pero se hace más difícil debatirlas en el caso de Evo Morales, Lula da Silva en Brasil o Rafael Correa en Ecuador.  
No faltan quienes sostienen que a los ambientalistas nada les conforma, criticando a todos, y no reconocer los cambios sustanciales generados desde el progresismo.  Muchos de esos cambios políticos son reales, y no son pocos los que se lograron con el concurso efectivo del ambientalismo como parte de los movimientos sociales volcados al cambio.  Pero la advertencia ecológica, y en especial las implicancias de reconocer los derechos de la Naturaleza, van más allá de los programas de gobierno, ya que son más profundas en tanto apuntan a un estilo de desarrollo que defiende valoraciones antropocéntricas y utilitaristas.
 La ética de la Naturaleza ataca las raíces del imaginario del progreso material, y esa crítica verde desata muchas resistencias.  En ese punto es oportuno apelar a parafrasear un conocido manifiesto, señalando que el fantasma de la crisis ecológica recorre el mundo, donde la radicalidad de los derechos de la Naturaleza es de tal envergadura que los creyentes en los viejos estilos de desarrollo se están uniendo para acosarlo, sean presidentes de la antigua política o líderes de nuevos gobiernos.  Hay muchos ejemplos donde unos y otros atacan al ambientalismo, calificándolo unas veces de ser demasiado radical, otras veces de ser conservador, allí lo tildan de utópico, aquí lo denuncian como una barrera al progreso.
Esto deja en claro que la discusión sobre los derechos de la Naturaleza implica desafíos mucho más profundos de lo que usualmente se acepta, involucrando una redefinición de la justicia social para ampliarla al campo ambiental, apuntando a un desarrollo post-extractivista bajo nuevas prácticas políticas.
En este debate no se pueden acallar las voces de las organizaciones ciudadanas.  Específicamente en el caso del encuentro en Cochabamba, cualquier discusión real sobre los derechos de la Naturaleza no sólo debe profundizar su enfoque planetario, sino que también debe nutrirse de las alertas locales, ya que desde ellas también se genera una nueva ciudadanía ecológica.  Esos y otros debates desatarán incomodidades, y no hay que temerles, ya que el alumbramiento de una nueva ética pasa por romper con viejas ideologías que están profundamente arraigadas en todos nosotros.
Los derechos de la Naturaleza implican un cambio radical sobre los estilos de desarrollo, tanto en sus escalas globales como locales. Ignorar una de esas escalas hace imposible no sólo abordar a las otras, sino que imposibilita una verdadera transformación de nuestra relación con la Naturaleza.
 Eduardo Gudynas es analista de información en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social) – www.ambiental.net


Repasemos porqué defender los «derechos de la naturaleza» es mirar por las condiciones esenciales a la vida presente-futura y los medios de trabajo.


Ecuador tiene la Constitución más verde
Redacción BBC Mundo
7 de octubre de 2010
Ecuador se ha convertido en el primer país del mundo que reconoce en su Constitución derechos inalienables a la naturaleza, convirtiéndola de esta manera en sujeto de derecho.
La nueva Carta Magna ecuatoriana, aprobada en referendo hace una semana, está inspirada en la filosofía del "buen vivir", que promueve la convivencia en armonía con la naturaleza o Pacha Mama, mediante el cuidado de la biodiversidad, de los recursos naturales, de la biósfera y del patrimonio natural.
Pero el texto constitucional va un paso más allá y consagra uno de sus capítulos a otorgar a la naturaleza derechos exigibles jurídicamente. (Vea los principales artículos)

"La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos", reza el artículo 71 de la Constitución, incluido en el capítulo denominado "Derechos de la naturaleza".
Tras conocerse la intención de consagrar derechos a la naturaleza en uno de los países más biodiversos del mundo, que cuenta con ecosistemas únicos como la selva amazónica o el archipiélago de las Galápagos, surgieron dudas.

¿Puede la naturaleza tener derechos? ¿Quien va reclamarlos? ¿Dónde se van a procesar los reclamos?
"Justicia ambiental"
"En realidad lo que se quería era hacer justicia a la naturaleza y reconocer que si la justicia social fue en el siglo XX el eje de las luchas, la justicia ambiental va a serlo en el siglo XXI", le explicó a BBC Mundo Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente y uno de los impulsores de los derechos de la naturaleza.
Según Acosta, el objetivo era "buscar un mecanismo para proteger a la naturaleza y a partir de esa visión, abrir la puerta a un nuevo régimen de desarrollo en Ecuador".
En cuanto a la manera en que esos derechos podrán ser ejercidos, Acosta recuerda que la Constitución otorga a "toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad" la potestad de "exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza".
Pero además del derecho a existir, en la nueva Constitución se le reconoce al medio natural el derecho a la restauración y se determina que "el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales".
Y agrega que "se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional".

Para la redacción de este articulado, la Asamblea Constituyente contó con el asesoramiento de la organización estadounidense Community Environmental Legal Defense Fund (CELDF).
Liderazgo y dudas
Según le dijo a BBC Mundo Mari Margil, directora adjunta de la CELDF, con la aprobación de su nueva Constitución "Ecuador está liderando el camino para cambiar de manera fundamental la forma en que se protege la naturaleza".
Pese al optimismo que ha despertado entre los grupos ambientalistas la adopción de los derechos del medio natural, existe escepticismo sobre la manera en que serán ejercidos.
La economía de Ecuador sigue dependiendo en gran medida de la extracción de recursos naturales como el petróleo o los minerales, y en las últimas décadas las compañías estatales y multinacionales encargadas de explotar dichos recursos han contribuido enormemente a la degradación del medioambiente del país.
"Ahora tenemos que construir la jurisprudencia adecuada para que la naturaleza pueda ser sujeto de derechos y no quede sólo en un discurso lírico", señala Alberto Acosta.
Tomás Ciuffardi, colaborador de BBC Mundo en Ecuador, señala que "aunque sectores conservacionistas opinan que la Constitución da un gran paso en materia de protección medioambiental, también hay preocupación por ciertas contradicciones entre artículos que dejan espacio para interpretaciones ambiguas".
Un ejemplo, según Ciuffardi, es el artículo 407, en el que se "prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas", aunque más adelante se incluye como excepción a la regla de explotación "la petición fundamentada de la Presidencia de la República, previa declaratoria de interés nacional".
Nuestro colaborador explica que "eso quiere decir que es facultad del presidente decidir si conviene explotar recursos valiosos como el petróleo, el oro o el cobre en áreas protegidas o mantener la riqueza natural de selvas y bosques como proclama la Constitución".

Régimen de desarrollo
Para Alberto Acosta este asunto tiene que ver con el régimen de desarrollo del país.
Según el ex presidente de la Constituyente, el problema reside en que "en Ecuador, como sucede en Bolivia, Venezuela o Brasil, y de algún modo en Chile y Argentina, todavía no se ha tomado una dirección que no busque prioritariamente la explotación de recursos primarios, sean agrarios o minerales".
En cualquier caso, Acosta recuerda que "en la Constitución anterior se daba la potestad a cualquier funcionario del gobierno para impulsar la explotación de los recursos naturales, incluso en las zonas protegidas, mientras que en la nueva se establece que sea el presidente de la república en casos excepcionales el que presente una solicitud a la Asamblea Nacional para que ésta mayoritariamente apruebe o no el pedido presidencial".
Otro asunto objeto de disputa ha sido la no inclusión del consentimiento expreso de las comunidades afectadas por cualquier proyecto de explotación de recursos naturales.
"Debería haberse incluido ese consentimiento junto con disposiciones que prohibieran cualquier actividad minera o de extracción de petróleo que impacte en los hábitats en peligro o en el suministro de agua", le indicó a BBC Mundo Cyril Mychalejko, editor de la publicación de internet UpsideDownWorld.org, dedicada a política y activismo en América Latina.
Según Mychalejko, "si se hubiese hecho así mucha más gente estaría satisfecha".
Por su parte, Alberto Acosta recuerda que ése fue uno de los temas más debatidos y complejos, no sólo en la asamblea sino también en Acuerdo País, el partido del gobierno.
"No se pudo conseguir su aprobación, aunque hay la posibilidad de la consulta previa con una gran ventaja con respecto a lo que había antes, ya que no será la empresa privada interesada en la explotación de los recursos la que realizará esa consulta previa, sino que tendrá que ser el Estado quien organice esa consulta entre las comunidades que podrían verse afectadas", señala.

Intereses privados
Otros grupos también aseguran que el reconocimiento de los derechos del medio natural colisionará con los interés de las compañías que trabajan en  la extracción de recursos naturales del país.
Según Mari Margil "los intereses de las grandes corporaciones chocan frontalmente con los ecosistemas, ya que sólo buscan el negocio, extrayendo recursos y externalizando los costes al medioambiente".
"Ello ya ha dejado a Ecuador con una terrible degradación medioambiental", señala.
Además, algunas organizaciones ambientalistas consideran que el modelo económico del presidente Correa, sustentado en parte en los beneficios obtenidos de la explotación de los recursos naturales, también choca con los derechos de la naturaleza.
Según Cyril Mychalejko, el gobierno ecuatoriano "ha hecho comentarios contradictorios sobre la definición de desarrollo sostenible y el tipo de relación que el país va a tener con el capital extranjero".
Alberto Acosta, por su parte, cree que la única solución para evitar la colisión entre el modelo económico y los derechos del medio natural "es la búsqueda seria y responsable de un nuevo régimen de desarrollo"."Seguir haciendo más de lo mismo va a generar tensiones, no sólo con la naturaleza sino también con las comunidades. Y acentuará la paradoja de la abundancia: el hecho de que Ecuador es un país pobre porque es rico en recursos naturales", señala Acosta.
Punto de inflexión
En cualquier caso, el ex presidente de la Constituyente comparte el optimismo de muchos grupos ambientalistas en el mundo, que ven la nueva Constitución de Ecuador como un punto de inflexión en la defensa del medio natural.
"Si bien somos el primer país del mundo que establece que la naturaleza tiene derechos, no estamos solos. Poco a poco se va gestando una conciencia de que sin naturaleza respetada no hay vida del ser humano asegurada", asegura Acosta.
Mari Margil, de la CELDF, se muestra incluso más contundente.
"A aquellos que dicen que es absurdo dar derechos a la naturaleza les recordaría que hace siglos a los abolicionistas se les tachaba de locos por querer dar derechos a los esclavos".
"Creo que lo que sucede ahora es lo mismo. Algo fundamental tiene que cambiar en la manera en la que tratamos a la naturaleza", asegura Margil.


Ejemplifiquemos en qué consiste bregar por los «derechos de la naturaleza»:



El largo recorrido de los derechos de la naturaleza
31 de octubre de 2012

 Por Eduardo Gudynas
Considerando que la ética es el terreno en el cual se discuten distintas formas de valoración, está claro que enfrentamos dos posturas muy distintas: una insiste en que solamente los seres humanos son capaces de otorgar valores, y por lo tanto lo no-humano siempre será, y sólo podrá ser, sujeto de valor. Otra reconoce los valores intrínsecos, donde éstos son independientes y permanecen más allá de las personas. La primera debe ser entendida como una forma de antropocentrismo, en tanto el ser humano es el origen de toda valuación; la segunda corresponde a un biocentrismo, ya que su énfasis está en todas las formas de vida.


Frente al bosque
¿Cómo entender un bosque? Algunos dirán que es un conjunto de árboles. Otros agregarán que no son solamente árboles, porque también se encuentran helechos, orquídeas, arbustos y muchas otras especies vegetales. Algunos dirán que los animales, sean pequeños como escarabajos o sapos, o grandes, como tapires o jaguares, también son parte de ese ambiente, y que sin ellos no estamos frente a un verdadero bosque. De esta manera un bosque se entiende, e incluso se siente, a partir de la vida que éste cobija. El bosque es ese conjunto de elementos, pero también es más que un simple agregado, e incluso habrá quienes afirmarán que puede expresar sus humores, enojándose o aquietándose. Bajo esta mirada, el bosque tiene atributos propios, que son independientemente de la utilidad o de las opiniones que nosotros, humanos, pudiéramos tener. Es en esta sensibilidad donde se encuentran las raíces de los derechos de la Naturaleza.
En efecto, cuando se admite ese tipo de derechos inmediatamente se reconoce que el ambiente, sea ese bosque o cualquier otro, posee valores que le son propios e independientes de los humanos; también conocidos como “valores intrínsecos”. Se rompe con la postura clásica por la cual sólo las personas son capaces de otorgar valoraciones, y por lo tanto la Naturaleza está encadenada a ser un objeto de derecho.
La mirada que reconoce al ambiente con sus valores propios está muy cercana a lo que podría llamarse el sentido común. Pero esa sensibilidad ha sido manipulada y transformada desde hace mucho tiempo. El bosque fue apartado de nuestra cercanía, colocándolo más allá del mundo de los humanos; después fue fragmentado en distintos componentes que permitieran ser manipulados; y más recientemente fue mercantilizado. En efecto, bajo el desarrollo convencional, el bosque, como conjunto de vida entrelazado, fue suplantado por un conjunto desarticulado de recursos naturales, o bien se convirtió en proveedor de bienes y servicios ecosistémicos.
La alta tasa de apropiación de recursos naturales que sostiene el crecimiento económico latinoamericano sólo es posible después de ese desmembramiento. Para poder tolerar esas amputaciones en la Naturaleza, es necesario alejarla y entenderla como un mero agregado de recursos a ser aprovechados. Esta es la postura hoy prevaleciente, donde los bosques ya no tienen valores en sí mismos, sino que éstos son asignados por los humanos. Eso es lo que sucede cuando, por ejemplo, el árbol se desvanece y es reemplazado por la idea de “cinco pies cúbicos de madera, que valen cien dólares”.
Por supuesto que una Naturaleza-objeto está a tono cono la petulancia humana. Los bosques sólo serán importantes si son útiles, y esto ocurre cuando proveen materias primas, o pueden ser protegidos por mecanismos de mercado que sean rentables. En cambio, si se aceptan los valores intrínsecos, el ser humano es sólo uno más en el ambiente, abandonando su sitial privilegiado.
 
Dos perspectivas éticas
Considerando que la ética es el terreno en el cual se discuten distintas formas de valoración, está claro que enfrentamos dos posturas muy distintas: una insiste en que solamente los seres humanos son capaces de otorgar valores, y por lo tanto lo no-humano siempre será, y sólo podrá ser, sujeto de valor. Otra reconoce los valores intrínsecos, donde éstos son independientes y permanecen más allá de las personas. La primera debe ser entendida como una forma de antropocentrismo, en tanto el ser humano es el origen de toda valuación; la segunda corresponde a un biocentrismo, ya que su énfasis está en todas las formas de vida.
Estas dos perspectivas han estado una y otra vez en tensión, por lo menos en los últimos ciento cincuenta años. En más de una ocasión han logrado emerger las miradas que defienden los valores intrínsecos, pero por ahora no han conseguido imponerse.
Los primeros casos se encuentran a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y entre ellos se destaca Henry David Thoreau. Además de promover la desobediencia civil, su estancia a las orillas del Lago Walden (Estados Unidos), entre 1845 y 1849, desembocó en unas exquisitas reflexiones sobre su intensa compenetración con la Naturaleza. Tiempo después, John Muir lanza en 1897 sus campañas para la instalación de áreas protegidas apelando a su belleza y otros valores, una postura que se oponía a la conservación utilitarista liderada por Glifford Pinchot.
Con esto queda en claro un hecho importante: la postura utilitarista también puede estar interesada en conservar el ambiente. Aunque en algunos casos puede hacerlo por una preocupación moral, por ejemplo compasión hacia las ballenas u osos panda, en realidad su foco está en la utilidad real o potencial de la Naturaleza, y sus medidas de protección son necesarias para asegurar la funcionalidad de las economías. Aquí no hay un lugar para los derechos de la Naturaleza, sino que priman criterios de eficiencia, gestión técnica y aprovechamiento.
La otra perspectiva, en cambio, se basa en los valores propios que se encuentran en la Naturaleza. A fines del siglo XIX, ese tipo de sensibilidad era criticada como romántica o trascendentalista. Su propósito era proteger lo que nos rodea, no por razones utilitaristas, sino por su defensa de la vida.
En forma independiente a aquellos debates que desde Estados Unidos se expandían a otros países del norte, en América del Sur también hubo algunos ejemplos tempranos. En el Brasil del siglo XIX tuvo lugar una temprana conservación utilitarista, alarmada porque en la extracción forestal mucho se desperdiciaba. Pero también encontramos la otra postura. El mejor ejemplo es el escritor boliviano Manuel Céspedes Anzoleaga, conocido por su seudónimo Man Césped. Este pionero consideraba que la tierra no debía tener dueños, y defendía la vida más allá de cualquier utilitarismo. Cuando escribía, por ejemplo, que “toda planta es una vida fácil y bella, cuya rusticidad no debe ser motivo de indeferencia o maltrato”, sin duda estaba reconociendo los valores intrínsecos.

Avances y retrocesos
Aquellas primeras posturas biocéntricas se apagaron poco a poco. Retornan al primer plano en la década de 1940, gracias a Aldo Leopold. Aunque fue muy conocido por ser ingeniero forestal, y uno de los fundadores del llamado “manejo de vida silvestre” (una perspectiva casi tecnológica de gestionar la fauna), Leopold cambió sustancialmente. Esto se debió a circunstancias tales como un viaje a México entre 1936-37, donde observó las interacciones entre campesinos e indígenas con los bosques, o el reconocimiento de los impactos negativos de la intensificación agrícola. Leopold terminó rompiendo con la petulancia de una gestión propia de los ingenieros y pasó a ser un promotor de lo que llamaba “ética de la tierra”.
Leopold defendió las intervenciones mínimas en el ambiente, donde los humanos debían adaptarse a los ecosistemas. Los criterios de qué es correcto o incorrecto se determinaban desde la Naturaleza; aquello que servía para protegerla era bueno. Esta es una ética que, según Leopold, sólo es posible desde el amor, respeto y admiración con la Naturaleza. Pero a pesar de este empuje, sus ideas casi cayeron en el olvido.

La mirada biocéntrica retornó en la década de 1980, y desde varios frentes. Por un lado, las ideas de Leopold se articularon a la llamada “ecología profunda”, una corriente que reconoce los valores intrínsecos, y los coloca en una plataforma ética más amplia. Su principal exponente fue el filósofo noruego Arne Naess.
Paralelamente, entre los practicantes de la conservación surgió un nuevo agrupamiento que reclamaba acciones militantes más enérgicas, fundamentadas tanto en la ciencia como en una ética biocéntrica. Esta postura, conocida como “biología de la conservación”, defendía que la Naturaleza poseía valores en sí misma (específicamente en el sentido de la ecología profunda de Naess).
Por si fuera poco, algo muy obvio se puso sobre la mesa: el reconocimiento de los valores propios no era un invento occidental, sino que estaba presente en muchos pueblos indígenas. Esa postura podría recibir otros nombres o expresarse de manera diversa, pero correspondía a posturas biocéntricas. Se rescataron muchos ejemplos, y se tejieron nuevas alianzas entre ambientalistas, conservacionistas y las organizaciones indígenas.
Pero a pesar de este nuevo empuje, una vez más la mirada biocéntrica quedó en segundo plano, opacada por la avalancha de una gestión ambiental cada vez más mercantilizada. Precisamente en esos años comenzaron a desarrollarse nuevos instrumentos económicos, como los pagos por bienes y servicios ambientales, los que sólo son posibles bajo una ética utilitarista.

El ejemplo andino
La renovación política que ocurrió en los últimos años en los países andinos, y la creciente preocupación por problemas ambientales, tanto locales como globales, explican la más reciente reaparición de la ética biocéntrica. El ejemplo más contundente se encuentra en la aprobación de los derechos de la Naturaleza en la nueva Constitución de Ecuador de 2008.
El proceso ecuatoriano tiene una importante cuota de autonomía, con aportes sustanciales desde los movimientos sociales, y eso posiblemente explica varias de sus particularidades. El texto constitucional es muy claro, tanto en reconocer a la Naturaleza como sujeto, como en redefinirla en forma ampliada y en clave intercultural, al incorporar la categoría Pachamama. Da otro paso novedoso, al indicar que la restauración de los ambientes degradados también es un derecho de la Naturaleza.
Esta nueva formulación permite señalar otra particularidad clave. Los derechos de la Naturaleza son siempre los de una Naturaleza localizada, arraigada en un territorio. Son propios de ambientes concretos, como pueden ser la cuenca de un río, el páramo andino o en las praderas del sur. Esta particularidad siempre se la debe tener presente para saberla diferenciar de otras propuestas que pueden asemejarse, pero que en realidad son muy distintas, como son las invocaciones que hacen voceros del gobierno boliviano a los derechos de la Madre Tierra.
Sin duda que ese llamado puede mover a adhesiones, ya que está asociado a una crítica al capitalismo, lo que es comprensible y necesario. Pero un examen atento muestra que, en realidad, la postura boliviana se enfocaba en unos derechos a escala planetaria. Esta es una diferencia sustancial, ya que no son lo mismo los derechos de la Naturaleza que los derechos del planeta o de la biósfera. Tampoco son iguales las implicancias políticas, ya que se pueden salvaguardar funcionalidades ecológicas globales mientras se destruyen nuestros ambientes locales.
Los nuevos avances en los derechos de la Naturaleza vuelven a estar, una vez más, amenazados por la mirada utilitarista convencional. La insistencia en una “economía verde” para relanzar la globalización es un claro ejemplo. Frente a esta situación, la respuesta sigue estando en volver a aprender a mirar el bosque como un igual, donde la vida que alberga es un valor en sí mismo, y es nuestro compromiso asegurar su supervivencia. -Ecoportal.net
Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Montevideo.
Este texto es parte de la revista América Latina en Movimiento No.479, en coedición con la CoordinadoraAndina de Organizaciones Indígenas, CAOI, sobre el tema " El horizonte de los derechos de la naturaleza"

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Derechos de la Naturaleza frente a la imposición de la minería a gran escala en Ecuador.

Más allá de las ilusiones constitucionalistas
20 de febrero de 2015

Por Lina Solano Ortiz*

Por motivos de tiempo mi presentación se limitará al caso de la resistencia a la mega minería en Ecuador, primer país en introducir en su Constitución Derechos de la Naturaleza, para evidenciar cómo la movilización social impulsó el reconocimiento jurídico de dichos derechos, y cómo su aplicación se ve restringida y limitada por contradicciones en el propio texto constitucional, por la legislación posterior a su aprobación y por los intereses económicos de las grandes corporaciones transnacionales, correspondiendo nuevamente al movimiento popular luchar para que estos derechos se hagan efectivos.
Sectores organizados y comunidades campesinas e indígenas en varias provincias de Ecuador han venido resistiendo a la minería desde hace décadas, pero a partir del 2005 comienza un proceso que llevará, a mediados del 2007, a las más grandes protestas contra la imposición de la mega minería, y a generar un verdadero movimiento de las comunidades en exigencia de la salida de las compañías y la anulación de sus concesiones entregadas en forma inconsulta.
En 2006 Ecuador va a un proceso electoral luego de un período de gran conflictividad social que llevó al derrocamiento sucesivo de 3 gobiernos. El partido Alianza País, apoyado por el centro y la izquierda, triunfa en las elecciones con la propuesta de instalar una Asamblea Constituyente para “refundar la nación” reformando la Constitución. Rafael Correa es electo Presidente con la promesa de que la “larga noche neoliberal” llegaba a su fin y de recoger las demandas populares, entre ellas las del movimiento contra la mega minería que había tomado dimensiones nacionales cuando varios campamentos mineros fueron desalojados por las comunidades campesinas e indígenas a finales de 2006, en especial en el sur de la Amazonia ecuatoriana.
En enero de 2007 surge la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS, coincidiendo con el inicio del gobierno de Correa, cuyo primer ministro de Energía y Minas fue el Alberto Acosta, quien conocía muy de cerca el conflicto entre las comunidades y las transnacionales mineras, por lo que se esperaba que hiciera algo frente a la demanda de nulidad de las concesiones, pero él más bien priorizó los intereses del gobierno.
En junio de 2007 se realiza un Levantamiento Nacional contra la minería que fue brutalmente reprimido, iniciándose además decenas de juicios penales contra los manifestantes, mostrando claramente cuál iba a ser la línea a seguir por parte del gobierno de Rafael Correa.
Para finales del 2007 se instala la Asamblea Constituyente presidida por Alberto Acosta y con una amplia mayoría gubernamental, mientras la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, y otros sectores, continuaban movilizados. En el caso de la CNDVS a través de los denominados Diálogos por la Vida, con lo que se logró colocar el tema minero como uno de los centrales en la Asamblea Constituyente, a tal punto que entre los Mandatos que emitió estuvo el No. 6 conocido como Mandato Minero, que fue expedido en abril de 2008 frente a la presión de nuevas medidas de hecho que las comunidades reunidas en CNDVS realizaron.
 
Este denominado Mandato Minero se constituye en un importante antecedente del reconocimiento de los derechos de la Naturaleza, no sólo porque es un instrumento jurídico de una Asamblea instalada con plenos poderes, sino porque jamás fue aplicado a los mega proyectos de minería como era la aspiración de las comunidades.
 
El Mandato Minero establecía claramente que los proyectos que no hubieran tenido proceso de Consulta Previa, que se encontraran dentro de Áreas Protegidas, Bosques Protectores o sus zonas de amortiguamiento, sitios de nacimiento de agua, entre otras causales, quedaban extinguidas “sin compensación económica alguna”. En cumplimiento de este Mandato, el Ministerio de Energía y Minas debió proceder contra todos los proyectos de mega minería, cosa que jamás sucedió, al contrario el gobierno declara de interés nacional los proyectos: Mirador, Pananza-San Carlos, Fruta del Norte, Quimsacocha y Río Blanco.
Posterior al desacatado Mandato Minero, se aprueba la Constitución en la que se reconocen los Derechos de la Naturaleza y otras importantes demandas como el derecho humano al Agua, que han quedado lamentablemente como letra muerta, debido a que la propia Constitución limita y restringe los derechos reconocidos al dar al Estado central competencias exclusivas sobre los Recursos Naturales, en especial sobre aquéllos determinados como “sectores estratégicos”, entre los que están las minas. En la práctica esto ha significado que las comunidades sean excluidas completamente de las decisiones sobre sus territorios.
Si bien en el artículo 398 de la Constitución se mantiene la obligación de consultar a las comunidades sobre toda decisión o autorización estatal que afecte al ambiente -más todavía si se trata de comunidades indígenas-, sin embargo, en este mismo artículo se añadió que “Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley”, es decir, la decisión de las comunidades no es vinculante.
 
Otro ejemplo de cómo en la misma Constitución existen contradicciones que limitan y restringen los derechos reconocidos a la Naturaleza es lo relacionado con las Áreas Protegidas. En el Art. 407 se establece: “Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal" Pero: "Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.” A través de este subterfugio es que el gobierno aprobó el año pasado, con la mayoría de asambleísta de su partido, la explotación de los campos petroleros en el Parque Nacional Yasuní, uno de los sitios de mayor biodiversidad del planeta y territorio de pueblos indígenas amazónicos no contactados.
 
Estos son sólo algunos ejemplos, de una Constitución plagada de bonitas palabras como Pachamama (Madre Tierra) o Sumak Kawsay (Buen Vivir), pero también de contradicciones destinadas a impedir la exigencia y ejercicio de los derechos que dice reconocer.
Luego de que fue aprobada la Constitución a finales del 2008, inmediatamente se aprobaron leyes declaradas como urgentes, entre ellas la de Minería en enero de 2009 en medio de la protesta de las comunidades y la represión y judicialización de los manifestantes como respuesta del gobierno.
La ley de minería aprobada, entre otras cosas, la declara de interés nacional, dando con ello todas las garantías a las empresas mineras, las cuales pueden, por ejemplo, disponer del agua no sólo que esté dentro de su área de concesión sino en sectores aledaños. Según esta ley también se puede hacer actividades mineras en cuerpos de agua y en zonas protegidas.
A la nefasta ley de minería se suman otros instrumentos legales que hacen impracticables los derechos constitucionales reconocidos a la Naturaleza, como son la ley de Aguas, que declara, entre otras cosas, como autoridad única del agua a la instancia estatal denominada Secretaria Nacional del Agua SENAGUA, así una empresa minera puede solicitar concesiones de agua directamente a este organismo y no se requieren consultar a las comunidades. Y para evitar la reacción popular, se aprobó un nuevo Código Orgánico Integral Penal que endurecen las sanciones contra la protesta social, a pesar de que el artículo 98 de la Constitución reconoce el derecho a la resistencia.
Para completar este nefasto marco legal, en los últimos días de diciembre de 2014 se aprobó la Ley Orgánica de Incentivo a la Producción, mediante la cual, entre otros “estímulos” a la inversión minera, se congelarán las tarifas tributarias a la fecha de firma de los contratos con el Estado, y, para captar mayores inversión en el sector, se establece que las nuevas inversiones no pagarán impuesto a la renta por 10 años.
De esta manera, a pesar del reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en la Constitución, las corporaciones continúan haciendo su voluntad. Ya han obtenido enormes ganancias sin haber siquiera empezado la explotación de los minerales, gracias al negocio de la especulación, compra y venta en las bolsas de valores en Canadá. Varios de los proyectos declarados de interés nacional fueron vendidos por compañías canadienses a otras empresas de ese país o a consorcios chinos, como el caso de los proyectos de cobre Mirador y Pananza-San Carlos, ubicados en el sur de la Amazonía. De todas estas millonarias transacciones en las bolsas de valores de Canadá, Ecuador no ha recibido un solo dólar.
Otra muestra de cómo el reconocimiento de Derechos de la Naturaleza no impide el saqueo minero son los procesos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) y licenciamiento por parte el Ministerio de Ambiente. En el caso del proyecto de oro Río Blanco de la empresa china Junfield, ubicado en una zona de páramo, el año pasado fue aprobado su EsIA y ni siquiera se cuenta con estudios serios, confiables y actualizados sobre el agua superficial y subterránea del área que será impactada. La preocupación aumenta más al conocerse que la empresa está pidiendo en concesión a SENAGUA 3 veces más agua de la que consta en el EsIA aprobado. Y hay que subrayar que en aplicación del Mandato Minero las concesiones de este proyecto debieron ser revertidas al Estado en el 2008. Cabe entonces preguntar ¿dónde quedan los principios como el de precaución, así como el “interés nacional”de proteger el ambiente establecidos en la Constitución ecuatoriana?
Todo este panorama preocupa si se piensa que el mayor porcentaje de inversión en minería actualmente es de corporaciones de China, país con el que Ecuador se ha venido endeudando en forma vertiginosa en los últimos años. Hace pocos días Rafael Correa regresó de una gira por ese país con el ofrecimiento de nuevos préstamos por 7 mil millones de dólares para inversión, esto en medio del desplome de los precios del petróleo, principal producto de exportación de Ecuador, que además en gran parte está ya comprometido a China a través del mecanismo de venta anticipada de crudo.
 
En conclusión, ha sido fundamentalmente con la movilización social que se ha logrado hasta el momento detener el avance de los mega proyectos mineros, ninguno de los cuales ha iniciado su fase de explotación. Más allá del reconocimiento jurídico-formal de los derechos de la Naturaleza en la Constitución, ha sido la acción legítima y directa de las comunidades y organizaciones la que ha frenado el saqueo minero. Pero el costo ha sido alto: heridos e incluso muertos durante las protestas o en las áreas de conflicto; cientos de encarcelamientos, juicios por terrorismo organizado, sabotaje y otros delitos contra la seguridad del Estado; múltiples violaciones de derechos humanos que han quedado en la impunidad.
 
Luego de esta brevísima síntesis de un proceso tan complejo quisiera, para finalizar, invitarles a que recordemos que “la Pachamama existió y podría seguir existiendo sin los seres humanos, pero nosotros jamás podríamos existir sin la Pachamama”. Gracias.
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* Luchadora social, defensora de la Pachamama (Madre Tierra) y activista de los Derechos Humanos y de las Mujeres. Cofundadora de la Coordinadora Campesina Popular CCP (2005), de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS (2007), del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama (2008), entre otras importantes organizaciones de Ecuador. Cofundadora y actual Presidenta de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM, red que agrupa mujeres en resistencia a la minería en varios países de la Región.
Desde hace más de una década ha sido parte del movimiento de resistencia a los mega proyectos de minería, en especial en el sur de Ecuador, siendo por ello blanco de persecución, judicialización y criminalización por parte de las corporaciones mineras, el Estado y gobierno de ese país Sudamericano.
Ha participado en foros y eventos internacionales para denunciar la imposición de la mega minería en Ecuador y la criminalización, en especial de las Mujeres Defensoras de Derechos en conflictos socio-ambientales por la minería.
En mayo-junio de 2014 fue invitada en calidad de experta para la audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre violaciones de derechos y daños ambientales cometidos por compañías mineras canadienses en América Latina, que se desarrolló en Montreal, donde hizo una presentación sobre “Impactos de la industria minera en los derechos de las Mujeres”.
Es Socióloga, Magíster en Sociología y Desarrollo por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca, y candidata a Magíster en Salud con Enfoque de Ecosistemas por la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca. (SITAC XII).
Fuente: Leer


"El otorgar derechos a la Naturaleza no sólo supone abandonar una idea de conquista, de colonización y de explotación de la Madre Tierra, sino que nos conmina a replantear el actual modelo de acumulación, que “vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida”, como nos recordaba el filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría. Los Derechos de la Naturaleza, por lo tanto, nos plantean un cambio civilizatorio profundo, que cuestiona todas aquellas lógicas antropocéntricas dominantes. Cuestiona el capitalismo que en esencia aceleró el divorcio de los seres humanos con la Naturaleza. Y nos obliga a pensar en otras opciones de vida que impliquen, para empezar, la desaceleración del patrón de consumo actual, al tiempo que se construyen democráticamente sociedades más humanas y sustentables".


La Madre Tierra tiene sus derechos. 

Primer tribunal para defenderlos
Febrero 2014
“Este Tribunal, como una semilla, ofrece un potencial para poder cambiar nuestros caminos. Como un proceso continuo para reflexionar, redefinir, cambiar los paradigmas. Porque el camino actual es, predeciblemente, el camino de la extinción. El Tribunal nos permite reflexionar sobre otras posibilidades de la supervivencia humana en este planeta”. Vandana Shiva

Por Enrique Viale, Horacio Machado, Alberto Acosta

Hacia un cambio civilizatorio
El concepto jurídico de otorgar derechos a los seres humanos, en un momento de la historia, vino acompañado de algunas consideraciones como el individualismo. Un paso revolucionario para enfrentar los absolutismos. Era el individuo el sujeto de derechos. Sin embargo, esto condujo a despojar al individuo de su comunidad y de su entorno. Los seres humanos se colocaron -figurativamente hablando- al margen de la Naturaleza. Y desde esa posición asumieron el papel de conquistadores y dominadores de la Naturaleza. Los derechos sobre la propiedad privada completaron este proceso. Y con esta concepción se consolidó a la par el capitalismo.
Es por eso que el otorgar derechos a la Naturaleza no sólo supone abandonar una idea de conquista, de colonización y de explotación de la Madre Tierra, sino que nos conmina a replantear el actual modelo de acumulación, que “vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida”, como nos recordaba el filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría. Los Derechos de la Naturaleza, por lo tanto, nos plantean un cambio civilizatorio profundo, que cuestiona todas aquellas lógicas antropocéntricas dominantes. Cuestiona el capitalismo que en esencia aceleró el divorcio de los seres humanos con la Naturaleza. Y nos obliga a pensar en otras opciones de vida que impliquen, para empezar, la desaceleración del patrón de consumo actual, al tiempo que se construyen democráticamente sociedades más humanas y sustentables.
En línea con la propuesta del buen vivir o sumak kawsay, que emerge desde los países andinos, se trata de construir una sociedad sustentada en la armonía de las relaciones de los seres humanos con la Naturaleza, de los seres humanos consigo mismos y de los seres humanos con los otros seres humanos. Eso no implica una visión milenarista de un paraíso armónico. Este proceso no excluye las luchas sociales. Luchas que son múltiples y diversas, como son múltiples y diversas las formas de explotación, dominación y exclusión provocadas por el capitalismo.
Lo que debe quedar claro es que la relación armoniosa con la Naturaleza es un aspecto clave en la construcción del buen vivir. Esta es una postura biocéntrica que se basa en una perspectiva ética alternativa, al aceptar valores intrínsecos en el entorno. Todos los seres tienen un valor aún cuando no sean de utilidad para los humanos.
A lo largo de la historia del derecho, cada ampliación de los derechos fue anteriormente impensable. La emancipación de los esclavos o la extensión de los derechos a los afros, a las mujeres y a los niños y niñas fueron una vez rechazadas por ser consideradas como un absurdo. Se ha requerido que a lo largo de la historia se reconozca “el derecho de tener derechos” y estose ha conseguido siempre con un esfuerzo político para cambiar aquellas visiones, costumbres y leyes que negaban esos derechos. Es curioso que muchas personas, que se han opuesto a la ampliación de estos derechos, no tienen empacho alguno en que se entregue derechos casi humanos a las personas jurídicas… una de las mayores aberraciones del derecho.
Desde esa perspectiva, aceptar que la Naturaleza tenga derechos -propios, por lo demás- se enmarca en la lucha de la Humanidad por la ampliación permanente de los derechos. Por lo tanto no debería sonar extraño que los humanos busquemos garantizar nuestra existencia en el universo a partir de una legislación que empiece por favorecer a quien proporciona nuestro sustento, nuestra Madre Tierra o Pachamama.
Mirar al agua, a la tierra, a los ecosistemas, en suma a todos los seres vivos como sujetos de derechos, supone un cambio civilizatorio. Y ese cambio, en realidad, propugna un reencuentro de los seres humanos con la razón. Bien anotaba uno de los grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, el holandés Baruch de Spinoza (1632-1677), quien, en contraposición con la posición teórica sobre la racionalidad de la modernidad, reclamaba que “cualquier cosa que sea contraria a la Naturaleza lo es también a la razón, y cualquier cosa que sea contraria a la razón es absurda”.
Entre los Derechos de la Naturaleza consagrados tanto en la Constitución del Ecuador del año 2008, como en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, adoptada por 35.000 personas en la Conferencia Mundial en Cochabamba, el 20 de abril de 2010, se encuentran: el derecho de la Naturaleza a existir y ser respetada; a mantener sus ciclos vitales y procesos evolutivos; a la regeneración y restauración integral e inmediata; a que no se afecten sus estructuras genéticas, entre otros.
Para empezar a hacer realidad esos derechos, en el marco de un proceso de profundo cambio civilizatorio, el viernes 17 de enero del presente año, se instaló el primer Tribunal Ético Permanente por los Derechos de la Naturaleza y de la Madre Tierra. Su sesión inaugural fue en Quito, en Ecuador, el país en el que se reconocieron por primera vez estos derechos a nivel Constitucional.
La iniciativa surgió y fue la expresión de la acción coordinada de un amplio conjunto de movimientos y organizaciones sociales de distintos rincones del planeta, todos movilizados por la voluntad de hacerse eco de los Gritos de la Tierra ante las agresiones que la Madre Naturaleza viene sufriendo desde los últimos cinco siglos, sistemáticamente y cada vez con más intensidad, en nombre del “progreso”. Este Tribunal, pionero en la búsqueda de construir caminos de Justicia Global frente a los delitos contra la Vida en sus fuentes, se constituyó como una plataforma permanente para escuchar y juzgar casos de violación a los derechos de la Madre Tierra sucedidos alrededor del mundo.
Vandana Shiva, reconocida física, ecofeminista, activista ambiental y autora de un sinnúmero de publicaciones, presidió este histórico Tribunal junto con otros nueve jueces y juezas provenientes de siete países y cinco continentes. El Tribunal escuchó nueve casos contundentes que solicitaban su admisión debido a las violaciones a la mencionada Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Para los casos de Ecuador, los presentadores también resaltaron las violaciones a la Constitución del Ecuador; cabe señalar que la universalidad de los Derechos de la Naturaleza, tal como sucede con los Derechos Humanos, permite recuperar los derechos de la Constitución ecuatoriana para proyectarlos a nivel de todo el planeta.

Un proceso expedito y profundamente documentado
El fiscal especial de la Tierra, Ramiro Ávila, de Ecuador, dio inicio al Tribunal. Este se abrió convocando el testimonio de dos expertas sobre la importancia fundamental de los Derechos de la Naturaleza. Al estrado pasaron las indígenas del Abya-Yala: Casey Camp-Horinek, Ponca de Oklahoma, EEUU, y Patricia Gualinga, representante del pueblo indígena kichwa de Sarayaku de la Amazonía ecuatoriana. Sus alegatos ratificaron la necesidad del reencuentro de los seres humanos con la Naturaleza desde las vivencias y prácticas de las comunidades indígenas, que asumen cotidianamente su pertenencia con y en la Naturaleza, en suma que aceptan formar parte de ella.

A continuación, se avocó al tratamiento de casos considerados emblemáticos en la violación a los Derechos de la Naturaleza. Se presentaron seis casos puntuales: la contaminación del caso Chevron-Texaco (Ecuador); el derrame de la British Petroleum (BP) en la plataforma Deep Horizon (EEUU); el proyecto de extracción de petróleo en el Yasuní-ITT (Ecuador); la amenaza contra el Gran Arrecife de Coral debido a la minería de carbón (Australia); la minería metálica a cielo abierto en la cordillera del Cóndor, el caso del yacimiento Mirador (Ecuador); los casos de fractura hidráulica (EEUU). Se admitieron además dos casos de escala global que representan violaciones sistémicas de los Derechos de la Madre Tierra: la amenaza de los organismos genéticamente modificados o transgénicos y el cambio climático.

Como corolario de estas presentaciones, Pablo Solón, director ejecutivo de Focus on the Global South, que presentó magistralmente el caso del Cambio Climático Global destacó que éste afecta prácticamente a todas las áreas de la vida en el planeta y que es preciso iniciar un proceso en contra de los principales responsables de tanta devastación ambiental y social, que afecta a los Derechos de la Naturaleza y a los Derechos Humanos. Solón insistió en llevar a juicio a los gobiernos de los países industrializados, a las grandes corporaciones transnacionales, e inclusive a Naciones Unidas, como representantes del capitalismo tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados.
Igualmente se conoció sobre la persecución contra los defensores de la Naturaleza en Ecuador, como un caso de preocupante actualidad en muchas partes del planeta.
Terminadas las presentaciones por parte de profundos conocedores de cada uno de los casos, el fiscal especial de la Tierra, Ramiro Ávila, nos recordó que los sistemas vivos de la Tierra, incluyendo a la Humanidad, estamos pasando crisis múltiples evidenciadas por el creciente cambio climático, la extinción masiva de especies, la deforestación, la desertificación, el colapso de la pesca, los contaminantes tóxicos, con consecuencias trágicas que afectan todas las formas de vida. Cambios que son atribuibles, como lo demostró el Panel de Cambio Climático, a la acción de los propios seres humanos, sobre todo organizados dentro de la civilización capitalista.
En los sistemas legales mundiales, la Naturaleza es considerada un objeto, una cosa susceptible de propiedad, en la que se otorga a su dueño el derecho a destruirla para obtener ganancias económicas. Los Derechos de la Naturaleza reconocen que los animales, las plantas, el suelo y los ecosistemas no pueden ser simplemente objetos de propiedad sino que son seres con el derecho inherente a existir. Las personas, pueblos, comunidades y autoridades tienen la responsabilidad de garantizar estos derechos en el nombre de la Naturaleza. Esta visión jurídica es consistente con los conceptos de los pueblos indígenas sobre las leyes naturales, las instrucciones originales, así como con reconocer que los seres humanos somos parte de la Naturaleza, y sobre todo somos uno en el ciclo de la vida. Otorgar derechos a la Naturaleza, como se anotó antes, supone garantizar nuestra propia existencia. El fiscal de la Tierra, al concluir su profunda y sentida intervención, argumentando sostenidamente en derecho, solicitó al Tribunal que se admitan estos casos en nombre de los ecosistemas afectados, así como de los pueblos que dependen de ellos.
Los primeros miembros del Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza y la Madre Tierra fueron: Alberto Acosta, economista y ex presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador; Blanca Chancoso, lideresa kichwa y educadora de Cotacachi, Ecuador; Cormac Cullinan, abogado y autor (Ley Salvaje, Wild Law), Earth Democracy Coop, Cape Town, South Africa; Tom Goldtooth, Dine’/Dakota director de Indigenous Environmental Network de Minnesota, EEUU; Julio César Trujillo, abogado constitucionalista representante de Yasunidos, Ecuador; Elsie Monge, activista de Derechos Humanos y Presidenta de CEDHU y FIDH, Ecuador; Atossa Soltani, fundadora y directora de Amazon Watch, EEUU; Enrique Viale, abogado ambientalista y activista de Argentina; y Tantoo Cardinal, actriz (Danza con Lobos) y activista contra las arenas bituminosas, Canadá.
En esta primera sesión del Tribunal Ético Permanente de los Derechos de la Naturaleza participaron representantes de Australia, Suiza, Sudáfrica, Estados Unidos, España, Canadá, India, Rumania, Bolivia, Argentina e Inglaterra, Colombia, Alemania, Francia, así como de Ecuador.
Un reconocimiento oportuno
Resultó coherente que el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza se origine en Ecuador, primer país en reconocer estos derechos en su Constitución. Es irónico, sin embargo, que Ecuador haya abandonado su liderazgo y su compromiso de respetar los Derechos de la Naturaleza establecidos en su Constitución, que fuera aprobada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano en las urnas.
El Gobierno de Ecuador actualmente promueve la ampliación de la explotación petrolera y la minera a gran escala amenazando tres millones de hectáreas de sus bosques amazónicos remanentes, mientras activa una sistemática campaña contra aquellas personas y organizaciones que defienden los derechos de la Madre Tierra. La criminalización de la resistencia popular -derecho consagrado en la Constitución- es la herramienta gubernamental para seguir ampliando el extractivismo: megaminería, petróleo, agrocombustibles, etc.
Durante su sólida argumentación para admitir al caso Yasuní-ITT y debido a las amenazas urgentes, el Tribunal aceptó establecer una sala especial para procesar inmediatamente ese tema y el caso del hostigamiento a los defensores de la Naturaleza, incluyendo a los recolectores de firmas para la consulta popular, con la que se quiere frenar la explotación del crudo en el Yasuní-ITT. Adicionalmente habría que considerar la suspensión de las actividades extractivistas en el bloque 31 y en el 43 (ITT) y una auditoría general para todas las actividades en el Parque Nacional Yasuní.
Vandana Shiva, presidenta del Tribunal, recogiendo el sentir de todo el Tribunal, condenó las acciones de la empresa petrolera Chevron-Texaco y se solidarizó con las comunidades indígenas que ganaron el caso contra dicha transnacional; igualmente reitero su posición de apoyo a mantener el crudo en el subsuelo del Yasuni-ITT: “Todo el mundo puede explotar petróleo pero Ecuador puede soñar y ser más ambicioso al tener Derechos de la Naturaleza en la Constitución y crear la visión del Yasuní-ITT”, concluyó.
Al cerrar el Tribunal, la doctora Shiva pidió que todos los casos que fueron admitidos por el Tribunal se profundicen “hasta que los derechos de la madre tierra se conviertan en el marco que gobierne nuestras vidas.” Y para finalizar señaló que actualmente, en muchas partes, “quienes viven en relación con la Madre Tierra son calificados como primitivos. Reconocer los derechos de la Madre Tierra permite reconocer que aquéllos que viven en relación con ella son las civilizaciones más avanzadas del planeta”.
Después de todo un día de sesión, con presentaciones y deliberaciones, el Tribunal, que contó con una asistencia de más de 400 personas, tomó la decisión unánime de admitir los nueve casos. Además estableció la fecha para la siguiente sesión del Tribunal para diciembre de 2014 en Lima, Perú, en ocasión de la XX Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. De esta manera, con la puesta en marcha de este Tribunal se empieza a cambiar la historia.-
 

"El modelo de desarrollo que está enfermando la Madre Tierra tiene nombre y apellido, se llama capitalismo del siglo XXI, y aquí en el Abya Yala tiene un rostro perverso de largo aliento llamado extractivismo, extracción de riqueza y expropiación de territorios a favor del capital global, a favor de la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y despojo de territorios para los pueblos indígenas.  Nos están despojando de nuestro Vivir Bien y Vida Plena que implica vivir en armonía con la naturaleza".

"Los gobiernos progresistas de nuestra región, los que acuñaron el horizonte del socialismo del siglo XXI, en realidad se han convertido en hacedores e impulsores del capitalismo del siglo XXI"
"La defensa de la Madre Tierra y sus derechos es también la defensa de los pueblos y la vida.  La acumulación de riquezas a cambio del despojo de nuestros territorios es la agenda de las grandes corporaciones financieras y económicas que están metidas dentro de los Estados".
"Llamamos a persistir en nuestro  camino de la autodeterminación de los pueblos, de la sociedad civil organizada, como la alternativa principal que nos permitirá encontrar salidas al problema estructural del Cambio Climático. Consolidar y reconstituir nuestra Territorialidad y titularidad integral de nuestros territorios y el control de todos sus recursos".


Pueblos del Abya Yala frente 

a los desafíos climáticos

LOS  PUEBLOS INDIGENAS 

TE LLAMAN A  LA ACCION
10 de diciembre de 2014
Nosotros, representantes de los pueblos indígenas del Abya Yala y del mundo, reunidos en la Maloca del Pabellón Indígena de la COP20, desde el 2 de diciembre para discutir y reflexionar las causas del Cambio Climático en el mundo y aportar a los caminos de solución que se deben asumir en las Cumbres Mundiales, elevamos nuestra voz para decir:
1° El Cambio Climático está enfermando nuestra Madre Tierra, está interrumpiendo la unidad entre humanos y naturaleza que durante siglos ha permitido la vida sobre el planeta.  Esta situación nos provoca un sentimiento profundo de tristeza porque impacta en la relación que los pueblos indígenas hemos desarrollado con la naturaleza; una naturaleza viva que la comprendemos como totalidad de la que formamos parte.  Así, si se enferma la Tierra,  los pueblos indígenas también nos enfermamos.
2° Los jefes de Estados están reunidos para discutir este problema, para buscar soluciones al desastre que se viene produciendo con la Madre Tierra.  Sin embargo, vemos con gran preocupación que las salidas que se están buscando no hablan del verdadero problema, y por lo tanto no cambiarán el destino de desastre en el cual estamos.  Estamos afectando la Madre Tierra y no se está encontrando soluciones verdaderas que reviertan el proceso, que protejan y defiendan la integridad de la naturaleza.
3° Para nosotros, los pueblos indígenas del Abya Yala y del mundo, el desastre que se está produciendo con la Madre Tierra tiene un origen, una causa estructural; tiene que ver con un modo de desarrollo que se ha instaurado y generalizado en el mundo, un modo de vida que busca incansablemente crear nuevas necesidades, aunque éstas sean fugaces.  Estamos ante un modelo de desarrollo que tiene como centro la producción de riqueza y la distribución profundamente desigual de ella.
4° El modelo de desarrollo que está enfermando la Madre Tierra tiene nombre y apellido, se llama capitalismo del siglo XXI, y aquí en el Abya Yala tiene un rostro perverso de largo aliento llamado extractivismo, extracción de riqueza y expropiación de territorios a favor del capital global, a favor de la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y despojo de territorios para los pueblos indígenas.  Nos están despojando de nuestro Vivir Bien y Vida Plena que implica vivir en armonía con la naturaleza.
5° El extractivismo del Abya Yala se muestra en todas las iniciativas que toman los gobiernos de nuestra región y que implican: ampliación de la frontera hidrocarburífera, priorización de las actividades mineras y de hidroeléctricas respecto de las necesidades de los pueblos, crecimiento de la deforestación para la conversión de los bosques en zonas con cultivos agroindustriales.  Lo más triste de esta situación es que los gobiernos de izquierda y de derecha se comportan de manera similar ante la acumulación por despojo como característica fundamental del capital global, cuyas principales víctimas somos los pueblos indígenas
6° Los gobiernos progresistas de nuestra región, los que acuñaron el horizonte del socialismo del siglo XXI, en realidad se han convertido en hacedores e impulsores del capitalismo del siglo XXI.  Usando frases populares como Revolución Ciudadana o Revolución Democrático Cultural, redistribuyendo riqueza de manera menos asimétrica y componiendo sus gobiernos con algunos sectores sociales que en un pasado formaron parte de las luchas, hoy en día pretenden mostrarse como alternativos sin modificar las claves y los compases de ese rostro reverso de larga data del capitalismo global que en nuestra región del Abya Yala se llama extractivismo
7° Nosotros, los pueblos indígenas del Abya Yala, hemos resistido y luchado a lo largo de nuestra historia con este modelo de desarrollo, con este modelo de colonización, con este modelo de acumulación de riqueza fundamentado en el despojo de nuestros territorios y recursos naturales.  Con nuestras luchas hemos buscado dignificar el nacimiento colonizado de los Estados y Naciones que conforman el Abya Yala, que conforman la región de América Latina, por eso no nos sorprende que un derecho tan fundamental como es el de Consulta para el consentimiento libre e informado, hoy día sea utilizado como una herramienta que antes que proteger el Derecho de Consulta, lo desnaturaliza y usan a su antojo.
8° Este panorama nos lleva a convocar a todos los pueblos del mundo, y a quienes  se congregan en la Cumbre de los Pueblos en Lima-Perú, a tomar caminos alternativos que nos acerquen a las verdaderas soluciones del Cambio Climático, a las verdaderas soluciones que reviertan los impactos que está sufriendo la Madre Tierra.  La defensa de la Madre Tierra y sus derechos es también la defensa de los pueblos y la vida.  La acumulación de riquezas a cambio del despojo de nuestros territorios es la agenda de las grandes corporaciones financieras y económicas que están metidas dentro de los Estados.
9º Llamamos a persistir en nuestro  camino de la autodeterminación de los pueblos, de la sociedad civil organizada, como la alternativa principal que nos permitirá encontrar salidas al problema estructural del Cambio Climático. Consolidar y reconstituir nuestra Territorialidad y titularidad integral de nuestros territorios y el control de todos sus recursos. Detener  los grandes motores del calentamiento global como son las operaciones extractivas y agroindustriales. Exigir el acceso directo de los fondos climáticos, y en especial de las mujeres indígenas en las estrategias de adaptación. Detener la criminalización y judicialización de la libre determinación porque es imposible defender a la madre tierra persiguiendo a los que la defienden.
Ni  despojo  colonial  ni  desarrollismo extractivista.
Solución climática  global.
Territorialidad y libre determinación de los pueblos indígenas
para el buen vivir y vida plena para el enfriamiento global.