sábado, 31 de agosto de 2019

Nos urge generalizar la toma de conciencia sobre qué sistema es el capitalista.

Para el atrevimiento mayoritario a analizar el porqué crecen las injusticias social y ambiental e involucrarse en las luchas por territorios libres de extractivismos como nos proponemos en la campaña GaneQuienGane
 
El desafío, abajo y a la izquierda, es generalizar el viraje desde la creencia en los líderes o en las elites hacia aprender de los pueblos.


Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra

La cumbre social sobre el cambio climático cerró ayer con una advertencia a la ONU, críticas a EEUU y la exigencia a los países industrializados de que reduzcan a la mitad sus gases de efecto invernadero de aquí al año 2020.
La Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra clausuró sus sesiones en la localidad de Tiquipaya, a 30 kilómetros de Cochabamba, en coincidencia con el Día de la Madre Tierra, que se celebra desde hace 40 años.
Presentamos el acuerdo final.
 
ACUERDO DE LOS PUEBLOS
22 de abril de 2010 Cochabamba, Bolivia
Hoy, nuestra Madre Tierra está herida y el futuro de la humanidad está en peligro.
De incrementarse el calentamiento global en más de 2º C, a lo que nos conduciría el llamado “Entendimiento de Copenhague” existe el 50% de probabilidades de que los daños provocados a nuestra Madre Tierra sean totalmente irreversibles. Entre un 20% y un 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer. Grandes extensiones de bosques serían afectadas, las sequías e inundaciones afectarían diferentes regiones del planeta, se extenderían los desiertos y se agravaría el derretimiento de los polos y los glaciares en los Andes y los Himalayas. Muchos Estados insulares desaparecerían y el África sufriría un incremento de la temperatura de más de 3º C. Asimismo, se reduciría la producción de alimentos en el mundo con efectos catastróficos para la supervivencia de los habitantes de vastas regiones del planeta, y se incrementaría de forma dramática el número de hambrientos en el mundo, que ya sobrepasa la cifra de 1.020 millones de personas.
Las corporaciones y los gobiernos de los países denominados “más desarrollados”, en complicidad con un segmento de la comunidad científica, nos ponen a discutir el cambio climático como un problema reducido a la elevación de la temperatura sin cuestionar la causa que es el sistema capitalista.
Confrontamos la crisis terminal del modelo civilizatorio patriarcal basado en el sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza que se aceleró con la revolución industrial.
El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo una lógica de dominación sobre ésta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma.
Bajo el capitalismo, la Madre Tierra se convierte en fuente sólo de materias primas y los seres humanos en medios de producción y consumidores, en personas que valen por lo que tienen y no por lo que son.
El capitalismo requiere una potente industria militar para su proceso de acumulación y el control de territorios y recursos naturales, reprimiendo la resistencia de los pueblos. Se trata de un sistema imperialista de colonización del planeta.
La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida.
Requerimos forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos. Sólo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos.
Planteamos a los pueblos del mundo la recuperación, revalorización y fortalecimiento de los conocimientos, sabidurías y prácticas ancestrales de los Pueblos Indígenas, afirmados en la vivencia y propuesta de “Vivir Bien”, reconociendo a la Madre Tierra como un ser vivo, con el cual tenemos una relación indivisible, interdependiente, complementaria y espiritual.
Para enfrentar el cambio climático debemos reconocer a la Madre Tierra como la fuente de la vida y forjar un nuevo sistema basado en los principios de:
  • armonía y equilibrio entre todos y con todo
  • complementariedad, solidaridad, y equidad
  • bienestar colectivo y satisfacción de las necesidades fundamentales de todos en armonía con la Madre Tierra
  • respeto a los Derechos de la Madre Tierra y a los Derechos Humanos
  • reconocimiento del ser humano por lo que es y no por lo que tiene
  • eliminación de toda forma de colonialismo, imperialismo e intervencionismo
  • paz entre los pueblos y con la Madre Tierra.
El modelo que propugnamos no es de desarrollo destructivo ni ilimitado. Los países necesitan producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades fundamentales de su población, pero de ninguna manera pueden continuar por este camino de desarrollo en el cual los países más ricos tienen una huella ecológica 5 veces más grande de lo que el planeta es capaz de soportar. En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30% la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra Madre Tierra se necesitarían 2 planetas para el 2030.
En un sistema interdependiente del cual los seres humanos somos uno de sus componentes no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra.
Para ello proponemos el proyecto adjunto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra en el cual se consignan:
* Derecho a la vida y a existir;
* Derecho a ser respetada;
* Derecho a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas;
* Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e interrelacionados;
* Derecho al agua como fuente de vida;
* Derecho al aire limpio;
* Derecho a la salud integral;
* Derecho a estar libre de la contaminación y polución, de desechos tóxicos y radioactivos;
* Derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable.
* Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos reconocidos en esta Declaración causados por las actividades humanas.
La visión compartida es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero para hacer efectivo el Artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que determina “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas para el sistema climático”. Nuestra visión es, sobre la base del principio de las responsabilidades históricas comunes pero diferenciadas, exigir que los países desarrollados se comprometan con metas cuantificadas de reducción de emisiones que permitan retornar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a 300 ppm y así, limitar el incremento de la temperatura media global a un nivel máximo de 1°C.
Enfatizando la necesidad de acción urgente para lograr esta visión, y con el apoyo de los pueblos, movimientos y países, los países desarrollados deberán comprometerse con metas ambiciosas de reducción de emisiones que permitan alcanzar objetivos a corto plazo, manteniendo nuestra visión a favor del equilibrio del sistema climático de la Tierra, de acuerdo al objetivo último de la Convención.
La “visión compartida” para la “Acción Cooperativa a Largo Plazo” no debe reducirse en la negociación de cambio climático a definir el límite en el incremento de la temperatura y la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino que debe comprender de manera integral y equilibrada un conjunto de medidas financieras, tecnológicas, de adaptación, de desarrollo de capacidades, de patrones de producción, consumo y otras esenciales como el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para restablecer la armonía con la naturaleza.
Los países desarrollados, principales causantes del cambio climático, asumiendo su responsabilidad histórica y actual, deben reconocer y honrar su deuda climática en todas sus dimensiones, como base para una solución justa, efectiva y científica al cambio climático. En este marco exigimos a los países desarrollados que:
* Restablezcan a los países en desarrollo el espacio atmosférico que está ocupado por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto implica la descolonización de la atmósfera mediante la reducción y absorción de sus emisiones.
* Asuman los costos y las necesidades de transferencia de tecnología de los países en desarrollo por la pérdida de oportunidades de desarrollo por vivir en un espacio atmosférico restringido.
* Se hagan responsables por los cientos de millones que tendrán que migrar por el cambio climático que han provocado y que eliminen sus políticas restrictivas de migración y ofrezcan a los migrantes una vida digna y con todos los derechos en sus países.
* Asuman la deuda de adaptación relacionadas a los impactos del cambio climático en los países en desarrollo proveyendo los medios para prevenir, minimizar y atender los daños que surgen de sus excesivas emisiones.
* Honren estas deudas como parte de una deuda mayor con la Madre Tierra adoptando y aplicando la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en las Naciones Unidas.
El enfoque debe ser no solamente de compensación económica, sino principalmente de justicia restaurativa – es decir restituyendo la integridad a las personas y a los miembros que forman una comunidad de vida en la Tierra.
Deploramos el intento de un grupo de países de anular el Protocolo de Kioto el único instrumento legalmente vinculante específico para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados.
Advertimos al mundo que no obstante estar obligados legalmente las emisiones de los países desarrollados en lugar de reducir, crecieron en un 11,2% entre 1990 y 2007.
Estados Unidos a causa del consumo ilimitado aumentó sus emisiones de GEI en 16,8% durante el periodo 1990 al 2007, emitiendo como promedio entre 20 y 23 toneladas anuales de CO2 por habitante, lo que representa más de 9 veces las emisiones correspondientes a un habitante promedio del Tercer Mundo, y más de 20 veces las emisiones de un habitante de África Subsahariana.
Rechazamos de manera absoluta el ilegitimo “Entendimiento de Copenhague”, que permite a estos países desarrollados ofertar reducciones insuficientes de gases de efecto invernadero, basadas en compromisos voluntarios e individuales, que violan la integridad ambiental de la Madre Tierra conduciéndonos a un aumento de alrededor de 4ºC.
La próxima Conferencia sobre Cambio Climático a realizarse a fines de año en México debe aprobar la enmienda al Protocolo de Kioto, para el segundo período de compromisos a iniciarse en 2013 a 2017 en el cual los países desarrollados deben comprometer reducciones domésticas significativas de al menos el 50% respecto al año base de 1990 sin incluir mercados de carbono u otros sistemas de desviación que enmascaran el incumplimiento de las reducciones reales de emisiones de gases de efecto invernadero.
Requerimos establecer primero una meta para el conjunto de los países desarrollados para luego realizar la asignación individual para cada país desarrollado en el marco de una comparación de esfuerzos entre cada uno de ellos, manteniendo así el sistema del Protocolo de Kioto para las reducciones de las emisiones.
Los Estados Unidos de América, en su carácter de único país de la Tierra del Anexo 1 que no ratificó el Protocolo de Kioto tiene una responsabilidad significativa ante todos los pueblos del mundo por cuanto debe ratificar el Protocolo de Kioto y comprometerse a respetar y dar cumplimiento a los objetivos de reducción de emisiones a escala de toda su economía.
Los pueblos tenemos los mismos derechos de protección ante los impactos del cambio climático y rechazamos la noción de adaptación al cambio climático entendida como la resignación a los impactos provocados por las emisiones históricas de los países desarrollados, quienes deben adaptar sus estilos de vida y de consumo ante esta emergencia planetaria. Nos vemos forzados a enfrentar los impactos del cambio climático, considerando la adaptación como un proceso y no como una imposición, y además como herramienta que sirva para contrarrestarlos, demostrando que es posible vivir en armonía bajo un modelo de vida distinto.
Es necesario construir un Fondo de Adaptación, como un fondo exclusivo para enfrentar el cambio climático como parte de un mecanismo financiero manejado y conducido de manera soberana, transparente y equitativa por nuestros Estados. Bajo este Fondo se debe valorar: los impactos y sus costos en países en desarrollo y las necesidades que estos impactos deriven, y registrar y monitorear el apoyo por parte de países desarrollados. Éste debe manejar además un mecanismo para el resarcimiento por daños por impactos ocurridos y futuros, por pérdida de oportunidades y la reposición por eventos climáticos extremos y graduales, y costos adicionales que podrían presentarse si nuestro planeta sobrepasa los umbrales ecológicos así como aquellos impactos que están frenando el derecho a Vivir Bien.
El “Entendimiento de Copenhague” impuesto sobre los países en desarrollo por algunos Estados, más allá de ofertar recursos insuficientes, pretende en si mismo dividir y enfrentar a los pueblos y pretende extorsionar a los países en desarrollo condicionando el acceso a recursos de adaptación a cambio de medidas de mitigación. Adicionalmente se establece como inaceptable que en los procesos de negociación internacional se intente categorizar a los países en desarrollo por su vulnerabilidad al cambio climático, generando disputas, desigualdades y segregaciones entre ellos.
El inmenso desafío que enfrentamos como humanidad para detener el calentamiento global y enfriar el planeta sólo se logrará llevando adelante una profunda transformación en la agricultura hacia un modelo sustentable de producción agrícola campesino e indígena/originario, y otros modelos y prácticas ancestrales ecológicas que contribuyan a solucionar el problema del cambio climático y aseguren la Soberanía Alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y la producción de alimentos, garantizando, a través de una producción en armonía con la Madre Tierra, local y culturalmente apropiada, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos en complementación con la Madre Tierra y profundizando la producción autónoma (participativa, comunitaria y compartida) de cada nación y pueblo.
El Cambio Climático ya está produciendo profundos impactos sobre la agricultura y los modos de vida de los pueblos indígenas/originarios y campesinos del mundo y estos impactos se irán agravando en el futuro.
El agro negocio a través de su modelo social, económico y cultural de producción capitalista globalizada y su lógica de producción de alimentos para el mercado y no para cumplir con el derecho a la alimentación, es una de las causas principales del cambio climático. Sus herramientas tecnológicas, comerciales y políticas no hacen más que profundizar la crisis climática e incrementar el hambre en el planeta. Por esta razón rechazamos los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación y toda forma de aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual sobre la vida, los paquetes tecnológicos actuales (agroquímicos, transgénicos) y aquellos que se ofrecen como falsas soluciones (agrocombustibles, geoingeniería, nanotecnología, tecnología Terminator y similares) que únicamente agudizarán la crisis actual.
Al mismo tiempo denunciamos como este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la Soberanía Alimentaria y profundizando la crisis socioambiental.
Exigimos reconocer el derecho de todos los pueblos, los seres vivos y la Madre Tierra a acceder y gozar del agua y apoyamos la propuesta del Gobierno de Bolivia para reconocer al agua como un Derecho Humano Fundamental.
La definición de bosque utilizada en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual incluye plantaciones, es inaceptable. Los monocultivos no son bosques. Por lo tanto, exigimos una definición para fines de negociación que reconozca los bosques nativos y la selva y la diversidad de los ecosistemas de la tierra.
La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debe ser plenamente reconocida, implementada e integrada en las negociaciones de cambio climático. La mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las tierras y territorios considerando especialmente que la mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales.
Condenamos los mecanismos de mercado, como el mecanismo de REDD (Reducción de emisiones por la deforestación y degradación de bosques) y sus versiones + y ++, que está violando la soberanía de los Pueblos y su derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como a la soberanía de Estados nacionales, y viola los derechos, usos y costumbres de los Pueblos y los Derechos de la Naturaleza.
Los países contaminadores están obligados a transferir de manera directa los recursos económicos y tecnológicos para pagar la restauración y mantenimiento de los bosques y selvas, en favor de los pueblos y estructuras orgánicas ancestrales indígenas, originarias, campesinas. Esto deberá ser una compensación directa y adicional a las fuentes de financiamiento comprometidas por los países desarrollados, fuera del mercado de carbono y nunca sirviendo como las compensaciones de carbono (offsets). Demandamos a los países a detener las iniciativas locales en bosques y selvas basados en mecanismos de mercado y que proponen resultados inexistentes y condicionados. Exigimos a los gobiernos un programa mundial de restauración de bosques nativos y selvas, dirigido y administrado por los pueblos, implementando semillas forestales, frutales y de flora autóctona. Los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y que se detenga urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas.
Exigimos a los Estados que reconozcan, respeten y garanticen la efectiva aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, entre otros instrumentos pertinentes, en el marco de las negociaciones, políticas y medidas para resolver los desafíos planteados por el cambio climático. En especial, demandamos a los Estados a que reconozcan jurídicamente la preexistencia del derecho sobre nuestros territorios, tierras y recursos naturales para posibilitar y fortalecer nuestras formas tradicionales de vida y contribuir efectivamente a la solución del cambio climático.
Demandamos la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los Pueblos Indígenas en todos los procesos de negociación así como en el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio climático.
En la actualidad la degradación medioambiental y el cambio climático alcanzarán niveles críticos, siendo una de las principales consecuencias la migración interna así como internacional. Según algunas proyecciones en 1995 existían alrededor de 25 millones de migrantes climáticos, al presente se estima en 50 millones y las proyecciones para el año 2050 son de 200 a 1000 millones de personas que serán desplazadas por situaciones derivadas del cambio climático.Los países desarrollados deben asumir la responsabilidad sobre los migrantes climáticos, acogiéndolos en sus territorios y reconociendo sus derechos fundamentales, a través de la firma de convenios internacionales que contemplen la definición de migrante climático para que todos los Estados acaten sus determinaciones.
Constituir un Tribunal Internacional de Conciencia para denunciar, hacer visible, documentar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos de los(s) migrantes, refugiados(as) y desplazados en los países de origen, tránsito y destino, identificando claramente las responsabilidades de los Estados, compañías y otros actores.
El financiamiento actual destinado a los países en desarrollo para cambio climático y la propuesta del Entendimiento de Copenhague son ínfimos. Los países desarrollados deben comprometer un financiamiento anual nuevo, adicional a la Ayuda Oficial al Desarrollo y de fuente pública, de al menos 6% de su PIB para enfrentar el cambio climático en los países en desarrollo. Esto es viable tomando en cuenta que gastan un monto similar en defensa nacional y destinaron 5 veces más para rescatar bancos y especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades mundiales y su voluntad política. Este financiamiento debe ser directo, sin condicionamiento y no vulnerar la soberanía nacional ni la autodeterminación de las comunidades y grupos más afectados.
En vista de la ineficiencia del mecanismo actual, en la Conferencia de México se debe establecer un nuevo mecanismo de financiamiento que funcione bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio Climático rindiendo cuentas a la misma, con una representación significativa de los países en desarrollo para garantizar el cumplimiento de los compromisos de financiamiento de los países Anexo 1.
Se ha constatado que los países desarrollados incrementaron sus emisiones en el periodo 1990 – 2007, no obstante haber manifestado que la reducción se vería sustancialmente coadyuvada con mecanismos de mercado.
El mercado de carbono se ha transformado en un negocio lucrativo, mercantilizando nuestra Madre Tierra, esto no representa una alternativa para afrontar el cambio climático, puesto que saquea, devasta la tierra, el agua e incluso la vida misma.
La reciente crisis financiera ha demostrado que el mercado es incapaz de regular el sistema financiero, que es frágil e inseguro ante la especulación y la aparición de agentes intermediarios, por lo tanto, sería una total irresponsabilidad dejar en sus manos el cuidado y protección de la propia existencia humana y de nuestra Madre Tierra.
Consideramos inadmisible que las negociaciones en curso pretendan la creación de nuevos mecanismos que amplíen y promuevan el mercado de carbono toda vez que los mecanismos existentes nunca resolvieron el problema del Cambio Climático ni se transformaron en acciones reales y directas en la reducción de gases de efecto invernadero.
Es imprescindible exigir el cumplimento de los compromisos asumidos por los países desarrollados en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático respecto al desarrollo y transferencia de tecnología, así como rechazar la “vitrina tecnológica” propuesta por países desarrollados que solamente comercializan la tecnología.
Es fundamental establecer los lineamientos para crear un mecanismo multilateral y multidisciplinario para el control participativo, la gestión y la evaluación continua del intercambio de tecnologías. Estas tecnologías deben ser útiles, limpias, y socialmente adecuadas. De igual manera es fundamental el establecimiento de un fondo de financiamiento e inventario de tecnologías apropiadas y liberadas de derechos de propiedad intelectual, en particular, de patentes que deben pasar de monopolios privados a ser de dominio público, de libre accesibilidad y bajo costo.
El conocimiento es universal, y por ningún motivo puede ser objeto de propiedad privada y de utilización privativa, como tampoco sus aplicaciones en forma de tecnologías. Es deber de los países desarrollados compartir su tecnología con países en desarrollo, crear centros de investigación para la creación de tecnologías e innovaciones propias, así como defender e impulsar su desarrollo y aplicación para el vivir bien. El mundo debe recuperar, aprender, reaprender los principios y enfoques del legado ancestral de sus pueblos originarios para detener la destrucción del planeta, así como los conocimientos y prácticas ancestrales y recuperación de la espiritualidad en la reinserción del vivir bien juntamente con la Madre Tierra.
Considerando la falta de voluntad política de los países desarrollados para cumplir de manera efectiva sus compromisos y obligaciones asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, y frente a la inexistencia de una instancia legal internacional que prevenga y sancione todos aquellos delitos y crímenes climáticos y ambientales que atenten contra los derechos de la Madre Tierra y la humanidad, demandamos la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental que tenga la capacidad jurídica vinculante de prevenir, juzgar y sancionar a los Estados, las Empresas y personas que por acción u omisión contaminen y provoquen el cambio climático.
Respaldar a los Estados que presenten demandas en la Corte Internacional de Justicia contra los países desarrollados que no cumplen con sus compromisos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto incluyendo sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero.
Instamos a los pueblos a proponer y promover una profunda reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que todos sus Estados miembros cumplan las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental.
El futuro de la humanidad está en peligro y no podemos aceptar que un grupo de gobernantes de países desarrollados quieran definir por todos los países como lo intentaron hacer infructuosamente en la Conferencia de las Partes de Copenhague. Esta decisión nos compete a todos los pueblos. Por eso es necesaria la realización de un Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular, sobre el cambio Climático en el cuál todos seamos consultados sobre: el nivel de reducciones de emisiones que deben hacer los países desarrollados y las empresas transnacionales; el financiamiento que deben proveer los países desarrollados; la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática; la necesidad de una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra y; la necesidad de cambiar el actual sistema capitalista.
El proceso del Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular será fruto de un proceso de preparación que asegure el desarrollo exitoso del mismo.
Con el fin de coordinar nuestro accionar internacional e implementar los resultados del presente “Acuerdo de los Pueblos” llamamos a construir un Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra que se basará en los principios de complementariedad y respeto a la diversidad de origen y visiones de sus integrantes, constituyéndose en un espacio amplio y democrático de coordinación y articulación de acciones a nivel mundial.
Con tal propósito, adoptamos el plan de acción mundial adjunto para que en México los países desarrollados del Anexo 1 respeten el marco legal vigente y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % y se asuman las diferentes propuestas contenidas en este Acuerdo.
Finalmente, acordamos realizar la 2ª Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en el 2011 como parte de este proceso de construcción del Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra y para reaccionar frente a los resultados de la Conferencia de Cambio Climático que se realizará a fines de año en Cancún, México.
 

Reparemos en qué democracia rige para la gobernabilidad del saqueo desde 1983, teniendo en cuenta la anticipación de Rodolfo Walsh de la miseria planificada con implantación por terrorismo estatal


Lo comprobamos en cómo el Estado de derecho ha ido derivando en Estado contrainsurgente en el Abya Yala. Pero también lo prueba la decadencia del pensamiento crítico de las izquierdas con más prensa.
 
Recordemos en diciembre de 2011 Cristina Fernández de Kirchner, recién asumido su segundo mandato con un 54% de apoyo electoral, hace promulgar la ley antiterrorista que agrava la criminalización de la protesta social. Ya en diciembre de 2010 ante la ocupación del parque Indoamericano por muchos sin techo crea, por decreto, el Ministerio Nacional de Seguridad y designa al frente a Nilda Garré que encumbró a la gendarmería en los avances hacia el Estado policial con el operativo Centinela para controlar asentamientos precarios del conurbano y el Proyecto X para vigilar e infiltrar a las organizaciones de izquierda. Luego Sergio Berni y César Milani consolidaron al dominio militar de la represión y los servicios de inteligencia y ponen en evidencia porqué la segunda desaparición forzada Jorge Julio López y la no apertura de los archivos estatales.
 
Cuando hablo de la decadencia de pensamiento crítico en izquierdas me refiero, por ejemplo, a la nota de Martín Mosquera y al éxito que tuvo entre militancias izquierdistas. Ante la construcción de consenso mayoritario del ¡Fuera Macri!
para que los pueblos de Argentina dejaran de sufrir al ajuste sin anestesia y aguantarlo durante el período electoral por todas las burocracias tanto sindicales como políticas y sociales imponiendo la conciliación con el poder real o el capitalismo. Implantaron que ese ¡Fuera Macri! sólo debía expresarse en las elecciones y encima muy polarizadas. El PJ  -partido de estado- com la oposición con posibilidades seguras de ganar. Entonces, era cantado el triunfo. Pero Mosquera afirma:
La derrota electoral aplastante de Macri es un acontecimiento fundamental que abre paso a una situación nueva. Las clases populares encontraron en la candidatura peronista un canal para censurar políticamente a la derecha y expresar un amplio rechazo a las políticas de ajuste de los últimos años.
 
Pocos días después del 11 de agosto, pese al inmediato terrorismo financiero, las grandes movilizaciones sociales no se atreven a transgredir las reglas de juego de la democracia burguesa ni a enfocar al sistema mundo capitalista. Es por causa de estar subordinadas a dirigencias interesadas sólo en negocios con el poder real y a otras que no rompen con las anteriores por preferir la masividad de la protesta o el reclamo.
 
Mientras se profundiza el ajuste y el hundimiento de las grandes mayorías en distintos grados de pobreza: los dos polos de la elección,aparentemente antagónicos, están acordando fortalecer el Estado contrainsurgente.
 

En medio de la crisis, avanza en silencio

la reforma del Código Penal

28 de agosto de 2019
 
Mientras en la calle movimientos sociales reclamaban la emergencia social y alimentaria y la Marcha por el gatillo fácil el cese de la represión, un Congreso paralizado se reunió para tratar la reforma del Código Penal. El anteproyecto incorpora más figuras penales y menos derechos y plantea fuertes retrocesos en materia de aborto. Por qué los distintos partidos proyectan obtener la media sanción antes de fin de año. Crónica de una reunión clave que, en medio de la crisis, busca pasar desapercibida.
 
“Cuando venía para acá, vi que el Congreso estaba cubierto de todo un telaje que me dio escalofrío: lo único que falta es que aparezca un mago y haga desaparecer el Congreso”. Con esas palabras, el senador Pedro Guastavino (Frente Para la Victoria) dio inicio a la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside para tratar el anteproyecto de reforma del Código Penal.
 
No fue magia: el Congreso está prácticamente paralizado, pero tanto Guastavino como Federico Pinedo (PRO) impulsan este anteproyecto en medio de una crisis social y económica grave. “Vamos a continuar dándole tratamiento más allá del contexto político electoral que está viviendo el país, que obviamente afecta el funcionamiento del Congreso de la Nación”, sostuvo Guastavino.
 
La intención: “Poder arribar a fin de año por lo menos con un dictamen que nos permita llegar a la medida sanción también este año”.
La sesión pudo seguirse en vivo en el canal de YouTube del Senado, pero durante la tarde no superó las 200 reproducciones.

 

Les expositores

La reunión de comisión arrancó a las 15.11 horas con no más de diez senadores y senadoras presentes. En la primera fila estaban Silvia Beatriz Elías de Perez, Néstor Pedro Braillard Poccard y Federico Pinedo, todos del PRO. También María Cristina del Valle Fiore Viñuales (Partido Renovador de Salta), Oscar Aníbal Castillo (Frente Cívico y Social) y Rodolfo Julio Urtubey (PJ), entre otrxs.
Una locutora fue presentando a cada invitadx, cuatro en esta primera reunión:
 
  • Juan Pablo Montiel, Director de Crimint (Centro Internacional de Investigación Aplicada en Derecho Penal) que habló principalmente de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Santiago Marino Aguirre, Defensor Público Oficial, quien habló en su exposición sobre la sobrepoblación que hay en las cárceles, y preguntó: «¿Quiénes son los que van presos?»
  • Graciela Dubrez, Presidenta de la ONG Observatorio Internacional de Prisiones sección Argentina, que retomó lo dicho por el anterior expositor y describió a las cárceles argentinas como “mero depósito de personas”.
  • Ismael Jalil,  en representación de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), que unió su exposición con la calle: la marcha contra el gatillo fácil y las movilizaciones de los movimientos sociales ese mismo día.
 
En ese orden, cada unx expuso sus consideraciones sobre el primer libro del proyecto del nuevo Código Penal que plantea «disposiciones generales». El segundo libro corresponde a «delitos» y el tercero al de «delitos contra el orden internacional». En total, los tres libros suman 208 páginas y tienen 540 artículos, 220 más que el vigente.
La reunión transcurrió en el Salón Rosado del primer piso del Parlamento. La sala estuvo dividida por una soga. Adelante: senadores, senadoras, asesores e invitados  sentados. Atrás: periodistas y público parados: no había sillas para el público ni para los periodistas.
Entre quienes aguantaron paradas las dos horas estuvo Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, la joven de 16 años asesinada en Mar del Plata en 2016. En mayo de este año Marta y su marido Guillermo Pérez convocaron a una reunión en el Anexo de la Cámara de Diputados donde anunciaron la presentación del pedido de destitución por mal desempeño de los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata (Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale), que en noviembre del año pasado absolvieron a los femicidas de su hija.
 

Mientras tanto, la calle

Mientras tanto, miles de personas, en ese mismo momento, marchaban desde Congreso a Plaza de Mayo en la 5ta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. “En 100 años de Código Penal las cárceles han estado siempre desbordadas por los hijos de las clases trabajadoras. Cada vez que reformaron lo hicieron para peor”, dijo Ismael Jalil de CORREPI a lavaca.
 
  • ¿Cómo se lee entonces que se esté haciendo esta sesión en este contexto?
  • Es mucho más que una paradoja que el Congreso que está cerrado y en medio de la más grande crisis que tiene el país se abra para discutir criterios todavía más punitivos con relación al pueblo, que está pidiendo el cese de esta política de hambre y de las políticas represivas. Esto es lo paradójico: las instituciones por un lado y la calle por el otro. Un ejemplo: hoy, uno de cada cinco femicidios es a manos del Estado porque es un uniformado con arma reglamentaria. Con relación a los jóvenes, la franja de 15 a 25 años es la víctima del gatillo fácil y después hay una franja que va un poco más arriba en la edad que es la que termina siendo víctima en los lugares de detención: la tortura seguida de muerte.
 
  • ¿Considera que está contemplada la mirada desde los movimientos sociales en el proyecto?
  • Para nada. Se encerraron en una cúpula los que tenían necesidad de darle respuesta exclusivamente a la clase dominante;  todo pasa por levantar los niveles de pena, por poner figuras cada día más fuertes. No tuvimos ningún tipo de posibilidad de entrar a esa comisión a decir nada. No deja de ser emblemático que se abra la discusión en un momento como éste, donde tendrían que estar todos los senadores, todos los diputados, discutiendo cómo se sale de esta crisis, o por lo menos cómo se sostiene a nuestro pueblo en esta crisis: emergencia alimentaria y basta de represión en la calle.

 

La ley del poder

La abogada especialista en derechos humanos, Verónica Heredia, también estuvo en la reunión de Comisión escuchando a les expositores. “El Código Penal es la ley del poder, por eso en esta coyuntura no puede debatirse este código en Argentina. La selectividad de las conductas que serán atrapadas por la violencia del Estado claramente se proyecta en la selectividad de las personas. Esta decisión la toma quien tiene el poder”, explicó a lavaca luego de la reunión y mientras las calles gritaban en contra de la violencia institucional.
 
“El Congreso de la Nación no sesiona hace dos meses; el Poder Judicial está sospechado del lugar más oscuro de la sociedad y el Poder Ejecutivo carece de toda legitimidad. La población reclama emergencia alimentaria y marcha contra las muertes en manos del Estado. En ese contexto, el Senado solo abre las puertas para debatir del Proyecto del Código Penal propuesto por un Poder Ejecutivo devaluado. Se explica este debate en la complicidad de quienes aspiran al poder ya que este Código les garantiza gobernabilidad del modelo extractivo y depredador, con mayor posibilidad en el despliegue de la violencia del Estado: menos derechos a las mujeres, más cárceles a los disconformes”.
La próxima reunión será la segunda semana de septiembre.
 
 
Nos orienta hacia caminos emancipatorios Raúl Zibechi al manifestar:
"Me interesa destacar no sólo el hecho de que rompieron el cerco, sino sobre todo cómo lo hicieron. Es una lección política y ética que necesitamos en esta parte del mundo, donde los programas sociales inspirados en el Banco Mundial y ejecutados por los progresismos, han destruido la independencia del campo popular y atornillado la dominación, para beneplácito de las grandes multinacionales.
Poder popular y programas sociales son dos fuerzas que se repelen. Cuando una triunfa, la otra pierde".
 

Derrota de la contrainsurgencia "social"
31 de agosto de 2019
 
Por Raúl Zibechi (La Jornada)
 
En la medida que las políticas o programas sociales suenan como las caras amables de los estados de nuestra región, más allá de quienes los administren, resulta necesario recordar sus orígenes y objetivos declarados. No alcanza con señalar que buscan reducir la pobreza o que pretenden debilitar a los movimientos antisistémicos. La historia se remonta a la guerra de Vietnam y a un personaje llamado Robert McNamara, uno de los cuadros más astutos que tuvo el capitalismo.
McNamara fue el primer presidente de la empresa Ford que no pertenecía a la familia, en 1960, cargo que abandonó al ser nombrado secretario de Defensa entre 1961 y 1968, durante la guerra de Vietnam. Ese año pasó a presidir el Banco Mundial, hasta 1981. Durante la Segunda Guerra Mundial había ingresado a la Fuerza Aérea, donde aplicó las artes de la administración de negocios aprendidas en Harvard a la eficiencia de los bombarderos estadunidenses, lo que le valió la Legión al Mérito como teniente coronel.
Durante el conflicto en Vietnam comprendió que las armas, por más sofisticadas que sean, no ganan guerras. Dirigió el Banco Mundial con el objetivo de revertir la derrota militar y preparar el terreno para que esa situación no volviera a producirse. Comprendió que la injusticia social y la pobreza podían poner en peligro la estabilidad del sistema capitalista, y para remediarlo concibió la política del combate a la pobreza.
Entiéndase que para McNamara la pobreza es un problema en tanto, y sólo en tanto, puede desestabilizar la dominación. Es una cuestión instrumental, no ética. Bajo su gestión el Banco Mundial se convirtió en el centro de pensamiento (think tank) más citado por las academias y pasó a definir las políticas de los países en desarrollo. Como destacó uno de sus colaboradores, Hollis Chenery, se trata de repartir un pedazo del crecimiento de la riqueza y no la riqueza (*).
El combate a la pobreza tuvo dos efectos más. Consiguió sacar la riqueza del centro del escenario político, como había estado hasta la década de los 70. Aunque hoy parezca increíble para quienes no vivieron la revolución mundial de 1968, la izquierda creía que el verdadero problema social era la riqueza, por eso todos los programas de gobierno iban dirigidos a la reapropiación de los medios de producción y de cambio, como la reforma agraria, entre muchos otros.
La segunda es que se propuso, y consiguió, influir en los movimientos antisistémicos de una manera muy sutil, a través de una política que definieron como fortalecimiento organizativo (recuerden el Pronasol), se eligieron movimientos de lucha para convertirlos –con apoyo del Banco Mundial– en organizaciones burocratizadas que, en adelante, se especializarán en hacer trámites ante agencias de desarrollo. El banco dejó de gestionar los préstamos y se limitó a acompañar, capacitar, asesorar y fiscalizar.
Por todo lo anterior, es importante que las bases de apoyo del EZLN hayan conseguido derrotar estacontrainsurgencia social. No es lo habitual. En mi país, Uruguay, el progresismo consiguió amortiguar el conflicto social con una batería de políticas sociales que van desde el impulso a cooperativas digitadas desde arriba, hasta la creación de organizaciones sociales que tienen la apariencia de legítimos movimientos. Otros progresismos fueron más sutiles, clonando movimientos enteros.
El comunicado titulado Y rompimos el cerco, firmado por el subcomandante Moisés, enseña tres aspectos de esta derrota de los programas sociales.
El primero es que las bases de apoyo salieron de sus comunidades a encontrarse con otros abajos, con quienes se entendieron como sólo se entienden entre sí quienes comparten no sólo el dolor, también la historia, la indignación, la rabia.
La segunda es el papel destacado que jugaron los jóvenes y las mujeres en la tarea de romper el cerco. La tercera es que las mujeres zapatistas no sólo marcaron el norte, sino que estuvieron también a los lados para que no nos desviemos, y atrás para que no nos retrasemos.
Fue un encuentro entre abajos, entre iguales, más allá de las opciones políticas coyunturales de cada quien. Fue un encuentro de dignidades: la zapatista y la de las comunidades partidistas que se rebelaron contra el desprecio, el racismo y la voracidad del actual gobierno, que les entrega limosnas para dividirlas.
Me interesa destacar no sólo el hecho de que rompieron el cerco, sino sobre todo cómo lo hicieron. Es una lección política y ética que necesitamos en esta parte del mundo, donde los programas sociales inspirados en el Banco Mundial y ejecutados por los progresismos, han destruido la independencia del campo popular y atornillado la dominación, para beneplácito de las grandes multinacionales.
Poder popular y programas sociales son dos fuerzas que se repelen. Cuando una triunfa, la otra pierde.
(*) Citado por Eric Toussaint, Banco Mundial. El golpe de Estado permanente, Abya Yala, Quito, 2007, p. 155.

Preguntémonos qué trabajo defendemos como única posibilidad de vida y dignidad humana.

Por esta falsa conciencia de la mayoría de nosotros, el progresismo dice que "el productivismo es mandato popular"
cuando, lo cierto, es que resulta en intensificación de las injusticias social y ambiental.

Poner fin a esa extorsión y subordinación nos desafía, abajo y a la izquierda, facilitar la percepción de que componemos el nosotros de oprimides, expropiades, humillades, reprimides y hambreades aun cuando seamos de las capas medias y nos sintamos libres de tales condenas sistémicas. Conduce al reconocimiento que compartimos la exigencia de no trabajar para la acumulación de riquezas y poder de quienes, cada vez más, precarizan las condiciones laborales y las de la vida social e individual hasta practicar genocidios silenciados e invisibilizados.
 
Ejemplifiquemos cómo surgen cuestionamientos en el para qué el trabajo vigente. En Tierra del Fuego, veamos los planteos ante las justificaciones de altos funcionarios:
 
Por la polémica obra Corredor del Beagle
 Inédita convocatoria en el abrazo simbólico para proteger el bosque nativo
 Más de 350 personas aceptaron la propuesta de caminar por la costas del Canal Beagle hasta el sector donde se lleva adelante el desmonte de bosque nativo, buscando visibilizar el impacto ambiental de la controvertida obra Corredor del Beagle que el Gobierno provincial lleva adelante.(...)
Y la postura de funcionarios del Gobierno provincial de ampararse en que “no son necesarias las investigaciones” argumentando que “la información ya está recolectada en investigaciones anteriores, y siempre es la misma”, postura que los arqueólogos calificaron de “falaz” ya que cada trabajo, excavación o investigación, abre las puertas a “nuevos descubrimientos” del pasado nativo y eso es “patrimonio de todos, por lo que todos gozamos del derecho de exigir su protección". Enfatizaron en que se trata de recursos no renovables y que los daños que se generen sobre el patrimonio es irrecuperable.
También se abordaron temáticas ambientales a cargo de organizaciones tales como Manekenk, Beagle Secretos del Mar, Soy Parte del Bosque Fueguino y de biólogos involucrados en las mismas, resaltando los aspectos naturales y la importancia de conservar el bosque fueguino como valor turístico, natural y cultural. (...)
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Asociación Mane´kenk
@manekenkush
-- 
Boletín de novedades de Asociación Manekenk
http://www.manekenk.org.ar
@manekenkush
Fb: asociacion.manekenk
 
Destapemos al gobierno de Evo Morales para descubrir qué trabajo fomenta volviendo cómplices a les trabajad@s.

Preocupación de representantes

Política extractivista del MAS

amenaza a indígenas y ecosistemas

28 de agosto de 2019
Tomado de El Diario.-  Indígenas plantean juicio de responsabilidades contra Evo Morales y sus colaboradores por biocidio y etnocidio, no descartan acudir a instancias internacionales para denunciar esos atropellos.
La ampliación de la frontera agrícola, la exploración de hidrocarburos y minerales en reservas naturales, la construcción de hidroeléctricas del Bala y El Chepete son algunas de las políticas extractivistas que está implementando el gobierno de Evo Morales. Acciones que están amenazando la existencia de al menos 10 pueblos indígenas que habitan esas regiones y la extinción de la biodiversidad única en el país.
Los líderes indígenas, del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas y Alex Villca de la Amazonia, coincidieron por separado, que la política económica extractiva del gobierno está poniendo en riesgo a las naciones indígenas. Advirtieron que la única forma de frenar estos atropellos es la unidad de los afectados y emprender una lucha en defensa de su territorio.
“Estamos llegando a dimensiones tan grandes que ya no podemos tolerar, no podemos vivir en paz, necesitamos tomar acciones concretas y esperemos que, en los siguientes días, las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos indígenas que aún creen que una Bolivia mejor es posible debemos actuar”, señaló Villca.
La Constitución Política del Estado (CPE), promulgada en el 2009, reconoció la existencia de 36 naciones indígenas en todo el país, de las cuales alrededor de 29 de ellas se encuentran asentadas en cuatro departamentos: 15 en el Beni, 4 en Pando, 5 en Santa Cruz y 3 en Tarija.
AFECTADOS
Hace un mes, el presidente Evo Morales aprobó el Decreto Supremo 3973, que autorizó la quema controlada de los bosques que se encuentran en los departamentos de Santa Cruz y Beni, para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias. En esas regiones están asentadas 19 naciones indígenas.
Los opositores acusan al gobierno que la aprobación de esta norma ocasionó el incendio forestal que se registró el Roboré-Santa Cruz en pasadas semanas, donde el fuego consumió más de 500.000 hectáreas del bosque seco de la Chiquitanía. En este departamento se encuentran 5 naciones indígenas: Chiquitano, Guarayos, Ayoreo, Guaraní y Guarasu´We, los dos primeros son los más afectados por esta catástrofe ambiental.
TIPNIS
Otra de las regiones afectadas es el Tipnis, que a través de la ley 969 que quitó la intangibilidad del área protegida y viabilizó la construcción de la carretera, hidroeléctricas, autorizó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la exploración y explotación de hidrocarburos, además del ingreso de cooperativas mineras para la obtención de minerales.
En esta reserva natural existen más de 17 naciones y pueblos indígenas, entre ellos: Moxeño, Sirionó, Yuracaré, Mosetén, Chimán y otros que están siendo afectados por la depredación de sus territorios. Vargas advirtió del ingreso descontrolado de colonizadores que están cultivando coca de forma ilegal en el Polígono 7.
TARIQUÍA
La Reserva Natural de Tariquía del departamento de Tarija también es amenazada por Petrobras que suscribió un contrato con el gobierno para la exploración de gas en esa región. Los habitantes están en emergencia permanente ante la coacción por parte de la empresa que pretende ingresar en cualquier momento.
Después de marchar seis días desde la reserva hacia Tarija, en un cabildo exigieron al gobierno la anulación del acuerdo y advirtieron que no permitirán la depredación de su territorio, que es una de las reservas que alberga a una diversidad de flora y fauna.
HIDROELÉCTRICAS
Con el afán de convertir a Bolivia en el centro energético de Sudamérica, proyectó la construcción de tres hidroeléctricas: las represas El Chepete y El Bala, que pondrían en peligro al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi -La Paz y la Reserva de Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas-Beni.
El segundo proyecto polémico ha sido la construcción de la hidroeléctrica Rositas, que se prevé impactará al Área Natural de Manejo Integrado Río Grande Valles Cruceños (ANMI).
CONTRADICCIONES
A revista científica Ecología y Evolución de la Naturaleza (Nature Ecology and Evolution) observó los discursos contradictorios de Evo Morales, tomando en cuenta que en diferentes foros internacionales hace una defensa acérrima de los derechos de la madre naturaleza, pero en el país aplica normas que permiten la devastación de las áreas protegidas.
Alfredo Romero, investigador principal del estudio y miembro del Departamento de Geografía de la Universidad de Humboldt, en Berlín, apuntó a 11 leyes aprobadas por el Gobierno que viabilizan estas acciones.
Por ejemplo, en el 2015 se promulgaron los Decretos Supremos 2298 y 2366 reducen la consulta previa a un simple trámite administrativo y permiten la exploración y explotación de recursos naturales en áreas protegidas. Otra de las normativas cuestionadas es el DS 2366 que aprobó la exploración de hidrocarburos dentro de las áreas protegidas de Bolivia.
En ese mismo año se aprobó la Ley 741 que autoriza la ampliación del desmonte de hasta 20 hectáreas en propiedades agrícolas, el cual dio origina la promulgación de varios decretos, entre ellos el cuestionado 3973.
ACCIONES
Al respecto, el líder indígena Alex Villca, propuso iniciar un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales, por la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza.
Esto fue respaldado por el exdirigente del Tipnis, Fernando Vargas. Villca dijo que esta decisión puede ser asumida por los líderes indígenas que luchan por la defensa de sus territorios, que derivó en la creación de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap).
Por su parte, Vargas no descartó que acudan a instancias internacionales, a la Corte Interamericana De Derechos Humanos y al Tribunal Internacional de la Madre Tierra para denunciar por biocidio y etnocidio.

Evaluemos que, como todo gobierno progresista, privilegia a los grandes propietarios aumentando las injusticias social y ambiental.

En 13 años, los agroempresarios consolidaron sus propiedades en las tierras más aptas para la agricultura

26 de agosto de 2019
Los grandes perdedores del “proceso de cambio” son la gran masa de campesinos pobres que, en el ámbito de su organizaciones controladas por los campesinos  ricos, no encuentran canales para manifestar sus demandas y necesidades. Desigualdades: Pese al beneficio de los títulos, la nueva estructura agraria oculta que los campesinos han consolidado, en promedio, apenas 14 hectáreas por familia, los indígenas y originarios 56 por unidad familiar y los empresarios 930 ha por unidad productiva.
El saneamiento de tierras publicitado por el partido gobernante en tres gestiones consecutivas desde 2006, no afectó a los grandes terratenientes y agroempresarios, que más bien consolidaron sus posesiones en los suelos más aptos para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, ubicados mayoritariamente en tierras bajas o llanos orientales.
Por el contrario, los terrenos distribuidos a campesinos e indígenas en las tierras bajas son marginales o no son adecuadas para la producción agropecuaria y tienen más bien vocación forestal, mientras que los predios en manos de campesinos e indígenas de altiplano y valles, sufren degradación y están mayoritariamente parcelados como consecuencia del minifundio.
Las conclusiones corresponden al reciente estudio Tierras y producción agrícola: a 13 años de la “revolución agraria” del MAS:, del investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Enrique Ormachea, que analiza entre otros temas la calidad de las tierras tituladas en los últimos tres quinquenios.
Los intereses de la burguesía agraria y de los terratenientes que obtienen renta capitalista de la tierra nunca fueron amenazados por el gobierno del Movimiento Al Socialismo, sostiene el especialista.
“De manera paulatina, las demandas de los poderosos gremios agroindustriales fueron transformándose en una serie de normas legales que consolidaron el poder real que estas clases sociales ya tenían al final del periodo neoliberal, pues concentran las mejores tierras para la producción agrícola y ganadera y producen la mayor parte de la producción agropecuaria del país”, añade.
Ganadores y perdedores
Los grandes perdedores son, “ni duda cabe, la gran masa de campesinos pobres que, en el ámbito de las organizaciones campesinas controladas por los campesinos ricos, no encuentran canales para manifestar sus demandas y necesidades”.
Destaca por ello Ormachea que una parte importante de estos campesinos pobres son trabajadores asalariados de temporada en predios de empresas y explotaciones agropecuarias de los campesinos ricos: obreros agrícolas “que venden su fuerza de trabajo al margen de las leyes laborales en vigencia, ante la ausencia de organizaciones sindicales de obreros agrícolas que los aglutinen y defiendan”.
Recuerda que, desde hace un poco más de 40 años, los trabajadores asalariados del campo reclaman su incorporación a los beneficios de la Ley General del Trabajo, una demanda que durante los gobiernos neoliberales fue sistemáticamente ignorada por los regímenes interesados en favorecer a los sectores agroexportadores.
“Ya van 13 años, desde que Evo Morales asumió el gobierno, ignorando también esta demanda, como le corresponde al partido de los campesinos ricos”.
El autor demuestra también que no es evidente, como sostienen algunos investigadores que creyeron en la revolución agraria del MAS, que Evo Morales se alió con la “burguesía terrateniente de la media luna” solo en 2009.
“Desde el inicio de su gobierno, siempre representó sus intereses e intentó aliarse con ella”, sostiene Ormachea al evocar decisiones del entonces recién presidente electo.
“Hizo uno de sus primeros guiños a esta fracción de la clase dominante durante su primera gira por Europa y Asia”, como presidente electo antes de asumir el gobierno en enero de 2006, al informar a su retorno, que una de sus gestiones fue “abrir el mercado chino para incrementar la producción de soya, cultivo con fuerte predominio de grandes empresas capitalistas”.
En síntesis, en oposición a los propósitos proclamados en 2007, subraya que el gobierno del MAS “ha profundizado las desigualdades sociales en el campo, ha ahondado las diferencias regionales en el ámbito de la producción agropecuaria y ha agravado la dependencia alimentaria del país”
Por el contrario, no logró incrementar el aporte de los campesinos e indígenas a la producción agropecuaria nacional, y, en cambio, promueve la colonización de los pueblos indígenas de las tierras bajas a través de la expansión de la frontera agrícola y de la explotación de recursos naturales no renovables en sus territorios.
Desigualdades
Según la Fundación Tierra citada por Ormachea, la nueva estructura agraria que emerge del proceso saneamiento, oculta el hecho de que los campesinos han terminado “consolidando 14 hectáreas en promedio por familia, los indígenas y originarios 56 ha por familia unidad familiar y los empresarios 930 hectáreas en promedio por unidad productiva”.
Los datos del Censo Agropecuario 2013 confirman estas desigualdades: mientras las unidades productivas agropecuarias de corte capitalista tienen en promedio 83,6 hectáreas en propiedad y usufructo, las unidades productivas campesinas tienen apenas 9,9 hectáreas.
Si bien estas cifras demuestran desigualdades en el acceso a la tierra, no dejan de esconder el tema de la calidad de las tierras tituladas, según Ormachea:
“Las medianas y grandes empresas han consolidado sus posesiones en las tierras más aptas para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, ubicadas mayoritariamente en las tierras bajas. Por el contrario, las tierras distribuidas a campesinos e indígenas en las tierras bajas o son marginales o no son aptas para la producción agropecuaria, pues tienen más bien vocación forestal. Y las tierras que han consolidado los campesinos e indígenas en las tierras altas sufren generalizados procesos de degradación y están mayoritariamente parceladas como consecuencia del minifundio que impera en ellas” (Boletín del CEDLA)
 

Advirtamos que el único modo de desarrollo del capitalismo en el Abya Yala consiste en extractivismos que amenazan de extinción a la vida planetaria y a la humanidad entera. Hoy los incendios en la Amazonía y en otros lugares del mundo prueban que es prioritario erradicar esas sobreexplotaciones de la naturaleza,  contaminación ambiental y reestructuración ecológica, social, cultural de países, continente y mundo. En tamaño reordenamiento sólo para el lucro cortoplacista de minúsculas minorías creídas en ser todopoderosas, participan protagónicamente tanto los progresistas como la derecha explícita. Son ecocidas y genocidas.

Por tanto, cabe a los pueblos recuperar el trabajo en sus sentidos antropogénicos. Los observamos en los pueblos originarios: carácter comunitario, objetivos de atención a las necesidades e intereses populares (locales y federados) y enfoque territorial hacia buenos vivires que se actualiza por diálogos entre indígenas, científicos, artistas y otres sectores populares para resolver problemas fundamentales y aspiraciones respecto a situaciones compartidas. Es clave la participación de visiones ecosocialistas y ecofeministas no sólo en el qué y el cómo hacer sino también en confrontar con el sistema mundo capitalista.

Tanto Evo (y todes los conciliadores con el capitalismo) como Bolsonaro y las clases dominantes locales e imperialistas deberán ser derrotados por los pueblos adueñados del destino común continental y mundial.

 
Noam Chomsky: “Las quemas en la Amazonia son un crimen de lesa humanidad”
31 de agosto de 2019
 
Por Roberto Manríquez
El Mostrador
Los incendios forestales en la Amazonia han causado indignación y preocupación en todo el mundo. Chomsky, el intelectual vivo más relevante según el New York Times, explica a El Mostrador que la deforestación de esta selva tropical, a causa de las "quemas ilegales", debe ser considerada como crimen de lesa humanidad. Del mismo modo, el pensador y activista político estadounidense asevera que la emergencia climática constituye la problemática más importante que ha surgido en la historia humana, ya que esta crisis ambiental, a menos que se aborde seriamente y pronto, "condenará la vida humana organizada".
Los cerezos han florecido en agosto en Santiago de Chile, un mes antes del comienzo de la primavera, que solía llegar en septiembre en el hemisferio sur. Un bello efecto que es rápidamente ensombrecido al constatar que el otoño se reduce inexorablemente. Pero no es lo único que cambia, ni menos lo más grave.
La Amazonia lleva semanas ardiendo y la amenaza se cierne sobre una cuarta parte de las especies de la Tierra: 30 mil tipos de plantas, 2.500 especies de peces, 1.500 de aves, 500 de mamíferos, 550 de reptiles y 2,5 millones de insectos. Ello sin contar que esta selva proporciona el 20 por ciento del agua dulce no congelada del planeta y también, como se ha dicho, produce un 20 por ciento del total de oxígeno disponible en la Tierra.
Aunque es cierto que el oxígeno que produce la Amazonia es consumido en la misma Amazonia, las palabras del ministro de Medio Ambiente de Brasil, cuando declara que dicha región “no es el pulmón del mundo", debido a que tiene su ciclo cerrado y que, por lo tanto, "es un patrimonio brasileño" y que "esta historia de que pertenece a la humanidad es una bobería”, encierran la enorme dimensión de la crisis que afrontamos al desconocer su papel vital en el flujo de las precipitaciones en toda América Latina, en la regulación del clima global y en la aportación de nutrientes a los microorganismos que producen en el mar el oxígeno que respiramos, y que, todo ello, repercute directamente en la supervivencia de la humanidad.
La emergencia climática, entonces, es un problema de Derechos Humanos. Así al menos comienza a ser comprendido en forma creciente. Noam Chomsky, actual académico en la Universidad de Arizona, descrito por The New York Times como el intelectual vivo más relevante, contestó un cuestionario para El Mostrador, en el que sin recelos repara en que, de no abordar seriamente y pronto la emergencia climática, esta condenará la vida humana organizada.
-Hasta hace pocos años se sostenía que la temperatura global iba a tardar al menos dos décadas en aumentar, pero esto ha ocurrido en cuestión de años. ¿Comparte la impresión de que la emergencia climática se ha dejado caer mucho más rápido de lo esperado?
Se ha demostrado repetidamente que el consenso del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático fue demasiado conservador, lo cual no es sorprendente. Un consenso tiende a mantenerse en el mínimo común denominador. Las perspectivas de ahora, sin embargo, son considerablemente más sombrías de lo que se suponía recientemente.
-Hoy existe coincidencia de que el sistema neoliberal es directamente responsable del impulso depredador y que, en este sentido, los medios de comunicación globales que hoy parecen alarmados, durante décadas ignoraron el problema y defendieron el sistema económico pese a los costos. ¿Qué responsabilidad ve en ello?
Definitivamente tienen responsabilidad los medios de comunicación. Durante años, apenas abordaron este problema, que constituye el más importante que ha surgido en la historia humana, ya que la emergencia de esta crisis ambiental, a menos que se aborde seriamente, y pronto, condenará la vida humana organizada. Los medios en el pasado, cuando abordaron la problemática, la presentaron como una disputa entre dos grupos: los alarmistas y los negacionistas, estando en el primer grupo casi todos los científicos del clima acreditados en el mundo. Los informes finalmente han comenzado a cambiar, pero no lo suficiente, teniendo en cuenta lo que está en juego, esto respecto a los medios dirigidos a grandes audiencias
-¿Y en el mundo de los negocios?
Las páginas de noticias de la prensa empresarial, como el Wall Street Journal (WSJ), tienden a ser bastante precisas. El mundo de los negocios es muy consciente de que sus políticas están destruyendo la vida en la Tierra y que están explotando en la cara de sus propios negocios. Tome el ejemplo más obvio y bien estudiado: ExxonMobil. Sus propios científicos estuvieron a la cabeza, desde los años 60, explicando las graves amenazas del uso de combustibles fósiles. Pero la gerencia no solo avanza a toda velocidad para maximizar su uso, sino que también ha sido el principal financiador del negacionismo, continuando hasta el presente. Esa es la lógica capitalista estricta.
-Respecto de los incendios en la Amazonia, la evidencia científica, que a su vez ha sido replicada en múltiples medios en el mundo, ha puesto su foco en responsabilizar a la deforestación ilegal como una de las causas de estos incendios forestales. ¿Qué piensa de estas políticas del gobierno de Bolsonaro que alientan la quema para despejar terrenos para uso agrícola?
Que deberían considerarse un crimen de lesa humanidad, muy grave. La Amazonia es uno de los grandes sumideros de carbono del mundo y produce alrededor del 20 por ciento del oxígeno del mundo. Las políticas de Bolsonaro son verdaderamente criminales y deberían enfrentar una oposición enérgica.
-Por estos días se han gestado protestas en las embajadas de Estados Unidos y Brasil, ¿qué opina de ellas?
Estados Unidos y Brasil son estados fuera de la ley. Afortunadamente, en ambos países hay protestas internas y activismo, los cuales merecen el apoyo internacional. Pero las políticas de los dos gobiernos son de hecho "suicidas", para la humanidad en general. Deberían protestar vigorosamente en todo el mundo, de todas las maneras posibles.