domingo, 29 de septiembre de 2019

Pensemos, junto a otres cada vez más mayorías, qué sistema destruye la Amazonía o la cordillera sólo por crecimiento lucrativo a corto plazo de oligopolios y altos funcionarios y gerentes.

Es descubrir a los extractivismos como el único capitalismo posible en el Abya Yala. 

Así las corporaciones con apoyo de Estados
transfieren a gran escala el saqueo hacia 
sus paraísos fiscales e industrias

sin importar ecocidios-genocidios
por enfoques racistas y colonialistas.
 
El desafío, de las diversidades de abajo e izquierdas coherentes, es situar en que no hay presente ni futuro de nosotres en el capitalismo. Nos exige generalizar la percepción sobre las falsedades conque el progresismo justifica su promoción de los extractivismos. En vez de servir a la atención de les pobres les conforma a sobrevivir y les quita poderes-sentires subversivos. Refuerza la concentración/centralización capitalista; el carácter primario de la producción y el subdesarrollo de nuestros países. Reflexionemos sobre:

Las vueltas del neoliberalismo
 
28 de septiembre de 2019
 
Por Raúl Zibechi (La Jornada)

La crisis del pensamiento crítico, o sea nuestra forma de comprender el mundo para poder actuar transformándolo, ha llevado a los analistas a multiplicar conceptos poco precisos que suelen ser más descriptivos que analíticos, por lo que inducen a confusión. Neoliberalismo es uno de los conceptos que están siendo utilizados de manera menos rigurosa.
Entre muchos profesionales de la política y del pensamiento se ha difundido una idea que asocia el neoliberalismo a un tipo de gobierno fundamentalista del mercado, cuando su acepción debería apuntar en una dirección estructural: es el capitalismo en el periodo en el que la acumulación por desposesión se ha convertido en hegemónica.
El geógrafo marxista David Harvey, quien acuñó el concepto de acumulación por desposesión/robo, asocia esta modalidad del capital a las políticas neoliberales promovidas por el Consenso de Washington: las privatizaciones, la dominación del capital financiero, la distribución regresiva de la renta y la generación de crisis para acelerar los tres procesos anteriores.
En América Latina el neoliberalismo tuvo un primer periodo privatizador, en el cual fueron desguazadas buena parte de las empresas estatales, traspasadas a precios muy bajos a multinacionales del norte. Las privatizaciones fueron enfrentadas por una amplia alianza de los sectores populares y las clases medias, generando una oleada de movilizaciones que se tradujo en la caída de una docena de gobiernos derechistas, desde el Caracazo de 1989 hasta la segunda guerra del gas en Bolivia en 2005.
Deslegitimadas las privatizaciones y las dirigencias políticas que las promovieron, el neoliberalismo trasladó el núcleo de la acumulación por despojo a otros terrenos que ahora llamamos extractivismo: agronegocio, minería a cielo abierto, obras de infraestructura y especulación inmobiliaria urbana. Estamos ante lo que la socióloga Maristella Svampa denominó “consenso de las commodities”, aunque suelo optar por una definición desde abajo que la nombra como cuarta guerra mundial.
El problema que observo, es que muchos analistas sostienen una definición mucho más restringida de neoliberalismo, que asocian a la mayor o menor participación del Estado en la economía y en la sociedad. De ese modo, se suele sostener que cuando asume un gobierno estatista, real o discursivo, ya entraríamos en un periodo posneoliberal.
Definir las cosas de este modo, creo que induce a confusiones. Los cambios de gobierno no afectan al modelo neoliberal, sino tocan apenas aspectos laterales del mismo. Por ejemplo, se suele mentar que las políticas sociales compensatorias son parte del nuevo periodo posneoliberal. Sin embargo se ignoran dos hechos centrales.
Uno: esas políticas no las inventaron los gobiernos progresistas o posneoliberales, sino el Banco Mundial para desarticular los movimientos antisistémicos. Dos: las políticas sociales benefician al sector financiero, al promover la bancarización de los beneficiarios. En ambos casos, refuerzan el neoliberalismo: debilitan a quienes pueden enfrentarlo y fortalecen al capital financiero.
Pero lo más importante es que el neoliberalismo, siendo la fase actual del capitalismo, no puede ser derrotado votando, eligiendo nuevos gobernantes, sino desarticulando las bases sobre las que se asienta: el poder concentrado del capital financiero que utiliza el aparato estatal como escudo y espada, más allá de los gobernantes de turno.
Sostengo que salir del neoliberalismo implica una crisis fenomenal, porque el poder construido por el capital es tan sólido que sólo puede ser derrotado en un largo periodo de autorganización de los pueblos, recuperando los medios de producción e instituyendo formas de vida no capitalistas, con poderes no estatales que las defiendan.
Una de las consecuencias más nefastas del neoliberalismo es que ha consolidado el poder del uno por ciento. Este poder amurallado en las instituciones estatales como las fuerzas armadas, que ha sometido a sus intereses al narcotráfico y otras formas de la acumulación por despojo, no puede ser desarticulado sin un cambio radical en la relación de fuerzas. Algo que nunca se consiguió votando, ni en plazos cortos.
El capital en el periodo neoliberal se ha blindado, aprendiendo las lecciones de las revoluciones triunfantes. Por eso no será nada sencillo desalojarlos del poder, tarea en la que han fracasado tanto las opciones electorales como las armadas. ¿Acaso China y Vietnam no son neoliberales?
Un problema adicional es el que denuncia Darío Aranda en una brillante nota (https://bit.ly/2mDPbbU). El extractivismo, el neoliberalismo, son políticas de Estado. Los gobiernos conservadores pactan con las empresas multinacionales la entrega de los bienes comunes. Los progresistas hacen lo mismo.
El modelo extractivo primario exportador, es la continuidad entre unos y otros. Aunque los progresistas aseguren que al llegar ellos al gobierno ya no hay neoliberalismo. Que le pregunten a los pueblos.
 
 
 
 
Estamos, como explica Raúl Zibechi,  subsumidos en:
 
" crisis del pensamiento crítico, o sea nuestra forma de comprender el mundo para poder actuar transformándolo, ha llevado a los analistas a multiplicar conceptos poco precisos que suelen ser más descriptivos que analíticos, por lo que inducen a confusión".

Ejemplifiquemos con el siguiente posicionamiento que significa retrocesos en conceptos elaborados desde las confrontaciones con el sistema de larga data. Las luchas por leyes, por salarios y tierras para la agricultura familiar no rumbean hacia la emancipación. Esto último lo demuestra el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil. Pero la soberanía alimentaria sí tiene potencialidad de cambio radical que Vía Campesina define en contraposición a la seguridad alimentaria de la FAO.

En fin, la lucha por la supervivencia y la construcción de lazos para concretarla es crucial para la vida inmediata pero cuando se extiende a través de los años como la ley de emergencia alimentaria (2002-2022) y la acuerdan ambos bandos de la gobernalidad sistémica, habría que instalar la deliberación abajo y a la izquierda sobre los porqué de esta situación y cómo superarla.

 

Leyes de la economía popular
28 de septiembre de 2019
 
Por La tinta


Los movimientos sociales siguen protagonizando jornadas de lucha urgentes y necesarias en el actual contexto de crisis. La extensión de la ley de Emergencia Alimentaria y la aprobación de una ley de Agricultura Familiar para Córdoba son avances que hablan de realidades donde el alimento es el núcleo de combate. Proponemos pensar esas leyes como herramientas concretas en un largo camino emancipatorio protagonizado por mujeres.
La arena en la que se pelea por leyes en el estado moderno juega con los códigos del patriarcado, del colonialismo y del capital. Ninguna de las llamadas “conquistas” escapan a ese monstruo de tres cabezas. Sin embargo, el fino ojo estratégico en momentos de crisis profunda y de guerra abierta y no convencional, obliga a las organizaciones sociales a avanzar en el terreno legal, garantizando un piso de acuerdos sobre los cuales trabajar, intentando revertir la urgente y desesperante realidad de millones de personas. Los movimientos sociales han demostrado tener la capacidad de intervenir y disputar en asuntos públicos, a la par de construir un sinfín de experiencias organizativas en las comunidades.
Estos espacios están integrados principalmente por mujeres de sectores populares, por esto la mayoría de las demandas se orientan a transformar las condiciones de vida de este sector, atravesado por múltiples violencias: mujeres pobres, muchas migrantes y con fuerte componente juvenil. ¿Qué nos dicen estas leyes del camino de construcción encarado por y para mujeres?
El salario social complementario (SSC) fue ganado por los movimientos sociales en diciembre de 2016. El gobierno de Macri reconoció, aprobando la ley de Emergencia Social, que los y las trabajadoras de la economía popular, aún trabajando ocho horas diarias, no llegarían al 50% del salario mínimo, vital y móvil. Laburantes de unidades productivas desarrolladas en el marco de organizaciones, movimientos sociales y grupos diversos, recibieron el salario social complementario.
Resultó interesante el impacto que produjo en los trabajos que se asocian a las tareas de cuidado, pero en el ámbito comunitario: comedores, copas de leche, apoyos escolares, guarderías, talleres culturales y deportivos, acompañamiento a personas en situación de violencia, y un largo etcétera. Un servicio comunitario sin valor de mercado, realizado en abrumadora mayoría por mujeres.
El salario significó entonces el reconocimiento de un trabajo invisibilizado, realizado desde siempre por los sectores populares en la lucha por la supervivencia, que implica necesariamente las tramas comunales. Recibir una remuneración por la tarea de cuidados, reconocida como un trabajo de la economía popular, desafió el confinamiento que supuso en sociedades occidentales el trabajo de reproducción. Sin escapar a las complejidades, esta nueva realidad abrió preguntas interesantes: ¿qué significa que estos espacios sean pensados como unidades productivas? ¿supone una nueva forma de organización familiar? ¿desarma las jerarquías del patriarcado del salario? ¿politiza las tareas reproductivas? ¿genera nuevas subjetividades en las mujeres trabajadoras?
* * *
En octubre de 2018 el senado aprobó la ley de Integración Socio-urbana, herramienta construida desde las organizaciones sociales para lograr un real acceso a la tierra y la vivienda. Surgida a partir del esfuerzo de más de diez mil personas que se dedicaron a relevar los más de 4.416 barrios populares identificados en el ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares), los puntos centrales de la ley son cruciales en el avance de políticas serias contra la violencia de géneros y el mejoramiento de la calidad de vida de miles de mujeres y niñes.
Se posibilitó que la vivienda esté a nombre de las mujeres, el avance en servicios indispensables para el desarrollo de una vida digna, en la seguridad de los espacios barriales habitados por 4 millones de personas. Es una necesidad urgente que los entornos barriales sean espacios donde se pueda circular y habitar de manera libre y cuidada. Por ejemplo, la iluminación, los mejores caminos y el adecuado transporte urbano de pasajeras hubieran evitado algunos de los femicidios y violaciones que lloramos estos años.
En las grandes ciudades la resistencia por el territorio no significa solamente defender la casa de la familia nuclear, como nos quisieron hacer creer con programas de erradicación y relocalización de villas. Un desalojo significa también el desarme de cierta vida y fuerza comunal, de lazos de supervivencia que van elaborando sistemas solidarios, y estrategias de resistencia.
Además, en las urbes, salir de la violencia también es cuidarse entre vecines, es colectivizar las tareas de cuidado como forma de minimizar costos, es defenderse de la pobreza, de la violencia estatal y de la violencia ejercida por los hombres. Lo comunitario en las ciudades no sólo no ha desaparecido, sino que se recrea constantemente.
En las últimas semanas, tras reclamos, acampes y movilizaciones, las trabajadoras de la economía popular lograron la extensión de la ley de Emergencia Alimentaria hasta 2022, y la aprobación de la Ley Provincial N° 28.981 de “Desarrollo Integral de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena de Córdoba”.
Por unanimidad, los senadores nacionales decidieron extender la Emergencia Alimentaria y aumentar hasta el 50% los fondos destinados a programas de alimentación y nutrición, actualizando los montos trimestralmente, tomando como referencia el Índice de Precios del Consumidor y la Canasta Básica Alimentaria establecida por el INDEC. En los sectores empobrecidos de Argentina, la inseguridad alimentaria es moneda corriente, profundizada fuertemente por el gobierno macrista y sus políticas de hambre, dejando un país con niveles de falta de comida severos que alcanzan el 17,4% y déficit de nutrientes alimentarios que llegan hasta el 44%. Es un ataque al núcleo del cuidado y la reproducción de la vida, afectando fuertemente a mujeres y niñes.
“¿Cómo podemos salir de la pobreza si ni siquiera tenemos un pedazo de tierra para sembrar?”, decía una mujer hace unas semanas en una asamblea de los movimientos sociales. Pensar en el hambre en las ciudades, sin un correlato en lo agrario es una mentira del sistema: olvidar la relación del alimento con la tierra.
La urbanización masiva, la pérdida de la dimensión de la tierra como medio básico de reproducción, la tecnología y la mentira individualista liberal, produjo una pérdida profunda de memoria sobre la importancia radical de la tierra y la comunidad. Tierra que, al menos en principio, es generadora básica de nuestro alimento, indispensable para nuestra existencia. Comunidad que cuida, sostenedora de los vínculos necesarios para una reproducción de la vida.
La indiferencia de les habitantes de las urbes sobre la tierra y la comunidad comenzó un proceso de resquebrajamiento. El arrase del territorio y el hambre, se conjugan en memorias que reaparecen. La lucha de los movimientos sociales en toda nuestramérica, la ruralización creciente de la vida, incluso urbana, con tomas de tierras, huertas comunitarias, y creativos etcéteras, ayudaron a poner en foco la importancia de la tierra y los bienes comunes.
El objetivo principal de la ley agraria es la promoción del desarrollo rural y el fomento de las actividades familiares agropecuarias diversificadas que impulsen modelos productivos sostenibles, para favorecer el arraigo rural, el agregado de valor en origen y la seguridad agroalimentaria.
“La tierra es la base material esencial para el trabajo de subsistencia de las mujeres, que a su vez es la principal fuente de seguridad alimentaria de millones de personas en todo el mundo”, dice Silvia Federicci, haciéndose eco de las feministas de nuestro Abya Yala y del África, que entienden del tema desde sus propias experiencias, tradiciones y formas de autogobierno. Pensar una agricultura de subsistencia y un uso no mercantilizado de los recursos, entendiéndolos como bienes comunes, es una mirada primordialmente feminista.
Los movimientos sociales, con sus avances y retrocesos, con sus construcciones y deconstrucciones, con sus dificultades y desafíos, son parte de la semilla de un nuevo presente. Que es de lucha, pero principalmente es de construcción de un mundo nuevo.
Las leyes aprobadas al calor de su lucha apuntan al mejoramiento de la calidad de vida aquí y ahora, cristalizando disputas de sentido. Mostrando además, cómo las mujeres vamos resignificando el mundo que nos rodea haciéndolo un lugar más digno y justo.
 
 
 
 
Generalicemos la toma de conciencia de que no es camino emancipatorio el esfuerzo por sobrevivir aun cuando sea colectivamente. Menos hoy cuando la vida humana y no humana está siendo amenazada de extinción por el capitalismo. Comprender lo último es involucrarse en las defensas y recuperaciones de territorios y bienes comunes que diversidades de abajo están concretando a lo largo y ancho del país-continente.

Los incendios de la Amazonía patentizan el porqué de la urgencia de generalizar ese compromiso político cultural con la defensa de los bienes comunes naturales (agua en sus distintos cuerpos y estados, biodiversidades, ecosistemas y biomas como las praderas, climas, suelos, semillas) que no tienen fronteras y están siendo destruidos por el sistema mundo capitalista que, cada vez más, sólo procura el lucro de corto plazo de l@s poc@s que los expropian y acaparan.
 
Urge la comprensión de una creciente mayoría que los cerca de 76.000 incendios de la Amazonía no sólo ocurren en Brasil y Paraguay sino también en la Bolivia del gobierno de Evo Morales-Álvaro García Linera. Son producto de las políticas de estado de promover al sistema global de agronegocios y a la deforestación para la expansión tanto de la agricultura sin campesinos e indígenas como de la complementaria ganadería industrial. En contraste, un millón quinientos mil indígenas que viven actualmente en la Amazonía, como naciones y comunidades, ejemplifican la relevancia del trabajo comunitario según buenos vivires que -durante siglos- ha creado tan gigantesco bioma de importancia fundamental para la vida en el planeta.
 
 
 
 
La defensa de la Amazonía es
una lucha por el futuro de la Tierra
26 de agosto de 2019

Por Entidades firmantes (Rebelión)

No quiero flores en mi funeral, porque sé que las sacarán del bosque
Chico Mendes
 
Aunque la destrucción del bosque tropical del Amazonas era ya una cuestión alarmante desde hace décadas, la aceleración de este proceso debida a la negligencia del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, pero sobre todo a su complicidad directa con las empresas agroindustriales, ganaderas y mineras, vuelve aún más urgente el que nuestra especie tome medidas contundentes para detener la catástrofe. A su vez, esto pone de relieve el vínculo orgánico entre la devastación ambiental y las relaciones políticas y económicas imperantes: el destino de nuestro planeta y de nuestra civilización no debe quedar en manos de un sistema que promueve la ganancia privada a costa del bien común.
Es imperativo comprender que, aunque la deforestación de la Amazonía afecta más directamente a las poblaciones de los nueve países que la albergan, especialmente a los pueblos indígenas que forman parte de la selva, su degradación y destrucción tienen impactos regionales y globales. Al contener cerca del 20% del agua dulce a nivel global, ser una de las ecorregiones más biodiversas y constituir uno de los más importantes almacenes de carbono del mundo, la pérdida de este ecosistema no sólo priva a la humanidad de múltiples contribuciones materiales e inmateriales a su bienestar, sino que también altera las condiciones de vida planetarias en las que, tanto nuestra especie como aquellas de las que dependemos, hemos evolucionado.

Especialmente preocupante es el impacto inmediato que la liberación de toneladas de gases de efecto invernadero, producidas por la combustión de la biomasa forestal, tendrá sobre el calentamiento global, más aún cuando, de acuerdo con estimaciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, estamos en el periodo límite para llevar a cabo las transformaciones civilizatorias indispensables para afianzar alguna posibilidad de que el cambio planetario no impida nuestra vida tal y como la conocemos. Bolsonaro, a manera de un nefasto Donald Trump brasileño, niega las evidencias científicas y, a la par de su política racista, misógina, antilaica, antiobrera y en contra de la diversidad sexual, echa por tierra las regulaciones ambientales en beneficio de las empresas extractivas, razón por la que articular una amplia oposición política a su régimen y a sus soportes internacionales es clave para el futuro de la selva amazónica y de la humanidad.

 
Quienes suscribimos este pronunciamiento, llamamos a la solidaridad internacionalista con las comunidades indígenas de la Amazonía, especialmente con las miles de mujeres que marcharon en Brasilia para defenderla; con los movimientos agroecológicos, con la comunidad científica que resiste al oscurantismo reaccionario, con las trabajadoras y trabajadores del campo y la ciudad que se oponen al recrudecimiento del neoliberalismo, con las y los estudiantes que toman las calles y, en general, con todos los sectores que dentro y fuera de Brasil luchan por la selva y por la humanidad. Es importante que, a la par, presionemos a los gobiernos y a la propia Organización de las Naciones Unidas para tomar acciones que frenen y mitiguen los incendios, a la vez que señalemos y dejemos de fomentar a las empresas y sectores directamente beneficiados por la destrucción de la selva amazónica.
 
En cuanto a México, que al igual que Brasil forma parte del grupo de países megadiversos, las amenazas a la riqueza biocultural por la política del gobierno también son un desafío. Como parte de una contienda global por el futuro, nos corresponde cuestionar, impugnar y oponernos organizadamente al Tren Maya, al Corredor Ferroviario Transístmico, a “Sembrando Vida” y al Proyecto Integral Morelos que, junto con las Zonas Económicas Especiales y los proyectos agropecuarios, carreteros, turísticos, energéticos, portuarios y mineros aún en curso, mantienen la orientación neoliberal y extractivista que tanto beneficia a una minoría a costa del bienestar de los ecosistemas, de las comunidades y de la población trabajadora. En México también luchamos por la Tierra disputando el presente y buscando tener un futuro digno, sin explotación, miseria ni exterminio: ¡Nuestra lucha es por la vida!


Organizaciones y personas firmantes: (…)
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=259751
 
 
 
 
Advirtamos que el progresismo y las izquierdas afines se han posicionado a favor de la acumulación gran capitalista. En efecto, "el gobierno de Evo Morales cita a la Pachamama, pero sus acciones concretas han sido las de promover la explotación minera, petrolera y agropecuaria, y por ello enfrenta un desastre ecológico similar. Así como Bolsonaro ataca a los ambientalistas, la administración de Morales se burla de ellos, los hostiga y ha amenazado con expulsarlos del país".
 
 
Más allá de ideologías, un modelo de desarrollo extractivista y agropecuario similar
Amazonia, La naturaleza se quema
y la política se agota
2 de septiembre de 2019
Por Eduardo Gudynas
Ctxt 
En los primeros días el fuego te acorrala, en los días siguientes las cenizas te entristecen. Así pueden describirse mis sensaciones en una de mis visitas años atrás a las zonas amazónicas de Brasil, Perú y Bolivia. Estas coincidieron con incendios como los que hoy causan alarma mundial.
Cuando las llamas están activas, el humo inunda todo, es peligroso transitar los caminos por la poca visibilidad, hay momentos en los que cuesta respirar, la garganta se inflama y los ojos lagrimean. Cuando las llamas se apagan, el ocre y el gris dominan las escenas. Aquí y allá siguen erguidos los restos de algunos árboles, mientras que en el suelo, entre las cenizas, aparecen de tanto en tanto los cadáveres calcinados de animales que no pudieron escapar.

Esta destrucción de la fauna y la flora es lo que está repitiéndose en estos días en América del Sur. Si bien la prensa convencional insiste con los titulares sobre la Amazonia y sobre Brasil, la realidad es más compleja, y también más hiriente.
En efecto, este tipo de incendios está ocurriendo en estos momentos en por lo menos cuatro países sudamericanos; además de Brasil, afectan a Bolivia, Perú y Paraguay. A su vez, se están quemando selvas tropicales húmedas, la Amazonia, pero lo mismo está sucediendo con los bosques secos y sabanas arboladas, como la Chiquitanía en Bolivia o el Cerrado brasileño.

En los datos más recientes, el número de incendios en Brasil superó los 82 mil focos (al 26 de agosto), la cifra más alta desde 2010, y casi el doble de lo registrado en estas mismas fechas en el año anterior. En Bolivia son más de 19 mil focos (el doble que en 2018), en Paraguay más de 10 mil (manteniéndose en valores semejantes al año anterior), y en Perú más de 6 mil (un poco más del doble).
Todas las grandes regiones ecológicas del trópico y subtrópico sudamericano están afectadas por los incendios. Por ejemplo, en Brasil, aproximadamente la mitad de los focos se ubican en la Amazonia, pero casi un tercio ocurren en el Cerrado, y un 10 por ciento en los bosques atlánticos. Bolivia en estos momentos vive el drama de ver cómo enormes áreas de bosques secos e incluso su Pantanal están siendo devorados por las llamas (las pérdidas al día de hoy se estiman en 1,5 millones de hectáreas). Por lo tanto, pensar que solamente está ardiendo la Amazonia brasileña es una simplificación. Las pérdidas ecológicas en todos esos ambientes son enormes. Por ejemplo, el bosque seco de la Chiquitanía es único en su tipo en todo el continente, y se estima que más de 750 mil hectáreas ya se quemaron.

El chaqueo de ayer y la deforestación de hoy
La quema de bosques o campos, el llamado “chaqueo” en algunos sitios, ha sido una práctica tradicional realizada especialmente por pequeños campesinos e indígenas. Afectaba a pequeñas superficies en tanto estaba directamente vinculada al autoconsumo de alimentos o por limitaciones tecnológicas. Todo eso ha cambiado en las últimas décadas a medida que han llegado a las áreas tropicales y subtropicales todo tipo de colonos y empresas. Los incendios de hoy nada tienen que ver con aquellos del pasado.
En la actualidad se deforestan y queman amplias zonas, casi siempre con el propósito de liberar espacio para la ganadería extensiva, aunque en otros sitios es para la agricultura. Para hacerlo a esa mayor escala se necesitan importantes recursos materiales, como motosierras y maquinaria pesada, y mucho capital para financiar una ingeniería de trámites legales o ilegales, formales o amparados en la corrupción. Detrás de esto no están ni los indígenas ni los pequeños agricultores.
Esa presión ganadera puede ser brutal. Por ejemplo, en la zona de San Félix de Xingú (estado de Pará), se concentra un rodeo vacuno de más de 2 millones de cabezas. Factores como esos empujan a la agropecuaria convencional a las áreas naturales tropicales y subtropicales.
A su vez, la diseminación de los monocultivos, especialmente de la soja, en otras zonas de Brasil, pero también en Bolivia y Paraguay, hace que los ganaderos se desplacen hacia nuevas áreas a deforestar. Todo esto genera un enorme arco de deforestación amazónica que atraviesa América del Sur, desde la costa atlántica brasileña hasta las faldas de los Andes en Bolivia y Perú. Es una franja de casi 3 mil quilómetros de largo; una distancia similar a la que separa Madrid de Varsovia.

Bolsonarización para militarizar la Amazonia
Esta problemática se ha agravado notablemente bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. Por un lado, recortó controles ambientales en cuestiones críticas como la deforestación, redujo el presupuesto del Ministerio del Ambiente, cesó a personal clave en las agencias del ambiente y de conservación de la biodiversidad, maniobró para que se cancelaran multas a los infractores ambientales, y mucho más.
Por otro lado, Bolsonaro y su equipo han hostigado repetidamente a los ambientalistas, indígenas y pequeños campesinos, presentándolos como trabas al progreso, potenciales criminales e incluso como responsables de los incendios. Tan sólo como ejemplo, el 27 de agosto, en la reunión con los gobernadores de los estados amazónicos, en lugar de analizar la crisis ecológica volvió a quejarse de que los indígenas ya tienen demasiadas tierras y anunció que no aprobará nuevas áreas protegidas.
Bolsonaro tampoco duda en repeler las críticas diciendo que son parte de un complot del exterior para quedarse con la Amazonia brasileña. Esa retórica tiene antecedentes desde por lo menos la década de 1970, cuando el gobierno militar se oponía a las primeras negociaciones internacionales ambientales. Bolsonaro revive parte de ese vocabulario, viene colocando a militares en puestos afectados a la gestión ambiental y ha dado señales de resucitar un programa de control militar en las fronteras amazónicas. Bajo esas condiciones, no puede sorprender que recibiera cierto respaldo de otro gobierno muy conservador, el de Ivan Duque en Colombia. Este también ha presentado un nuevo plan de desarrollo en el que la gestión ambiental pasa a ser parte de la estrategia de seguridad del Estado.
Lo geopolítica amazónica
La condición internacional de la Amazonia volvió al primer plano con la reacción internacional ante los incendios. Una circunstancia que aprovechó Emmanuel Macron, en la que hay poco de ambientalismo y mucho de oportunismo comercial y político. Pero el problema es que, por lo menos desde la década de 1980, los gobiernos brasileños por un lado insisten en el control soberano sobre su Amazonia, pero al mismo tiempo repiten que no tienen dinero para protegerla y reclaman ayudas a los países industrializados. Desde allí se construyeron diversos mecanismos, financiados especialmente por Europa.
Por ejemplo, en 1992 se inició el Programa Piloto de Protección de los Bosques Tropicales del G7 (Ppg7), que funcionó hasta 2009, con un presupuesto de más de 460 millones de dólares. Cuando se hacía lobby por esos dineros, desde Brasil se insistía en que la Amazonia era un ecosistema único en el planeta y que los países ricos debían colaborar a protegerlo. También se alentó una visión deformada, como si sólo existiera Amazonia en Brasil, dejando en segundo plano a los otros países que comparten la cuenca. De ese modo, las propias autoridades brasileñas durante al menos 30 años han contribuido a ese entrevero que ha oscilado entre una Amazonia “solo mía” a otra que sería “de toda la humanidad”.
La actual crisis ha expuesto en toda su crudeza las tensiones entre la soberanía nacional y las responsabilidades ecológicas, no sólo hacia adentro de un país, sino con sus vecinos y con la salud ecológica planetaria.
Las cenizas ideológicas
El problema se vuelve más complejo cuando se entiende que las quemas y la crisis ambiental se repiten en las naciones vecinas. No sorprende que ocurra con gobiernos conservadores como los de Colombia, Perú y Paraguay. Más difícil se vuelve asumir que en Bolivia, desde posturas ideológicas que se presentan como opuestas, también se han debilitado los controles ambientales, se perdonaron las faltas a los deforestadores y se alienta el avance del agronegocio.
El gobierno de Evo Morales cita a la Pachamama, pero sus acciones concretas han sido las de promover la explotación minera, petrolera y agropecuaria, y por ello enfrenta un desastre ecológico similar. Así como Bolsonaro ataca a los ambientalistas, la administración de Morales se burla de ellos, los hostiga y ha amenazado con expulsarlos del país.
En los progresismos, la retórica se nutre de otros argumentos. Por ejemplo, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, cita a Marx y a Lenin, pero también sostiene que la protección de la naturaleza es un invento del norte y por eso no deberían ser guardabosques de nadie. Tuvieron éxito en esa promesa: no cuidaron los bosques y ahora se están incendiando. Y aunque los aderezos de sus discursos son opuestos a los de Bolsonaro, las similitudes en sus esencias dejan un gusto muy amargo.
Por todo esto, cuando se leen los titulares de la prensa en Madrid, Londres o París, siempre queda esa sensación de que realmente no están entendiendo lo que ocurre aquí en el sur. Es más sencillo atacar a Bolsonaro, en tanto es machista, racista, violento y autoritario, pero es más dificultoso asumir las serias contradicciones en otras tiendas políticas. Nos cuesta entender que estamos ante una crisis ecológica de escala continental y que ella también expresa el agotamiento de las ideologías políticas herederas de la Europa ilustrada. Las viejas políticas, todas ellas, han caducado. La cuestión es comprenderlo para construir alternativas antes de que se queme el último árbol.
* Miembro del Centro Latino Americano de Ecología Social.   https://ctxt.es/es/20190828/
 
 
 
 
"Debemos tener en cuenta lo que ocurre en el conjunto ecosistémico del planeta, en el impacto no solo de la deforestación de la Amazonia, sino con la depredación sistemática de ecosistemas en la totalidad misma del planeta".
 
Raúl Prada Alcoreza nos señala: "Esta otra interpretación no religiosa del Apocalipsis, sino histórico-político-cultural-social-civilizatoria, es contundente, en lo que respecta al destino de la humanidad, sino cambia de comportamientos y conductas suicidas, en otras palabras, modernas, consumistas, capitalistas, pero, también, da la alternativa de otro decurso de posibilidades, si es que las sociedades humanas son capaces de reinsertase con los ciclos ecológicos vitales del planeta".
 
 Nos ubica en el imperativo de enfoque complejo: "Intentaremos situarnos en la coyuntura caldeada y calcinada por los incendios, en los efectos, no solo ambientales, sino también sociales, económicos, políticos y culturales de la destrucción ecológica de la Amazonia y del Chaco húmedo. Buscando entrever los alcances de la destrucción ecológica, así como los alcances de la degradación política, institucional, ideológica y cultural. Pues el fenómeno de la crisis ecológica es un fenómeno integral o, mejor dicho, se trata de procesos de desintegración articulados y de incidencia en la totalidad, por así decirlo de la realidad efectiva".
 
Insiste aclarando cómo hoy es fundamental:  "si nos situamos en un enfoque más local, por ejemplo, de una geografía política, correspondiente a un Estado-nación, como Bolivia, la denominada crisis ecológica adquiere perfiles propios y singulares, empero, forma parte de la crisis integral ecológica del planeta, en el momento presente. Lo que nos obliga a evaluar lo que ocurre nacionalmente, lo que ocurre localmente, tomando en cuenta el contexto global de un mundo en crisis múltiple. Pero, también, situándonos en el contexto mundial, mejor dicho, planetario, podemos observar que el acontecer nacional y local no es sino el despliegue de la misma crisis ecológica planetaria, solo que expresada en sus singularidades".
 
 
Los síntomas del Apocalipsis
31 de agosto de 2019

Por Raúl Prada Alcoreza
 
1.  El Apocalipsis de San Juan, conocido como el libro de las Revelaciones, último texto del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, también conocido como Revelaciones de Jesucristo, se ha convertido en una de las metáforas más usadas para expresar la premonición del cataclismo o de la catástrofe planetaria. El Apocalipsis es considerado como escritura del Nuevo Testamento de carácter elocuentemente profético. Hemos usado en varios ensayos esta metáfora para configurar la crisis de la civilización moderna y del sistema-mundo capitalista.
En la actualidad o el presente álgido que vivimos, el relativo a la crisis ecológica, el Apocalipsis está presente, es el ahora de la crisis múltiple, civilizatoria, social, política, económica y ecológica. Entre los múltiples síntomas de este catastrófico acaecer, los incendios en la Amazonia y en el Chaco evidencian esta descripción e interpretación. Los informes científicos dan evidencia de la gravedad de la situación.
El Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) de Brasil ha detectado más de 76.620 focos en lo que va de año, casi el doble que en el mismo periodo de 2018 (41.400), pero una cifra no tan alejada de los 70.625 registrados en 2016. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo literalmente que  “nuestra casa está en llamas. La selva amazónica – los pulmones que producen el 20% del oxígeno de nuestro planeta – está en llamas. Es una crisis internacional”. En cambio algunos expertos consultados son cautos al respecto, dicen que “lo que muestran nuestros datos es que hubo una intensidad diaria de incendios por encima de la media en algunas partes de la Amazonia, durante las dos primeras semanas de agosto”. Mark Parrington, de Copérnico, el programa europeo de observación de la Tierra anota: “Pero, en general, las emisiones totales, de CO2 generado por los incendios, estimadas para agosto han estado dentro de los límites normales: más altas que en los últimos seis o siete años, pero más bajas que a principios de la década de 2000”. El Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) de Brasil ha detectado más de 76.620 focos en lo que va de año, casi el doble que en el mismo periodo de 2018, cuando fueron 41.400 focos, sin embargo, una cifra no tan alejada de los 70.625 registrados en 2016. Alberto Setzer, investigador del INPE, explica que “el número de incendios ha aumentado con respecto a los últimos años y está cerca del promedio a largo plazo”. Asimismo la NASA también es cautelosa: “No es inusual ver incendios en Brasil en esta época del año, debido a las altas temperaturas y a la baja humedad. El tiempo dirá si este año es un récord o simplemente está dentro de los límites normales”. La NASA recuerda que los incendios en la cuenca amazónica son rarísimos el resto del año, pero su número aumenta a partir de julio, durante la estación seca, cuando muchas personas utilizan el fuego para mantener sus cultivos o para despejar la tierra para pastos u otros fines. Los incendios suelen alcanzar su pico en septiembre y desaparecen en noviembre. “Es cierto que el bosque amazónico sufre incendios regularmente, pero de ninguna manera esto significa que sea normal. La Amazonia no evolucionó con incendios frecuentes.
 
La bióloga brasileña Manoela Machado advierte que los fuegos recurrentes no son un elemento natural en la dinámica de la selva tropical, como sí lo son en otros entornos, como El Cerrado – una región de sabana ubicada principalmente en Brasil -”. Machado, investigadora de la Universidad de Sheffield, Reino Unido, que estudia los impactos de las actividades humanas en las selvas tropicales, es explícita cuando dice que “la Amazonia arde durante las sequías, pero no por las sequías. Se quema porque hay una demanda de pastos y tierras de cultivo, y el Gobierno actual, presidido por Jair Bolsonaro, no solo no incluye el desarrollo sostenible en sus planes, sino que alienta la deforestación y restringe las acciones sistémicas contra ella”.
 
El ecólogo David Edwards, jefe del mismo laboratorio de la Universidad de Sheffield, opina al respecto: “Creo que este año, hasta ahora, es normal en promedio, aunque la gravedad de los incendios varía por regiones. La diferencia es que este año los medios de comunicación se han hecho eco de la quema de la Amazonia, lo cual es genial”. El investigador David Edawards recuerda que los incendios en la cuenca amazónica son especialmente graves cuando ocurre El Niño, un fenómeno meteorológico natural y cíclico, vinculado a un incremento de las temperaturas en la parte oriental del Pacífico tropical. Los 70.625 focos registrados en 2016 coincidieron con un evento de El Niño potente. Este año, sin embargo, el fenómeno es débil y, pese a ello, se han detectado más incendios. De acuerdo a los cálculos de la Universidad del Estado de Oregon (EE UU), la selva amazónica alberga el 10% de todas las especies conocidas de animales y plantas y almacena 100.000 millones de toneladas de carbono, una cantidad 10 veces superior a la emitida cada año por el uso de combustibles fósiles. Edwards advierte de que es una pescadilla que se muerde la cola. El ecólogo David Edwards apunta que “el problema es que los bosques incendiados pierden carbono a medida que los árboles quemados van muriendo lentamente, lo que provoca un mayor cambio climático y una mayor pérdida de la biodiversidad”. La progresiva ‘sabanización’ de la selva es una amenaza real, según alertó en 2016 un equipo de científicos brasileños, encabezado por el climatólogo Carlos Nobre, de la Academia Nacional de Ciencias de EE UU.
 
El neerlandés Pepijn Veefkind, que dirige el instrumento Tropomi, un sensor a bordo del satélite europeo Sentinel-5P, que es capaz de identificar puntos calientes de gases contaminantes en la atmósfera, dice: “Es cierto que los incendios a gran escala en la región amazónica ocurren todos los años. Aunque las condiciones meteorológicas puedan desempeñar un papel, hay que recalcar que la mayoría de estos focos están provocados por el ser humano”[1].
 
Si bien, las magnitudes y los indicadores no se distancian demasiado de lo que ocurría antes, lo que queda claro es que hay un incremento en intensidad y en extensión, como una continuidad en crecimiento de lo que en la historia reciente del planeta venía ocurriendo. Pero, lo que es más evidente, es que los incendios se deben más a la mano humana que a la espontaneidad de los ciclos climáticos. Para sostener lo que decíamos al principio, aquello del Apocalipsis en el momento presente, podemos comenzar anotando que el solo incremento de lo que pasó y pasa, en términos de depredación y destrucción ecológica, ya es un dato alarmante, que nos autoriza hablar de la metáfora trágica y dramática del Apocalipsis.
 
Por otra parte, la segunda anotación, que apoya nuestra hipótesis interpretativa, que puede parecer exagerada, es que lo que acontece, en términos de destrucción de bosques y contaminación de cuencas, es decir, de demolición de ecosistemas, es más consecuencia de la mano humana. Esto quiere decir, que el llamado “desarrollo” avanza sembrando hogueras, por así decirlo, recurriendo a una metáfora de la poesía de Federico García Lorca.
El tercer argumento que corrobora de que estamos en el Apocalipsis es que debemos tener en cuenta lo que ocurre en el conjunto ecosistémico del planeta, en el impacto no solo de la deforestación de la Amazonia, sino con la depredación sistemática de ecosistemas en la totalidad misma del planeta. Entonces podremos sostener lo que ya sostienen los informes científicos sobre el “cambio climático” y el “calentamiento global”, esto es, que si sobrepasamos los 2 grados más de calentamiento, ingresamos literalmente al Apocalipsis.
El cuarto argumento tiene que ver con la descripción de lo que ya acontece en el mundo, los desbordes migratorios, que deberían ser nombrados como climáticos, relativos al llamado eufemísticamente “cambio climático”; la exacerbación de las crisis sociales, acompañadas por las crisis económicas, además de las crisis políticas, con su sucedáneo de crisis ético-morales. Al respecto no se puede ocultar el incremento alarmante del desborde de la decadencia generalizada.
El quinto argumento tiene que ver con la ausencia fatal de horizontes, que no asoman en los límites mismos de la civilización moderna, que llamamos civilización de la muerte. En el estrecho campo de posibilidades del sistema-mundo, en todas sus versiones, tanto liberales o socialistas, tanto neoliberales o populistas, de “derecha” o de “izquierda”, no se encuentra ningún horizonte promisorio, salvo la repetición de lo mismo, en distintas versiones y guiones, el círculo vicioso del poder.
Como conclusión argumentativa, estamos en condiciones de afirmar que nos encontramos en pleno despliegue del Apocalipsis, que, a diferencia, de las interpretaciones evangélicas, no implican necesariamente el fin del mundo y la llegada del mesías, sino la muerte de la vida en el planeta, en el contexto de la civilización moderna. Esta otra interpretación no religiosa, sino histórico-político-cultural-social-civilizatoria, es contundente, en lo que respecta al destino de la humanidad, sino cambia de comportamientos y conductas suicidas, en otras palabras, modernas, consumistas, capitalistas, pero, también, da la alternativa de otro decurso de posibilidades, si es que las sociedades humanas son capaces de reinsertase con los ciclos ecológicos vitales del planeta.
 
En Bolivia, el chaqueo es una costumbre arraigada que, a pesar de los daños que ocasiona, así como que es sancionada por ley, no ha podido ser frenado. Al contrario, las recientes decisiones políticas lo han alentado, en lugar de controlarlo. El 9 de julio, el presidente Evo Morales aprobó la modificación del Decreto Supremo 26075, sobre Tierras de Producción Forestal Permanente, para ampliar las áreas de producción del sector ganadero y agroindustrial de los departamentos del Beni y Santa Cruz. La norma autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, que estén concebidas bajo un sistema de manejo integral sustentable de bosques y tierras. Esta modificación también permite la “quema controlada”, de acuerdo con la reglamentación vigente. El mandatario remarcó que “tenemos la tarea y la misión de que Bolivia crezca económicamente, no solo en base a los recursos naturales no renovables sino también en base al tema agropecuario”, resaltó la apertura de importantes mercados para los productos nacionales, como lo que corresponde a la carne. Asimismo, planteó al sector ganadero del Beni construir frigoríficos certificados y modernos en la ciudad de Trinidad, para garantizar la exportación de la carne boliviana a otros continentes.
En lo que respecta a la geografía política de Bolivia, las situaciones y condiciones de las tramas y las tragedias ecológicas no son tan distintas, sino que parecen la repetición de determinados parámetros de la destrucción ecológica del planeta. Como patentizando el papel depredador del gobierno el presidente Evo Morales Ayma dijo que: “Tenemos la tarea y misión de que Bolivia crezca también a través del desarrollo agropecuario. Otra responsabilidad con Beni es la construcción de un matadero industrial a través de un acuerdo público y privado. Beni tiene que prepararse para exportar carne directamente a China”.
En un artículo sobre la situación de los incendios en el sudeste de Bolivia se escribe:
Roboré y las comunidades aledañas, que son 33, están en emergencia. Si bien son ocho las comunidades que han sido afectadas directamente por el fuego, ninguna se libra del humo, del calor y por supuesto del temor. Roboré es un municipio del departamento de Santa Cruz que tiene bosque, pero es un bosque seco y hace tres meses que no llueve, lo que ha agravado la situación y ha convertido a la región en material combustible. Una pequeña chispa es suficiente. La normativa actual; los chaqueos indiscriminados y descontrolados; el uso de vegetación local como combustible; y las condiciones climáticas adversas son, según un documento enviado a los medios de comunicación por expertos de entidades técnico-académicas, los factores que provocaron el desastre ambiental en el oriente del país. Al lugar han llegado bomberos desde la Gobernación de Santa Cruz, también la Policía, y han traído cisternas. Pero es complicado acceder al área de los incendios. Todo es bosque, no hay senderos. La gente carga mochilas y bidones con agua para apagar el fuego, mientras las cisternas deben quedarse a la vera del camino. Con todo, el fuego es más rápido y mientras se apaga de un lado se aviva del otro. Se maneja la cifra de que el 50 % del incendio se ha controlado. Es difícil saberlo. El trabajo intenso ha permitido apagar muchos focos, pero no se ha conseguido controlar ni mitigar el resto, que atenúa y se expande a momentos. El temor ahora son los intensos vientos que se pronostican para estos días. La gente está preocupada.
En la ciudad de Roboré, en medio del humo, la espera parece eterna, pero en las comunidades la situación es más grave, pues las familias se proveen del agua que cae de las serranías que rodean la región y que transportan por unas tuberías de goma, como mangueras. Ahora, estas se han quemado y no reciben agua para beber. Además, el agua que les llega está llena de cenizas y se están reportando problemas digestivos, infecciones, tos y conjuntivitis. No hay actividades, y las labores escolares se han suspendido. Las autoridades del lugar piden una declaratoria de emergencia. El Gobierno dice que no es necesario.

El activista Pablo Solón, que fue parte del Gobierno de Evo Morales hasta el 2011, lleva un recuento de las cifras de deforestación. Según sus registros, el 2012 la deforestación en el departamento de Santa Cruz bordeó 100.000 hectáreas, el 91 % era deforestación ilegal. Cinco años más tarde, un tercio de esta pérdida de bosque fue legalizada por el gobierno. En el 2015, de las 240.000 hectáreas deforestadas en Bolivia, 204.000 pertenecían a Santa Cruz. El año 2016 se deforestaron 295.777 hectáreas en el país, según datos oficiales de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) en Bolivia. Hace unos días, la misma ABT habló de 953.000 hectáreas de bosques quemados en lo que va de 2019.
La deforestación es el tema de mayor preocupación en relación con la naturaleza y la biodiversidad en el país. La soya, el modelo del agronegocio, la extensión de cultivos de coca, la ganadería, los biocombustibles, los asentamientos ilegales y el chaqueo son los factores que alientan el gran flagelo a la naturaleza. Los datos de la gráfica de la ABT son de deforestación de bosques, no de áreas quemadas, que siempre son más porque incluye pastizales, matorrales y otros terrenos no boscosos. Pablo Solón sostiene que “si tomamos como año base el 2012, donde se habrían deforestado 128.043 hectáreas, la deforestación de este año sería más de siete veces mayor; y si tomamos solo la deforestación de la Chiquitanía, sería tres veces mayor”. Los expertos y organizaciones ambientales que siguen el incendio calculan que un millón de hectáreas de bosques se han quemado en estos días: un área seis veces más grande que la mancha urbana de la ciudad de La Paz o casi toda la superficie del TIPNIS. La razón es ampliar la frontera agrícola. El etanol y el biodiesel requieren cientos de miles de hectáreas de caña de azúcar y soja, a lo que se suma la exportación de carne a la China, que necesita millones de hectáreas de pastos para el ganado. Por último, hay que añadir las dotaciones de tierra en áreas forestales y los asentamientos ilegales. La región afectada por el incendio reúne cultivos de soya y cría de ganado en grandes proporciones. Pablo Solón dice que “lo que está pasando no es un accidente. El vicepresidente hace cinco años desafiaba a los agroindustriales a ampliar la frontera agrícola en un millón de hectáreas por año. Ahora ha llegado a esa cifra, pero no de tierras agrícolas productivas sino de tierras devastadas por las llamas”. El tema de la deforestación masiva este año por incendios no solo se explica por razones económicas sino político-electorales. En sus primeros años, el MAS se opuso a los biocombustibles, pero en su proyecto continuista pasó a promover el etanol y el biodiesel, argumentando que se ahorrarían muchos recursos en la importación de gasolina y, en alianza con los sectores agroindustriales del oriente del país, presentó a los biocombustibles como energía “verde”. “Hay responsables directos de este desastre ambiental y el primero es el Gobierno que ha aprobado consistentemente en los últimos años leyes de ‘perdonazo’, promoción e impulso de la frontera agrícola.
 
La ambientalista Cecilia Requena resume: Luego han hecho una cumbre agropecuaria donde se han juntado el gobierno, el sector agroindustrial del oriente y campesinos aliados al MAS. En esa cumbre han decidido aprobar los organismos genéticamente modificados, los agrocombustibles, la expansión de la frontera agrícola, la exportación de carne a China y finalmente este decreto del 9 de julio que permite la deforestación con fines agropecuarios de superficies forestales”.
Alcides Vadillo, director regional de la Fundación Tierra, ONG que se dedica a investigar sobre el acceso, uso y gobernanza de la tierra y el territorio y los recursos naturales en Bolivia, señala que el Gobierno ha estado disponiendo de tierras fiscales que antes eran de uso forestal permanente. Todo lo que antes servía para concesiones forestales las ha devuelto al Estado y las está repartiendo a los colonizadores, creando comunidades falsas de personas que en realidad habitan en la ciudad. Dice que “hay mucho dinero que está en juego”. Según Requena, esto expresa una visión de desarrollo que ya no corresponde al siglo XXI y que se agrava con el cambio climático, la mega-extinción de especies y la pérdida masiva de bosque tropical. Requena dice que “el Gobierno trata de culpar al cambio climático diciendo que esto ocurre en otros países también, efectivamente pero justamente si reconoces la existencia del cambio climático no contribuyes a él alentando las quemas”. “Este daño es irreversible, inconmensurable. No tenemos idea de la dimensión de las consecuencias, pero podemos decir que esperamos que esto sirva, como otras desgracias, para hacer un alto en esta deriva suicida. Necesitamos una visión de desarrollo que valore el bosque en pie, porque además de ser vital para el agua, se puede traducir en una economía que se abra hacia el post extractivismo”. La contaminación en aire, agua y suelos, además de la extinción de especies, son algunas de las principales consecuencias que dejan los incendios. Según los expertos, se necesitarán años de trabajo para “recuperar una parte del bosque que se quemó”.
Cecilia Requena lamentó el alcance dramático de los incendios, dice: “No entendemos muy bien lo que perdimos, pero sabemos que es enorme. Debido a la enorme biodiversidad, conocemos apenas una parte de su riqueza, pero esta es inabarcable”. El área que ahora está en cenizas era hogar y lugar de origen, por ejemplo, de la Frailea chiquitana, una planta endémica del lugar. Como esta quedaron calcinadas especies grandes, pequeñas y únicas. “Los daños ambientales son elevados a la máxima potencia. La bióloga Kathrin Barboza dice que: De las especies de flora y fauna que son afectadas, algunas son de reproducción lenta y si estas mueren en grandes cantidades pueden tardar muchos años en recuperarse”. Agregó que como se trata de un bosque de características únicas en el mundo, hay especies que pueden extinguirse o pueden catalogarse como amenazadas.
El Bosque Seco Chiquitano es un complejo de biodiversidad endémico donde también está la Reserva Natural Tucavaca. Allí existen 554 especies distintas de animales, distribuidas en 69 especies de mamíferos, 221 de aves, 54 de reptiles, 50 especies de anfibios y 160 de peces. En Tucavaca hay, además, 35 especies de fauna y más de 55 plantas endémicas que solamente hay en este lugar en todo el mundo.De acuerdo con la investigadora Barboza, todas estas especies, entre plantas y animales, cumplen un rol importante en el equilibrio del bosque. “Por ejemplo, con el tema de la polinización, la dispersión y el control natural de plagas e insectos”. Barboza acotó que una vez que cese el fuego se necesitará una evaluación del daño ambiental. “Desde cuántas hectáreas de bosque han sido dañadas, hasta ver si hay especies que se pueden rescatar”, agregó que además se debe hacer un monitoreo para evaluar cuánto tiempo puede tardar en recuperarse el bosque y el fortalecimiento de las plantas. La ingeniera ambiental, Cecilia Tapia, asegura que el principal daño fue a los suelos, la biomasa boscosa, y la biodiversidad que se albergaba. “Habrá que acudir a estudiar y hacer un inventario del área quemada. Pero entre los impactos de consideración tenemos suelos, aire, aumento de gases de efecto invernadero, y contaminación de agua, además de la pérdida del paisaje que igual es de impacto socioambiental”.
 
La reforestación de la zona afectada por los incendios en la Chiquitanía demorará unos 200 años, de acuerdo con datos del presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz (CIF-SC), Ever Durán. “El bosque que se ha quemado es duro; en ese sentido, se calcula que necesitará aproximadamente 200 años para restablecerse”. Durán agregó que es imperativo que el Gobierno active el protocolo de declaratoria de desastre nacional por los incendios y recurra a ayuda internacional, no solo para apagar el fuego, sino también para que se refuercen las tareas de reforestación y mitigación de los efectos de los incendios sobre la zona afectada y la salud de los habitantes. Representantes de los colegios profesionales de ingenieros agrónomos, ingenieros forestales y veterinarios del departamento de Santa Cruz exigieron ayer al Gobierno que detenga la ampliación de la frontera agrícola en zonas sin esa vocación. “Exigimos e instamos al Gobierno a pensar que los recursos naturales no son generación de recursos económicos para unos cuantos, sino generación de calidad de vida para todos los bolivianos y esto solo se logrará con un marco sostenible de estos recursos”. En el mismo documento, además, exigen a las autoridades que se derogue la Ley 741, los Planes de Desmonte iguales o menores a 20 hectáreas (PDM-20) y el Decreto Supremo 3973, que legaliza las quemas en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando sin tomar en cuenta los planes de uso de suelos (PLUS).
 
El presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Hugo Salmón, pidió que el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) paralice la dotación de tierras y la otorgación de permisos de asentamiento en las zonas protegidas o que no tienen una vocación productiva o agrícola. De acuerdo con el legislador departamental, la información del Sistema de Alerta Temprana Contra Incendios Forestales (SATIF) indica que la mayor cantidad de quemas y chaqueos en el departamento se llevan a cabo en áreas de producción forestal y en áreas de uso silvo-agro-pastoril. “Eso quiere decir que se está chaqueando en zonas que tienen vocaciones completamente diferentes al uso que se les está dando”. La tragedia no puede ser medida, las pérdidas tampoco. Y, mientras tanto, nadie todavía ha puesto sobre la mesa de debate la suspensión de los permisos para “las quemas controladas”[2].
 
Como se puede observar si nos situamos en un enfoque más local, por ejemplo, de una geografía política, correspondiente a un Estado-nación, como Bolivia, la denominada crisis ecológica adquiere perfiles propios y singulares, empero, forma parte de la crisis integral ecológica del planeta, en el momento presente. Lo que nos obliga a evaluar lo que ocurre nacionalmente, lo que ocurre localmente, tomando en cuenta el contexto global de un mundo en crisis múltiple. Pero, también, situándonos en el contexto mundial, mejor dicho, planetario, podemos observar que el acontecer nacional y local no es sino el despliegue de la misma crisis ecológica planetaria, solo que expresada en sus singularidades.
Desde esta perspectiva, no se trata de culpar a personas, que tampoco controlan el decurso de sus propios destinos, por más que se presenten como dignatarios, sino de entender que estos personajes forman parte de tramas desplegados en los tejidos sociales y políticos, donde las estructuras y substratos del poder se hallan en la base de la estructura social, además de en la transversalidad de denominaciones polimorfas persistentes. Estos personajes se ilusionan con manejar el poder, por lo menos el gobierno, sin embargo, no son más que marionetas en una constelación de concurrencias de juegos de poder. Entonces, el problema efectivo no son estos aborrecidos personajes en el imaginario colectivo, sino los entramados de hilos que los mueven.
En el caso de Bolivia y Brasil, a pesar de la dicotomía entre los presidentes disímiles, los entramados subyacentes parecen ser los mismos, los relativos al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, con la diferencia de que Brasil experimenta las revoluciones industriales, tecnológicas-científicas y cibernéticas, y Bolivia se mantiene en el perfil primario exportador. Los entramados histórico-político-culturales tienen que ver con la subordinación y sumisión a la geopolítica del sistema-mundo capitalista, con la diferencia que un país cumple los roles de potencia emergente y el otro de indudable país periférico.  

Apocalipsis en Bolivia

Siguiendo con la metáfora del Apocalipsis, queremos ahondar en el análisis de los síntomas del Apocalipsis a escala nacional. Los síntomas del Apocalipsis ecológico han cobrado magnitudes catastróficas en Bolivia, en un año, 2019, que parece aciago, en comparación con los años anteriores, o la continuidad incrementada del fenómeno depredador de los incendios. Los síntomas de los que hablamos adquieren impacto e incidencia no solamente en lo que respecta a la depredación ecosistémica sino también en lo que respecta a las formas del ejercicio político. En este sentido, los jinetes del Apocalipsis se presentan descomunales, galopando desbocados, encendiendo hogueras en los bosques, pero también desorbitados, incluso desorientados en el desencadenamiento de la catástrofe.
En lo que sigue intentaremos situarnos en la coyuntura caldeada y calcinada por los incendios, en los efectos, no solo ambientales, sino también sociales, económicos, políticos y culturales de la destrucción ecológica de la Amazonia y del Chaco húmedo. Buscando entrever los alcances de la destrucción ecológica, así como los alcances de la degradación política, institucional, ideológica y cultural. Pues el fenómeno de la crisis ecológica es un fenómeno integral o, mejor dicho, se trata de procesos de desintegración articulados y de incidencia en la totalidad, por así decirlo de la realidad efectiva. En lo que respecta a la formación social boliviana, en una coyuntura precisa, la del momento álgido de la catástrofe ecológica, es indispensable interpretar lo que pasa no solamente con los campos de fuerza, no solamente relativos a la sociedad, sino también las fuerzas físicas, territoriales y ecológicas, así como lo que sucede con el Estado-nación, mal llamado Plurinacional, la diseminación de sus estructuras institucionales, lo que sucede con la forma de gubernamentalidad, que hemos llamado clientelar, en un momento de crisis política, de merma en su convocatoria y, por lo tanto, en su recurrencia generalizada a las formas perversas del recurso a la violencia, se presente ésta abiertamente, de manera descarnada, o de manera opaca, hasta latente o, incluso disimulada, por ejemplo, mediática.
 
El periodista e historiador Rolando Carvajal dice:
Génesis de la depredación forestal inducida: las quemas para el desmonte son un mal crónico, e irresoluble con el actual enfoque oficial que busca ampliar la frontera agrícola para los agroempresarios. La aparatosa y publicitaria, pero tardía, respuesta oficial ante del desastre en el bosque chiquitano, no oculta que la verdadera razón de la catástrofe natural es la política pública continuadora de un modelo de producción agropecuaria que no ha cambiado en los últimos 30 años; y no tanto por factores como el cambio climático y sus efectos en el calor, la baja humedad, la falta de lluvias y los vientos cambiantes. Al paso que se va sin afrontar el problema por la vía de la productividad de los suelos y tecnología moderna y sólo alentando desde el Estado los chaqueos, el Supertanker que comenzó a sofocar el fuego, volverá más pronto de lo que pudiera suponerse. Su anunciada compra, prueba que persistirán los siniestros. “Continuarán los incendios”, dijo el presidente Morales, censurado por la sociedad civil debido a que decretó el modo de deforestación que deja los llanos en llamas y 1,2 millón de tierras devastadas[3]
Carvajal hizo un análisis somero de la coyuntura relativa a la catástrofe ecológica, escribió:
Según diversos expertos consultados por Bolpress pese a regir desde 2015 una pausa en su verificativo, la función económica y social (FES) de las tierras, requisito para evitar su reversión al Estado, se ha convertido, junto con la dilatación de la superficie agrícola, en uno de los factores de política pública generadora de los incendios que asolan a las tierras bajas de Bolivia. Forma parte de una política de tierras corrompida que, asimismo, genera un tráfico de éstas destinado a intensificar el mercado de suelos, en un contexto donde el INRA (Instituto de Reforma Agraria) y otras instituciones que gestionan la dotación del recurso tierra, están plagadas de acusaciones sobre negociados y acciones ilegales. Se trata, aseguran, de un inflamable incentivo normativo que induce al desmonte mediante quemas, chaqueos o desbrozado de bosques chaqueños y amazónicos, en procura de ampliar la frontera agrícola, ensanchando las tierras de cultivo, objetivo gubernamental para producir biocombustibles, incluso por la vía de transgénicos y agrotóxicos, con el fin de exportar productos agropecuarios (carne, especialmente), debido la nueva demanda china y del mercado internacional.
La respuesta sorprendente y descolocada del presidente fue: “Si las pequeñas familias, pequeños productores, no chaquean, ¿de qué van a vivir?”. En una especie de primer descargo de su administración, fustigado desde la sociedad civil por reaccionar a destiempo casi un mes después de que comenzaran las quemas y no cuando estaban en su punto alto, hace tres semanas, con unos 8.000 focos de calor en la etapa crítica, según informó este martes el Gobierno, de un total de 33.000, en lo que va del año, de acuerdo con el Observatorio de la Autoridad de Bosques y Tierra. La Gobernación de Santa Cruz, reveló hoy que emitió hace un mes la alerta naranja y la alarma roja el 7 de agosto, pidiendo a la ABT se frenen los chaqueos.
Mientras el jefe de Estado apuraba una respuesta tardía a las quemas y el hollín que los vientos no tardan en trasladar desde las tierras bajas  hacia la cordillera de los Andes acelerando el deshielo de las cumbres nevadas y glaciares, en desmedro de las reservas de agua en Bolivia, como demostraron exposiciones de Juan Carlos Guzmán y otros expertos  ( Silvia Molina, 2019) sobre la conmoción de restos  contaminantes y su impacto  en los acuíferos cordilleranos , su gobierno anunció la compra y cotización del Supertanker que incursiona desde el viernes sobre la superficie en llamas. En un anticipo de las derivaciones de un mal ya crónico con el que cohabitan el Gobierno y la sociedad, como el narcotráfico, el contrabando y otros flagelos en Bolivia, el mandatario sostuvo el domingo que, a futuro, “continuarán los incendios”. Sin embargo, pese a su reticencia inicial, Morales dio visos de activar por fin  la ayuda internacional, aunque su ministro de la Presidencia, sin pruebas fehacientes, acusó a “la derecha opositora” de causar un incendio “deliberado” de pastizales en un punto de la Chiquitanía, mientras, cuando se ingresaba la octava semana de incendios a partir del decreto del 9 de julio, se decidió por una “pausa ecológica” y la prohibición de reventa de tierras, aceptando los 650 mil dólares de ayuda ofrecida por la banca de desarrollo (CAF, BID) y el sistema de Naciones Unidas.
El mandatario y su administración afrontaban, asimismo, hogueras internas que ponían a prueba la fortaleza electoral oficialista, a dos meses de las elecciones, como la declaración del ministro César Cocarico, quien, en contradicción con su jefe, descartó la abrogación de cualquier norma que permita las quemas bajo al argumento de que si no hubiera desmontes, Bolivia podría quedarse sin alimentos; “el agricultor tiene dos caminos, uno ampliar, quemar, chaquear, es lo que siempre se hace, no hay otra tecnología”[4].
Como se puede ver no solamente estamos ante una coyuntura de crisis ecológica, a nivel nacional, sino ante los avatares de una crisis política, que cobra su singularidad, en lo que podemos llamar una suspensión peculiar de la realidad efectiva para embarcarse en los atolladeros de la burbuja ilusoria que conforma la propaganda y la publicidad compulsivas, una burbuja que parece atrapar a los gobernantes. Los gobernantes parecen ver en el espejo de las burbujas lo que su propio imaginario delirante les muestra, que no pasa nada, salvo la eterna conspiración de la “derecha” y del “imperialismo”. Indudablemente, en el contexto de la crisis ecológica, que llaman eufemísticamente “cambio climático” o “calentamiento global”, las políticas económicas del gobierno han atizado el fuego de los incendios en la Amazonia y en el Chaco húmedo, además de los focos aparecido en el Pantanal, incluso en zonas del Chaco seco. Al reducir su enfoque el gobierno al mero conflicto de la concurrencia electoral, se cierra la visibilidad para ver lo que ocurre en cuanto a impacto ambiental, que ha adquirido magnitudes de catástrofe ecológica. Entonces, en vez de coadyuvar a buscar soluciones, por lo menos paliativas, al insistir en una versión insostenible sobre los incendios, se convierte no solamente en parte del problema sino, sobre todo, en un obstáculo a la resolución del problema.
En ensayos anteriores hablamos del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente[5], que continúa el “gobierno progresista”, solo que lo hace bajo el perfil político del discurso neopopulista y el estilo de la forma de gubernamentalidad clientelar, pero, sobre todo, de una manera más intensa y expansiva que antes, cuando los gobiernos neoliberales implementaban, a su manera, el mismo modelo.  Ahora asistimos a desenlaces catastróficos de políticas económicas altamente extractivistas, desforestadoras y compulsivamente inclinadas por la ampliación desmesurada de la frontera agrícola. También en ensayos anteriores hablamos de la decadencia política e ideológica a la que asistimos en la modernidad tardía[6]; ahora, a nivel nacional, asistimos a desenlaces singulares de esta decadencia, los relativos a lo que podemos llamar a la suspensión casi absoluta de valores y de escrúpulos.
El balance de Carvajal continúa con la consideración de las leyes, la normativa, las regulaciones, además de las políticas efectuadas por el gobierno:
La Ley 741, vigente desde 2015 y que define la pausa en la certificación de la FES, es una de las piezas legislativas y normativas dictadas en los últimos años para estimular la ocupación de tierras fiscales por deforestación. Otra es el reciente y cuestionado decreto supremo 3973 (julio 2019), que modifica (en favor de la deforestación actual) el artículo 5 del DS 26075, que, a su vez, data de 2001 y se remonta a los tiempos del expresidente neoliberal Hugo Banzer, autorizando ahora el desmonte hasta 20 hectáreas para propiedades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias no sólo de Santa Cruz sino también del Beni. Subsiste, asimismo, sin que el partido en el gobierno la haya abrogado, la ley 1745 del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), promulgada en 1996 durante el primer gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Loza, cuyo segundo artículo establece la FES.
Cuatro días después que Morales “optimizara”, hace unas seis semanas, el decreto banzerista con otro suyo observado desde el Colegio de Biólogos porque incentiva al chaqueo “en un contexto de anarquía y tráfico de tierras para justificar su posesión y aumentar los monocultivos industriales, sin evidencia de sostenibilidad” , los empresarios privados de Beni anunciaron sus planes de habilitar de 4,5 a 6 millones de hectáreas para desarrollar agricultura y ganadería intensiva. Para ello preparaban inversiones por más de 2.000 millones de dólares en los próximos diez años, según el líder regional de la Federación de Empresarios Privados, Jorge Núñez del Prado.
El especialista del CIPCA, Carmelo Peralta, inmediatamente a que fue promulgado el decreto, se preguntó: “¿No será que más bien la modificación del DS 26075 es una manera fácil de legalizar la deforestación en estos dos departamentos en los cuales urge la expansión de la agroindustria y así consolidar el corredor agroindustrial, que se expande desde Santa Cruz y tiene como horizonte en Beni?”. ¿Era imprescindible abrir el candado para que la ganadería se expanda por la demanda actual de carne para el mercado de la China?; también cuestionó: “una visión economicista que no considera los potenciales problemas en materia socioambiental para diferentes grupos que habitan la región”.
El presidente de la Federación de Ganaderos del Beni, Abdón Nacif, sostuvo en descargo del sector que los ganaderos, por la experiencia que tienen, saben controlar las quemas y están al margen de responsabilidades por los incendios en la llanura beniana, con cerca de tres millones de reses. Sin embargo, otras organizaciones de la sociedad civil, entre ellas 21 instituciones privadas de desarrollo social agrupadas en UNITAS, censuraron la aprobación de medidas normativas y administrativas “atentatorias a los derechos de la Madre Tierra y de la vida” y reprocharon la “actitud indolente” de las autoridades al no actuar de manera diligente contra el desastre natural.
UNITAS (Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social) consideró que las autorizaciones de chaqueo en el bosque seco chiquitano y sus cercanías, constituyen actos de “flagrante negligencia”, atribuyó especial responsabilidad a la estatal Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), que debió rechazar los desmontes. Las instituciones de la sociedad civil exigieron al Estado boliviano “cumplir con su deber de garante de los derechos medioambientales y de la Madre Tierra” y a los altos funcionarios “garantizar políticas públicas adecuadas para prohibir la deforestación”. Contra las argumentaciones gubernamentales, remarcaron que las quemas controladas y su autorización vulneran “los derechos de la Madre Tierra y de la ciudadanía”, puesto que afectan al ecosistema y el medioambiente en que todos nos desarrollamos.
De acuerdo con datos del Censo Agropecuario (Instituto Nacional de Estadística, 2005-2006), lo que se considera como frontera agrícola abarcaba 2.508.923 millones de hectáreas (ha). Según proyecciones del INE al 2016-2017 había subido 3.498.203 ha, lo que muestra un crecimiento a 989.281 hectáreas que, dividido entre doce años resulta en unas 82.416 ha anuales, promedio, de ampliación de la frontera agrícola por la vía de la deforestación. Sin embargo, en los últimos tres años alcanzó niveles de 350 mil hectáreas por año, de acuerdo con la fundación Friedrich Ebert Stiftung. El especialista chiquitano Alex Willka reclamó en entrevista de la cadena RTP: “aunque solo en cinco días se ha consumido medio millón, en un bosque que es único en el mundo; no hay otro como él en todo el planeta”.
El ministro de Defensa, Javier Zabaleta, dijo en la zona de desastre, horas antes de que el Supertanker estadounidense sobrevolara los incendios para sofocarlos con descargas de agua, que el total de las hectáreas afectadas por las quemas era de 774 mil hectáreas solo en Santa Cruz y fundamentalmente en la Chiquitania. El director de Manejo de Bosques y Tierras de la ABT, había informado un día antes a la red PAT, fuera de la cifra señalada por el ministro, que se estimaban en 280 mil las hectáreas afectadas en el Beni, en la amazonia boliviana.
El jefe de Estado oficializó que la superficie afectada por incendios alcanzaba hoy a 1,2 millón de hectáreas, 500 mil en bosques y 700 mil en chaqueos agropecuarios. “Casi el 20, 30 por ciento de bosque, lo demás son aéreas de chaqueo”. La frontera agrícola bordearía, entonces, los 5,4, millones de hectáreas, si se añaden las 700 mil de los años 2017 y 2018, calculadas por otros organismos.
De acuerdo los datos del Censo Agropecuario 2013 (INE), la superficie total cultivada de 6,2 millones de hectáreas comprendía una superficie agrícola cultivada de casi 3,8 millones de ha (incluidos los cultivos de verano e invierno), pastos cultivados por 2,3 millones de ha y 150.219 ha de cultivos forestales maderables. De ese total, unos 5 millones se encontraban en los llanos o tierras bajas, menos de 588 mil ha en los valles y poco más de 617 mil ha en el altiplano. De la superficie agrícola cultivada de 3,7 millones de hectáreas, 2,7 se hallaban en los llanos, unas 457 mil en los valles y 564 mil en el altiplano.
En la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”, de 2015, el Gobierno y los agroempresarios anticiparon el inicio de un proceso agresivo de ampliación de la frontera agrícola, con metas de un millón de hectáreas por año que, para beneficio de la Madre Tierra, no se alcanzaron. Mitigadas las proyecciones, de 3,5 a 4,7 millones de hectáreas, a través del plan de Desarrollo Económico y Social 2016 -2020, por estos días las previsiones gubernamentales parecen haberse cumplido, sin embargo, sobrepasando los límites con el 1,2 millón de hectáreas deforestadas, según el reporte presidencial[7].
Los dispositivos normativos forman parte de la maquinaria estatal, la misma que es engranaje en la heurística de la geopolítica del sistema-mundo capitalista. El desarrollo capitalista se ha basado y sustentado en las condiciones de posibilidad económicas que generaban los mecanismos y las técnicas extractivistas; es decir, en la destrucción de los ecosistemas, que implican, por lo menos, determinadas consecuencias, entre las que podemos citar las huellas ecológicas, la ampliación depredadora de la frontera agrícola, de una agricultura devastadora, habiendo la posibilidad de agriculturas complementarias o en armonía con los ecosistemas, incluso agriculturas ecológicas. Entre los efectos destructivos del planeta también podemos mencionar el deterioro de las estructuras sociales, sobre todo de sus capacidades de cohesión. A largo plazo, podemos también señalar el deterioro de las capacidades culturales de la sociedad, pues la contaminación, la depredación y la destrucción de los ecosistemas, por lo tanto, de los ciclos vitales planetarios, incide, a largo plazo, en el deterioro de los sistemas culturales. Por ejemplo, en la modernidad tardía se asiste a la banalización del sistema-mundo cultural.
A lo largo de la historia del capitalismo, que, en el contexto integral, se trata del sistema-mundo moderno, de la civilización moderna, la condición inicial o básica del modo de producción capitalista es la posibilidad de convertir a los recursos naturales en materias primas, antes convertir a los bienes naturales, por así decirlo, en recursos naturales. Los distintos ciclos largos del capitalismo se han desarrollado a costa de la extracción de recursos naturales, convertidos en materias primas, es decir, mercantilizados. Esto ha implicado horadar suelos y subsuelos, así como también convertir a los cuerpos en mercancías, entre ellos a los cuerpos humanos. La mercantilización generalizada es el horizonte propio del sistema-mundo capitalista, dentro de éste, en su composición dinámica, de la economía-mundo capitalista. La mercantilización generalizada implica la fetichización generalizada, es decir, la emergencia, conformación y consolidación de la ideología.
La ideología no solo es la economía, como pretendida ciencia social de la producción, distribución y el consumo, sino también la política y otras ciencias sociales, que se conformaron sobre los mecanismos de un saber útil a la valorización abstracta, mecanismos que funcionan como instrumentos de la división del trabajo, en un mundo que avanza a la especialización sofisticada. Por lo tanto, recurriendo a las tesis de Karl Marx y Friedrich Engels y ampliándola, la ideología no solo abarca a la economía, sino, proyectando las consecuencias teóricas y críticas, a las ciencias sociales de la modernidad, además de a las formaciones discursivas políticas, declaradamente ideológicas. En la modernidad tardía, los aparatos ideológicos, que no solo se circunscriben a ser aparatos ideológicos del Estado, sino son también aparatos que atraviesan los sistemas culturales, los de-culturalizan y los subsumen al fabuloso sistema-mundo cultural de la banalización. Los instrumentos más apropiados para los efectos de la fetichización generalizada son los medios de comunicación de masa. Los medios de comunicación, monopolizados por grandes empresas trasnacionales y también por empresas públicas o estatales, son las máquinas ideológicas por excelencia de la modernidad tardía, sobre todo cuando el ciclo del capitalismo vigente es dominado por el capitalismo financiero y especulativo.
 
La agricultura industrializada o la agroindustria ha dejado muy atrás las formas de la agricultura de comienzos del capitalismo que alimentaba a las poblaciones. La agroindustria no solo ha convertido los suelos en espacios inmensos del monocultivo, sino que ha intervenido o los ha modificado genéticamente. Las grandes industrias alimenticias, que además forman cadenas concatenadas e integradas, han transformado el perfil de la alimentación de las sociedades, homogeneizando los consumos y los comportamientos del consumo. Los animales domésticos para la alimentación se han convertido en cosas vivas serializadas, encerradas o enceldadas, desde que nacen hasta que mueren. También son modificados genéticamente o engordados artificialmente. La alimentación de grandes contingentes poblacionales se ha convertido en una industria y un mercado altamente rentables, controlados por unos cuantos monopolios. Las poblaciones humanas se han venido convirtiendo cada vez en más dependientes de las grandes cadenas de la industria alimenticia. No se puede considerar a ninguna parte o momento de estos procesos de la industria alimenticia como independiente, forma parte de los procesos de transformación alimenticia a escala mundial. Por ejemplo, la ganadería es uno de los dispositivos y disposiciones de las cadenas alimenticias de la carne. Si bien hay todavía mercados nacionales que definen localmente el precio de la carne, cada vez más, en la medida que se internacionaliza, los precios son regidos por la demanda y oferta de carne internacionales. Empero, lo más importante de esta descripción no tienen que ver con los precios sino con las cadenas mismas, con la conformación de un sistema-mundo de la alimentación.
En consecuencia, se explica que el desarrollo del capitalismo venga acompañado por la ampliación de la frontera agrícola. Sin embargo, en la división del trabajo de la economía-mundo, los países se especializan, no solo en donadores de materias primas tradicionales, sino también en donadores de materias primas de la alimentación. Una de las consecuencias de esta división del trabajo es que zonas y hasta regiones del orbe, bajo los códigos y distribuciones de la geopolítica del sistema-mundo, son las que son convertidas en espacios de expansión de la frontera agrícola. Se trata de países que tienen que pagar con el costo irreparable de la destrucción de sus bosques. La tesis estrafalaria del ideólogo del extractivismo[8] es que los países en desarrollo, por así decirlo, tienen derecho a destruir sus bosques porque de esta manera ingresan al desarrollo industrial. Al contrario, en la modernidad tardía, este costo irreparable tienen que pagar los países en desarrollo de la periferia del sistema-mundo capitalista, incluso los que se encuentran en la transición a potencias emergentes, otro eufemismo de la ideología posmoderna del capitalismo tardío. La destrucción de los bosques en las periferias del sistema-mundo capitalista es el costo irreparable que se transfiere a los ecosistemas de los países involucrados, en esta desigual división del trabajo.
 
Podemos observar que este fenómeno de globalización y de monopolización en la industria alimenticia no solo ocurre con la carne, sea o no vacuna, sino también con los vegetales, los cereales, las frutas, incluso las flores. Estos bienes son convertidos en recursos naturales, después en materias primas de cadenas industriales alimenticias. Esto ha ocurrido notoriamente con la quinua, que se consideraba un bien de la agricultura nativa, con grandes propiedades alimenticias. La demanda mundial de la quinua, el control de cadenas monopólicas de la transformación alimenticia, la ha convertido en una mercancía altamente cotizada, convirtiendo a las tierras donde se cultiva en espacios de monocultivo, donde los suelos son degradados. Con esto las oikonomías comunitarias y las oikonomías campesinas se han transformado y convertido en economías empresariales, que experimentan la jerarquización piramidal de la estructura social.
 
La soja es otro ejemplo de la mercantilización generalizada, del encadenamiento en procesos industriales de la alimentación, además de sufrir el control de grandes monopolios trasnacionales. Con todas las diferencias, dado el caso, además de los singulares procesos de transformación que sufren los bienes alimenticios, se puede citar también el ejemplo de la castaña. Aunque en un principio pueden participar agricultores familiares, campesinos, incluso trabajadores de la cosecha, en la medida que se desarrolla la industria y el mercado, el trastocamiento de la estructura social, volviéndose piramidal, es un destino ineludible. Lo que hay que remarcar en todos estos procesos singulares de la industrialización alimenticia, es que los lugares de siembra y de cosecha se convierten en zonas de economías dependientes en las cadenas globalizadas de la economía-mundo.
¿A dónde apuntamos con esta exposición? A la tesis de que la ampliación de la frontera agrícola está en función de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, que diferencia países periféricos, exportadores de materias primas o donadores de materias primas de la alimentación, de países centrales de concentración de tecnologías sofisticadas de transformación alimenticia industrial de última generación. En otras palabras, la expansión de la frontera agrícola es el costo no pagado, es decir la destrucción de sus ecosistemas, que deben pagar los países  periféricos al desarrollo del capitalismo, en la etapa del ciclo largo del capitalismo que compete. Dicho de otra manera, paralelamente a lo que ocurre con las materias primas mineras e hidrocarburíferas, la explotación de los bosques resulta en la reproducción del círculo vicioso de la dependencia, solo que a costos tan altos que son irreparables ecológicamente.
 
Conclusiones
 Lo que llama la atención es que, a pesar de los síntomas del Apocalipsis, los Estado-nación persistan precisamente con políticas-económicas que desataron la crisis ecológica. Esta persistencia habla de la perduración enfermiza en el círculo viciosos del poder, también el círculo vicioso de la dependencia, convertido en el círculo viciosos de la muerte planetaria.
La ampliación de la frontera agrícola es un fenómeno más de los fenómenos depredadores, extractivistas y destructivos que genera el desarrollo capitalista. Se requiere entonces una mirada compleja de las dinámicas integradas del sistema-mundo moderno, cuyo eje es el sistema-mundo capitalista.
En Sud América, con descomunal expansión, el fenómeno de la ampliación de la frontera agrícola, se ha desbocado en Bolivia y Brasil, empujado por las políticas extractivistas e incendiarias de los gobiernos de Evo Morales y Jair Bolsonaro, aunque de distinto perfil ideológico y político, son presidentes coincidentes en esta ingrata tarea de destruir los ecosistemas y deforestar los bosques.
Notas:(..
Fuente: https://www.bolpress.com/2019/08/31/los-sintomas-del-apocalipsis/