viernes, 24 de enero de 2014

Las mayorías legitiman al capitalismo-imperialismo por su creencia en la democracia que éste permite.

Se trata, entonces, de generalizar la conciencia sobre 
el modelo vigente y
sobre la democracia a construir desde abajo.
El modelo es violencia. Violencia de despojo, de desalojo, de avasallamiento de pueblos, grupos e individuos con sus familias. Violencia de sus consecuencias sociales: el hambre, la desnutrición, el envenenamiento, la quita del agua y la energía, las sequías e inundaciones, el desamparo, la represión. En fin, violencia de destrucción de las ecorregiones o sea de las comunidades en interrelación e interacción con la naturaleza que de este modo establecen las condiciones de vida del presente y futuro en esos lugares. Pese a este exterminio masivo y desertificación, las grandes mayorías permanecen pasivas e indiferentes. ¿Por qué? Está el enmarcamiento referencial en el mito de estar bajo el gobierno de los derechos humanos y que adquiere sustancia y dinámica en ideas fuerzas.  Intentemos averiguar cuáles son.
 
Primero: la inevitabilidad de las dicotomías social/ambiental  y progreso/ zonas de sacrificios para el bienestar y la equidad sociales.
 
José Seoane señala: "La justificación del modelo extractivo exportador se sustenta habitualmente -tanto en los discursos corporativos como del funcionariado político y los comunicadores sociales- en el aporte aparentemente insustituible que dichas actividades realizan al crecimiento económico, al empleo y el desarrollo local y nacional. Esta formulación, en sus versiones mejor intencionadas, sirve para delimitar una cuestión ambiental y su afectación como una consecuencia no deseada pero inevitable, como un "daño colateral" negativo pero aceptable a la luz de los beneficios económico-sociales obtenidos. (...)
 
En el marco del modelo extractivo exportador, la conformación de estas dos cuestiones (lo social y lo ambiental) se enlaza e inscribe en otro dualismo que refiere a la diferenciación y oposición entre el mundo rural propio del mal llamado interior del país y los grandes centros urbanos. De esta manera, la inscripción territorial y material de la cuestión ambiental en territorios de rica naturaleza alejados de las grandes poblaciones realiza contemporáneamente la concepción de "territorios vacíos" o "territorios sin historia" donde la vida y los pueblos que habitan los mismos son invisibilizados o deshumanizados en el proceso de constitución de una "pura naturaleza" cuyo destino es ser explotada (...).
Fuente: "Extractivismo, despojo y crisis climática"/ José Seoane; Emilio Taddei; Clara Algranati - 1a ed. - Buenos Aires: Herramienta, El Colectivo 2013. 
 
La realidad muestra que los saqueadores oficializados como inversores sólo acumulan riquezas y poder a su beneficio. Fabiana Arencibia (RED ECO), en "Inflación y concentración económica" remarca: "(...)Las 500 empresas más grandes del país concentran un 23,2 por ciento de lo que Argentina produce (producto bruto / valor agregado), incrementándose 1,2 por ciento respecto a la encuesta anterior.

El alto nivel de concentración permanece. Las 100 más grandes generan 7 de cada 10 pesos del producto bruto; las 50 más grandes concentran 5 de cada 10 pesos. Pero son sólo las 4 grandes que explican 1,5 pesos de cada 10.

De las 500 que están a la cabeza del ranking, 455 obtuvieron ganancias por 15.000 millones de pesos más que a fines de 2010. La encuesta anterior mostraba ganancias en 417 con un incremento en las utilidades 2008-2009 de 9.000 millones de pesos. Si promediamos en forma lineal, a fines de 2009 las 417 empresas obtuvieron 22 millones de pesos más cada una, mientras que en 2011 las 455 se llevaron cada una 33 millones más. Más empresas, más ganancias cada una.

Estas grandes empresas han incrementado su personal asalariado en menos de un 6 por ciento durante el 2011. Si analizamos cuál fue el aporte de cada actividad al generar ese incremento, veremos que “resto de actividades” va a la cabeza (35,6%), seguido por el de “maquinarias, equipo y automóviles” (25,3%). Muy lejos está “minas y canteras” (5,3%), “combustibles, químicos y plásticos” (4,4 %) y más lejos aún los de “alimentos, bebidas y tabaco” y “comunicaciones” (cada uno con 2,4 %).

Las 50 más grandes - que produjeron más de la mitad del PBI y se llevaron más de la mitad de las ganancias - sólo han generado (dentro de las 500), 3 de cada 10 puestos de trabajo.

Por otra parte, la productividad (valor agregado por cada trabajador) creció durante 2011 en más de un 20 por ciento. Según la encuesta cada asalariado de las 500, aportó con medio millón de pesos al producto bruto/valor agregado.

El siguiente cuadro - con datos de la ENGE - resume cuánto han contribuido, dentro del ranking de las 500 más grandes, las empresas de capital nacional y las de capital extranjero a la facturación total, al valor agregado, al pago de salarios, a la generación de puestos de trabajo, durante el 2011.(…) Según la nueva encuesta se mantiene la extranjerización: casi 7 de cada 10 de las empresas más grandes del país son extranjeras (178 son de capitales nacionales y 322 son de capital extranjero).

En cuanto a las áreas productivas, 37 son del sector minas y canteras, 284 de la industria manufactureras (alimentos, bebidas y tabaco: 100 - combustibles, químicos y plásticos: 78 - otras industrias: 59), 41 son del sector electricidad, gas y agua, 20 de servicios de comunicación e información, y el resto corresponde a otras actividades.
(...)".
Fuente: http://www.argenpress.info/2013/02/inflacion-y-concentracion-economica.html
 
Sin embargo, a la humanidad entera le urge (porque "el cambio climático y el declive energético tienen horizontes de cinco o diez años") asumir que es ecodependiente y por lo tanto, debe proyectar economías conformes con las ecorregiones e interrelacionadas como un continente-planeta en evolución y equilibrio por su heterogeneidad. Reflexionemos sobre:
 
ECOSOCIALISMO, UNA ALTERNATIVA

(AW) Entrevista a Yayo Herrero, coordinadora de Ecologistas en Acción
"El capitalismo nunca podrá ser verde ni tener rostro humano"
Por Lucía Villa
Antropóloga, ingeniera técnica agrícola y diplomada en educación social, Sagrario (Yayo) Herrero, se las arregla para combinar su trabajo como directora de la fundación FUHEM, ser tutora de Educación y Sistemas Complejos en la UNED y llevar, junto a otros dos compañeros, la coordinación estatal de Ecologistas en Acción, que asume desde hace ocho años. Además, acaba de publicar 'Las personas primero' (Icaria, 2013), un libro de conversaciones junto a la diputada Mónica Oltra. Pero Yayo Herrero es, sobre todo, una activista incombustible y de amplia trayectoria. Durante los días 24, 25 y 26 de enero viajará a Ginebra para intervenir en los Encuentros Internacionales Ecosocialistas, una "prueba embrionaria" para tejer lazos entre grupos ecologistas y movimientos de la izquierda social que pretende llegar a acuerdos sobre cómo abordar las diferentes crisis a las que se enfrenta el Planeta y la humanidad. El punto de partida, en cualquier caso, está claro: "Es imposible salir de la crisis financiera, económica y social sin tener en cuenta la crisis ecológica".

-Los encuentros en Ginebra abordarán los principales retos sociales y ecológicos que enfrenta el mundo. ¿Cuáles son esos retos?
Nos encontramos ante una crisis energética muy importante. Organismos como la Agencia Internacional de la Energía ya han reconocido que el pico del petróleo convencional se alcanzó en 2006, lo cual quiere decir que por cada barril que se saca no encuentran reservas para sustituirlo. Esto en un mundo globalizado que podría decirse que come petróleo. Pero si hablamos del agua, la crisis es tremenda. Los picos no son sólo energéticos, sino también en otros materiales. Habrá luchas por el acaparamiento de tierras según se vayan agotando los combustibles fósiles. Según se pretendan mitigar los peores efectos del cambio climático muchas cosas tendrán que salir de la tierra. Pero La Tierra es limitada.
Y son retos urgentes. No podemos estar pensando cómo transitamos durante los próximos 50 años, sino que el cambio climático o el declive energético tienen horizontes de cinco o diez años.
-Sin embargo, atendiendo a las medidas que se han tomado a raíz de la crisis, la única urgencia parece la recuperación económica. ¿Crisis financiera y crisis ecológica como conceptos inseparables es todavía una idea alejada del terreno político?
Sí.
Los encuentros de Ginebra nacen, sobre todo, con el planteamiento de que es absolutamente imposible salir de la crisis financiera, económica y social si no tenemos en cuenta las bases materiales que sustentan la vida humana. Lo que sucede a nivel de opinión pública, e incluso en muchos ámbitos políticos con capacidad de decisión, es que ha ido calando toda esta mitología de que la economía y el dinero se mueven totalmente al margen de lo que sucede en la tierra. Y es un error, un error suicida.
Nos asusta cada vez más que una problemática como ésta, que pone en jaque todo el modelo económico globalizado, esté fuera del debate de las personas. Hemos tenido a la gente pendiente de la prima de riesgo y sin embargo, un asunto central como la viabilidad ambiental de la economía no se está poniendo en cuestión.
Términos como el de "pobreza energética" reflejan bastante bien cómo la crisis económica está muy unida a la ecológica. Cada vez hay más personas que tienen dificultades para acceder a los mínimos de energía necesarios para calentarse o desplazarse por la subida de los precios, que en parte se deben a la especulación, pero desde luego también a la escasez del recurso.
-Cuando en los 80 se hablaba de cambio climático muchos os tomaron por locos. Ahora habláis de la crisis ecológica como una amenaza sin precedentes para la humanidad ¿Tiene la sensación de que sigue pasando los mismo?
Yo creo que se han producido avances importantes. Cada vez más gente tiene en la cabeza que esto es un problema. Lo que pasa es que el avance en conciencia ecológica que reflejan las encuestas ha ido correlacionado con un incremento de todos los indicadores que demuestran el deterioro. A nuestro juicio hay problemas que son de corte político, pero hay también un problema clave que es cultural: se ha perdido la percepción de ser ecodependiente. 
Por otro lado está toda la mitología capitalista, que es como droga dura, alimentados con ella desde que estudias en el cole. La idea, ahora mismo, de que sin crecimiento económico es imposible que haya bienestar, está absolutamente calada. 
 
-De hecho, el decrecimiento es una de las corrientes más debatidas de la ecología política y que usted ha estudiado. Pero no se plantea como una alternativa sino casi como una imposición: vamos a tener que decrecer tarde o temprano, lo queramos o no...
Al movimiento ecologista no le preocupa tanto si sube o si baja el PIB. El problema es que hoy por hoy los incrementos del PIB están directamente acoplados a un aumento de la extracción de materiales, del consumo de energía y la generación de residuos. Lo que nos planteamos es que el decrecimiento de esa esfera material de la economía va a venir impuesta. Un planeta limitado lo va a imponer. Por eso es tan importante ver cómo se puede abordar, porque si se hace con los criterios que tenemos ahora, lo más factible es que quien tenga poder económico, político y militar siga sosteniendo sus estilos de vida a costa de que cada vez más gente quede fuera.
Creemos que hay opciones para reformular todo el modelo productivo. No sería tan ingenua de decir que ese plan está diseñado y que es perfectamente coherente, porque no es así, pero desde luego hay propuestas sobre las que empezar a debatir y que están absolutamente ocultas.
-¿Estamos preparados?
No, porque ninguna de esas cosas va a funcionar si no tenemos en cuenta una clave y es que la humanidad, quiera o no, tiene que aprender a vivir bien con mucho menos material y energía. Esto no quiere decir que, incluso con esa merma material, no pueda subir muchísimo la calidad de vida. Pero algunos de los indicadores que hemos incorporado, como riqueza, progreso, o vivir bien, están muy basados en el consumo de materiales. 
Lo que plantea el movimiento ecologista es que se mida cuánto es posible consumir con los recursos que tenemos, y en función de eso, ordenar lo que es posible demandar. Y ahí el gran reto es cómo hacer ese trabajo de educación popular, porque lo que sí que creo es que hace falta que una gran cantidad de la población quiera estos cambios y esté dispuesta a defenderlos. 
Precisamente, el ecosocialismo se plantea como objetivo "una nueva civilización, un modo de vida alternativa, fundada sobre nuevos valores sociales y éticos". Esto no implicaría solo un cambio político, sino cambiar la conciencia global. Es un reto difícil...
Es un reto enorme. Gramsci, que creo que es un pensador al que tendríamos que volver, planteaba algo que a mí me parece muy iluminador, y es que un sistema político no es hegemónico porque se haya hecho sólo con las estructuras políticas y económicas, sino que el sistema se convierte en hegemónico cuando se adueña de todo el marco cultural. Es decir, el capitalismo se hace hegemónico cuando la mayor parte de la sociedad desea las cosas que ofrece y mira con los mismos ojos que mira la sociedad capitalista. Por eso, darle la vuelta al sistema supone, desde luego, disputar en el terreno de lo económico y en el terreno de lo político, pero también en el de lo cultural. Ahí, movimientos como el ecologista o el feminista ofrecen otras formas de mirar la sociedad y de mirar la reorganización de los tiempos y de los espacios, que es muy importante tener en cuenta.
Ahora mismo, te encuentras muchas propuestas que lo que tratan, de alguna manera, es de volver a poner en marcha la maquinaria del crecimiento. Incluso por parte de gente muy bien intencionada. Pero corremos el riesgo de intentar salir por la misma vía e ir haciendo cada vez más profundo el hoyo en el que sume la humanidad y del que cada vez es más difícil salir.
 
-Incluso dentro de los movimientos ecologistas hay quienes califican el decrecimiento como un debate de países ricos. En su lugar, se habla de desarrollo sostenible, de capitalismo verde, de economía del bien común o de otras formas alternativas de desarrollo. Vosotros rechazáis esto de plano. ¿Por qué?
Partimos de la base de que la extracción de materiales está ya disminuyendo. No se trata de que sea un debate de países ricos o pobres, sino que eso es un dato. Cuando en Bolivia o en algunos países latinoamericanos las poblaciones indígenas salían a defender la nacionalización del gas o de los recursos energéticos, a protestar y a denunciar cómo se esquilmaban sus países, estaban poniendo esto de manifiesto. Es una lucha también para los países pobres. Obviamente,
van a tener que decrecer en mayor medida quienes más consumen, pero no es un debate de países ricos porque no es una posición estética, es el debate de lo que queda.
-¿Por qué criticamos las otras opciones? Porque mientras el modelo de desarrollo siga siendo el que tenemos, jamás podrá ser sostenible. Lo mismo que el capitalismo nunca va a poder ser verde ni va a tener rostro humano. Por eso es muy importante poner las cosas encima de la mesa tal y como son, aunque sea duro mirarlo. Lo importante es un cambio de rumbo radical.
-En su caso, en Ginebra hablará sobre ecofeminismo como una alternativa para la sociedad. ¿Qué es el ecofeminismo?
El ecofeminismo es a la vez filosofía y práctica política que lo que propone es que los movimientos feminista y ecologista dialoguen. Porque defiende que, en el dominio del patriarcado sobre el cuerpo de las mujeres y en el dominio que ejerce una sociedad sobre la naturaleza, existen raíces comunes. Comparten una crítica al modelo de desarrollo y al sistema capitalista, señalando cómo una cultura que mide la riqueza con la vara del dinero, oculta las bases materiales para sostener la vida humana como son los recursos de la naturaleza, pero también una cantidad enorme de trabajos que se hacen normalmente de forma oculta y que tienen que ver con el cuidado de los cuerpos vulnerables.
 
El ecofeminismo lo que hace también es resituar a los seres humanos dando prioridad a los vínculos y relaciones entre las personas y con la naturaleza por encima de las relaciones económicas que han construido sociedades alrededor del dinero. Esa pretensión de independencia o autonomía que tanto ha postulado el capitalismo, en realidad es un modelo de dependencia del mercado. Te hacen depender del mercado en solitario, con lo cual te conviertes en una persona muchísimo más vulnerable.
 
-Esto es parte de lo que sale a relucir en la conversación entre Mónica Oltra y usted en el libro ‘Las personas primero', que acaba de publicarse. Hoy por hoy, parece que las personas están en el último escalafón. ¿Hay razones para el optimismo?
Yo creo que no nos queda más remedio que ser optimistas, por pura necesidad. Es verdad que está naciendo una conciencia social de indignación y de movilización muy importante. A raíz del 15M la sociedad es un hervidero de iniciativas, estamos en un momento de madurez democrática y de madurez de los movimientos, pero aún está en una fase muy embrionaria para poder confrontar esa doctrina del shock de la que hablaba Naomi Klein, que nos está cayendo encima como una apisonadora.
Necesitamos que las organizaciones se hagan conscientes de que, o confluimos en movimientos amplios, flexibles, respetuosos, que sumen grandes mayorías, o va a ser muy difícil confrontar, porque el desequilibrio de fuerzas es brutal.
También porque asumimos riesgos muy grandes. Cuando hay grandes sectores de la población desideologizados y despolitizados, cuando se extiende la desafección política y la sensación de que "todos son iguales", en un entorno de enorme precariedad, de miedo, de angustia, de gente que no llega a fin de mes, o gente que se siente sola, se genera un caldo de cultivo tremendo para la emergencia de movimientos fascistas. 

-Pero aunque existen más motivos que nunca, da la sensación de que la izquierda social no consigue aún articularse conjuntamente como una fuerza alternativa. ¿Por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo?
Son procesos largos, y he visto avances en los últimos años, pero a veces me desespera un poco todavía no hayamos tomado conciencia del momento tan chungo en el que estamos. Habrá un montón de organizaciones sociales con las que nos separan un montón de cosas, pero desde donde estamos hasta donde queremos llegar, seguro que hay una parte del camino donde todos podemos empujar juntos. Ahí tenemos un reto grande. Cuando en los manifiestos de los últimos años se ha soltado tanto eso de "somos el 99%", contrasta a veces con un cierto desprecio de los movimientos sociales al conjunto de la sociedad. Decimos "somos el 99%", pero con este no voy, con este tampoco y con aquel tampoco. Con lo cual, tu 99% al final se queda en una minoría muy pequeña que difícilmente se relaciona con otras
.
 
Segundo: la resignificación del presidencialismo y del federalismo como "capitalismo en serio".

Que lleva a valorar el voto y engancharse al esquema electoral cuyo fundamento es instalar el conformismo con la fragmentación o atomización del Estado-país para el dominio oligopólico. Significa también desconocer que es "de suma importancia romper el esquema porteño céntrico y mirar con atención lo que pasa en determinadas regiones del país como el NEA, el NOA o la Patagonia". Leer 
 
Revertir este amoldamiento a los poderes establecidos mediante terrorismo de estado convoca a reconocer la tendencia del capitalismo a expropiar y mercantilizar bienes comunes en todo el planeta. También a no focalizar sólo en Mauricio Macri para luchar contra la continuidad en el desmantelamiento del sector público de los noventa.

Dineros públicos, negocios privados: El camino de Fresenius
Por: Jorge Yabkowski (ACTA)
La ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió al director General de la empresa Fresenius Kabi para Argentina, Colombia y Uruguay, Rodolfo Raviolo, quien le presentó un proyecto de inversión de 50 millones de dólares para instalar una planta de sueros en Argentina de alta tecnología.(…)
Fresenius Kabi está instalada en el país desde fines de 2001 y experimentó un crecimiento exponencial de sus ventas y puestos de trabajo. Mientras que en 2003 facturó 17 millones de pesos y trabajaban en la empresa 116 empleados, este año cerraron con una facturación aproximada de 420 millones de pesos y 400 trabajadores.

A su vez, otra empresa del grupo, Fresenius Medical Care, es la principal proveedora de servicios de diálisis crónica. Cuenta con 100 centros en todo el país, 3000 empleados y dializa 8300 pacientes. Integrada verticalmente provee los insumos que fabrica a sus propios centros los cuales se financian (en buena medida) con el subsidio estatal para enfermos renales. Este crecimiento se produjo en paralelo con la desaparición de los servicios de diálisis en los hospitales públicos.

Con la fuga de profesionales, el desastre edilicio y la creciente falta de insumos nuestro sistema público de salud es un colador que ataja cada vez menos penales. Antonio Morante, Ministro de Salud del Chaco, acaba firmar un convenio de derivación de pacientes de los hospitales públicos al sector privado. Morante, ex presidente de la comisión de salud de la Cámara de Diputados y ministro de Jorge Milton Capitanich dijo al firmar el convenio:

“Con las derivaciones oportunas y el correspondiente pago a las clínicas por sus prestaciones, aseguramos la asistencia a nuestros pacientes para que puedan continuar el tratamiento en aquellos casos que el sistema Público registre sobredemanda”.

Giorgi y Morante nos dan la clave de la política sanitaria del gobierno nacional: el Estado deja de ser un prestador de servicios públicos de salud tanto en la atención de pacientes como en la fabricación de medicamentos sueros y vacunas y se convierte en un financiador del sector privado.

En la gestión Manzur, sigilosamente, el camino de Fresenius se abre paso
. Fuente: http://www.argenpress.info/2014/01/dineros-publicos-negocios-privados-el.html
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Que conduce a seguir prendidos al dicho "roban pero hacen" y desatender a la campaña "funcionario hacete cargo" que denuncia y propone una ley para que "ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y a la impunidad" Leer.
Es persistir celebrando medidas gubernamentales por su apariencia democrática. Así en marzo de 2012 se promulga la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central por la cual se vuelve dependiente del Gobierno Nacional. En la actualidad comprobamos:

Argentina: Las reservas del Banco Central de la ficción a la realidad
Por: Alejandro Olmos Gaona (especial para ARGENPRESS.info)

(...)
Las disponibilidades del Banco Central de la República Argentina, tan comentadas las últimas semanas, son una clara evidencia del manejo negador del gobierno por un lado, y de las largas disquisiciones de los expertos, que supuestamente ofrecen diversas soluciones para impedir la caída de las reservas, que se acentuara en los últimos meses. A la incompetencia del Jefe de Gabinete de Ministros que habla de una “caída estacional”, como si fuera una cuestión del verano que las reservas se esfumen, olvidando que el último año se perdieron más de 12.000 millones de dólares, se suman las probables soluciones que articulan algunos de los economistas de la oposición, que sugieren, que habría que volver al mercado internacional de capitales como la única opción. Pocos de ellos, se refieren al problema del endeudamiento externo, como uno de los factores fundamentales de la caída de las divisas, en razón de que desde el 2010, se utilizan reservas para el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad, irónico nombre del fondo para pagar a los acreedores externos, cancelando así las obligaciones de la deuda pública, que vencen anualmente.
Entendiendo el gobierno y la oposición mayoritaria, que la deuda hay que pagarla, aunque sea manifiestamente ilegal, y producto de uno de los mayores fraudes de la historia económica del país, se utilizaron en todos estos años recursos del Banco Central, de la Anses, del Banco de la Nación y de otras agencias del Estado para pagar a los acreedores externos (autores y beneficiarios del fraude), convirtiendo deuda externa en deuda intra-Estado. Ese cambio de acreedor ha sido exhibido como un logro notable, cuando en realidad se trata nada más y nada menos que desconocer principios elementales del orden jurídico del país, y reconocer la exigibilidad de operaciones nulas de nulidad absoluta.

Salvo contadas excepciones, ningún economista de la oposición, ha cuestionado tales políticas de desendeudamiento, sino que por el contrario, las han festejado, al punto que los sucesivos canjes de deuda tuvieron la aprobación de la casi totalidad del miembros del Congreso Nacional. Mi buen amigo Héctor Giuliano, debe ser uno de los pocos, que semana a semana y mes a mes, además de mostrar la falencia de las cuentas públicas, describe la inconsistencia de muchos números reflejados por las fuentes oficiales.

El pago de las obligaciones externas se realiza a costa de endeudarse ante las instituciones oficiales citadas, desfinanciándolas, y distrayendo sus fondos de los objetivos específicos a que están destinadas. De acuerdo a la actual situación económica, el Estado carece de capacidad de repago de las deudas contraídas, por lo cual conforme se puede observar en los últimos presupuestos, se pagan intereses y hay una especie de refinanciación perpetua del capital.
Todo ese proceso de supuesto desendeudamiento fue minando sistemáticamente las reservas del Banco Central, mientras las compras de divisas con emisión monetaria, no compensaban las reiteradas pérdidas que mostraban mes a mes los resúmenes del Banco. Es cierto que la emisión se esteriliza a través de la emisión de letras (NOBAC y LEBAC), pero esto significa un nuevo y persistente endeudamiento en pesos, con tasas en algunos casos superiores al 18% anual. Al 7 de enero hay Nobac y Lebac emitidas en pesos, equivalentes a 16.844 millones de dólares.

Hoy existe una justificada alarma por la pérdida de reservas del Banco, pero tanto oficialistas como opositores, se siguen manejando dentro del terreno de las ficciones numéricas, y nadie trata de ver la realidad que muestran los resúmenes de la institución, que nadie puede desconocer, porque el Banco los publica semana a semana, pudiendo observarse el constante deterioro de sus activos.

En el resumen del Banco Central correspondiente al 7 de enero, se menciona como activo la suma de 109.639.629 MD, y un pasivo de 92.366.363 MD, lo que daría un patrimonio neto de 16.993.122. MD. En estos dos guarismos básicos es donde comienza la ficción, y a partir de allí sin discriminar debidamente las cifras, se llega a conclusiones erróneas, que todos repiten invariablemente, como si nadie quisiera mostrar el peligro que esos números representan para la solvencia de la institución monetaria.(...)

Cumpliendo escrupulosamente con las pautas que señala la sabiduría convencional de la que hablaba Galbraith, a ningún funcionario se le ocurrirá cuestionar las cifras, poner en claro la realidad fraudulenta de gran parte de esa deuda [4], sino que se seguirá haciendo lo mismo de siempre: pagar y refinanciar, aunque ello signifique una continua transferencia de recursos, que los funcionarios disponen a su antojo y que son producto del trabajo de los argentinos. Leer

Tercero: la naturalización de los partidos de estado que lleva al reciclaje del funcionariado y a su conversión en casta.

Ya Gramsci nos aclaró que al "gobierno de los funcionarios" debemos convertirlo en autogobierno popular. Claro, previamente, precisamos asumir la realidad de que detrás del funcionariado está el poder económico e imperialista que instauró la constancia de su crecimiento económico mediante terrorismo de estado y usó el período democrático para legalizarse-legitimarse. En verdad, desde mediados del siglo pasado se está constituyendo la Triple Alianza Antiobrera, sobre todo a partir de la implantación del neoliberalismo mediante dictadura genocida. Ese contubernio se puso de manifiesto en el asesinato de Mariano Ferreyra y en las masacres de Once, de Cromañón y de las inundaciones. Reflexionemos sobre:
Ámbitos privilegiados de acumulación en la Argentina reciente
 Castellani, Ana (coord)
 
Introducción
La historia argentina reciente presenta una particularidad desconcertante: durante décadas el Estado transfirió cuantiosos recursos públicos hacia un reducido grupo de grandes firmas a través de múltiples mecanismos y sin embargo, los resultados generales de estas políticas de fomento a ciertas fracciones del capital consideradas estratégicas para el desarrollo distaron mucho de ser favorables. Por el contrario, durante la segunda mitad del siglo XX se observan tres rasgos distintivos del derrotero económico nacional: la persistente dificultad para construir un patrón de desarrollo sostenido que permita aumentar la capacidad productiva, el acervo tecnológico y la calidad de vida de la población; el progresivo deterioro de las capacidades y de los niveles de autonomía relativa del Estado a la hora de diseñar, implementar y monitorear políticas públicas; y la consolidación de un reducido grupo de empresas que experimentaron un proceso acelerado de expansión gracias a su vinculación preferencial con el Estado.
En este libro analizamos las causas de este proceso suponiendo que el tipo de relación estructural establecida entre el Estado y los empresarios condujo a la conformación y progresiva expansión de diversos ámbitos privilegiados de acumulación (APA) que al difundirse en forma generalizada acrecentaron las restricciones al desarrollo. La particularidad de estos ámbitos es que las empresas privadas involucradas obtienen niveles extraordinarios de ganancias derivados de la existencia de privilegios institucionalizados y no institucionalizados generados por el accionar estatal.
Es muy abundante la literatura que reconoce la importancia de la relación Estado/empresarios para explicar los procesos de desarrollo sostenido en los países de industrialización tardía. Con distintos matices, en los trabajos se señalan tres factores centrales a la hora de explicar estos procesos:
a) la realización de intervenciones económicas estatales de alta calidad (o sea, coherentes, estables, relativamente autónomas, eficientes en cuanto al diseño y eficaces a la hora de la implementación de las diversas políticas);
b) la existencia de un empresariado “disciplinado” y comprometido activamente con el desarrollo nacional, dispuesto a colocar sus excedentes fronteras adentro, a realizar innovaciones de productos y procesos que permita menguar la dependencia tecnológica y proclive a realizar inversiones productivas que le permitan competir en el mediano plazo en el mercado internacional (al menos en algunos nichos estratégicos previamente seleccionados); y
c) elevados niveles de reciprocidad entre los actores públicos y privados y difusión de relaciones de enraizamiento entre los funcionarios públicos y los empresarios para garantizar el éxito de esas intervenciones estratégicas, tanto en su etapa de diseño como en la de implementación.
La evidencia empírica recabada en diversos estudios de caso demuestra que una articulación entre el Estado y los empresarios que facilite la construcción de un proyecto de desarrollo sostenido requiere la estabilidad en la orientación de políticas públicas que promuevan el crecimiento de ciertas ramas estratégicas de actividad, la existencia de reglas de juego claras para el capital, la construcción de canales institucionales de diálogo duraderos entre funcionarios y capitalistas para definir el contenido de esas cruciales intervenciones públicas, yel disciplinamiento del capital por parte del Estado, para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos oportunamente. En suma, una combinación de intervenciones estatales de calidad, capitalistas disciplinados y autonomía enraizada.
Este tipo virtuoso de articulación permitiría la construcción y difusión de ámbitos estratégicos de acumulación (AEA) proclives al desarrollo, basados en la existencia de privilegios selectivos, transitorios, consensuados e institucionalizados, que en el largo plazo, logran incrementar la dotación de capital físico, el desarrollo de innovaciones tecnológicas (tanto de productos como de procesos), la productividad del capital y la competitividad internacional. Diversas experiencias de este tipo se registraron en algunos países del sudeste asiático a partir de los años sesenta, y dentro de la región latinoamericana, Brasil constituye en alguna medida, un ejemplo de este tipo de articulación fructífera entre el sector público y el privado.

También existen casos donde el Estado interviene activamente transfiriendo cuantiosos recursos públicos al sector privado y sin embargo no logra construir estos espacios de acumulación estratégicos. En su lugar se van difundiendo diversos APA que favorecen a una reducida fracción de empresas que logran expandirse aceleradamente sin incrementar su eficiencia y productividad; fortalecen a los empresarios que acceden a estos privilegios aumentando su injerencia en la orientación de la intervención estatal; debilitan el accionar estatal, por la progresiva pérdida de capacidades administrativas y financieras, y en definitiva, son incapaces de propiciar la construcción de un proceso de desarrollo sostenido como los AEA.
Pero para que esos espacios existan y se difundan es necesaria la construcción de una especie de red integrada por diversos actores y prácticas que permiten la generación y sostenimiento de diversos mecanismos de obtención de cuasi-rentas de privilegio no transitorias que son apropiadas por las firmas privadas involucradas sin ningún tipo de contraparte. En este sentido, el concepto permite incorporar dimensiones de análisis empírico vinculadas con el comportamiento de los actores sociales implicados y las relaciones que se establecen entre ellos. Precisamente, los APA sólo se pueden sostener si funciona una amplia y difusa trama de relaciones que articule los intereses de funcionarios políticos, burócratas y capitalistas. Estas relaciones pueden ser de distinto tipo, pero en todos los casos persiguen el mismo resultado: sostener, diversificar y/o expandir las condiciones privilegiadas de acumulación.
El mantenimiento de esta trama de relaciones, incluso ante el cambio de la gestión económica o hasta del propio patrón de acumulación, perpetúa las cuasi rentas de privilegio como forma primordial de acumulación de las empresas más grandes del país desalentando así procesos de innovación tecnológica y deteriora cada vez más la calidad de la intervención por la progresiva pérdida de autonomía y capacidades estatales.
En efecto, en vez de realizar intervenciones estratégicas que permitan superar los problemas económicos más acuciantes (más allá de cual sea el diagnóstico que en ese momento se tenga sobre los mismos), el accionar estatal, desarticulado y debilitado por la conjunción de las prácticas mencionadas, termina incrementando el poder económico de la fracción empresaria privilegiada por el accionar estatal, situación que retroalimenta el círculo vicioso del estancamiento. Precisamente, al obtener mayor poder económico, esta fracción empresaria apuesta al debilitamiento de las capacidades estatales en procura de sostener los ámbitos que facilitan la obtención de cuasi-rentas de privilegio. A su vez, la expansión y sostenimiento de los APA conspira con la posibilidad de alcanzar el desarrollo económico, en tanto desalienta las conductas innovadoras, ya que estas aparecen ante los ojos de los capitalistas como excesivamente costosas e innecesarias en un contexto en el que es más sencillo (y redituable) conseguir privilegios estatales sin necesidad de garantizar (o cumplir, cuando las hay) metas de desempeño.
Además, la difusión de estos ámbitos genera profundas transformaciones en el perfil de los grandes agentes económicos, permitiendo la expansión y consolidación de aquellas empresas privilegiadas por la intervención estatal. El incremento de poder de estas fracciones se traduce en una mayor capacidad para incidir sobre el Estado, no sólo para sostener los ámbitos existentes, sino para generar otros nuevos e incluso para orientar el rumbo de las políticas económicas hacia la conformación de patrones de funcionamiento más concentrados y centralizados en términos económicos, y más excluyentes en términos sociales. En este proceso las capacidades estatales mencionadas se van debilitando aún más, dificultando la realización de intervenciones relativamente autónomas de los intereses del capital concentrado.
El libro que presentamos en esta oportunidad recupera estos supuestos para analizar el proceso de conformación de diversos APA en la historia argentina reciente. (...) Leer
 
Cuarto: la aprobación del modelo o del crecimiento económico por asociarlo con mejoras familiares e individuales respecto al 2001, también por ver al gobierno CFK en disputa y no como la propia Presidenta explicita: su carácter pro capitalista.
 
Es desconocer el acaparamiento oligopólico por afianzamiento de la "amplia y difusa trama de relaciones que articula los intereses de funcionarios políticos, burócratas y capitalistas". Desentramparnos nos interpela a:

“Cambiar el modelo”

Por Darío Aranda
La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) es el mayor espacio continental que reúne a campesinos, indígenas y trabajadores del campo. Cada cuatro años la CLOC renueva su Secretaría Operativa. Este año, por primera vez, la conducción quedó bajo responsabilidad de argentinos: Diego Montón y Deo Carrizo, ambos del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). En el Día Internacional de la Lucha Campesina, Diego Montón repasó las luchas del continente, el papel de las multinacionales y los gobiernos, y los desafíos en la Argentina.
–¿Cuáles son los problemas comunes en la región?
–La agudización del modelo extractivo, de saqueo minero y avance agroindustrial. Con lamentables pérdidas humanas en todo el continente. Se subordina la agricultura a la lógica de las multinacionales. El acaparamiento de tierras, los procesos de reforma agraria frenados, el avance de nuevas semillas transgénicas y el uso de agrotóxicos de manera indiscriminada. Y es cada vez más notoria la pérdida de autoabastecimiento de alimentos. En Brasil y Argentina los asesinatos de campesinos comienzan a ser más frecuentes.
–¿Cuál es la estrategia de la CLOC?
–Articular todas las luchas que ya existen, continentales y locales, fuerte apuesta a la comunicación, desarrollo de la autodeterminación política, apostar a la diversidad continental. También la formación, con escuelas e institutos. Y la articulación con otros movimientos sociales.
–¿Cómo interpretan que sea en este momento político de la región cuando más avanza el modelo extractivo?
–Falta que se consoliden nuevos proyectos de desarrollo. Existe una gran colonización y tiene que ver con la enorme fuerza del capitalismo en el continente. Los gobiernos, en su gran mayoría, no han logrado provocar cambios estructurales en las instituciones, en los Estados, y la dinámica de acumulación del capital les sigue siendo afín. Nuestra estrategia global debe romper esas dinámicas y lograr cambios estructurales. Desde la CLOC planteamos una lucha frontal a la ofensiva de las transnacionales, pero también las alternativas: agroecología, soberanía alimentaria, reforma agraria integral.
–El 17 de abril es el Día Internacional de la Lucha Campesina, en conmemoración del asesinato de 19 campesinos en Brasil. ¿Cómo lo conmemoran?
–Se harán movilizaciones en todo el continente y en todo el mundo, ya que es una jornada de lucha internacional de la Vía Campesina. El MNCI moviliza en diez provincias, con distintos tipos de actos, y también habrá marchas a la Embajada de Paraguay en reclamo por la liberación de los presos políticos de la Masacre de Curuguaty, donde no hay ni policías ni funcionarios imputados, pero sí campesinos presos, incluso una compañera embarazada.
–Hace dos años, un 17 de abril, fue la primera vez que organizaciones campesinas presentaron en el Congreso nacional el proyecto de freno a los desalojos. Tuvo apoyo de muchos sectores, muchos del oficialismo. ¿Por qué no se aprobó?
–En el Parlamento no ha habido convencimiento, probablemente en el Ejecutivo tampoco, porque si no se hubiera aprobado. Pero valoramos el espacio amplio que armó esa ley y que incluso instaló el tema de la tierra en el Parlamento.
–En ningún caso de asesinatos en el campo hubo condena de funcionarios de primera línea. ¿Cómo entienden ese silencio y la alianza del Ejecutivo nacional con gobernadores que ustedes cuestionan en las provincias?
–Tiene que ver con la dinámica de la democracia y la política de hoy. El sistema institucional no se construyó sobre valores éticos que son los que nosotros defendemos. Y cuando se entra en la disputa del poder del Estado hay reglas que no se dicen pero que tienen que ver con esa dinámica de construcción de poder electoral. Con el asesinato de Cristian Ferreyra tuvimos la solidaridad de mucha gente del Gobierno. También es cierto que ni la Presidenta ni ministros se expresaron públicamente sobre el tema. Y tiene que ver con las alianzas electorales.
–En los comunicados del MNCI queda explícita la denuncia a las corporaciones extractivistas. ¿Cuál es la caracterización que hacen del Gobierno?
–Creemos que este gobierno ha sido un avance. La integración latinoamericana, los derechos humanos. Sin embargo, en la política agropecuaria y el uso de bienes naturales el Gobierno está condicionado por los intereses de la coyuntura inmediata y por el desarrollo de planes como el PEA (Plan Estratégico Agroalimentario), donde gran parte de la academia y la ciencia proclaman y difunden las políticas de las transnacionales. Desde el Ministerio de Ciencia se impulsan cada día cosas más aterradoras, la bioexportación, formas de “economía verde” que son mercantilizar la naturaleza en beneficio de las corporaciones. Hay una gran contradicción del Gobierno y esa contradicción comienza a aflorar, dentro y fuera del Gobierno.
–¿Cómo interpretan esa contradicción?
–Es sostenido el aumento del precio de los alimentos y que sólo se resolverá modificando el modelo, con soberanía alimentaria. El rol geopolítico como proveedor de commodities, el uso indiscriminado de agrotóxicos, el desmonte masivo, la expulsión de campesinos, el crecimiento de ciudades superdesequilibradas. Son todos límites que hay que cambiar. Con el modelo extractivo de megaminería y agronegocios no se puede profundizar la democracia.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-218195-2013-04-17.html
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En ese "creemos que este gobierno ha sido un avance. La integración latinoamericana, los derechos humanos"  no sólo se deja de profundizar en que esos cambios son obra-progreso de los pueblos u organizaciones y en que hay conflictos de estos con los gobiernos contra el avasallamiento del extractivismo en el continente sino sobre todo se fragmenta la visión sobre la ocupación integral del capitalismo-imperialismo. En contraste, el Colectivo por la Autonomía, el  Grupo ETC y GRAIN rumbean en el compromiso mayoritario con:
Territorialidad, subsistencia y vida digna 
Este es un documento de contexto para caracterizar los objetivos de una preaudiencia que vinculó, a finales de junio de 2013, en San Isidro Jalisco, México, por lo menos dos de los siete procesos abiertos en México ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en el Capítulo México. El Capítulo México del TPP busca valorar los efectos nocivos del libre comercio y sus tratados en la desfiguración del sistema jurídico mexicano y la violencia desatada contra los pueblos por el desvío de poder resultante. Esta preaudiencia, titulada justamente Territorialidad, subsistencia y vida digna, intentó caracterizar la violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía, e intentó tender vínculos con la devastación ambiental y las lastimaduras a la vida digna que conlleva atentar contra los territorios y la subsistencia. Con este acercamiento detallado en la territorialidad, intentamos articular los argumentos en torno a la contaminación transgénica del maíz, a los procesos de colisión entre el campo y la ciudad, a los procesos de despojo y envenenamiento con minería, basureros, urbanización salvaje, fragmentación del espacio con carreteras y otras más que permitan sistematizar un panorama fiel de lo que ocurre en este proceso de violencia, y de transgresión de los derechos de la población, recrudecido por los tratados de libre comercio y sus secuelas.  
Intentamos argumentar cómo es que las empresas directamente beneficiadas por actos de gobierno de los Estados, por sus políticas públicas, sus reformas constitucionales y sus legislaciones apalancadas con “tratados de libre comercio y cooperación” (y sus normas, estándares y reglamentaciones), han destruido las condiciones para que la gente gestione su entorno material y subjetivo; para que resuelva la subsistencia mediante sus propios medios individuales y colectivos, con creatividad e ingenio propio. Decimos que esto acarrea una fragmentación comunitaria, la erosión de las relaciones; la invasión, la devastación, el despojo y el acaparamiento de los territorios, la expulsión de personas y su sumisión extrema en trabajos esclavizantes e indignos. Esta destrucción comunitaria y territorial empeora diario. Y quienes pagamos las consecuencias somos quienes históricamente hemos cuidado nuestros lugares. Unos cuantos lucran con el desastre. Mientras más nos afectan, menos podemos cuidar nuestro lugar. Las capas de deterioro se suman hasta que nuestros territorios se ven reducidos a esqueletos informes y se convierten en barriadas inhóspitas de ciudades que crecen. Los procesos industriales que nos enajenan, violentan la escala de los procesos naturales y sociales interviniendo los entornos —de lo más físico y “ambiental” como la deforestación, la perforación, la extracción, la manipulación del suelo y el agua—, hasta los ámbitos más vitales e íntimos de los individuos, incluido el chantaje con programas que nos destruyen aunque siempre nos insistan que son las soluciones únicas a los problemas que nos aquejan. Para mostrar el contexto lo más completo posible, hemos abierto y flexibilizado nuestras definiciones: desde lo más íntimo —como el cuerpo de las madres y sus hijos—, pasando por el ejercicio del espacio público compartido como la movilidad en las urbes, hasta el corazón tangible de comunidades y pueblos en sus espacios vitales donde las claves son la tierra, el agua, el bosque, las semillas, los saberes y el mismo lenguaje. Toda esta destrucción hace imposible resolver por medios propios el sustento y cuidado de la vida individual y colectiva —y su transformación. Leer
 
Quinto: desconexión del extractivismo (u ocupación territorial de los negociados oligopólicos por sobre la vida y dignidad de los pueblos) de la declinación por el Estado nacional de su soberanía y del entramado del Estado -en todas sus instancias- con el narcotráfico, con la trata de personas, con las redes de prostitución y con los casinos, bingos,... pero también con la especulación financiera e inmobiliaria.

Si bien no se instaló el ALCA, en Argentina rigen 54 tratados bilaterales de inversión, Javier Lewkowicz nos esclarece:
(...)Para incentivar la radicación de capitales extranjeros, en la década del ’90 y principios de los 2000 Argentina firmó 58 TBI con otras naciones (aunque cuatro no entraron en vigencia), lo que representa un record que ostenta junto a España y Suecia. En cambio, Brasil no aprobó ningún TBI y casi todos los países de la región tienen operativos menos de la mitad de los tratados que posee la Argentina. Los TBI tienen una definición de inversión muy amplia, suponen la igualdad de condiciones entre empresas nacionales y extranjeras, excluyen requisitos de desempeño, establecen libertad a la transferencia de fondos al exterior y, en caso de controversias, permiten a las empresas recurrir a tribunales internacionales, como el Ciadi. Así como Argentina está al tope de los países con TBI, según consignan Andrés Asiain y Agustín Crivelli en El capital extranjero en Argentina, también es el país más demandado en el Ciadi, con 49 presentaciones en contra. El organismo “falla sistemáticamente a favor de las empresas”, indican esos especialistas, y es un dispositivo de presión contra el Estado a favor del capital foráneo. (...)

Los Estados pueden denunciar los tratados de inversión e incluso salir del Ciadi. Sin embargo, los acuerdos tienen cláusulas de “ultraactividad” por las cuales la vigencia continúa, una vez que está dado de baja, por diez años. De hecho, Bolivia y Ecuador han denunciado tratados firmados y aun así continúan siendo demandados en el Ciadi. Leer
Tampoco podemos soslayar que los desposeídos (rurales y urbanos) por el extractivismo son criminalizados y sus adolescentes-jóvenes son víctimas del gatillo fácil y de un militarizado régimen carcelario que los sitúa bajo estado de excepción (todavía según Onganía). Leer
Es crucial prever que el capitalismo neodesarrollista progresa a converger con el neoliberalismo de guerra al cual reconoce como democracia en Unasur y Celac. Lo hace mediante un diagrama sociopolítico semejante al de las políticas sociales de compensación (asignación universal, procrear, progresar..).  Ejemplifiquemos el neoliberalismo de guerra en: 
Colombia - Capitalismo criminal y
organización mafiosa de la sociedad.
Por Jairo Estrada Álvarez*
(...)La tendencia histórica de la acumulación capitalista 
Junto con la tendencia a la financiarización del capital, que ha sido señalada en múltiples trabajos como el principal rasgo de la actual fase de la acumulación capitalista, debe señalarse que ésta se caracteriza igualmente por una articulación creciente entre formas legales e ilegales de acumulación; la economía capitalista actual tiene una fuerte presencia criminal. Si bien éste no es un fenómeno nuevo, pues en principio acumulación y crimen van de la mano, es evidente que en el marco de la mundialización capitalista éste ha adquirido nuevas dimensiones. Ideólogos del establecimiento transnacional, como Moisés Naím, señalan incluso que "las actividades delictivas globales están transformando el sistema internacional, invirtiendo las reglas, creando nuevos agentes y reconfigurando el poder en la política y la economía internacionales" [3]. Desde luego que el interés de Naím no se encuentra en develar el carácter consustancial al capitalismo de esas actividades. Su preocupación se encuentra más bien en los impactos sobre la estabilidad de la institucionalidad transnacional de capitalismo. No obstante, la sola constatación del fenómeno resulta importante. 
 
Los problemas de la acumulación capitalista, notorios en la década de 1970,  fueron resueltos históricamente con el despliegue de nuevas formas de rentabilidad del capital.
 
Se trató: a) de los procesos de reestructuración económica y productiva para actualizar tecnológicamente el modo de producción;
b) de la activación del potencial especulativo del capital-dinero, en dirección a lo que ha dado en caracterizarse como la financiarización;
c) de la promoción de economías ilegales con altísimas tasas de ganancia (armas, drogas, seres humanos, propiedad intelectual y dinero); y 
d), como un rasgo particular de la nueva fase capitalista, de la fuerte y creciente imbricación entre a) y b) con c), para dar lugar a la irrupción de un nuevo tipo de acumulación, que se muestra como legal, pero se origina en actividades ilegales. 
Esa "zona gris" de la acumulación capitalista actual, constituida sobre "operaciones transnacionales de lavado de dinero" es muy difícil de cuantificar; a lo sumo, se encuentran estimaciones sobre el conjunto de la economía ilegal, que registran una equivalencia con más del 10% del comercio
mundial. La nueva fase capitalista se caracterizará por la importancia creciente de una nueva modalidad de empresas transnacionales: las transnacionales del capitalismo criminal (ETCC). Por otra parte, no cabe la menor duda de que las políticas de liberalización de la economía y de desregulación estatal, propiciadas por el proyecto político-económico neoliberal, se constituyeron en el terreno abonado para el florecimiento sin precedentes de esas transnacionales del capitalismo criminal. (No hay nada que se le parezca más a la especulación financiera que la economía ilegal). Así mismo, las dimensiones culturales del proyecto neoliberal (individualismo, competencia, meritocracia, enriquecimiento extremo, consumo suntuario) alentarían la aparición de nuevas subjetividades en esa misma dirección [4]. Las ETCC se acompañaron del surgimiento de un verdadero sistema de poder trasnacional. Naím lo caracteriza así:  Las redes ilícitas no sólo se hallan estrechamente interrelacionadas con las actividades lícitas del sector privado, sino que se hallan también profundamente implicadas en el sector público y en el sistema político. Y una vez se han extendido a las empresas privadas legales, los partidos políticos, los parlamentos, las administraciones locales, los grupos mediáticos, los tribunales, el ejército y las entidades sin ánimo de lucro, las redes de tráfico llegan a adquirir una poderosa influencia -en algunos países sin parangón- en los asuntos de Estado [5]. Ese sistema de poder asume los rasgos propios de una estructura mafiosa cuando se persigue el doble objetivo de "asumir el control total de un territorio y sustituir la autoridad legal del Estado con la propia autoridad y la propia mediación social. Esto ocurre con la penetración en la política y en las instituciones y, sobre todo, con el ejercicio (…) de la violencia" [6]. Lo que debe quedar claro es que esa estructura mafiosa cumple siempre una función de acumulación. "La mafia, señala Forgione, es siempre una empresa capitalista, con un fuerte factor adicional: la fuerza intimidatoria de la violencia. Pero su esencia es y será la de ser una empresa criminal encaminada a la acumulación de capital" [7]. 
 
La irrupción del paraestado 
Estos referentes de análisis me permiten un acercamiento a la problemática colombiana desde la perspectiva señalada para este ensayo. Nuestro punto de partida consiste en abordar las transformaciones del capitalismo colombiano como parte de las transformaciones mundiales del capitalismo; en aquel se expresan la tendencia general, y también las especificidades propias. En el caso colombiano, la articulación de las formas legales con las formas ilegales de la acumulación capitalista se remonta a la segunda mitad de la década del setenta y se inscribe dentro de la transición del régimen de acumulación basado en la industrialización dirigida por el Estado hacia el régimen actual de financiarización del capital. Sin temor a la exageración, se podría aseverar que esa transición no hubiera sido exitosa sin el surgimiento de un nuevo empresariado vinculado a los circuitos transnacionales de la acumulación: el empresariado de la cocaína [8]. 
 
No es actualmente medible -y probablemente nunca lo será-, la potencia desplegada para la acumulación de capital por la articulación de las formas legales con las formas ilegales. Si bien hay cuantificaciones sobre el tráfico de cocaína, no las hay -con la objetividad requerida- sobre el impacto de sus capitales en el conjunto de la economía. La tecnocracia neoliberal y los voceros oficiales siempre se han empeñado en minimizarla. Pero lo cierto es que la pregonada estabilidad macroeconómica colombiana y la relativa excepcionalidad frente a las profundas crisis económicas latinoamericanas han descansado sobre el colchón de los capitales ilegales; así mismo, la persistente prosperidad de buena parte de los grandes negocios capitalistas privados en el sector financiero y el mercado de capitales, la industria, la construcción, la hotelería, el turismo, el comercio (incluido el de importación y de exportación), los servicios, el entretenimiento, la salud, la educación; también, ciertos "milagros económicos" (transitorios) regionales.  
 
La articulación entre las formas legales con las formas ilegales de la acumulación capitalista contribuyó hacia finales de la década de 1980 a la formación de un nuevo consenso a favor de las (contra) reformas estructurales y de la reestructuración neoliberal del Estado, y produjo una reconfiguración en el bloque dominante de poder, la cual se anunciaba ya desde la década de los setenta con el surgimiento de nuevos "grupos económicos" y la influencia creciente del capital financiero. Sólo que ahora se agregaba una alianza "no santa" -construida a lo largo de la década de los ochenta- entre sectores capitalistas legales con los empresarios de la cocaína. Se fortalecían así los rasgos criminales de la economía.
 
Las estructuras mafiosas habían permeado igualmente las instituciones del Estado (todos los poderes públicos), incluidas las fuerza armadas, los partidos políticos tradicionales y los políticos profesionales, y sectores de la iglesia. Se consolidaba así la estructura mafiosa de la formación socioeconómica. 
 
No es casual que sectores de la intelectualidad de izquierda anunciaran la irrupción del paraestado [9]. Al respecto señalaban Palacio y Rojas en 1989: "(…) el paraestado no sólo tenía una fracción del capital que empezaba a ser predominante, sino que los empresarios de la cocaína, aliados con otras fracciones del capital, empezaron a tener control territorial y bases sociales populares en algunas regiones del país" [10]. Y agregaban: "(…) estamos frente a una especie de "paraestado". Incluye una poderosa fracción capitalista; un aparato represivo militar; gastos en bienestar social; control territorial regional y un restringido pero eficaz apoyo popular" [11]. Empresarios de la cocaína, estructuras mafiosas y paramilitarismo se constituyeron en las formas criminales, en piezas del nuevo rompecabezas de la acumulación de capital en Colombia, basada ahora en la creciente articulación entre sus formas legales y sus formas ilegales.(...) Leer
 
Sexto: la instalación K de la Mesa de Enlace como el enemigo del pueblo, reforzada con la invocación a industrializar el agro, es funcional a la ocupación económico territorial a cargo del sistema global de agronegocios y al ocultamiento de los principales impunes de ayer y de hoy.

En "Estado, familia y propiedad: Los ricos en la Argentina reciente", Ana Castellani y Mariana Heredia explican:
(...)¿Qué rasgos sobresalen de este relato y hasta qué punto ejemplifican atributos característicos de las elites económicas argentinas de las últimas cuatro décadas?
En primer lugar, frente a la persistencia en el discurso público de la noción de “oligarquía” y a las conclusiones de estudios realizados en otros países, sobresale la importancia de descendientes de inmigrantes y, por lo tanto, la relativa insignificancia, entre los multimillonarios argentinos, de miembros de las clases altas tradicionales. De hecho, en el caso de Eurnekian, Rocca y Burgheroni se trata de familias inmigrantes de radicación relativamente reciente en el país. En el caso de Perez Compac y Lacroze de Fortabat, la relación con las familias patricias no agota ni explica la prosperidad de sus empresas. El interrogante es entonces si este atributo relativamente “plebeyo” refiere únicamente a los ocupantes de los escalones más altos. Aunque las respuestas son provisorias, parecieran indicar que se trata más bien un rasgo generalizado del gran empresariado local. En un estudio en curso, constatamos que los apellidos tradicionales constituyen un número insignificante en el listado de los 130 dueños y dirigentes de empresa que comandaron las 90 compañías más importantes del país entre 1976 y 2001. Ambos indicadores darían cuenta de las altas posibilidades de movilidad social ascendente características del país durante la segunda posguerra.
 
¿Deberíamos concluir entonces que la que se ha consolidado en los últimos años es una elite abierta e inestable, sometida a los desafíos de una severa competencia? Sería plausible pensarlo a la luz de la singular inestabilidad económica que ha caracterizado al país desde los años setenta. No obstante, como señalaron tempranamente Azpiazu, Basualdo y Khavisse (1986), lo más notable es que estos seis multimillonarios argentinos, como muchos otros miembros de las clases más altas, han amasado, incrementado y preservado sus fortunas en el período que comienza con la dictadura y se extiende hasta la actualidad. Si las cambiantes condiciones macroeconómicas no han afectado de manera significativa estos patrimonios es porque, salvando el caso de Techint donde la capacidad innovadora es innegable a la hora de conquistar y retener nuevos mercados, el rasgo dominante de estos empresarios ha sido la relación estrecha y preferencial con el Estado. Como muestra Castellani (2009) el gran empresariado se ha visto beneficiado, en tanto contratista, comprador y deudor condonado por la autoridad pública, de las medidas adoptadas por gobiernos de distinto signo.
En este sentido, aunque se tienda a asociar a la “oligarquía” a las actividades agropecuarias, estos y otros casos revelan que los hombres de negocio más prósperos, en la Argentina reciente, son también los más diversificados. Aunque podamos en todos los casos mencionados identificar una actividad económica de partida, todos ellos han consolidado su ascenso proyectando sus negocios sobre otras actividades así como sobre el escenario local e internacional.
No es entonces sorprendente que las relaciones estrechas con los gobiernos (más que con la sociedad) sean un atributo característico de estos empresarios. En Nueva York o en Santiago, los ricos despliegan abiertamente su patrimonio, dan notas en la prensa, se sienten con derecho a participar de la vida pública y política, extrayendo de su experiencia exitosa “lecciones” para el resto de sus conciudadanos. En la Argentina, en cambio, los grandes empresarios tienden a eludir la visibilidad pública y la participación política directa. Todos ellos, no obstante, cultivan muy especialmente, en la discreción de los clubes selectos y las oficinas ministeriales, los vínculos con las autoridades políticas de turno. No sorprende: de ellas ha dependido, en un escenario cambiante, la supervivencia y la expansión de sus negocios.(...) Leer
 
Ahora, en "La Madre tierra como sujeto de la historia"1, Ana Esther Ceceña  plantea: 

(...)Las alternativas políticas de lo rural  
Los procesos en marcha en América Latina con condiciones de formular  políticas públicas se han ocupado relativamente poco de lo rural, a pesar de  que evidentemente constituye uno de los nudos centrales para pensar  cualquier tipo de transformación social, particularmente en regiones del  comúnmente llamado sur. Del sector rural proviene buena parte de las fuerzas que hicieron posible la llegada a los gobiernos correspondientes pero,  curiosamente, parece persistir en todos los casos una idea de progreso que en  vez de revisar lo rural a la luz de la noción del vivir bien o buen vivir incorporados en las constituciones, más bien apuesta por su tránsito hacia  formas de vida y lógicas económicas urbanas.  De una Bolivia con experiencias vivas de economía campesina comunitaria,  reproductora de usos y costumbres ancestrales -entre los que se cuentan los  pisos ecológicos- aunque acompañados de sectores campesinos que funcionan  bajo criterios de organización y producción capitalistas, se pasa a una  Venezuela petrolera en que el problema de autoabastecimiento alimentario es  absolutamente crítico y a un Ecuador megadiverso que declara como prioridad  alcanzar la soberanía alimentaria. Las políticas públicas varían entre  modificaciones constitucionales en todos los asuntos relacionados con la tierra,  límites de propiedad, reconocimiento de los territorios indígenas, tímidos  atisbos de reforma agraria y estímulos a la producción alimentaria. En realidad  el abandono de lo rural no ha sido particularmente una preocupación y mucho  menos se ha planteado la discusión acerca de la disolución de fronteras entre campo y ciudad. En Cuba, que el problema alimentario es crucial, no hay un  replanteamiento de la ruralidad como espacio de experimentación de nuevas  formas sociales sino que se ha buscado traer los huertos a las ciudades,  tratando de resolver lo urgente pero no necesariamente lo trascendente.  Siendo el primer lugar del mundo donde explícitamente se reconocen derechos  a la naturaleza, Ecuador es también el país en el que se establece la  importancia de la soberanía alimentaria como soporte de un proceso de  recuperación soberana en general.
El punto, entonces, implicaría un amplio  debate en torno a las prácticas alimenticias, los contenidos nutricionales e  incluso el concepto mismo de alimentación, y los diferentes modos de generar  y consumir los alimentos. O sea, una discusión en términos de la civilización  material donde deberían revisarse las prácticas reales y teóricas de producción  de la vida material desde las perspectivas del capitalismo y del buen vivir.  Esto no ha ocurrido con la misma celeridad que se formulan las políticas  públicas. El Plan Nacional de Desarrollo ha sido transformado en el Plan  Nacional del Buen Vivir pero, si bien empieza a introducir todas las preocupaciones mencionadas arriba, mantiene la epistemología anterior y los criterios de progreso y eficiencia. Los cambios no son inmediatos pero no se  han construido espacios de debate suficientes como para procesar la disyuntiva  en cuestión, que no es para nada trivial y exige un esfuerzo colectivo de alta  densidad.  Los otros gobiernos que conducen procesos similares tampoco han logrado  atender de fondo el problema de la ruralidad o lo rural. Y los movimientos del  continente oscilan entre una reforma agraria complicada como en el caso de  Brasil y la construcción de condiciones para la autonomía, como en México. La  discusión sobre la ruralidad ha estado vinculada a la del extractivismo en gran  medida por la inconsecuencia de algunas políticas públicas o normas  constitucionales con los procesos realmente existentes.
 Discutir la ruralidad en  el marco de diversidad epistemológica característico de estos tiempos de  inestabilidad sistémica supone una profunda revisión de las visiones de mundo,  de las concepciones en torno a la vida y de las relaciones no sólo sociales sino intersubjetivas, de unas formas de vida con otras. Es decir, es una discusión que no puede estar delimitada por el pragmatismo político circunstancial que  lleva a presentar al neodesarrollismo como una alternativa sino que tiene que  elevarse al nivel de los desafíos ecológicos de la vida en la Tierra y del cambio  o bifurcación sistémica. No obstante, las formas bajo las cuales se abre paso  en muchas ocasiones se confunden o se entreveran con los debates acerca del  extractivismo, neodesarrollismo, los procesos nacionales, las relaciones  internacionales y los juegos de fuerzas en ese campo.  Este parece ser un momento histórico a la vez con coordenadas muy rígidas y  sin coordenadas, en el que los miedos a lo incierto propician un apego a viejos conceptos y prácticas que no corresponden a la urgencia por dar respuesta a la  ya evidente insustentabilidad del capitalismo, ni a los horizontes trazados en  los procesos emancipatorios de la región. La ruralidad, que es un nudo crítico  en las definiciones de esos procesos, tendrá que navegar en estos mares. 1.Publicado en la Revista de ALASRU. Fuente: http://www.geopolitica.ws/media/uploads/alasru.pdf
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sobre la lucha por la reforma agraria en Brasil, Luiz Felipe Albuquerque (Alai) entrevista a John Paul Rodrigues, integrante de la coordinación nacional del MST
"2013 fue el peor año para la Reforma Agraria"
- ¿Cómo califica la lucha por la tierra en 2013, en un período de parálisis completo de la Reforma Agraria?
-A pesar de ser un año completamente negativo en relación a la Reforma Agraria, los campesinos siguen firmes en la lucha por la tierra.

En marzo, por ejemplo, establecieron un campamento permanente en Brasilia durante tres meses, llevando a cabo luchas permanentes en la capital federal, tales como marchas, ocupaciones de ministerios y actos políticos.

En el mismo mes, se desarrolló la jornada de las mujeres, cuando más de 10 000 campesinas se movilizaron para exigir el asentamiento de 150.000 familias acampadas en todo el país, ocuparon tierras, empresas de agroquímicos y edificios públicos, efectuaron marchas y bloqueo de carreteras.

Inmediatamente después, en el mes de abril, los “sin tierra” hicieron otra jornada de carácter nacional, con manifestaciones en 19 estados, además del Distrito Federal. Nuevamente bloquearon decenas de carreteras, ocuparon más tierras, edificios públicos, ayuntamientos y realizaron marchas y actos políticos en todo el país.

En junio y julio, el Movimiento se sumó a las manifestaciones que ocuparon las calles de las principales ciudades del país e interrumpieron varias carreteras. En esta onda, la “juventud sin tierra” organizó jornadas de lucha a comienzos del mes de agosto. A finales de este mes, todo el Movimiento realizó, junto a las centrales sindicales, una movilización nacional, huelgas y paralizaciones en las ciudades, mientras en el campo interrumpíamos las carreteras.

En octubre, más de 12 estados se movilizaron en torno a la Jornada Unitaria para la Soberanía Alimentaria, cuando una vez más, la población rural promovió marchas, ocupaciones de tierras y edificios públicos. Ese mismo mes, los niños sin tierra se sumaron la lucha en el campo, destacando la necesidad de la Reforma Agraria, ocupando los ministerios y departamentos estatales.

Todo esto sólo para hablar de las luchas de carácter nacional, sin contar las luchas regionales en los estados. O sea, decir que ya no hay más combates en el campo es una gran mentira.

- ¿Y dónde entra la cuestión de la reforma agraria?
-Aquí es donde está el gran problema con un saldo muy negativo. Este es el peor año de la Reforma Agraria. El gobierno de Rousseff, que siempre ha sido pésimo en esta materia, podría empeorar. Hasta ahora, sólo 159 familias fueron asentadas en todo el país. Es una vergüenza.

No pasan de 10, las propiedades expropiadas por el gobierno de Dilma. Peor que el último gobierno militar del general Figueiredo, cuando se expropiaron 152 predios.
Otro grave problema es que el gobierno federal está llamando a la "emancipación de los asentamientos", otorgando el título de los lotes a los asentados. En la práctica, eso sirve para que el Estado deje de tener responsabilidad sobre las familias. Pero lo peor es que esta política va a crear una contra reforma agraria, ya que los grandes hacendados pasarán a presionar a los asentados a que vendan sus lotes, poniendo todo cuesta abajo y aumentando aún más concentración de la tierra en el país.
- ¿Y a que se debe esta dificultad de avanzar en la Reforma Agraria?
-Podemos citar dos grandes cuestiones cruciales. La primera es el hecho de que el gobierno ha sido tomado como rehén por la Bancada Ruralista, la mayor del Congreso Nacional. Son 162 diputados y 11 senadores, sin contar la legión de adeptos de última hora.

Sólo para tener una dimensión del problema, por más absurda que sea la agenda de este sector, está logrando salir victorioso en todo, incluso en las propuestas inconstitucionales.

Podemos mencionar desde el estrangulamiento absoluto del Código Forestal, pasando por la modificación de la ley sobre el trabajo esclavo, el retroceso en la legislación relativa a la demarcación de las tierras indígenas, la creación de una comisión especial para liberar con mayor facilidad nuevos agrotóxicos - ignorando el trabajo de evaluación ANVISA e IBAMA- y la liberación de nuevos cultivos transgénicos.
Ninguna de estas propuestas es de interés de la sociedad brasileña. Todas responden exclusivamente a los intereses particulares de este sector y están saliendo victoriosos. La Bancada Ruralista es un cáncer del pueblo brasileño.

La otra cuestión es la ilusión del gobierno en relación con el agronegocio. Las principales exportaciones de productos básicos promovidos por este sector permiten al gobierno mantener la política de generación sistemática del superávit primario, lo que garantiza el destino de los recursos presupuestarios para el sector financiero, como los pagos de intereses y servicio de la deuda, lo cual es lamentable.
Pero al mismo tiempo ha creado algunas de las políticas públicas para la agricultura familiar y campesina.

E
n primer lugar,
es muy importante tener en cuenta que todas las políticas públicas son conquistas de las luchas de los movimientos sociales. Luchamos para garantizar la compra de alimentos y conquistamos el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) y el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA). Luchamos por la educación en el campo y conquistamos el Programa de Educación Nacional de la Reforma Agraria (Pronera).

Luchamos por la agro industrialización de nuestra producción, y conquistamos el Programa Terra Forte. Luchamos por otro modelo de agricultura, y conquistamos el Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica – Brasil Agroecológico. Esto sólo para señalar algunos ejemplos.

Sin embargo, consideramos que si bien estas medidas son importantes, también tienen sus límites. Son muy desproporcionadas en comparación con las inversiones en el agronegocio. Para tener una idea, el Plan Cosecha 2013/2014 de la agricultura familiar representa poco más del 20 % en comparación con lo que se destina al agronegocio.

Además, contamos con esas políticas de hoy, pero nada nos garantiza que podemos contar con ellas mañana. Un simple cambio de gobierno, por ejemplo, puede acabar con todas nuestras conquistas.

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¿Qué es necesario hacer entonces?
-Es necesario dar prioridad a la agricultura familiar y campesina, y no tratarla como algo secundario. El gobierno debe entender que la única solución a la pobreza es una extensa Reforma Agraria, creando miles de puestos de trabajo en el campo. Si esta no se lleva a cabo, habrá un crecimiento desmesurado de los principales centros urbanos y de los barrios pobres en los suburbios periféricos de las grandes ciudades.

O sea, cambiar la lógica y la estructura de la producción agrícola en Brasil. La FAO misma ha reconocido que la única salida de la crisis ambiental y la garantía de la soberanía alimentaria es la agricultura familiar. Quién dijo eso fue José Graziano, director de la FAO. Tanto es así que el 2014 ha sido declarado por la ONU como el Año Internacional de la Agricultura Familiar.


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Pero ¿por qué los dos modelos de agricultura no pueden conciliarse?
-Son modelos que contrastan en su lógica y esencia. La codicia del agronegocio, con sus gigantescos recursos económicos, impide otro tipo de agricultura, pues siempre buscará incorporar la tierra de los campesinos y los recursos naturales a su modelo de producción de “commodities”.

Para tener una idea, en las dos últimas décadas más de 6 millones de personas fueron expulsadas del campo brasileño por el agronegocio. ¿Y donde se fueron? A los barrios pobres de los centros urbanos. El agronegocio no genera empleo, ya que más del 70 % de la mano de obra en el campo pertenece a la agricultura familiar, y se apropia de las pequeñas y medianas propiedades agrícolas, ya que la concentración de la tierra en Brasil sigue aumentando año tras año.

En el ámbito de la producción de alimentos básicos de la población brasileña, la situación también es muy grave. De 1990 a 2011, las superficies plantadas de alimentos básicos como el arroz, los frijoles, la yuca y el trigo disminuyeron entre un 20 a un 35%, mientras que los productos nobles del agronegocio, tales como la caña de azúcar y la soja, se han incrementado en un 122% y 107 %. Y todo orientado a la exportación. Vamos a tener que importar arroz y frijoles a China. Esto es alarmante.


-En febrero de 2014, el MST realizará su 6 º Congreso Nacional. ¿Qué pretende el Movimiento con esta actividad?
-En el evento vamos a consolidar nuestra propuesta en torno a la Reforma Agraria Popular. Ahora más que nunca, la Reforma Agraria es urgente y necesaria. Sin embargo, es una Reforma Agraria de nuevo tipo, a la que denominamos popular.
Entendemos que la reforma agraria ya no es sólo una política nacional para la población rural. Ella es urgente y necesaria para toda la sociedad en su conjunto.
Si queremos comer un alimento lleno de veneno que nos va a dar cáncer, si queremos cultivar una producción que destruye el medio ambiente y contribuye a la crisis climática, expulsa a los campesinos del campo aumentando la población pobre de las grandes ciudades, entonces, de hecho, la Reforma Agraria, no es necesaria.

Pero si, por el contrario, queremos un modelo productivo que concilie la producción con la preservación del medio ambiente, que el pueblo brasileño tenga alimentos sanos y sin pesticidas , que la miseria y la pobreza dejen de existir en nuestro país , entonces la reforma es ahora más necesaria que nunca.

Por lo tanto, tenemos que demostrar su importancia para la sociedad, para que el conjunto de la clase obrera ayude a la realización de la Reforma Agraria Popular, que sólo será posible con una amplia reforma en el sistema político.


- ¿Y cuáles son las perspectivas de la lucha para el próximo período?
-En este último período, construimos y ampliamos la unidad de todos los movimientos sociales del campo, con los ojos puestos en un programa agrario que realmente interese al pueblo brasileño. Y eso tiende a fortalecerse cada vez más.

Junto a esto, aumentan las evidencias de las contradicciones del modelo del agronegocio, como la destrucción del medio ambiente, el uso masivo de pesticidas y la inseguridad de los precios de alimentos.

Además de eso, como resultado de las grandes luchas del año 2013, las organizaciones sociales construyeron el Plebiscito Popular por una profunda reforma política en 2014, lo que permitirá cambiar radicalmente el panorama actual. (Traducción: ALAI)


- Luiz Felipe Albuquerque, De la página del MST - http://www.mst.org.br/node/15571
URL de este artículo:
 
http://www.alainet.org/active/70217 
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En Argentina:
Declaración del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina
2/12/2013.
En el marco de la lucha que viene llevando adelante el pueblo de Malvinas Argentinas en la provincia de Córdoba, y de la confluencia que estamos llevando a cabo organizaciones de diverso tipo en el Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina, convocamos a marchar hacia el Ministerio de Agricultura el lunes 2 de diciembre .
La empresa Monsanto, una transnacional vinculada a crímenes de guerra, que nació como empresa química, siendo parte del grupo de empresas que produjo el agente naranja utilizado por Estados Unidos para la guerra de Vietnam, busca abrir nuevas plantas en Argentina. En 2012 anunció la instalación en la localidad de Malvinas Argentinas, a 12 Km de la capital cordobesa, de una de las plantas más grandes de América Latina de experimentación con semillas transgénicas.
 
Este nuevo desembarco de Monsanto se da en el marco de una política agropecuaria que tiene su núcleo principal en los agronegocios con la soja transgénica como su principal exponente, como queda reflejado en el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 (PEA2) que impulsa el Gobierno Nacional. Este plan requiere, para alcanzar sus objetivos en cuanto a volumen y superficie, profundizar los violentos desalojos de comunidades campesinas e indígenas, seguir desmontando, destruyendo  ecosistemas, acrecentando así el saqueo de bienes comunes. Consecuentemente nos preguntamos si la riqueza de nuestros suelos debe ser destinada para la alimentación animal, los agrocombustibles y para la generación de divisas para continuar pagando una Deuda Externa ilegitima y fraudulenta, o debería ser para garantizar la alimentación adecuada de nuestro pueblo y de las futuras generaciones.
 
Pese a todo, Monsanto se encuentra hoy con la férrea resistencia de un pueblo que busca ejercer su soberanía, que quiere decidir quién tiene el poder para determinar qué se hace en su territorio. Así es que en Malvinas Argentinas se bloquea la entrada de camiones a la planta de esta empresa desde mediados de septiembre de este año. Frente a esta resistencia los gobiernos no han hecho otra cosa que reprimir, por medio de las fuerzas de seguridad o utilizando patotas al servicio del poder empresarial. Así fue que luego de varios hechos de represión a la asamblea y al acampe, han amenazado y luego agredido físicamente a Sofía Gatica, de las Madres de Ituzaingó Anexo, referentes en la lucha contra los agrotóxicos que han logrado el primer fallo donde se declara como un delito la fumigación en las zonas periurbanas. Y finalmente, el jueves 28 de noviembre una patota de la UOCRA atacó el bloqueo rompiendo parte del campamento y golpeando a varios de los participantes del acampe. Esto se realizó con la presencia cómplice de la policía de la provincia que solo actúo dispersando con balas de goma no a las patotas, sino a quienes se encontraban en el acampe.
 
Con el fin de profundizar este modelo agrario se requiere reformar la Ley de Semillas, garantizándole a las semilleras transnacionales la posibilidad de cobrar regalías indefinidas por el uso de la misma, prohibiendo de este modo el uso propio de las semillas para futuras cosechas y el intercambio de las mismas entre agricultores, lo cual generará mayor dependencia para los productores agropecuarios, y se constituirá en un nuevo impedimento para la soberanía alimentaria.
 
Es por ello que también se quiere elaborar una legislación nacional que regule la aplicación de productos fitosanitarios (agrotóxicos) que marque un piso menor al que ya establecen  varias ordenanzas municipales, proponiendo metrajes irrisorios (100 a 200 metros); desoyendo los reclamos de las poblaciones del interior y los resultados de múltiples informes científicos y  asegurando una mayor superficie para el agronegocio, incluso en los bordes de nuestros pueblos.
 
Esto se agrava si tenemos en cuenta que el Ministro recientemente designado para Agricultura, Ganadería y Pesca es Carlos Casamiquela, del INTA, quien públicamente ha manifestado su apoyo a la iniciativa en Malvinas argentinas diciendo: “Tratar de parar el avance tecnológico es complicado; el avance tecnológico trae una serie de beneficios impresionantes al conjunto de la sociedad. Yo escucho las críticas a algunos modelos de producción, pero la Argentina produce hoy alimentos para 400 millones de personas”.  Se olvida de que tenemos cerca de 14 millones de personas, entre pobres e indigentes, que difícilmente están bien alimentadas o que ni siquiera comen gracias al actual modelo productivo. Y por otro lado de que los forrajes no alimentan personas sino que se utilizan para alimentar ganado o hacer agrocombustibles en el exterior.
 
También en la reforma del Código Civil que impulsó el Gobierno Nacional se pueden ver algunos hechos que ponen más trabas para lograr la Soberanía Alimentaria. Con esta reforma no se garantizará “el acceso al agua potable” (un derecho que sí contemplaba en el anteproyecto y fue suprimido), ya que los agronegocios afectan a diario los cursos de agua (ríos-humedales-acuíferos), al igual que la mega minería. Además esto ocurre a días de haberse firmado el acuerdo con Chevron para extraer  gas y petróleo no convencional  mediante fractura hidráulica.
 
El intento de poner en discusión la función social de la propiedad, fue desoído, la habilitación de formas contractuales que afectan directamente al trabajo digno en el campo, la restricción al acceso de la propiedad comunitaria por parte de las comunidades indígenas sin personería jurídica, y otros temas por demás preocupantes.
 
Por último sostenemos que estamos frente a un modelo impuesto en todo nuestro continente tanto a consumidores como a productores. La avanzada de las empresas como Monsanto, Syngenta y otras semilleras transancionales no es algo que solamente sucede en Argentina, sino que viene sucediendo en toda Latinoamérica. En Colombia por ejemplo, mediante la resolución 970 de 2010, se controló el uso de las semillas, criminalizando las semillas criollas, y privatizándolas mediante patentes o derechos de obtentores vegetales la propiedad intelectual. Esta fue una de las prioridades de EEUU al firmar el TLC con nuestro hermano país, obligando a garantizar la seguridad jurídica para dichas empresas. En Paraguay,  la intensa presión empresarial tuvo como resultado el golpe de estado institucional al presidente Lugo ante el temor de las clases dominantes de una posible reforma agraria y la recuperación de tierras que pertenecían a las comunidades indígenas, y que habían sido adquiridas ilegalmente por empresarios y Chile sufre la intensa presión para reformar su ley de Propiedad de semillas al haber firmado un TLC con EEUU.
 
Por estos motivos es que convocamos a concentrarnos el lunes 2 de diciembre a las 17 hs en el Acampe frente al Congreso y marchar hacia las 18 hs. al Ministerio de Agricultura.

- No más agresiones y criminalización de la protesta social.
- Fuera Monsanto, su ley de semillas y sus agrotóxicos, de Argentina y de Latinoamérica.

Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina
Articulamos en el FLSAA:  Agrupación Visión Sostenible; Amigos de la Tierra Argentina; Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA); Barricada TV; Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA UNLP); Centro de Educación Agroecológico ASHPA; Colectivo Documental Semillas;  Corriente de Organizaciones de Base (COB) La Brecha; Corriente Nacional Emancipación Sur (Proyecto Sur Pcia. de Bs.As); Corriente Unidad Sur (CUS); Central de Trabajadores Argentinos (CTA);  Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía; Espacio Chico Mendes; Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional; Fundación Che Pibe; Grupo de Reflexión Rural (GRR); Marea Popular; Mishkila Alimentos; Movimiento Estudiantil Liberación UNLP; Movimiento Popular La Dignidad (MPLD); MPR Quebracho; Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la Carrera de Comunicación Social (UNER); Proyecto Squatters; Red Tacurú;  Buenos Aires para Todos en Unidad Popular; Usina Cultural del Sur Almagro y Pompeya.