domingo, 3 de marzo de 2019

El capitalismo ilusionó ser el sistema de las democracia, libertad e igualdad.


Pero a qué
país nos está conduciendo
su acaparamiento económico territorial.

Esta violencia resulta legalizada y legitimada por la 'democracia' desde 1984. Los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner la encubrieron. También consolidaron tanto el poder oligopólico y el ultra presidencialismo por sobre el popular que facilitaron tuviésemos el gobierno de Mauricio Macri.
En ese afianzamiento del dominio de los de arriba sobre los de abajo fue trascendente la batalla cultural e ideológica del kirchnerismo. Modeló e incentivó lecturas maniqueas de la realidad que ocultaron la verdad sobre:

Fuga de capitales y acumulación en tiempos K
28 de septiembre de 2010

Por Rolando Astarita
En su estudio, publicado en mayo de 2007, sobre la evolución de la fuga de capitales en Argentina, los investigadores de CEFIDAR, Jorge Gaggero, Claudio Casparrino y Emiliano Libman comenzaban diciendo que “el fenómeno denominado fuga de capitales ha estado presente en la historia económica reciente de Argentina, particularmente durante el período que comienza con las reformas económicas encaradas desde 1976 por la última dictadura militar, y parece finalizar con el agotamiento y crisis del denominado modelo de la convertibilidad”. Esto es, el fenómeno habría correspondido al largo período de hegemonía del modelo neoliberal (los años de la dictadura militar, el período de alta inflación de los ochenta y luego el menemismo privatizador), y habría finalizado hacia la caída del gobierno de De la Rúa.
Esta afirmación parece encajar bastante bien con la idea de que a partir de 2002, y más precisamente con la presidencia de los K, se habría pasado a un modelo productivo. Se supone que en un modelo productivo el excedente (esto es, la plusvalía), se reinvierte a fin de ampliar la acumulación del capital. Es que un proceso de desarrollo se caracteriza por lo que Marx llama la reproducción ampliada del capital. Una parte importante de la plusvalía vuelve a entrar en el circuito de producción, para generar más plusvalía, ampliando a su vez la escala de la producción. En este proceso la inversión tiene la primacía; en la medida en que se expande la producción de bienes de producción y bienes de consumo, aumentan el empleo, generándose más plusvalía, que se reinvierte para seguir expandiendo las fuerzas productivas. Naturalmente, para que esto suceda al interior de un país, es necesario que la plusvalía se reinvierta en el mismo.
Pues bien, un nuevo estudio generado en CEFIDAR, “La fuga de capitales II, Argentina en el escenario global (2002-2009)” sostiene que entre 2007 y 2009 salieron del país casi US$ 44.000 millones, lo que equivale a casi el 93% de las reservas acumuladas por el Banco Central. En otras notas hemos sostenido que bajo el gobierno K no se han producido cambios relevantes, o cualitativos, en la estructura productiva. Ahora, el dato sobre la persistencia de la fuga de capitales, reconocido por un instituto semi-oficial, apunta a la misma conclusión. Una parte importante del excedente termina en el exterior. En términos de Gaggero et al., no se utilizan “los excedentes económicos generados localmente en el fortalecimiento de la estructura productiva y social”. Es un síntoma de que no se supera la estructura atrasada y dependiente, y también una causa, ya que la fuga de capitales va en detrimento de la acumulación ampliada interna.
Inversión débil
Efectivamente, la contrapartida de la fuga de capitales es una inversión que se mantiene débil; en particular, en relación con un crecimiento del producto que ronda el 8% anual. La participación de la inversión en el PBI es notablemente más elevada que en la crisis 1999-2002, pero solo algunos puntos porcentuales más elevados que en la década de 1990, como se puede advertir en el siguiente cuadro:
Puede apreciarse que en el primer semestre de 2010, si bien aumentó con respecto a 2009, la inversión se mantuvo más baja, en términos de PBI, que entre los años 2006-2008, y algo más elevada que en los noventa. Pero es un nivel muy por debajo de economías que crecen a tasas de 8 o 9%. En los países asiáticos de alto crecimiento la participación de la inversión en el PBI supera el 25 y aun el 30% del PBI.
En estos momentos, y a pesar de que en Argentina muchos sectores industriales tienen capacidad cercana al tope, los capitalistas invierten poco en ampliación de plantas. En todo caso, en algunas ramas como plásticos, petroquímicos y agroquímicos, hay inversión en capacidad de almacenamiento, pero no en capacidad de producción. Esto explica también que en algunas ramas haya aumentado la importación para abastecer la demanda interna.
La debilidad relativa de la inversión en ampliación de capacidad también se refleja en la dinámica del empleo. A pesar del crecimiento del PBI, el empleo formal en el sector privado creció 1,5% entre el segundo cuatrimestre de 2009 y el segundo de 2010. En cambio, el número de horas trabajadas aumentó 7,5% en el mismo período (datos SEL). Lo cual revela que se está utilizando capacidad instalada.
Pero además, el aumento de la inversión en bienes durables durante el primer semestre estuvo determinado principalmente por la compra de equipos de transporte, entre los que figuran los aviones incorporados por Aerolíneas Argentinas. No es aumento de la capacidad productiva básica. Y dos tercios de esa demanda de inversión se dirigieron a las importaciones. Lo cual también está acorde con lo que planteamos en otra nota, acerca de que la balanza comercial industrial de Argentina sigue siendo altamente deficitaria. Dejemos anotado también que en los primeros 8 meses de 2010 el crecimiento de la industria estuvo liderado por el sector automotores (la fabricación de vehículos en agosto fue 49,8% superior al año anterior) y acero (27,7% superior, datos INDEC). Aquí hubo una sostenida demanda por parte de Brasil (el real se apreció y hay un fuerte crecimiento), además de la recuperación de la demanda interna. Las otras ramas crecieron a tasas sensiblemente menores, lo cual agudiza la heterogeneidad del desarrollo. La demanda de consumo está impulsada por sectores relativamente acomodados de la sociedad; lo cual tiene por base la alta desigualdad en la distribución del ingreso.
En consonancia con lo anterior, el crédito al consumo estuvo aumentando a lo largo del año a una tasa mayor que el crédito a la actividad productiva.
Otro impulsor clave del crecimiento es el agro. La producción de granos alcanzaría en la campaña 2010-2011 los 90 millones de toneladas, lo que exige inversiones importantes. Las inversiones durables proyectadas en el agro rozarían los US$ 1500 millones, y las inversiones en capital constante circulante (utilizando la terminología de Marx; comprende semillas, riego, insecticidas y funguicidas, herbicidas y fertilizantes) superaría los US$ 3750 millones (datos CREA y Comisión de Enlace; no desmentidos por la Secretaría de Agricultura, u otros organismos oficiales).
El agro y la minería, además, siguen siendo pilares de las exportaciones. De conjunto casi el 90% del aumento de las exportaciones en el último año se explican por la soja, el maíz, automotores (a Brasil) y minería. El resto de las exportaciones apenas crecieron. Paradójico para un modelo que se califica de “industrialista” por oposición al “agro exportador”.
Infraestructura estancada
La debilidad de la inversión repercute en la infraestructura. Recordemos que la matriz energética del país es en base a gas. El hecho es que (datos del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi) las reservas de gas a fin de los noventa eran de 30 años, y en 2010 son de 7,8 años. Las reservas de petróleo en 2000 eran de 488 millones de metros cúbicos, y en 2010 son de 380 millones. En la década de 2000 se terminaron 484 pozos y en la década de 1990 el doble. Argentina ahora importa energía.
La inversión en infraestructura ferroviaria continúa estancada. Lo mismo sucede con las inversiones requeridas para obras de saneamiento ambiental; el caso del Riachuelo, donde ni siquiera se ejecutan los créditos que ya están concedidos, resulta emblemático.
Tradicionalmente los regímenes o gobiernos que se consideraron industrialistas, pusieron énfasis en desarrollar la infraestructura productiva. Con todos los problemas que podían surgir, se intentaba avanzar en un desarrollo de las fuerzas productivas articulado en esas inversiones. No parece que el gobierno K siga esa tradición. Pero no se pone a discusión la canalización improductiva de la plusvalía.
Bicicleta financiera
Sin embargo, no todo fue fugas de capitales en 2010. En el segundo trimestre, por ejemplo, ingresaron US$ 328 millones. Aunque no fueron a la producción, sino al sector financiero, que está ofreciendo una bonita rentabilidad en dólares. Es que las tasas de interés pasivas para plazos fijos en pesos a 30 días rondan el 9%, y las tasas para depósitos superiores a los 60 días están en 10,4%. Dado que el Banco Central mantiene fijo el valor del dólar, y además el gobierno asegura que seguirá planchado en 2011 (esto es, creciendo muy por debajo de la inflación), constituye un buen negocio para inversores extranjeros traer divisas para colocarlas en depósitos en pesos, y volver al dólar una vez hecha la diferencia.
El Ministerio de Economía en este respecto está encerrado en una lógica que deriva del propio modelo de desarrollo, que se articuló casi exclusivamente en torno a mantener el tipo de cambio real alto. Es que si ahora se quiere elevar el tipo de cambio –y la ventaja competitiva cambiaria se ha erosionado a esta altura– daría más impulso a la inflación. De ahí que esté retrasando el tipo de cambio, como ancla para la inflación (cualquier parecido con las políticas ortodoxas de freno de inflación no es casualidad). En los últimos 12 meses el dólar apenas aumentó un 3%, muy por debajo de la inflación. Lo cual genera una creciente apreciación en términos reales del peso, y también da lugar a la alta rentabilidad financiera que comentamos. Los pequeños ahorristas (un universo conformado por no pocos asalariados) en tanto ven erosionados sus ahorros ante una inflación que ronda el 25% anual, y las tasas que reciben, de entre el 9 y 10%. Estos sectores mantienen saldos líquidos para comprar en el mercado interno, a diferencia de los capitalistas dinerarios que valorizan sus tenencias en términos del dólar o el euro. Objetivamente esto representa una nueva transferencia al capital.
Agreguemos que los bancos siguen constituyendo uno de los sectores más rentables de la economía. Según datos que proporciona el BCRA, la rentabilidad, medida por el return on equity, está en el 21,2% en la primera mitad de 2010.
Desigualdad en la distribución e inversión inmobiliaria
Repasemos un momento las “coordenadas” fundamentales. Con la recuperación económica, hubo una recuperación de las ganancias del capital, y de las rentas en general. Continúa, por otra parte, la desigualdad en la distribución del ingreso, y un sector importante de la clase obrera está a nivel de pobreza. El desempleo informal alcanza al 36,5% de la fuerza laboral, y el salario promedio de estos trabajadores es $1100 mensuales (IDESA). En las empresas de hasta 25 trabajadores, el salario promedio es $2286 (ídem). Los beneficios del capital, subrayamos, son altos. Según Débora Giorgi, el nivel de rentabilidad de las inversiones extranjeras en los últimos cuatro años promedió el 10,1%, contra el 4,6% del período 1992-2002. Sin embargo, la inversión se mantiene baja. ¿Dónde va entonces la plusvalía? Ya vimos que una parte se canaliza hacia el exterior. Otra porción va a la compra de bienes durables, como el automóvil. Y otra porción se invierte en el sector inmobiliario.
Según el sitio Reporte Inmobiliario, las operaciones de compra – venta en 2010 aumentaron, en Capital Federal, un 23% con respecto a 2009 (aunque todavía se mantienen a un nivel más bajo que en 2008). Pero este aumento de la demanda no puede derivar de los asalariados. Entre 2001 y 2010 el precio de los departamentos, en pesos, creció 512%, por encima de lo que aumentó el costo de la construcción (424%). En 2001 hacían falta 75 sueldos para adquirir un departamento promedio (76 metros cuadrados). En 2010 hacen falta 125 sueldos (estudio del Instituto de Análisis Fiscal, citado en La Nación 26/9/10). Para construir una vivienda tipo en 2001 hacían falta 44 salarios, y actualmente 58. Los créditos hipotecarios son prohibitivos para la mayoría de la población. Sería un error entonces atribuir el aumento de la demanda de vivienda en 2010 a los asalariados. Todo indica que una parte de las plusvalías (entre ella, la renta agraria) se está canalizando al sector inmobiliario. Los precios de las viviendas aumentaron en términos de dólares entre el 15 y 20%. Pero la construcción residencial no amplía la capacidad o la infraestructura productiva.
En definitiva, tenemos un fuerte flujo de plusvalía que va al exterior; que se vuelca al consumo suntuario; o al sector inmobiliario residencial. Lo cual evidencia, lo subrayamos, la persistencia de características típicas del atraso.
Cuestiones relacionadas con la fuga de capitales
Gaggero et al., destacan una serie de características de la salida de capitales sobre las que vale la pena reflexionar un momento.
En primer lugar, la mayor parte de los capitales se invierten en activos financieros del exterior, y no directamente en actividades productivas. Destaquemos también que las inversiones en propiedad inmobiliaria en el exterior también podríamos considerarlas inversiones “de cartera”, ya que obedecen a una lógica de valorización financiera. En una economía desarrollada, el aumento del stock de activos externos tenidos por los residentes locales implica una salida por el lado de la cuenta de capitales, pero una entrada (igual a la tasa de interés internacional × el stock de bonos o activos financieros) por el lado de la cuenta corriente. Sin embargo, en un país subdesarrollado como Argentina, este flujo de entrada por lo general es pequeño, dado que las ganancias se reinvierten en el exterior.
En un plano más general, la existencia de fuertes stocks de activos financieros en manos de residentes argentinos es indicativa de que una parte importante (posiblemente mayoritaria) de la clase dominante está íntimamente vinculada al capital financiero internacional. Pueden discrepar con tal o cual política del FMI, o disgustarse con el comportamiento de algún banco, pero “a la hora de la verdad” se confían los ahorros a estas instituciones. Así como las operaciones financieras. Por ejemplo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires acaba de colocar un bono a cinco años entre inversores internacionales con una tasa de 11,75% anual (mucho más alta que otros países de la América Latina), con la colaboración del Deutsche Bank y Merrill Lynch.
Por otra parte, la evolución en el largo plazo del stock de deuda demuestra que la misma sirvió para financiar la fuga de capitales durante años. En  1974 la deuda externa era de US$ 7600 millones, y el capital fugado era prácticamente la mitad, US$ 3800 millones. En 1982 las cifras eran US$ 44.000 y US$ 34.000 millones, respectivamente. En 1989 la deuda era de US$ 65.000 millones y los capitales fugados sumaban US$53.000 millones. A fines de 2001 la deuda era de US$ 140.000 millones y el stock fugado de US$ 138.000 millones (Gaggero et al).
Este hecho demuestra que la burguesía argentina no está “sometida”, ni es “el país” el que es “explotado” por los “banqueros y financistas del Norte”, sino que estamos ante negocios que obedecen a la lógica de la valorización de los capitales, y la conservación de esos valores en los lugares que se consideran más seguros.
Sin embargo hay una diferencia importante entre los 2000 y la década de 1990, y es que durante la presente década la fuga de capitales no estuvo financiada con deuda, sino con reservas genuinas, provenientes del superávit comercial. Esto es, se produjo lo que se llama una “transferencia real” de valores al exterior. La deuda externa también se paga con superávit, y no tomando más deuda, como sucedía en la década de 1990. Por eso la relación entre deuda y PBI disminuyó. Actualmente es del 40%, contra el 140% en 2001.
En conclusión, hay un fuerte crecimiento, y cierto aumento de la participación de la inversión con respecto a los niveles promedio de los noventa, pero sin que pueda hablarse de algún cambio estructural. Una parte fundamental del excedente sigue saliendo del país; aunque a diferencia de la década de los noventa, ahora esa salida está financiada por el superávit de cuenta corriente. Otra parte del excedente se vuelca a bienes de consumo, o al sector inmobiliario. La salida de capitales sigue poniendo en evidencia la estrecha vinculación de la clase capitalista argentina con el capital mundializado, particularmente con el capital financiero.

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Fuga de capitales en tiempos K
El capitalismo ha sumido a una creciente mayoría en la extrema violencia, falta de libertad y de democracia que es no poder sobrevivir o apenas sobrevivir sin seguridad de futuro próximo. Aún más, dañó de modo irreversible la vida de millones (alto porcentaje de niños subalimentados o malnutridos, de cánceres, de muertes evitables...) y destrucción de comunidades. Lo ha hecho y continúa concretándolo sustanciándose en el derecho, por un lado,  de los grandes propietarios de dictar qué trabajo, quiénes lo realizan, cuántos lo llevan a cabo, etc. y por otro, el derecho de embolsarse beneficios, transferirlos a los paraísos fiscales y/o usarlos en especulación inmobiliaria.
Es normal para el sistema que los capitalistas tengan el derecho de destruir la cordillera, los ríos, los mares...las selvas, los bosques, la Amazonía, las praderas. Usar a mujeres y niñas como objeto sexual, violarlas, comerciar con los cuerpos de ellas, secuestrarlas y hacer desaparecer para esclavizarlas. Quitar el agua o envenenarla, convertir los alimentos en inaccesibles a una creciente mayoría y en adulterados, forzar a los productores de alimentos a tirarlos o dejar de cultivar/fabricar, etc.
Este es el orden social que las elecciones no ponen en cuestión y al contrario, la democracia burguesa desde 1983 hasta hoy de modo constante lo ha consolidado, reforzado.

Crisis, Cambiemos y programas capitalistas
28 de julio de 2016

Por Rolando Astarita
Los números de la crisis
De acuerdo al INDEC, la actividad industrial cayó en junio un 6,4% con relación a junio de 2015; en el semestre retrocedió el 3,3% con respecto a igual período del año pasado. Las mayores caídas en el interanual de junio son automotriz, 13,7%, e industrias metálicas básicas, 12,4%. También en junio, la construcción bajó 19,6% con relación a junio de 2015, y la caída del primer semestre fue del 12,4%, con relación a igual período del año pasado (INDEC). Estas cifras negativas no son compensadas por el crecimiento de la actividad agropecuaria (aumento de un millón de hectáreas sembradas de trigo, otro millón en maíz, repunte de la venta de maquinaria agrícola, las exportaciones primarias crecieron 65% en el primer trimestre de 2016). El consumo en junio fue 9,8% menor que en junio del año pasado; la caída en el semestre fue del 6,4% (CAME). Según la CEPAL y el FMI, en 2016 el PBI argentino caerá 1,5%. Analistas privados pronostican una caída todavía mayor. El déficit de cuenta corriente en el primer trimestre de 2016 fue de 4.013 millones de dólares, con un déficit comercial de 1403 millones. En 2015 el déficit de cuenta corriente fue de 15.934 millones. El déficit fiscal se mantiene a niveles elevados; la meta que se propuso el gobierno, 4,8% del PBI, parece difícil de alcanzar. Por otra parte, en el primer trimestre la deuda externa del sector público aumentó en 11.590 millones de dólares, y la del sector privado no financiero en 4306 millones.
Los salarios han tenido una fuerte caída, vía devaluación e inflación. Según el Instituto Estadístico de los Trabajadores, (IET), desde diciembre a mayo los salarios reales cayeron un 12%. FyE Consult evalúa que en mayo de 2016 el poder de compra de los salarios era un 11% inferior a igual mes de 2015. Según la Universidad Católica Argentina, en el primer trimestre de 2016 la pobreza aumentó 5 puntos porcentuales, llegando al 34,5% de la población. Son 13 millones de personas (1,4 millones más que al final del gobierno de Cristina Kirchner). La indigencia abarcaba al 6,9%. UNICEF dice que en Argentina hay 4 millones de chicos en la pobreza. Según la Dirección de Estadísticas de CABA, para un matrimonio con dos hijos varones en edad escolar la línea de pobreza se ubicó, en junio, en $12.356; la de indigencia, en el mismo mes, en $6110. Pero la mitad de los porteños gana menos de $10.000 mensuales; el 20% tiene ingresos por debajo de los $6000.
El nudo de la crisis
Ya en otras notas, y refiriéndonos a los gobiernos kirchneristas, hemos planteado que el eje de la debilidad del crecimiento pasa por la debilidad de la acumulación, esto es, de la reinversión de la plusvalía para ampliar la escala de la producción y mejorar la productividad. De hecho, una parte importante del excedente generado en Argentina se canaliza al consumo suntuario (incluida la construcción residencial suntuaria); al gasto improductivo; o sale del circuito productivo nacional, ya sea porque se atesora en cajas de seguridad, bajo la forma de dólares o euros, o es enviado al exterior. Según el estudio Ferreres, la suma de colocaciones en el exterior rondaría los 350.000 millones; Tax Justice Network lo calculaba, en 2012, en 400.000 millones de dólares; CEFIDAR, también para 2012, en 374.000 millones. La OCDE dice que Argentina es el octavo país por volumen de capitales en el exterior. Es significativo que los propios ministros de Cambiemos, o el presidente Macri, que llaman a invertir en Argentina, tienen millones colocados en cuentas en el exterior.

El punto que deseo establecer es que el factor clave del desarrollo de las economías capitalistas es la inversión. La idea la encontramos en Marx, pero también en Keynes. Subrayo esto último porque es un punto que parecen desconocer muchos izquierdistas que se reivindican keynesianos. Así, en su muy citado artículo del Quarterly Journal of Economics, de 1937, Keynes afirma que su teoría podía resumirse diciendo que “dada la psicología del público, el nivel del producto y del empleo depende del monto de la inversión” (énfasis agregado). Y esto sucede no porque la inversión sea el único factor del que depende el output agregado, “sino porque es usual en un sistema complejo observar como la causa causans aquel factor que es más proclive a tener una fluctuación súbita y amplia”.
Desde el enfoque marxista la cuestión es aún más clara, si se quiere. Dado que el desarrollo de las fuerzas productivas depende de la reinversión de plusvalía, el centro de los problemas del desarrollo es la ampliación del trabajo productivo. El trabajo productivo es el que genera plusvalía (para una discusión de trabajo productivo, aquí). En consecuencia, en la medida en que la plusvalía se invierta en trabajo productivo, habrá más plusvalía para incrementar la escala de producción. Esta es, además, una tesis primordial de la Economía Política clásica, en particular de los fisiócratas, Adam Smith y David Ricardo. Por eso Smith no consideraba igual que la ganancia se gastara como renta en trabajadores improductivos (por caso, servidores de los aristócratas, funcionarios de la Corte, etcétera) que en trabajadores productivos.
La cuestión la podemos ver con el circuito del capital: D – M (Ft y Mp)… P…M’- D’, siendo D el dinero adelantado por el capitalista; M mercancías; Ft fuerza de trabajo; Mp medios de producción; …P… es el proceso productivo; M’ la mercancía valorizada; D’ igual al D adelantado + s, la plusvalía.
Aquí, el consumo de los trabajadores empleados en el sector privado no es autónomo, depende del ciclo capitalista. De manera que la caída de la demanda que desata la crisis y la recesión no puede provenir de la caída del consumo obrero; ni la recuperación de la economía puede ocurrir por un incremento autónomo del consumo salarial.
Puede verse también que no existe otra fuente de la plusvalía que el trabajo productivo (…P…). La plusvalía se divide en ganancia empresaria, renta de la tierra, interés e impuestos. Por lo tanto, el gasto estatal tampoco es una fuente autónoma de demanda; depende de la generación de plusvalía en el proceso productivo, y su realización en el mercado, a través de la venta. De manera que no hay posibilidad de sostener indefinidamente la demanda mediante gasto estatal. Si con las inyecciones de gasto del Estado no se pone en marcha el proceso de acumulación (o sea, la inversión), no hay recuperación de la demanda global, y por lo tanto no hay salida de la recesión (o la depresión). Por este motivo a Marx jamás se le ocurrió que se podía salir de una crisis sólo mediante inyecciones de gasto fiscal. Tampoco a Keynes, o a los keynesianos “clásicos”, como Hansen, o incluso Leijonhufvud.
Dado que éste es el punto neurálgico del fetichismo estatista, es conveniente ampliar el argumento. La cuestión es que si durante una crisis el gobierno inyecta gasto fiscal (por ejemplo, pagando a los trabajadores para que entierren y desentierren botellas, como dice Keynes en la TG), el éxito o fracaso de la medida dependerá crucialmente de lo que hagan los capitalistas con lo producido por el tirón de demanda: si comienzan a invertir, el proceso ha tenido éxito. Si en cambio, el plus de ingreso recibido lo atesoran, o lo destinan a bajar su deuda con los bancos, y estos a mejorar sus balances, la demanda no habrá aumentado. Al respecto, Leijonfvud observa que si en las recesiones “las empresas temporariamente no encuentran que sus oportunidades de inversión sean rentables, tratarán de mejorar sus balances cancelando préstamos bancarios, mientras que los bancos, a su vez, responderán a este ‘reflujo’ devolviendo créditos del Banco Central” (“Los ciclos largos en las visiones económicas”, reproducido en Organización e inestabilidad económica, Buenos Aires, 2006, p. 8). Esto significa que puede haber liquidez, proporcionada por la inyección de gasto, sin reanimación del ciclo de acumulación. En contrapartida, se habrá deteriorado el balance fiscal. Si la operación se vuelve a repetir sin éxito, surgirá el déficit, o se incrementará.
El déficit, por otra parte, debe cubrirse con deuda, o con emisión monetaria (ahora el gobierno de Cambiemos recurre a ambas vías, en un intento de reanimar la demanda). Pero si el endeudamiento aumenta por encima de ciertos niveles, disminuye aún más la confianza de los capitalistas para invertir (como señala Keynes en la TG). Por otra parte, si el déficit se cubre con emisión monetaria, habrá más impulso inflacionario, sin que se reanime por ello la inversión. Estas ideas, muy sencillas, ayudan a entender lo que está ocurriendo en estos meses de gobierno de Cambiemos, de alto déficit, mayor endeudamiento y caída del producto.
Experiencias recientes
Otro ejemplo ilustrativo de lo anterior lo proporciona la dinámica de los años de gobiernos K. Tengamos presente que durante el gobierno de Néstor Kirchner el PBI creció, en promedio, 8,8% anual; durante el primer gobierno de Cristina Kirchner lo hizo al 3,5% anual; en el segundo gobierno de CK creció solo el 0,2% anual (dato INDEC, base 2004 revisado). Dado que la población argentina aumenta al 1% anual, durante los últimos cuatro años del kirchnerismo el producto por habitante retrocedió. Sin embargo, el gasto fiscal no dejó de crecer en todos esos años. De hecho, pasó de ser superavitario en 2003, a un déficit de aproximadamente el 6%, en 2015. Además, el endeudamiento empezó a crecer de manera importante a partir de fines de 2013 (ver aquí). Sin embargo, la inversión se mantuvo débil.

En términos de PBI en los ocho años que van desde 2008 a 2015, la inversión representó, en promedio, el 19,4% del PBI (INDEC, valores a precios de 2004, cálculo propio). Aproximadamente el promedio de los 1990. Y con una inversión en energía, transporte y telecomunicaciones a niveles muy bajos. Como contrapartida, la fuga de capitales se mantuvo, desde 2008, en un nivel muy elevado. Por eso, sin avances en productividad y tecnología, y con la caída de los precios de las materias primas y la crisis de Brasil, se conjugaron las condiciones para la crisis en el sector externo y la recesión.

Para que se pueda ver todavía con más claridad, la actual situación de Santa Cruz es muy significativa. La provincia recibió 520 millones de dólares cuando la privatización de YPF, y otros 400 millones, aproximadamente, cuando el gobernador Kirchner vendió las acciones a Repsol (final del gobierno de Menem). Más tarde, desde 2003 a 2015, Santa Cruz recibió ingentes flujos de dinero, provenientes del Estado, para la obra pública. Sin embargo, no hubo desarrollo productivo, y la provincia hoy está sumida en una profunda crisis. Podemos decir que todas las cuestiones del desarrollo se condensan en este caso paradigmático de ausencia de inversión en trabajo productivo.
Cambiemos y oposición burguesa: salida capitalista a la crisis capitalista
En el modo de producción capitalista la salida de la crisis ocurre cuando se generan las condiciones para que el capital retome la inversión. Pero esto significa, entre otras cosas, mejorar y/o garantizar las condiciones de explotación de la clase obrera y de realización de la plusvalía. Es lo que está intentando hacer el gobierno de Cambiemos: bajar los salarios (en especial, en relación al tipo de cambio); reducir los derechos del trabajo (ahí está el ejemplo del ataque a los juicios laborales); garantizar los derechos del capital. En esencia, es también el programa del peronismo “serio”, del Frente Renovador, y fuerzas similares que están en la oposición. Pueden existir tensiones y rencillas sobre formas y ritmos, pero para atraer inversiones nadie saca los pies del plato. Los acuerdos con el CIADI; la aceptación de tribunales extranjeros para resolver disputas sobre la deuda; el pago a los holdouts y al Club de París; la indemnización a YPF; los acuerdos secretos con Chevron; los mayores beneficios para la gran minería; la reducción de impuestos y el aumento de tarifas; la plena libertad para remitir dividendos al exterior, entre otras medidas, forman parte de la misma textura. En la misma política se inscribe el intento de que los salarios no se indexen según la inflación, o según la suba del tipo de cambio. Por eso los padecimientos de la clase trabajadora no se acabarán cambiando los personajes al frente del Estado.
La idea central del marxismo entonces es que no  hay salidas a la crisis, indoloras para la clase trabajadora, en tanto permanezcan las relaciones de propiedad capitalistas. El capitalista que tiene cientos de miles, o millones, de dólares en el exterior, no tiene ningún apuro por invertir en Argentina, o en algún otro lugar en particular. Por eso, el poder del capital no se ejerce sólo a través de las estructuras políticas, jurídicas e institucionales. También es poder económico de hecho. Nunca debería olvidarse que la relación capitalista es una relación de dominación de la clase que es propietaria de los medios de producción y de cambio, sobre los que no tienen más que su fuerza de trabajo para vender (ver aquí).
Plantear las cuestiones de fondo, sin alentar falsas ilusiones
El discurso del socialismo debe partir de lo real, de las condiciones existentes. Es necesario luchar en defensa de los salarios y las condiciones de trabajo sin por eso abrigar ilusiones en los partidos del capital. Ni en las “soluciones” del reformismo estatista. No hay que alentar ningún tipo de frente programático con las organizaciones “socialistas burguesas”, pequeñoburguesas o nacionalistas burguesas, por más “radicales” que sean sus discursos. No existe ninguna progresividad en sus programas. Por eso es necesario meter una dosis de “vinagre y bilis” en los llamados a la “unidad del pueblo” de los que han llevado al movimiento popular a la desmoralización y la derrota.

En otra entrada escribimos: “…la crítica marxista busca poner de manifiesto las conexiones reales, internas, del modo de producción y de la sociedad capitalista, y por este mismo hecho, no deja espacio para las ilusiones. De aquí resulta también un mensaje que puede considerarse “pesimista”, ya que viene a decir que en tanto subsistan las relaciones de propiedad capitalistas, los problemas de fondo de las masas trabajadoras van a persistir. Esto porque las conquistas de las luchas sindicales y reivindicativas encuentran un techo en las leyes de la acumulación capitalista -cuando crece la combatividad, los capitalistas reemplazan mano de obra por maquinaria, se niegan a invertir, etcétera- y en las estructuras del Estado, que defienden la propiedad privada del capital. Por eso, el mensaje de Marx a los trabajadores es que hay que luchar por mejoras, pero sin albergar ilusiones: en tanto subsistan la propiedad privada del capital, y el Estado capitalista, estarán condenados a reiniciar la pelea, una y otra vez” (aquí). Este enfoque es el eje de la independencia de clase.
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Crisis, Cambiemos y programas capitalistas
Persistamos en subrayar la imposibilidad de coexistencia con quienes se adueñaron del país, continente y mundo. Progresistas e izquierdistas reformistas concilian con esos opresores y hasta se enorgullecen de codearse con ellos. No podemos unirnos, nosotros luchamos por erradicar la subsunción del trabajo en el capital y por tanto, procuramos facilitar el protagonismo autoconciente de los pueblos. En ese sentido  es clave multiplicar la dilucidación en colectivos, por ejemplo, sobre:
Crítica de la tesis de la financiarización
diciembre de 2008
Por Rolando Astarita

(...) A modo de conclusión: neoliberalismo, interpretaciones alternativas

Lo desarrollado en este trabajo permite comprender por qué tampoco podemos coincidir con la caracterización del ascenso del neoliberalismo como un asalto del sector financiero a los puestos de mando del capital. Pensamos que lo que se llamó la política neoliberal fue mucho más que eso. Fue el ascenso de la reacción de toda la clase capitalista, apoyada en amplios sectores de las clases medias, contra los trabajadores y las capas populares más empobrecidas de los pueblos –por ejemplo los campesinos pobres– para restablecer la rentabilidad y fortalecer las posiciones del capital frente a los explotados. Los ataques a los derechos sindicales; las políticas “de ajustes” que implicaban bajas de salarios; las legislaciones para la flexibilización laboral; la caída de derechos laborales de larga data; la caída o supresión de subvenciones a desocupados; el empobrecimiento de los pensionados y jubilados; las ofensivas contra los inmigrantes, entre otras medidas que se tomaron en prácticamente todo el mundo, beneficiaron a la burguesía de conjunto.

También otras medidas que apuntaron a mejorar las ganancias fueron apoyadas por toda la burguesía. Por ejemplo las privatizaciones de empresas estatales, incluidas las de los regímenes stalinistas, significaron someter de manera más plena a la ley del valor a fuerzas productivas más amplias. En ellas participaron capitales industriales y comerciales de todo tipo; no encontramos elementos para decir que favorecieron sólo, ni principalmente, al sector financiero. De la misma manera la ofensiva por reducir impuestos y desfinanciar al “Estado keynesiano de bienestar” fue apoyada por toda la burguesía, y fue llevada adelante en beneficio del capital de conjunto.
Como es sabido, la ofensiva económica fue acompañada de la reacción política, cultural e ideológica, con el liderazgo y apoyo del capital global. Las dictaduras militares que asolaron a los países latinoamericanos en la década de los setenta y ochenta fueron apoyadas por las burguesías de estos países, y no sólo por el capital financiero. Lo mismo podemos decir del sustento que tuvieron Reagan en Estados Unidos y Tatcher en Gran Bretaña. La reacción contra medidas progresistas, que se habían logrado en las fases de ascenso de los movimientos populares y reivindicativos, tuvo amplio consenso en las clases acomodadas y medias. Por ejemplo, la reacción contra la discriminación positiva, que favorecía a las minorías raciales o sexuales. De la misma manera tuvo amplia aceptación la consigna “que gane el mejor y el más fuerte”, los que tienen más oportunidades; que lógicamente beneficia a los más ricos. Tampoco el rechazo a los movimientos críticos, a las culturas contestatarias, y el resurgimiento de movimientos xenófobos y racistas, así como la exaltación de los valores conservadores burgueses. No pretendemos hacer aquí un recuento exhaustivo de todo lo que significó la reacción neoliberal, sino señalar simplemente algunos de sus rasgos salientes, con el objetivo de mostrar que se trató de algo mucho más profundo que el mero asalto de las finanzas y la imposición de tipos de interés altos durante algunos años, a principios de los ochenta.
 
El capital industrial o comercial no fue “sojuzgado” por el capital financiero desde fines de la década de los setenta. El trabajo, de conjunto, sí fue subsumido de forma más completa al capital, sin distinciones de fracciones dentro de éste. Éste ha sido el sentido más profundo del ascenso del neoliberalismo en los últimos 30 años. El neoliberalismo ha sido la expresión política e ideológica de la orientación de fondo que ha tomado la clase capitalista a nivel mundial. Orientación que responde a la división central de la sociedad actual, la que se da entre el capital y el trabajo.  
Bibliografía: (...)
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La deuda pública 

Kirchner- Macri

8 de junio de 2017
Por Héctor Giuliano
El Kirchnerismo y el Macrismo son enemigos íntimos; se necesitan mutuamente:
* El gobierno Macri, porque necesita lamentar la pesada herencia recibida y exhibir la corrupción K como distractivo de su descontrol financiero fiscal, de su política irresponsable de gobernar con deuda y de encubrir su propia corrupción.
* La anterior administración K, porque pretende tomar hoy la bandera dialéctica de la oposición política contra un nuevo gobierno neo-liberal y convertirse en portavoz de las críticas contra la política económica y social M como forma de distraer su realidad pasada de inoperancia y falseamiento de la realidad en la gestión de gobierno, su fracaso en materia económico-financiera, su complicidad con la política de endeudamiento del Estado y su corrupción institucional en el manejo de la cosa pública.
Pero cuando estas cosas se observan no desde el llano de una visión inmediata o cortoplacista de los hechos sino desde una óptica más amplia o abarcativa de las Políticas de Estado que fijan las grandes estructuras de poder financiero y económico esta falsa antinomia se revela como las dos caras de una misma moneda, donde los gobiernos de turno terminan trabajando en tándem: uno – a través de todas las torpezas cómplices posibles - deja preparado el terreno y las condiciones para que el otro se declare víctima de tales situaciones heredadas y las utilice como excusa de continuidad y profundización política.
Es la tradicional alternancia de Social-Democracia y Neo-Liberalismo que rige en la Argentina desde hace más de 40 años en el marco del Capitalismo Financiero que maneja los asuntos de Estado de nuestra Patria y que tiene por eje el Sistema de la Deuda Pública perpetua como instrumento de dominio.
El objeto del presente trabajo es fundamentar estas aseveraciones, acotadas aquí al tema de la Deuda y sus implicancias; y hacerlo más específicamente en función de las declaraciones de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en su programa televisivo de ayer (25.5) por C5N y de las decisiones actuales del gobierno Macri.
1. Tanto el gobierno Macri como el anterior gobierno Kirchner ocultan la Deuda Pública Nacional, total y consolidada: las cifras del endeudamiento se refieren solamente al Estado Central y no incluyen la deuda de Provincias/Municipios, Empresas del Estado, Organismos Nacionales, Fondos Fiduciarios, Banco Central, Deuda Flotante o exigible y juicios contra el Estado con sentencia en firme; por lo que no se sabe cuánto debe en total la Argentina.
2. La ex presidenta CFK insiste en el mito del des-endeudamiento bajo su gestión, que es falso y engañoso: primero, porque la deuda aumentó más de 100.000 MD (Millones de Dólares) durante los 12 años de administración K – pasó de 152.000 MD a mediados de 2003 a 254.000 MD al fin de su mandato en Diciembre de 2015 – y segundo porque mantiene la formulación engañosa de referirse a la Deuda Externa y no a la Deuda Pública Total.
3. El Kirchnerismo vivió pagando deuda pública – y deuda externa pública en especial – a niveles históricos récord. CFK se jactó incluso públicamente de ello enfatizando la frase “Somos pagadores seriales” en su discurso del 26.8.2013, donde habló de haber abonado 173.700 MD entre 2003 y 2012.
4. CFK ratificó esta postura ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 24.9 del año siguiente, donde habló allí de haber pagado más de 190.000 MD desde el 2003 hasta esa fecha.
5. Con la observación importante que ninguna de estas dos cifras tuvieron luego explicaciones claras y concretas por parte de su gobierno, descontándose que la gran mayoría de tales pagos – o directamente la totalidad – no correspondían a reducciones netas de pasivos sino, en realidad, a la regla permanente de cancelar vencimientos íntegramente con nuevas obligaciones (novaciones con el mismo acreedor y/o con terceros), por lo que no habíades-endeudamiento por baja efectiva del monto total adeudado y además, dicho monto seguía creciendo por deudas nuevas adicionales.
6. Fue la misma época en que su gobierno – el de CFK – presentó ante Naciones Unidas la propuesta de internacionalizar los procesos de reestructuraciones de Deuda Soberana, que era una variante de la ponencia presentada en el 2002 por la vicepresidenta del FMI, Anne Krueger, y cuya finalidad esencial era sustraer los casos de default a la justicia de los países estableciendo un régimen supra-nacional de tratamiento para este tipo de casos.
7. La misma ex presidenta, que ahora pide revisar y auditar la nueva Deuda Externa Macri, es la que se negó a investigar la deuda heredada e incrementada por su administración K [1] y que luego, tardíamente, hacia finales de su mandato, remató dejando en la inoperancia la Comisión Investigadora de la Ley 26.9842. [2]
8. La negativa a investigar la cuestión de la ilegitimidad de la Deuda Pública fue una constante de la administración Kirchner y no difirió en absoluto del mismo comportamiento cómplice de todos los gobiernos de turno anteriores con los acreedores financieros, desde el Proceso hasta nuestros días, siendo ésta la principal clave de sometimiento exigida por dichos acreedores al Sistema de la Deuda y la base institucional del mecanismo de re-endeudamiento permanente o deuda perpetua.
9. El gobierno Kirchner, como agravante, fue uno de los más fieles cumplidores de los dictados del Fondo Monetario cuando el FMI le exigió – lo mismo que a Brasil – el pago contado total y por anticipado de la deuda bilateral con el organismo (9.530 MD); directiva que la administración K cumplió en forma inmediata – inaugurando con ello su política de pagos de deuda externa con reservas del Banco Central – con el agravante adicional que lo hizo pese a que se trataba del acreedor más cuestionable de nuestro país y que se tenía a favor de la Argentina las graves irregularidades internas del organismo demostradas como producto de la propia auditoria de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI. Y con el añadido que ese pago total y por adelantado al FMI se hizo sin desafiliarse del Organismo, que es la única y verdadera forma de liberarse de sus condicionalidades y reclamar la devolución de la cuota-aporte integrada por nuestro país.
10. La falsía del planteo K con respecto a una supuesta resistencia o confrontación suya frente al problema de la Deuda – una falacia enmascarada bajo el mito del des-endeudamiento – tuvo como remedo, años más tarde (en 2014) el arreglo con el Club de París bajo la gestión Kicillof, por el que nuestro país aceptó pagar un total de otros 9.700 MD, 3.600 de los cuales correspondían a intereses punitorios y compensatorios adicionales a los intereses acumulados por mora.
11. Peor todavía fue el manejo cómplice e irracional de la administración K en la cuestión de los Holdouts, donde reconoció abiertamente la competencia de tribunales extranjeros en la ciudad de Nueva York, aceptó la validez de las acreencias reclamadas a valor nominal y no a valor de mercado, no objetó las irregularidades manifiestas en las obligaciones de origen y luego de perder los juicios en todas las instancias posibles en los Estados Unidos incurrió al país en un desacato indefendible.
12. Con el agravante que el gobierno CFK desechó incluso la recomendación de última instancia hecha por el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (el mismo que patrocinaba a la Argentina desde los tiempos del ministro Cavallo y sobre el cual pesaban y pesan conflictos de intereses con los acreedores del Estado) en el sentido de declarar nuevamente el default o cesación de pagos frente al problema de las cláusulas RUFO y Acreedor más favorecido, dejando al país en las peores condiciones legales y financieras posibles, que fueron así aprovechadas por el Partido de la Deuda que retorna con el gobierno Macri para llegar a su acuerdo secreto e irrestricto de rendición ante los Fondos Buitre. Pocas veces una administración saliente devino tan funcional a los intereses del sistema de la Deuda y a la nueva administración entrante, con su legión de funcionarios ligados incondicionalmente a los intereses de los acreedores del país y preparados para aprovechar la oportunidad servida en bandeja merced a las torpezas K.
13. La misma técnica de presentar sus concesiones como supuestas victorias, las aplicó el gobierno K con respecto al Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010, vendido a la opinión pública como un éxito de renegociación cuando fue un allanamiento a las exigencias de los acreedores financieros, sin quitas ni ventajas para nuestro país porque la reducción relativa en los valores de capital fue íntegramente compensada con cupones PBI y las nuevas obligaciones (que en su mayoría correspondían al Megacanje delictivo De la Rúa-Cavallo del 2001) fueron pactadas a una tasa promedio del 8.28 % a 30, 35 y 42 años de plazo, convalidando además la novación de deudas que estaban y están todavía – al menos teóricamente - investigadas por la justicia.
14. Paradójicamente, el Ministro Lavagna y su Secretario de Finanzas Nielsen – durante el mandato de Néstor Kirchner – esperaban con este acuerdo volver a colocar nueva Deuda Externa en el mercado internacional de capitales (que tal era el objetivo central del nuevo Megacanje K) mientras quedaba abierto el conflicto con los Holdouts por más de 20.000 MD.
15. Este objetivo de reestructurar Deuda Externa para volver a endeudarse en el exterior fue el mismo que luego retoma el ministro Boudou con su Hoja de Ruta del 2008, que aspiraba llegar a un arreglo con los holdouts y con el Club de París (este último, concretado en condiciones fuertemente gravosas) con la misma finalidad K: volver al mercado global de bonos.
16. La presidenta CFK critica ahora al presidente Macri por la toma de 97.000 MD de nueva Deuda Externa en lo que va de su mandato – una irresponsabilidad financiera mayúscula que, en lo personal, venimos denunciando en forma permanente – pero omite decir que esa vuelta al endeudamiento externo fue facilitada precisamente por su gestión de “pagadora serial”, que descongestionó parcialmente sus obligaciones externas en aras de volver al Mercado Internacional de la Deuda (el objetivo frustrado del Megacanje K y de la Hoja de Ruta Boudou).
17. Es notable, por no decir sintomático, que sea justamente esta política sistemática de pago privilegiado de Deuda Externa con Reservas Internacionales - llevada a cabo por la administración K – el único mérito que la nueva administración Macri, la gran Partidocracia con representación parlamentaria y el establishment financiero le reconocen y valoran a la gestión Kirchner para facilitar así la colocación de nuevos bonos en el exterior.
18. Lo que no pudo lograr la administración K en materia de re-endeudamiento externo es lo que ahora – gracias a su costosa gestión – utiliza, aprovecha y agradece el Partido de la Deuda que adviene nuevamente con el gobierno Macri.
19. Y todo ello fue producto de la engañosa política de Deuda intra-Estado del gobierno K, que consistió en el pago prioritario y privilegiado de la Deuda Externa con Terceros – Acreedores Privados y Organismos Financieros Internacionales – traspasándole así la deuda impagable a los entes del propio Estado Argentino para dejar allanada la vuelta a un nuevo endeudamiento externo del país (que tal era el objetivo declarado de la administración Kirchner bajo las gestiones Lavagna, Boudou y Kicillof, en sus últimas negociaciones para pago a los holdouts a partir del 2015).
20. La presidenta CFK advierte hoy el peligro cierto de que el dinero de los jubilados se vaya a terminar usando por la administración Macri para pagar Deuda Externa, pero omite decir que su administración – siempre en el marco de su Deuda intra-Estado – dejó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES comprometido en un 65 % de su monto con deudas impagables del Tesoro Nacional, que su gobierno – a través de la sub-indexación inflacionaria – fue licuando fuertemente el valor de los títulos públicos en pesos que tenía mayoritariamente la ANSES y que la re-estatización de las AFJP por Boudou en 2008 se hizo para poder trasladar al propio Estado la carga de endeudamiento sin capacidad de repago liberando del correspondiente riesgo de insolvencia a los grandes bancos que controlaban dichas AFJP.
21. Fue algo parecido al rol que jugó con el Kirchnerismo – y que sigue jugando hoy en día - el Banco Nación (BNA), cuya mitad de la cartera de créditos está prestada al Tesoro y/o al Banco Central (BCRA) contra obligaciones igualmente sin capacidad de pago.
22. Pero seguramente la nota más singular dentro de las declaraciones de la ex presidenta CFK es la que corresponde al rol del BCRA y particularmente a su política de endeudamiento a cortísimos plazos vía Lebac. CFK se escandaliza de la aberrante desproporción actual del pasivo cuasi-fiscal del BCRA en relación a la Base Monetaria (BM) – hecho que, también en lo personal, venimos denunciando desde hace largos años – pero soslaya que dicha política fue desarrollada por su gobierno y con el mismo procedimiento: comprar divisas con deuda para reponer las reservas prestadas al Tesoro para pagar Deuda Externa, mantener artificialmente un retraso cambiario para poder cubrir obligaciones en moneda extranjera y elevar las tasas de interés que paga el BCRA para subsidiar a los bancos y al sistema financiero en general.
23. Ciertamente la proporción era distinta en cuanto a magnitudes: al fin del mandato K la relación Lebac / BM era de un 57 % (346.300 M$ - Millones de Pesos – sobre 612.300 M$, según datos al 7.12.2015), aunque con un tipo de cambio entonces a 9.73 $/US$. Hoy, bajo la gestión Sturzenegger, dicha relación asciende a más del doble: 123 % (959.400 / 777.700 M$, según datos al 15.5.2017 y con el tipo de cambio 15.48 $/US$).
24. Entonces, como ahora – con las variaciones de montos señaladas en los dos puntos precedentes – la política financiera del BCRA era básicamente la misma: favorecer el sistema bancario con el subsidio resultante de las altas tasas de interés pagadas por las Lebac y también por las Operaciones de Pase, lo que hizo – bajo la administración K - y mantiene hoy - con la administración M – que los bancos sigan siendo el sector de la actividad económica que mantiene niveles récord de ganancias especulativas a costa del Estado (capitales financieros locales y capitales golondrina externos que lucran con el enorme diferencial de tasas de interés locales e internacionales bajo la política oficial de retraso cambiario para poder pagar servicios de la deuda externa).
25. Fue y es esta misma política de atraso cambiario combinada con altas tasas de interés, de mantenimiento de un BCRA sin reservas propias sino tomadas con Deuda y de Lebac calzadas con seguros de cambio en el Mercado Rofex y en el MAE que se dio – y amenaza repetirse – el negociado conjunto Kirchner-Macri de contratos de dólar futuro que le costaron al Estado Nacional (y, por ende, al Pueblo Argentino) más de 50.000 M$ por diferencias de cambio después de la macro-devaluación Macri de Diciembre de 2015.
26. No es casual que en un país donde un tercio de la población se encuentra bajo la Línea de Pobreza, sea el sector financiero-bancario el que mantenga los más altos niveles de rentabilidad.
Hasta aquí, parte de lo que principalmente pueda decirse a raíz de los recientes dichos de la ex presidenta CFK y la realidad concurrente de su política de deuda y financiamiento que hoy el Partido Macrista de la Deuda está llevando irresponsablemente a niveles financieros inmanejables.
Es parte de las Políticas de Estado que la Plutocracia Financiera que rige hoy la vida de las Naciones impone a los pueblos precisamente en contra de los verdaderos intereses del Estado.



 
Publicado el 26 de mayo 2017.
Notas
[11 En su libro “Después del derrumbe” (editado el 15.4.2003, es decir, apenas pocos días antes de su asunción) el ex presidente Néstor Kirchner anticipaba expresamente que su gobierno no cuestionaría la legitimidad de la Deuda Pública que iba a heredar su administración.
Esta tesitura fue mantenida a rajatabla durante toda la administración K y ratificada incluso por CFK, añadiendo que la posibilidad u oportunidad de haber objetado la cuestión de la Deuda se había perdido por culpa de la administración Alfonsín al no haber planteado el problema inmediatamente después del Gobierno Militar (argumento que era y es parcialmente cierto pero que no inhibe la actitud negativa cómplice de su no investigación).
Esta postura K, efectivamente, no era válida debido a que la Deuda Pública en su conjunto estaba - y sigue estando – en manos de la Justicia (Causas Olmos I –
con sentencia del juez Ballestero de Julio 2000 – Olmos II, Megacanje De la Rúa-Cavallo y denuncia Olmos Gaona-Marcos), por lo que la nulidad de origen de las obligaciones sigue estando potencialmente presente.
El hecho de que ninguna de estas causas legales - relacionadas todas ellas directamente con la ilegitimidad de la Deuda - haya avanzado conforme corresponde a los trámites judiciales pertinentes se debe a una complicidad de hecho entre los gobiernos de turno, el Congreso y la justicia federal de la Argentina para no investigar las irregularidades y delitos manifiestos en el origen y evolución de la deuda del Estado.
Y en este plano la corresponsabilidad por la no investigación y/o revisión de los actos ligados al endeudamiento público es común a la administración Macri como a la administración Kirchner y todos los gobiernos precedentes
[2En Setiembre de 2014 el Congreso Nacional – con mayoría kirchnerista – aprobó esta Ley 26.984, denominada de Pago soberano local que, entre otras disposiciones, creaba por primera vez (si se soslaya la frustrada Comisión Villada de 1984) una Comisión Investigadora del endeudamiento público argentino.
Esta comisión – que estuvo a cargo del diputado oficialista Eric Calcagno (hijo) – no hizo progreso alguno en su misión, no constituyó grupo de trabajo alguno, desatendió las propuestas en tal sentido de la oposición (concretamente, las del diputado Claudio Lozano), dejó que pasara el tiempo de vigencia del cuerpo y caducó de hecho sin que se debatiera siquiera un borrador de Informe final al respecto.
Pese a la manifiesta irresponsabilidad financiera y a las graves irregularidades que conlleva el extraordinario nuevo crecimiento de la Deuda Externa que hoy se está produciendo bajo la administración Macri resulta paradójico – por no decir burlesco – que sea la ex presidenta CFK la que ahora pida revisar y auditar la nueva Deuda del Estado.


Abajo y a la izquierda, tenemos que generalizar la desnaturalización de que el poder real se concreta por simple tamaño de propiedad privada. Debemos deschavar al contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales como los responsables de la dictadura militarizada y de la democracia cada vez más restringida. Es deschavar al poder real como genocida aplicando terrorismo paraestatal y  terrorismo de estado para instaurar su neoliberalismo. Es destapar cómo la democracia le sirvió no sólo legalizando-legitimando su acaparamiento de territorios, su saqueo y sus envenenamientos. Sino también perfeccionando e intensificando la represión, el control corruptor sobre las poblaciones y la manipulación de la opinión pública para modelar consensos imprescindibles al clima de negocios o seguridad del contubernio de los poderes imperialistas con los locales.

Cuando hablamos de represión sistémica debemos tener en cuenta a los neofeudos provinciales que el capitalismo ha extendido a funcionamientos estatales en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano como ejemplifica la desaparición forzada y asesinato de Luciano Arrrugas. Vayamos más allá de las fuerzas de seguridad e inteligencia y reflexionemos sobre uno de los casos que patentizan la ausencia de democracia en Tucumán como en muchas provincias.:

Juan Manzur: el gobernador del jardín

de la tortura

28 de febrero de 2019

En la provincia de Tucumán, una chica de once años, víctima de una violación, solicitó el aborto no punible a las 19 semanas de gestación. Pero el Sistema de Salud de la Provincia de Tucumán (Siprosa) demoró todo para que en vez de interrumpirle el embarazo se le hicieran una cesárea. La obligaron a ser madre. En la tierra que gobierna Juan Manzur ex ministro de salud de Cristina Kirchner, Lucía fue obligada a parir. Responsabilidades políticas en una provincia gobernada por un antiderecho.
Por ANRed
 
“Vinimos junto con el vicegobernador, con legisladores e intendentes de distintos puntos para acompañar esta marcha multitudinaria. Nuestra postura siempre fue la misma. Desde lo personal yo estoy en contra del aborto y siempre lo manifesté. Hoy estoy aquí como un ciudadano más de los 150 o 200 mil tucumanos que participaron de esta marcha fantástica” expresaba el Gobernador Juan Manzur mientras participaba de una marcha bajo el lema “Salvemos las dos vidas” en la capital tucumana el 6 de agosto de 2018, días a previos al debate en Senadores del proyecto IVE.

 

Su carrera política

Juan Manzur estudió medicina en la Universidad Nacional de Tucumán y una vez graduado se mudó a Buenos Aires e hizo  su residencia en Cirugía general en el Hospital Alvarez. Se especializó en medicina laboral y legal.
Inició su carrera política como secretario de salud en el Partido de La Matanza cuyo intendente era el peronista Alberto Balestrini. Luego fue viceministro de salud en la provincia de San Luis gobernada por Rodríguez Saá. En el 2003 asume como ministro de salud de Tucumán cuyo gobernador era José Alperovich.
El 1 de julio de 2009 asumió el cargo de Ministro de Salud de la Nación Argentina, en plena pandemia de gripe A integrando el gabinete de la presidenta Cristina Kirchner.

Detractor del derecho al aborto legal seguro y gratuito

Manzur es un explícito detractor del derecho al aborto legal seguro y gratuito, en una provincia que se caracteriza por violentar mujeres. El caso de la niña Lucía obligada a parir cuando había solicitado un interrupción legal del embarazo, el caso de Belén  presa durante 3 años por ingresar a un hospital con un aborto espontáneo, ambos tienen el mismo denominador:  la impunidad y la violencia institucional son amparadas desde las autoridades.
En marzo de 2018 en la inauguración de las sesiones legislativas en la pronvincia dijo: “vuelvo a reafirmar lo que manifesté en mi discurso inaugural: la defensa de la vida desde la concepción, como establece nuestra Constitución”
En ese entonces, organizaciones feministas alertaron la postura del gobernador y denunciaron su intento de disciplinar a los diputados y diputadas para lograr el rechazo del proyecto ILE en el Congreso de la Nación, como finalmente sucedió.
La provincia tardó 15 años en adherir a la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, que asegura el acceso gratuito a métodos anticonceptivos y la débil implementación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) que se profundiza con la enseñanza religiosa en Escuelas Públicas en Tucumán.
En este contexto institucional, desde la Regional Tucumán de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, exigen la reununcia del gobernador y los funcionarios involucrados en dilatar el acceso a la ILE a la niña Lucía.
“El Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán actuó desde el conservadurismo y, utilizando una visión sesgada e irresponsable, violó los derechos humanos establecidos en pactos, tratados y convenciones internacionales, aceptando además que todo el personal médico y el hospital público donde se llevó adelante la práctica se declarasen objetores de conciencia, por lo que tuvieron que garantizar la interrupción dos médicos que no trabajan en el sistema público de salud tucumano.
En nuestro país el aborto es legal cuando la gestación es producto de una violación o cuando pone en riesgo la salud de niñas, mujeres y personas gestantes. El único requerimiento para acceder a la práctica en este caso era el consentimiento informado.
El gobernador, los ministros y las ministras, las autoridades hospitalarias y las y los profesionales de la salud son responsables de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo. Las y los profesionales podrán ser sancionados penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones.
Niñas, no madres. El embarazo forzado no puede ser una política pública; “no es una niña feliz, no es una madraza”, como nos quiso hacer creer el editorial de La Nación. No es una nena con muñeca. Ha sido víctima de abuso sexual, agredida, estigmatizada por un adulto abusador, machista y misógino y por otro montón de adultos, ministros, fiscales, jueces, autoridades hospitalarias y profesionales de la salud que debían brindarle asistencia integral y garantizar la interrupción del embarazo.
Nosotras/es, las/es activistas que todos los días ponemos el cuerpo para que este mundo sea un lugar amoroso para nuestras niñas, niños y niñes, no vamos a permitir que les roben su infancia. expresaron las militantes mediante un comunicado

El futuro de Mazur

A través de una carta dirigida al PJ nacional, el mandatario hizo público su alejamiento del espacio que lideran Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y Juan Schiaretti al tiempo que reclamó “la unidad” con Cristina Fernández de Kirchner y acusó a quienes insisten en prescindir de ella de “trabajar” para el presidente Mauricio Macri.
“Me doy cuenta del rol central que ocupa Cristina Fernández de Kirchner cuando llama a la conformación de un gran frente opositor. Sin mezquindades, abre sus brazos a todos. Ella entiende la importancia de la unidad de nuestro espacio político” expresó el gobernador.
Manzur, un antiderecho entre las filas que acompañarán a Cristina Kirchner en sus intenciones electoralistas de cara a octubre de 2019.

Más Noticias


Contrastemos el discurso dominante entre los trabajadores de la salud y en la sociedad de la democracia de baja intensidad con el de las organizaciones estigmatizadas, censuradas e invisibilizadas.


Cómo el Estado tucumano 
torturó a una niña violada
1 de marzo de 2019  
(Desde San Miguel de Tucumán) lavaca conversó con los dos médicos que realizaron el procedimiento que las autoridades sanitarias eludieron durante casi un mes. Los detalles son reveladores de una práctica perversa: cuál es el costo que deben soportar los profesionales que cumplen con la ley, y cómo sufren las víctimas.

A las siete de la tarde del martes 26 de febrero sonó el teléfono en el consultorio privado del doctor José Gijena, tocoginecólogo de 47 años, director de la Obra Social de Prensa de Tucumán.
Atendió su secretaria.
Era una amenaza.
-¿Qué le dijeron?
-Que iba a pagar caro lo que estaba por hacer: me iban a esperar en el Hospital Eva Perón. No entendí de qué hablaban.
Cortaron.
Dos horas después volvió a sonar el teléfono.
Esta vez era el viceministro de Salud, Gustavo Vigliocco.
-Me comunicó que, después de reunirse con el gobernador (Juan) Manzur y la jueza, habían decidido llevar adelante el consentimiento de la ILE y me preguntó si podía hacer el procedimiento. Le dije que no había problema, pero que iba a evaluar a la niña y con total libertad decidir, desde lo técnico y lo médico, qué hacer, de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y todas las normas médico legales que existen. Y como ahí entendí que la amenaza se había adelantado por dos horas a los hechos, también solicité que me facilitaran el ingreso al hospital y las condiciones de seguridad necesarias para realizar la práctica.
A los cinco minutos lo llamaron con otra noticia:
-No hay anestesista: se declaró objetor de conciencia.
La tortura como sistema
El doctor Gijena habló con el presidente de la Asociación de Anestesiólogos para solicitar un profesional dispuesto a cumplir con la ILE. “Lo hicimos por esa vía para sentar un precedente y que podamos hacer cualquier intervención sin que nos obliguen a improvisar”.
Al hospital el doctor Gijena llegó acompañado de su esposa, la tocoginecóloga Cecilia Ousset, una de las expositoras en el Senado a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Ella es objetora de conciencia, y durante la discusión se volvió viral una carta que publicó en redes sociales en las que relataba cómo debía atender semanalmente a mujeres pobres por complicaciones de abortos. Ambos entraron al Eva Perón escondidos, por una puerta que habitualmente no se utiliza.
Internada desde hace un mes allí los esperaba la niña de 11 años que llegó con el pedido de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) luego de denunciar que había sido violada por la pareja de su abuela, en el paraje Siete de Abril, al noreste de la provincia, a un 1 km de la frontera con Santiago del Estero. La niña tuvo intentos de suicidio, pero no contó con asistencia psicológica y recién el martes el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) informó que cumpliría con la ley y pondría en marcha las garantías de la ILE, luego de la intervención de la jueza de Familia de 5ta Nominación, Valeria Brand.
-¿Qué vieron cuando la vieron por primera vez?
-Una niña de 11 años sentada en una cama, jugando con unos juguetitos de plástico. Nos ve y se asusta. Le dice a la mamá: “No me dejes”. Era claro que veía a un médico y se aterraba.
-¿Qué evaluaron?
-Que por su contextura física infantil era imposible que pudiéramos hacer una ILE por vía vaginal. Primero, por su anatomía: su cuerpo no iba a permitir la expulsión por vía vaginal de un feto de 23 semanas. Y, por otro, el daño psicológico que le podríamos seguir ocasionando a esa niña: era someterla a una nueva tortura. ¿Por qué? Porque un procedimiento de esas características, por vía medicantosa, puede demorar 72 horas. Es decir, 72 horas más de tortura, con una presión mediática creciente e inmersa en un entorno absolutamente hostil. Entonces propusimos la cesárea.
-Si la ILE se hubiera practicado cuando la niña lo solicitó apenas llegó, ¿el proceso también hubiera sido así?
-No. Hubiera sido por vía vaginal, porque tenés el tiempo para una paciente en condiciones, das anelgesia, explicás. 16 semanas de gestación es otra cosa, el tamaño del feto es distinto.
-¿Por qué se llegó a esto?
-Alargaron el tiempo para que se alargue la gestación. Eso han querido. Y si lo tuvieron que hacer anoche, fue por la presión de los organismos de derechos humanos.
El doctor Gijena le explicó a la niña y a su madre lo que iba a hacer. Aceptaron. También estaban presentes la jefa de servicio y el psiquiatra, que no era especializado en infancias. Ousset: “Le tomé la mano y le dije que no se preocupara, que iba a estar todo bien. Le pregunté si quería escuchar música. Me pidió que pusiera música de la asamblea cristiana”.
Cuando llegaron al quirófano los esperaba otra sorpresa. “En ese preciso momento se declararon objetores de conciencia los enfermeros y los instrumentadores. Quedé solo”.
Los objetores que filman
La doctora Ousset, objetora de conciencia, tomó una decisión: se puso –literalmente- los guantes. “Me vi obligada. No podíamos dar marcha atrás. La tortura iba a ser mucho peor. Prefería después sentirme mal yo que seguir torturando a esa chiquita. Imaginate: tuvimos que hacerle anestesia raquídea para poder sacarle la ropa interior. En ese nivel de espanto estaba ella: se aferraba a su bombacha. No podíamos ni acercarnos”.
El doctor Gijena remarca otro detalle: la niña tenía una presión arterial de 170 a 120. “Sufría una preeclampsia, lo cual es potencialmente muy grave, porque puede quedar con secuelas si se llega a una eclapsia, un proceso patológico que genera convulsiones. Una niña de 11 años embarazada tiene cuatro veces mayor posibilidad de morir que una niña que supera los 15 años. Estábamos hablando de eso. No de otra cosa. Estaba en riesgo la vida de esa niñita. Estoy absolutamente convencido de lo que hice. Y lo vol
Y lo volvería a hacer. La idea no era matar a nadie, sino respetar el Derecho. Y, hasta donde sé, el recién nacido estaba con vida ,pero muy crítico, con prematurez extrema: pesaba menos de medio kilo”.
A las 0:05 comenzó la cirugía. Duró aproximadamente una hora.
Un detalle: “Tuvimos que tapar el quirófano con sábanas porque del otro lado del vidrio vimos que filmaban. Era morboso: todos objetores, ninguno entraba, pero te filmaban. Después uno se pregunta cómo es que hacen los antiderecho para saber antes que nosotros las cosas. Claro, ellos siempre tienen la primicia: están en el gobierno”.
-¿Qué lectura debemos hacer de todo este procedimiento salvaje?
-Todo se desarrolla en un contexto en el que la provincia se declara “Pro Vida” durante el debate en el Congreso. Una provincia que impide la Educación Sexual Integral (ESI), que no adhiere a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Todo bajo un cartel muy lindo desde lo enunciativo, que es: “Salvemos las dos vidas”. ¿Pero de qué dos vidas estamos hablando? ¿Cuántas vas a salvar? Pareciera que detrás de ese cartel hay otro que dijera: “Salvemos las dos vidas… o ninguna”.
-¿Pudieron hablar con la niña luego de la intervención?
-Se recuperó de forma satisfactoria. Tuvo plena lucidez. Nos dijo gracias. Y sonrió por primera vez en todas estas semanas de tortura.

La hipocresía estatal

El doctor Gijena subraya que acudieron a él porque no había nadie más que quisiera hacerlo. Gijena: “Muy frecuente en el ámbito médico diversas ILE se realizan en instituciones privadas, y te puedo asegurar que no hay ningún pañuelo celeste en la puerta reclamando el derecho de ningún feto. Semanalmente me encuentro con 2 ó 3 que ingresan en la Obra Social. Y en nuestro consultorio privado, tenemos 4 ó 5 mujeres que se van a controlar post abortos. Los realizan en otros lugares, y vienen aquí por control. Esto es una epidemia. Es tapar el sol con la mano. No debería haber ninguna posibilidad de que si esta ley se vuelve a discutir, se vote en contra”.
La doctora Ousset resume en una palabra ese diagnóstico. “Es hipocresía: eso es lo que pasa. Si ese cuerpo gestante es pobre, el Estado es dueño de ese cuerpo y puede decidir sobre él. Es muy grave, es muy humillante y es violatorio de todos los derechos humanos. No me entra el dolor. Y es un mensaje claro: ´Te pasa por ser pobre, por no tener ningún tipo de recurso, ni educación ni Internet ni nada. Es la pobreza absoluta. Y que una fiscal especializada en homicidios (Adriana Giannoni) haya actuado de oficio pidiendo un defensor para el feto, es ridículo. Es, literalmente, El cuento de la criada. Si tenés plata, decidís. Si no, no”.

El costo de cumplir la ley

Los teléfonos del matrimonio estallan en pedidos de entrevistas. También las redes sociales.
-¿Cómo les impacta esto?
-Hace un tiempo largo que venimos con esto. Tuvimos que cambiar a nuestros cuatro chicos de colegio. Al que pasaba de 5to año a 6to grado no le permitieron la inscripción para el 2019. Con solo 11 años él tuvo la valentía de cuestionar a la dueña del colegio. Es una institución que en las paredes del comedor tiene imágenes dibujadas, por los propios niños, de mamás tirando bebés a la basura o de mujeres embarazadas apuntándose con cuchillos en la panza con esvásticas nazis. Los hacían rezar diariamente antes del ingreso. A mi otra hija le llamaron la atención varias veces cuando iba con pañuelo verde, mientras a otras compañeras que iban con el pañuelo celeste no le decían nada. Dejó el pañuelo y se compró una pulsera verde. También le llamaron la atención. Prohibieron el verde. Una locura. Hasta trajeron al doctor Abel Albino para que diera una charla, a una semana de haber dicho las barbaridades que dijo en el Senado. Organizaron kermesses para traerlo.
-¿Y cómo se reclama que cumpla la ley en un contexto asi?
-Nosotros venimos poniendo el cuerpo. No hay que dar un paso atrás. Hay que pelear por los derechos. Y, en ese camino, algunos rechazos nos vamos a ganar. Pero esto te muestra la importancia urgente de una ley de IVE: un servicio público regulado y controlado por el Estado, con personas de distintas áreas de la salud que reciban a la mujer que solicite la IVE, que se le explique, que se la contenga con un equipo, y que si ella decide continuar, se lo haga. Pero de manera segura y en igualdad de condiciones sin partir del credo, del origen social, de su situación económica. ¿No se salvarían más vidas así? Mientras tanto, lo que vemos y a lo que estamos asistiendo acá, es a una expulsión de un sistema perverso, que tortura sistemáticamente a niñas violadas.
Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/como-el-estado-tucumano-torturo-a-una-nina-violada/

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Stella Manzano: "No fue un aborto,
fue un parto forzado prematuro"
1 de marzo de 2019

 
La médica que practicó el aborto al que refirió el fallo F.A.L. dialogó con Fernando Tebele en el programa radial La Retaguardia. La profesional fue tajante respecto de la intervención que se le practicó a la niña de 11 años de Tucumán, que según el propio gobierno de la provincia cumplía con los requisitos de la interrupción legal del embarazo (ILE). Para Manzano y todos los sectores que pelean por el aborto legal, fue un parto forzado. Manzano fue dura con los/as médicos que intervinieron.
intervinieron. 

Por La Retaguardia


"Hay una contraofensiva conservadora, pero a la vez un tema muy grande que estamos visibilizando. Se están poniendo al descubierto las inmensas falencias que quedan en servicios de salud de ciertas provincias como Jujuy o Tucumán. Nada casualmente, las más católicas. A una le moviliza todo, porque como ginecóloga soy una de las que cotidianamente hace abortos de segundo trimestre. Este año he garantizado unos seis abortos de segundo trimestre. Muchos, de veintidós o veintitrés semanas. Cada día hacemos muchísimos más abortos menores de doce semanas", explicó la médica. "A veces hago tres o cuatro recetas por día. La verdad es que en todos los abortos de segundo trimestre que hacemos cotidianamente médicas y médicos, jamás operamos.
Jamás hacemos cesárea. Parte de mi inmenso dolor es que veo compañeras engañadas por estos médicos de Tucumán que dijeron que no había otra opción. En Jujuy, dijeron que era por el bien de la niña y porque la niña lo quería. Ella estaba de cinco meses y medio y una cesárea es muy peligrosa porque el útero es muy pequeño, tiene riesgo de infección, de hernias y de alterar la fertilidad futura de la niña. El segmento no está formado, que es la porción del útero donde cortamos. Ahora, la excusa es otra. Vieron que estaban mal parados, porque en Jujuy el jefe de servicio terminó diciendo en una entrevista la verdad: que hicieron la cesárea porque querían salvar la vida del feto", denunció.


Interrupción legal del embarazo según la ley y el fallo F.A.L.

"Con el misoprostol, salen muertos, eso es verdad. Los fetos son todavía tan pequeños que no sobreviven a las contracciones. Pero es lo correcto hacer un aborto con pastillas para priorizar la vida de la niña, porque lo que dice el fallo F.A.L. es que tenemos permitido el aborto si nos violaron o si el embarazo pone en peligro nuestra salud o nuestra vida. Esto no es ninguna novedad, lo decía el Código Penal desde 1921, y ellos vivían engañándonos y haciéndonos creer que eso no era cierto, que el Código Penal no se entendía, miles de mentiras como oíamos en las Cámaras", recordó Manzano sobre el histórico debate parlamentario del año pasado. "Lo que pasa es que en medio país sí estamos garantizando abortos. Lo que no sé es si nosotros, nosotras, quienes los garantizamos, no deberíamos salir más a los medios contando lo buenas que son las pastillas, que nunca tenemos que operar, que las niñas no sufren dolor si les ponemos morfina o derivados morfínicos porque están semidormidas y lo hablamos con ellas y están acompañadas. Estamos ahí con ellas todo el tiempo. En cambio, una cesárea duele todo un mes después. No es gratuita. Es una estrategia tan terrible porque se basa en la mentira, como todo lo de ellos. Hasta su eslogan 'Salvemos las dos vidas' es mentiroso", aseguró.
Sobre salir a hablar a los medios, agregó: "Muchísimas de mis compañeras tienen miedo a exponerse. Otras, que no queremos salir tanto por ahí, es porque queremos mantener el derecho a la privacidad de nuestras pacientes. Otra razón es que los antiderechos son personas tan malas, tan peligrosas, que si contamos cuántos abortos hacemos los usan en nuestra contra. Sería bueno que pensáramos estrategias para que quienes no hacen abortos no nos den clases de cómo hacerlo", planteó. "Quedarnos solos nos expone a violencia también a quienes defendemos derechos de niñas y mujeres. Estoy convencida de que la objeción de conciencia es anticonstitucional. Médicas y médicos somos garantes de la salud de las personas, somos el Estado para las personas y los Estados no pueden tener una conciencia moral, no pueden forzar a una niñita a arriesgar su propia vida para que nazca un bebé más", subrayó.
Además advirtió: "Si es verdad que esta niñita tuvo un pico hipertensivo de 170 a 120 es imperdonable, cuando ellos mismos dicen que pidió el aborto con dieciséis semanas. Ahora ya están mintiendo y dicen que fue con diecinueve o veinte. Realmente dudo lo de la hipertensión porque no la vemos en general a las veintitrés semanas. Para mí esto es una mentira. Lo que pasó ayer es que dos asociaciones hicieron un amicus curiae exigiendo que se le hiciera el aborto a la niña. Para justificar su cesárea es que dicen, por un lado, 'estaba hipertensa, le teníamos que salvar la vida con una cesárea' y por otro 'era una niña violada, nadie puede tocar a una niña violada'", enumeró Manzano y agregó: "He sido perito de abuso sexual muchos años en Tribunales. De hecho cuando hice el aborto del fallo F.A.L. trabajaba en Tribunales por la mañana y a la tarde en un centro de salud. Esto también dicen los machistas: 'Las niñas no se dejan revisar, entonces no puedo saber si el himen está roto, no puedo saber nada'. Y, la verdad, si una habla con las niñas, si las escucha, les cuenta lo que va a hacer, les da a elegir en qué posición quieren ser revisadas, con quién quieren estar, podemos revisarlas muy bien. No actuar es absolutamente dañino".

La nueva falsa ILE

"Estoy dolorida hoy, es un día de tristeza, de enojo, de dolor, porque veo que buscan seguir confundiendo y logran confundir a un gran sector de la población. Hay que escuchar el audio de la médica Cecilia Ousset, que también habló en el Senado. Dijo que es objetora, católica, que no hace abortos porque su religión le impide matar niños por nacer pero cree que el aborto es un derecho. Como trabaja sólo en el sistema privado, lo que sí hacía era informar a sus pacientes y derivarlas. Desde mi humilde opinión, me parece muy peligrosa. Me acuerdo de que en esa época todo el mundo posteaba conmovido su intervención porque hablaba con lágrimas en los ojos", recordó. "A mí me provocó mucho rechazo porque sí creo realmente que el aborto es un derecho y veo que hay una niña de 11 años presa desde hace un mes y no le hago el aborto porque soy católica, creo que se trata de un delito llamado abandono de persona. Es una violación a los derechos humanos de esa niña por omisión de cuidado. Los Estados pueden violar los derechos humanos por acción u omisión y esta médica los viola por omisión", aseguró Manzano. "Hoy, cuando la escuché, en una parte de su audio que me pareció terrible, se justificaba diciendo 'no le podíamos poner las pastillas porque a ninguna niña violada se la puede tocar'. Eso es mentira y, además, si ella no hace abortos, ¿qué sabe? Es el primero que hacía. En un momento dijo que le habían garantizado la interrupción legal del embarazo a la niña: esto no fue una interrupción legal del embarazo, no fue un aborto, fue un parto forzado, prematuro y por cesárea, también forzada", definió Manzano.

"En el caso de la niña de Jujuy, me contó una compañera jujeña que pudo acercarse a la madre que la madre dice que la engañaron todo el tiempo. Le dijeron que si se hacía un aborto su hija podía morir desangrada y que la operaban para salvarle la vida. Estoy segura de que a esta niña y esa mamá le han hecho lo mismo. Esa médica, para mí, no es una aliada. Está confundiendo, está diciendo que cesárea prematura es garantizar derechos. Entonces se volverá una rutina operar a nuestras niñas de 10 u 11 años. Las cesáreas son peligrosas. Encima, usaba el término microcesárea.
 
El mismo que usaban los viejos aborteros clandestinos ¿Qué tiene de microcesárea un tajo de diez centímetros?", interrogó. "Cuando hablamos de microcirugía hoy hablamos de dos centímetros. Eso es atravesar toda la pared del abdomen, piel, grasa, músculos, capa por capa, peritoneo y cortar el útero, previo despegar la vejiga. Todo eso tiene riesgo de infección, hernia, adherencia futura, de dolor crónico, en general las mujeres no toleran más de tres cesáreas ¿Y si esta nenita el día de mañana quería tener ocho hijos porque a ella se le daba la gana? ¿Por qué no los va a poder tener? Si tiene la mala pata de tener una segunda cesárea va a ir siempre a cesárea. Este feto se va a morir. Los de veintitres semanas, si las tiene, no viven", aseguró Manzano. "Todo me duele mucho. Me duele esta médica jugándosela de amiga nuestra. Aristóteles decía que los seres humanos no somos virtuosos de nacimiento, que las virtudes se aprenden. Ética quiere decir eso: práctica. Nadie puede hablar de la justicia si no es justo, yo no puedo hablar del amor si no amo. Yo, parafraseándolo, digo que nadie puede hablar de aborto si no hace abortos. Esta médica objetora dándonos lecciones de abortos es muy grave y que diga que está de nuestro lado también", concluyó.


Cuando nos referimos a la lucha de diversidades de abajo contra el sistema capitalista pensamos, por ejemplo, en:

Posición y Plan de lucha de los Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires ante la resolución 246/18 del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires

 

[UAC] Huerquen | Posición y Plan de Lucha de los Pueblos Fumigados de la Prov de BsAs ante la resolución 246 de Agroindustria BsAs - Documento

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Nuestra preocupación. 
Desde nuestros espacios de lucha territorial mostramos seria preocupación por la ofensiva que el estado provincial está llevando adelante, a través de la espuria e inconstitucional Resolución 246/18 del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires.

¿QUÉ DICE LA RESOLUCIÓN?
Que a partir del 1 de enero de 2019 los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales comprenderán la zona de amortiguamiento. Y respecto de la misma se podrán realizar aplicaciones terrestres con agrotóxicos.
Sólo en el caso de viviendas familiares que se encuentren en un área urbana o zona residencial extraurbana deberá preverse la presencia del profesional interviniente que determine las previsiones a tener en cuenta al inicio y durante la aplicación.
Con respecto a las escuelas rurales, establece que las aplicaciones con agrotóxicos (tanto áreas como terrestres) deberán realizarse fuera del horario escolar.
En la exposición de motivos de la resolución se señala que las distancias de protección no son esenciales para definir las dimensiones particulares del uso de agrotóxicos sino la aplicación de las buenas prácticas agrícolas.
¿POR QUÉ CUESTIONAMOS LA RESOLUCIÓN?
Defiende los intereses económicos del agronegocio sin considerar los riesgos que implican para la salud, el ambiente y la biodiversidad la aplicación de agrotóxicos y semillas modificadas genéticamente;
Distorsiona el concepto de zona de amortiguación – que hasta hoy muchos municipios consideran área de exclusión total de uso de agrotóxicos o bien solo de aquellos con bandas de mayor clasificación toxicológica – al permitir en la misma las aplicaciones terrestres con cualquier clase de agrotóxicos en todos los casos y respecto de las escuelas rurales, inclusive las aplicaciones aéreas.
Es inconstitucional porque viola el principio de progresividad ambiental consagrado en la ley general delAmbiente. Por un lado, retrocede respecto de las ordenanzas logradas a través de la lucha de muchos pueblos fumigados, que han prohibido las aplicaciones aéreas y avanzado en restricciones con un criterio de protección más realista en cuanto a las aplicaciones terrestres, predominando una distancia de resguardo de 1 km de los centros poblados y en algunos casos las escuelas rurales (la cual aún es insuficiente). Por el otro, desconoce el principio de universalidad jurídica, según el cual debe homogeneizarse la legislación vigente adoptando el mejor criterio de protección alcanzado ya sea en otra jurisdicción o en el poder judicial a través de las sentencias.
Viola el bien común, principio basal de nuestra constitución nacional, por el cual el Estado tiene que garantizar que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades materiales e inmateriales, conforme a sus proyectos de vida, pero sin afectar los derechos de terceros.
Ignora la ley nacional de residuos peligrosos 24.051, ya que los residuos de agrotóxicos resultantes de la deriva, que surgen de cada aplicación, deben considerarse efectivamente como peligrosos; así fue reconocido por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, en el caso del Barrio Ituzaingó.
-Desconoce leyes ambientales nacionales y provinciales (25.675 y 11.723) que establecen que las actividades que pueden afectar significativamente el ambiente y la salud deben estar sometidas a un proceso de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución, con participación ciudadana (así lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el Caso Papel Prensa en la localidad de Alberti, Febrero 2016).
Se basa en la mentira, sin sustento científico ni fáctico, de las buenas prácticas agrícolas (BPAs). Hay investigaciones que muestran que la deriva es incontrolable, por lo que la fumigación siempre genera riesgos en la salud, trabajos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba han constatado que la deriva de agrotóxicos puede alcanzar varios kilómetros desde el lugar de la aplicación. Asimismo, otras investigaciones -inclusive financiadas por el Agronegocio- han reconocido que solo entre el 20/25% de lo que se aplica da en el cultivo objetivo a ser fumigado, con lo cual 75/80% es deriva de agrotóxicos que termina impactando en los barrios, casas y escuelas rurales y cursos y espejos de agua que encuentren próximos a los predios rurales fumigados.

4.- ¿POR QUÉ NECESITAN ESTA RESOLUCIÓN?
El Estado implementa y consolida, desde la década de los ’90, el modelo agroalimentario basado en el uso de agrotóxicos y transgénicos. La aprobación del Plan Estratégico Agroalimentario – PEA 2020-, los constantes embates para reformar la ley de semillas, y el fallido intento de aprobar el proyecto de ley del Senador Coll Areco que en el año 2016 autorizaba las aplicaciones con agrotóxicos a 100 metros de las viviendas, son sólo algunos de los hitos que muestran estos arrebatos a favor del agronegocio.
Sólo nuestras luchas han doblegado el brazo del agronegocio y el estado. El Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires lo sabe y busca frenarlas a cualquier costo. La resolución 246/18 busca tirar al tacho las ordenanzas alcanzadas con debates y mucha organización popular. Inclusive se buscan invisibilizar las luchas que han conseguido el fomento de la agroecología en sus territorios, como en Marcos Paz, Ramallo y Arrecifes.
El agronegocio es insostenible desde la perspectiva de la salud humana, el cuidado del ambiente y la preservación de la biodiversidad. Claramente es un modelo incompatible con el paradigma ambiental de nuestra legislación. No puede coexistir con otro tipo de formas productivas, ya que los agrotóxicos y transgénicos producen una contaminación inevitable, impidiendo la producción agroecológica. Por ello, afecta a campesinos, campesinas, agricultores y agricultoras y enferma a quienes queremos consumir alimentos sanos. 
ES NECESARIO PROTEGER LAS ESCUELAS RURALES DE LAS FUMIGACIONES CON AGROTOXICOS
Conforme la legislación vigente la Provincia de Buenos Aires tiene la responsabilidad principal e indelegable de garantizar un hábitat adecuado en los espacios destinados a la enseñanza teniendo en cuenta necesidades y características socioculturales y ambientales de la comunidad.
En la Provincia de Buenos Aires existen 3.244 establecimientos educativos en funcionamiento que deben ser protegidos que no poseen ningún tipo de protección legal en relación a uso de agrotóxicos en sus adyacencias, ya sea por aplicaciones aéreas o terrestres. Por lo que surge claramente que los niños, niñas y adolescente más el personal docente y no docente que a ellas concurren, se encuentran absolutamente desprotegidos en cuanto a las aplicaciones de agrotóxicos.
Esta situación se ve agravada por el hecho de que casi la totalidad de las escuelas rurales, no poseen servicio de red de agua potable. En consecuencia, el agua que consume la comunidad educativa es extraída directamente de las napas subterráneas cuyas tomas se encuentran expuestas a la deriva de los agrotóxicos.
Asimismo, la espuria resolución 246/18 desconoce abiertamente la recomendación 29/14 del Defensor del Pueblo de la Nación de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes y personal y no docente a través de la generación de medidas concretas para el resguardo de la salud.
ES NECESARIO PROTEGER LOS ARROYOS, RÍOS, LAGUNAS, HUMEDALES Y TOMAS DE AGUA DE LAS FUMIGACIONES CON AGROTÓXICOS.
La Constitución Nacional (art. 124) y la provincial (art. 28) establece que la provincia deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables del territorio de la Provincia; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema y promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo; todas acciones que van en contraposición a la resolución 246/18 que valida las fumigaciones con agrotóxicos a metros de arroyos, ríos, lagunas, humedales y tomas de agua para consumo humano o uso agropecuario.
Hay decenas de trabajos de investigación científica tanto a nivel local (muchos de ellos de universidades públicas) como internacional que muestran como los agrotóxicos terminan en los cursos de agua, afectando y contaminado a los componentes biológicos que los habitan.
Denunciamos la omisión legislativa tanto a nivel nacional como nivel provincial en establecer criterios de seguridad ambiental para proteger los arroyos, ríos, lagunas y humedales de los agrotóxicos.
ES NECESARIO RESGUARDAR LAS RESERVAS Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LAS FUMIGACIONES CON AGROTÓXICOS.
El Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Buenos Aires (SANP) está regulado por la ley 10907 y modificatorias. El SANP procura la protección de la biodiversidad de los diferentes ecosistemas de la provincia, a través de la conformación de unidades de conservación funcionales llamadas Reservas Naturales (que pueden ser provinciales o municipales), y las que nos brindan servicios ambientales para la sociedad, como protección de sectores de cuencas hídricas, del suelo, flora y fauna nativa.
La ley 10907 establece un principio vertebral según las áreas de la superficie y/o del subsuelo terrestre y/o cuerpos de agua existentes en la Provincia que por razones de interés general, especialmente de orden científico, económico, estético o educativo deban sustraerse de la libre intervención humana a fin de asegurar la existencia a perpetuidad de uno o más elementos naturales o la naturaleza en su conjunto, se declara de interés público la protección y conservación de las mismas como reservas naturales.
Las fumigaciones con agrotóxicos en las adyacencias de una reserva natural ponen en serio peligro la biodiversidad genética y biológica que compone a la misma.
En la Provincia de Buenos Aires, actualmente hay 52 áreas protegidas. De las áreas protegidas como reservas naturales destacamos la Albufera (Mar Chiquita) – reconocida como reserva mundial de Biosfera por la UNESCO, donde desembocan 5 arroyos y un canal-, la Laguna de los Padres (Gral. Pueyrredón), Arroyo el Durazno (Marcos Paz), Laguna Rocha (Esteban Echeverría), Guardia del Juncal (Cañuelas) y las Reservas Municipales de Pilar y Ramallo, por ser los más expuestas al riesgo de daño irreparable a la biodiversidad al legalizar la Resolución 246/18 las fumigaciones con agrotóxicos en los lotes lindantes.
LA LUCHA JUDICIAL DE LOS PUEBLOS FUMIGADOS
La resolución antes nombrada desconoce las decisiones judiciales que los pueblos fumigados han obtenido en la justicia bonaerense.
De este modo, con perseverancia y convicción se pararon las fumigaciones aéreas sobre un predio rural lindante a la planta urbana; se declaró ilegal una fumigación terrestre a menos de mil metros del centro poblado, tal como lo establecía una ordenanza que no se respetaba; se suspendió el uso de agrotóxicos a menos de mil metros de los pozos de extracción de agua subterránea hasta tanto no se obtenga la debida declaración de impacto ambiental; se ordenó la prohibición de realizar fumigaciones aéreas y terrestres a menos de 2 km y 1 km respectivamente, de una escuela rural; se suspendió la vigencia de una ordenanza municipal que dejaba sin efecto la anterior que establecía una protección de mil metros para las aplicaciones terrestres; se declaró ilegal una fumigación que había sido realizada a menos de 500 metros, tal como se preveía en una ordenanza local; se suspendieron las actividades en un aprovechamiento forestal que usaba millones de litros de agrotóxicos por no poseer la declaración de impacto ambiental y finalmente se prohibió una fumigación terrestre a menos de mil metros de un barrio por representar un riesgo de daño grave a la salud de las personas.
En todos los casos judiciales, se han rebatido los argumentos del agronegocio, que se sustentan siempre en el manual de buenas prácticas agrícolas, el malogrado informe del CONICET sobre el Glifosato del año 2009 y las pautas sobre aplicaciones con agrotóxicos creadas por el Ministerio de Agricultura de la Nación en el año 2013. 
Ante el estupor que genera la resolución 246/18 exhortamos:
Al Estado Nacional a que proceda a avanzar en medidas que eliminen el uso de agrotóxicos en la producción de alimentos, y a la par, promocionar una agricultura que se sustente en los principios de la agroecología y la soberanía alimentaria.
Al Poder Legislativo Provincial a que asuma y cumpla con su competencia de legislar sobre la problemática del uso de agrotóxicos atento a los reclamos y denuncias de las asambleas, organizaciones y colectivos que componen los Pueblos Fumigados.
A los Concejos Deliberantes municipales que deben defender el bien común de la sociedad que implica proteger los bienes comunes y garantizar los derechos a la salud y el hábitat adecuado de la población.
Al Ministerio Publico de la Provincia de Buenos Aires se comprometa y asuma un rol activo en la fase penal (algo pendiente en la provincia de Buenos Aires) tomando los antecedentes antes nombrados y representando a los damnificados por este modelo.
Al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (a través de presentaciones judiciales concretas):
  1. Pedido de nulidad e inconstitucionalidad de la resolución 246/18 ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) y en las causas judiciales ya abiertas y en curso por algunas localidades (General Pueyrredón, Bragado, Alberti y Coronel Suárez).
  2. Protección de las escuelas rurales de las fumigaciones terrestres, fijándose una distancia mínima de 1000 metros libres de agrotóxicos.
  3. Prohibición de las fumigaciones aéreas en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires.
  4. Plan de vigilancia de genotoxicidad (daño genético) sobre los niños, niñas y adolescentes y personal docente y no docente que concurren a las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires.
  5. Asegurar la provisión de agua potable libre de agrotóxicos y conforme los parámetros del código alimentario argentino a toda la población en sus domicilios y en los establecimiento educativos y centros de salud.
  6. Protección de todos los ríos, arroyos, lagunas, humedales, reservas naturales y tomas de agua para consumo humano, fijándose una distancia de 1000 metros libres de agrotóxicos respecto a las aplicaciones terrestres.
Por último:
-INSTAMOS A LA POBLACIÓN A DENUNCIAR LOS CASOS DE FUMIGACIONES, TANTO PARTICULARES COMO EN ESCUELAS Y DIFUNDIR EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA FUMIGACIÓN CON AGROTÓXICOS.
-EXHORTAMOS A LOS SINDICATOS DOCENTES Y DE AUXILIARES A TRABAJAR POR LAS CONDICIONES LABORALES EN LAS ESCUELAS INCORPORANDO ESTA PROBLEMÁTICA EN LOS ÁMBITOS DE TRABAJO, ASÍ COMO TAMBIÉN EN LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS.
-LLAMAMOS A PROMOVER LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y A CONSUMIR ALIMENTOS SANOS, SUSTENTABLES Y NUTRITIVOS.
-INVITAMOS A LAS ASAMBLEAS, ORGANIZACIONES SOCIALES, GREMIALES Y DE DERECHOS HUMANOS, Y A TODOS Y TODAS QUIENES ESTEN INTERESADOS/AS A PARTICIPAR EN EL 1OMO ENCUENTRO DE PUEBLOS FUMIGADOS Y 3RO DE AGROECOLOGÍA EN LA LOCALIDAD DE BOLIVAR, EL 16 Y 17 DE MARZO DE 2019. ASIMISMO, LES INVITAMOS A FORMAR PARTE DEL ENCUENTRO SOCIOAMBIENTAL BUENOS AIRES (ESABA).
Asambleas y Colectivos de los Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires firmantes:
·  Foro Ambiental de Los Toldos
·  Ecos de Saladillo
·  Chacabuco Respira Agroecologia
·  SUTEBA Marcos Paz
·  Unidos por la Vida y el Ambiente Ramallo
·  Asamblea por la Vida, la Salud y el Ambiente de Pergamino
·  Red Federal de Docentes por la Vida (San Antonio de Areco-Giles-Trenque Lauquen-Necochea-Ayacucho)
·  Río Bravo de Lujan
·  Asamblea Paren de Fumigar Chascomus
·  Las Floras Libertarias de Marcos Paz
·  Ambiente Saludable de San Andrés de Giles
·  Ayacucho Conciencia Ambiental
·  Multisectorial contra el Agronegocio (Marcos Paz-Exaltación de la Cruz-Lujan-General Rodriguez)
·  Ecos de Chivilcoy
·  Ambiente Saludable de Mercedes
·  Conciencia Agroecológica 9 de Julio
·  Paren de Fumigarnos Necochea-Quequen
·  Foro por la Salud y el Ambiente de Vicente López
·  Colectivo Orilleros de Open Door
·  Paren de Fumigar Mar del Plata
·  Asamblea Vecinos Autoconvocados contra la CEAMSE de González Catan
·  Organización de Ambientalistas Autoconvocados de Pilar
·  Mas Vida Mas Salud de Alberti
·  Centro Cultural Colgados de la Rama de Chivilcoy
·  Colectivo Tierra Viva de Bolívar
·  Asamblea de Autoconvocados de 30 de Agosto (Trenque Lauquen)
·  Ecovilla Gaia de Navarro
·  Unidos por el Río de Vicente López
·  Grupo de Trabajo Consensores
·  Colectivo Arrecifes Necesita Saber
·  Vecinos Autoconvocados de Tres Arroyos
·  Asamblea Paremos el Desierto Verde Mar Chiquita
·  Cooperativa de Producción Agroecológica de Guernica
·  Asamblea Mercedina por la Agroecología
·  Feria Campesina de Luján
·  Movimiento de Vecinos Autoconvocados por un Ambiente Saludable (Mo.Ve. A)de Pehuajó
·  Vecinxs Autoconvocadxs de Benito Juarez
·  Vecinxs Autoconvocadxs por el control de agrotóxicos de Trenque Lauquen
·  Movimiento Agroecológico de La Plata
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Cuando nos posicionamos junto a la lucha de diversidades de abajo contra los extractivismos es porque su erradicación significa atender al:

Maldesarrollo La Argentina del
extractivismo y el despojo*
 
Maristella Svampa y Enrique Viale
Prefacio
Vivimos en una sociedad en la que los riesgos y las incertidumbres causados por la dinámica industrial y la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado producen daños sistemáticos e irreversibles en el ecosistema, que afectan y amenazan las funciones vitales de la naturaleza y la reproducción de la vida.
La conciencia cada vez mayor de los riesgos y la incertidumbre explica por qué aquellos debates y decisiones que antes estaban reservados exclusivamente a los técnicos y las burocracias especializadas, hoy adquieren un sentido social y político más amplio. Estos se convierten en debates y decisiones colectivas, que involucran no solo a especialistas, sino también a la población en general y, sobre todo, a las comunidades afectadas, que buscan abrir el espacio de participación ciudadana y hacer sentir su voz acerca de los impactos de técnicas y modelos de desarrollo. En esta línea se insertan los debates sobre las consecuencias económicas, ambientales, sociosanitarias, culturales y políticas ligadas a la implementación masiva de los gigantescos emprendimientos de carácter extractivo, los grandes planes de infraestructura y los nuevos sistemas agrarios tendientes al monocultivo, que, entre otros megaproyectos, avanzan en nuestro país.
Lejos de ser naturalizados, aceptados acríticamente o sin discusión por parte de la población, estos megaproyectos comienzan a convertirse en motivos de problematización y de intensos debates sociales. Así ha sucedido con la megaminería en nuestro país, alrededor de la cual, desde 2003, se han venido desarrollando fuertes resistencias y cuestionamientos.
La misma respuesta comienza a avizorarse con respecto al modelo sojero, visto sus impactos sociosanitarios, el desplazamiento y la criminalización de poblaciones campesinas e indígenas, el avance del desmonte y la utilización masiva de agrotóxicos.
También ocurre con el modelo urbano, marcado por la especulación inmobiliaria, la emergencia habitacional, la multiplicación de construcciones “premium” y los megaemprendimientos residenciales y turísticos. Por último, la extracción de los hidrocarburos no convencionales, a través de la metodología de la fracturación hidráulica o fracking se inserta asimismo en este registro controversial, debido a los daños ambientales y sociosanitarios que involucra.
Estos modelos presentan en común una matriz extractiva que es necesario analizar en detalle, a la vez que alimentan una dinámica de despojo o desposesión de bienes naturales, de territorios y, por ende, de derechos individuales y colectivos. Todo ello nos impulsa a pensar que la Argentina que hoy tenemos está lejos de ser el producto de una “década ganada”, aunque tampoco se trata de una “década perdida”. Más sencillamente, lo que hay frente a nosotros es un país hipotecado social, económica y ambientalmente por modelos de desarrollo insustentables o, como hemos decidido llamarlo aquí, por modelos de maldesarrollo.
Este libro propone explorar, analizar y desarmar los diferentes modelos de maldesarrollo que hoy se expanden en nuestro país, así como dar cuenta de las formas de resistencia colectiva que los mismos han venido generando. Nuestro enfoque no pretende reducirse a la denuncia, ni al análisis empírico, ni a la sucesión de estudios de casos, sino que busca ser un aporte a la comprensión global de los modelos de maldesarrollo y sus dinámicas –sociales, políticas y económicas–. Para ello nos valemos de conceptos críticos y conceptos-horizontes que abren la posibilidad de pensar otro tipo de sociedad.
Si bien este libro no aspira a tener un carácter exhaustivo, son numerosos los caminos que emprenderemos para dar cuenta de la Argentina del extractivismo y el despojo. Así, en el capítulo 1 planteamos un recorrido por algunos de los temas y conceptos fundamentales desde los cuales proponemos leer las problemáticas territoriales y socioambientales que caracterizan a la Argentina contemporánea. Se trata de conceptos generales que, más allá de las especificidades nacionales y los diferentes contextos, pueden aplicarse al análisis del actual escenario latinoamericano: Consenso de los commodities, extractivismo, maldesarrollo, justicia ambiental, territorios y lenguajes de valoración.
En el capítulo 2 abordaremos el surgimiento de la cuestión ambiental en nuestro país. Para ello, en una primera parte daremos cuenta de cuáles han sido los avatares modernos del Derecho y su visión acerca de la naturaleza, para adentrarnos luego en los principales conflictos de los últimos doce años (2002-2014) que han contribuido a pensar y visibilizar la cuestión ambiental en nuestro país. El capítulo 3 toma el espinoso tema de los pasivos ambientales y las zonas de sacrificio, pues el maldesarrollo se advierte también si miramos hacia atrás.
Constatamos, entonces, que la Argentina arrastra pasivos ambientales de talla y una manifiesta situación de injusticia ambiental que afecta a las poblaciones con menor poder económico y político. Nos referimos a procesos de contaminación industrial que comprometen la salud y el ambiente de millones de argentinos, como sucede en las cuencas del Riachuelo y el Reconquista. Asimismo, la minería tradicional (como en el caso emblemático de la provincia de Jujuy, con los yacimientos de Abra Pampa y Pan de Azúcar) y los enclaves petroleros (como el de Loma de la Lata, en Neuquén, y la zona de Comodoro Rivadavia, en Chubut, por mencionar solo algunos casos testigo) ilustran situaciones extremas de maldesarrollo e injusticia ambiental que van configurando zonas de sacrificio.
En el capítulo 4 nos abocamos a analizar el proceso de la expansión de la soja, que ha reconfigurado por completo el sector agrario argentino. Este modelo multiactoral, que tiene un carácter complejo, trajo prosperidad a determinados actores sociales (grandes y medianos) y conllevó la exclusión de una profusa capa de pequeños y medianos productores que no lograron o no pudieron adaptarse a los nuevos tiempos. Trajo también una mayor concentración económica y, de modo acelerado, la tendencia al monocultivo de la soja y la expansión de las fronteras de explotación. Con los años, ello se ha venido traduciendo en un mayor acaparamiento de tierras, el avance del desmonte y la consolidación de una lógica criminalizadora que se expresa cada vez más a través de desalojos rurales y asesinatos de campesinos e indígenas.
Pero si en la frontera el modelo se expresa de modo más salvaje y brutal, en su corazón ya puede palparse el impacto socio-sanitario. Así, proponemos también reconstruir los hilos cada vez más visibles de esa trama que ha convertido a la Argentina en un enorme experimento masivo, vinculado a la utilización del glifosato y otros agroquímicos.
Seguimos con el capítulo 5, consagrado a la megaminería, en el que nos proponemos explorar el modelo minero, dedicándonos muy especialmente a dar cuenta del proceso de conflictividad desatado en 2003, en Esquel y que alcanzó uno sus momentos más álgidos en 2012, cuando se produjo la pueblada de Famatina. Es interesante observar que, más allá de la vertiginosa expansión de la megaminería, en la actualidad existen siete provincias en nuestro país que prohíben la actividad minera con algún tipo de sustancia química. Asimismo, por diferentes razones, dos de los grandes emprendimientos mineros emblemáticos de este período, como son el de Potasio Río Colorado (primero en manos de Río Tinto y luego, de Vale) y el binacional de Pascua Lama (de Barrick Gold), han sido suspendidos. Por otro lado, nos interesa indagar la realidad de las provincias mineras muy especialmente para sopesar la falsedad de ciertos mitos impulsados por los defensores del modelo minero acerca de los beneficios que brindaría el sector como generador de empleo, como “motor de desarrollo”, como contribuyente al Estado, entre otros.
En el capítulo 6 abordaremos las formas del urbanismo neoliberal, cuya lógica se acopla perfectamente a las formas del extractivismo vigente: nos referimos así a tres tipos de fenómenos:

·        En primer lugar, al modelo de ciudad que hoy se impone en nuestro país, expresado en el vertiginoso proceso de especulación inmobiliaria que mercantilizó hasta el paroxismo las condiciones de acceso a la vivienda, cuestionando además la tradición de los espacios públicos. Así, lejos de salir del modelo de ciudad neoliberal, en los últimos diez años los diferentes gobiernos, sobre todo en la escala local, profundizaron la acción del mercado de la mano de los grandes agentes económicos –algo ilustrado por las reformas de los distintos códigos de Ordenamiento Urbano y por los negociados inmobiliarios–, lo cual choca a todas luces con un modelo de ciudad socialmente inclusiva y ambientalmente sustentable.

·        En segundo lugar, nos referimos a la expansión de los megamprendimientos residenciales –al estilo de los countries–, comerciales y turísticos, que se reactivaron de la mano de desarrolladores y grandes grupos inmobiliarios a partir de 2004. Un ejemplo de ello son las urbanizaciones cerradas acuáticas, que construyen su oferta en torno a paisajes asociados al agua y que hoy amenazan ecosistemas estratégicos y frágiles, como los humedales y las cuencas de los ríos, imprescindibles para la sustentabilidad de los aglomerados metropolitanos.

·        Por último, abordamos también el creciente fenómeno de privatización de los espacios públicos y cercamiento de bienes comunes (costas de lagos y ríos, entre otros) que, de modo emblemático, se registra en la región patagónica.
El capítulo 7 trata el tema de la explotación de los hidrocarburos no convencionales con la metodología de la fractura hidráulica, técnica que consiste en el bombeo de fluido (grandes cantidades de agua y sustancias químicas) y arena, a elevada presión, a fin de producir microfracturas en la roca madre que almacena los hidrocarburos. Los riesgos ambientales de este método de explotación son numerosos y de corto plazo: contaminación de aguas subterráneas y superficiales, lubricación de fallas geológicas que origina movimientos sísmicos, utilización intensiva del territorio, entre otros.
Durante los años 2012 y 2013 seguimos con detenimiento la problemática en aquellos territorios en los que avanza la explotación de los hidrocarburos no convencionales, particularmente en las provincias de Neuquén y Río Negro. En este tema nos interesa ir más allá de las narrativas “eldoradistas” que recorren el discurso del poder (político y económico), para indagar en los puntos ciegos de los aspectos técnicos y ambientales, pero también en los entramados económicos y políticos.
Por último, en las conclusiones, sin abandonar los conceptos críticos que jalonaron nuestro análisis, proponemos una reflexión más general con la ayuda de conceptos-horizontes, por medio de los cuales creemos que resulta posible pensar otro vínculo con el ambiente, otra racionalidad, otro modelo de sociedad. Conceptos como los de bienes comunes, derechos de la naturaleza, ética del cuidado, estarán en el centro de nuestra reflexión, que se nutre tanto de la tradición del pensamiento crítico latinoamericano como del lenguaje de las luchas y resistencias colectivas. Asimismo, también traeremos al debate la necesidad de pensar una agenda de transición y de alternativas al extractivismo, una discusión cada vez más necesaria en la Argentina de hoy.
*Primera edición, 2014 © Katz Editores Benjamín Matienzo 1831, 10º D 1426-Buenos Aires c/Sitio de Zaragoza, 6, 1ª planta 28931 Móstoles-Madrid www.katzeditores.com © Maristella Svampa y Enrique Viale, 2014


 Cuando proponemos esforzarnos, abajo y a la izquierda, por sustituir la agenda pública con el planteo de "ir más allá de las narrativas “eldoradistas” que recorren el discurso del poder (político y económico), para indagar en los puntos ciegos de los aspectos técnicos y ambientales, pero también en los entramados económicos y políticos".

Vecinos podrían bloquear Vaca Muerta:

sufrieron 20 sismos en 24 horas

24 de enero de 2019
“Se nos están partiendo las paredes de las viviendas, y las más precarias se están por caer”, manifestaron los vecinos, quienes amenazan con realizar un bloqueo para los vehículos de la actividad petrolera.

NEUQUÉN (ADNSUR) – Vecinos del paraje Sauzal Bonito, ubicado a dos kilómetros del área Fortín de Piedra de Vaca Muerta, en la cuenca neuquina, se vieron afectados desde ayer miércoles y hasta la madrugada de este jueves por más de 20 sismos de distinta intensidad que provocaron daños en las viviendas y anticiparon que si las autoridades provinciales no atienden la problemática de la zona, podrían realizar un bloqueo para los vehículos que ingresan al área de operaciones.
En diálogo con Télam, un vecino del poblado rural, Carlos Pérez, explicó que “esto empezó hace unos meses, antes no había sismos, creemos que el causal son los trabajos no convencionales de las petroleras, la fractura hidráulica”.
“Sentimos más de 20 movimientos durante el miércoles, y este jueves a la mañana volvió a temblar”, relató Pérez y agregó que “se está enfermando la gente, los chicos tienen mucho miedo”.
Fuente: 
 De modo que se agravan y en corto plazo las consecuencias de la explotación hidrocarburífera. Volvamos al libro Maldesarrollo...de Maristella Svampa y Enrique Viale que analiza la situación de Comodoro Rivadavia donde a 70 Km. está el yacimiento de hidrocarburos convencionales más grande de Argentina y Néstor Kirchner prorrogó la concesión a la Pan American Energy por  40 años.
 
• Como otras localidades petroleras, en los años noventa el proceso de privatización de YPF afectó mucho a la región, en la medida en que implicó el desmantelamiento de una economía regional, amparada por un sistema de relaciones laborales (público y privado) que aseguraba la producción y la reproducción de la vida social; se produjo, entonces, el pasaje hacia una economía de enclave, controlada por las corporaciones transnacionales, con fuertes efectos de fragmentación social. En sintonía con lo ocurrido a nivel nacional, las medidas desreguladoras y liberalizadoras provocaron profundos cambios en la estructura económica de la región, en términos de desindustrialización y aumento de las actividades terciarias, sobre todo en el comercio y el sector servicios, que en Comodoro Rivadavia pasaron de absorber en 1982 el 48,7% de la población económicamente activa al 58% en 1992 (F. Torres, 2012).

• Comodoro Rivadavia se halla a 70 km de Cerro Dragón, que es el yacimiento de petróleo más importante del país, donde hay un conglomerado (cluster) de empresas (BP, PAE, la empresa estatal China CNOOC, entre otras). Allí se produce el 20% del petróleo del país. La superficie explotada es equivalente a 17 veces la ciudad de Buenos Aires. Este mismo yacimiento, que en 1958 había sido otorgado por Arturo Frondizi a la American Oil Company (Amoco), fue reconcesionado en el 2007 por el gobernador chubutense Mario Das Neves hasta el 2047, a cambio de muy poco –o casi nada– para el estado provincial (M. García, 2011). Hoy el cluster concentra unos 20 000 trabajadores. la expansión de la actividad extractiva genera un desorden social enorme así como un crecimiento demográfico descontrolado.

• Comodoro Rivadavia se convirtió en la ciudad argentina con la tasa de sobreocupación más alta del país. El 51,9% del total de los económicamente activos en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly trabajan más de 45 horas semanales, según el informe del tercer trimestre de 2013 de la Encuesta Permanente de Hogares (El Patagónico, 29 de diciembre de 2013).

• Comodoro Rivadavia es una de las localidades del país donde el costo de vida es más elevado, lo que resulta de que muchos toman como referencia  | maldesarrollo para el incremento de los precios los salarios “del petróleo”. Esta referencia, por supuesto, no tiene en cuenta las enormes diferencias salariales que separan los salarios pagados en la actividad extractiva y sus actividades “satélites” del resto del mundo del trabajo: en marzo de 2010, mientras el sueldo básico de un empleado de una empresa de petróleo llegaba aproximadamente a los $ 8000, el salario básico de un maestro de la ciudad –por tomar un ejemplo– rondaba los $ 2000 (F. Torres, 2012). En 2013, un docente con doce años de antigüedad ganaba entre $ 4753 y $ 5229, mientras que los petroleros estaban pidiendo por un salario mínimo de $17 500. Más cercanamente, en abril de 2014, según consignaba el diario Río Negro, un operario inicial petrolero puede cobrar hasta $25 000, con zona y desarraigo, mientras que un docente inicial cobra $4700 de bolsillo (Río Negro, 28 de abril de 2014).

• Además de las profundas diferencias salariales, el boom petrolero y la crisis habitacional son dos coyunturas que van asociadas. Tal es así que, según un artículo de la revista Crisis de mayo de 2011, “los alquileres llegan a precios desmesurados –no bajan de los 1500 pesos para un monoambiente o de 2500 por una casita de 2 ambientes–; el precio del metro cuadrado de construcción en Comodoro vale lo mismo que en Puerto Madero. La proliferación de camionetas 4 x 4 y de altos alquileres, contrasta con la extensión de barrios precarios y asentamientos: en el sur, el Abásolo, el Moure, el Stella Maris; en el norte, el kilómetro 3, 5 y el 8” (M. García, 2011).

• Comodoro Rivadavia es una de las ciudades argentinas con el índice más alto de criminalidad: 28 homicidios ocurridos entre enero y agosto de 2012. Ese mismo año, el diario La Nación sindicaba que Comodoro era “la capital del crimen”, con una tasa de homicidios de 14,5 asesinatos cada 100 000 habitantes, casi tres veces superior al promedio nacional (la última de 2011 fue de 5,5) (Carabajal, 2012). Por ello, tras varios casos de violaciones y dos casos de intento de violación, ese mismo año la directora asociada para el área externa del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Alicia Sampaolesi, propuso repartir silbatos a las mujeres para alertar sobre situaciones de riesgo. “La intención es repartir silbatos en forma gratuita a mujeres en la zona centro de la ciudad” (El Patagónico, 22 de mayo de 2012).25

• Comodoro es una de las capitales nacionales de la trata y la prostitución. Ciertamente, otra de las consecuencias es la acentuación de los pasivos ambientales, maldesarrollo y zonas de sacrificio | tipos de la división sexual del trabajo, o lo que podríamos denominar una reactualización del patriarcado en contextos de enclave.

Pues en este universo masculinizado y de fuertes asimetrías salariales, cobra centralidad la figura del hombre proveedor y la valoración de una cultura del esfuerzo basada en el trabajo físico. Mayor violencia entre jóvenes, violencia contra la mujer, homofobia, machismo, aparecen así asociados. En un marco agravado por las características de enclave y por el trabajo físico, ello afecta de manera muy negativa sobre los roles que se asigna a la mujer: por un lado, en un contexto de marcadas asimetrías salariales, se fortalece el rol tradicional de la mujer (hombre-trabajador-proveedor; mujer-ama de casa-cuidadora), a fin de garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo.

Por otro lado, se potencia el proceso de explotación sexual de las mujeres y se cristaliza su rol como objeto sexual. En un extenso e interesante reportaje publicado en Observatorio Petrolero Sur, Mercedes Assorati, coordinadora general del Programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro, afirmaba: El sur del país es un enorme prostíbulo. Esto tiene una raíz histórica, tiene que ver con el desarrollo de la industria petrolera y con la presencia de hombres solos que estaban largos períodos de tiempo en lugares donde no había mujeres. Ahora esto cambió un poco pero es como una impronta cultural. De manera que la existencia de prostíbulos en el sur es centenaria y está directamente vinculada a la industria petrolera (Observatorio Petrolero Sur, 2010).

Vale la pena recordar las declaraciones realizadas en septiembre de 2013 por el presidente del bloque kirchnerista de diputados en Santa Cruz, Rubén Contreras, quien, ante la iniciativa de sancionar una ordenanza para cerrar cabarets en la localidad de Caleta Olivia, advirtió que sin prostíbulos “puede llegar a haber otras cosas, como violaciones u otras cosas” y afirmó estar “de acuerdo con que los locales estén abiertos” (La Nación, 5 de septiembre de 2013).26

En el reportaje mencionado más arriba, publicado el 21 de abril de 2010, Assorati, afirmaba respecto de los prostíbulos: “Tenemos en Chubut mucho reclutamiento a partir de la droga, vuelven drogadictas a niñas de 12 y 13 años y después las insertan al sistema prostibulario. Esas chicas duran nada, mueren de sobredosis, mueren muy jóvenes, con lo cual se necesita un recambio más rápido” (ibid.). Asimismo añadía que: A partir de una investigación de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas de la Procuración General de la Nación (Ufase), encabezada por el fiscal Marcelo Colombo, pudo reconstruirse un circuito de trata que va desde Santa Rosa, capital de La Pampa, a la ciudad de 25 de Mayo, en el extremo sudoeste de esa provincia; de allí se extiende a la localidad vecina Catriel (Río Negro) y a las neuquinas Añelo, Cutral Co, Plaza Huincul y Rincón de los Sauces. Todas ciudades petroleras. Según el informe elaborado por OIM en 2006, existen conexiones entre las whiskerías de Comodoro Rivadavia y las de Caleta Olivia, que en algunos casos son regenteadas por una misma persona. En el documento se menciona el caso de un grupo de jóvenes que en 2004 logró escapar de un prostíbulo comodorense y denunció que las mujeres que allí eran explotadas habían sido traídas tanto de Salta y Jujuy como del exterior.

En tanto una investigación más amplia logró establecer que las mujeres procedían de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Entre Ríos y Río Negro. También se probó que en algunas oportunidades los propios regentes de prostíbulos viajaban al NOA para realizar la “captación” y tenían bases de apoyo en Tucumán y Capital Federal. El documento también señala los vínculos de los proxenetas con funcionarios públicos, empleados de empresas de transporte y telefonía móvil y empresarios hoteleros (Assorati en la entrevista citada de Observatorio Petrolero Sur, 2010). Tras un operativo en Comodoro Rivadavia que incluyó el allanamiento de siete departamentos VIP, el ministro de Gobierno de Chubut, Miguel Castro, dijo al diario El Chubut que “este fenómeno se está registrando ‘en toda la provincia’” y que “hay que establecer alguna regulación desde el Municipio”. En razón de ello, según publicó el diario Infobae en abril de 2012, el Concejo Deliberante comenzó a debatir una ordenanza para reglamentar la prostitución para el turismo, proyecto avalado por el intendente local, Néstor Di Pierro. Se trataba de crear una zona roja en un sector destinado al asentamiento de burdeles, tal como existe en Holanda (sic), para que el Estado “pueda fiscalizar y controlar” la actividad. “No solo es (para) regular y cuidar sanitariamente, sino que hay muchos países que generan estos espacios que desarrollan también los aspectos turísticos, como Holanda”, indicó la directora de Salud municipal, Judith Jozami, quien también afirmó que además se pretende “fortalecer los aspectos sanitarios” vinculados con las mujeres que ofrecen servicios sexuales. Pero lo que resulta más increí- ble es la propuesta de generar un atractivo “turístico” en base a la prostitución (Infobae, 8 de abril de 2012).27

• Las condiciones de trabajo, la desigualdad, el ocio, los consumos, las adicciones son otras cuestiones que han generado numerosos conflictos sociales entre la población de Comodoro Rivadavia. Cabe destacar la desigualdad existente entre los trabajadores del petróleo (los llamados “dragones”, que son empleados como soldadores, operadores de hidrogrúa, etc.) y quienes responden a una larga lista de empresas contratistas y, aunque muchas veces hacen la misma tarea que los petroleros, cobran un 30% o un 40% menos de salario (Diego Genoud, 2012).

Por otro lado, como sugiere Sebastián Barros, profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia (UNPAT) e investigador del Conicet, desintegración social y organización de tiempo de trabajo aparecen entrelazadas. Barros cuestiona no solo el sobretrabajo –el hecho de tener que trabajar más de 16 horas–, sino la falta de injerencia del Estado que no legisla sobre la problemática. De aquí se desprenden diferentes conflictos, muchos de los cuales se traducen en la vida cotidiana y por los que el trabajador petrolero termina, de alguna manera, siendo discriminado. “También necesita pensarse en el tiempo de ocio ¿Qué hace esos tres días en los que el trabajador regresa a su hogar? ¿Qué otras opciones tiene el trabajador que no sea ese consumo suntuario que generalmente las clases medias le critican?” (Barros, 2012).

Otra cuestión es la exacerbación de problemáticas sociales como la adicción. En conversación con uno de los autores de este libro, Barros habló acerca de la relación entre adicciones y trabajadores del petróleo, en Comodoro Rivadavia, según el cual una de las operadoras petroleras de la zona tendría 70 trabajadores internados por adicción (hacia mediados de 2012). Un dato escalofriante que obliga a preguntarse sobre las condiciones de trabajo en el área petrolera y la política que sobre el tema de las adicciones tienen las empresas petroleras. Al respecto, el subgerente de Salud Ocupacional y Programas Nacionales de Prevención, Germán Canteros, sostuvo que “las adicciones y el trabajo tienen un gran índice, es difícil comprobar si tienen que ver con las situaciones laborales o si tienen que ver con la vida particular de las personas”, dijo. No obstante, consideró que el tipo de trabajo podría tener alguna injerencia porque “se debe tener en cuenta que son personas que sufren un desarraigo y están en lugares inhóspitos. Pero a eso hay que estudiarlo, no hay ninguna estadística que lo demuestre”.28

En un interesante artículo referido a localidades petroleras de las provincias de Neuquén y Río Negro, los periodistas Alicia Miller, Rubén Larrondo y Damián Coppone (Río Negro, 9 de noviembre de 2009) sostenían: La industria petrolera ha cambiado el paisaje humano de varias áreas del país. Ha hecho nacer ciudades en desiertos, y las pobló de personas con sueldos altos. Pueblos con más hombres que mujeres. Lugares de tránsito. Tienen en común la profusión de casinos, bares y cabaret y la escasez de propuestas artísticas, académicas o deportivas. Esto determina, en cierto modo, los modos de vivir. Y evidencia que el bienestar económico no es garantía de una buena salud psíquica, familiar y social. Es una constante la prevalencia de consumo abusivo de alcohol y cocaína en personas que trabajan en empresas petroleras, y también la ludopatía. […] Es habitual que un petrolero justifique el consumo en motivos como la “exigencia del trabajo”, los horarios nocturnos, la lejanía de la familia o las semanas en los pozos. Por la dificultad de obtener datos, no se hace una estadística de personas adictas a la cocaína en la industria del petróleo, pero extraoficialmente se admite que el porcentaje es alto. El abuso de alcohol es más visible, aunque no menos grave.29
• La situación ambiental es igualmente preocupante en Comodoro Rivadavia: El Patagónico publicó que (…)
En suma, Comodoro Rivadavia se ha convertido en un emblema del mal desarrollo, una ciudad que combina los índices de sobreocupación, con altísimas tasas de criminalidad y exacerbación de graves problemáticas sociales, como la trata, la prostitución, las adicciones, entre otros. Frente a estos datos tan variados como contundentes, ¿acaso alguien podría negar los enormes impactos sociales y la reconfiguración territorial que las actividades extractivas a gran escala (convencionales y no convencionales), producen en las sociedades locales? Desde los oficialismos y las empresas, sin embargo, los discursos afirman que las actividades hidrocarburífera y minera no compiten ni desplazan a las economías regionales preexistentes o, en el límite, minimizan el carácter pluridimensional y la envergadura de sus impactos. Así, debemos pensar la contaminación no solo como un proceso ambiental, sino también como algo más amplio y global, que incluye la esfera social, económica y cultural. Algo que nos interroga, sin duda, acerca de si ese es el tipo de sociedad que queremos construir para nosotros y las futuras generaciones.
 
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Pasivos ambientales no reconocidos o no remediados, injusticia ambiental que golpea crónicamente a las poblaciones más excluidas, con menos poder económico y político, en fin, zonas de sacrificio ligadas a la explotación industrial, petrolera, minera... Ciertamente, al compás de la expansión de los movimientos socio-territoriales, ligados a la ecología popular, podemos leer estas problemáticas ambientales y sociosanitarias desde una nueva perspectiva. Sin embargo, los desafíos para el presente y el futuro son enormes, pues en la actualidad las poblaciones enfrentan una gran cantidad de megaproyectos de carácter extractivos que se imponen o buscan imponerse verticalmente, de arriba hacia abajo, de la mano de grandes agentes económicos en alianza multiescalar con el Estado. En suma, lo alarmante es el carácter masivo o la gran escala que en nuestro país pueden ir adquiriendo los pasivos ambientales y las llamadas zonas de sacrificio, en el marco del avance de la dinámica de acumulación por desposesión.
*Primera edición, 2014 © Katz Editores Benjamín Matienzo 1831, 10º D 1426-Buenos Aires c/Sitio de Zaragoza, 6, 1ª planta 28931 Móstoles-Madrid www.katzeditores.com © Maristella Svampa y Enrique Viale, 2014

Abajo y a la izquierda, debemos generalizar el involucramiento de los pueblos de ir más allá de una lucha contra el ajuste y los tarifazos para descubrir la posibilidad de otro funcionamiento político económico y apreciar la lucha de la nación Mapuche así como la de las comunidades indígenas de Jujuy-Salta contra la megaminería de litio. Leer

Tarifazos brutales, energía inaccesible y
ausencia de mirada integral
1 de marzo de 2019
 
Por Gustavo Lahoud (Red Eco Alternativo)

Declarar la Emergencia Tarifaria y recuperar el control público del Sistema Energético Nacional son las dos medidas fundamentales que plantea el informe sobre la crisis energética y los tarifazos realizado por Gustavo Lahoud, investigador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP).
 
En el marco de la crisis desatada por los tarifazos impulsados por el gobierno nacional, que han cuadruplicado el peso del gasto en servicios públicos esenciales en los ingresos de un hogar medio (del 6% en el 2015 a 26% a fines del 2018), este material, además de exigir la inmediata declaración de la Emergencia Tarifaria, reclama el necesario replanteo integral de la problemática energética nacional.
Para Claudio Lozano, Coordinador del IPPyP, “Este replanteo supone refundar el Sector Energético en orden a garantizar la disponibilidad, la accesibilidad, la protección del ambiente, la mayor eficiencia y la diversificación de la matriz energética hacia fuentes renovables.
Este objetivo exige terminar con la regulación privatista del sistema que, puesta en marcha en los noventa, se ha mantenido hasta la actualidad promoviendo el comportamiento rentístico del sector y su control por un reducido número de agentes económicos. Regulación sostenida en normas que promueven la dolarización y la mercantilización del sector.
El camino a dicho objetivo exige realizar una Auditoría integral de los balances de las empresas de luz y gas, desde la declaración de emergencia económica de comienzos de 2002 hasta la actualidad. (Es decir, abarcar todo el período de Duhalde, los Kirchner y hasta hoy), tarifazos mediante, para profundizar sobre las obras que se hubieran hecho o no con la montaña de subsidios recibidos, entre otras cuestiones. Durante el período kirchnerista, se volcaron más de 25.000 millones de dólares en subsidios a las empresas energéticas, mientras que en tan sólo dos años de tarifazos- 2016-2017-, la transferencia de toda la población a ese selecto grupo de privilegiadas, orilló los 16.000 millones de dólares. Esa es la magnitud de la estafa, con ganancias exorbitantes de las empresas que nadie explica y con las mismas deficiencias del servicio que se profundizan desde fines de los ’90. Estafa que, en tanto se explicite, permitirá rescindir contratos y avanzar con mayor presencia pública en el sistema.
Resulta imprescindible que el sistema energético salga de la anarquía provocada por la segmentación de actividades resultantes del proceso privatizador, en orden a recobrar un sistema energético integrado con unidad de planificación y dirección, con esquemas centralizados de políticas estratégicas de mediano y largo plazo.
Otro de los ejes fundamentales es la rediscusión del esquema de precios de los hidrocarburos, cuestión que exige recuperar el rol de YPF como empresa testigo en el sector. Proceso en el cual habrá que impulsar la pesificación de todos los contratos y tarifas en línea con el hecho objetivo de que Argentina es productor de petróleo y gas natural, y por lo tanto no tiene porque subordinarse a los costos de oportunidad asociados a la lógica de importación y exportación de la Empresas trasnacionales.
De la mano de esta discusión corresponde declarar a los hidrocarburos como bien estratégico de la Nación y de las Provincias Argentinas. De modo tal que deben suprimirse las políticas exportadoras, al tiempo que se desarrollen reservas en función de las necesidades de abastecimiento interno.
Un capítulo particular merece el caso Vaca Muerta, transformado hoy en el nuevo El Dorado que permitiría transformar al país en exportador de gas no convencional. Al igual que con Loma de la Lata en las décadas pasadas parece tenderse a repetir experiencias ultra extractivistas ya fracasadas. En este sentido se propone incorporar a Vaca Muerta como un activo estratégico en el marco de una planificación de mediano y largo plazo que recupere horizontes de inversión en las cuencas tradicionales de gas y petróleo que han sido abandonadas por la presente administración para lanzarse a una aventura extractiva con las reglas de corto plazo que imprimen los grandes actores multinacionales.
Tenemos que recuperar una visión equilibrada del sector respecto a la relevancia de Vaca Muerta frente a las cuencas Marina Austral, la del Golfo de San Jorge y las potenciales riquezas de nuestro Mar Argentino y nuestra plataforma continental. Afirmamos esto, ya que sobre estos territorios terrestres y marítimos se ciernen los objetivos geopolíticos de EEUU, China y el Reino Unido.
Por último, poner el foco en la diversificación paulatina del sistema energético, con la incorporación de fuentes renovables que permitan reducir la dependencia de los recursos hidrocarburíferos.
En suma, se trata de recuperar el “control público del Sistema Energético Nacional” abriéndole la puerta a procesos de nacionalización de los servicios públicos esenciales, con esquemas abiertos de participación de usuarios y trabajadores que redunden en la consolidación de nuevas tipologías empresarias”.


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Presos políticos mapuches castigados por la Gendarmería en el penal de Temuco

27 de febrero de 2019
 

El martes a la mañana Gendarmes del penal tomaron represalias contra los mapuches en huelga de hambre. El día anterior desde temprano, los mapuches comenzaron una toma pacífica del módulo de imputados en reclamo de las demandas que los llevaron a comenzar la huelga: el respeto de sus derechos humanos y culturales, contemplados en el Convenio 169 de la OIT.

Por Roxana Paola Randi para ANRed

El mismo martes los lamien (hermanos) fueron castigados y amenazados por las autoridades del penal. Consultamos a Karina Riquelme, abogada del Lonko, que dijo: “están sancionados por la Gendarmería, como castigo les suspendieron las visitas”.
Riquelme confirmó: “hoy no dejaron entrar a la Machi que viajó desde muy lejos para ver la salud del lonko”. Las Machis son las médicas de la comunidad, la visita de la Machi al Lonko es fundamental, por el derecho a la salud que tiene todo ser humano, y el rol que cumple el Lonko en la comunidad. Está contemplado en el Derecho Internacional: es un derecho cultural, y humano protegido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Sin embargo, como denunció el Lonko: es una mentira que la cárcel de Temuco posea protocolos y personal idóneo a nuestra cultura. Por eso hasta alcanzar soluciones seguiré movilizado, por la necesidad espiritual, por el lineamiento político, por dignidad”.
Los pueblos originarios según el Derecho Internacional están protegidos por su aporte a la diversidad cultural. “En agosto del 2018 Chile fue examinado por el Comité contra la Tortura de la ONU, en conclusión, hay malos tratos en las cárceles chilenas equivalentes a la tortura. Chile firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU que en su artículo 27 dice: “En los Estados donde existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas no se les negará a las personas de dichas minorías el derecho que les corresponde en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar su religión, y a ampliar su propio idioma”.
La flagrante violación de los derechos humanos y culturales por parte del Estado chileno, llevó a los comuneros mapuches y a su Lonko Jones Huala, a la huelga de hambre. Mientras el pueblo mapuche profundiza la lucha por su territorio ancestral, el Estado chileno los criminaliza con el marco de la ley antiterrorista. Pero el Estado argentino actuó de igual manera con el Lonko y con la comunidad mapuche, utilizando la ley antiterrorista como herramienta jurídica para hostigarlos, desconociendo por completo la recomendación del Comité contra la Tortura de la ONUque sugirió al Presidente Macri “no extraditar a Jones Huala por las condiciones inhumanas, y los tormentos que se aplican en los penales chilenos”.
Detrás del hostigamiento hay razones económicas: en los territorios mapuches quieren llevar a cabo el extractivismo minero, los negociados del fraking en “Vaca Muerta” promocionados por el Presidente Macri, el negocio de las hidroeléctricas de Lewis, y las tierras robadas hace más de dos siglos entregadas al magnate Beneton, zona que hoy es territorio en recuperación por la lucha mapuche que conocemos como “Lof (comunidad) en Resistencia Cushamen”.

Este saqueo planificado del capitalismo extractivista es el verdadero propósito de la persecución al pueblo mapuche a ambos lados de la cordillera. La consecuente lucha mapuche lastima los intereses de los magnates que se han instalado estratégicamente en los territorios ancestrales de la Patagonia.

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