martes, 25 de agosto de 2020

Veamos en qué sistema estamos. Descubramos su estar cargado de despotismo y racismo latifundistas en sus extractivismos.

No se ha dado cuenta de 
la actual inflexión histórica.

Ha puesto a toda marcha su nueva "normalidad" contemplando el variado espectro de medios para viabilizar 
la gobernabilidad del 
 crecimiento económico
de sus oligopolios. 

Pero 
menosprecia el despertar de los pueblos.
Pensemos que, como a todos los pueblos del Abya Yala, el sistema capitalista nos condenó a ser países empobrecidos y desestructurados, deformados para el progreso de las naciones consideradas "desarrolladas" según el criterio de ciencias y tecnologías mercantilizadas. Pero a nuestro subdesarrollo o desarrollo contra nuestras necesidades de vida humana también debemos fundamentarlo en significados e implicancias de los latifundios no sólo como vastas extensiones de tierra privatizada (hoy transnacionalizada) sino sobre todo como acaparamiento de bienes comunes naturales, como peonazgo e inclusor de trabajadores "golondrinas" y como sistema de dominación en todo el país aunque más represor en las provincias "periféricas".


Ante la actualidad de enormes quemas de bosques nativos-humedales en todo el país para ocupar esos vastos territorios con extractivismos (agronegocios, megaminería y especulación inmobiliaria) nos urge atender a:   

El momento es hoy,

a la disputa de los territorios

25 de agosto de 2020
Por Rodrigo Mundaca y Rodrigo Faúndez
Le Monde Diplomatique Chile
No resulta nuevo señalar que la mercantilización neoliberal ocupó todos los aspectos de nuestras vidas durante estas últimas cuatro décadas. Salud, cultura, educación, pensiones, bienes comunes: todo se transformó en objeto de mercantilización. Un ámbito de especial relevancia, más no tomado con suficiente atención desde aquellas actorías que pretenden terminar con el neoliberalismo en Chile, ha sido la “cuestión territorial”.
Así planteado, la cuestión territorial parece un tema ambiguo, difuso o vacío de soporte teórico; sin embargo, nos interesa relevar la importancia de largo plazo que reviste construir política transformadora desde los territorios y disputar sus instituciones.
Si bien, la cuestión territorial ha sido un tema de larga data en algunos sectores políticos y en ciertos círculos académicos, el tema ha cobrado mayor relevancia en la última década a partir de la emergencia de una serie de luchas que en diversos lugares del país se han sucedido por la defensa de territorios ante proyectos de inversión extractivos que afectan a las comunidades, o bien, en la articulación de singulares procesos democráticos de defensa del poder local. El tema cobra especial relevancia en momentos en que Chile atraviesa una crisis política que ha derivado en un inédito proceso constituyente y en tiempos en que el COVID 19 ha demostrado que la comunidad que habita los territorios, en particular la ciudadanía organizada en el espacio local, ha sido uno de los principales soportes que ha permitido enfrentar con mayor efectividad la pandemia y la precariedad económica.
Tanto la crisis política, como la crisis sanitaria que atravesamos nos vuelven a dejar de manifiesto que los territorios “subnacionales” están activos y albergan una infinidad de experiencias organizativas acumuladas a lo largo de décadas. Esta “capacidad comunitaria” –que tiende a ser objeto de clientelización y paternalismo por autoridades nacionales, regionales y locales— nos alerta que es desde el espacio situado, el espacio habitado y “experienciado” desde donde es posible construir condiciones para crear comunidades organizadas que le otorguen un sentido común al espacio local y enfrenten la idea mercantilista del espacio público que nos han impuesto durante décadas.
Esta cierta activación de “lo territorial”, que ha logrado crear entramados sociales complejos a nivel de barrios, poblaciones, comunas, ciudades, e incluso, regiones, puede ser una importante clave para la orientación política de los sectores populares y actores transformadores.
A pesar de plantear esta idea, que puede reflejar cierta candidez estéril sobre lo territorial, sostenemos que el territorio está lejos de ser ese espacio armonioso, bucólico y exento de conflictos sociales, raciales y de clase. Tal como nos aporta la geografía crítica el territorio es, en esencia, un espacio construido complejo de relaciones de poder y dominación, en el que convergen y divergen intereses, actores y sujetos. Y es justamente su carácter conflictivo y contrario el que lo vuelve idóneo para construir procesos de cambio multiescalar. En efecto, el conflicto es la esencia y el motor de la vida social y es a través de la disputa de intereses donde la sociedad ejercita la política y donde se pueden construir los cimientos de una opción de superación del orden vigente. Durante 40 años en Chile se impuso una política mínima, vaciada de disputa de proyectos de sociedad, en que el consenso elitario fue la clave para gobernar, excluyendo a las mayorías e impidiendo cambios al sistema económico y político. La rebelión popular de octubre del 2019 y las redes de solidaridad expresadas en la pandemia demuestran que esta politización de lo social —negada, controlada y cooptada durante toda la transición— tiene su asiento en los espacios locales.
Poner el foco en lo territorial no implica negar ni pasar por alto las necesarias disputas que se vienen dando en el orden nacional. Un proyecto transformador debe deshacer –partiendo por la Constitución Política— cada una de las leyes, dispositivos y arreglos que han instituido el capitalismo neoliberal. No obstante, el despojo capitalista tiene una nítida expresión en el plano espacial y reviste una particular relevancia su transformación. La privatización del espacio público, de los servicios elementales, el control inmobiliario y sanitario del suelo urbano, las decisiones respecto de los grandes proyectos de inversión, como parques industriales, infraestructura, carreteras, son decisiones impuestas, no tan solo por el mercado, sino con el aval y, en la mayoría de los casos, con el subsidio y compromiso del Estado. En ese maridaje también han tenido un rol fundamental los gobiernos e instituciones subnacionales.
En tal sentido, la disputa por los territorios indica una orientación clave que los movimientos sociales y fuerzas políticas de transformación no debiésemos soslayar. Y dicha disputa abarca la construcción de procesos de organización popular y poder comunitario para la gestión de servicios elementales, o las luchas contra determinados proyectos de inversión, por la transformación del espacio local, por el acceso a servicios básicos, entre muchos otros ámbitos. Pero complementariamente, se trata también de disputar cada una de las instituciones públicas de escala local y regional, para reconfigurar las relaciones de poder que existen en dichos espacios y poner la institucionalidad pública subnacional al servicio de estos procesos. En tal sentido, es menester que dichas disputas sean el reflejo de la diversidad de las luchas y experiencias de gestión comunitaria que pueblan los espacios locales.
Esto nos lleva a plantear la urgencia de establecer puentes cada vez más sólidos entre las múltiples actorías y sujetos/as sociales y políticos/as del ámbito nacional y local. La coyuntura actual, nos tensiona para cimentar una suerte de organicidad político social al calor de la construcción de trabajo y confianzas mutuas. Los esfuerzos de articulación social y política en los últimos meses han apuntado en este sentido, sin embargo aún resta camino en la depuración de proyectos colectivos que cuajen en escala local.
Desmontar la arquitectura política, jurídica e institucional del neoliberalismo y del Estado subsidiario no recaerá solamente en la redacción de la nueva constitución. Ese será el primer paso. Junto con él se debe dar continuidad a este nuevo ciclo político que permita instituir los cambios que el movimiento social y las fuerzas transformadoras hemos venido impulsando hace décadas. Construir un nuevo paradigma de desarrollo, cambiar el carácter del Estado y transformar el entramado legislativo no será tarea de un grupo de partidos políticos, ni de intelectuales o académicos especializados en tal o cual materia. Será mucho más que eso. Será responsabilidad de las mayorías sociales y políticas que se han dotado de una infinidad de organizaciones, instituciones y aparatos para concretizar sus ideas para emprender estas batallas.
Desde octubre el pueblo ha abierto una coyuntura constituyente inédita en la historia reciente del país. La agenda electoral 2020-2022 será un escenario propicio para poner en juego dicha voluntad popular constituyente y para canalizar esta energía social en un ejercicio instituyente de cambios en la sociedad y en el Estado. Es hora de que las actorías y movimientos territoriales levanten la voz una vez más, pero esta vez no sólo para denunciar y defender el territorio, sino que para disputar cada una de las instituciones públicas: diputaciones, convencionales constituyentes, pero por sobre todo, municipios, consejos y gobernaciones regionales.
El sentido está claro; se trata de recuperar lo que le pertenece al pueblo y construir otro modelo de desarrollo, profundizando la democracia, pero partiendo por la disputa territorial.

Nos urge, abajo y a la izquierda coherente con su comunismo ("comunismo" por mirar hacia poder comunal y los bienes comunes), generalizar la participación en hacer posible el viraje hacia la segunda sustentabilidad del dilema siguiente:

Sustentabilidad de la deuda o del país

23 de agosto de 2020

Un gobierno de mayorías no puede prosperar con un patrón oligárquico de apropiación de la Tierra

 Por Horacio Machado Aráoz
Dejando de lado las desorbitadas voces de la derecha extrema local, la amplia mayoría del arco político del país ha saludado como positivo el acuerdo anunciado por el Ministro Guzmán con los acreedores privados externos. El oficialismo lo exhibe como un logro; incluso referentes de la oposición “responsable” así lo admiten.
Desoídos los sectores que reclaman la impugnación y el repudio de la deuda; archivadas las promesas electorales sobre una previa revisión democrática de la legitimidad de la misma, el gobierno instaló de facto un escenario construido sobre la premisa de que “no hay otra alternativa que pagar”. En ese marco, las discusiones sobre cuán aceptable/favorable o cuán desventajoso/perjudicial es lo pactado se restringen al exclusivo campo de los flujos y valores financieros: montos del capital, tasas de interés, plazos; en definitiva, pareciera que lo único que importa es cuánto y cuándo vamos a pagar. La cuestión de cómo se van a afrontar los pagos se debate también dentro del reducido ámbito de las variables macroeconómicas. En ese reducto, las posiciones de derecha (ortodoxas) ponen énfasis en la necesidad del superávit fiscal; las que se dicen progresistas o heterodoxas procuran presentar estrategias de pago que no signifiquen (o que minimicen) políticas de ajuste. Unos y otros dan por descontado que los dólares necesarios para afrontar lo comprometido saldrán de un inevitable aumento de las exportaciones.
Desde los tiempos de campaña, el actual Presidente planteó que su estrategia de sustentabilidad de la deuda consistiría en la fórmula de “crecer para pagar”, apostando para ello a un salto exponencial en el volumen de las exportaciones, como supuesta variable clave para que el peso de las “obligaciones externas” no signifique mayores “políticas de ajuste”. Desde “mis principales aliados son los que exportan”, al anuncio de las negociaciones con el gobierno chino para exportar millones de toneladas de carne de cerdo, y la recepción de la Vicepresidenta al flamante Consejo Agroindustrial Argentino, desde la razón progresista se busca instalar un sólido consenso en torno a la idea de que la intensificación de la vieja matriz primario-exportadora de la economía argentina, sería la única vía posible para eludir el ajuste y la más favorable a los intereses populares.
Esa fórmula parece tener un poder alquímico, capaz de diluir todas las contradicciones entre empresarios y sindicalistas, bonistas y deudores, oficialistas y opositores, derechas e izquierdas. Para unos, es la locomotora necesaria para la reactivación del mercado interno, el consumo, el empleo, los salarios; para otros, la clave para la atracción de inversiones y la recuperación de la tasa de ganancias; en fin, la base de los superávits comercial y fiscal requeridos para cobrar sus acreencias. En este plano de urgencias económicas, no hay mucho espacio para preocupaciones ecológicas. En tiempos de emergencia, lo lógico -para los principales actores del sistema— es sacrificar las riquezas naturales de los territorios.
Resulta llamativo que en nombre de la sustentabilidad de la deuda se cree un consenso para la intensificación del extractivismo. Paradójicamente, un término que nació al lenguaje político global como significante de problemáticas ambientales, remite ahora a meros balances y flujos financieros. Los flujos de materiales, como medida de pago del capital ficticio, pasan absolutamente desapercibidos. Como una ironía de la historia (o de la necedad política de los tiempos que vivimos), en nombre del realismo, se impone una lógica sacrificial sobre las fuentes materiales de vida; en nombre de una estrategia-país, se antepone el cortoplacismo de la lógica financiera por sobre la temporalidad de los ciclos geológicos de la materia viviente.
A nuestro entender, la aceptación política de esta fórmula aparece como síntoma de hasta qué punto ha calado el neoliberalismo en el imaginario social.  La naturalización de la lógica financiera como patrón único de valor social es lo que explica que este crecer para pagar no se vea como una contradicción; ni siquiera como problemático para un gobierno que se pretende progresista. Visto en términos de una elemental ecología política, implica un rumbo cuya concreción significará la consumación de un nuevo ciclo de despojo.
 Deuda, geometabolismo del capital y ciclos de despojo
No es una novedad para la ciencia social la asociación entre préstamos internacionales y producción de desigualdades y dependencias entre países. Desde hace ya más de un siglo, los estudios clásicos del imperialismo se ocuparon de identificar la deuda como dispositivo clave de ese engranaje. Entre los análisis de Hobson, Hilferding y Lenin, se destaca especialmente el de Rosa Luxemburgo, cuya clarividencia tiene mucho que aportar a los problemas de nuestros días.
Rosa analiza el papel de la deuda, no como algo aislado ni ocasional, sino como un componente sistémico de la acumulación a escala global. En tanto el capital supone una dinámica autoexpansiva que no reconoce límites, la realización de la plusvalía sólo se logra a costa de una continua expansión geográfica (es decir, ecológica y sociocultural). Las colonias proveen a los centros de acumulación lo que estos empiezan a agotar durante su ‘desarrollo’: mercados para sus manufacturas, nuevas fuentes de materias primas y de fuerza de trabajo, y nuevas oportunidades de inversión. De allí el carácter indisociable entre colonialismo y capitalismo.
En ese plano, el endeudamiento de países formalmente independientes cumple la misma función que las guerras de conquista. Es decir, no se limita a ser un mecanismo de exacción financiera, ni al poder de tutelaje que los acreedores adquieren sobre las economías deudoras, sino que la deuda opera decisivamente como dispositivo de ampliación de las fronteras de mercantilización: creando nuevas zonas de aprovisionamiento y valorización equivalentes a la invasión de territorios, el saqueo de recursos, la sobreexplotación de poblaciones subalternizadas y la apertura forzada de mercados. Así, la deuda realimenta continuamente los ciclos de despojo, una vez que no son viables los mecanismos tradicionales de la política colonial. En este proceso, más importante que el drenaje del excedente financiero que ocurre a través de los pagos, es el drenaje ecológico, de materia y energía, que fluye desde las economías deudoras a través de sus exportaciones.
Resulta sumamente sugestivo que, al desarrollar estos análisis, Rosa usara como ejemplo la estructura de relaciones económicas entre Inglaterra y Argentina en el siglo XIX. Su análisis devela el fondo de la sujeción imperialista que se realiza a través del crédito. Pues, el retorno del capital metropolitano invertido en créditos, ferrocarriles y puertos, no sólo se dio a través de los flujos financieros de la balanza de pagos, sino principalmente a través de la anexión de la región pampeana como proveedora de alimentos y otras materias primas baratas claves para su industria.
Desde la ecología política, la noción de geometabolismo —que mira el proceso global de acumulación en términos de los flujos materiales y no sólo de los financieros— permite develar la dimensión ecológica del imperialismo subyacente en el comercio mundial. Lejos del mundo idílico supuesto por David Ricardo, el libre comercio no fluye en una geografía plana, sino que tiene lugar a través de una rígida geometría del poder que divide jerárquicamente las regiones de la pura y mera extracción, de aquellas que concentran el procesamiento y consumo diferencial de los recursos. La división internacional del trabajo (y de la naturaleza) opera como una matriz que sedimenta y profundiza los mecanismos sistémicos de apropiación desigual del mundo; de extracción de una plusvalía ecológica.
Así como en el siglo XIX, la experiencia argentina reciente resulta un ejemplo emblemático de estos procesos. La dinámica especulativa y de endeudamiento de los ’90 que desembocó en el colapso de 2001, operó como detonante del boom de las commodities (2003-2013). El fenomenal salto habido de las exportaciones (cuyas divisas permitieron ‘desendeudar’ el país y activar la ‘recuperación’ del mercado interno) significó —en términos geometabólicos— un más que proporcional drenaje ecológico de energía primaria a través de las cuales la geografía argentina subsidió la expansión industrial china. Los millones de dólares de exportaciones ‘ingresados’ durante el período encubrieron, en realidad, millones de toneladas de nutrientes y materias primas estratégicas, literalmente trasvasadas de un territorio a otro. Una vez menguado el boom exportador, el funcionamiento de la economía volvió a depender del endeudamiento. Hoy, la gravosa herencia de la deuda macrista deja al país a disposición de un nuevo ciclo de despojo.
En este contexto, crecer para pagar significa forzar la apertura de una nueva frontera de mercantilización hacia territorios y bienes naturales codiciados por el mercado mundial; concretamente, avanzar con la explotación de Vaca Muerta y el fracking; abrir definitivamente la frontera de la explotación del litio en la Puna argentina; intensificar y ampliar el régimen del agronegocio y de la minería a gran escala a lo largo de la cordillera. La intensificación del extractivismo para pagar las obligaciones externas, cumplirá el cometido del endeudamiento: completar los mecanismos de saqueo financiero con la intensificación de la plusvalía ecológica. No hay quita de la deuda que compense ese nuevo ciclo de despojo.
Una dimensión sustantiva de este problema es la cuestión geopolítica; pues la plusvalía ecológica requiere control territorial. Es un hecho que las cadenas de exportación del país están dominadas por el capital transnacional, en el agronegocio y, ni qué hablar, en la minería y el petróleo. Grandes empresas transnacionales detentan el control tecnológico, comercial, financiero de esos procesos productivos. Al tratarse de economías naturaleza-intensivas, el proceso implica la efectiva ocupación y control de vastas extensiones geográficas. Se configura así una matriz por la que la integridad territorial del país se fragmenta en cuadrículas de mono-explotaciones subordinadas a cadenas de valor global. Mediante la intensificación de las exportaciones, el capital transnacional oligopólico adquiere una decisiva capacidad de disposición sobre fuentes de agua, nutrientes y energía primaria de los territorios ocupados. La contracara de la ocupación territorial es el desplazamiento poblacional. El control del agua, de los nutrientes y la energía es, lisa y llanamente, el control de (las fuentes) de vida; de la vida presente y futura.
 Extractivismo: cuestión política; no (sólo) ambiental
Desde sus orígenes, el pensamiento crítico latinoamericano se constituyó como tal a partir de la identificación de los regímenes primario-exportadores como el problema de fondo de las sociedades latinoamericanas. Las críticas no estuvieron dirigidas a sus consecuencias ambientales, sino a sus implicaciones económicas y políticas. Desnudaron la conexión intrínseca entre modelo primario-exportador, concentración de la tierra y poder.
El extractivismo no sólo tiene que ver con economías exportadoras de naturaleza, sino con un patrón oligárquico de apropiación, control y disposición de territorios y poblaciones. Ese fenómeno está en la raíz de la constitución política de nuestras sociedades. América Latina, como entidad geopolítica, nació al Mundo Moderno como la Gran Frontera de mercancías. El saqueo originario de sus tierras y poblaciones fue lo que detonó el Big Bang de la Era del Capital, haciendo posible la acumulación originaria a través del envío de “vastas reservas de trabajo, alimento, energía y materias primas a las fauces de la acumulación global”, como escribió Jason Moore en El auge de la economía-mundo capitalista I.
La historia económica de la Argentina (y de la región) puede verse en términos de ciclos crónicos de auges y depresiones sucedidos al ritmo de la explotación de sus recursos naturales; de endeudamientos y crisis financieras, donde las dimensiones del despojo financiero y del despojo ecológico se fueron retroalimentando en una espiral continua de mercantilización creciente. Esa historia nos debería enseñar que el extractivismo es la dimensión ecológica del imperialismo. Que la producción del subdesarrollo, de las desigualdades sociales y de los autoritarismos hunden sus raíces en el duro suelo del extractivismo.
Desde la época de las carabelas hasta la actual, de grandes empresas transnacionales, el extractivismo opera como vínculo geometabólico que subsume las economías coloniales a los centros de acumulación. Las cadenas geográficas de materias primas que fluyen de Sur a Norte nos atan a un régimen estructural de dependencias y desigualdades ecológicas, económicas y políticas.
En ese escenario, hoy como ayer, crecer para pagar es profundizar la dependencia, ensanchar las brechas de desigualdad, al interior de nuestras sociedades y a nivel global; entre países y regiones; entre cuerpos de distintos colores, géneros y generaciones. Es, en última instancia, amplificar los autoritarismos; degradar las condiciones socioecológicas de la democracia. Porque ningún gobierno de las mayorías puede prosperar allí donde rige un patrón oligárquico de apropiación de la Tierra.
* Investigador Adjunto de Conicet, Equipo de Ecología Política del Sur, CITCA CONICET-UNCA



   

Preguntémonos qué democracia tenemos si promueve expansión de extractivismos con base en el vigente régimen latifundista.


Encontramos respuesta en los 
 muchos feudos provinciales
con décadas de existencia pero hoy
esa autocracia se ha extendido y profundizado. 
 
Recordemos el Pacto de Olivos entre los dos partidos de estado, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. Carlos Menem y Raúl Alfonsín, en secreto, acordaron impulsar la reforma de la Constitución. En la Constitución de 1994 se amplían derechos y se dirige la atención mayoritaria a que se posibilita la reelección pero el cambio central fue establecer un federalismo más parecido a un neofeudalismo en favor de las transnacionales extractivistas. Los llamados recursos naturales pasan al dominio de las provincias donde existen y las que son elegidas por las megamineras imperialistas han sido empobrecidas (hasta ser calificadas como inviables) por el neoliberalismo implementado según Consenso de Washington por el partido Justicialista bajo liderazgo de Carlos Menem. Y este poder de sometimiento se consolida con:

El Senado y la democracia para ricos

25 de agosto de 2018
De espaldas a millones, la casta reaccionaria de macristas, radicales y peronistas que pueblan el Senado rechazó el proyecto de ley sobre la legalización del aborto, tal como se lo exigió el mismísimo Papa Bergoglio. El Senado y su lugar dentro de la democracia para ricos.
Por Federico Puy y Sol Cheliz

Un verdadero Jurassic Park

La creatividad con que se manifestó la revelación del carácter reaccionario del Senado recorrió las redes sociales y las manifestaciones artísticas del mismo 8A, emparentando a la vetusta institución con un parque jurásico de dinosaurios.
No muy lejos de la verdad con el atinado apodo, el término Senado viene del latín “senex”, que significa anciano. Se trata de una institución arcaica que tiene su origen en la Roma antigua donde las familias acomodadas esclavistas encontraban su órgano de gobierno en el senado, o consejo de ancianos.
La función de la “cámara alta” o senado en la historia de la dominación burguesa ha sido la de ponerle un límite aún mayor al amañado sistema parlamentarista. Un organismo cuya función es parte de un “sistema de contrapeso y frenos” para balancear la representatividad más popular en términos relativos de la “cámara baja”, a favor de los sectores más privilegiados y conservadores.
En Inglaterra, cuna del “parlamentarismo”, aún se denomina la Cámara de los Lores que funciona junto a la Cámara de los Comunes, toda una declaración del título de nobleza que le dio origen.
En Argentina la composición y sistema de elección más reaccionario en este sentido fue el otorgado por la efímera Constitución de 1819, en la que el Senado se componía de los representantes de las provincias, junto a obispos y eclesiásticos, militares y hasta los rectores de las universidades mediante elección censitaria. La de 1853 y 1860 se basaron en una consideración federal, base de la actual Constitución reformada a partir del Pacto de Olivos, aunque se trata de un federalismo no en beneficio del pueblo trabajador de las provincias que lo componen sino de los gobernadores y sus benefactores burgueses (“nacionales” e imperialistas) manteniendo la esencia del carácter cuasi feudal del Senado.
¿Alguien se atrevería a afirmar por ejemplo que los senadores de las provincias del nordeste representan los intereses de la enorme población de trabajadores rurales en condiciones de semiesclavitud? ¿o que los patagónicos no son los legítimos herederos de Roca y Chevrón antes que del pueblo mapuche y los trabajadores petroleros?
El régimen político argentino está diseñado para sub-representar a los distritos más numerosos, donde se concentran los principales batallones de la clase trabajadora, los pobres urbanos y la juventud estudiantil. Esto ya ocurre en la Cámara de Diputados porque la división por distritos provinciales hace que, por ejemplo, haya un diputado de la provincia de Buenos Aires por cada 220 mil habitantes mientras que en Tierra del Fuego hay uno cada 25 mil. Sin embargo, los votos de los diputados “valen lo mismo” a la hora de decidir cosas como el saqueo a los jubilados o el pago a los fondos buitres.
En el Senado esta subrepresentación aumenta porque todas las provincias eligen tres representantes, sin importar la cantidad de habitantes y electores que tenga cada una. Por lo tanto, un Senador por la provincia de Buenos Aires representa a 5 millones de habitantes mientras que un Senador por Tierra del Fuego representa a 42 mil. ¿Este es el juego de la representatividad de la democracia burguesa?

Un reducto de privilegiados con atribuciones

Actualmente luego de la reforma constitucional de 1994, el Senado se conforma de 72 miembros, “representando” a las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. La duración del mandato es de seis años (un período mayor al de cualquier cargo), y la cámara se renueva a razón de un tercio cada dos años.
Para ser senador se requiere “tener la edad de treinta años, haber sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella” (Art. 55 C.N.). La reaccionaria constituyente del ´94, cuyo único fin esencial fue dar al presidente la reelección, ¡ni siquiera guardó las formas en quitar de este artículo el requisito de una renta!
Un senador hoy puede alcanzar un sueldo neto de $ 200.000, entre salario, canje de pasajes y plus por desarraigo, como es el caso de Valverde. Veinte veces más que el salario mínimo, vital y móvil, que hoy está en $10.000. Un contraste contundente. Sería imposible de entender esta actitud sino es porque los senadores forman parte de una casta política de sueldos exorbitantes y privilegios inusitados, como obtener $ 70.000 de más a cambio de canjear pasajes no utilizados.
En cuanto a las atribuciones del Senado, entre otras, cuenta con la de dar autorización al Presidente para declarar el Estado de Sitio en caso de ataque exterior, ser cámara de origen en la Ley Convenio sobre coparticipación federal de impuestos, y la de prestar acuerdo al Poder Ejecutivo para la designación de magistrados judiciales y de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas.
Por su composición, restricciones y atribuciones el Senado compone una verdadera casta cuasi feudal, poblada de apellidos patricios además de un lugar de “retiro” de ex presidentes y gobernadores (sin ir más lejos actualmente hay tres ex presidentes: Cristina Fernández, Adolfo Rodríguez Saa y Carlos Menem).

Una institución para reforzar la representación y “gobernabilidad” de los partidos tradicionales

El mecanismo por el cual se eligen los senadores, tres por provincia correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido político que le siga en número de votos, facilita la representación de los partidos burgueses tradicionales y dificulta aún más que la cámara de diputados el acceso de representantes de los intereses del pueblo trabajador. Incluso en la Provincia de Buenos Aires y la ciudad homónima, más aún por la subrepresentación.
El caso de Pino Solanas por ejemplo, quien apareció como un “plebeyo” para los ojos del público juvenil pero no de los mayores con algo de memoria, ingresó al senado nada más y nada menos que a través de la, ya fracturada, alianza UNEN con Elisa Carrió.
Oficialismo y oposición burguesa, con alternancia entre los partidos tradicionales, han sostenido la gobernabilidad de los empresarios para atacar los intereses del pueblo trabajador. Ejemplos pasados, y que fueron gestando el “que se vayan todos”, se pueden encontrar en el escándalo de la ley “Banelco” como se bautizó a la reforma laboral de la ruista parida con la coimas en el senado, la ley de superpoderes a Cavallo y el recorte de los salarios estatales y jubilaciones en el 2001 con la venia del peronismo. Actualmente, el macrismo no tiene mayoría en el Senado ni en el Congreso y para las diferentes leyes de ajuste contó siempre con los votos del peronismo. Ayer contra los jubilados, hoy contra las mujeres.
Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada del Peronismo Federal que representa a los gobernadores, operó sobre las grandes leyes con el macrismo. Recordemos que el ahora flamante candidato a presidente, fue protagonista en la bochornosa contrarreforma jubilatoria que se consumó en diciembre del año pasado, donde junto a su bloque otorgó los votos necesarios para consagrar por ley el saqueo.
También el Consenso fiscal y la ley de Responsabilidad Fiscal fueron acordados por el gobierno nacional y los mandatarios de todas las provincias, a excepción de San Luis. Un acuerdo que congela el gasto de las provincias que impactará en la salud, la educación, y medidas que desfinanciarán la ANSES.
Cabe señalar también que muchos de los senadores y senadoras que votaron en contra del derecho al aborto habían ingresado a la Cámara Alta en años anteriores como candidatos del Frente para la Victoria, cuando era la propia Cristina Kirchner, todavía como presidenta, la que tenía una influencia importante en la elección de los candidatos para las listas. Algunos de ellos se destacaron por hacer los discursos más retrógrados como Rodolfo Urtubey.

La abolición del Senado y el llamado a la movilización por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana

La división de poderes es una farsa, siendo que se trata una subdivisión y reparto del poder de una misma clase explotadora. Inspirado en la experiencia de la Comuna de París de 1871, Marx sacaba la conclusión de la necesidad de poner fin a las instituciones emanadas de la división de poderes, por medio de la fusión entre las funciones ejecutivas y legislativas en una Cámara única y que todos los jueces y funcionarios de Estado ganen como un trabajador y sean revocables.
León Trotsky a mediados de 1934 durante la ola de huelgas en Francia que surgía como respuesta a la ofensiva de la burguesía, pero donde aún sobrevivían fuertes ilusiones democráticas por influencia de las direcciones obreras reformistas, planteaba: “Somos, pues, firmes partidarios del estado obrero campesino, que arrancará el poder a los explotadores. Nuestro objetivo primordial es el de ganar para este programa la mayoría de nuestros aliados de la clase obrera. Sin embargo, y mientras la mayoría de la clase obrera siga apoyándose en las bases de la democracia burguesa, estamos dispuestos a defender tal programa de los violentos ataques de la burguesía bonapartista y fascista. Sin embargo, pedimos a nuestros hermanos de clase que adhieren al socialismo “democrático”, que sean fieles a sus ideas: que no se inspiren en las ideas y los métodos de la Tercera República sino en los de la Convención de 1793.”
Y sobre esta base establecía un programa de acción que junto a medidas para que la crisis no la pagaran los trabajadores, incorporaba una serie de consignas democráticas radicales: "¡Abajo con el Senado, elegido por sufragio limitado, y que convierte la potencia del sufragio universal en una mera ilusión! ¡Abajo la presidencia de la República, que sirve como punto oculto de concentración para las fuerzas del militarismo y de la reacción! Una asamblea única debe combinar los poderes legislativo y ejecutivo. Sus miembros serían elegidos por dos años, mediante sufragio universal de todos los mayores de dieciocho años, sin discriminaciones de sexo o de nacionalidad. Los miembros serán elegidos sobre la base de las asambleas locales, constantemente revocables por sus electores, y reciben el salario de un trabajador calificado." (Un programa de acción para Francia)
Frente a la naturaleza reaccionaria del Senado, como hemos visto, planteamos como parte de un programa su abolición, junto a la figura presidencial que tiene poderes de “monarca”, y reemplazarlo por una cámara única con miembros elegidos por sufragio universal entre todos los mayores de 16 años, con lista conformada por distrito único combinada con una proporcionalidad para que todas las provincias tengan su representación. Todas las decisiones que atañan en forma directa a los estados provinciales deberán votarse con una mayoría especial en ésta cámara.(...)

 
Consideremos crítica al artículo 124 de la Constitución de 1994 pero desde la visión nacionalista:
"El dominio federal de los recursos mineros e hidrocarburíferos fue, según Sampay, el motivo del derrocamiento de Yrigoyen. Era causa de los partidos populares, el radicalismo, y el peronismo luego. Su razón es muy clara: las fuentes de energía definen una Nación.
Por otro lado, un país como la Argentina con dominio federal, puede negociar desde un escalón equivalente con las grandes petroleras, cuyos patrimonios netos a veces igualan al PBI anual de nuestro país. Cualquier provincia argentina está en inferioridad absoluta para negociar con semejantes corporaciones".


El camino inverso al desarrollo nacional

4 de febrero de 2011
Por Sergio Acevedo y Félix Herrero.-
Nosotros entendemos que la política petrolera de Carlos Menem, continuada por la Alianza y la actual administración, no ha beneficiado al país porque, además de privatizar YPF (transfiriendo el cuasi monopolio estatal al privado), cedió la libre disponibilidad del crudo, sus ingresos de exportación y la decisión de invertir.
Creemos que son temas de gran relevancia que hacen al modelo de país, y que hay continuidad con la política de los noventa aunque por las retenciones de la exportación, que es una indiscutible herramienta constitucional de la Nación, se establezca el precio interno del petróleo, pero con la reciente liberación del precio de los combustibles se vuelve a aumentar las ganancias de las petroleras a expensas del pueblo. Es mejor un modelo de las características que propuso Lula para el Presal, que establece una empresa ciento por ciento pública que otorga regalías a todos los Estados (provincias), no sólo a los petroleros. La decisión errada en nuestro país fue aprovechar el esfuerzo público de casi un siglo otorgando su explotación, ya que casi todos los descubrimientos relevantes fueron de la YPF, mientras hoy hemos perdido la autosuficiencia.
Respecto del dominio del subsuelo, el economista y empresario Mariano Fragueiro legislaba en 1953 para que el Estado nacional mantuviera el dominio original del subsuelo. Es bastante común la afirmación que dice que la administración de las provincias traería beneficios para el país y que no hay incentivos para la exploración e inversión petroleras: la falta de combustibles de hoy muestra el fracaso de la política de ayer. La reforma constitucional de 1994 fue la contracara de la de 1949. Y, por cierto, pensamos que el talento de Perón era muy superior al que inspiró la norma del actual artículo 124 de la Constitución Nacional, tan poco discutida en las campañas políticas, que ni siquiera se lo previó en el pacto de Olivos ni en la ley que declaró la necesidad de la reforma y cuya constitucionalidad sería discutible si la Corte mantuviera la “doctrina Fayt”.
El dominio federal de los recursos mineros e hidrocarburíferos fue, según Sampay, el motivo del derrocamiento de Yrigoyen. Era causa de los partidos populares, el radicalismo, y el peronismo luego. Su razón es muy clara: las fuentes de energía definen una Nación.
Por otro lado, un país como la Argentina con dominio federal, puede negociar desde un escalón equivalente con las grandes petroleras, cuyos patrimonios netos a veces igualan al PBI anual de nuestro país. Cualquier provincia argentina está en inferioridad absoluta para negociar con semejantes corporaciones.
Esta visión fue corroborada por la reciente historia. Un ejemplo: el pésimo negocio que hicieron Chubut y Santa Cruz y la Argentina al prorrogar la concesión de Cerro Dragón, tanto que BP y Bridas, sin pedir ni siquiera permiso, vendieron nuestro yacimiento a una compañía china. Todo un símbolo de gobernantes poco serios. Si vemos las prórrogas a favor de Repsol-YPF o a la Oxy, el resultado es similar. Martínez de Hoz defendía ya en 1956 la provincialización de los recursos mineros y petroleros.
Un segundo aspecto al que nos referimos es la supuesta falta de incentivos para las petroleras. Es falso. Basta mirar los balances de las mismas. Sus rentas son obscenas. Ninguna descubrió nada ni invirtió en exploración. Todas compraron (o les fueron entregadas) las concesiones a valores que en ningún caso suponían un barril superior a 50 dólares. El costo promedio de extracción de un barril no supera los 6 dólares. ¿Dónde está el desaliento? No conocemos ninguna empresa petrolera que en la Argentina haya devuelto una concesión por no tener rentabilidad.
Ese fue el modelo de Menem, que nos llevó a la situación actual. El gobierno de Néstor Kirchner tomó algunas medidas de coyuntura, como los aumentos del derecho de exportación, pero profundizó el modelo neoliberal al aprobar la llamada “ley corta” que consolidó el dominio provincial, la explotación sin límites y sin recuperación de las reservas y la privatización al prorrogar las mejores concesiones con contratos que, en derecho privado o civil, serían descalificados por cualquier juez por “lesión subjetiva” (Art. 954 del Código Civil) o prodigalidad.
El camino al desarrollo nacional es inverso al que se sigue desde Menem. No es mantener el hidrocarburo como una commodity en lugar de tratarlo como un recurso estratégico, como una riqueza que es de los pueblos y que fue creada por Dios (para los creyentes) o por la naturaleza (para los no creyentes). No obedece su existencia a un invento o al esfuerzo de los hombres.
Se deben recuperar para la Nación las herramientas estratégicas, jurídicas y económicas respecto de las fuentes de energía, entre ellas los yacimientos de hidrocarburos. Esto puede merecer una reforma constitucional, pero también podría hacerse con la actual normativa mediante la sanción de una ley federal de energía que reconstruya una petrolera pública. Basta de girar remesas al exterior para que las petroleras internacionales o las nuevas, acostadas en el poder, paguen los activos que adquirieron o las acciones que compraron con la propia renta de YPF y no reinviertan sus utilidades en la búsqueda de reservas.
Esto puede hacerse prohibiendo por ley la prórroga de las concesiones y expropiando los derechos de las petroleras que lograron esas vergonzosas prórrogas, y con una investigación administrativa y penal seria que ponga luz en un negocio que genera enormes sospechas.
No inventamos nada. Yrigoyen, Mosconi, Perón o Sampay construyeron un camino. Sería bueno que la dirigencia, en lugar de dejarse llevar por neoliberalismos caducos, pensara primero en la Nación. No solamente para reivindicar la historia sin mitificaciones, sino para tener un presente y un futuro con bienestar y esperanza. Nada más ni nada menos.
Acevedo fue gobernador de Santa Cruz.
Herrero es director del Instituto Proyectos de Proyecto Sur.
La Nación


 
Reparemos en cómo se está iniciando construcción de democracia desde unión de los pueblos sin fronteras capitalistas:
 
Desde Putaendo (Chile) y Uspallata (Argentina), pueblos de montaña hermanados por una naturaleza, historia y destino común, estamos iniciando un plan de lucha conjunto con acciones coordinadas y simultáneas, para oponernos y enfrentar a los proyectos megamineros, que están adquiriendo tal grado de envergadura, que individualmente ya representan una amenaza de magnitud areal y afectación similar a uno y otro lado de la cordillera.*
*Nos estamos uniendo no sólo para eso, sino para plantear a gobiernos y organismos internacionales la protección y conservación de la naturaleza y patrimonio, como forma de preservar nuestras fuentes de agua, enfrentar el cambio climático, poner en valor nuestra historia común y asegurar nuestro modo de vida en armonía con el entorno, de la mano del buen vivir, como una alternativa fundamentada y válida al modelo extractivista que saquea, depreda y mata todo a su paso.*
*La primera de nuestras acciones conjuntas consiste en el lanzamiento de una campaña internacional para solicitar que las Rutas del Ejercito Libertador de los Andes (donde hoy se localizan los proyectos megamineros más grandes) sean declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.*
*Es muy importante tu apoyo, participación y difusión.*

Advirtamos qué trabajo privilegia el régimen extractivista aprovechando al latifundista.


 
Está dirigido a destruir la Naturaleza y
a manipular las mentes a gran escala
sólo para mayor poder de les opresores.
 
Los pueblos originarios nos ayudan a que podamos orientar indagaciones sobre cambios radicales en nuestras relaciones con la Madre Tierra, en nuestra sociedades y en nuestro trabajo. Apreciemos este último en:

Científicos reconocen que tierras en

manos indígenas frenan crisis climática

18 de agosto de 2019

El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC) presentado el 8 de agosto reconoce, por primera vez, el papel crucial de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la preservación de los ecosistemas y la prevención de la deforestación. «Finalmente, los mejores científicos del mundo reconocen lo que siempre hemos sabido. Nosotros, los pueblos indígenas y las comunidades locales, desempeñamos un papel fundamental en la administración y salvaguarda de las tierras y bosques del mundo. Nuestro conocimiento tradicional y manejo sostenible de las tierras y bosques del mundo son clave para reducir las emisiones globales con el fin de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados para el año 2030», respondieron los pueblos indígenas y las comunidades locales de 42 países. 

Por Servindi.

Así lo enfatiza Alain Frechette, director de Análisis Estratégico y Compromiso Global, de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI, según sus siglas en inglés), y quien tiene más de 25 años de servicio en gestión de recursos naturales, conservación de la biodiversidad y cambio climático.
Cabe destacar que Alain inició su carrera en agencias estatales y provinciales de bosques y áreas protegidas en los Estados Unidos y Canadá antes de hacer consultorías estratégicas con organizaciones multilaterales, agencias de desarrollo y ONG como la UICN, el IDRC, el Banco Mundial e instituciones de las Naciones Unidas en África, Asia, Europa y la América Latina.
A continuación reproducimos unas reflexiones de Alain Frechette y enseguida la declaración con motivo del informe.

Una declaración de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre el Informe especial del IPCC sobre el cambio climático y la tierra
Por Alain Frechette
Hemos recibido muchas noticias nefastas sobre el clima. El año pasado, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC) nos advirtió que tenemos 12 años para prevenir los peores efectos del cambio climático. Los científicos ahora advierten que la infraestructura de políticas para alinearnos con estos objetivos debe estar establecida para el 2020, en un momento en que demasiados líderes mundiales parecen no estar dispuestos a tomar medidas.
El informe de hoy del IPCC es un crítico recordatorio por parte de los principales científicos del mundo de que ya existe una solución efectiva a esta crisis: reconocer los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales que han cuidado los bosques del mundo por generaciones.
Por primera vez, el informe del IPCC hace referencia al papel crucial que desempeñan los pueblos indígenas y las comunidades locales del mundo en la preservación de los ecosistemas y la prevención de la deforestación, ambos vitales para la lucha global para combatir el cambio climático.
Hemos visto la contundente evidencia de esto durante años, y la comunidad política ya no puede darse el lujo de retrasar la acción para reconocer los derechos de tierras comunitarios a la tierra para asegurar nuestro futuro colectivo.
En respuesta al informe, las organizaciones y redes indígenas y comunitarias, que representan a 42 países que abarcan 1,6 mil millones de hectáreas de bosques, incluido el 76 por ciento de los bosques tropicales del mundo, emitieron un comunicado. Su declaración resalta la ciencia que respalda lo que se ha sabido desde siempre y concluye con recomendaciones concretas para los tomadores de decisiones.

IPCC está de acuerdo con los pueblos indígenas y las comunidades locales* sobre el cambio climático
Declaración de los pueblos indígenas y las comunidades locales de 42 países, más de 1.600 millones de hectáreas de tierras manejadas por los pueblos indígenas y comunidades locales y el 76 % de los bosques tropicales del mundo, sobre el Informe Especial sobre el Cambio Climático y la Tierra del IPCC.
Finalmente, los mejores científicos del mundo reconocen lo que siempre hemos sabido.
Nosotros, los pueblos indígenas y las comunidades locales, desempeñamos un papel fundamental en la administración y salvaguarda de las tierras y bosques del mundo. Por primera vez, el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (International Panel on Climate Change, IPCC) publicado hoy reconoce que fortalecer nuestros derechos es una solución crítica a la crisis climática.
El informe deja en claro que reconocer los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las mujeres dentro de esos grupos en todo el mundo es una solución climática escalable, y que todos los actores deben hacernos socios en las medidas a favor de la protección climática. Nuestro conocimiento tradicional y manejo sostenible de las tierras y bosques del mundo son clave para reducir las emisiones globales con el fin de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados para el año 2030. Hemos cuidado nuestras tierras y bosques, y la biodiversidad que contienen, durante generaciones. Con el apoyo apropiado, podemos seguir haciéndolo para las próximas generaciones.
Tal como reconoce ahora el IPCC, un cuerpo sustancial y cada vez más extenso de literatura científica demuestra nuestra función crítica como guardianes de la tierra y los bosques del mundo. Esto es lo que muestra la evidencia:
1. Los derechos comunitarios seguros sobre la tierra y los recursos son fundamentales para una gestión sostenible y para la conservación eficaz de los bosques.[i] Los bosques de propiedad legítima o designados para ser usados por los pueblos indígenas y las comunidades locales están vinculados con:
  • Menores índices de deforestación y degradación forestal.[ii]
  • Menor conflicto, apropiación ilegal y cambio en el uso de la tierra a gran escala / cobertura del suelo.[iii]
  • Menor cantidad de emisiones de carbono y mayor almacenamiento de carbono.[iv]
  • Mayor inversión en actividades para el mantenimiento de los bosques.[v]
  • Mejor conservación de los bosques y la biodiversidad.[vi]
  • Medidas de restauración forestal más equitativas y sostenibles.[vii]
  • Más beneficios para más personas.[viii]
  • Mejores resultados a nivel social, ambiental y económico en general, que en los bosques administrados por entidades públicas o privadas, incluyendo áreas protegidas.[ix]
2. Manejamos al menos un 22 % (218 gigatoneladas) del carbono total que se encuentra en los bosques tropicales y subtropicales (incluyendo tanto fuentes superficiales como subterráneas).
Al menos un tercio de este carbono —y probablemente mucho más— está en áreas donde no tenemos formalmente reconocidos nuestros derechos sobre la tierra. La falta de reconocimiento legal de nuestros derechos deja a nuestros bosques vulnerables frente a proyectos ambientalmente destructivos que devastan bosques y liberan enormes cantidades de carbono a la atmósfera.[x]
El reconocimiento legal de nuestros derechos a la tierra y el apoyo a nuestras iniciativas es fundamental para el éxito de las medidas globales destinadas a mitigar el cambio climático.[xi]
3. Las tierras de los pueblos indígenas se entrecruzan con aproximadamente un 40 % de todas las áreas protegidas y más de un 65 % de las tierras más remotas y menos habitadas del mundo.[xii]
La protección de los derechos de las comunidades sobre las tierras que manejan consuetudinariamente es fundamental para proteger la biodiversidad del mundo, conservar los ecosistemas amenazados[xiii] y restaurar las tierras degradadas.[xiv]
  • Los pueblos indígenas y las comunidades locales son tan eficaces —y a menudo mejores— para proteger la biodiversidad como las áreas protegidas controladas por el estado.[xv]
  • La diversidad cultural y la diversidad biológica están fuertemente integradas: los derechos seguros a la tierra son fundamentales para nuestro manejo sostenible de la naturaleza[xvi], y el mantenimiento de nuestros sistemas de conocimiento tradicionales es esencial para conservar la biodiversidad [xvii] y la gobernanza ambiental eficaz en general.[xviii]
4. La libertad de autogobernarnos, apalancar nuestro conocimiento tradicional y adaptarnos a nuestras circunstancias cambiantes es esencial para lograr un futuro más sostenible y resistente al clima[xix]—en particular a través del liderazgo de las mujeres indígenas y de las comunidades.[xx]
5. No obstante, hasta el momento, nuestras contribuciones han sido pasadas por alto.[xxi] A pesar de que los pueblos indígenas y las comunidades locales son propietarios consuetudinarios de más del 50 % de las tierras del mundo, los gobiernos reconocen formalmente nuestra propiedad solamente respecto de un 10 %.[xxii] Las mujeres de nuestras comunidades —que cada vez más desempeñan importantes roles como líderes, administradoras de bosques y proveedoras económicas— tienen aún menos probabilidades de que se reconozcan sus derechos.[xxiii]
En muchos lugares, ya está implementada la infraestructura legal para reconocer los derechos: los bosques comunitarios legalmente reconocidos aumentaron un 40 % (150 millones de hectáreas) en los últimos 15 años. Podríamos lograr más del doble de ese progreso —y beneficiar a 200 millones de personas— si se implementara la legislación existente en tan solo cuatro países (Colombia, DRC, India, Indonesia).[xxiv]
Esta brecha entre nuestros derechos legales y consuetudinarios hace que nosotros y nuestras tierras seamos vulnerables a las crecientes amenazas de la producción agroindustrial, las prácticas destructivas de la minería y la tala, y los desarrollos de infraestructura de gran escala, y enfrentamos una mayor criminalización y violencia frente a nuestros esfuerzos por proteger a la Madre Tierra. Al menos 365 defensores de los derechos a la tierra fueron asesinados desde la firma del Acuerdo de París, y muchos más fueron víctimas de violencia y enjuiciamientos injustos.[xxv]
Por el contrario, allí donde se respetan nuestros derechos, ofrecemos una alternativa a los modelos económicos que requieren soluciones de compromiso entre el medio ambiente y el desarrollo. Nuestro conocimiento tradicional y nuestra visión holística de la naturaleza nos permiten alimentar al mundo, proteger nuestros bosques y mantener la biodiversidad global. Respetar plenamente los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales y particularmente las mujeres que las habitan representa la mayor oportunidad para el mundo —en términos de superficie de tierra y cantidad de personas afectadas— para promover los objetivos de desarrollo y clima globales.
Para capitalizar la solución que ofrecemos, exhortamos a los gobiernos, la comunidad internacional y el sector privado a cumplir con el mayor nivel de derecho, estándares y mejores prácticas internacionales en todas las acciones e inversiones en paisajes rurales. Teniendo esto en cuenta, invitamos a los actores a:
  1. Incrementar significativamente el reconocimiento de nuestros derechos sobre la tierra y los bosques a través del aumento del apoyo a las organizaciones indígenas, comunitarias y de la sociedad civil para implementar las leyes existentes y promover la legislación que reconoce los derechos. Esto incluye el reconocimiento de los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas y las comunidades locales a gobernar sus tierras.
  2. Garantizar nuestro consentimiento libre, previo e informado (CLPI) como parte de un ciclo continuo de participación en actividades que se realizan en nuestras tierras, territorios, y recursos consuetudinarios, o que los afectan.
  3. Priorizar inversiones bilaterales y multilaterales en iniciativas dirigidas por indígenas y las comunidades para reducir las emisiones causadas por la deforestación, fortalecer las medidas de conservación y de restauración comunitarias, y mejorar el uso sostenible de la tierra. Hallar maneras de garantizar que el financiamiento internacional para la mitigación del y adaptación al clima llegue a las comunidades en el terreno que pueden destinarlo al mejor uso.
  4. Terminar con la criminalización y enjuiciamiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales que defienden sus tierras, bosques y recursos naturales.
  5. Apoyar alianzas existentes y desarrollar alianzas nuevas que permitan que nuestro conocimiento tradicional y experiencias prácticas con el manejo de la tierra y los bosques informen los esfuerzos presentes y futuros destinados a combatir el cambio climático.
  6. Reconocer y apoyar los derechos de las mujeres indígenas y comunitarias a poseer, gestionar y controlar las tierras, los bosques y los recursos que constituyen las bases para sus medios de vida, el bienestar de la comunidad y la seguridad alimentaria.
Notas:...

---

Nos re-convocamos hacia

el IX 

Encuentro Internacional FOSPA

20 agosto 2020

 
Ante el llamado urgente de una Amazonía acosada por las pandemias que la ambición del sistema del capital ha desplegado sobre sus vitalidades, aprovechándose de la emergencia sanitaria que ha centralizado las decisiones y ha encerrado las ciudadanías, las diversas organizaciones sociales y colectivos que impulsamos procesos de articulación alrededor del FOSPA planteamos re-convocar de manera virtual el IX Encuentro Internacional, proyectado inicialmente para marzo de este año en Mocoa, Colombia.
Vivimos un momento histórico bastante complejo, en donde la expansión del covid 19 ha puesto en evidencia los problemas estructurales del orden social imperante, y su incapacidad para responder a las amenazas globales que se ciernen contra la humanidad y el planeta. Lo hemos experimentado con la actual crisis sanitaria, lo que nos da la certeza de que igualmente sucedería ante un agravamiento de la crisis climática, con consecuencias aún más fatales. El capital no va a detener su maquinaria de acumulación de riquezas, su razón de ser, y ante el resquebrajamiento de su economía con la pandemia que paralizó la fuerza de trabajo, por el contrario, sobrevendrá en una actitud más voraz y agresiva para arrancarle las entrañas a la Amazonía y esclavizar los pueblos.
Esta realidad es un desafío extraordinario y nos exige respuestas prontas y de raíces profundas. Urge entonces que avancemos en la cualificación de las múltiples propuestas para la defensa y el cuidado integral de la Amazonía, con visión programática de cambio en torno a la identidad amazónica, los caminos de vida y el gobierno propio, tejiendo comunidades y sociedades para el Buen Vivir. Que animemos nuestras voluntades, con el intercambio de experiencias alternativas materializadas en nuestros territorios. Y que fortalezcamos las articulaciones sociales alrededor de las Iniciativas de Acción, para potenciar las capacidades transformadoras de cada organización y del proceso en su conjunto.
Convocamos en consecuencia a todas las comunidades, procesos, organizaciones y personas que se inscribieron en las diferentes actividades del IX FOSPA MOCOA-2020, y a todas aquellas que en este tiempo han puesto sus preocupaciones en la Amazonía, para reiniciar este camino hacia el IX Encuentro Internacional, a realizarse del 12 al  15 de noviembre, ahora en condiciones de virtualidad. Prontamente compartiremos mayor información sobre la programación y canales de acceso a este importante encuentro, mientras tanto, les esperamos en todas las actividades preparatorias que se llevarán a cabo durante este tiempo en el marco de lo que hemos llamado Fospa en Movimiento. 


Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Noticias/Nos-re-convocamos-hacia-el-IX-Encuentro-Internacional-FOSPA