Comprobamos enormes dimensiones
de
pobreza estructural, de
conversión de selvas en monocultivos de transgénicos para exportar,de trabajos semiesclavos y de
estados terroristas con disfraz
democrático.
Como la República Unida de la Soja y la IIRSA de Sudamérica mirando en exclusivo
a los súper negocios del contubernio de capitales y estados imperialistas con
los locales, constatamos:
Expansión de las plantaciones de palma aceitera como política de Estado en Centroamérica
31 octubre 2016
Por Henry Picado
Aspectos históricos,
ambientales, laborales y económicos unen el fenómeno de expansión de los
monocultivos de la palma africana de aceite en la región centroamericana.
Estrategias de producción tercerizada, exoneración de impuestos, apoyo a los
tratados de libre comercio, concentración de subsidios estatales y estrategias
de responsabilidad empresarial son comunes en las empresas de palma. Incluso
coinciden fechas de experimentación y planes pilotos como es el caso de los años
50 y 60 en el Valle de Agúan en Honduras y la costa del Océano Pacífico en Costa
Rica.
En Centroamérica las
extensiones de palma aceitera registradas oficialmente sobrepasan las 370.000
hectáreas y esta cifra viene en aumento debido a una agresiva expansión producto
de la demanda de aceite de palma a nivel global. El 51% del aceite vegetal
consumido mundialmente es de origen de palma. En particular las exportaciones
centroamericanas tienen como destino México, Estados Unidos y la Unión Europea
(1).
El aceite de palma es
quizá una de las industrias de más rápido crecimiento y al mismo tiempo
integradas regionalmente como agronegocio. Pero destaca por ser quizá el cultivo
menos estudiado en cuanto a sus impactos sociales y ambientales aún
inconmensurables.
En Guatemala existen
130.000 hectáreas de plantaciones de palma. En los departamentos con presencia
del monocultivo se reportan desplazamiento de comunidades y pueblos indígenas
(2). Estos son los casos del Sur de Petén, Izabal, Alta Verapaz, Quiché,
Q´eqchí, Escuintla, Suchitepéquez, Quetzaltenengo, San Marcos y Retalhuleu, la
mayoría comunidades campesinas y pescadoras. Alrededor del 4% del total de la
superficie agrícola del país está ocupada por este monocultivo.
Si hablamos del caso
hondureño, el monocultivo de palma es uno de los responsables más importantes de
la deforestación y la pérdida de territorio por parte de las comunidades
garífunas y misquitas. Honduras posee una agroindustria agresiva vinculada a
poderes políticos, militares y del narcotráfico. Se reportan oficialmente
165.000 hectáreas, pero esta cifra está poco documentada y se encuentra
actualmente en expansión gracias a políticas e incentivos gubernamentales.
Para Honduras la
concentración aparente no es tan acentuada ya que la producción de palma no es
exclusivamente una actividad de grandes productores o transnacionales. En
Honduras, 16 de los 18 mil productores son pequeños (50 de las 165 mil
hectáreas). Hay que señalar que el número de hectáreas registradas con cultivo
de palma en Honduras es el que emiten las mismas empresas, por lo que se estima
que están subcontabilizadas. Sobre todo luego del Golpe de Estado de 2009,
cuando se ha venido consolidando de forma más agresiva la expansión palmera, la
militarización y la violencia contra campesinos. Esta situación se ha hecho
particularmente evidente en el Valle del Agúan, por la gran cantidad de
asesinatos y desaparecidos dentro de las plantaciones. En el centro de esta
polémica por los crímenes está la empresa DINANT, propiedad de la familia
Facussé, el mayor productor de aceite de palma del país (3).
Por su parte, el censo
agrícola de 2014 de Costa Rica reporta 66.419,7 hectáreas sembradas de palma
aceitera distribuidas en 2169 fincas, donde el 67% de la extensión se encuentra
en tan solo el 8,6% de las fincas. Esta producción está vinculada con la
industria alimentaria y cosmética principalmente, aunque han habido intentos
gubernamentales por incentivar la producción de palma aceitera para la
producción de biodiesel. Según datos de la Cámara Nacional de Productores de
Palma (CANAPALMA), el 50% de la superficie sembrada de palma en Costa Rica está
en posesión del 3% de los productores.
La introducción de la
palma aceitera de forma intensiva en Costa Rica se dio en la década de 1980,
aunque se reporta ya experimentación desde los años 50.
El agotamiento de los
suelos y la contaminación con metales pesados provocada por el uso excesivo de
fungicidas a base de Sulfato de Cobre empleados en las plantaciones bananeras,
ocasionó que miles de hectáreas de tierra se tornaran tóxicas para las musáceas
(familia de las bananeras) y otros cultivos intolerantes a la presencia de estos
elementos en el suelo.
Esto provocó una disminución en la producción bananera de la zona. Por tanto, la United Fruit Company (principal transaccional agroexportadora de la época) migró agresivamente sus plantaciones e infraestructura relacionada con la industria bananera desde el Pacífico Sur hasta el Caribe costarricense a la siembra de palma aceitera. Este cambio se generó no solo debido a que el Caribe suministraba mejores condiciones de humedad que beneficiaban al cultivo de palma, sino además porque este cultivo tolera altos niveles de concentraciones de metales pesados en el suelo, como el cobre.
Para 1973, la United Fruit
Company tenía contratados alrededor de 11.000 empleados en la industria bananera
en la Zona Sur. Luego de la migración a palma aceitera, esta misma compañía
empleaba 4.000 peones agrícolas a finales de los años ochenta. Mientras las
plantaciones de banano en promedio empleaban a un trabajador por hectárea, ahora
ese mismo peón asiste 10 hectáreas de palma. Esta razón puede llegar a explicar
el desempleo generado desde la década del 80 en gran parte del Pacifico Sur
costarricense producto de este cambio productivo.
Para algunos autores, la
transaccional United Fruit Company/United Brands suministró a los pequeños
productores locales de una alternativa productiva, crédito y tecnología de
punta. Sin embargo, también controló la entrada a los segmentos más rentables de
la cadena de producción de aceite por medio del material genético, la
industrialización, el transporte y la comercialización.
El Estado jugó un papel
central en la configuración de las relaciones de poder por medio de su
participación en la construcción de infraestructura procesadora e industrializadora de aceite. Dejando en poder de la transnacional la parte más
rentable de este negocio (la comercialización) que luego tomaría el nombre de
Chiquita Brands.
El fomento al sector
cooperativo es donde el papel de las instituciones estatales posee mayor
injerencia cuando se habla de palma en Costa Rica. Mediante un primer préstamo
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$31 millones, otro de la
institución financiera para el desarrollo del gobierno del Reino Unido (CDC, por
su sigla en inglés) de US$ 13 millones y un aporte estatal de US$ 4 millones, se
da inicio a la operación de una Unidad Ejecutora del Proyecto de Desarrollo
Agroindustrial de Coto Sur. Esta Unidad no solo fomentaría la siembra de palma
por parte de pequeños y medianos productores, sino también la construcción de
una planta procesadora para extraer aceite.
En la actualidad, la
Cooperativa de Pequeños Productores de Palma (COOPEAGROPAL), adeuda más de 1,500
millones de colones (aproximadamente US$ 2,72 millones) al Estado costarricense
en un fideicomiso en el Banco Nacional, adquirido para el establecimiento de una
planta extractora de aceite. Esto es excepcional debido a que Costa Rica ha
optado por la desfinanciación de la agricultura campesina, para apostarle a la
inversión agroindustrial publico-privada. Así, se da inicio a una industrial
marcada por desigualdades e intereses económicos muy fuertes.
Palma Tica S.A. tiene en
su control el procesamiento y la comercialización del 80% del aceite crudo y se
estima que del total de hectáreas sembradas de palma aceitera en el país esta
misma empresa posee el 40% de la superficie sembrada, es decir 24.800 hectáreas
aproximadamente. A esto se le debe sumar alrededor de 19.200 hectáreas que
pertenecen a productores independientes financiados mediante crédito hipotecario
por parte de Palma Tica, la cual reclama la totalidad de la producción durante
14 años, como parte del pago. Por otro lado, COOPEAGROPAL maneja el restante 31%
de la superficie sembrada y comercializa al rededor de un 20% de la producción.
Palma Tica S.A es una de
las cuatro grandes empresas del Grupo Numar, transnacional que opera a nivel
centroamericano y en Panamá especializada en producción, distribución y
comercialización de alimentos procesados. La transnacional Chiquita Brands
vendió el Grupo Numar en 1995 por US$100 millones a ocho firmas costarricenses,
una panameña y otra de Belice. Posteriormente, en 2013, Chiquita Brands vuelve a
comprar esta compañía.
El Grupo Numar, a través
de su subsidiaria Agricultural Services and Development (ASD), tienen en su
control la totalidad del suministro de germoplasma tanto para los productores
independientes, como para Palma Tica S.A y COOPEAGROPAL. Según la misma empresa,
ASD ha exportado más de 300 millones de semillas a prácticamente todos los
países productores de palma aceitera en el mundo. En América Latina alrededor de
65% del área plantada del monocultivo de palma fue desarrollada con variedades
de ASD. En el mundo, las plantaciones comerciales que han usado variedades de
ASD representan más del 11% del área total plantada, lo que demuestra la
influencia regional y global de la transaccional en la expansión de este
monocultivo.
Actualmente, tanto Costa
Rica, Guatemala como Honduras cuentan con políticas de “biocombustibles” o mejor
dicho agroenergía, las cuales han intensificado y estimulado la expansión de la
palma. Un ejemplo de esto son las declaraciones de la Federación Nacional de
Palmeros de Honduras (Fenapalmah) quienes afirmaron que para setiembre de 2015,
7 de cada 10 plantas de extracción de aceite estaban produciendo energía de
biomasa.
La región centroamericana
en su conjunto sufre una serie de procesos de supuesta integración económica y
financiera: sistemas de interconexión eléctrica, tratados de libre comercio
regionales, políticas aduaneras conjuntas y proyectos de infraestructura son
ahora algunos de sus ejes.
En este sentido, la producción de aceite de palma no
sólo puede ser visto como un proyecto regional sino que es una carrera de
“integración económica” anclada a la producción de mercancías para la
exportación. Los pueblos y comunidades expulsados de los territorios ocupados
por esta expansión son los más afectados.
Los procesos de expansión del monocultivo a nivel regional se encuentra orquestado sin importar fronteras ni gobiernos. Para comprender este fenómeno a nivel regional es preciso verlo en su conjunto y tratarlo como un proyecto empresarial de gran magnitud fuera de las proporciones nacionales de cada uno de los países centroamericanos.
Henry Picado,
agrobici@gmail.com
Red de Coordinación en Biodiversidad,
http://redbiodiversidadcr.codigosur.net/
Notas
(1) Mapa “Monocultivo de Palma Aceitera en América Latina”,
Otros Mundos AC, GeoComunes –
ver aquí.
(2) Guatemala: la palma africana promueve un nuevo desplazamiento de comunidades rurales – ver aquí.
Guatemala: Isla Chicales – tierras estatales deben ser manejadas por las comunidades – ver aquí.
(3) Bajo Aguán: Grito por la Tierra – ver aquí.
Honduras: mujeres en lucha por la tierra en un marco de violencia y asesinatos – ver aquí.
(2) Guatemala: la palma africana promueve un nuevo desplazamiento de comunidades rurales – ver aquí.
Guatemala: Isla Chicales – tierras estatales deben ser manejadas por las comunidades – ver aquí.
(3) Bajo Aguán: Grito por la Tierra – ver aquí.
Honduras: mujeres en lucha por la tierra en un marco de violencia y asesinatos – ver aquí.
Fuente: Leer
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¿Qué impacto ambiental tendrá el canal interoceánico de Nicaragua?
Se trata de una obra
que será tres veces más grande que el Canal de Panamá,
lo que la convierte en la mayor
remoción de tierra y sedimentos que haya realizado el ser humano en su
historia, abarcará 278
Kms. de largo, un área de influencia directa de 10 Kms. a cada lado,
además de incluir la construcción
de un lago artificial y una represa hidroeléctrica; así
de monumental es
el proyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua.
Un plan de tal
envergadura tiene un impacto en el medio ambiente y por estar cerca de
la frontera con nuestro país, las repercusiones también afectarán a los
recursos naturales costarricenses.
Ante este panorama,
la Cátedra Wilhelm y Alexander von Humboldt en Humanidades y Ciencias
Sociales organizó con el apoyo de la Escuela de Biología y la
Vicerrectoría de Docencia, el foro
denominado El proyecto de Canal Interoceánico por Nicaragua: realidades,
perspectivas e impactos, el
cual se realizó en el Auditorio 290 de la Escuela de Biología el
miércoles 10 de junio.
Encuentro académico para la discusión
El dirigente
campesino y activista nicaragüense, Octavio
Ortega Arana, participó en el foro como el coordinador
del Consejo Nacional por la Defensa de Nuestras Tierras, Lago y
Soberanía, allí contó las experiencias
que han tenido hasta el momento los movimientos sociales ante
las directrices del Gobierno, “de
los 153 municipios que componen el país, 66 están organizados en contra
de la ley canalera o Ley 840 que aprueba la concesión del proyecto y
hemos organizado 46 marchas para mostrar nuestra oposición”,
acotó.
Según explicó Ortega Arana dicha concesión exime al inversionista, la empresa china HKND Group, del pago de cualquier tipo de impuestos, asimismo en el área del canal no se aplicará la normativa administrativa, económica, civil, penal y laboral que rige en Nicaragua, “los recursos hídricos y energéticos del país serán de uso prioritario para el proyecto. Casi 300 comunidades serán destruidas; 119 mil personas perderán sus redes familiares y sociales; y tenemos una amenaza real de contaminación por hidrocarburos, salinización, sedimentación y turbidez en el Lago Cocibolca (Lago Nicaragua), que es el reservorio de agua dulce más grande de Centroamérica”, declaró Ortega Arana.
Otros aspectos
negativos del proyecto a tomar en cuenta, recalcó Ortega,
es que “la
concesión fue aprobada sin consultar a las comunidades afectadas ni al
resto del pueblo, sin contar con estudios de impacto ambiental, viola
más de 30 artículos de la Constitución Política y transgrede más de 10
tratados ambientales ratificados por
Nicaragua”, manifestó.
Por su parte la M.Sc.
Mónica López Baltodano, abogada ambientalista
nicaragüense, experta en cambio climático y directora de la Fundación
POPOL NA, cuestionó la idea histórica de que el desarrollo
para Nicaragua debe venir de la mano de un canal interoceánico.
“Este proyecto es una iniciativa manejada en secreto, abusiva y violatoria del derecho nacional, de la legislación internacional, del ambiente y de los derechos humanos de las poblaciones indígenas y afrodescendientes en la zona de impacto”, esgrimió López Baltodano.
López resaltó que Nicaragua
enfrenta una concesión que garantiza a la empresa constructora 116 años
de dominio absoluto sobre el Lago y al menos siete áreas protegidas,
“todo esto sin los debidos estudios de factibilidad y de impacto
ambiental”, apuntó.
Además, la Directora de la Fundación POPOL NA dijo que se creó una
comisión gubernamental para regular los temas del canal, cuyas
reuniones, criterios técnicos y resoluciones nunca se han dado a conocer
públicamente, informó la abogada.
Afectación en Costa Rica
El Dr.
Nicolás Boeglin Naumovic, experto en derecho
internacional público y docente de la Facultad de Derecho de la UCR,
expuso sobre la huella que dejaría este proyecto en la cuenca del Río
San Juan y aseguró que llama la atención la existencia de una evasión
sistematizada del Estado de Nicaragua sobre el tema.
Boeglin insistió en
que, con el fin de hacer del canal una realidad, Nicaragua
ha creado una especie de “zona de no aplicación del derecho” que exonera
al concesionario y que no hay manera, hasta el momento, de tener acceso
a los estudios de impacto ambiental que se hicieron dos años después de
haberse asignado la concesión.
“El agua no respeta fronteras, se burla de las fronteras” mencionó Boeglin en referencia a que los mantos acuíferos que alimentan tanto el Río San Juan como el Lago de Nicaragua, se ubican bajo la superficie de ambos países, como una reserva común, “este caso se puede comparar con la situación que vivimos hace un tiempo con la concesión en el caso Crucitas”, citó el especialista.
Finalmente el Dr.
Salvador Montenegro Guillén, experto en recursos
hídricos y exdirector del Centro para la Investigación en Recursos
Acuáticos de Nicaragua (CIRA/UNAN),
ahondó en las implicaciones sobre el ambiente del proyecto, “una
catástrofe provocada por el futuro canal tendría, sin duda, un impacto
devastador para ambos países. Los principales usos de la cuenca son:
consumo de agua potable, irrigación de cultivos, pesca artesanal y
deportiva, conservación de la diversidad biológica y turismo; todas
estas actividades se verían amenazadas por
el proyecto”, concluyó Montenegro.
Fuente:
https://www.tysmagazine.com/que-impacto-ambiental-tendra-el-canal-interoceanico-de-nicaragua/
Sólo la lucha de las organizaciones
populares impidió la realización del canal interoceánico. Pero:
América Latina es el territorio
más letal del mundo para activistas
5 de
marzo de 2019
Hoy
se cumplen tres años del asesinato de Berta Cáceres, quien se opuso al
proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en Honduras. Aunque el caso movilizó
al mundo entero, la muerte de activistas en la región sigue creciendo.
El 3 de marzo del 2016,
la activista Berta Cáceres fue asesinada. Tres años después, América Latina
sigue siendo la región más mortífera para los defensores de los derechos
humanos y el medio ambiente. El último informe de la organización Front Line
Defenders revela que el 54 por ciento de los 321 asesinatos que se
produjeron contra este colectivo en el 2018 se concentran en Colombia y
México. Con un incremento de nueve muertes más respecto del 2017, el 77 por
ciento del total de asesinatos corresponden a defensores de la tierra y el
medioambiente, así como líderes de pueblos indígenas. Un fenómeno que no
deja de crecer, tal y como muestran las recientes muertes del activista
mexicano Samir Flores, que había denunciado el impacto ambiental de una
planta energética en Morelos, y Francisco López, líder de un pueblo indígena
de Paraguay.
Precisamente, los pueblos indígenas son el colectivo más vulnerable, debido a que los proyectos que se llevan en sus territorios se contraponen con sus modos de vida. “El derecho a decir ‘no’, a escoger sus propios modelos de desarrollo, debe ser respetado por Gobiernos, empresas e instituciones de financiación al desarrollo”, dicen los autores del informe.
Fuente: https://www.elmostrador.cl/dia/2019/03/05/america-latina-es-el-territorio-mas-letal-del-mundo-para-activistas
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