Esta lógica del Capital-Estado
centrada en el lucro oligopólico sin importar consecuencias es cuestionada por
las disputas de territorios que, en simultáneo,
persiguen alternativas al
capitalismo.
Partamos de ubicarnos porqué es
crucial instalar la deliberación de una creciente mayoría sobre el fracking en
Argentina.
Investigación: Vaca Muerta, el saqueo
22 de
septiembre de 2018
En agosto se
cumplieron cinco años del acuerdo entre YPF y Chevron que dió inicio a la era
del fracking en Argentina.
Este septiembre comenzará la exportación de gas a Chile, para el crudo existen
planes similares. Actores, incidencias e incertidumbres en la geopolítica no
convencional.
Observatorio Petrolero Sur
Neuquén es la segunda provincia
con mayor recepción de inversiones extranjeras directas del país. Si los
horizontes esperados de exportación se realizan, se llevarán los hidrocarburos
alojados en Vaca Muerta pese a las graves consecuencias socioambientales de los
territorios donde se extraen.
Mientras el
exitismo del rentismo petrolero gubernamental se embriaga con anuncios de
inversiones y nuevos acuerdos, hay distintos conflictos que emergen como
resistencia a un saqueo en ciernes.
Tras cinco años de producción de
hidrocarburos no convencionales (HNC) en la Cuenca Neuquina, sabemos que Vaca
Muerta es un megaproyecto extractivo
que puede requerir un ejercicio analítico complejo para abarcar su totalidad. En
las siguientes líneas, resumo algunos puntos centrales: qué es Vaca Muerta, qué
papel cumplen los estados involucrados y quiénes son los principales actores.
Muchas Vacas Muertas
Vaca Muerta es una formación
geológica ubicada en la Cuenca Neuquina, según la
Administración de Información Energética (EIA,
por sus siglas en inglés) es el segundo reservorio mundial de gas y el cuarto de
petróleo. Tiene una extensión de 30.000 km², equivalente a todo el territorio de
Bélgica, y un espesor que la hace atractiva a los ojos frackers. Pero ésta no es
la única Vaca Muerta.
El proyecto de extracción de no
convencionales es posible gracias al uso del paquete tecnológico del fracking,
que se aplica a un conjunto de formaciones geológicas que contienen petróleo y
gas tanto en shale (roca madre) como en tight (arenas compactas).
En nuestra región, estas
formaciones no sólo se encuentran en la Cuenca Neuquina, también han quedado
atrapadas -tras movimientos de la dorsal Huincul- en zonas de intercuencas, como
las recientemente exploradas en la provincia de Río Negro (áreas Chelforo y
Villa Regina). En términos de extracción, Vaca Muerta se expande.
Además, este megaproyecto implica
directamente a las provincias de Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén,
poseedoras de los recursos de subsuelo a partir de la Ley 26.197 del año 2006.
Pero también implica a las provincias de Chubut y Entre Ríos como proveedoras de
las arenas
silíceas, insumo fundamental para la actividad. A esto se
suma la infraestructura para el transporte como ductos, rutas, vías férreas,
además de refinerías, polos petroquímicos y actualmente estudian realizar
licuefacción para exportar gas vía el puerto de Bahía Blanca. Pero los límites
de Vaca Muerta trascienden las fronteras nacionales, la mayoría de las empresas
que operan en la cuenca tienen sus sedes en guaridas off-shore como Delaware,
Islas Bermudas, Islas Caimán, Países Bajos, Uruguay, entre otros
(EJES, 2017).
Finalmente,
Vaca Muerta se presenta como una región que también requiere de una
planificación estatal que logre contener el impacto del aumento exponencial de
la demanda de todos los servicios en las ciudades involucradas. Los “Estudios
estratégicos para el desarrollo territorial de Vaca Muerta” realizados
por el estado nacional junto a las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa
dan cuenta de eso.
Gobernar Vaca Muerta
La otra dimensión tiene que ver con el
rol del estado nacional y los estados provinciales en el desarrollo del
megaproyecto.
Vaca Muerta llegó mediante una reedición del discurso desarrollista, con la
impronta épica nacionalista que el kirchnerismo supo construir. El desarrollo no
convencional se presentó asociado a la expropiación parcial de YPF que pasó a
ser conducida por el Estado, aunque mantuvo su carácter privado.
Políticas con objetivo de
autosuficiencia energética intentaron revertir el déficit en la balanza
energética, para ello se buscó frenar el declive de extracción sobre todo en gas
-principal fuente para producir energía eléctrica-. Si bien
el kirchnerismo
dio señales de ampliación de derechos en política energética
no avanzó mucho en
términos de soberanía e incluso reforzó la dependencia fósil apostando todo a
Vaca Muerta bajo una estructura a merced del poder privado internacional.
La soberanía de la mano
de Chevron implicó acuerdos secretos que degradaron la democracia;
tribunales internacionales como garantes -en medio de la pelea con los fondos
buitres-; un entramado off-shore con el que operan la mayoría de las empresas y
nuevos subsidios como garantías de una tasa de ganancias atractivas. Esta
situación incluso se sostuvo en plena caída del precio del petróleo con la
creación de un precio sostén, también llamado “barril criollo”.
Sobre esto se asentó el
macrismo y dió un golpe de timón hacia el neoliberalismo. Quitó los subsidios y
estableció impagables tarifazos.
Logró imponer un nuevo modelo laboral para el sector petrolero. Impulsó la
desregulación del mercado con miras a volver a los valores internacionales
mediante la quita del precio sostén. Además, este año el ex ministro de Energía,
Juan José Aranguren, resolvió dolarizar el valor de la energía. Focalizaron los
subsidios a la extracción en algunos proyectos gasíferos no convencionales.
Todas estas medidas dispararon los aumentos sistemáticos de las tarifas de
energía y precio de los combustibles.
Vaca Muerta demanda un gran
financiamiento estatal que se incorpora en toda la cadena de valor energética
-producción, transporte y distribución- en subsidios, incentivos, exenciones,
también en infraestructuras específicas para la actividad directa -como rutas,
trenes, aduanas- e indirectas -como hospitales, escuelas, viviendas, cloacas-.
Al mismo tiempo, el proyecto
extractivo demanda que las reglas del juego se adapten a otras necesidades
específicas como las de insumos, mano de obra, proveedores y otros servicios, en
todas esas también están presentes los estados.
En territorios de explotación se
extraen millones y millones de litros de agua (11 millones usan los pozos
verticales de Loma Campana por ejemplo y los pozos horizontales consumen más).
Actualmente se abastecen con acueductos temporales y camiones, pero planean
otros acueductos permanentes, aún cuando se trata de las mismas zonas en las que
los productores rurales padecen estrés hídrico.
Las arenas silíceas conforman otro
foco de conflicto. Cada pozo utiliza más de 1500 toneladas de arena que se
compran como arena de construcción, por tanto, son pagadas a su lugar de origen
a precios bajos. Para transportar las arenas utilizan las líneas férreas,
incluso se usan de depósitos las viejas estaciones de la línea Roca que controla
Ferrosur; además las transportan en camiones extremadamente pesados que dañan
las rutas regionales y aumentan los riesgos de accidentes. El estado nacional y
las empresas planifican traer las arenas por una nueva traza férrea entre el
puerto de Ingeniero White (Bahía Blanca, Buenos Aires) y Añelo (Neuquén) -a
pesar del rechazo de los intendentes de las localidades que atravesará- obra que
se realizaría en el marco de los nuevos mecanismos de Participación Público
Privada (PPP) mundialmente cuestionadas.
El megaproyecto requiere una
gran cantidad de mano de obra, pero las nuevas reglas del juego someten esta
demanda a tercerizaciones y altos niveles de precarización laboral. Mano de obra
mal pagada y con regímenes laborales intensivos que vienen aumentando
notablemente los ritmos y las condiciones de trabajo, factores que incrementan
los riesgos de accidentes. En lo que va de 2018, fallecieron cuatro trabajadores
en accidentes laborales.
Por otro lado, la demanda laboral de Vaca
Muerta es especialmente volátil.
Implica la construcción de obras inmensas pero de trabajo a término y al mismo
tiempo las contrataciones dependen de las variaciones del precio internacional
del crudo. Asimismo, la incidencia de estos puestos laborales sobre las
economías locales es determinante. Se
calcula que por cada puesto de trabajo en este sector se inducen tres puestos
indirectos, también sometidos a la volatilidad no convencional.
Por último,
la necesidad de servicios específicos generó la creación de mundo de empresas,
muchas bajo la impronta de la burguesía patriacontratista local que negocia con
las operadoras beneficiando a las empresas de familiares, a amigos, a aportantes
partidarios y hasta a funcionarios y sindicalistas.
La corrupción de un esquema descentralizado, fragmentado y privado, también hace
que las fuentes laborales queden cautivas de la correlación de fuerza coyuntural
que tengan sus dueños. Así, por ejemplo, la pérdida de un contrato puede
significar muchos despidos o directamente el cierre de la empresa.
La invasión del fracking
Durante estos cinco años el mapa
no convencional crece. Si bien la actividad se concentra en la provincia de
Neuquén, y, en menor medida, en Río Negro, ya arrancaron los trabajos pilotos en
Mendoza.
Las concesiones más grandes fueron
y son aquellas en las que los estados tienen injerencia.
YPF condujo la
mayor parte del proceso durante la gestión kirchnerista, y tuvo a cargo la
“curva de aprendizaje”. Además, creó YPF Tecnología (YTEC) una empresa
científico técnica que asoció a YPF con el CONICET y que colaboró con la
sustitución de importaciones de materias primas y maquinarias. La ciencia puesta
al servicio de la maximización de las ganancias de las corporaciones petroleras.
Además, YPF tuvo que idear reglas en el tenso mundo de proveedores habituados a
la sobrefacturación. Incidió en la planificación del desarrollo de la
infraestructura y se encargó de ampliar la frontera no convencional con nuevas
exploraciones.
Mientras tanto, la empresa
neuquina Gas y Petróleo -estatal a pesar de ser también una sociedad anónima-
dedicó sus esfuerzos a la obtención de rentas extraordinarias más que a la
producción. Tras su creación en 2008 se hizo de las áreas -en su momento
marginales- que antes estaban en manos de la estatal Hidenesa. El sistema de
carry fue el mecanismo por el cual la provincia de Neuquén quedó como socia
financiera en varias Uniones Transitorias de Empresas (UTE), por poseer el área
cedía a sus socias la mayor parte del paquete accionario y estas empresas se
hicieron cargo de la operación. GyP mantuvo un 10 o 15% de las acciones,
cuestión que generó muchas tensiones con el ejecutivo nacional, que acusaba al
mecanismo de desalentar la llegada de inversiones.
YPF tiene 15 proyectos activos que
representan unos 9.000 km2. Entre sus socios se encuentran la
francesa Total Austral, la noruega Equinor -ex Statoil-, las norteamericanas
Chevron, Dow Chemical y la gigante de servicios Schlumberger -que opera el área
Bandurria-, también sostiene asociaciones con la angloholandesa Shell, la
asiática Petronas, la alemana Wintershall y con PAEG compuesta por la inglesa
BP, la china CNNOC y la familia Bulgheroni. Ya se anunció el ingreso de Gazprom
(EJES, 2018).
GyP actualmente tiene 98 áreas que
con frecuencia salen a subastar en Estados Unidos. Si bien las activas son 36
áreas, GyP mantiene acciones en cinco proyectos actualmente en etapa piloto,
sólo en área Aguada del Chañar opera con un incipiente y lento desarrollo. Sus
principales socios adquiridos por el mecanismo de carry son: Wintershall, la
norteamericana Exxon, Shell, Total Austral, Petrogas. A su vez, tiene
asociaciones en áreas concesionadas pero en vías de desarrollo con Pampa Energía
-del empresario argentino Marcelo Mindlin-, Vista Oil -empresa de ex CEO de YPF
Miguel Gallucio-, Tecpetrol -del italo argentino Paolo Rocca-, Shell y PAEG. El
activo actual es de 1.575 km2.
Hay que destacar el reciente
desarrollo del área Fortín de Piedra, cuya concesión pertenece a Tecpetrol,
parte del grupo Techint. El economista Facundo López Crespo -miembro de EJES-
sostiene que en la actualidad se extrae el 10% del gas nacional de dicha área y
que, en su etapa de desarrollo masivo ya logró producir más por mes que la
histórica Loma La Lata. Esto se debe en principio al impulso que de los
subsidios otorgados por el gobierno nacional, que representaron en el último
semestre alrededor de 250 millones de dólares, un 30% de la facturación. Toda la
apuesta al fracking hace que en actualidad la extracción convencional haya
retrocedido un 7%, mientras que la inyección no convencional aumentó un 39% en
el periodo julio 2017-2018. La resolución ministerial 46 del 2017 generó un
incentivo a la explotación de gas no convencional. Hoy hay seis áreas incluidas
en ese programa y una docena permanecen en carpeta, aunque trascendió que se
habría cerrado el ingreso. La tendencia muestra que las empresas van a donde los
subsidios se aplican.
En el resto de las áreas se
encuentran: Total Austral, Shell, Wintershall, Exxon, Wintershall, Chevron,
Pampa Energía, Pluspetrol, Vista Oil, PAEG. Un reciente informe de Hernán
Scandizzo, investigador del Observatorio Petrolero Sur, ofrece una radiografía
de las principales empresas
europeas en Vaca Muerta, allí queda claro que esto recién
está empezando.
Todo el mecanismo para el
saqueo está en pleno desarrollo, pero para que pueda concretarse deberán apagar
más de un foco de conflicto. A la decisión de militarizar la zona con la
presencia de tropas de Gendarmería Nacional, se suma el interés de control
internacional que representan tanto la ya instalada base militar china, como la
norteamericana que intentan instalar.
Fuentes consultadas
Agencia Argentina
de inversiones y comercio internacional (2018) Mapa
de la inversión 2015-2018
Álvaro, B. y Riffo,
L. (2018), Extracción de hidrocarburos no convencionales y sociedad: abordajes
socio-territoriales del extractivismo. Trabajo expuesto en el marco de la
Comisión Interdisciplinaria para el discución sobre Hidrofractura del Consejo
Superior de la Universidad Nacional del Comahue.
Aringoli, F.
(2018), “Quiénes son los dueños de Vaca Muerta”, en Río Negro, 30 de junio de
2018.
Eco Journal
(08/03/2018) “YPF lanzará en 2018 cinco nuevos proyectos en Vaca Muerta”.
Enlace por la
Justicia Energética y Socioambiental (2017), Informe
Externalidades del megaproyecto Vaca muerta.
Enlace por la
Justicia Energética y Socioambiental (2017), Informe Económico. Ganadores
y Perdedores en la Argentina de los hidrocarburos no convencionales.
Enlace por la
Justicia Energética y Socioambiental (2018), “Las transferencias económicas a
favor de Techint en Vaca Muerta”, en Boletín EJES Nº 20, julio de 2018.
Silvia Peco (2018)
“La devaluación pone en jaque la política tarifaria de Aranguren” en Ámbito
Financiero, 18 de Mayo de 2018.
Información Oficial
COPADE
(2014-2015), “Estudios
estratégicos para el desarrollo territorial de Vaca Muerta”
Empresa Gas
y Petróleo del Neuquén .
Ministerio de
Transporte (29/06/2018) Tren
Norpatagónico: el Gobierno Nacional reactivará el ferrocarril de cargas para
impulsar el desarrollo de la Patagonia.
Neuquén Informa
(13/04/2009) Transfirieron áreas marginales a Gas y Petróleo del Neuquén S.A.
Reflexionemos sobre lo difícil
del viraje de una creciente mayoría desde la lógica capitalista hasta la de
la situación real y efectiva del país o ante un problema fundamental en
común.
Hidrocarburos y ambiente en la Argentina:
Misceláneas de una relación problemática, de los pingüinos empetrolados al
fracking
Hernán Scandizzo1
Resumen
Nos proponemos un
acercamiento a la problemática relación producción de hidrocarburos / ambiente,
partiendo de la necesidad de elaboraciones colectivas para intervenir en las
definiciones de la política energética. Decimos que es una relación problemática
por los impactos socio-ambientales resultantes de la actividad -degradación y
contaminación del suelo, agua y aire y sus derivaciones en la salud de humanos y
no humanos, etc.-, pero también por los abordajes que se hacen de esta relación
desde diferentes instancias gubernamentales y de la sociedad civil.
A partir del racconto de momentos de las
últimas tres décadas en que se puso en tensión la problemática relación
hidrocarburos-ambiente nos detenemos en las sensibilidades colectivas que se
manifiestan en torno a los impactos de esta actividad; las demandas de
organizaciones políticas, indígenas y sindicales, y también en los usos de lo
ambiental en la relación estados-empresas.
Desde la década de 1980,
en diferentes puntos del país, grupos ecologistas impulsaron campañas contra la
construcción de represas, emprendimientos forestales y piscícolas; también
contra el agro-negocio, la instalación de centrales y repositorios nucleares y
de industrias petroquímicas, entre otros.2 Sin embargo, fue en los
primeros años de la década del 2000 en que, a fuerza de multitudinarias
movilizaciones, las luchas socioambientales irrumpieron para quedarse en la
agenda política. Dos hitos de aquel momento fueron el No a la Mina en Esquel,
Chubut;3 y la oposición a la instalación de dos plantas de producción
de pasta de celulosa en Fray Bentos (Uruguay), frente a la ciudad entrerriana de
Gualeguaychú.4 En ese auge de las luchas socio-ambientales
proliferaron espacios de participación/militancia como asambleas, foros y
multisectoriales, desde los que se problematizó el modelo productivo y se
impulsaron campañas.
Por entonces, la crítica
a los impactos de la explotación de hidrocarburos tenía un lugar marginal en esa
agenda; más que el cuestionamiento a la dependencia de una matriz energética
preponderantemente fósil (gas, petróleo y carbón), se repudiaba al saqueo de
éstos, perpetrado por empresas transnacionales como Repsol YPF. Una
consecuencia de la privatización de la petrolera nacional, Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF), y la liberalización del sector. En las décadas de
1990 y de 2000 la producción de hidrocarburos fue puesta en tensión en diversos
momentos por conflictos territoriales y denuncias de contaminación que afectaban
la calidad de vida de poblaciones humanas y no humanas.
Sin embargo, recién
2012, con la irrupción de la técnica de fracturación hidráulica o fracking5,
aplicada en yacimientos no convencionales, la crítica a esta actividad logró
insertarse plenamente en la agenda socio-ambiental. Las fuertes campañas de
rechazo al fracking, principalmente en Europa y Estados Unidos -por los riesgos
e impactos ambientales asociados a su aplicación- contribuyeron a poner el tema
en ese lugar, y se generaron fuertes movimientos de oposición en regiones sin
antecedentes de extracción de gas y petróleo, como es el caso de las provincias
de Entre Ríos y Buenos Aires.
La conquista del nuevo desierto
En los primeros años de
la década de 1990 se inició un proceso simultáneo de privatización,
desregulación, federalización y transnacionalización del sector. La empresa
estatal YPF fue convertida en una sociedad anónima y sus acciones –en principio
en poder de la Nación y las provincias productoras- fueron vendidas hasta que,
en 1999, fue controlada casi en su totalidad por la compañía española Repsol -el
Estado mantuvo el derecho a participar de las decisiones del consejo directivo y
el poder de veto. En tanto el dominio del gas y el petróleo pasó de la Nación a
las provincias -en un proceso que comenzó con la sanción de la Ley 24.145 en
1992, conocida como Ley de Federalización de Hidrocarburos y Privatización de
YPF, continuó con la reforma de la Constitución Nacional en 1994 y
culminó en 2006 con la sanción de la ley 26.197, conocida
como Ley Corta.
En ese marco de
transformaciones, el gas y el petróleo perdieron su carácter de recurso
estratégico -uno de los puntales de la épica nacional desarrollista argentina-
para convertirse en un commodity;7 y se incrementaron los niveles de
extracción a partir de la puesta en producción de áreas que habían sido
exploradas por la empresa estatal y permanecían en reserva. Este proceso de
ampliación de la frontera extractiva, fue acompañado por una serie de obras de
infraestructura para el transporte y exportación.8
Una consecuencia
de estas transformaciones fue el avance de la actividad hidrocarburífera sobre
territorios de comunidades indígenas, lo que desencadenó una serie de
conflictos.9 Conflictos que expresaban, además, la emergencia
política de estos pueblos.10
Uno de los casos hito fue
la lucha de la comunidad kolla Tinkunaku, en Orán, contra el tendido del
gasoducto NorAndino, que atraviesa las provincias de Salta y Jujuy, y tenía como
objetivo exportar gas a Chile. Los comuneros reclamaron el respeto a sus
derechos territoriales y la protección de la selva de yungas. La demanda tuvo
gran repercusión mediática, pero por la intervención de la organización
ecologista Greenpeace, quizá se la recuerde más como una de las primeras
cruzadas para evitar la extinción del yaguareté, cuyo hábitat era afectado por
el proyecto (di Risio y Scandizzo, H., 2012: 125-127).
Otro caso emblemático es
el de las comunidades mapuche Kaxipayin y Paynemil, en la provincia de Neuquén,
detonado por el Proyecto Mega: la construcción de una planta separadora de gas y
tendido de un gasoducto de 600 km hasta el polo petroquímico de Bahía Blanca (Gavaldà,
M., 2003: 32-42; Red DESC, s/d). La obra implicó una mayor ocupación del
territorio ambas comunidades, cercanas a la localidad de Añelo, que estaban
afectadas por la explotación del mayor yacimiento de gas del país: Loma La Lata.
En el marco de ese conflicto las familias mapuche denunciaron la contaminación a
la que estaban expuestas de manera crónica. Eran tales las
concentraciones de condensados de gasolina en las napas freáticas, de las que se
abastecían los comuneros, que el líquido que extraían ardía al acercarle fuego.
La ampliación de la frontera extractiva hacia áreas secundarias, que en algunos
casos permanecían como reservas, también generó un desplazamiento de los
conflictos territoriales.
De Loma La Lata, el foco de tensión se extendió a la zona centro de la provincia de Neuquén, a yacimientos cercanos a las ciudades de Cutral Co y Zapala, donde las comunidades Logko Puran y Gelay Ko protagonizaron cortes de ruta, bloqueos de locaciones y tomas de instalaciones petroleras para detener la perforación de pozos y demandar la implementación de los mecanismos de consulta y participación contemplados en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT. La respuesta estatal fue la represión, judicialización y la estigmatización (Salgado, J.M.; Gomiz; M.M. et al., 2010).
Control del recurso y apropiación social de la renta
Los impactos
socioeconómicos de la privatización de YPF –desempleo por reducción de personal
y depresión de las economías regionales- se sintieron en las comarcas petroleras
de todo el país y dieron lugar a puebladas en Cutral Co y Plaza Huincul, en la
provincia de Neuquén, en junio de 1996 y abril de 1997; y en las localidades
salteñas de Tartagal y Gral. Mosconi, en mayo y noviembre de 2000 y junio de
2001.
En ese contexto cobraron fuerza las
movilizaciones de sindicatos y organizaciones políticas y populares que
reclamaban la re-estatización de YPF y denunciaban el saqueo de los
hidrocarburos; se focalizaban en el control del recurso y la apropiación social
de la renta. La prórroga de la concesión del yacimiento Loma La Lata-Sierra
Barrosa a Repsol YPF, firmada en 2000 por el entonces presidente de la Nación
Fernando De la Rúa, diecisiete años antes de que venciera el contrato, funcionó
como uno de los catalizadores de esa lucha (Dellatorre, 2000).
De igual modo funcionaron la sanción de la llamada Ley
Corta; 11 la renovación anticipada de la concesión del yacimiento
Cerro Dragón a Pan American Energy, en 2007;12 y la prórroga
anticipada de contratos petroleros implementada por el gobierno de Neuquén, en
2008.13
En el marco de esos
procesos de movilización se conformaron organizaciones como el Movimiento por la
Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (Moreno), en 2001, constituido
por un grupo de “militantes de distintas extracciones políticas, sociales y
gremiales”, que “brega por el derecho del pueblo a la energía y la recuperación
de todos nuestros recursos naturales” (Moreno, 2009); y el Nuevo Pensamiento
Energético Latinoamericano (NPEL), en 2005, para “la generación de análisis y
políticas que tengan como epicentro la integración de los trabajadores y que de
su elaboración se desprenda la búsqueda de la puesta de los recursos naturales
al servicio de la clase obrera y los pueblos” (NPEL, 2007: 13).
La Confederación
Mapuche del Neuquén -que nuclea a las comunidades de esa provincia-, también
intervino en esas coyunturas, en sus planteos enfatizaba la violación de
derechos territoriales y los impactos sanitarios, ambientales y culturales
derivados de la extracción de hidrocarburos. Impactos que, a pesar de su
magnitud, aparecían como un aspecto periférico en las críticas a las políticas
hidrocarburíferas sostenidas por las organizaciones no indígenas.14
En 2008, con la creación del Observatorio Petrolero Sur (OPSur), se constituyó un colectivo que propone incorporar la perspectiva socio-ambiental a la lucha por el control público de los hidrocarburos y la apropiación social de la renta. En sus postulados, plantea además, la necesidad de democratizar la gestión de la energía y diversificar y desfosilizar la matriz (OPSur s/d).
Pingüinos y liberalización del sector
Más arriba se hacía
referencia a que mientras la comunidad Tinkunaku del Pueblo Kolla planteaba la
defensa de su territorio y la protección de la selva de yungas como eje de la
oposición al trazado del gasoducto NorAndino, la organización ecologista
Greenpeace ponía el acento en que se afectaba el hábitat del yaguareté, una
especie amenazada (Greenpeace Argentina, 2002; Clarín, 1998; La Nación 1998a y
1998b). La atención puesta en el impacto de la actividad hidrocarburífera sobre
la vida silvestre no se dio sólo en ese caso, sino que fue el enfoque
preponderante en las coberturas periodísticas de comienzos de la década de 1990,
al menos de la prensa de Buenos Aires. La aparición masiva de pingüinos
empetrolados en las costas del Atlántico Sur, en 1991, tuvo un abordaje similar.
Incluso se pusieron en cuestión prácticas extendidas hasta ese momento en la
producción de hidrocarburos como el uso de piletas de purga15, porque
se transformaban en trampas mortales para las aves, que las confundían con
espejos de agua en sus rutas migratorias. Estas referencias no son en función de
caricaturizar ni de desestimar la defensa de vidas no humanas, sino
marcar la ausencia de un abordaje integral de la
problemática, que por una estrategia comunicacional o por convicción, ponía el
acento en los impactos sobre la vida silvestre y no
sobre el conjunto.16
¿Qué expresaba la aparición masiva de pingüinos en esas condiciones? Según investigaciones posteriores, eran un emergente del proceso de privatizaciones y liberalización del mercado hidrocarburífero. El biólogo Pablo García Borboroglu, del Centro Nacional Patagónico —dependiente del Conicet— y su colega Dee Boersma, de la Universidad de Washington, analizaron los relevamientos de 26 instituciones que registran y/o rehabilitan aves marinas empetroladas, desde Fortaleza (Brasil) hasta San Antonio Oeste (Argentina). A la luz de los datos de explotación y comercio de crudo, observaron "un dramático incremento [de pingüinos empetrolados] a mediados de los 90, coincidente con el crecimiento exponencial de exportaciones de petróleo en Argentina" (Borboroglu, P., Boersma, P. Reyes, L. et al., 2008).17 El foco sólo en los pingüinos -y otras especies no humanas empetroladas o en riesgo- funcionó para plantear un tema novedoso para quienes vivían alejados de los yacimientos: la producción de petróleo afecta a la Naturaleza. Naturaleza de la que no eran parte los seres humanos.
Pueblos empetrolados
En la segunda mitad de la
década de 1990 tomaron estado público dos casos de poblaciones empetroladas: las
comunidades mapuche Kaxipayiñ y Paynemil, en Neuquén, y Koluel Kaike, en Santa
Cruz. En ambos se denunció la contaminación con hidrocarburos de las aguas
subterráneas utilizadas para consumo. Quizá que los casos de las poblaciones
empetroladas no sean tan recordados, como el de los pingüinos u otras especies
-a pesar de que también tuvieron cobertura mediática-, de
alguna manera habilita a que se repitan situaciones similares, como las
denunciadas por vecinos de Caleta Córdova tras el derrame de crudo de diciembre
de 2007, e incluso también se cuestione la legitimidad de las personas
empetroladas, cuando demandan que se garanticen sus derechos.
Loma La Lata y los olvidos selectivos
En Loma La Lata, cien
kilómetros al norte de Neuquén capital, se explota el yacimiento gasífero más
importante del país. Su descubrimiento y puesta en producción, a cargo de YPF
estatal en 1978, fue un punto de inflexión para la economía neuquina y marcó la
preeminencia de la provincia en el sector. Este yacimiento abarca ocho mil
hectáreas del territorio de las comunidades mapuche Paynemil y Kaxipayiñ. En
1995 los Paynemil constataron que el agua de las napas que extraían para consumo
tenía una particularidad: era inflamable -luego se confirmó la presencia de
hidrocarburos.18 Al año siguiente el Estado provincial, a través de estudios
realizados por la Subsecretaría Provincial de Salud, certificó que los comuneros
tenían elevados niveles de metales pesados en sus cuerpos (La Nación, 2002).
En 1997 la entonces Defensora de la Niñez y la Adolescencia de Neuquén, Nara Osés, denunció al Estado provincial por no garantizar un medioambiente sano y la salud de la población. Obtuvo un fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia neuquino, pero la inacción del Ejecutivo local hizo que el caso llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –instancia que aceptó la denuncia (caso 12.010) e intimó a la provincia y a Repsol-YPF a garantizar la provisión de agua segura (OPSur, 2010 y 2011).
Las demandas contra la
provincia y la operadora del yacimiento no impidieron que en 2000 se prorrogara
por diez años la concesión de Loma La Lata-Sierra Barrosa a Repsol-YPF. Dos años
más tarde en la comunidad Kaxipayiñ se registró un caso de anencefalia (La
Nación, 2002). La exposición crónica a un ambiente tóxico se había manifestado,
también, a través de diferentes tipos de cáncer, pérdida de embarazos,
afecciones en la piel, vista, aparato digestivo y sistema nervioso, que fueron
constatados en estudios realizados en 2001, uno coordinado por el abogado Carlos
Falaschi, con participación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
de Neuquén y la Universidad Nacional del Comahue, y otro por
los laboratorios privados
Umweltschutz Argentina, Umweltschutz Nord GmbH y Caro Biotechnik GmbH.
A pesar de las consecuencias sanitarias de vivir en un yacimiento en explotación, la comunidad Kaxipayiñ y, particularmente, su werken (vocero), Gabriel Cherqui, han sido instalados en el imaginario neuquino como el paradigma del mapuche que realiza denuncias ambientales y demandas territoriales para obtener réditos económicos (La Nación, 2000). Un estigma abonado desde hace casi dos décadas y reafirmado periódicamente tanto por medios de prensa (Clarín, 2017), como por funcionarios nacionales (Parlamentario.com, 2014). Sobre el deterioro de la salud de los comuneros y la degradación de su territorio campea el olvido.
Koluel Kaike, un recuerdo
difuso
En 1999, a partir de una
causa judicial iniciada en el juzgado federal de Comodoro Rivadavia, tomó estado
público la situación ambiental de la localidad de Koluel Kaike, derivada de la
explotación del área Piedra Clavada, a cargo de la empresa Pan American Energy
(La Nación, 1999). A partir de una serie de pericias ordenadas por la Justicia
se determinó que la población de la localidad del norte de Santa Cruz estaba
expuesta a compuestos tóxicos acumulados en el suelo y aguas subterráneas. El
caso se instaló en la agenda pública y desde el Senado de la Nación, en dos
oportunidades, se presentaron pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional.
La causa judicial no prosperó, no por falta de elementos sino porque quedó
paralizada por cuestiones burocráticas en 2006. La empresa aseguró que la
denuncia de contaminación era parte de un intento de extorsión, sin embargo,
instaló una planta de ósmosis inversa para tratar el agua con que se abastece a
la localidad (OPI Santa Cruz, 2008). Luego de esa primera denuncia se sucedieron
otras más, la última en 2013, en todas se destaca la lentitud de la operadora
para remediar daños y adoptar normas de protección del ambiente (La Opinión
Austral, 2013; Tiempo Sur, 2009).
La contaminación en
Piedra Clavada fue tomada en 2007 como elemento para cuestionar la prórroga
anticipada del contrato de concesión a PAE. Casi dos décadas más tarde el
recuerdo de la contaminación en Koluel Kaike se vuelve difuso.
Caleta Córdova, queremos ser pingüinos
El 26 de diciembre de
2007 se produjo un derrame de hidrocarburos en Caleta Córdova, veinte kilómetros
al norte del centro de Comodoro Rivadavia, durante la maniobra de carga de un
buque de la empresa Antares Naviera en la monoboya de Termap S.A. Trescientos
metros cúbicos de petróleo tiñeron de negro siete kilómetros de playas,
acantilados, pesquerías; flora, fauna y gente. El hecho impactó en la memoria de
los pobladores de la caleta de pescadores. En una entrevista realizada en 2011,
Rosa Montecino, aseguró que a partir de ese episodio en el vecindario empezaron
a contar los derrames. “A partir de ahí empezamos a tener una mirada un poco más
profunda. Entonces empezamos a hilar más gente un poco más chico. Ahí fue donde
impactó en la memoria, esa gran ola que llegó hasta la costa, pero siempre hubo
derrames.” La llegada del petróleo a la costa, según Montecino, posibilitó que
los vecinos y vecinas desnaturalizaran los derrames y que además percibieran
otros impactos más allá de la marea negra. “No hay una mirada desde el Estado
sobre cómo impacta el petróleo en la salud de la población que está en contacto
directo. Sí hubo una mirada hacia los pingüinos, porque no solamente hay una
contaminación de la vida de ese animal sino que hay una contaminación visual.
Pero en mí o en mis
hijos, el petróleo no va a dejar una contaminación visual, seguramente va a
dejar una contaminación residual, que puede llegar a provocar un cáncer”.19
Vecinos de Caleta Córdova denunciaron que tras el derrame comenzaron a
registrarse enfermedades crónicas entre los pobladores y las adjudicaban a los
diluyentes utilizados en la limpieza del crudo. A mediados de 2011 fue entregada
a la Oficina de Protección de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adultez y la
Familia de Comodoro Rivadavia una lista de niños que sufrían afecciones en la
piel y las vías respiratorias. El organismo convocó a autoridades del sistema de
salud municipal y provincial, y al Foro Ambiental y Social de la Patagonia a
integrar una mesa de trabajo. “Eran 18 niñitos con cuestiones respiratorias,
alergias y cuadros dermatológicos varios”, recordó Liliana Murgas, que entonces
trabajaba en la Oficina de Protección de Derechos y Garantías.20 “Cuando
vinieron los vecinos empezamos a reunirnos con distintos profesionales para que
nos dijeran qué pasaba. Lo que queríamos era que se hiciera un diagnóstico de
esos chicos, pero no por el Centro de Salud del barrio, dependiente de la
Municipalidad, sino por un dermatólogo infantil. Logramos que se acordara el
traslado de esos chicos al Hospital Regional, que fueran vistos por un
dermatólogo y un perito de parte. Todo con la firma de la directora del
Hospital. ¿Y qué pasó? Nos enteramos que hicieron ese
traslado, revisaron a los chicos y no convocaron a la Oficina de Derechos y
Garantías ni al perito de parte, y luego dijeron que no había ningún tipo de
problema. Lamentablemente no pudimos avanzar de ahí.”
Territorios de incertidumbre
Estos son algunos
ejemplos de daños ambientales que tenían o podían tener impacto directo en la
salud de la población, donde no eran pingüinos sino personas empetroladas. A dos
décadas de las primeras denuncias, la invisibilización de estas problemáticas
alimenta, en la población de ciudades y localidades yacimientos, la convicción
de una mayor prevalencia de ciertas patologías respecto de otras regiones del
país. “Lamentablemente hay poco trabajo [epidemiológico en Argentina] en
relación a los problemas ambientales y a relacionar el ambiente con enfermedades
no transmisibles, como el cáncer u otro tipo de enfermedades hemato-oncológicas,
anemias importantes, perniciosas. Hay mucha información sobre los daños sobre la
salud provocados por determinados contaminantes ambientales derivados del
petróleo. Está bastante estudiado a nivel internacional, pero hay un gran
déficit de estudios epidemiológicos locales, que uno pueda demostrar daños sobre
la salud que provocaron determinadas situaciones ambientales”, se explayó la
médica generalista Susana Muñoz, docente y coordinadora de la Tecnicatura
Superior en Salud Comunitaria, en una entrevista realizada en 2016.21 “Comodoro
[Rivadavia] estaría en una situación casi ideal para hacer eso, hay importantes
sectores de la población que se podrían estudiar, que han estado en contacto,
que siguen estando, porque viven en zonas donde había pozos petroleros o por
contactos laborales. Hay muchas condiciones, pero no ha habido desarrollo”, se
lamentó.
Emergencia y muerte de la cuestión ambiental en Neuquén
Por lo general los
daños y pasivos ambientales de la actividad petrolera han sido invisibilizados
por las diferentes instancias gubernamentales (municipal, provincial y
nacional), aunque en contextos particulares asumen la existencia de tales
impactos. Contextos particulares que tienen en común la fugacidad
y que lo ambiental es instrumentado como variable de presión en negociaciones
con empresas. En algunos casos eso explicitado en medios de prensa, como en mayo
de 2006, cuando el Gobierno del Neuquén le quitó a la compañía Pioneer Natural
Resources la licencia ambiental sobre tres áreas. En esa oportunidad el diario
Río Negro destacó: “La sanción fue resuelta en el contexto de la ofensiva
lanzada desde mediados del año pasado por [el gobernador Jorge] Sobisch contra
las petroleras, cuando las intimó a liquidar las regalías sin deducir las
retenciones a las exportaciones” (Río Negro, 2006). También se dio el caso de
autoridades que lo expresaron en declaraciones a la prensa. En octubre de 2012
el entonces intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, se refirió a la
creación de un fondo solidario a través del cual las empresas petroleras
canalizarían aportes voluntarios al municipio. Consultado si creía que las
operadoras acompañarían la iniciativa, el mandatario afirmó: “Tienen un
problema: o se comprometen o nosotros las vamos a denunciar en todos los lugares
donde podamos denunciarlas. Y vamos a avanzar muy fuertemente en el control del
daño ambiental... El Estado tiene herramientas” (MU, 2012:4).
Y en el plano
nacional esa situación se manifestó en 2012 y 2013, durante el proceso de
expropiación del 51% de las acciones de Repsol YPF; los pasivos ambientales
funcionaron como variable para negociar el monto de la compensación que se
pagaría a la petrolera española (OPSur, 2013).
Neuquén, planes de diversificación productiva
En 1997 Felipe Sapag, en
su quinto y último mandato como gobernador, lanzó el Plan Neuquén 2020. La
provincia atravesaba un escenario contradictorio, por un lado los hidrocarburos
se habían consolidado como el sector dominante del Producto Geográfico Bruto;
por el otro, se registraba una baja del precio de barril de crudo, las reservas
estaban en caída y se presagiaba un cercano fin del petróleo. Como telón de
fondo, se robustecía una alta conflictividad social producto de la
implementación de políticas de ajuste fiscal, tanto a nivel nacional como
subnacional. La alternativa que proponía el Plan era diversificar la matriz
productiva, apostando al desarrollo agroindustrial. En ese marco el Gobierno
neuquino también advirtió, por primera vez, que la degradación del territorio
por la explotación de hidrocarburos podía convertirse en un condicionante del
desarrollo productivo.
La afirmación del
mandatario surgía de la conclusión de un informe elaborado por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizado por pedido de la provincia.
El organismo había convocado para evaluar los daños ambientales en la localidad
de Rincón de los Sauces luego de una serie de derrames que habían afectado la
cuenca del río Colorado. Los pasivos ambientales y económicos de tres áreas
petroleras fueron valuados en 949 millones pesos/dólares, que la Provincia
reclamó sin suerte a las petroleras YPF, Pérez Companc y San Jorge (PNUD, 1998:
54).
Una década más tarde, el
primer avance del informe
El riesgo de desastres en
la planificación del territorio, también elaborado por el PNUD, advertía: “Los
procesos de degradación que afectan la base productiva (sobre todo el recurso
suelo) son de importancia central, si se tiene en cuenta que el modelo deseado
territorial planteado por Neuquén propone un cambio en la matriz productiva,
pasando de una economía basada en la actividad hidrocarburífera a otra más
diversificada e integrada verticalmente, con predominio de la actividad
agroindustrial. Este cambio también supone, hacia el futuro, una acción sobre
los problemas de contaminación ligados a la explotación de hidrocarburos” (PNUD,
2010: 313). Diagnósticos similares fueron realizados en 2006 por el Concejo de
Planificación y Acción para el Desarrollo (Copade) de la provincia, en el marco
del Plan Estratégico Territorial, Argentina 2016.
Sin embargo, los planes de
diversificación productiva y la preocupación por los procesos de degradación de
los suelos perdieron lugar en las prioridades de la agenda gubernamental a
medida que el potencial de yacimientos no convencionales de gas y petróleo
adjudicado a Neuquén auspiciaba años de bonanza.
“Ese parece ser el destino de Neuquén [proveer
de energía al país], marcado por una historia petrolera de un siglo y por
oportunidades de sus cuantiosos recursos hidrocarburíferos, hidráulicos,
eólicos, solares y de biomasa. Pueden plantearse otros derroteros, pero no han
aparecido propuestas viables y sustentables, capaces de dar trabajo a quienes
habitan y habitarán la provincia a la par de suministrar al país la energía que
necesita para su desarrollo”, escribió el ingeniero y diputado provincial Luis
Sapag, en pleno auge de la explotación de yacimientos no convencionales en la
cuenca Neuquina (2013: 137-138). Quizá esa afirmación sea la mejor síntesis del
espíritu de euforia que embargaba (y embriagaba) a la clase dirigente local en
la primera mitad de esta década.
Vaca Muerta
Al ponerse en marcha el
proceso de puesta en valor de Vaca Muerta se desestimaron las advertencias
realizadas por el PNUD en 1996 y 2010 en torno a los procesos de degradación de
suelos y de agua. En el Plan de Desarrollo Estratégico de la Región Vaca Muerta,
elaborado por el Ministerio de Planificación Federal y los gobiernos de Neuquén,
Río Negro, Mendoza y La Pampa, no hay referencia al
impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera. Tampoco se plantea como
problemática la ampliación de la frontera petrolera sobre tierras dedicadas a la
producción frutícola -como ocurre en el Alto Valle del río Negro-; sólo
se advierte la aceleración de los procesos de urbanización de esas tierras como
resultante de la explosión demográfica dinamizada por la explotación de
yacimientos no convencionales.
En tiempos de Vaca Muerta, plantear en Neuquén objeciones
a la ampliación de la frontera petrolera, en sintonía con las advertencias
hechas por el PNUD o el mismo COPADE, era adjudicado por el gobernador Jorge
Sapag y la vicegobernadora Ana Pechén a campañas de terrorismo ambiental (Multisectorial
contra la Hidrofractura de Neuquén, 2013). No había lugar a criticar al
fracking.
A modo de cierre
Han pasado casi dos
décadas desde la aparición masiva de los pingüinos empetrolados y de las
primeras denuncias de personas empetroladas, y
sin embargo siguen
sin ser asumidos cabalmente los riesgos sanitarios a los que están expuestos
tanto las poblaciones urbanas, campesinas e indígenas que conviven directamente
con la actividad, como también los trabajadores y trabajadoras del petróleo
(quizá el sector más invisibilizado) y la Naturaleza no humana. En
los diferentes momentos en que desde estamentos públicos se habilitó la
discusión, el interés de fondo no siempre fue abordar la problemática.
También es cierto que recién en los últimos años comenzó a
adquirir cierta centralidad la problematización de la producción de
hidrocarburos desde una perspectiva socio-ambiental y, para buena parte de las
organizaciones sociales, políticas y sindicales la disputa central es por el
control del recurso y la apropiación social de la renta, en un sector que
permanece fuertemente trasnacionalizado a pesar de la estatización parcial de
YPF.
Como advertimos, a través de estás misceláneas buscamos problematizar la relación producción de hidrocarburos / ambiente, de ninguna manera agotamos las aristas posibles, y sabemos que cada una de ellas merece un desarrollo más profundo. Pero más allá de los límites de esta selección, intentamos presentar un panorama con elementos que no siempre aparecen relacionados, que no se los pone en diálogo, por ejemplo, el empetrolamiento de aves y pueblos como secuelas, también, del proceso de privatización y trasnacionalización del sector hidrocarburífero en la década de 1990. Una lectura confluente que no resuelve la problemática relación pero permite, al menos, acercar posiciones entre quienes piensan la producción de los hidrocarburos más allá del mercado.Bibliografía (…) Leer
Busquemos
comprender el presente contextualizándolo no sólo en el sistema mundo
capitalista sino también en más de una deKada para superar la creencia en
que la guerra contra nosotros es del gobierno de M.Macri y no del
capitalismo.
Rolando Astarita nos ayuda a
descubrir el privilegio a los negocios tanto en el neodesarrollismo como en
el neoliberalismo. Señala lecturas del acuerdo con Chevrón:
Al producirse la
estatización de YPF publiqué una nota (ver aquí)
en la que polemizaba con aquellos que interpretaban la medida en términos de
la oposición «Estado o mercado”, “Pueblos o corporaciones”, “Liberación
nacional o dependencia”, y similares. De acuerdo a esta línea de
pensamiento, los acuerdos recientes, o la suba del precio del gas, serian
entonces una “claudicación” frente a las fuerzas del capital internacional
(aunque el K-progresismo prefiere mirar para otro lado; después de todo,
monopolio es Clarín, pero no Chevron).
Mi interpretación, en cambio, es
que se trata simplemente de negocios capitalistas, en los cuales diversas
fracciones y el Estado discuten por las condiciones de la explotación. La
razón de fondo es que YPF, a igual que cualquier empresa, también está
sometida, en última instancia, a la lógica de la valorización. Refiriéndome
en general a las empresas capitalistas de Estado, en aquella nota sobre la
estatización de YPF escribía que de manera creciente “son regidas por
directores que se entrenan en las mismas escuelas de negocios que entrenan
al personal jerárquico de las privadas. La valorización y los balances son
puestos bajo escrutinio de los inversores, que 'votan' en las bolsas de
valores. Estamos muy lejos del viejo estatismo vinculado a la
industrialización por sustitución de importaciones. Los nuevos criterios
para definir qué es una ECE, y las ambigüedades que surgen al tratar de
establecer los límites entre lo privado y lo estatal, tienen que ver con
este giro”.
Leer
Ahora qué tipo de súper
negocios y para quiénes es la gestión del fracking sin importar si es la de
CFK o la de MM. Alertémonos la eficiencia rentable es de cinco años, como
máximo, para cada uno de los cientos pozos en una parte de la formación
geológica.
Fractura hidráulica,
“baja rentabilidad y altos costos
“baja rentabilidad y altos costos
ambientales y a la salud”.
25 de agosto de 2014
Poza Rica, Ver.- Aroa de la Fuente López, investigadora del proyecto sobre
industrias extractivas del Centro de Análisis e Investigación Fundar e
integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, advirtió que la técnica de
fracturación hidráulica utilizada para la extracción de gas de ninguna manera es
una garantía de rentabilidad en el país y en cambio sí beneficia a
inversionistas.
En el marco de la conferencia “La fracturación hidráulica (fracking) a la luz de
la reforma energética: amenazas para el territorio, la población y el medio
ambiente”, realizada en la sala de videoconferencias de la USBI de la
Universidad Veracruzana (UV), señaló que dicha actividad no está garantizada,
debido a la baja rentabilidad que tiene, como se ha comprobado en otros países.
Explicó que un ejemplo muy claro es Estados Unidos, donde 80 por ciento de los pozos que han sido fracturados bajo esta técnica son inviables, por lo que el país vecino va hacia otros mercados como México, Argentina y Polonia.
Aroa de la Fuente señaló que a partir de este año y hasta 2015 se perforarán mil
800 pozos tan sólo en el estado de Veracruz, y 27 mil en todo el territorio
nacional, con la técnica del fracking, lo que impactará enormemente al medio
ambiente, la salud y las actividades productivas.
Más que beneficios, esta técnica de fracturación de los pozos traerá serios
problemas, uno de ellos es la escasez de agua, debido a las elevadas cantidades
de este líquido que se inyectan a presión al subsuelo y que se mezcla con 750
sustancias químicas que afectan la salud y el medio ambiente, por lo que debería
prohibirse, además de que únicamente se recupera entre cinco y 10 por ciento del
recurso y
tienen de tres a cinco años de duración.
“Por cada pozo que se hace para la extracción de gas shale se consumen entre 9 y
29 millones de litros de agua, esta cantidad pondría en riesgo el derecho de los
mexicanos de acceso al agua.”
Asimismo señaló que dicha técnica ha sido impulsada para atender intereses
financieros, por los beneficios económicos para algunos inversionistas, dejando
de lado los problemas que se generarán en un corto y mediano plazo.
De la Fuente López agregó que el argumento de la reforma energética de Enrique
Peña Nieto es que los yacimientos de petróleo más accesibles se están agotando,
por ello se debe explotar otros hidrocarburos como el gas shale que se localizan
en el Golfo de México –específicamente en Tamaulipas y Veracruz–, Nuevo León,
Chihuahua y Coahuila.
Explicó que es inaplazable desarrollar el uso de otro tipo de energías como la
solar y eólica, las cuales no provocan contaminación al medio ambiente y son
competitivas.
Hizo un llamado para mantenerse informados sobre el fracking y las consecuencias que esta técnica desencadena al hacer uso de ella.
En el evento también participó Emilio Rodríguez, integrante de La Asamblea
Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida).
En la conferencia estuvo presente el vicerrector José Luis Alanís Méndez, quien
dio la bienvenida a los presentes además de agradecerles por participar en las
actividades que se promueven en esta casa de estudios.
Ante un auditorio integrado por estudiantes del Área Académica Técnica y público
en general, señaló que la UV es una institución abierta a las manifestaciones en
favor de la colectividad.
Insistamos en el carácter sesgado del discurso de los K que encubre
al gobierno CFK e instala una lectura maniquea de la realidad argentina para
el "volveremos". En efecto denuncia:
Entregada en bandeja
21 de octubre
de 2018
A cambio de los dólares para
financiar el salvataje de la economía, el gobierno de Macri dispuso una serie de
medidas de flexibilización laboral, de disponibilidad de divisas y del manejo de
la producción de hidrocarburos de Vaca Muerta.
Por
Federico Bernal
Director
general del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para
el Desarrollo (Oetec).
La conferencia de prensa de Christine Lagarde y Nicolás Dujovne, con la bandera argentina detrás de la titular del FMI, expresa mucho más que la pérdida de soberanía política y económica. A cambio de extender su permanencia en la Casa Rosada, el gobierno de Mauricio Macri entregó a cambio la riqueza hidrocarburífera. Existen tres ejes para entender esa liquidación. Leer
La conferencia de prensa de Christine Lagarde y Nicolás Dujovne, con la bandera argentina detrás de la titular del FMI, expresa mucho más que la pérdida de soberanía política y económica. A cambio de extender su permanencia en la Casa Rosada, el gobierno de Mauricio Macri entregó a cambio la riqueza hidrocarburífera. Existen tres ejes para entender esa liquidación. Leer
Olvida
pero nosotros no a Miguel Galuccio designado como CEO de YPF por su alto
cargo en Schlumberger, empresa estadounidense con especialización en
tecnología de fracking. Tampoco olvidamos la entrega a Chevron, originada
por disolución de la nefasta Standard Oil.
El contrato entre YPF y Chevron:
una forma desdibujada
en la relación entre el Estado y el mercado
7 de junio de 2017
Por: Gustavo García / EJES
Publicado originalmente en Sociedad
de Economía Crítica
Introducción
El presente trabajo tiene como
objetivo analizar las relaciones entre el Estado y el mercado a partir del
Contrato entre Chevron e YPF (en
adelante Contrato). Se pretende comprender cómo se articula la petrolera estatal
con una empresa transnacional, con el fin de entender el accionar del Estado
bajo la forma empresaria en pleno Siglo XXI y cuál es su función[1].
Argumentaremos que
el Contrato
sigue en línea con los procesos de financiarización vinculados a la
privatización de YPF.
Como veremos la nueva gestión estatal de YPF no
cuestionó el tipo de manejo empresarial de la gestión anterior.
Por lo tanto, el Contrato revela características novedosas del capitalismo contemporáneo en la articulación del Estado con el mercado. Para ello, se muestra cómo el Contrato comprende el armado de un entramado de empresas, contratos comerciales, y mecanismos legales con el fin de desligar a Chevron de responsabilidades legales, así como construir un canal seguro para la inyección de capitales.
Además, la firma del Contrato se
realiza en el marco de la agudización de la restricción externa. El Estado,
garante de la Reproducción Ampliada del Capital[2] a
nivel agregado debió viabilizar el desarrollo hidrocarburífero entre YPF y Chevron. En
particular,
la intervención del Estado tomó la forma de empresa estatal corporatizada a través de YPF.
Respecto al abordaje
metodológico, se buscará evitar caer en la simple crónica sobre los diversos
hechos relevantes. Para ello, es pertinente: 1) revisar información de fuente
primaria, 2) vincular dicha información con los conceptos del marco teórico para
obtener una interpretación más profunda. En lo que respecta al primer punto, se
ha podido acceder al Contrato. Al mismo tiempo se consultó información
complementaria comprendida por: Balances Contables y sus memorias, Actas de
Empresas provistas por la Inspección General de Justicia, Registros Públicos de
distintos países, Escritos Jurídicos de la Causa llevada adelante por Rubén Giustiniani, Boletín Oficial Segunda Sección, Revistas de negocios, etc.
En la primera sección se
realizará un breve repaso de algunas teorías que abordan las transformaciones de
la relación entre el Estado y el mercado. En la segunda sección, se realizará un
análisis de las características de la relación entre el Estado y el mercado en
el sector energético argentino, además
se reconstruirá el entramado jurídico-económico, se describirá la naturaleza del
negocio de Chevron,
la forma de los movimientos de capitales, así como las formas de relación del
entramado de empresas. Se finaliza con una conclusión que reconstruye el
argumento principal.
1. Marco Teórico: transformaciones en la relación entre el Estado y
el mercado
El Estado aparenta funcionar
como aparato separado de la sociedad y la economía, como poder autónomo (Jessop,
1980). El Estado en el Modo de Producción Capitalista (MPC) se presenta ante los
individuos libres como una relación coercitiva externa y ajena. Dicho fenómeno
debe explicarse por la separación entre los productores inmediatos
(trabajadores) de los Medios de Producción. En el MPC, la extracción de
plusvalía no se encuentra sujeta a la coerción directa del capitalista, ya que
la producción se basa en la contratación de trabajo formalmente libre. El
capitalista no posee los medios de coerción, sino el Estado. Este último vela
tanto por la reproducción del trabajo muerto (el Capital) como del trabajo vivo
(Hirsch, 2001). El Estado en el MPC presenta Autonomía Relativa respecto de las
clases sociales, incluso de las fracciones hegemónicas en el Bloque en el Poder
(Poulantzas, 1976)
El debate alemán de la
derivación entiende al Estado como garante de la reproducción conjunta de los
Capitales. En esta línea, el Estado se refleja como un Capitalista Colectivo
Ideal que garantiza: un sistema legal y monetario que asegure el intercambio;
además asegura la reproducción del trabajo asalariado, la infraestructura
necesaria para el desarrollo de los Capitales, la nacionalización de empresas no
rentables, la provisión de servicios públicos, etc. Los procesos de caídas de la
tasa de ganancia también requieren que el Estado movilice su poder económico y
político para recomponerla (Míguez, 2010).
El debate británico de los años
’80 trajo consigo ciertos hitos sobre las transformaciones que presenta el
capitalismo a nivel global. Autores como Jessop (1990), afirman que las
Estrategias de Acumulación (concepto relacionado al Régimen de Acumulación de la
Escuela de la Regulación) determinan el Proyecto Hegemónico. Las Estrategias de
Acumulación comprenden un modelo de crecimiento específico considerado
hegemónico, aceptado por las distintas fracciones de Capital. El Proyecto
Hegemónico representa la disputa política y cultural que sustenta la Estrategia
de Acumulación, incluyendo fuerza militar, reformas sociales, políticas de
estabilización, o regeneración moral.
Por lo tanto, las distintas
etapas del capitalismo implican distintos tipos de Estados o Formas Estado.
Dentro de las Formas Estado, el Proyecto Hegemónico tiene implicancia en: la
forma de representación (cómo se articulan los intereses de las distintas
fracciones del Capital), la forma de intervenir (las implicancias que se buscan
con la intervención estatal), y la forma de la articulación del Estado como
institución (la jerarquía que comprende cada institución estatal).
El paso por el Fordismo o Estado
de Seguridad significó un tipo de Estado particular con ciertas políticas
hegemónicas como el pleno empleo, la seguridad social, resumidas en el Estado de
Bienestar.
Sin embargo, las transformaciones en las formas de producción a
partir de los años ’70 dieron lugar a un nuevo tipo de Estado.
Las nuevas
Estrategias de Acumulación se reflejaron en una alta movilidad del Capital
sobrevenidas en la última globalización a partir de las décadas ’70 y ’80 del
Siglo XX. De este modo, surge el Estado Nacional de Competencia.
Su principal
función en lo económico consiste en mejorar las condiciones locales para la
valorización del Capital (Hirsch, 1999; Lengyel, 1997).
De esta forma, los
Estados nacionales compiten por captar los mayores flujos de Capitales
internacionales, creando las mejores condiciones para su valorización. Es decir,
los Estados nacionales se encuentran en guerra económica constante (Alvater,
1999; Holloway, 1993).
Por ello mismo,
el Estado reduce los
estándares ecológicos y asegura la estabilidad política tanto bajo consenso como
con represión. Nos encontramos con un Estado que es
garante del Capital internacional con el fin de
eliminar la incertidumbre en lo legal, creando estructuras que combinan
instituciones nacionales, supranacionales y extraterritoriales.
En este contexto, los Capitales internacionales buscan la valorización bajo formas financieras, lo que implica la búsqueda de ganancias de naturaleza rentística. Versellone (2011) habla del devenir renta de la ganancia durante el capitalismo contemporáneo. El concepto “renta” proviene de la economía clásica, constituyéndose por aquellos ingresos extraídos por detentar un poder monopólico sobre los activos. De esta forma, la renta se configura como renta inmobiliaria, renta agrícola, renta tecnológica, renta minera, renta oligopólica, etc.
Negri y Hardt (2000) entienden
al capitalismo contemporáneo como la conformación de un nuevo orden mundial
denominado Imperio. Constituido por nuevas formas de soberanía en las relaciones
del Sistema Internacional de Estados (Míguez, 2013). Este último incluye
estructuras institucionales cada vez más relevantes. Según los autores la
soberanía de los Estados nacionales se encuentra en declive. Sus decisiones en
torno a temas de política económica, monetaria-financiera, ambiental, social,
etc., quedan subordinadas a entes superiores. En contraposición, la soberanía
pasa a manos de una suerte de Estado cuasi-global, compuesto por distintos
niveles en base a una estructura jerárquica, y articulado a la cabeza por las
Potencias Económicas, Organismos Internacionales, Foros económicos, Espacios
Extraterritoriales, etc. (Bonnet, 2007). En este esquema, el sujeto dominante se
encuentra comprendido por las empresas transnacionales, ya que el Imperio
resguarda la movilidad del Capital.
Con respecto al sector
energético, De Graaff (2012) destaca la configuración de un nuevo orden
energético global, que presenta una doble característica: 1) la
“transnacionalización” del sector energético a nivel global, 2) la “hibridación”
de este fenómeno. Esta última característica comprende la explotación de los
recursos en el subsuelo a partir de alianzas entre las empresas estatales con
empresas transnacionales.
Por último, diversos estudios a nivel mundial resaltan la crisis de la gobernanza de las empresas privatizadas, siendo ésta remplazada por empresas corporatizadas con características neoliberales, pero de propiedad estatal. La corporatización de las empresas estatales comprende el manejo de estas últimas como si se tratasen de empresas privadas, presentando altos grados de autonomía respecto del poder político (McDonald, 2015). En consecuencia, las empresas estatales han crecido en número e importancia a lo largo y ancho del planeta durante las últimas décadas, abarcando a todos los sectores en general, como al sector energético en particular. Sin embargo, llamativamente, su manejo privilegia la mercantilización y financiarización de sus actividades en detrimento de la concepción de servicio público (di Risio, 2016).
2.1 La articulación
entre el Estado y el mercado en el sector energético
Bajo la gestión Repsol, YPF se
convirtió en un activo rentístico. Este último tomó un rol de mero proveedor de
liquidez, dado que la empresa española adquirió empréstitos con la finalidad de
financiar su transnacionalización. En consecuencia, los altos ratios de giros de
utilidades y dividendos de YPF se
encontraron correlacionados con bajos niveles de inversión en exploración y
explotación. Por este motivo, la producción de hidrocarburos en el país comenzó
a declinar (Informe Mosconi, 2012). Dado que el sector no acompañó el contexto
de crecimiento económico, las importaciones energéticas comenzaron a aumentar
(Arelovich et al., 2015).
Para el año 2011, la Argentina
comenzó a mostrar déficit en la balanza comercial del sector energético (Schorr
et al., 2015), encontrándonos con crecientes limitaciones en la acumulación de
Capital por la aguda restricción externa[3].
En este contexto, las estrategias de acumulación de la empresa Repsol se
tornaron un obstáculo para el Kirchnerismo, el cual buscaba “crecimiento con
inclusión social” (véase Pérez Roig, 2016; Cantamutto, 2016).
Sin otra opción en el corto
plazo[4],
el Estado nacional como Capitalista Colectivo Ideal llevó a cabo una serie de
medidas para acrecentar la producción sectorial. En consecuencia, el 3 de mayo
de 2012 se sancionó la Ley 26.741, por la cual se expropió y nacionalizó el 51%
de las acciones de YPF en
manos de Repsol –efectuando
un pago de US$ 5.317 millones en bonos estatales a esta última– (Arelovich et
al., 2015).
Sin embargo, la forma de intervención del Estado nacional en YPF conjuga un Proyecto Hegemónico con claras continuidades con periodos anteriores. Al mismo tiempo que en su artículo primero de la Ley 26.741 declara como prioritario el autoabastecimiento energético, en su artículo 3 inc. h) establece como objetivo “La obtención de saldos de hidrocarburos exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos […]”. Tal finalidad se logrará a través de “La integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales” (art.3 inc. c). Se prioriza así la alianza del Estado con los Capitales internacionales en el nuevo orden energético global.
Además, en su artículo 15
establece desde el punto de vista jurídico que YPF seguirá
bajo la forma de una Sociedad Anónima Abierta
(cotizante en Bolsa), “no
siéndoles aplicables legislación o normativa administrativa alguna que
reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en
las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación”. Es
decir, YPF se
maneja bajo la aplicación del derecho privado, alejándose de las
reglamentaciones en torno a las Sociedades del Estado (Ley 20.705).
El artículo 16 inc. b),
establece que la administración estatal de YPF deberá
tener en cuenta los objetivos de autoabastecimiento “[…] preservando los
intereses de sus accionistas y generando valor para ellos”. Esta normativa es
internalizada en las propias declaraciones de la YPF estatal,
ya que pretende como eje lograr “un crecimiento sostenido y rentable que genere
valor para los accionistas” (YPF, Prospecto ON Clase XXVIII, p. 24, 2014).
Además,
las propias declaraciones vinculan un objetivo nacional, como el
autoabastecimiento, con el negocio financiero ya que “[…] seremos una empresa
comprometida con el crecimiento del país y la generación de valor para todos
nuestros accionistas” (YPF, Prospecto ON Clase XXVIII, 2014, p. 25) [5].
Esta naturaleza
jurídico-económico de YPF es
permeada en la finalidad de los hidrocarburos ya que ninguna contraparte
financiera posee sustento sin una parte productiva. Es por ello, que “YPF jugará
un rol clave para que Argentina deje de ser importador neto de energía y pueda
ser capaz de explotar sus recursos de hidrocarburos y convertirse en exportador
y líder en el rejuvenecimiento de yacimientos maduros y en la explotación de
recursos no convencionales” (YPF, Prospecto ON Clase XXVIII, 2014, p. 25).
Además, el art. 16, inc. c),
establece que “El gerenciamiento de YPF
S.A. [se llevará a cabo]
a través de una gestión profesionalizada”. Es decir, a pesar que el Estado posee
su control, YPF debe
regirse como una empresa privada con objetivos de tales características y con un
gerenciamiento autónomo.
Por último, el Estado nacional
en competencia con los demás Estados nacionales debió crear las condiciones para
atraer los Capitales internacionales y permitir su valorización. Entre la
naturaleza laxa de YPF que
permita realizar acuerdos con empresas transnacionales, articuló un conjunto de
crecientes transferencias económicas sectoriales. Estas se incrementaron desde
el 2% de los ingresos del sector hidrocarburífero en el año 2008 al 48% para el
año 2015 (López Crespo et al., 2016). En este sentido: “YPF considera que las
nuevas medidas [del gobierno nacional] han ayudado a atraer socios estratégicos
para el desarrollo de su base de recursos no convencionales, tales como Chevron
[…]” (YPF, Prospecto ON Clase XXVIII, 2014, p. 127)
El día anterior a la firma del
Contrato se publicó en el Boletín Oficial el Régimen de Promoción de Inversión
para la Explotación de Hidrocarburos (Decreto 929/2013). De esta forma, las
empresas beneficiadas por el mismo podrán comercializar externamente un 20% de
la producción a una alícuota de retenciones del 0%, al mismo tiempo, permite la
libre disponibilidad de dichas divisas. Ergo, se buscó la exportación de
hidrocarburos con el fin de aliviar la restricción externa.
2.2 Entramado de
empresas en el Contrato
El 16 de julio de 2013, YPF y Chevron firmaron
el “Acuerdo de Proyecto de Inversión” con la finalidad de extraer conjuntamente
recursos de hidrocarburos a través de técnicas no convencionales en Loma Campana
(Neuquén). En total, se prevé llegar a perforar 1.677 pozos, y en caso de
continuar con las diversas etapas del proyecto, se concretaría una inversión
estimada en US$ 16.506 millones. Hasta el 31 de diciembre de 2015 se llevó
adelante una inversión conjunta de US$ 4.700 millones. La inversión de Chevron ha
comprendido unos US$ 3.433 millones, aportando 2.680 millones por medio de la
entrada al país en el Mercado Único de Cambio[6],
más 753 millones por medio de reinversión. Además hasta dicha fecha, se
perforaron 470 pozos para la extracción de recursos no convencionales[7].
Sin embargo, hasta llegar a esta
situación, YPF debió
crear un entramado jurídico seguro para que Chevron realice
sus inversiones. Ocurre que Chevron posee
antecedentes legales en Sudamérica en materia ambiental. En el año 2011 el
Tribunal de Primera Instancia de Ecuador emitió una sentencia por la cual obligó
a Chevron a
pagar una indemnización de US$ 9.500 millones a las comunidades de pueblos
originarios de la Amazonia por los daños socio-ambientales llevados a cabo por
la subsidiaria Texaco entre
los años 1964 y 1992.
Ante esta situación en el año
2013, y por pedido de la Justicia ecuatoriana, la Justicia argentina dispuso el
embargo sobre las acciones, los dividendos y el 40% de los depósitos bancarios
futuros que reciba la filial local de Chevron.
Sin embargo, la Procuradora General de la Nación, Gils Carbó, destrabó la
situación (La Nación, 2013). Desde ya, tal demanda peligraba la continuidad de
las negociaciones con Chevron.
En consecuencia, el Contrato
permitió la construcción de un entramado con el fin de desvincular a la empresa
norteamericana de toda responsabilidad ante posibles daños socio-ambientales
(véase la figura Nº 1). Por esta razón, la subsidiaria de Chevron en
Argentina (denominada Chevron
Argentina S.R.L.) no se
encuentra vinculada al Contrato. Ya que Chevron no
participa bajo un rol productivo en los proyectos, sino de mero financista. En
este sentido, como veremos su participación se encuentra intermediada por
estructuras jurídicas de propiedad de YPF. En tanto, la estructura jurídica de Chevron más
cercana relacionada con el Contrato se encuentra en un Paraíso Fiscal[8].
Por lo tanto, en caso de existir
un futuro pleito legal por problemas socio-ambientales, el principal vínculo de Chevron con
la Argentina se debe a mecanismos financieros. Al mismo tiempo, Chevron posee
como garantía la aplicación de leyes y jurados en el extranjero.
En términos del marco teórico (sección 1), el Contrato representa la configuración de mecanismos que aseguran la libre circulación del Capital bajo formas financieras. De esta manera, el Contrato deviene la ganancia en renta. Además, se vincula con estructuras supranacionales y extraterritoriales. En consecuencia, la soberanía del Estado argentino merma en función de los intereses del Capital transnacional.Con el fin de desvincular a Chevron, la Concesión de Loma Campana se constituyó en una Unión Transitoria de Empresas (UTE) repartida en partes iguales entre YPF S.A. y una empresa llamada Compañía de Hidrocarburo No Convencional S.R.L. (en adelante CHNC o Subconcesionario en el Contrato). En dicha UTE, YPF S.A. comprende el rol de operadora de la Concesión (Rionegro.com, 2015).
Figura N°1:Entramado
armado en el Contrato YPF-Chevron
Fuente: Elaboración
propia en base a datos recolectados de diversas fuentes
CHNC es una estructura
societaria creada una semana antes de la firma del Contrato, el 8 de julio de
2013 y radicada en la Argentina[9].
Su objetivo constituyente consiste en: “Llevar a cabo por sí o por intermedio de
terceros o asociada a terceros, el estudio, la exploración y la explotación de
los yacimientos de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos y demás minerales […].
Para el mejor cumplimiento de estos objetivos podrá fundar, asociarse con o
participar en personas jurídicas de carácter público o privado domiciliado en el
país o en el exterior […]”[10].
Dicha estructura se encuentra
controlada[11] por
una serie de estructuras jurídicas localizadas en Paraísos Fiscales. Los
controlantes inmediatos de CHNC son YPF
Shale Oil Investment I y II (en
un 90% y 10%, respectivamente) localizadas en Delaware, EEUU, y creadas el 1 de
julio de 2013 (dos semanas antes a la firma del Contrato). Mientras YPF
Shale Oil Investment II es
controlada por YPF
Shale Oil Investment I, esta
última se encuentra controlada por YPF
Shale Oil Holding LTD, radicada
en las Islas Bermudas (puesta en actividad el 7 de noviembre de 2013, una semana
antes a la firma del contrato prendario). A su vez, el controlante inmediato de
la subsidiaria en las Islas Bermudas es Wokler
Investment S.A. radicada
en la República Oriental del Uruguay (puesta en actividad el 3 de abril de
2013). En tanto, el último controlante del entramado de empresas en los Paraísos
Fiscales es YPF
S.A.[12]
Es decir, el 50% de Loma Campana se encuentra en manos de YPF S.A. en forma directa. Mientras el otro 50% también es parte de YPF S.A. pero en forma indirecta a través de CHNC. El 13 de diciembre de 2013 YPF S.A. informa que “[…] la Sociedad [YPF] y Chevron suscribieron los contratos necesarios para instrumentar la cesión a favor de Compañía de Hidrocarburo No Convencional S.R.L. (“CHNC”) del 50% de la concesión de explotación Loma Campana […]”[13].
Por último, la firma del
Contrato[14] entre Chevron e YPF no
se realizó por medio de las casas centrales de tales corporaciones, sino a
través de subsidiarias radicadas en el extranjero, más precisamente, en Paraísos
Fiscales. Del lado de YPF
S.A. el firmante fue YPF
Shale Oil Investment I (en
adelante el Tomador) radicada en Delaware. De parte deChevron, la
subsidiaria fue Chevron
Overseas Finance I (en
adelante el Prestamista), puesta en funcionamiento el 6 de diciembre de 2013 en
las Islas Bermudas[15].
2.3 La naturaleza del
negocio de la energía
Cabe preguntarnos por el activo
vinculado a Chevron como
por la naturaleza de su ganancia. En este sentido, su activo consiste en el
otorgamiento de préstamos financieros para solventar los gastos operativos[16]:
“[…] el Prestamista está dispuesto a otorgar las líneas de créditos solicitadas
en favor del Tomador” (Contrato YPF-Chevron, 2013, pág. 6). Tales líneas de
créditos se dividen en etapas tendientes a los diversos cumplimientos que deberá
realizar YPF (Contrato
YPF-Chevron, 2013, pág. 51): 1) la Fase I concluida en septiembre de 2013,
incluyó un desembolso de US$ 300 millones destinados de la siguiente forma: a)
240 millones a la adquisición parcial por parte de CHNC del 50% de la Concesión,
b) 60 millones a gastos operativos; 2) Fase II concluida en abril de 2014,
dividida en dos líneas de créditos de hasta US$ 470 millones cada una; 3) Fase III
que va desde abril de 2014 hasta el fin de la Concesión en el año 2048.
Las condiciones para avanzar a
la Fase I disminuyeron los grados de soberanía gubernamentales ya que, por
ejemplo, estipulan que “La legislatura de la Provincia del Neuquén deberá haber
aprobado una ley provincial, o el Poder Ejecutivo de la provincia del Neuquén
deberá haber promulgado un decreto vinculante en relación con la Concesión y el
Proyecto” (Contrato YPF-Chevron, 2013, pág. 31)[17].
En tanto, para avanzar a las
Fases posteriores, el financiamiento adquiere carácter de préstamo prendario,
sumándose una serie de Acuerdos como garantías. En este sentido, la garantía
prendaria se cierne sobre las acciones, activos y créditos de todas las empresas
de creación reciente de YPF[18] (en
adelante empresas pantallas). Además, como refuerzo se celebró un contrato de
Fianza[19] por
el cual YPF
S.A. es el Fiador de los
préstamos realizados por Chevron en
las Islas Bermudas a la estructura en Delaware. En tercer lugar, se celebraron
Acuerdos de Control[20] por
parte de Chevron de
las cuentas bancarias de las empresas pantallas.
En cuarto lugar, se realizaron
Acuerdos de participación mutua de la Concesión entre YPFy Chevron en
caso de revocarse el contrato de préstamo (Contrato YPF-Chevron, 2013, pág. 32 y
33). Es decir, en el caso de recisión del Contrato de préstamo por
incumplimiento de alguna de las partes, se ejecuta el Acuerdo de Participación
en utilidades netas que comprende: “[…] un acuerdo de participación en
utilidades netas a ser acordado entre el Prestamista y el Tomador y en virtud
del cual el Prestamista recibirá el 50% de las ganancias netas de la producción
generada por los pozos del proyecto perforados con anterioridad a la fecha de
ese acuerdo en lugar de la amortización de los Préstamos” (Contrato YPF-Chevron,
2013, pág. 13). De esta forma, Chevron podría
entrar al negocio petrolero en la Concesión de Loma Campana. La entrada de Chevron se
realizaría absorbiendo el entramado de empresas de YPF (art.
3.2, Contrato YPF-Chevron, 2013).
En quinto lugar, nuevamente
legisla sobre cuestiones de soberanía estatal cuando los préstamos se encuentran
atados a decisiones ajenas ya que: “No deberá existir en trámite ningún embargo,
confiscación, procedimiento legal […] contra el Prestamista […]” (Contrato YPF-Chevron,
2013, pág. 35).
En lo que respecta a las
características del préstamo, la amortización del capital es pagadera a una tasa
del 0,2604% mensual (3,16% anual) a partir del tercer aniversario de la Fase I
(septiembre de 2016).
En tanto, el interés que devenga
el capital supone: 1) un 7% anual, más 2) un “Monto de Interés Adicional”
calculado sobre el Flujo Neto de Fondos[21] de
CHNC cuando este sea positivo y supere el capital y los intereses[22].
Es decir, no existe una tasa de interés fija en el Contrato, ya que toda
ganancia de CHNC corresponde a Chevron.
La ganancia de Chevron significa
una mezcla de renta financiera y renta atada al devenir productivo. Por lo
tanto, se le garantiza un piso de ganancia a Chevron si
el proyecto resulta a pérdida (del 7%). Sin embargo, no existe un techo en caso
en que el mismo sea rentable. Por otra parte, en caso de que el proyecto resulte
a pérdida, ésta será absorbida por YPF, además
de abonar un 7% de interés sobre la misma. Esto se debe ya que las líneas de
financiamientos se realizan sobre el Déficit del Flujo de Fondos del Proyecto[23].
Vale resaltar que toda ganancia productiva o financiera es remitida al exterior,
con destino a la subsidiaria de Chevron en las
Islas Bermudas. Aunque cabe aclarar que la cuenta bancaria del prestamista se
encuentra en la ciudad de Nueva York (EEUU).
Los intereses correspondientes a
la Fase I se devengan a partir del inicio de la Fase III (abril de 2014, art.
2.6 del Contrato YPF-Chevron, 2013). En tanto, las Fases II y III devengan
intereses a partir del tercer año del cierre de la Fase I (septiembre de 2016).
Aunque los “Montos Adicionales de Interés” (ganancia de CHNC) se abonarán sin
mediar periodo de gracia. Por otro lado, en caso de incumplimientos por parte de YPF,
la tasa de interés se elevará del 7% al 9% hasta la extinción del hecho[24].
Por último, el registro del
endeudamiento es realizado por Chevron.
En caso de existir conflicto entre las partes, se recurrirá a Chevron como
prueba suficiente: “El Prestamista mantendrá registros apropiados […] que
acrediten el Endeudamiento del Tomador con el Prestamista […]. Las anotaciones
realizadas en tales registros constituirán prima
facieprueba suficiente de la existencia y los montos de las
Obligaciones […]” (Contrato YPF-Chevron, 2013, pág. 30).
2.4 Movimientos de
Capital
Los movimientos de fondos son
realizados de la siguiente manera: 1) El prestamista (Bermudas) desembolsa los
préstamos en una cuenta bancaria titular del Tomador (Delaware); 2) “El Tomador
destinará los fondos provenientes de todos los Préstamos para otorgar préstamos
al Subconcesionario” (Contrato YPF-Chevron, 2013, pág 50). Es decir, todos los
movimientos desde las Islas Bermudas a la Argentina se realizan por medio de
préstamos financieros.
A su vez, cabe preguntarse sobre
cómo se giran las amortizaciones e intereses a la estructura de Chevron en
las Islas Bermudas. CHNC menciona que debe “[…] enviar al socio Shale Oil I [El
Tomador] un informe, a satisfacción de este último, incluyendo –entre otra
información- el flujo de fondos neto proyectado de la Sociedad del mes anterior
incluyendo i) estimado del importe de dividendos respecto de los ingresos del
mes anterior […] y ii) ajustes de los estimados de mes anterior” (Acta de CHNC,
2013, p.10-11). Con base en tal estimación, CHNC deberá realizar adelantos y
préstamos a las estructuras en Delaware: “[…]
la Sociedad [CHNC] otorgará adelantos o préstamos en dólares estadounidenses a
los Socios [YPF Shale Oil Investment I y II] por los montos que surjan de los puntos i) y ii) […]”
(Acta de CHNC, 2013, p.11). Es decir, dichos préstamos se compensan con las
obligaciones de giros de dividendos a Delaware.
Sin embargo, ante una falta de
divisas en Argentina el Acta de CHNC agrega “En el caso de que la Sociedad no
pudiera adquirir dólares estadounidenses en Argentina o no pudiera transferir
dólares estadounidenses al exterior por una suma suficiente para abonar
cualquier monto comprometido en el Acuerdo de Aporte de Capital, en virtud de
una prohibición o restricción impuesta por ley o derivada de prácticas del Banco
Central de la Argentina, los Socios podrán optar por aceptar el pago en dólares
estadounidenses a través de la venta de Bonos Extranjeros Argentinos o de
cualquier otro bono público o privado emitido en dólares estadounidenses en la
Argentina” (Acta de CHNC, 2013, p.11-12). De esta forma, las estructuras en
Delaware deberán hacerse de dólares por medio de prácticas especulativas, como
las comprendidas por el “Contado con Liqui”[25].
En resumen de lo anterior, así
como los dólares llegan por medio de una triangulación desde las Islas Bermudas
hacia Delaware y luego a la Argentina, CHNC gira dólares por medio de préstamos
a las estructuras de YPF en
Delaware, y a partir de allí, la subsidiaria de Chevron en
las Islas Bermudas cobra el préstamo.
Como se puede observar en el
Cuadro Nº 1, las estructuras de YPF poseen
abultadas ventas, ubicando a CHNC en el puesto Nº 234 y N° 177 en el ranking de
las empresas que más venden en Argentina en los respectivos años 2014 y 2015. A
su vez, se puede ver que tanto CHNC como su controlante inmediato poseen
resultados negativos en dichos años. Esto se debe a que las dos empresas
mencionadas son utilizadas como “conduit”[26],
ya que se encuentran completamente endeudadas. De esta forma, todo lo facturado
por la extracción de hidrocarburos es girado al exterior en concepto de pago de
los préstamos. Como contraparte, podríamos esperar que la estructura de Chevron en
Bermudas posea resultados positivos con montos parecidos. Ergo, la subsidiaria
de Chevron habría
adquirido en concepto de beneficios aproximadamente unos US$ 263 millones en
2014 y US$ 1.459 millones en 2015[27].
A su vez hay que destacar el
aumento de capital social de CHNC a través de los préstamos. Como dijimos, estos
préstamos tienen como único fin financiar los gastos operativos. Sin embargo, al
mismo tiempo, sirven para aumentar el capital societario dado que CHNC forma
parte de las garantías prendarias a Chevron[28].
La utilidad en el aumento del capital social de CHNC consiste en garantizar la
solvencia hacia Chevron:
“El Tomador destinará los fondos de los Préstamos para realizar tales aportes de
capital […] con el alcance que resulte necesario para garantizar en todo momento
la Solvencia del Subconcesionario […]” (Contrato YPF-Chevron, 2013, pág. 50). De
esta forma, el capital societario de CHNC aumentó de los iniciales $100.000 en
julio de 2013, hasta los actuales $11.569 millones en la última modificación de
noviembre de 2016. [29]
2.5 Relaciones ambiguas
La relación entre YPF
S.A. y las empresas
pantallas es otro punto a destacar. El Balance Contable de YPF
S.A. menciona que “La
Sociedad [YPF] mantiene
indirectamente el 100% del capital social de CHNC, pero dado que en virtud de
los acuerdos contractuales existentes, no ejerce las decisiones financieras y
operativas relevantes de CHNC ni financia sus actividades, no se encuentra
expuesta a riesgos ni beneficios por su participación en CHNC” (Balance YPF,
2015, p. 103). Es decir, YPF posee
la propiedad de CHNC sin embargo no posee la potestad sobre sus decisiones ni
percibe beneficios. En primer lugar, en caso de que CHNC posea saldos positivos,
estos serán remitidos a la subsidiaria de Chevron en
las Islas Bermudas. En lo que respecta a los temas operativos de extracción de
hidrocarburos, el Contrato menciona que “El Tomador obtendrá la aprobación del
Prestamista de cualquier Programa de Trabajo y Presupuesto, Plan de evaluación,
Plan de Desarrollo, Autorización para Gastos […]”
(Contrato, YPF-Chevron, 2013, pág. 53). De esta forma, a pesar que Chevron ejerce
la figura de prestamista, a su vez, posee total injerencia sobre los planes
productivos y la velocidad de desarrollo de los mismos.
Tal forma de relación entre YPF
S.A. y Chevron prosiguió.
Ya que, en abril de 2014, YPF
S.A.firmó otro Contrato con Chevron para
la explotación del área Narambuena (Neuquén). Para ello, YPF creó
en febrero de 2014 dos nuevas estructuras en Delaware denominadas YPF
Shale Oil Investment III y IV. Paralelamente, en la Argentina, creó
en marzo de 2014 una estructura jurídica denominada Compañía
de Desarrollo No Convencional SRL (CDNC), controlada por las dos
estructuras antes mencionadas. Con la misma operatoria, YPF transfirió
el 50% del área Narambuena a CDNC, aclarando en su Balance Contable la nula
potestad sobre la misma, así como tampoco recibe beneficio alguno[30].
Con la transferencia del 50% de las concesiones a CHNC y CDNC, dichas empresas son acreedoras de los beneficios del Decreto 929/2013 promulgado con el fin de favorecer a Chevron, ya que realizan las inversiones en gastos operativos como si se tratasen de esta última: “Finalmente, se han celebrado otros documentos y acuerdos complementarios referidos al Acuerdo de Proyecto de Inversión, incluyendo (a) el acuerdo de asignación de ciertos beneficios derivados del Decreto N° 929/2013 por parte de YPF a CHNC […]” (Balance YPF, 2015, p. 103).
En la Sección Sexta del Contrato
se establecen las obligaciones de hacer a las cuales se obliga a las empresas
pantallas a garantizar a la subsidiaria de Chevron, entre
otras cosas: 1) envío de información en forma automática (tanto contable, como
cualquier notificación, hecho relevante, celebración de contratos, problemas
ambientales, información sobre las operaciones productivas, etc.); 2), en lo que
respecta a temas impositivos: “[…] El Tomador arbitrará todos los medios que
resulten comercialmente razonables para […] [que ciertas empresas pantallas]
operen de modo tal de evitar quedar sujetos a impuestos en o por una Autoridad
Gubernamental […]” (Contrato YPF-Chevron, 2013, pág. 46).
La Sección séptima establece las
limitaciones y prohibiciones (obligaciones de no hacer)de
las empresas pantallas. Por lo tanto, ninguna empresa pantalla se podrá endeudar
por sobre lo estipulado en el Contrato, ni se les permite realizar ninguna
operación productiva por fuera del Proyecto de Inversión, etc. En consecuencia,
todo accionar realizado por las empresas pantallas se encuentra regulado por el
propio Contrato.
En este sentido, el art. 7.8 del
Contrato limita y especifica el papel que jugará cada una de las estructuras.
Las estructuras jurídicas de YPF en
Uruguay y las Islas Bermudas no pueden realizar ninguna actividad que no sea
poseer en propiedad a otras estructuras jurídicas. Es decir, actúan como
empresas de tipo Holding[31] ya
que no poseen actividades financieras ni comerciales relevantes. El Tomador
únicamente podrá ser propietaria de YPF
Shale Oil Investment II y
CHNC, así como realizar aportes de capital y préstamos a esta última. En tanto, YPF
Shale Oil Investment II sólo
podrá ser titular de CHNC, así como realizar aportes de capital a ésta. Por
último, CHNC sólo puede ser co-propietaria de la Concesión, participar del
proyecto de inversión, recibir préstamos, realizar acuerdos y contratos
referidos a las operaciones productivas.
En tanto, la Sección novena
establece que ante cualquier posible litigio entre las partes se dirimirá bajo:
“[…] (i) Ley Aplicable: Leyes del Estado de Nueva York. (ii) Arbitraje: Cámara
Internacional de Comercio (International Chamber of Commerce). El arbitraje se
llevará a cabo en París, Francia; y el idioma será el inglés. […]” (Acta de
CHNC, 2013, p.12). Se garantiza así a Chevron la
resolución de conflictos en cortes extranjeras, con gran influencia de los
Capitales internacionales, mostrando la vinculación del Contrato con estructuras
Supranacionales de nula injerencia del Estado argentino.
Conclusiones
La firma del Contrato debe
entenderse tanto en un contexto particular de la economía argentina, así como en
el actual marco del orden económico-político global. Con respecto al primer
fenómeno,
la acumulación de Capital en la Argentina se encontró obstaculizada
por la restricción externa, por la cual el sector energético contribuyó en gran
medida ya que se habían incrementado las importaciones sectoriales. Para ello,
el Estado nacional recuperó a YPF, dado
que la gestión Repsol había
priorizado metas financieras por sobre las productivas.
Sin embargo, y contra cierto sentido común, la estatización de YPF no modificó el tipo de manejo empresarial de la misma. La vinculación de YPF con los Capitales internacionales debió atenerse al orden económico global bajo la caracterización de empresa estatal corporatizada. Por lo tanto, YPF se constituyó como una empresa privada, con gestión autónoma, de objetivos privados, que prioriza la mercantilización y la financiarización, pero bajo propiedad del Estado.
El Estado nacional en
competencia con los demás Estados creó un conjunto de medidas de transferencia
del ingreso que beneficiaron al sector energético con el fin de atraer los
Capitales internacionales. La búsqueda de estos Capitales significó la
mercantilización de la energía al permitir la comercialización externa. Al mismo
tiempo, el aumento de las exportaciones sectoriales aseguraría un alivio a la
restricción externa para los capitales que operan localmente.
Accesoriamente, el Contrato creó una serie de mecanismos financieros con el fin de desvincular a Chevron de cualquier responsabilidad legal, así como de construir un canal seguro para los movimientos de fondos. Por lo tanto, el Contrato se encuentra enmarcado en el orden económico global que garantiza la transnacionalización, la hibridación y la libre movilidad del Capital. Este último fenómeno, se visualiza en la creación de estructuras en Paraísos Fiscales que permiten la libre circulación del Capital. A su vez, se apoya en estructuras judiciales Supranacionales cuando se trata de asegurar los derechos a la movilidad del Capital. Se podría decir que el Contrato en sí se constituye como una garantía para Chevron. En lo que respecta a su ganancia, ésta toma la forma de renta financiera, constituyendo a la empresa transnacional como clara ganadora bajo cualquier escenario productivo.
Referencias Bibliográficas
Documentación, diarios y revistas de negocios consultadas
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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU solicitó al gobierno argentino que reconsidere el uso de la técnica de fracking y advirtió que las consecuencias ambientales de las explotaciones hidrocarburíferas a gran escala en Vaca Muerta serán irreversibles. En las Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Argentina , difundidas días atrás, los expertos también expresaron su preocupación por lo aportes al cambio climático.
El Comité recomendó al gobierno argentino “reconsiderar la explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales mediante el ‘fracking’ en la región de Vaca Muerta” para garantizar el cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos y estimó que “la explotación total de todas las reservas de gas de esquisto [de Vaca Muerta] consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono para alcanzar el objetivo de un calentamiento de 1,5 grados Celsius, estipulado en el Acuerdo de París”.
El comité de expertos que redactó el documento también recomendó al Estado argentino que
“adopte un marco regulatorio del ‘fracking’, que incluya las evaluaciones de su impacto en todas las provincias, precedido de consultas con las comunidades afectadas, y con una documentación apropiada de sus efectos sobre la contaminación del aire y el agua, las emisiones radiactivas, los riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo, los efectos sobre la salud pública, la contaminación acústica, la luz y el estrés, la actividad sísmica que puede desencadenar, las amenazas a la agricultura y la calidad del suelo, y al sistema climático”.
Ante la contundencia de las Observaciones del Comité DESC de la ONU, las organizaciones firmantes instamos a las autoridades argentinas a tomar nota de las advertencias realizadas por este organismo y a actuar en consecuencia. Asimismo, sería de suma importancia que también sean consideradas estas advertencias por los Gobiernos de la región donde se promueven proyectos para la extracción de hidrocarburos mediante “fracking”.
Enviar adhesiones a contacto@opsur.org.ar
------------------
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
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Debemos, abajo y a la izquierda, conseguir el involucramiento
de los pueblos en poner fin a "la historia del desarrollo del capitalismo
rentístico que es también la historia del progresivo socavamiento de los
medios ecológicos de vida".
Estamos yendo hacia la extinción de la vida planetaria y por tanto de la
humanidad cuyo síntoma esencial es la crisis climática.
Valoremos qué
propone
Emiliano
Teran Mantovani
para suscitar la unión de los pueblos contra-hegemónica.
Ya nada será
igual
Venezuela y
la crisis de la civilización petrolera
la crisis de la civilización petrolera
30 de mayo de 2018
Por
Emiliano
Teran Mantovani (Aporrea)
Consumadas ya las elecciones presidenciales, es
necesario nuevamente subrayarlo: independientemente de cuánto tiempo dure
Nicolás Maduro como primer mandatario; independientemente de si las élites que
gobiernen en los próximos meses o años, sean militares, empresarios, derechas,
izquierdas, populistas, tecnócratas, socialistas, neoliberales, blancos, azules
o rojos; finalmente todos tienen y tendrán que enfrentar al desmoronamiento de
los viejos pilares de una economía, una sociedad, una nación que fueron
construidas en torno a un petróleo altamente rentable, fluido, abundante y
estable. Eso está llegando a su fin.
Y si sirve la metáfora del Titanic para pensar
nuestro rumbo actual, entonces agreguemos que en nuestro caso el barco no navega
en aguas tranquilas (como aquel), sino que está siendo sacudido por la tormenta
de la crisis energética global. Todo es parte del mismo proceso mundial. Si
usted está buscando una de las más claras expresiones de la
crisis de la civilización petrolera, pues ponga sus ojos en Venezuela.
¿A qué nos enfrentamos?
a) No
estamos en capacidad de predecir el rumbo de los precios internacionales del
crudo: Durante
el boom de precios del petróleo en la década pasada, e incluso con el repunte
que se dio después de la debacle de 2009, numerosos analistas planteaban que
estos marcadores se mantendrían altos, debido a las necesidades de elevados
ingresos para cubrir los costosos proyectos de hidrocarburos no convencionales
que venían en auge –tales como los petróleos de esquisto o las arenas
bituminosas–, mientras que los crudos más rentables aprovechaban la renta
diferencial.
Este fue uno de los principales argumentos
sostenidos por analistas, asesores y propagandistas para justificar las
alucinantes metas de extracción petrolera para la Venezuela del futuro
(recordemos los 6 millones de barriles diarios para 2021, basado principalmente
en 4 millones sólo en la Faja Petrolífera del Orinoco - FPO), lo cual sería la
base para llevarnos a ser una “Potencia Energética Mundial”.
Lo que planteamos no es una tajante afirmación de que el petróleo se mantendrá en valores discretos, o bien afirmar, ahora que vienen subiendo los precios, que logrará mantenerse en niveles altos, sino que la propia volatilidad se está convirtiendo en la normalidad. Si la economía venezolana depende completamente del petróleo –y esto también es el resultado de haber orientado una política de expansión del extractivismo– esto implica que el propio proyecto político y la estabilidad social se volatilizan con el vaivén desenfrenado de los precios del crudo.
b) Un
horizonte extra-pesado: chicos, el negocio ya no es tan rentable como antes: el progresivo declive de los crudos convencionales de las
cuencas petroleras tradicionales, junto con particulares intereses en el
desarrollo de la FPO nos han llevado a que la actual composición de los crudos
extraídos en Venezuela sean ya en su mayoría pesados y extra-pesados (casi el
60% del total).
Es necesario recordar que este tipo de
hidrocarburos son los más difíciles de extraer, difíciles de procesar, por tanto
más caros, generan mayores impactos socio-ambientales, requieren mayores niveles
de energía por unidad extraída y procesada, y en general son económicamente
menos rentables y representan inversiones más inestables.
Lo que nos parece más significativo de este asunto, es que el problema va más allá del propio negocio petrolero y la salud económica de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Por el enorme significado que tiene esta industria para el país, estamos hablando de una afectación estructural de la rentabilidad del factor dinamizador por excelencia de la economía nacional, y por tanto un límite histórico del modelo de acumulación dominante, del capitalismo rentístico. Esto, además, impacta determinantemente en las estructuras de poder construidas en torno al Petro-Estado e incluso en todas las instituciones sociales, políticas y económicas alimentadas por la renta petrolera.
Basado en estos y otros factores, en el libro
‘El
fantasma de la Gran Venezuela’
propusimos en su
momento una crítica al proyecto de la FPO y sus dimensiones faraónicas, debido a
la sensible relación entre el enorme nivel de inversión requerida en pocos años
–más de 240 mil millones US$–, los límites del modelo de acumulación y gestión
centralizada del Petro-Estado, la inestabilidad y financiarización del mercado
petrolero internacional y los peligros de potenciar un nuevo ciclo de
endeudamiento público (externo) y posterior proceso de acumulación por
desposesión. Todo esto en el marco de un proyecto país de proyección de mediano
y largo plazo, basado en una alta concentración del rol de los sectores
extractivos (más extractivismo). Hasta ahora las tendencias han apuntado
dramáticamente hacia la agudización de estos procesos críticos señalados.
No bastará la contra-propuesta de los
tecnócratas que anuncian que el problema se resuelve re-organizando la industria
sobre la base únicamente de criterios de eficiencia y rentabilidad.
El petróleo es
un asunto político, en la medida en la que ha sido la base material de la
gobernabilidad en la Venezuela contemporánea, el factor posibilitante del sueño
de riqueza y progreso nacional. Así que en realidad, al volver a plantear que el
trozo de la torta para la población debe ser más pequeño, reavivará viejos
conflictos, atizará los actuales y creará otros nuevos.
c) Se
modifica el mapa de actores en el mercado energético mundial: es importante recordar el rol
internacional que desde décadas atrás ha jugado Venezuela, por ejemplo, en el
nacimiento de la OPEP en 1960. Su influencia internacional contemporánea ha
estado fundamentalmente determinada por su papel como un importante exportador
de crudos y su capacidad de construir coaliciones geopolíticas en torno al
petróleo. En este sentido,
conviene resaltar dos factores:
el primero, es
que la afectación estructural del proceso de acumulación de capital doméstico
tiene impacto en el rol político del Petro-Estado venezolano y por tanto afecta
su influencia internacional y su capacidad de negociación (elemento muy
estudiado por Bernard Mommer en ‘La cuestión petrolera’). El segundo factor, es
que los cambios en el mercado energético internacional han modificado el
conjunto de los grupos y bloques de poder que se configuran en torno a los
hidrocarburos, resaltando la pérdida de influencia geopolítica de la OPEP, el
crecimiento de algunos grandes productores no-OPEP a partir de sus reservas no
convencionales (como los mismos Estados Unidos) o el incremento de la
importancia de los sectores financieros en el negocio.
d) No
estamos en capacidad de saber cómo se comportará la brecha entre oferta y
demanda mundial de crudos en el futuro: Uno de los factores clave de la crisis energética global es
la brecha que se va configurando entre la demanda y la oferta mundial de crudos.
La demanda se proyecta en los próximos años a un incremento en términos
absolutos y por las crecientes necesidades de energía es claro que tiene una
base que a pesar de los factores de crisis y volatilidad se mantiene invariable.
Mientras tanto el mantenimiento de la oferta se enfrenta no sólo a
las limitaciones físico-geológicas del declive de las fuentes convencionales,
sino también a crecientes necesidades de inversión para mantener el ritmo
expansivo de la demanda.
Dichas inversiones se ven limitadas o
ralentizadas por la crisis económica global, la volatilidad de los precios de
los hidrocarburos y las tendencias anuales al incremento de los costos de
producción de los crudos a nivel mundial. La brecha entre demanda y la oferta
podría crecer. Esto supone una situación determinante y excepcional que tiene y
tendrá enormes repercusiones en todas las economías del mundo.
Esto obliga a re-evaluar el rol relativo del
petróleo en un mundo que podría apuntar al incremento proporcional de la
importancia de otro tipo de energías (sin que esto implique decir que el
petróleo deje de ser un commodity de gran importancia). Las presiones para
impulsar políticas ante el agravamiento del cambio climático o las expectativas
e iniciativas económicas (oportunidades de negocio) hacia otros mercados
energéticos refuerzan estas tendencias.
Al mismo tiempo, lo que ocurre en Venezuela (incluyendo la actual debacle de la operatividad de PDVSA y las cuotas de “producción” diarias) es también expresión de los factores que provocan este desacoplamiento energético oferta-demanda, y las limitaciones que va teniendo la propia industria petrolera. Además hace evidente una reflexión crítica sobre la viabilidad de las inversiones en la ampliación del extractivismo en la FPO (ej. tener que competir con crudos convencionales en un contexto de severa crisis económica global y tendencias al crecimiento estacionario), y amarrar la economía nacional a este tipo de proyectos.
Mientras tanto, antes de la actual situación de
emergencia para tratar de recuperar anteriores niveles de “producción” (cuando
se mantenían en alrededor de 3 millones de barriles/día), el Gobierno nacional
se ha tambaleado en la esquizofrenia discursiva de anunciar recortes de la misma
para favorecer el incremento de los precios internacionales –acuerdos con
productores mundiales y OPEP–, al tiempo que declara que el proyecto de la
“Venezuela Potencia Energética” se basa en el incremento de la producción hasta
6 millones de barriles diarios (emulando además la propuesta neoliberal de los
años 90).
e) La
larga crisis del capitalismo rentístico es también una crisis de los propios
mecanismos correctivos del sistema: el
petróleo no sólo ha generado renta; también ha constituido las estructuras de
poder del Petro-Estado, ha formateado las instituciones republicanas, y ha
impactado determinantemente en las esferas societales. Por lo tanto, una crisis
del modelo no es sólo económica: es también sistémica, integral y
multidimensional.
En este sentido, la debacle de los circuitos del negocio petrolero,
y por tanto de los procesos de acumulación, van socavando las propias
capacidades para la captación, centralización y retención de la renta petrolera,
y por tanto la capacidad de respuesta del Petro-Estado (y las élites
gobernantes) para enfrentar la crisis y poner en marcha políticas coherentes
para salir de la misma. Podríamos decir que la historia de Venezuela de los
últimos 40 años es también la de la relación entre la crisis del modelo de
acumulación y la crisis de hegemonía.
Por estas razones, es imperioso mencionar que
el incremento de la conflictividad política nacional ha potenciado estas
dinámicas, llevando la resolución de las crisis al plano de la confrontación por
medidas de fuerza. Las sanciones económicas impuestas por el Gobierno de los
Estados Unidos contra PDVSA y, en general, bloqueando operaciones financieras
con Venezuela, atacan estas vulnerabilidades descritas, al tiempo que buscan ser
detonantes de un colapso de amplia escala.
Es en todo este marco crítico en el cual la
corrupción hace metástasis, y aparece como uno de los principales mecanismos de
captura y distribución de la renta, motorizada por una relativamente desordenada
disputa de intereses particulares para apropiarse de los excedentes rentísticos.
Al mismo tiempo, esta precariedad de la economía formal, le ha dado cabida a un
extraordinario auge de las economías informales. Estos factores representan la
emergencia de múltiples puntos de fuga fragmentados para confrontar la crisis,
que antes que rasgos cooperativos, parecen ser fundamentalmente competitivos.
f) Ecología
política y economía ecológica del petróleo: los “daños colaterales” del
desarrollo rentista se han vuelto sencillamente insostenibles: la historia del desarrollo del capitalismo rentístico es
también la historia del progresivo socavamiento de los medios ecológicos de vida
de los y las venezolanas, principalmente al norte del río Orinoco. Esta zona
septentrional ha sido altamente degradada (ej. un 50% de su superficie ha sido
deforestada) y la población va sintiendo cada vez más la sensible precariedad
que se ha establecido en la distribución ecológica (veamos por ejemplo la grave
situación actual del agua). El proyecto de la FPO tendría consecuencias
ambientales devastadoras –como lo explicamos detalladamente en “El Fantasma de
la Gran Venezuela”– y mucho más si los dispositivos para la recuperación de la
tasa media de ganancia apuntan a la radicalización de las externalizaciones
ambientales. Una proyección de mediano y largo plazo de este extractivismo
petrolero es simplemente irrealizable en términos ecológicos y constituye un
salto al vacío.
Buscar alternativas: las bases materiales de
una coalición popular contra-hegemónica
Los nuevos
escenarios del petróleo y
los hidrocarburos marcarán la geopolítica global, los patrones energéticos, y en
especial a las economías estructuradas en torno a los crudos. Marcará a
Venezuela y al propio desenlace de la crisis actual, como ya lo está haciendo en
la actualidad.
Debemos prepararnos y
tratar de trascender los delirios retóricos o económicos del extractivismo.
Lamentablemente los líderes de los principales
grupos políticos hacen caso omiso de esta situación, poniéndonos en una
condición sumamente crítica y vulnerable. No es sólo el gobierno de Nicolás
Maduro, sino también los delirios extractivistas que tuvieran Henrique Capriles
Radonski –“Petróleo
para tu progreso”– o Leopoldo López –“Petróleo
en la Mejor
Venezuela”– como modelo de país para el futuro. Todos
comparten la misma receta expansiva.
Preocupa la consciente evasión para generar debates públicos,
inclusivos y verdaderamente vinculantes de temas tan medulares como estos, que
en cambio no se discuten, o se tratan con slogans y superficialidades.
También inquieta la permanente desestimación y omisión
de alternativas que surgen desde diferentes actores políticos y sectores de las
organizaciones sociales.
Por ejemplo, las posibilidades de invertir en la recuperación
secundaria en pozos convencionales que aún tienen en promedio una vida de 60 a
70 años, suficiente tiempo para financiar una transición de modelo; el
aprovechamiento de la capacidad instalada para la producción económica y
generación de energía; relanzamiento productivo de tierras ociosas y el
incentivo a las iniciativas productivas existentes (en vez de ser atacadas); una
política fiscal que cargue a los sectores económicamente más poderosos; entre
muchas otras.
Estamos ante una situación de cambios
significativos y esto supone la activación de novedosos mecanismos políticos,
sociales y epistémicos para enfrentarla. Planteamos que, un camino diferente,
productivo, inclusivo y participativo, y ecológicamente sustentable, no será
impulsado desde las élites políticas y económicas del país, sino que tendrá que
venir como propuesta impulsada y peleada desde las bases sociales, sobre todo
las más organizadas.
Sabemos que esta crisis ha impactado
notablemente en el campo popular, sus horizontes, sus energías, sus tejidos, sus
esperanzas.
No queda más que comenzar a crear a partir de
lo existente, reinventarnos, reencontrar las potencialidades de un pueblo que ha
sabido ocupar las calles por sus demandas,
que ha sabido ser torbellino, enjambre, épica. Pero debemos insistir:
necesitamos otros códigos, otros sentidos comunes, otras valoraciones, otras
subjetividades. Esta crisis está también sostenida por los paradigmas
epistémicos y antropológicos de la cultura del petróleo.
Más allá de la retórica,
creemos que es
posible orientar una coalición popular contra-hegemónica a partir de dos de los
factores materiales fundamentales que rigen la organización de la vida: la
distribución económica y la distribución ecológica.
Es decir, para
nuestro caso, la confluencia entre demandas por mayor justicia en la
distribución de la renta petrolera y las luchas contra el extractivismo en los
territorios.
Respecto a la primera, creemos que un factor
que puede nuclear movilizaciones de grupos muy diversos tiene que ver con la
creación e impulso de una amplia plataforma para una auditoría de todas las
cuentas públicas: asignación de presupuestos y partidas, inversiones en
proyectos, adquisición de deuda pública (en especial la externa o externalizada),
y un largo etcétera. Este tipo de propuesta ha sido impulsada en otros países y
en Venezuela se ha promovido desde organizaciones como la Plataforma para la
Auditoría Pública y Ciudadana y el Capítulo Venezuela del Comité para la
Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM-AYNA). Lo ideal es lograr formas
variadas de participación popular en dichas auditorías,
así como poder impulsar la formalización de
mecanismos permanentes de contraloría social de las cuentas públicas,
como los llamados “Gobiernos electrónicos o “e-gobiernos”.
En relación a la distribución ecológica, es fundamental hacer
visible que la propia existencia y distribución de la renta está determinada por
los diferentes proyectos extractivistas, que suponen impactos territoriales,
socio-ambientales, culturales y, en general, económicos negativos. Esto
supone vincular
directa o indirectamente a las organizaciones y bases movilizadas por las
auditorías públicas con los diferentes conflictos y movilizaciones que se
producen en el país en torno a la defensa de los bienes comunes y de la justicia
ambiental (piénsese en las múltiples protestas por el acceso al agua que se
desarrollan en el país), y poder evidenciar tanto el origen de la cadena de
desigualdades, explotación y pobreza, conocer el conjunto de las injusticias que
genera el modelo de desarrollo, así como la necesidad de una integralidad de las
luchas por la reproducción social de la vida.
Se trata inclusive de un proceso altamente
pedagógico para el propio campo popular, como ha ocurrido en otros países
latinoamericanos en los últimos años, en torno a la coalición de diversas luchas
económicas, políticas y ecológicas.
El Arco Minero del Orinoco, mega-proyecto propuesto por el Gobierno
nacional para enfrentar la crisis estructural del modelo rentista petrolero,
revela tal vez con mayor claridad la confluencia de muchos de los factores
críticos descritos: el impulso de falsas soluciones (salir de la crisis creada
por el modelo extractivista, con más y nuevo extractivismo), la opacidad de los
convenios y acuerdos, el respaldo de la deuda asumida irresponsablemente con la
mercantilización de la naturaleza de nuestros territorios, y los múltiples
impactos socio-ambientales que conllevará el proyecto.
Estos factores materiales son uno de los más sensibles a la población
y constituyen tanto algunas de las urgencias inmediatas para confrontar la
situación con justicia social y ambiental, como la apertura de más espacios para
discutir y confrontar los temas medulares que tienen que ver con el propio
modelo de sociedad que queremos y que no queremos. Es apenas una propuesta más
para empezar a nuclear voluntades.
*Emiliano
Teran Mantovani es sociólogo de la UCV, ecologista político e investigador
asociado al Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES). Participa en el
Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo organizado por la
Fundación Rosa Luxemburgo y es miembro de la Red Oilwatch Latinoamérica.
