En confrontación están las
disputas de territorios a esos poderes del agronegocio, la megaminería, la
explotación hidrocarburífera y la infraestructura
para los extractivismos.
Corroboremos cómo gobiernos
progresistas (a causa de no romper con el capitalismo) menosprecian
necesidades e intereses de los pueblos privilegiando la asociación con las
corporaciones y estados ejecutores de los extractivismos para el progreso
industrial de sus países. Veamos, sobre todo, que el gobierno de Evo Morales
Ayma -Álvaro García Linera tenían la alianza de clases y pueblos para concretar
la reforma agraria integral.
Denuncian consolidación del
capitalismo agrario en Bolivia
21 de
agosto de 2017
“Pese a los
discursos que señalan lo contrario, no ha habido una reforma igualitaria
extensiva en Bolivia desde que Evo Morales asumió la presidencia en 2006”. Así
resume su investigación el académico Jeffery R. Webber, de la Escuela de
Política y Relaciones Internacionales de la Queen Mary University, de Londres.
La investigación
de Webber, recientemente publicada a nivel internacional en la Revista de Cambio
Agrario, explica los procesos agrarios en Bolivia durante la década 2006-2016 a
través de un análisis del balance de las fuerzas de clase del sector agrícola y
los cambios en la composición de clase del bloque dominante.
Para ello, divide su análisis en dos periodos: el primero, al que le denomina “proceso de lucha insurgente” llevado a cabo entre 2006 y 2009, y el segundo, al que llama “alianza agrocapital-estatal” que se da entre 2010-2016 (aunque éste periodo sigue hasta la actualidad y se proyecta también hacia el futuro).
Para ello, divide su análisis en dos periodos: el primero, al que le denomina “proceso de lucha insurgente” llevado a cabo entre 2006 y 2009, y el segundo, al que llama “alianza agrocapital-estatal” que se da entre 2010-2016 (aunque éste periodo sigue hasta la actualidad y se proyecta también hacia el futuro).
La lente teórica a través de la cual mira las transformaciones que se han estado dando en las alianzas de clase en estos periodos es uno desarrollado por un intelectual que el propio vicepresidente Álvaro García Linera suele citar: el marxista italiano Antonio Gramsci.
Webber utiliza el concepto de Transformismo, de Gramsci, porque permite “capturar tanto la forma en que las capas principales de los movimientos indígenas-campesinos han sido absorbidos, y por tanto decapitadas, por los aparatos del Estado, como la dialéctica de transformación/restauración que caracteriza el ‘proceso de cambio’ que se lleva a cabo en Bolivia”.
Proceso
revolucionario cuestionado
“Inicialmente, hubo un periodo bajo el gobierno de Morales, entre 2006 y 2009, en el que la alianza de los movimientos sociales indígena-campesinos, llamada Pacto de Unidad, luchó desde abajo por una genuina transformación de la estructura de clase rural boliviana, y donde la élite agroindustrial luchó abiertamente contra el gobierno central a través de campañas de desestabilización autonomista y regionalista”, explica el académico.
“Inicialmente, hubo un periodo bajo el gobierno de Morales, entre 2006 y 2009, en el que la alianza de los movimientos sociales indígena-campesinos, llamada Pacto de Unidad, luchó desde abajo por una genuina transformación de la estructura de clase rural boliviana, y donde la élite agroindustrial luchó abiertamente contra el gobierno central a través de campañas de desestabilización autonomista y regionalista”, explica el académico.
En los primeros años del gobierno del MAS, el principal campo de batalla institucional fue la Asamblea Constituyente (2006-2007), periodo durante el cual “hubo la posibilidad de lograr reformas estructurales profundas en el campo”.
Sin embargo, para el año 2010 “el gobierno de Morales había derrotado al proyecto político autonómico del oriente, y esto sentó las bases para una realineación de clase en el bloque dominante”.
Según Webber, entre 2010 y 2016 “emergió una nueva alianza agrocapital-estatal, con apoyo subordinado de los sectores más ricos del campesinado en los sectores de la coca, la soya y los exportadores comerciales de quinua, entre otros. El Pacto de Unidad se fragmentó y los movimientos indígenas de tierras bajas fueron expulsados de su participación inicial en la alianza gubernamental que existió entre 2006 y 2009”.
Resultados
“dramáticos”
Los resultados de estos cambios han sido “dramáticos”, a decir del investigador. “Fundamentalmente, las zonas estratégicas de tierras productivas han sido concentradas en las manos del capital nacional y transnacional dedicado a la producción de soya y sus derivados para la exportación”.
Los resultados de estos cambios han sido “dramáticos”, a decir del investigador. “Fundamentalmente, las zonas estratégicas de tierras productivas han sido concentradas en las manos del capital nacional y transnacional dedicado a la producción de soya y sus derivados para la exportación”.
Mientras, la tierra marginal, menos productiva, “contiene las zonas más densamente pobladas de la mayoría de los campesinos con escasa o ninguna tierra. Ha habido muy poca redistribución a través de la expropiación de tenencias privadas, y la poca redistribución de tierras fiscales se ha enfocado en tierra marginal de poco o ningún potencial agrario”.
En medio de los capitalistas agroindustriales -que capturan la mayor parte de la renta agraria- y los campesinos pobres con poca o ninguna tierra, se encuentra “una capa de campesinos adinerados o pequeños capitalistas agrícolas de pequeña escala que están económicamente subordinados en cadenas de valor controladas por transnacionales a través de cultivos comerciales, y políticamente subordinados al bloque dominante representado por la coalición entre el Estado y el capital agroindustrial”.
Webber interpreta estos cambios en la alianza de clase a través del concepto de Trasformismo, de Gramsci.
En su lectura de Gramsci, las “revoluciones pasivas” (como entiende a las
latinoamericanas del siglo XXI), abarcan una “desigual y dialéctica combinación
de dos tendencias simultáneamente presentes en una misma época: una de
restauración y otra de revolución, una de preservación y otra de
transformación”.
El historiador, sociólogo y latinoamericanista, Massimo Modonesi, observa que “las características transformativas de una revolución pasiva” marcan una serie de cambios respecto de periodo precedente, “pero esos cambios a la larga garantizan la estabilidad de las relaciones fundamentales de dominación, incluso cuando éstos asumen nuevas formas políticas”.
En este sentido, “las revoluciones pasivas no implican una restauración total del antiguo orden, pero tampoco una revolución radical”, sino que, coincidiendo con Webber, “implican una dialéctica de revolución/restauración, transformación/preservación”.
Para Modonesi las capacidades de movilización social desde debajo de los primeros años “son contenidas o cooptadas (o selectivamente reprimidas)”, mientras se restaura la iniciativa política de secciones de las clases dominantes.
Así, se establece “una forma de dominación capaz de promulgar reformas conservadoras disfrazadas con el lenguaje de anteriores impulsos que emergían desde abajo, logrando así un consenso pasivo de las clases dominadas”.
Webber por su parte explica que, “en vez de una restauración instantánea, hay un cambio molecular en el balance de las fuerzas, drenando gradualmente las capacidades de auto-organización y de iniciativas desde abajo a través de la cooptación, garantizando la pasividad del nuevo orden, y fomentando la desmovilización, o al menos controlando las movilizaciones de las clases populares”.
Políticas
agrarias del Gobierno
En efecto, el gobierno de Evo Morales ha tenido iniciativas en materia agraria y alimentaria. En 2007 creó la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), tiempo después se creó el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), el de Seguridad Alimentaria y Alerta Temprana (SINSAAT II), el de Desarrollo Económico Local para la Seguridad Alimentaria (DELSA), y el Proyecto de apoyo directo para la creación de iniciativas agroalimentarias Rurales (CRIAR).
En efecto, el gobierno de Evo Morales ha tenido iniciativas en materia agraria y alimentaria. En 2007 creó la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), tiempo después se creó el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), el de Seguridad Alimentaria y Alerta Temprana (SINSAAT II), el de Desarrollo Económico Local para la Seguridad Alimentaria (DELSA), y el Proyecto de apoyo directo para la creación de iniciativas agroalimentarias Rurales (CRIAR).
Sin embargo, las proporciones de inversión pública para el apoyo a la agricultura y ganadería son relativamente bajas comparadas con lo destinado a las actividades extractivas, y comparado también con el programa agrario del Banco Mundial en Bolivia.
Justamente “la mayor ironía” en políticas rurales en Bolivia bajo el gobierno de Morales es que el principal programa de expansión de la pequeña agricultura, con la mayor cobertura nacional, es financiado y operado por el Banco Mundial: el Proyecto Alianzas Rurales (PAR), concebido por el Banco Mundial en 2005 y aprobado por Evo en 2007.
Según los investigadores Diana Córdoba y Kees Jansen, el PAR responde a los lineamientos de desarrollo del Banco Mundial antes que a las prioridades del gobierno boliviano, y busca fortalecer las capacidades productivas y comerciales de los agricultores de mediano tamaño, mediante la inversión de 450 millones de dólares durante el gobierno de Evo Morales.
El periodo
insurgente 2006-2009
Para Webber, la principal iniciativa del MAS en el tema agrario fue, junto con la nueva Constitución Política del Estado (pese a que terminó siendo moderada), la promulgación de la Ley 3545, llamada Ley de Reconducción Comunitaria de Reforma Agraria, en noviembre de 2006.
Esta ley otorgaba nuevos mecanismos de registro y titulación de la tierra, introduciendo la obligación de cumplir una función económico-social (FES) de la tierra para que las grandes propiedades no sean expropiadas y redistribuidas.
Pese a todo, “las aparentes transferencias de tierra consistieron más en un cambio del estatus legal de esas tierras” que una redistribución real.
Por su parte, según la organización Control Ciudadano, la redistribución efectiva a través del registro de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) alcanzó el año 2010 la cifra de 2,9 millones de hectáreas. De este total, la vasta mayoría de tierras redistribuidas (72,8%) fueron tierras fiscales, y sólo el 27,2% fueron expropiadas o parcialmente expropiadas a terratenientes.
Mientras, la presencia e influencia de las transnacionales soyeras y agroquímicas ADM, Bunge, Cargill, y Louis Dreyfus siguió creciendo. Y la mayor parte de los pequeños productores de soya termina vendiendo su producción directa o indirectamente a estas transnacionales.
Para Webber, la principal iniciativa del MAS en el tema agrario fue, junto con la nueva Constitución Política del Estado (pese a que terminó siendo moderada), la promulgación de la Ley 3545, llamada Ley de Reconducción Comunitaria de Reforma Agraria, en noviembre de 2006.
Esta ley otorgaba nuevos mecanismos de registro y titulación de la tierra, introduciendo la obligación de cumplir una función económico-social (FES) de la tierra para que las grandes propiedades no sean expropiadas y redistribuidas.
Pese a todo, “las aparentes transferencias de tierra consistieron más en un cambio del estatus legal de esas tierras” que una redistribución real.
Por su parte, según la organización Control Ciudadano, la redistribución efectiva a través del registro de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) alcanzó el año 2010 la cifra de 2,9 millones de hectáreas. De este total, la vasta mayoría de tierras redistribuidas (72,8%) fueron tierras fiscales, y sólo el 27,2% fueron expropiadas o parcialmente expropiadas a terratenientes.
Mientras, la presencia e influencia de las transnacionales soyeras y agroquímicas ADM, Bunge, Cargill, y Louis Dreyfus siguió creciendo. Y la mayor parte de los pequeños productores de soya termina vendiendo su producción directa o indirectamente a estas transnacionales.
Alianza
agroindustrial estatal 2010-2016
Mientras la
relación entre la élite agroindustrial del oriente y el gobierno del MAS fue una
de antagonismo entre 2006 y 2009, desde el año 2010 ésta se convirtió en una
alianza, que coincidió con la ruptura del gobierno con las organizaciones
indígenas de tierras bajas, marcando una “realineación de la composición de
clase del partido gobernante”.
Según Gonzalo Colque, de la Fundación TIERRA, entre 2010 y 2014 se logró un importante número de hectáreas tituladas a favor del agronegocio: 3.763 hectáreas para cada agronegocio en promedio, comparado con 1.500 hectáreas en promedio entre 1996 y 2006.
Si bien estas extensiones que benefician a empresas grandes y medianas no son tan grandes en superficie como las de las TCO y otras propiedades comunitarias, son “cualitativamente distintas”.
Y es que las zonas estratégicas de tierra más productiva para agricultura, ganadería y silvicultura, están en las tierras bajas, donde precisamente se concentró la titulación para empresas medianas y grandes.
Mientras, las tierras otorgadas a TCO suelen estar localizadas en los márgenes de los centros agroindustriales y de las carreteras, y tienen generalmente “poca o ninguna potencialidad agrícola”, según Colque.
Según Gonzalo Colque, de la Fundación TIERRA, entre 2010 y 2014 se logró un importante número de hectáreas tituladas a favor del agronegocio: 3.763 hectáreas para cada agronegocio en promedio, comparado con 1.500 hectáreas en promedio entre 1996 y 2006.
Si bien estas extensiones que benefician a empresas grandes y medianas no son tan grandes en superficie como las de las TCO y otras propiedades comunitarias, son “cualitativamente distintas”.
Y es que las zonas estratégicas de tierra más productiva para agricultura, ganadería y silvicultura, están en las tierras bajas, donde precisamente se concentró la titulación para empresas medianas y grandes.
Mientras, las tierras otorgadas a TCO suelen estar localizadas en los márgenes de los centros agroindustriales y de las carreteras, y tienen generalmente “poca o ninguna potencialidad agrícola”, según Colque.
Así, pese a la retórica oficial sobre la seguridad alimentaria, en la práctica el Estado ha apoyado la expansión del sector exportador controlado por las transnacionales, mientras la producción comunitaria y campesina ha decaído y no se ha convertido en una fuente importante de alimentos, empleo ni de mayores ingresos.
“Lo que es cada vez más claro es la continuidad de la estructura agraria basada en exportaciones primarias, inversión extranjera y la santificación de la propiedad privada en la mayor parte de las zonas agrícolas, y la limitada redistribución de tierras fiscales de escaso potencial agrícola”, afirma Webber. Según el exviceministro Alejandro Almaraz, la oligarquía agraria de Santa Cruz, en alianza con el agronegocio transnacional, ha sido reinstalada en el poder a través de una original configuración del agrocapital con el Estado.
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Predominio de los agroempresarios capitalistas
La producción campesina no es significativa
Publicado el: 3 agosto, 2018
Después de 65 años de la Reforma Agraria de 1953 y a 12 años de la promulgación de la Ley de la “Reconducción comunitaria de la Reforma Agraria” por el gobierno del MAS, hoy en el campo existe un predominio de la producción capitalista en la agricultura y por lo mismo una participación campesina cada vez menos relevante en la producción agrícola. (Imagen: El presidente Evo Morales dijo el jueves que el modelo político, social y económico de Bolivia se basa en los principios del movimiento indígena originario, porque no es excluyente y menos racista, en el marco de la celebración del ‘Día de la Revolución Agraria’ que se realizó en el municipio de Yapacaní del departamento de Santa Cruz /R Zaconeta ABI)
CEDLA
En el libro Bolivia:
Nuevos Datos acerca del desarrollo del capitalismo en la agricultura,
que ofrece como novedad el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y
Agrario (CEDLA), el investigador y autor Enrique Ormachea Saavedra sostiene “que
la realidad en el que se desenvuelve la sociedad rural boliviana está marcada
por una cada vez mayor presencia de la economía mercantil en el campo y por el
predominio de la producción capitalista en la agricultura”.
El dato más importante en relación al predominio del capitalismo, explica, se refiere a la producción agrícola y señala que en la gestión 2012/2013, de un total de 15,6 millones de toneladas producidas, 14 millones de toneladas, es decir el 90%, fueron producidas por explotaciones agropecuarias de corte capitalista. Los campesinos sólo lograron producir 1,6 millones de toneladas, que representan el 10% de la producción agrícola total. “Estos datos confirman la progresiva pérdida de importancia del campesinado en la producción agrícola, a pesar de su enorme peso en el conjunto de las explotaciones agropecuarias del país”, informa el experto.
Otro aspecto
de suma importancia es la pérdida cada vez más acentuada de la producción
campesina en los valles y el Altiplano. “En efecto, en la gestión agrícola
2012/2013, de un total de 1,6 millones de toneladas producidas por todos los
campesinos del país, el 48,5% fue producido por los campesinos asentados en los
llanos (fundamentalmente aquellos de Santa Cruz), mientras que aquellos
asentados en los valles y el Altiplano produjeron el 25,3% y el 26,2%,
respectivamente”.
En el texto se destaca que el predominio de la producción agrícola capitalista se manifiesta en siete de los nueve departamentos del país (La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando). De modo que sólo en Oruro y Potosí la producción agrícola campesina mantiene aún una relativa importancia en comparación con la producción de tipo capitalista en ambos departamentos.
De acuerdo a
la investigación de Ormachea, basada en los datos del censo agropecuario 2013,
“en los grandes grupos de cultivos agrícolas, es predominante la producción de
las Unidades Productivas Agropecuarias (UPAS) de corte capitalista en cada uno
de ellos. Salvo en el rubro Tubérculos y raíces, en el que las UPA que contratan
asalariados concentran 56,8% de la producción y los campesinos, el 43,2%, en
todos los demás grandes grupos de cultivos, las UPA de corte capitalista
concentran porcentajes verdaderamente importantes de la producción agrícola.
Cereales: 82,2%; estimulantes, especias y aromáticas: 77,9%; frutas y nueces:
70,9%; hortalizas y legumbres: 81,0%; oleaginosas e industriales: 95,6%;
forrajes y fibras: 83,0%. En este sentido, si bien en cada uno de estos grupos
persiste la producción campesina, ésta ya no es significativa. Entre los 50
cultivos más importantes del país, la producción campesina sólo es predominante
en cuatro: cebada, haba, oca y papa”, destaca la investigación.
Ormachea
sostiene que, a partir de los datos censales, “es posible comprobar que en
cultivos que algunos investigadores suponen son campesinos (papa, haba, quinua y
yuca, por ejemplo) ya se han hecho presentes relaciones capitalistas de
producción, mientras que, a la inversa, en cultivos que son generalmente
considerados como ‘empresariales’ (soya, sorgo, caña de azúcar y girasol)
también es posible encontrar producción campesina”.
Señalemos que, en Argentina,
el Partido Justicialista siempre ejerció conciliación de clases .
Ahora desde los setenta cuando organizó terrorismos paraestatal y estatal,
se fue homogeneizando de derecha según gestionó las comunidades de negocios
lícitos e ilícitos de la democracia restringida. Despliega el neoliberalismo bajo
conducción de Menem-Cavallo e interpreta las exigencias de la rebelión popular
mediante el liderazgo
de
Néstor Kirchner cuyo gobierno
y los de Cristina Fernández profundizaron la política de estado de
los noventa.
Trece años de soja en Argentina:
las
consecuencias inevitables de
un modelo
genocida y ecocida
Martes 1ro
de septiembre de 2009 por CEPRID
GRAIN
CEPRID
La amplia experiencia adquirida en
Argentina después de trece años de imposición del cultivo de soja transgénica
resistente al glifosato dan la oportunidad al resto del mundo de aprender la
lección y no repetir los errores ni permitir las imposiciones que hicieron
posible que Argentina se convirtiera en apenas una década en una “republiqueta
sojera”.
En 1996 y de manera absolutamente
solapada y antidemocrática se permitió la introducción de la soja transgénica de
Monsanto en nuestros campos. Sin estudios de impacto ambiental independientes,
sin ningún tipo de consulta pública, sin ninguna discusión parlamentaria ni
legislación que la avale. Una simple disposición de la Secretaría de Agricultura
creó en 1991 la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia)
que
a partir de allí y con amplia participación de las corporaciones “asesoró” a
la secretaría sobre la aprobación de OGM.
Ahora, mes con mes, vivimos en Argentina la emergencia de un nuevo problema socioambiental debido a la invasión territorial producida por la imposición del monocultivo de soja transgénica de mano de Monsanto y de un puñado de terratenientes y asociaciones empresariales de siembra.
Los impactos de las fumigaciones,
el desmonte, el desplazamiento de campesinos, la falta de alimentos, las
inundaciones y sequías, las nuevas enfermedades, son moneda corriente en las
noticias pero solamente desde algunos medios alternativos aparece relacionada
con la “sojización”.
Todo esto viene de la mano de la
instalación de una visión fragmentada de los problemas en que se ocultan las
causas profundas de los mismos para analizarlos o mostrarlos, muchas veces de
manera sensacionalista, pero siempre aislados y producidos casi como “fenómenos
naturales”.
Por eso lo primero y fundamental
es recuperar la mirada integral de la problemática. Únicamente mirando y
analizando la totalidad y la complejidad de la situación se podrá llegar a
alguna conclusión útil para avanzar en alguna dirección y salir de la rueda
destructiva en la que el modelo de agronegocio-soja-transgénicos nos ha metido.
Después de trece años de expansión
del cultivo de la soja transgénica en Argentina las consecuencias
socioambientales son una verdadera catástrofe. Presentamos un breve repaso por
los datos concretos que hablan de la tragedia de la soja en el Cono Sur.
En Argentina se sembrarán en la
próxima temporada 18 millones de hectáreas de soja transgénica bajo la técnica
de siembra directa.
Esta superficie representa más del
50% de la superficie agrícola del país.
Prácticamente 100% de la soja que
se cultivará es soja transgénica resistente al herbicida glifosato (SOJA RR).
La SOJA RR es propiedad de
Monsanto, la mayor empresa semillera del mundo y también creadora del glifosato,
el herbicida que se debe utilizar para sembrar la SOJA RR. Monsanto controla 90%
de las semillas transgénicas que se comercializan a nivel mundial.
Monsanto declaró que las ganancias
generales aumentaron un 44% en 2007 con respecto al año anterior y un 120% en el
2008 en relación con el 2007.
Este año se aplicarán más de 200
millones de litros de glifosato sobre toda la superficie cultivada con soja en
Argentina mientras en el año 1996 se utilizaban 13 millones 900 mil litros.
El producto comercial cuyo
principio activo es el glifosato (Roundup) contiene además una serie de
coadyuvantes que aumentan notablemente su toxicidad, fundamentalmente el
surfactante poea (polioxietil amina) cuya toxicidad aguda es 3 a 5 veces mayor
que la del glifosato.
Por supuesto que este uso
intensivo de glifosato ya ha provocado el surgimiento de muchísimas malezas
resistentes al glifosato. Algunas de las ya informadas son: Hybanthus
parviflorus (Violetilla), Parietaria debilis (Yerba Fresca), Viola arvensis
(Violeta Silvestre), Petunia axillaris (Petunia), Verbena litoralis (Verbena),
Commelina erecta (Flor de Santa Lucía), Convulvulus arvensis (Correhuela),
Ipomoea purpurea (Bejuco), Iresine difusa (Iresine) y recientemente el Sorghum
halepense (Sorgo de alepo) que por ser una maleza muy difícil de controlar ha
despertado gran alarma.
Luego de pasar más de una década
negando el surgimiento de malezas resistentes, Monsanto a través de su
vicepresidente admitió este hecho y propuso una solución: reemplazar a toda la
soja resistente al glifosato por una nueva soja resistente a un nuevo herbicida:
el dicamba —de hecho aún más tóxico que el glifosato.
Además se utilizarán otros
herbicidas y agrotóxicos para controlar malezas y plagas del monocultivo de soja
ya que la siembra directa requiere de la aplicación de otros herbicidas antes de
la siembra de la soja: entre 20 y 25 millones de litros de 2-4-D, otros seis
millones de litros de atrazina y unos seis millones de litros de endosulfán.
Esta lluvia de agrotóxicos produce tremendos impactos sobre la salud de la población, animales domésticos, cultivos alimenticios y contamina suelos, cursos de agua y el aire en toda la extensión del cultivo de soja. Suman cientos los casos denunciados por distintas organizaciones e investigadores en los cuales está perfectamente documentado el impacto de los agrotóxicos en las comunidades y sus producciones.
La difusión pública de estas
denuncias ha llevado a que recientemente la Asociación Argentina de Abogados
Ambientalistas solicitara a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la
prohibición de la fumigación con glifosato.
Este avance desenfrenado de la
soja se ha producido a pesar de que según recientes investigaciones de la
Universidad de Kansas la soja rr produce entre un 6 y un 10% menos que la soja
convencional.
El monocultivo de soja repetido
año tras años en los campos produce una intensa degradación de los suelos con
una pérdida de entre 19 y 30 toneladas de suelo en función del manejo, la
pendiente del suelo o el clima.
Cada cosecha de soja extrae año a año miles de toneladas de nutrientes de nuestro suelo que se exportan. Sólo como ejemplo podemos citar que cada año se van con la soja un millón de toneladas de nitrógeno y 160 mil toneladas de fósforo.También cada cosecha de soja que se exporta se lleva unos 42500 millones de metros cúbicos de agua cada año (datos de la temporada 2004/2005) correspondiendo 28190 millones a la pampa húmeda.Cada año se deforestan en Argentina más de 200 mil hectáreas de monte nativo por el avance de la frontera agrícola debido fundamentalmente a la expansión del monocultivo de soja.
Considerando que cada 500
hectáreas de soja requieren de un trabajador rural es evidente la expulsión de
trabajadores rurales y campesinos de los territorios donde se cultiva.
Los grandes productores sojeros
están obteniendo ganancias extraordinarias. El Grupo Los Grobo que declara
cultivar 150 mil hectáreas en Argentina y en todo el Cono Sur (Paraguay, Brasil
y Uruguay) apuesta a controlar 750 mil hectáreas.
El modelo sojero produce una
enorme concentración de la tierra en pocas manos ya sea por la adquisición de la
tierra por grandes productores o por su arrendamiento por los “Pooles de
Siembra”. Como consecuencia en los últimos 10 años se han perdido más del 20% de
los establecimientos productivos.
La obvia consecuencia de esta
concentración es que ha disminuido de manera dramática la producción de
alimentos básicos para nuestro pueblo. Por citar sólo un ejemplo: el número de
explotaciones lácteas disminuyó 50 por ciento entre 1988 y 2003, pasando de 30
mil a 15 mil.
En el caso del algodón su
producción disminuyó en un 40% en la provincia de Chaco y un 78% en la provincia
de Formosa como consecuencia del avance de la soja.
Miles de campesinos son expulsados
violentamente de sus tierras para imponer este modelo y son criminalizados por
resistir los desalojos y el avance de la soja. El Mocase-vc y el Movimiento
Nacional Campesino Indígena permanentemente denuncian la persecución de
campesinos del movimiento a causa de resistir la expulsión de sus tierras en
forma violenta para imponer el cultivo de soja.
Finalmente es fundamental tener presente que la introducción de la soja transgénica en Argentina fue el mecanismo elegido por Monsanto para inundar de transgénicos el Cono Sur ya que fue desde Argentina desde donde se comercializó de manera ilegal la soja transgénica a Brasil, Paraguay y Bolivia (países en los que el cultivo de los transgénicos estaba prohibido), inundando estos países de transgénicos e imponiendo así, a partir de la contaminación, la República Unida de la Soja que poco tiempo después publicitaba Syngenta.
¿Quién gobierna la República Unida
de la Soja?
Los tibios intentos de las
frágiles democracias latinoamericanas por poner algún límite al poder económico
dominante generado por dos décadas de globalización y neoliberalización
económica han encontrado en los últimos meses un topetazo contundente en la
perversa alianza de grandes terratenientes con las corporaciones del agronegocio
que están actuando de manera brutal en todos los países del Cono Sur.
No se trata aquí de hacer un
juicio sobre los gobiernos democráticos de la región, ni de evaluar su capacidad
de transformación de la realidad o su compromiso con los pueblos
latinoamericanos. Dejamos esto para los pueblos que desde sus propios procesos
van respondiendo y creando espacios para responder y construir nuevas
realidades.
Sin embargo creemos que no es
posible pasar por alto algunos hechos, unos notoriamente públicos y otros que
apenas ocupan algunas columnas en los medios; todos aparentemente desconectados
entre sí pero profundamente ligados en una raíz común que es la de someter a los
pueblos, controlar su agricultura y su alimentación ocupando y destruyendo sus
territorios.
Un hilo común atraviesa todas
estas noticias y se fortalece como metáfora aleccionadora de las pretensiones de
estos sectores: la soja [soya] transgénica y su invasión de territorios en el
Cono Sur intenta ser, de hecho, la “República Unida de la Soja”.
Así, el lock-out patronal de los
terratenientes sojeros de la Argentina que ocurrió en 2008 mostró la senda de lo
que luego en Bolivia se convirtió en una feroz agresión cargada de odio,
desprecio por la vida humana y racismo contra los pueblos originarios.
Allí aparece en escena como uno de
los principales dirigentes de la “Media Luna” el presidente del Comité Cívico
pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, que “casualmente” resulta ser uno de los
grandes productores de soja de la región.
En los días de pleno recambio
democrático que llenó de esperanzas al pueblo paraguayo, el país se vio también
brutalmente conmocionado por la represión contra campesinos que incluso llevó a
la muerte al campesino Bienvenido Melgarejo y con los grandes terratenientes
anunciando que van a recurrir a las armas para defender sus latifundios.
En Uruguay y en medio de suaves
presiones gubernamentales para establecer restricciones sobre el incremento de
las áreas para el cultivo de soja con la creación de un Plan de Producción
Agrícola también los grandes sojeros hicieron oír su voz y sembraron de amenazas
los grandes medios.
Desde sus autoridades, Brasil ya
se rindió a los transgénicos y ha convertido a la ctnBio en una puerta de
aprobación automática de todo los que las corporaciones desean.
Uruguay levantó la moratoria a la
aprobación de nuevos transgénicos y abrió así las puertas para el ingreso de las
“nuevas” mercancías transgénicas de Monsanto. No es casual que la soja
transgénica aparezca en muchas noticias: es simplemente un instrumento del
control corporativo de la agricultura y el control territorial que llega de la
mano de las agroempresas y sus patrones, los grandes productores y las
corporaciones transnacionales.
Por supuesto que cada uno de estos
actores tiene mecanismos de acción diferenciados: las corporaciones permanecen
silenciosas y hacen sus negocios mientras invierten enormes sumas en publicidad
en los medios masivos de comunicación de manera de tenerlos siempre a su favor y
que nunca se publiquen en ellos los cuestionamientos públicos que reciben.
También son quienes logran los apoyos de Estados Unidos en aquellos casos en que
se necesita la intervención política directa o bajo las sombras.
En cambio, los grandes productores
sojeros son los que hacen el trabajo sucio con distinto grado de brutalidad,
pero siempre brutalmente demuestran su desprecio por la vida y la dignidad
humana para consagrarse al único dios que conocen: el Dios Dinero. Entonces
ellos sí pueden cortar rutas, desabastecer ciudades, asesinar campesinos o
dividir un país.
La República Unida de la Soja
permanece con sus murallas altas y su reino de especulación y muerte en el
poder. Puede ser que detrás de la caída del muro financiero del capitalismo
global también empiecen a caer las murallas de esta República. Los pueblos están
listos para seguir haciéndose cargo de sus vidas y su alimentación.
Reparemos en cómo el gobierno CFK legalizó y legitimó (o se empeñó en) el avance
destructivo del modelo de agronegocio-soja-transgénicos:
1)
Aclaremos significados y sentidos de:
El Plan Agroalimentario 2020.
¿Y vos? ¿Qué querés comer?
9 de septiembre de 2014
El modelo
sojero sigue ampliando sus fronteras. Nuestro suelo está siendo utilizado con
fines puramente económicos. En las antípodas de la anhelada soberanía
alimentaria, ya no
producimos lo que queremos comer sino lo que el mercado internacional nos pide.
¿Qué nos depara el 2020? ¿Tenemos que ir acostumbrando el paladar a los
transgénicos?
El último 10 de
junio Carlos Casamiquela (nuevo
ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca) introdujo una ampliación de las metas
del Plan Agroalimentario 2020 presentado por el Ejecutivo Nacional[1]. Yendo al
“grano”, el principal objetivo del PEA es alcanzar las 222,5
millones de toneladas de producción agrícola y forestal.
En lo que respecta específicamente a la soja, el PEA busca aumentar la superficie sembrada de este cultivo a 21,3 millones de hectáreas y su producción a 65,1 millones de toneladas. El cultivo de soja transgénica abarca casi la totalidad de los campos más fértiles del país, la pampa húmeda, y avanza con gran ferocidad hacia otros territorios, desplazando no sólo a otros cultivos sino también a comunidades, campesinos y pueblos originarios.
En lo que
respecta al maíz, el PEA
propone aumentar la superficie sembrada a
7,1 millones de hectáreas y
la producción a 48,3 millones de toneladas.
Este panorama no
es nada alentador. Hoy en día, el 54%
de las exportaciones provienen del agro. Esto nos da la pauta de que aun hoy seguimos siendo un país agroexportador,
por lo que nos encontramos bastante
lejos de ser un país industrializado.
Desde 1996, año
en que se aprobó la utilización de la soja transgénica RR, hasta la fecha, la
superficie sembrada de soja aumentó un 5000%,
pasando de 370 mil hectáreas a 20 millones, lo que representa casi dos tercios
de la superficie cultivada en el país. [2]
Consecuencias
del modelo sojero
Social: es imposible
la convivencia entre la agricultura familiar y el agronegocio.
La expansión de la frontera agrícola obliga a gendarmería, policía provincial y
a los gobiernos a despojar, reprimir y asesinar a pueblos originarios,
campesinos y comunidades.
Ambiental: la utilización de agrotóxicos enferma y mata a pueblos
enteros. Contamina nuestras tierras y alimentos. La inexistencia de rotación
entre cultivo y pastoreo erosiona el suelo dejando un futuro poco esperanzador
para las próximas generaciones.
Económico: el crecimiento en base a la exportación de soja nos hace
cada vez menos soberanos. El desplazamiento
de otros cultivos o
actividades afecta la calidad y precio de los productos. Casi la totalidad de
las ganancias son repartidas entre
multinacionales, contratistas y terratenientes.
Tanto la soja
como el maíz cultivado en Argentina son transgénicos [3].Recientemente
salió a la luz, la nueva semilla de soja transgénica RR2, la cual es resistente
a más cantidad y variedad de agrotóxicos. La patente de esta semilla pertenece a
la multinacional Monsanto, empresa que está haciendo fuerte lobby tanto en el
oficialismo como en la oposición para aprobar la nueva ley de semillas.[4]
El Plan
Agroalimentario 2020 sigue las líneas ideológicas de los Objetivos del
Desarrollo del Milenio de Las Naciones Unidas. Buscan justificar sus negocios
mediante la presentación de un escenario catastrófico para el futuro:
superpoblación, y falta de alimentos [5]. Es
bien sabido que Argentina, como muchos otros países tienen una producción de alimento que supera varias
veces la necesidad
de sus pueblos.
Además la soja que se produce en América Latina, no es para consumo interno sino
que está destinada como alimento para animales de China o India.
En síntesis, implantar el falso mito de que se necesita producir más alimento,
más soja, más transgénicos o másbiotecnología para alimentar al mundo, tiene
como objetivo desconocer la verdadera causa de que haya millones de personas que
viven con menos de U$ 1,25[6] por día, y por otro lado, exime de toda
responsabilidad a transnacionales y gobiernos que se llenan los bolsillos
mientras otros millones mueren de hambre. ¿Y vos? ¿Qué querés comer?
-------
Notas (...)
Fuente original: Presencia
Agraria
--
Ante la imposibilidad de hacerlo por el Congreso
Ley de semillas: un DNU de Cristina Fernández
a favor de las multinacionales.
23 de mayo de 2015
De ANALISIS DIGITAL
A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el oficialismo pretende
modificar la actual ley de semillas, privatizando el primer eslabón de la
producción, a favor de las multinacionales que las comercializan. El gobierno
nacional lo anunció luego de una reunión entre el jefe de Gabinete Aníbal
Fernández, el ministro de Agricultura Carlos Casamiquela y otras autoridades. El
DNU apunta a que todos los pagos por derecho de propiedad deben realizarse en la
semilla. La selección, el intercambio, el almacenamiento y la preservación de
semillas son actividades ancestrales propias de America Latina. Este decreto, o
sea la privatización de las semillas, tira por la borda una forma de concebir el
mundo y la naturaleza. Según el jefe de Ministros, se excluirá del pago a los
pequeños productores que utilizan las semillas para sembrar en temporadas
posteriores.
El DNU crea un registro de uso propio que determinará que porción de la semilla no fiscalizada es de uso propio y cual corresponde al comercio de “bolsa blanca”, denominación que se utiliza para la semilla liberada, no certificada. El decreto es reflejo del lobby de empresas multinacionales como Monsanto que comercializan con las semillas y buscan en la privatización de las mismas concentrar aun más los recursos de producción del sector con fines de monopolización del mercado. La empresa lobbysta por excelencia es Monsanto, que además invierte en la universidad pública orientando a profesionales educados por el Estado para fines de intereses privados.
El poder de las corporaciones sobre los gobiernos vuelve a repetirse. Más allá de discursos o “gestos”, el Gobierno Nacional, una vez más, se somete a las órdenes de una transnacional. Tanto en la oscura noche neoliberal, como en la actualidad, la relación de dependencia se mantiene y se profundiza. Es claro que los intereses de una transnacional como Monsanto chocan con los intereses de los sectores populares agrarios.
La discusión sobre el origen de las semillas y la posibilidad de que sean privatizadas no es menor. Nuestro continente ha construido su base productiva a través del intercambio y el resguardo de las semillas naturales que sirven para sostener la producción que alimenta a millones de personas y es una fuente de trabajo para los productores. Lógicamente, los pequeños y medianos son lo que más sufren de las políticas de concentración y privatización.
Las consecuencias socio-ambientales que producen todos los productos de Monsanto son varias. En primer lugar, cultivos transgénicos extensivos que desertifican el suelo. Por otro lado, la utilización de agrotóxicos en las plantaciones causa mortales enfermedades a los habitantes de nuestros pueblos. Finalmente, la soja transgénica llega a todos los hogares ya que es utilizada como ingrediente en casi todos los productos que consumimos.
El decreto
Monsanto viene llevando adelante una presión lobbysta sobre los funcionarios argentinos hace tiempo. El objetivo concreto de la multinacional, es que los productores de soja paguen regalías a la empresa por utilizar sus semillas. El decreto no solo establece el pago de regalías en materia de soja, sino que además extiende el pago de regalías hacia otras producciones que tienen menor rentabilidad. A largo plazo Monsanto –o cualquier multinacional- podría incorporar semillas de cualquier vegetal o fruta.
El DNU crea un registro de uso propio que determinará que porción de la semilla no fiscalizada es de uso propio y cual corresponde al comercio de “bolsa blanca”, denominación que se utiliza para la semilla liberada, no certificada. El decreto es reflejo del lobby de empresas multinacionales como Monsanto que comercializan con las semillas y buscan en la privatización de las mismas concentrar aun más los recursos de producción del sector con fines de monopolización del mercado. La empresa lobbysta por excelencia es Monsanto, que además invierte en la universidad pública orientando a profesionales educados por el Estado para fines de intereses privados.
El poder de las corporaciones sobre los gobiernos vuelve a repetirse. Más allá de discursos o “gestos”, el Gobierno Nacional, una vez más, se somete a las órdenes de una transnacional. Tanto en la oscura noche neoliberal, como en la actualidad, la relación de dependencia se mantiene y se profundiza. Es claro que los intereses de una transnacional como Monsanto chocan con los intereses de los sectores populares agrarios.
La discusión sobre el origen de las semillas y la posibilidad de que sean privatizadas no es menor. Nuestro continente ha construido su base productiva a través del intercambio y el resguardo de las semillas naturales que sirven para sostener la producción que alimenta a millones de personas y es una fuente de trabajo para los productores. Lógicamente, los pequeños y medianos son lo que más sufren de las políticas de concentración y privatización.
Las consecuencias socio-ambientales que producen todos los productos de Monsanto son varias. En primer lugar, cultivos transgénicos extensivos que desertifican el suelo. Por otro lado, la utilización de agrotóxicos en las plantaciones causa mortales enfermedades a los habitantes de nuestros pueblos. Finalmente, la soja transgénica llega a todos los hogares ya que es utilizada como ingrediente en casi todos los productos que consumimos.
El decreto
Monsanto viene llevando adelante una presión lobbysta sobre los funcionarios argentinos hace tiempo. El objetivo concreto de la multinacional, es que los productores de soja paguen regalías a la empresa por utilizar sus semillas. El decreto no solo establece el pago de regalías en materia de soja, sino que además extiende el pago de regalías hacia otras producciones que tienen menor rentabilidad. A largo plazo Monsanto –o cualquier multinacional- podría incorporar semillas de cualquier vegetal o fruta.
Ejemplifiquemos cómo se construye la unión imprescindible para erradicar los
ecocidios-genocidios que nos plantea derrotar a la alianza de capitales y
estados imperialistas con los locales en vez de circunscribirnos a la
corrupción en la democracia representativa.
A)
Articulación de las luchas antiextractivistas pero limitada a demandas al
gobierno o a cambiarlo y al desconocimiento del sistema mundo capitalista.
Aglutinan malestar social contra minería, monocultivos y el Canal
Campesinos crean “movimiento nacional”
contra
modelo extractivista
22 de enero de 2016
22 de enero de 2016
P
Por
Wilfredo Miranda Aburto
Decenas de
campesinos de varias regiones del país asistieron este jueves en Managua a un
foro convocado por el Consejo Nacional en Defensa de Nuestro Lago y Soberanía y
la RedLocal para crear “un movimiento nacional” que aglutine todo el descontento
por “el modelo extractivista” que opera en Nicaragua, como la minería, la
siembra de monocultivos y el proyecto canalero.
Los campesinos
que se reunieron en un hotel capitalino forman parte de los movimientos sociales
que se oponen a la minería en Mina El Limón, Rancho Grande; indígenas del
Pacifico, centro y norte del país; campesinos de la zona seca que sufre hambre
por la sequía; ciudadanos de Río San Juan que denuncian la siembra de palma
africana, y los productores anti canal.
Medardo Mairena,
dirigente del Consejo Nacional en Defensa de Nuestro Lago y Soberanía, explicó a
los medios de comunicación que el objetivo del foro es crear un movimiento para
hacer demandas concretas al gobierno del comandante Daniel Ortega, basados “en
el desarrollo inclusivo con igualdad”.
“Hicimos un análisis de la situación económica y política que enfrentamos y queremos unir esfuerzo para exigir al gobierno que escuche al pueblo, que está angustiado por sus amenazas y encarcelamientos… aquí tenemos un problema común: una sola familia (presidencial) se está enriqueciendo”, dijo el productor.
Francisca
Ramírez, también del movimiento campesino que se opone a las expropiaciones
canaleras a amparo de la Ley 840, dijo que pretenden unir fuerzas para
engrandecer su lucha contra los proyectos extractivistas que operan en
Nicaragua. “Basta ya, queremos decidir dónde y cómo podemos vivir”, dijo la
productora originaria de La Fonseca Nueva Guinea.
Jaime Maradiaga,
de Santa María de Las Segovias, un territorio golpeado por la sequía y el
hambre, aseguró que quieren hacerle entender a la administración del comandante
Ortega que entorpece “la canalización de alimentos” que otros campesinos les
donan. “Que el gobierno deje de jugar con el estómago de tanta gente. Dice que
es un gobierno cristiano, pero eso es una palabra pintada en la pared… y pues si
no hace, que deje hacer”, afirmó.
Victor Granado
viajó desde Muy Muy y expuso la situación de las comunidades indígena de esa
zona. Denunció que en 22 comunidades el gobierno está titulando propiedades a
favor de ex militares y colonos. “Los indígenas de todo el país estamos siendo
desalojados, encarcelados y asesinados por defender nuestros derechos”, lamentó
Granado.
Granado también
condenó que el gobierno quiera forzar a los indígenas del Caribe Sur para firmar
el consentimiento del Canal Interoceánico. “No podemos tolerar más estas
situaciones, la bota en nuestros pescuezos. Tenemos el derecho a optar por lo
que queramos”, dijo el líder indígena.
Alejandro Mairena,
un joven de El Castillo, Río San Juan, dijo que en su comunidad están alarmado
por la siembra de monocultivos en zonas protegidas. “Siembran palma africana y
cacao en grandes áreas y nadie pone fronteras a esa actividad que avanza por
zona de reserva biosfera”, afirmó.
Año
electoral
El productor
Medardo Mairena comentó que en este año electoral evitarán que partidos
políticos secuestren sus liderazgos comunitarios. “Nos conviene ser neutros,
estar al margen. No es que estemos en contra de los partidos pero no vemos una
posición sólida de nadie para ganar las elecciones que no sea el gobierno”,
dijo.
Según él, su
lucha trasciende lo político y iniciarán a visitar las comunidades afectadas por
la ruta canalera, la minería, indígenas y siembra de monocultivos para convocar
a las personas para presionar al gobierno para que los escuche.
Fuente: https://confidencial.com.ni/campesinos-crean-movimiento-nacional-contra-modelo-extractivista/
El agronegocio pone en riesgo la vida y
la salud de miles de personas.
19 de
octubre de 2018
En el marco del Seminario Internacional “Los derechos ambientales en la agenda de los gobiernos locales y los movimientos sociales” referentes locales e internacionales analizaron el impacto del agronegocio en la vida y la salud de las personas.
Según
coincidieron los panelistas los efectos del modelo de agronegocios y
particularmente la extensión del monocultivo de soja en la región del Cono Sur
de América acarrea graves impactos sociales, ambientales y de salud para las
poblaciones de esta región.
El territorio que las propias multinacionales del agronegocio han denominado “República Unida de la Soja” abarca a Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. En esta región nos encontramos con la mayor superficie mundial cultivada con soja transgénica abarcando una superficie de alrededor de 57 millones de hectáreas fumigadas con millones de litros de glifosato y otros herbicidas, además de insecticidas y fungicidas.
Según señaló la
doctora Stella Benítez, autora de varios estudios médicos y científicos respecto
a los efectos de los agrotóxicos en mujeres y niños, los efectos cancerígenos
del glifosato, principal veneno utilizado para la fumigación de la soja
transgénica, ha quedado demostrado, así como las graves consecuencias que tiene
para la salud humana la exposición permanente a los plaguicidas utilizados por
el agronegocio.
En Argentina se
vive una situación similar, eso ha impulsado al surgimiento de diversas campañas
ciudadanas y de movimientos sociales contra las fumigaciones y la extensión del
modelo de agronegocios. El Ingeniero Agrónomo Carlos Manessi relató
la experiencia de la
Campaña “Paren de Fumigarnos” que llevan adelante en Argentina desde hace más de
12 años, según indicó la lucha de las poblaciones por frenar el avance
arrollador del agronegocio y sus consecuencias ha dado algunos frutos
importantes como las legislaciones locales que prohíben el uso de glifosato y
garantizan la existencia de reservas de territorio para la producción de
alimentos saludables.
Por su parte el Abogado y ambientalista Marcos Filardi, de Argentina, también destacó los avances logrados por los pueblos y particularmente por los movimientos ambientalistas, campesinos e indígenas en su lucha contra el modelo de agronegocios. Indicó que esta disputa es una disputa de ideas y fundamentalmente una disputa de poder, “las transnacionales del agronegocio tienen un enorme poder económico y una gran incidencia en la justicia, nuestra tarea es equilibrar esa balanza a partir de acciones, de luchas, de concienciación de los pueblos y las comunidades” afirmó.
Los panelistas
coincidieron en destacar la importancia que tienen las normativas de gobiernos
locales para garantizar la calidad de vida de la gente y poner coto a los
efectos devastadores que trae el agronegocio en los territorios. Señalaron que
esas normativas, además de proteger el ambiente y la salud de las personas, son
también un puente para garantizar la existencia de modelos de producción
sustentables social y ambientalmente.
El evento es
organizado por la Alianza por el cumplimiento local de leyes ambientales,
integrada por organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales que
actúan en 15 distritos del país buscando promover la protección del
medioambiente por parte de la ciudadanía y los gobiernos locales.
C) Apertura
de caminos emancipatorios del capitalismo desde construcciones identitarias
como:"Hace
19 años, mujeres campesinas e indígenas, luego de un proceso de compartir con
otras mujeres a nivel nacional y que además venían discutiendo
internacionalmente sobre género y clase, al ver las desigualdades que se vivían
al interno de sus organizaciones mixtas y familias, por ser mujeres, se
desafiaron a construir un espacio propio de las mujeres".
Paraguay: 19 años de Conamuri
19 de octubre de 2018
“Yvy guive
ñamombarete kuña reko sã’ŷ: Mujeres de la tierra, construyendo Feminismo y
Soberanía Alimentaria”
En otras
palabras, el feminismo es una acción del entre-mujeres ahí donde el
entre-mujeres es mal visto, menos preciado, impedido, es objeto de burla o de
represión: el feminismo es un acto de rebeldía al statu quo que da pie a una
teorización. Francesca
Gallardo.
Un espacio donde
la participación fuera real para ellas, para todas, con una mirada crítica hacia
el sistema que las oprimía/oprime, con reivindicaciones ya desde ese entonces
feministas, antipatriarcales, anticolonialistas, antirracistas. Así nace
Conamuri en el día Internacional de la Mujer Rural.
El camino que se
ha trazado esta organización que hoy se declara feminista, internacionalista, de
clase, de género y etnia, ha avanzado en el país construyendo poco a poco su
identidad, atrevidas y decididas a denunciar los distintos tipos de violencia
que viven en carne propia. La convicción de una lucha que sigue apostando al
cambio de esta sociedad que excluye y discrimina violentamente a la clase
trabajadora contra las injusticias que se viven día a día como consecuencia del
modelo extractivista.
Estamos a un año
de cumplir dos décadas, en un escenario hostil a nivel regional y mundial, de un
capitalismo salvaje que golpea todos los días de distintas formas pisoteando
derechos humanos básicos, criminalizando, expulsando de tierra y territorio.
Estamos al borde de la barbarie. Ante este panorama tan difícil, con orgullo
podemos decir que las mujeres estamos en pie de lucha en nuestras comunidades,
vemos a las estudiantes, a las colectivas de mujeres en la ciudad, a más y más
mujeres campesinas e indígenas organizarse nacional e internacionalmente, y nos
emociona ser parte de la marea feminista que crece, de la marea de mujeres que
cada vez se levanta con más fuerza contra un sistema patriarcal que nos violenta
hoy con más saña por el miedo a perder sus privilegios.
Conamuri apuesta
por la Soberanía Alimentaria y la Agroecología no solo como modo de producción,
sino también como modo de vida. El reto sigue siendo construir una sociedad
justa entre mujeres y hombres, con acceso a tierra y territorio para producir
alimentos sanos para autoconsumo y renta pensando en el campo y la ciudad, que
en la práctica posibilite una real soberanía de los pueblos.
De esta manera
hoy podemos afirmar sin equívoco que la formación política ha marcado nuestro
camino con la creación de la Escuela de Pytyvõhara, la Escuela de Agroecología,
la Escuela India Juliana, el espacio de formación en promotoría jurídica, los
campamentos de la juventud, y la participación activa en instancias solidarias
de educación popular como las convocadas por la CLOC-Vía Campesina, la Marcha
Mundial de Mujeres y otras aliadas.
En los años de
transitar juntas el camino de lucha, hemos afianzado nuestro compromiso con la
justicia social a través del acompañamiento cercano a las presas y los presos
políticos de nuestro país y la región, por solidaridad de clase, convencidas de
que las grandes transformaciones sociales solo serán posible en la medida en que
las libertades plenas estén garantizadas más allá de las enunciaciones líricas
del Estado burgués, lo cual se consigue a través de la movilización continua de
la clase oprimida.
Seguiremos
caminando, con nuestras consignas claras, conscientes de que como mujeres
tenemos un desafío aún mayor en estos tiempos donde el patriarcado arreciará sus
ataques, pero nosotras sabemos que nuestra fuerza unida a las de todas las
mujeres seguirá creciendo por un mundo donde seamos todas las personas libres, y
donde, sobre todo las mujeres del campo, puedan decidir qué producir y cómo
producir, cómo llevar una vida libre de violencia y defendiendo la soberanía.
¡Mujeres
conscientes en la lucha permanente!
D)
Instalación en la agenda pública del contraste entre las redes campesinas e
indígenas y las cadenas agroindustriales.
16 de octubre: Día mundial de la alimentación
19 de
octubre de 2018
El 16 de octubre es el día
mundial de la alimentación, y el tema de este año es “Hambre cero”. En el Grupo
ETC, a lo largo de nuestros 40 años de investigación del control de las
corporaciones sobre los sistemas alimentarios, hemos constatado cómo los
negocios agrícolas más poderosos se enfocan en las ganancias y no en la
erradicación del hambre. Hemos visto cómo nuevas “composturas tecnológicas” han
exacerbado la inequidad y ocasionan mayores daños.
Grupo ETC
A estas alturas,
sabemos que la agricultura
campesina es clave para alimentar a la humanidad y enfrentar el caos climático.
Para celebrar el
Día Mundial de la Alimentación 2018, compartimos nuevas investigaciones,
análisis y videos que develan la situación de la cadena industrial de producción
de alimentos y argumentan contundentemente porqué hoy más que nunca debemos
recuperar de las corporaciones las políticas globales de alimentación y apoyar
las redes campesinas alimentarias.
Tres nuevos
informes revisan los cambios cruciales en la cadena agroindustrial
La
alimentación mundial: entre inversiones oscuras y datos masivos,
denuncia los resultados de las recientes fusiones entre empresas
agroindustriales y su nuevo dominio del mercado (ver
aquí). Por ejemplo, sólo cuatro firmas controlan dos terceras
partes del mercado mundial de semillas y 70% del mercado de plaguicidas. También
analiza cómo las plataformas de datos masivos y los fondos de inversión están
determinando estas opresivas configuraciones de poder monopólico.
Blocking the
Chain,
producido con la Fundación Rosa Luxemburgo,(próximamente
en castellano), ofrece un panorama detallado de cómo las
plataformas de datos masivos y tecnologías como inteligencia artificial, cadenas
de bloques y ADN digital están transformando la cadena industrial de producción
de alimentos.
Forcing the
Farm,
producido con la Fundación Heinrich Boell
(próximamente en castellano) explora
cómo los impulsores genéticos, una nueva herramienta para diseminar
intencionalmente rasgos transgénicos a poblaciones enteras de organismos, se
están desarrollando, sin transparencia, para aplicarse en la agricultura. Más de
200 líderes y organizaciones de movimientos globales por la alimentación
denuncian hoy esta tecnología y llaman a una moratoria.
¿Quién nos
alimentará? se convierte en película
Compartimos la
serie completa de animaciones sobre el libro ¿Quién
nos alimentará?.
En las mini
películas presentamos el contraste entre las redes campesinas y la cadena
agroindustrial; el cuidado de la biodiversidad que hacen campesinas y campesinos
mientras la industria erosiona y contamina, y las posibilidades que tienen los
elaboradores de políticas para revertir esas situaciones.
Les deseamos un
día mundial de la alimentación lleno de reflexiones revolucionarias.
Nuestra visión
para el año 2040: un sistema alimentario humano y ecológicamente sustentable
El Grupo ETC
trabaja arduamente en promover cambios significativos hacia un sistema
alimentario en el cual los campesinos tengan derechos plenos sobre los
territorios y las semillas y que los pescadores jueguen un papel central en el
manejo de océanos, ríos y lagos. Un sistema en el que la resiliencia al cambio
climático signifique echar raíces profundas en la red campesina alimentaria y no
agobiar al planeta y a la gente con los pesados eslabones de la cadena
agroindustrial.
Si miramos las
conclusiones positivas de ¿Quién nos alimentará? y las combinamos con nuestro
análisis de la concentración de las corporaciones, se ilumina la ruta hacia un
sistema alimentario encabezado por quienes trabajan la tierra, y que no devaste
el clima.
Con aliados en el
Norte y el Sur globales, seguiremos
- Insistiendo en que las redes campesinas alimentarias son una solución real ante las urgencias y catástrofes climáticas
- Promoviendo la moratoria a los impulsores genéticos, herramienta biotecnológica que podría someter aún más los bienes comunes planetarios al control de las empresas
- Explorando alternativas justas a la industria de la moda desechable
- Oponiéndonos a la concentración corporativa mediante políticas de competencia y gobernanza en Naciones Unidas
- Estableciendo una ruta sólida para desarrollar un Tratado de la ONU sobre Competencia
- Frenando el avance de los remiendos tecnológicos como la geoingeniería, que dañan especialmente a los campesinos en el Sur global
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