viernes, 31 de agosto de 2018

Mirar a qué país construir, es enfocar la «reforma agraria anticapitalista» como poder del Nunca Más (pluri e internacional) al sistema-mundo vigente.



Implica,desde los territorios, ir contra el incesante enriquecimiento de 
 uno por ciento de la humanidad
a expensas de sacrificar 
 países y zonas, regiones.

Necesitamos, en primer lugar, generalizar el destape del gobierno CFK para la toma de conciencia popular sobre la crisis estructural y civilizatoria del capitalismo. Es analizar colectivamente  la mentira e incluso el sarcasmo kirchnerista sobre el carácter de gobierno nacional-popular y de derechos humanos.  Es probar la inexistencia del capitalismo humanizado al estar basado en la creciente explotación de los trabajadores, los pueblos del capitalismo dependiente y la naturaleza.

Es perentorio descubrir la continuidad y profundización de la acumulación de riquezas y poder por los grandes capitales locales e imperialistas en contubernio con la clase política y los jerarcas sindicales. Reflexionemos sobre:
 
Corrupción, la punta del iceberg
30 de agosto de 2018
 
 
Por Alejandro Teitelbaum (Rebelión)

¡Oro!, ¡oro maravilloso, brillante, precioso! ¡No, oh dioses, no soy hombre que haga plegarias inconsecuentes! (Simples raíces, oh cielos purísimos!) Un poco de él puede volver lo blanco, negro; lo feo, hermoso; lo falso, verdadero; lo bajo; noble; lo viejo, joven; lo cobarde, valiente ¡oh dioses! ¿Por qué? Esto va arrancar de vuestro lado a vuestros sacerdotes y a vuestros sirvientes; va a retirar la almohada de debajo de la cabeza del hombre más robusto; este amarillo esclavo va a atar y desatar lazos sagrados, bendecir a los malditos, hacer adorable la lepra blanca, dar plaza a los ladrones y hacerlos sentarse entre los senadores, con títulos, genuflexiones y alabanzas.
(Shakespeare, Timón de Atenas. Citado por Carlos Marx, Manuscritos económicos filosóficos de 1844. Tercer Manuscrito [El poder del dinero]).
El ansia por acumular dinero y bienes por cualquier medio es un rasgo común de todos los que tienen poder económico y, casi siempre, también de quienes detentan el poder político. Sobre todo cuando saben que pueden hacerlo impunemente porque el sistema económico vigente promueve la corrupción y ésta es facilitada por la ausencia–en todos los Estados del mundo- de un verdadero control popular de la gestión de la cosa pública.
Argentina no es, en modo alguno, la excepción. Ni lo fue antes ni lo es ahora.
Muy oportunamente para el actual Gobierno, se destapó la olla de la corrupción durante el kirchnerismo, pero de manera parcial, a fin de no sacar a relucir la continuidad en lo fundamental de las políticas entreguistas, antinacionales, antipopulares, y antiecológicas de ambos gobiernos.
Es por ello que ahora solo apareció la punta del iceberg, pero no el resto.
Algunos ejemplos.
1) Contrato YPF-Chevron
El 13 de julio del 2013 YPF y Chevron firmaron el acuerdo de proyecto de inversión para explotar en Vaca Muerta1, provincia de Neuquén, yacimientos petrolíferos por el método de “fracking”. Método prohibido en varios países por su reconocida peligrosidad ecológica y geológica (véase http://sgerendask.com/en-cuales-paises-esta-prohibido-el-fracking/).
Varias cláusulas del contrato y anexos permanecieron secretos.
Ni YPF ni Chevron aceptaron entregar copias al Congreso. Adujeron que ambas petroleras eran privadas, que sus documentos eran confidenciales y que, por lo tanto, no había razones para exponerlos.
El entonces senador nacional Rubén Giustiniani inició una causa judicial para que se diera a conocer el acuerdo. La empresa alegaba que el decreto 1172/2003 de acceso a la información pública no la alcanzaba y que su difusión podría violar acuerdos comerciales que se comprometió a mantener en secreto. 

La confidencialidad fue avalada primero por el gobierno de Cristina Kirchner y luego por el de Mauricio Macri. "Hay secretos de tipo comercial, científico y tecnológico que deben ser resguardados para el desarrollo de este tipo de industria", dijo la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, quien cambió de postura porque cuando era diputada de la oposición había criticado duramente la confidencialidad del acuerdo. 

El caso llegó hasta la Corte Suprema, que en noviembre de 2015 ordenó a YPF diera a conocer el acuerdo. La empresa entregó el contrato pero con tachaduras. Se volvió a discutir el caso y la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó que la empresa debía darle el convenio a Giustiniani2. Las cláusulas secretas del acuerdo entre YPF y Chevron. 

Uno los secretos del acuerdo entre YPF y Chevron es la constitución de un entramado de empresas en Uruguay, Bermuda y Estados Unidos. El objetivo de la conformación de esas sociedades, explicaron los ejecutivos de YPF, era evitar el embargo de los miles de millones de dólares que la compañía extranjera debía invertir.
"Holdings Uruguay" y "Holdings Bermuda" son los nombres que se conocen ahora que figuraban en el acuerdo. Esos holdings después se convirtieron en las sociedades off shore a través de las cuales llegaron los dólares para invertir en Vaca Muerta. Sus nombres habían sido tachados cuando la compañía entregó el acuerdo a la justicia. Esa es una de las partes del acuerdo que se mantenía en secreto. La mayoría que hasta ahora no se conocían hacen referencia a Holdings   Uruguay y a Holdings Bermuda. La primera se convirtió en "Wokker Investment S.A" y la segunda en "YPF Shale Oil Holding LTD", constituidas en esos países. También se creó en Delaware, Estados Unidos, "YPF Shale Oil Investment S.A." . Por esas compañías llegaron desde 2013 hasta el primer semestre de este año 2.800 millones de dólares de Chevron a "Compañía de Hidrocarburos no convencional S.R.L", creada en Argentina, para la explotación de "Vaca Muerta".
Funcionarios de YPF explicaron que en julio de 2013 el contexto político y económico tenía tres amenazas: los fondos buitres, Repsol y el juicio por daño ambiental de los pueblos originarios contra Chevron en Ecuador. 

Los funcionarios sostuvieron que el entramado de empresas buscaba evitar esos obstáculos. Entre YPF y Chevron no hay un solo acuerdo, hay 26: 12 contratos principales y 14 complementarios. En la empresa señalan que para conocer y entender la operatoria por "Vaca Muerta" hay que tener todos pero aclararon que solo iban a presentar el que la justicia les pidió que es el acuerdo inicial del 13 de julio. 

En su negativa, YPF también buscaba mantener la confidencialidad sobre las cancelaciones anticipadas opcionales y las obligatorias, las disposiciones generales aplicables a los pagos y a los préstamos. Muchas de las tachaduras que tiene el convenio que la compañía presentó en la justicia son de plazos que se deben cumplir. "Eso tiene que ver con que no queremos que la competencia sepa nuestros acuerdos", explicaron los funcionarios. Chevron condicionó la firma del acuerdo para invertir en Vaca Muerta a la reforma de leyes y decretos nacionales y provinciales y a la aprobación de nuevas normas. Y esas modificaciones debían resultar de su "entera satisfacción".
Los planteos de Chevron resultaron efectivos: las "condiciones suspensivas" o "precedentes" que delineó -y que otras petroleras habían reclamado sin éxito hasta entonces- se plasmaron en el decreto 1208/13 y en la ley neuquina 2687, en el decreto presidencial 929/2013 y en la nueva ley nacional de hidrocarburos, la 27.007, que aprobó el Congreso con el declamado objetivo de alcanzar la soberanía energética.
Las condiciones de Chevron, vertidas en documentos "estrictamente confidenciales", se centran en el tiempo y las características para las concesiones, los topes máximos a las regalías que podrían cobrarle las provincias y una estabilidad tributaria absoluta para la petrolera y sus subsidiarias.
Chevron también exigió una garantía de que podría enviar dividendos al exterior -a pesar del control de cambios imperante-, como también fijar la jurisdicción extranjera para dirimir cualquier disputa con YPF. En Nueva York o en París.
El acuerdo también estableció una serie de garantías amplias que debía asumir la petrolera argentina ante posibles reclamos de terceros, por ejemplo, los tenedores de la deuda soberana argentina en default.
En el contexto de las revelaciones sobre numerosos actos de corrupción del anterior Gobierno y del vasto currículo de Chevron como corruptor, el cúmulo de concesiones del anterior Gobierno a Chevron contrarias al interés nacional exige investigar si hubo “compensaciones” en efectivo de Chevron a las autoridades gubernamentales de entonces.
La investigación debería extenderse a todas las concesiones actualmente existentes en Vaca Muerta. En la que deberían participar especialistas de distintas profesiones (ingenieros, economistas, etc.) que ofrezcan garantías de objetividad e independencia y otras personas con reconocida autoridad moral y motivadas por la defensa del interés público nacional. Garantías que no ofrecen los funcionarios públicos, los jueces que modulan los procedimientos en función de las necesidades de los gobiernos de turno, la gran mayoría de los legisladores ni los burócratas sindicales.
2) Concesión del yacimiento petrolífero Cerro Dragón hasta el año 2047
Desde hace diez años se está investigando en los Tribunales una denuncia promovida por el ex senador Mario Cimadevilla por el presunto pago de sobornos que habría realizado la empresa Pan American Energy (PAE) para lograr extender hasta 2047 la concesión –que venció en 2017- de Cerro Dragón, el mayor yacimiento petrolero argentino. Es decir prácticamente hasta el agotamiento del yacimiento.
British Petroleum, es dueña del 60% de las acciones de PAE. El resto es propiedad de la familia Bulgheroni y la empresa china Cnooc. Juntos explotan el yacimiento Cerro Dragón.
El fiscal Guillermo Marijuán solicitó que se convocara a declarar a varios funcionarios, incluida la indagatoria del ex gobernador Mario Das Neves, ahora fallecido, -por la firma de ese acuerdo con PAE en 2007- y pidió información a los Estados Unidos, incluso a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (Security Exchange Commission -SEC).
En declaraciones formuladas en 2015, Mario Cimadevilla dijo: “El contrato por la concesión de Cerro Dragón se comenzó a negociar en el gobierno de Néstor Kirchner, a través de De Vido. Cuando advirtieron que la Nación no podía firmar la extensión de la concesión porque la Constitución de 1994 establece que los recursos naturales se transfirieron a la provincias, el Gobierno hizo sancionar la denominada ´Ley Corta'. En diciembre de 2006, se trató en tiempo exprés en el Congreso y se transfirió la administración de los yacimientos a las provincias. En abril de 2007, Das Neves, entonces gobernador de Chubut envió el contrato a la Legislatura provincial, cuyos legisladores lo aprobaron, salvo cuatro que votaron en contra. Los legisladores neuquinos que votaron a favor están siendo investigados en la causa por sobornos.
Cimadevilla remarcó que la extensión de esta concesión en el yacimiento petrolero más importante del país “se hizo sin llamar a licitación y por más de diez años -40 en total-, un período que va en contra de lo que establece la Ley de Hidrocarburos. Se habla de 300 millones de dólares de coima, 230 millones para Buenos Aires y 70 millones para la provincia”, acusó el entonces senador.
Hace algunos años escribió Fernando «Pino», Solanas:
El resultado fue que, en vez de obligar a las petroleras a cumplir las inversiones, se prolongaron las concesiones por 30 años. Fue el mayor golpe económico que sufrió la Argentina desde Menem. Hagamos la cuenta: tomando la producción actual de 230 millones de barriles anuales y el valor del crudo a una media de u$s 50 el barril y lo multiplicamos por 30 años, dan u$s 345 mil millones, a los que debe sumarse un 45 por ciento más del gas. Una descomunal transferencia de riqueza superior a los u$s 500 mil millones –sin contar que el crudo subirá en los próximos años–, más que suficiente para acabar con el crimen del hambre, la indigencia y desarrollar el país.
En vez de obligar a las petroleras a cumplir las inversiones, se prolongaron las concesiones por 30 años. Es un recurso que le pertenece a nuestros hijos y se entregó sin necesidad: la Nación y las provincias podían recuperar los yacimientos por los incumplimientos o cuando vencieran las concesiones en 2017 y reconstruir una empresa petrolera nacional. Estos temas no pueden silenciarse: fueron y son políticas del Gobierno. Somos el único país del mundo que permite a las petroleras concentrar el ciclo total de explotación. Sin debidos controles públicos: extraen, transportan, refinan y venden. La estafa fiscal es inmensa. En minería es peor: premian las exportaciones con subsidios del 2,5 al 7 por ciento y pueden dejar fuera del país el 100 por ciento de sus ventas…
Un ejemplo de lo que habría que hacer (y no se hace):
El 15 de noviembre de 1963 el Presidente Arturo Illia 3 anuló los contratos con las empresas petroleras extranjeras. Mediante los decretos 744 y 745 los contratos fueron declarados “nulos, de nulidad absoluta, por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación” 4
Se le objetó a Illia que así no se aseguraba lograr el autoabastecimiento. Ahora Argentina tampoco se autoabastece en petróleo y debe importar a un costo enorme mientras los buitres transnacionales y sus socios locales instalados en Vaca Muerta y Cerro Dragón están autorizados a exportar el petróleo sin asegurar previamente el autoabastecimiento. En su exclusivo beneficio.
3) Barrick Gold
A fines de junio de 2010 se celebró en Toronto, Canadá, una Cumbre del G 20, donde Argentina estuvo representada por su Presidenta, Cristina Kirchner.
Ésta, al margen de la reunión oficial, asistió a una reunión organizada por el fundador de Barrick Gold, Peter Munk.
Munk y los otros ejecutivos mineros se declararon satisfechos porque la Presidenta les aseguró que "las reglas no cambiarán, y eso es muy importante para una inversión de largo plazo". Esto fue ratificado por los gobernadores presentes en la reunión: Juan Manuel Urtubey, de Salta; José Luis Gioja, de San Juan; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Luis Beder Herrera, de La Rioja, y Walter Barrionuevo, de Jujuy. Aunque Beder Herrera había anunciado que querían negociar un porcentaje mayor de regalías para las provincias, la palabra de la Presidenta y la promesa de más inversiones sepultaron el reclamo. En los años de la presidencia de Néstor Kirchner se construyó la mina de Veladero; un megayacimiento de oro de la empresa transnacional Barrick Gold, en la provincia de San Juan, que generó una controversia en la opinión pública por la contaminación del medio ambiente y por el excesivo consumo y la contaminación del agua y la gran cantidad de espacio utilizado para el desarrollo del proyecto. Además se abrieron minas en las provincias de Santa Cruz, Chubut, Jujuy y otras, que provocaron quejas de muchos vecinos de las poblaciones aledañas al proyecto y de organizaciones ambientalistas, por el posible daño al ambiente que podrían provocar, temiendo fundamentalmente por la contaminación del agua de los glaciares con cianuro, elemento este que se utiliza en la extracción de minerales en minas a "cielo abierto". Los gobiernos de las provincias mineras y el gobierno nacional mantuvieron en cambio una postura a favor de la explotación minera.
En 2008 el diputado Miguel Bonasso, en aquel entonces perteneciente al partido oficialista del Frente para la Victoria, impulsó la ley ley 26.418 de protección a los glaciares que fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados. Pero el 10 de noviembre de 2008, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1837/08, a través del cual la Presidenta vetó esa ley 26.418. Este fue el primer veto total de una ley por parte de la presidenta Cristina Fernández, quien adujo que la ley excedía el alcance de las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
En 2010 se aprobó la ley 26.639 conocida como Ley de protección de glaciares , menos restrictiva para la explotación minera que la ley de 2008, vetada por la Presidenta.
Los críticos a la nueva ley señalaron que con ésta se permite a Barrick Gold seguir explotando a cielo abierto en Pascua Lama y contaminando las principales reservas de agua dulce que existen.
Una de las principales críticas provino de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que afirmó que los cambios restringen el alcance de la norma y el bien jurídico tutelado, reduce las zonas donde van a regir las prohibiciones de la ley y el área de acción, estudio e intervención del Inventario Nacional de Glaciares, incorpora como Servicio Ambiental de los glaciares y del ambiente periglacial la reserva de recursos hídricos para las "actividades industriales", elimina la obligación de realizar una Evaluación Ambiental Estratégica, incorpora a las autoridades provinciales en la confección del Inventario Nacional de Glaciares, y establece plazos determinados para la realización de las Auditorías Ambientales sobre los emprendimientos actualmente en ejecución. Todo ello en beneficio de Barrick Gold y en perjuicio del interés nacional.
Con el agravante de que Barrick Gold y otras transnacionales mineras , además de pagar regalías bajas, declaran cantidades inferiores a la realmente extraída y extraen minerales estratégicos y otros –que se llevan del país- que no declaran. Es decir, incurren en el delito de contrabando. Existen, al respecto, denuncias ante algunos tribunales argentinos.
Lo pueden hacer porque se llevan del país el producto de su actividad incluso por lugares donde no hay ningún control estatal, como son algunos aeropuertos privados. (Véase: Notas e informes sobre la venta indiscriminada de tierras a extranjeros.mht. http://www.elmalvinense.com/argentina_para_los_argentinos/venta_de_tierras.htm).
En 2016 escribimos (véase en http://www.alainet.org/es/articulo/178668): «El actual Gobierno argentino dictó hace poco un decreto “flexibilizando” la ley de tierras de 2011 a fin de facilitar aún más la compra de tierras por capitalistas extranjeros. Véase también mi nota Los fusiladores de la Patagonia (http://www.redeco.com.ar/masvoces/opinion/22738-los-fusiladores-de-la-patagonia)
4) Monsanto
El 15 de junio de 2012, en un discurso pronunciado en Nueva York en una reunión del Consejo de las Américas, la presidenta Cristina Kirchner se declaró orgullosa de negociar con Monsanto.
Se trataba de una inversión de Monsanto para elaborar semillas transgénicas de maíz en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas que no se concretó en razón de la fuerte movilización popular en contra de la misma.
El resultado de esta política, que se mantiene actualmente, es que prácticamente todo el país está contaminado con el glifosato de Monsanto5, el cultivo expansivo de la soja transgénica de Monsanto ha desplazado a los cultivos tradicionales y a la ganadería y ha provocado la desaparición de decenas de miles de pequeñas explotaciones rurales. Lo que se suma a los efectos altamente contaminantes de las explotaciones mineras sin controles apropiados.
Cabe la pregunta ¿tales daños están compensados en alguna medida por los beneficios económicos que reciben la Nación, las Provincias, los pueblos directamente afectados y el pueblo argentino en general?
La respuesta es obvia. Los únicos beneficiados, además de los consorcios transnacionales y sus socios locales, son quienes desde el poder político han consentido y siguen consintiendo el saqueo del patrimonio nacional.
De la explotación y el saqueo de los recursos naturales y de la explotación de los trabajadores la mayor parte del beneficio resultante se va al exterior, el país se descapitaliza y el pueblo recibe algunas migajas que no cesan de achicarse desde que se agotó la caja en 2011/2012.
Tema éste que es cuidadosamente ocultado por el actual Gobierno, continuador de las políticas nefastas del Gobierno anterior.
Y por eso descubre s´´olo la punta del iceberg de la corrupción.

 Notas:

1 Vaca Muerta: ¿quiénes son los dueños del yacimiento? (http://www.lanacion.com.ar/1785554-vaca-muerta-quienes-son-los-duenos-del-yacimiento).
2 Véase, de Alejandro Olmos Gaona, YPF, LA TRANSPARENCIA MACRISTA Y LA VIOLACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO (http://www.alainet.org/es/articulo/178535)
3 Que dejó el Gobierno, expulsado por los militares, tan pobre como era cuando asumió la Presidencia.
4 Decreto por el cual el Poder Ejecutivo declara nulos todos los contratos relativos a la exploración y explotación de petróleo suscriptos por YPF entre el 1 de mayo de 1958 y el 12 de octubre de 1963. 

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros, decreta: 

Artículo 1 Declárense nulos de nulidad absoluta, por vicios de legitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación, los contratos relativos a la exploración y explotación de petróleo suscriptos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales en el período 1 de mayo de 1958 al 12 de octubre de 1963, con las siguientes compañías: C. M. Loeb, Rhoades and Co, en la actualidad Argentina- Cities Service Development Company; Astra, Compañía Argentina de Petróleo S.A.; C.A.D.l.P.S.A. (Cía. Argentina para el Desarrollo de la Industria del Petróleo y Minerales); Continental Oil Company of Argentina: Esso S.A.P.A. - Esso Argentina Inc.; The Ohio Oil Co., en la actualidad Marathon Petroleum Argentina Litd.; Pan American Argentina Oil Co., Shell Production Company of Argentina Ltd.; Tennesse Argentina S.A.; Union OH Co. California…
5 Que la señora Kirchner cree que es un fertilizante. Ver https://www.youtube.com/watch?v=WFPjle21OTI
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=245869
Comparemos el análisis sobre corrupción en Argentina con el siguiente y veamos cuál supera la "grieta" instalada desde arriba para la gobernabilidad del sistema.
La farsa de los Cuadernos
31 de agosto de 2018
 
 
Por Claudio Katz (Rebelión)

Desde hace varias semanas los medios de comunicación agobian a la audiencia con el escándalo de los Cuadernos. Anuncian el comienzo de una gran batalla contra corrupción que llevará a la cárcel a todos los malversadores. Proclaman el fin de la impunidad y resaltan el inicio de una bisagra con el pasado.
Pero el carácter sesgado de la investigación entierra ese presagio. El juez restringe todas las pericias a lo ocurrido en la última gestión kirchnerista. Supone que las coimas nacieron en el 2003 y desaparecieron en el 2015, desconociendo cualquier irregularidad previa o posterior a esa fecha.
Con esa restricción los Cuadernos simplemente resucitan las acusaciones ya ventiladas contra Cristina. Sólo agravan las carátulas de los mismos cuestionamientos, para potenciarlos con excitantes calificaciones (jefa de una mafia). Complementan esa campaña, con morbosas coberturas de los cronistas empeñados descubrir las bóvedas de dinero. Entre tanto ruido no se escucha una sola palabra sobre la incalculable fortuna que amasó el clan Macri, con estafas al estado y ocultamiento del botín en las guaridas fiscales del exterior.
DUPLICIDAD A PLENO
Una doble vara orienta toda la investigación. Mientras se multiplican las indagaciones y allanamientos a la familia Kirchner, ningún juez evalúa el insólito patrimonio del presidente. Macri modificó varias veces su declaración de bienes. El monto de su última presentación fue incluso inferior a lo expuesto por cualquier dueño de una empresa mediana. La causa que brindaba algún indicio de su fortuna en el (Panamá Papers) fue cerrada a toda velocidad. Ni siquiera implementó el fidecomiso ciego que prometió crear para disimular la valuación sus propiedades.
El oscuro manejo de las empresas de los Kirchner (Hotesur, Los Sacues) son simples curiosidades, en comparación al monumental fraude perpetrado por los Macri. Sus estafas más recientes incluyen la reventa de participaciones en las concesiones de autopistas y parques eólicos. La investigación de sus mayores malversaciones sigue cajoneada (multimillonaria deuda fiscal con el Correo y sospechosa la adjudicación del ferrocarril Sarmiento).
El periodismo cortesano evalúa detalladamente las confesiones de los viejos allegados al kirchnerismo (Uberti, López, Clarens, Baratta) para descubrir socios o testaferros de los ex presidentes (Muñoz, Ulloa, Barreiro). Pero acepta con total naturalidad la continuidad en la jefatura del espionaje del principal denunciado por las coimas de Oderbrecht (Arribas). Es el funcionario más acaudalado del gabinete, integra el círculo íntimo de Macri y ha sido reiteradamente señalado como porta-nombre de la fortuna off shore del presidente.
Los mismos medios que descubren nuevas irregularidades de los ex funcionarios K en prisión, no objetan la permanencia en los cargos de sus empresas de 269 altos directivos del gobierno actual. Esos personajes actúan descaradamente en los dos lados del mostrador, sin ninguna objeción de los justicieros de la pantalla. Esa corrupción institucionalizada es tan aceptada, como las millonarias cuentas en el exterior que mantiene el grueso del gabinete. Tampoco suscitan grandes reparos los descarados negocios de Aranguren con Shell, Quintana con Farmacity o Braun con sus supermercados.
Con esa misma duplicidad se rastrea el lavado de dinero de la gestión anterior (ruta de dinero K), sin ningún cuestionamiento de su equivalente oficialista. La ruta del dinero M transitó por varios paraísos fiscales, antes de concluir en la legalización de todo lo evadido a través del blanqueo. Con esa operación Macri aseguró privilegios especiales a sus familiares y amigos. Los montos involucrados en estas maniobras superan ampliamente lo destapado por los Cuadernos.
La misma dualidad de análisis impera en el trato que prodiga el juez a los arrepentidos de la patria contratista. Mientras que todos los coimeros de la gestión K quedaron procesados (Wagner, Zavaleta, Goycoechea, Neira, Loson), el clan Macri fue exceptuado de la redada. Sólo el primo del presidente (Calcaterra) quedó indirectamente involucrado.
Un simple repaso de los archivos indica que los Macri ganaron millones en las obras viales que obtuvieron bajo el kirchnerismo. El negocio continuó con otra cobertura, cuando Franco y sus hijos traspasaron la empresa al sobrino Calcaterra. La nueva compañía ganó 23 licitaciones y contó con el visto bueno de los K, hasta el distanciamiento generado por el conflicto del Correo.
El blindaje que recibe Macri de la justicia es tan descarado, que afamados coimeros -como Otero- son apresados por negocios con el anterior gobierno, sin ninguna investigación de las mismas operaciones bajo la gestión de Mauricio como intendente de Buenos Aires.
MANIPULACIONES DE JUECES Y MEDIOS
Las duplicidades se extienden a los aportes de los empresarios a las campañas presidenciales. Mientras los arrepentidos declaran millonarias contribuciones ilegales para Cristina, una acusación equivalente (y más documentada) contra Macri duerme en los cajones de tribunales. La investigación está frenada, a pesar del lavado de dinero que se concretó usurpando nombres de los archivos del ANSES. Siguiendo el patrón de penalidades diferenciadas los dueños de C5N están presos por malversación fiscal, mientras persiste la impunidad sobre el mismo delito cometido por los concesionarios del Correo.
Con la justicia amoldada al gobierno se ha naturalizado la discusión sobre el eventual apresamiento de Cristina, sin ninguna petición de renuncia de Macri. En los “países serios” ponderados por el oficialismo (Islandia, España), dimitieron todos los funcionarios que ocultaron sus fortunas en empresas off shore. La prensa oficialista reclama la reapertura de las causas cerradas por enriquecimiento ilícito de los K, sin recordar la escandalosa anulación de la condena por contrabando a Franco Macri, que perpetró la Corte Menemista.
 Los jueces oficialistas han recurrido a las mismas manipulaciones para montar la farsa de los Cuadernos, con papeles fotocopiados, recortados y probablemente fraguados. Es poco verosímil que hayan sido escritos por un ex militar con alteraciones mentales. Seguramente fueron confeccionados por los servicios para ensuciar investigaciones, siguiendo los montajes perpetrados con Nisman o la AMIA.
Bonadío no sólo ha gestado un gran circo. Utiliza la ley del arrepentido para obtener confesiones previamente programadas, con recursos legados del Medioevo. El acusado que repite el libreto anti-cristinista y delata a los individuos preseleccionados queda en libertad. Si por el contrario guarda silencio o se desvía de guión oficial permanece en prisión.
Con este método inquisidor el juez sepulta el principio de inocencia, luego de apropiarse de una causa sin ningún sorteo. Sus superiores de la Cámara y la Corte avalan estas anomalías para blindar su propia corruptela y mantener la sintonía con el oficialismo de turno. Por las mismas razones depuran a los magistrados (Arias), que dictaminan a favor de los trabajadores o contra los tarifazos.
Los medios hegemónicos participan del operativo con un inédito nivel de impudicia. Durante varias semanas han colocado el tema en el top de la pantalla. Con sermones acusatorios, distorsión de la información y protección del macrismo sepultan cualquier vestigio de periodismo profesional. Los grandes grupos retribuyen de esta forma al oficialismo la anulación de la ley de Medios. También agradecen los nuevos negocios que permitieron a Clarín fusionarse con Telecom, para capturar la mayor tajada de la convergencia digital.
Algunos comentaristas justifican este bochornoso operativo, señalando que introduce a futuro un principio de moralización. Pero esa expectativa no se verificó en los antecedentes de Italia (Mani Pulite) o Brasil (Lava Jato). Salta a la vista que con la estafa de los Cuadernos el gobierno pretende pavimentar su propia impunidad.
VARIOS OBJETIVOS, DUDOSOS EFECTOS
La duplicidad jurídica confirma el carácter político de la maniobra que el oficialismo ensaya contra Cristina. Pretende como mínimo colocarla en una situación defensiva para debilitarla electoralmente. La apuesta mayor es lograr su desafuero, proscripción y eventual encarcelamiento. Por eso la campaña del gobierno también salpica al entorno de CFK. Hasta ahora lograron pocos resultados y las encuestas sugieren una total ausencia de impactos en la población.
El escándalo también pretende forzar la separación definitiva del peronismo oficialista con el kirchnerismo, para apuntalar una tercera opción electoral. Por esta vía Macri sueña con llegar al ballotage.
Pero aunque el grueso del justicialismo prefiere esa continuidad a un eventual retorno de CFK es poco probable que habilite el desafuero de Cristina. Ese precedente podría afectar la propia permanencia de varios senadores en el Congreso. Además, la Casa Rosada carece de billetera para tentar a sus interlocutores.
El Cuadernogate desborda igualmente esas triquiñuelas. El gobierno intenta un típico desvío de la atención popular frente al desastre económico. Ante la ausencia de pan recrean el circo, para atemperar la nueva marea de protestas sociales. La secuencia de movilizaciones que comenzó en diciembre y reapareció en febrero ha resurgido con fuerza en las últimas semanas. Macri fantasea con grandes marchas por el encarcelamiento de CFK, que diluyan la gestación de un nuevo paro nacional contra el ajuste. Pero enfrenta la renovada pujanza de las luchas sociales.
Todos los días se verifica alguna nueva manifestación. Los noticieros naturalizan esas marchas informando los cortes de calles en el mismo espacio que el estado del tiempo. Los universitarios, docentes y trabajadores de los astilleros han tomado la posta, en batallas cotidianas que desgastan al gobierno. Lo que impide transformar ese disperso descontento en una protesta unificada es la pasividad cómplice de la burocracia sindical. Los escándalos que diagrama Bonadío no desmovilizan a nadie.
El libreto de Comodoro Py ha servido, en cambio, para reiniciar las alicaídas marchas derechistas de los sectores acomodados. La convocatoria gorila partió de varios acusados de malversar fondos públicos (como Ocaña). Pero el nivel de concurrencia que lograron fue muy inferior a lo difundido por los medios. Bajo el dramático impacto de la recesión y los tarifazos, un gran número de votantes de Cambiemos ha perdido su fervor contra el progresismo.
El gobierno intenta contrarrestar ese desengaño con discursos que atribuyen todos los males de la economía a la corrupción. Afirman que las fábricas cierran, el dólar se dispara y los precios se descontrolan “porque el kirchnerismo se robo todo”. Pero la inconsistencia de esa relación salta a la vista. El pretexto de la herencia fue muy desgastado en el debut del gobierno y su repetición tiene poca credibilidad, frente a una crisis generada por la política neoliberal del último bienio.
Macri igualmente apela a su base social e intenta renovar el odio de clase, que Casero actualizó con su alegoría del flan. Esa hostilidad emerge con naturalidad entre los funcionarios ante cualquier desgracia. El propio presidente descalificó como “un problemita de gas”, la explosión que sepultó a los dos maestros comprometidos con la alimentación de los chicos de Moreno.
La efectividad de los Cuadernos para tapar esta realidad es incluso dudosa en el propio plano del relato. Los villanos como López ya son conocidos y el escándalo echa nafta al fuego al generar un nuevo rechazo social a los empresarios. Los encarcelamientos que dispone Bonadío son un arma de doble filo.
El juez de la servilleta despliega también su poder coercitivo para naturalizar la idea que cualquiera puede ser apresado. Con este atropello aporta su contribución a la restauración represiva que promueve el gobierno.
Pero Macri no pudo reimplantar en diciembre la brutalidad de la gendarmería y ensaya todos los días algún apaleo de manifestantes. Milagros Salas ha vuelto a prisión, los provocadores de Bullrich se infiltran nuevamente en las marchas y la investigación de los asesinatos de Maldonado y Nahuel sigue frenada. Su intentó de oficializar por decreto el regreso del ejército a la represión interna chocó con una gran reacción democrática en las calles. En este clima el operativo de Cuadernos genera inesperadas derivaciones.
UNA MANIOBRA QUE DESCARRILA
Las primeras detenciones apuntaban exclusivamente contra Cristina. Por eso bastaba con declarar un aporte ilegal a su campaña para quedar en libertad. Pero el operativo asumió otro contorno, desde que los popes de la obra pública (Wagner, Chediak) destaparon un sistema de coimas para el reparto de las licitaciones. Estas confesiones ya no comprometen sólo a los funcionarios del gobierno anterior, sino a un importante sector del capitalismo argentino.
El Club de la Obra Pública está integrado por las principales empresas de la Cámara de la Construcción y por nombres emblemáticos de la burguesía local. Por ese camino la investigación desborda a los empresarios aventureros enriquecidos bajo el kirchernismo (Báez). Afecta a varios grupos tradicionales (Pescarmona, Roggio) y roza a los principales popes del modelo actual (Calcaterra, Midlin, Rocca).
La ampliación de las causas al gran empresariado sintoniza, además, con las duras exigencias del FMI para achicar el déficit fiscal recortando la obra pública. La limpieza de un sector de la burguesía contratista ya comenzó con la desvalorización de acciones de las firmas implicadas en el escándalo. Se avecinan multimillonarios juicios de sus socios en Wall Street y algunas compañías foráneas diseñan planes para capturar los negocios vacantes. La extranjerización de esas actividades es una meta explícita del FMI.
Macri tiende a convalidar esa reestructuración de los contratistas del estado, luego de modificar su base de sustentación. Ha reemplazado a muchos CEOs que lo llevaron a la Casa Rosada por bancos y fondos de inversión. Ese reacomodo es coherente con su impiadosa trayectoria en el mundo de los negocios. La ambición de poder lo guió en el pasado a descarnados pleitos con familiares, socios y aliados.
Pero esa reorganización de la cúpula capitalista afronta severos problemas. Paolo Rocca -el Oderbrecht de Argentina señalado en los Cuadernos como un gran coimero-contraatacó exigiendo impunidad y obtuvo el aval de Macri. Bonadío aceptaría esa limitación de la purga eximiendo del castigo a la crema superior de los contratistas (Midlin, Calcaterra, Caputo, Eurnekian).
El mismo amparo es auspiciado por el gobierno, al mantener los beneficios fiscales generados por el blanqueo a todos los involucrados en los Cuadernos. El Banco Nación anunció, además, que reemplazará la pérdida de financiación que provocó el escándalo entre los participantes de las nuevas obras del corredor vial.
Pero con esas excepciones todo el operativo de Bonadío pierde credibilidad y queda reducido a segmentos inferiores o marginales del empresariado. Además, el incendio general de economía avanza a un ritmo tan acelerado, que los Cuadernos pueden caer en el olvido antes del inicio de algún juicio. La simple difusión de esos papeles reavivó la corrida cambiaria y el temor a nuevo default de la deuda.
LA COMPARACIÓN CON BRASIL
Los Cuadernos constituyen una versión degradada y posiblemente frustrada del Lava Jato de Brasil. Allí se consumó una farsa jurídica muy semejante para encarcelar y proscribir a Lula. Como no pudieron achacarle ningún enriquecimiento significativo, utilizaron las delaciones de un testigo como única prueba, para acusarlo de adquirir una vivienda en forma irregular.
También la protección de Macri tiene su equivalente en los auxilios recibidos por Temer. El presidente de Brasil es un corrupto que los jueces y legisladores mantienen al frente del Ejecutivo, para sostener el régimen de excepción creado con la destitución de Dilma.
Al igual que en Argentina todo el show de sumarios, multas y detenciones de empresarios ha servido de cobertura para un brutal ajuste contra los trabajadores. Lo que Macri concertó con el FMI ya se efectivizó en Brasil. La reforma laboral y del sistema previsional que Cambiemos no logra imponer en el Congreso fue implementada por Temer, bajo el fuego de artificios generado por el Lava Jato. También utilizó esa distracción para intensificar la represión y encubrir asesinatos de dirigentes populares en ciudades militarizadas.
Las denuncias contra Odebrerecht han facilitado, además, el ingreso de compañías extranjeras a los mismos negocios de obra pública y explotación petrolera, que propicia el FMI en Argentina. El inquisidor de Brasil (Moro) trabaja en estrecho contacto con la embajada estadounidense y ha creando el gran poder autónomo de los magistrados que ambiciona Bonadío. Pero ese modelo de bonapartismo judicial, no opera en Argentina sólo en asociación con Macri. También apunta a un eventual colapso del líder del PRO. El juez de la servilleta es un sobreviviente del menemismo, que milita en el núcleo duro del justicialismo.
Esa adscripción ilustra las diferencias de Cuadernogate con el Lava Jato. Mientras que la conspiración brasileña fue montada para el tumbar a Dilma, la versión argentina apunta contra un gobierno que concluyó hace más de dos años. La efectividad de este montaje retrospectivo es muy incierta.
Pero el mayor obstáculo que afronta el operativo gestado con los Cuadernos es la descomunal turbulencia de la economía. En Brasil la farsa se instrumentó en el debut de una crisis recesiva, muy alejada del colapso cambiario, fiscal y externo que afronta Macri. Ninguna de las purgas inauguradas con la mani pulite italiana se consumó en medio de un derrumbe tan agudo de la producción y finanzas. Por esa razón es tan dudoso el desemboque de la aventura de Bonadío.
Moro desató su reaccionaria cruzada en una coyuntura de gran desmovilización popular y desmoralización del progresismo. Las secuelas de esa frustración facilitaron el encarcelamiento de Lula. Por el contrario, Macri no ha doblegado la resistencia callejera y la continuidad de las huelgas y piquetes condiciona todos los resultados de la maniobra judicial.
Basta recordar que Macri dio luz verde al tratamiento del aborto para desactivar las demandas sociales, para constatar los peligros de esas operaciones. En lugar del gran desvío político que imaginaba, terminó afrontando una monumental oleada verde de manifestaciones. La misma reacción se extiende en otros terrenos democráticos. El simple tanteo de un reingreso de los militares a la represión interna desató movilizaciones de gran porte.
La postura de Estados Unidos es también más compleja. Si acompaña las denuncias de corrupción abrirá una caja de pandora, que podría afectar la estabilidad de su principal títere en Sudamérica. Mientras el FMI fuerza un tormentoso ajuste, Washington trata de sostener a su peón, en las vísperas del importante cónclave del G 20 en Buenos Aires.
A diferencia de lo ocurrido con Temer, el Lava Jato nacional entraña serios problemas para un presidente heredero de la patria contratista. Macri ocupa el incomodo lugar que tendría un familiar de Oderbrecht al frente de la presidencia brasileña. El mismo inconveniente se extiende a la justicia. Bonadío se parece más a Oyarbide que a Moro y arrastra un descrédito semejante a todos sus pares.
Desde el inicio del escándalo perdura la erosión del sistema político brasileño. La proscripción de Lula deslegitima las elecciones, la derecha carece de candidatos confiables, se presagia una alta abstención y Bolsonaro introduce un ingrediente explosivo. Por el contrario Macri actúa en un cuadro de continuidad del régimen, elevada politización y gran disposición ciudadana a la participación electoral.
En Argentina resulta más difícil el desafuero y proscripción de CFK. Lo ocurrido con Lula ilustra cómo un líder recupera centralidad desde la prisión. Macri no observa, finalmente, sólo lo ocurrido con el Lava Jato. Otros escándalos en Perú y Panamá terminaron fulminando a los ocupantes del sillón presidencial.
IMPUGNAR LA MANIOBRA
El entretenimiento televisivo del último mes acumula incontables ocultamientos. Sobran allanamientos, acusaciones y presunciones, pero no aparecen las pruebas relevantes de la corrupción. Como Bonadío exprime a los perejiles y protege a los peces gordos, sólo se destapan los fraudes de un listado previo de caídos en desgracia.
Es evidente que la gestión kirchnerista preservó el alto nivel de corrupción de los gobiernos precedentes. Los casos ya probados de Jaime y Boudou (y las contundes cargos que pesan sobre otros funcionarios) confirman que los fondos públicos no fueron solamente utilizados para financiar los aparatos políticos. También apuntalaron el enriquecimiento personal de muchas figuras.
Pero la presentación de ese flagelo como un patrimonio de la era K es un burdo engaño. Las coimas destapadas por los Cuadernos retratan un sistema de larga data, que antecedió y sucedió al kirchnernismo. Bonadío construye una farsa, al reducir la investigación y borrar la participación de los Macri en el fraude Con el show de los Cuadernos se oculta que el desfalco financiero consumado por el gobierno actual, supera todos los vaciamientos padecidos por el país. El combo de blanqueo impositivo, apertura a la bicicleta financiera e incentivo a la fuga de capitales del último bienio tiende a provocar un daño mayor al terremoto del 2001.
El cáncer de la corrupción se concentra en los jueces, políticos y medios de comunicación, que manipulan el hastío de la población con la deshonestidad. Se intenta canalizar esa indignación contra el kirchnerismo, para garantizar la impunidad del resto y la continuidad de los negociados que maneja la administración actual.
Cualquier investigación seria requiere la renuncia de juez de la servilleta y de sus cómplices de Tribunales. También supone el inicio de un juicio político al jefe de la mafia que esquilma al país desde la Casa Rosada. Son dos pasos necesarios para comenzar a erradicar la corrupción que actualmente personifican Bonadío y Macri.
Claudio Katz. Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=245926
Salgamos de la "grieta" y de la elección de otro gobierno de turno. Enfoquemos a todo el "proceso de reorganización" como la dictadura genocida denominó al progreso en la acumulación gran capitalista de riquezas y poder desde 1984 hasta hoy. La unidad de capitales y estados imperialistas con los locales nos subsumió en:


La crisis y el tipo de cambio en perspectiva

31 de agosto de 2018
Por Rolando Astarita
En esta nota quiero presentar la actual suba del tipo de cambio (desde fines de agosto de 2017 al día de hoy el dólar pasó de costar $17,6 a $38) en perspectiva, y destacar algunas de las consecuencias de la crisis en curso.
Alternancia de tipos de cambio real altos y bajos
En las últimas cuatro décadas, por lo menos, en Argentina se ha asistido a una marcada alternancia de períodos de tipo de cambio real alto y tipo de cambio real bajo (sobre tipo de cambio real, aquí). A grandes trazos, podemos decir que bajo el ministerio de Martínez de Hoz (1976-1981) se asistió a un período de tipo de cambio bajo. Pero entre 1980 y 1981 el déficit de cuenta corriente, en términos de PBI, llegó casi al 6%. Esta situación llevó a una fuerte crisis cambiaria a comienzos de 1981 (entre enero de ese 1981 y enero de 1982 el dólar pasó de de $2038 a $10.300). Se pasó entonces a un período de tipo de cambio alto, que permitió mejorar la situación externa. Sin embargo, la espiral de devaluaciones y subas de precios y salarios desembocó en la hiperinflación. Y la hiperinflación legitimó, ante la opinión pública, la Convertibilidad. Básicamente consistía en utilizar el tipo de cambio fijo como ancla para frenar la inflación. El peso entonces se apreció, afectando negativamente al sector externo. Así, en 1994 y luego en 1998 la balanza de cuenta corriente tuvo déficits superiores al 4% del PBI; y entre 1998 y 2001 el déficit promedio fue del 3% promedio. De conjunto, entre 1991 y 2000 el déficit promedio de la cuenta corriente fue de 8470 millones de dólares anuales.
La situación terminó en el estallido de la Convertibilidad y la fuerte depreciación del peso (el dólar pasó de $1 en diciembre de 2001 a $3,8 en junio de 2002). Dado que los precios subieron, en 2002, un 42%, se asistió a una fuerte mejora del tipo de cambio real. El índice del tipo de cambio real multilateral pasó de 69,2 en diciembre de 2002 a 198,8 en junio de 2002 (BCRA). Por eso, a partir de 2002 la balanza de cuenta corriente tuvo superávit. En promedio, el superávit de cuenta corriente fue, entre 2001 y 2010, de 5800 millones de dólares anuales. Aunque fue decreciente: de un pico de más del 8% del PBI en 2002, la cuenta corriente pasó a cero en 2009, junto a una apreciación paulatina del tipo de cambio. Y desde 2008 la balanza de cuenta corriente fue deficitaria, y en escala creciente, hasta llegar al 5% del PBI a fines de 2017. Paralelamente, el peso se apreció en términos reales: el índice promedio del tipo de cambio real multilateral entre 2002 y 2007 fue 160,2; entre 2008 y 2017 el índice fue 111,62; en diciembre de 2015 fue 85,1; en diciembre 2018 estuvo en 87,1 (datos BCRA). Según Ieral, de Fundación Mediterránea, el índice del tipo de cambio real multilateral (contra dólar, real, euro, yuan) promedio de los últimos 20 años fue 118,02; en noviembre de 2015 era 75,45 y en febrero de 2018 era 96,36 (https://www.cronista.com/economiapolitica/El-tipo-de-cambio-multilateral-es-28-mas-competitivo-que-cuando-asumio-Macri-20180301-0090.html).
La suba actual del tipo de cambio real –vía la fuerte depreciación nominal del peso- configuraría así una transición hacia un nuevo período de tipo de cambio real alto. El índice del tipo de cambio real multilateral se ubicaría, en agosto de 2018, en 112.
Tendencia de largo plazo y debilidad estructural
Estas oscilaciones se inscriben, a su vez, en una tendencia de largo plazo a la depreciación, en términos reales, del peso. Entre 1913 y 1988 la moneda argentina se habría depreciado un 80% con respecto al dólar y la libra. Esto es, una tasa promedio de aproximadamente el 1% anual (Froot, K. A. y K. Rogoff, 1986, “Perspectives on PPP and Long-Run Real Exchange Rates”, NBER, Working Paper, Nº4952).
En otras notas, y en libros publicados (Valor, mercado mundial y globalización, y Economía política de la dependencia y el subdesarrollo) argumenté por qué la tendencia a largo plazo a la depreciación obedece a problemas estructurales, principalmente la baja productividad global de la economía argentina. Básicamente, la industria argentina compite en el mercado mundial vía salarios bajos en términos del dólar o el euro; esto es, con tipo de cambio real alto.
A su vez, la alternancia de períodos de tipo de cambio alto y bajo tiene que ver con la dinámica que introduce la competitividad por medio del tipo de cambio alto. Es que si bien el tipo de cambio real alto mejora la competitividad, da impulso a procesos inflacionarios que generan las condiciones para reversiones hacia el tipo de cambio bajo. Esto ocurre principalmente cuando los gobiernos buscan frenar la inflación anclando el tipo de cambio; lo cual lleva a la apreciación en términos reales de la moneda. Pero en la medida en que esa apreciación no es expresión de un desarrollo de las fuerzas productivas (esto es, de productividad lograda en base a tecnología y expansión del trabajo productivo, por sobre el trabajo improductivo), la inserción de la economía nacional en el mercado mundial es deficiente. Lo cual se traduce en los déficits de la cuenta corriente, que siempre están en la raíz de las crisis cambiarias. En particular, si estos déficits son sostenidos con inversiones externas de cartera, se dan todas las condiciones para que se produzcan reversiones bruscas de los movimientos de capitales, con las lógicas consecuencias en el tipo de cambio. Típicamente, esos capitales especulativos son atraídos por la perspectiva de alta rentabilidad en los mercados financieros (véase, por ejemplo, la operación de carry trade, aquí), y salen cuando advierten que la situación se vuelve peligrosa (especialmente cuando la relación déficit de cuenta corriente /PBI supera ciertos umbrales).
El valor del peso, tipo de cambio y ley económica
Lo anterior se vincula a una cuestión que he discutido recientemente en este blog (en relación a la llamada teoría monetaria moderna, aquí y ss.), a saber: que el valor de la moneda nacional –o sea, su relación de convertibilidad con otras monedas- tiene su anclaje en las leyes de la economía. Esto se debe a que el tipo de cambio vincula dos equivalentes de tiempos de trabajos sociales, nacionalmente determinados. Están determinados porque se asientan en diferentes niveles de productividad, según países.
De ahí que el mercado mundial deba analizarse como una totalidad articulada de espacios de valor nacionales, en los que rigen distintas productividades medias. Pero por esta misma razón las variaciones de los tipos de cambio inciden en qué tanto de los tiempos de trabajo empleados nacionalmente son generadores de valor en otro espacio nacional, o en el mercado mundial. Por ejemplo, con un tipo de cambio a paridad de poder adquisitivo (o sea, tipo de cambio real igual a la unidad) 10 horas de trabajo de una empresa con baja productividad no son “competitivas” en otro espacio nacional en que la productividad media sea más elevada. Por eso, ese mismo trabajo pasa a ser “competitivo” con un tipo de cambio por encima del nivel a paridad de poder adquisitivo. Pero esto se logra a costa de que una hora de trabajo en el país atrasado tecnológicamente se traduce en menos de una hora de valor generado en el espacio nacional que tiene alta productividad. Y esta cuestión no se puede superar con ingenierías monetarias o financieras. Aunque, inversamente, medidas económicas estúpidas –como ha sido la política del BCRA con las Lebac- pueden agravar, y mucho, la crisis (véase aquí). Pero la causa última de la crisis cambiaria siempre es la debilidad de la acumulación de capital, de la inversión productiva.
La lógica de la crisis capitalista
Dado entonces el fracaso de la inserción productiva en la división internacional del trabajo –insistimos, debilidad que se expresa fundamentalmente en el déficit de la balanza de bienes y servicios; a lo que se suma la deuda externa- la reversión desde un tipo de cambio real bajo se produce por vía de una violenta crisis. Esta se dispara con la salida en manada de los capitales que habían entrado atraídos por los altos rendimientos financieros, a lo que se suman los que buscan protegerse de la desvalorización del peso y de los activos nominados en pesos. Frente a esto, el gobierno típicamente vende reservas –esto es, financia de hecho la salida de los capitales- y sube la tasa de interés, reproduciendo la lógica de la especulación parasitaria. Lo cual agrava la crisis, al acentuar la recesión y la acumulación meramente financiera. Es que no hay economía que pueda funcionar cuando las empresas descuentan cheques pagando una tasa real (en pesos) de más del 50%.
Por supuesto, sobre este movimiento se monta la especulación, profundizando la suba del tipo de cambio y la caída de los activos financieros nominados en moneda nacional. De conjunto, la economía entra entonces en una serie de movimientos caóticos. Sin embargo, el problema de fondo no es la especulación (como pretende la diputada Carrió, con su habitual superficialidad), sino los factores “reales” a los que nos hemos referido.
En este marco se comprende que la crisis repercuta en una fuerte desvalorización de capitales. Y la caída del salario: en términos del dólar, por la suba del tipo de cambio, y en términos del peso, porque los precios suben a mayor ritmo. Ya en estos momentos convenios colectivos que pueden haber cerrado con alzas anuales de salarios del 25% o 30% (y son los menos) quedarán rápidamente desactualizados frente a una inflación que apunta largamente a ubicarse por encima del 30%.
La crisis, además, mete presión sobre el trabajo, tanto por el aumento de la desocupación, como por la amenaza de ir a la desocupación. A lo que se suman los despidos de estatales, que ya se están produciendo (ahora mismo el Ministerio de Agroindustria acaba de despedir 600 trabajadores; y por todos lados no se están renovando contratos laborales). Por eso, al calor de la crisis las cámaras empresarias piden rediscutir condiciones de trabajo, leyes laborales, o jubilaciones. Todo apunta entonces a lo mismo: la suba del tipo de cambio significa una gigantesca transferencia de riqueza (en rigor, de valor) desde el trabajo al capital. Es la esencia de toda crisis. No hay que abrigar falsas ilusiones. Nunca el capitalismo salió de una crisis mejorando las condiciones laborales o salariales de la clase obrera.
De esta manera, se regeneran las condiciones para que en algún momento se produzca la recuperación económica. Aunque sin que por ello se supere el subdesarrollo y el atraso. Así hasta la próxima crisis.
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La crisis y el tipo de cambio en perspectiva
Superemos, también, la visión tradicional de izquierda sobre los cambios estructurales.

Ante la crisis, ¿Asamblea Constituyente?

28 de agosto de 2018
Por Rolando Astarita

Ante la crisis económica y las investigaciones de corrupción, algunos partidos de izquierda piden la salida del gobierno de Cambiemos, de los gobiernos provinciales, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Según este planteo, una AC debería, entre otras medidas, dejar de pagar la deuda; estatizar la banca, el transporte, las empresas energéticas; e imponer el control obrero. O sea, aplicar un programa de transición al socialismo.
Históricamente, la demanda de convocar a una AC ha sido una consigna que los socialistas levantaron frente a regímenes dictatoriales. Pero, ¿cuál es el sentido de convocar a una AC cuando existe un régimen democrático-burgués y regularmente se realizan elecciones? Además, en Argentina más del 90% de los votos van a partidos enemigos del socialismo, y de cualquier transformación social profunda. Más aún, en las elecciones sindicales los trabajadores votan, regularmente, a dirigentes que defienden al sistema capitalista (el apoyo a la izquierda marxista es minoritario). ¿Por qué cambiaría esta situación con una AC?
Para hacer más concreto el tema, veamos la cuestión del control obrero. Como he mencionado, se sostiene que una AC debería implantar el control obrero sobre la banca, el comercio exterior y otros resortes fundamentales de la economía. Sin embargo, la mayor parte de los sindicatos están dominados por burócratas, vinculados por innumerables lazos con la clase capitalista y el Estado. ¿Cómo se puede implantar el control obrero en estas condiciones? Si no existe movilización revolucionaria, una estatización “con control obrero” no será otra cosa que una estatización con colaboración de la burocracia sindical con la clase dominante. Todo lleva a la misma conclusión: es imposible aplicar un programa de transición al socialismo “desde arriba”, desde una institución de la democracia burguesa.
Sin embargo, frente a estas objeciones, algunos argumentan que la AC debería ser impuesta “mediante la lucha”. Pero el carácter de clase de las instituciones del Estado no depende de la correlación de fuerzas “en lucha”. Más de una vez las masas, con sus movilizaciones, obligaron a renunciar a gobiernos, nacionales o provinciales, pero en la medida en que no quebraron el poder de la burguesía, se quedaron con las manos vacías. De ser necesario, la clase dominante cambia figuritas en las cumbres para que todo siga igual en las profundidades de las relaciones sociales. El llamado a una AC no puede modificar esto.
Sólo si las masas trabajadoras quiebran el monopolio del poder estatal, que está en manos de la burguesía, podrán abrir el camino a transformaciones revolucionarias.
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Multipliquemos los espacios en común de deliberación a lo largo y ancho del país-continente sobre la actual crisis estructural y civilizatoria del sistema mundo capitalista pero también la del capitalismo dependiente en el Abya Yala que es enfocar los extractivismos en forma holística y en perspectiva. Y desde esos análisis e indagaciones colectivas sobre qué, cómo hacer para ir revolucionando la cotidianeidad debemos comprometernos con el Nunca Más:

Argentina. Gatillo fácil: El genocidio encubierto

Resumen Latinoamericano / 26 de agosto de 2018 / Oscar Castelnovo, APL
 ¿Qué dolor puede ser más brutal para una madre, para una familia, que la muerte de su hijx? ¿Y si no fue exactamente “muerte” sino asesinato? ¿Y si el crimen lo cometió un agente estatal que percibe un salario dizque para garantizar la vida y la integridad del que fusiló? ¿Y si los jueces protegen al matador? ¿Y si el poder político lo asciende? ¿Y si los legisladores le hacen leyes a medida? ¿Y si los medios hegemónicos manipulan con alevosía desde el mismo instante en que ese homicidio va a la sección “Policiales” en lugar de ubicarse en el primer lugar de “Política Nacional”? ¿Y si la matanza es sistemática y lleva décadas pero nadie habla de Genocidio? Si se dan todas estas variables, tal como sucede en la Argentina, entonces esa madre enloquece, enferma, muere de tristeza o se lanza a la lucha. Así, cuando ellas marchan su rostro se desfigura en aullidos. La remera que cubre su torso lleva sobre sus senos la cara sonriente del hijx que amamantaron y que sucumbió a balazos por las fuerzas de Seguridad en las calles o la tortura en los sitios de encierro. Este lunes 27 lo harán desde Congreso a Plaza de Mayo en la CABA y también en Rosario, Mar Del Plata, Bariloche, Córdoba, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, Misiones, Chubut y Tucumán, en la 4° Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. ¿Por qué genocidio?¿Por qué encubierto? Más abajo, las respuestas a esta política de Estado que lleva décadas en la etapa reclamada como constitucional.
El Gatillo Fácil constituye un verdadero genocidio, tal como lo nombra la Convención de las Naciones Unidad que lo tipificó en 1948. Allí, en su artículo II, el texto afirma que se entiende por genocidio los actos “perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, tales como: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial…”. La definición es contundente y no deja dudas. Nuestro empeño por llamar a las hechos por su nombre no nace de un interés jurídico, la sola palabra “genocidio” es una herramienta para la pelea, esenciamente política, contra la muerte de los más vulnerables.¿Qué pasaría en la Argetina si organismos, colectivos de luchadores, partidos populares, sindicatos, organizaciones femimistas, estudiantiles, entre muchos más, denunciaran como genocidio a asesinato de lxs nuestrxs?
WALSH
Resulta singular que aquello que la casta política pretende desconocer, el periodista Rodolfo Walsh lo anticipara el 25 de marzo de 1977 en su “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, según el Premio Nobel Gabriel García Márquez, esta fue la pieza periodística más brillante que se haya escrito jamás. En su misiva a los uniformados, Walsh va afirmar algo que pensó mucho y le generó contradicciones antes de plasmarlo blanco sobre negro. Finalmente se decidió a decir que las desapariciones, los asesinatos, las torturas no eran los hechos más graves perpetrados por los tiranos: “Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”, aseguró. Y esa miseria planificada para millones,acompañada ineludiblemente con la masacre dilatada en el tiempo, es lo que está viviendo el pueblo argentino, de modo creciente según pasan los años.
POR QUÉ
Es decir que a la desaparición por la dictadura cívico militar de 30 mil revolucionarios, le continuó el exterminio sistemático por parte del estado de lxs pibxs excluidos y/o rebeldes, los más vulnerables, quienes “no encajan” en el ordenamiento neoliberal y, claro está, que converge con la masacre de lxs jóvenes de los pueblos originarios cuya matanza nunca se detuvo desde la misma llegada de la corona española a América, con distinta intensificación según odio y necesidad.
Por otra parte, aunque hubo casos de gatillo fácil en toda la etapa constitucional, podría ubicarse una fecha de clave de sistematicidad en los años ’90, cuando millones de personas fueron arrojadas al desamparo absoluto, según lo había planeado la tiranía al fundar el modelo neoliberal que desplegó el menemismo. Entonces resultó forzoso acudir a una política represiva específica para asegurar los beneficios de la nueva tasa de ganancia requerida por el capital.
A la vez, este genocidio incluyó a las mujeres secuestradas para la trata con fines de prostitución, luego desaparecidas, liquidadas o destruidas con su subjetividad devastada, especialmente en el segmento adolescentes. Si bien se menciona la cifra de cinco mil de ellas, ésta sería solo la punta de un iceberg gigantesco cuya cantidad permanece en la noche y niebla de los genocidios.
Recordemos, por si hiciera falta, la tipificación: “a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c)Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial…”
Como se ha dicho, los genocidios son “reorganizadores”. Es decir rediseñan la sociedad en beneficios de algunos y para ello es necesario el exterminio de muchos. De ese modo, Julio Argentino Roca masacró a los pueblos originarios, para quitarles sus territorios y dar nacimiento a oligarcas que se adueñaron de éste sustento del nuevo poder. En ese diseño “no encajaban” los originarios. De la misma manera, la tiranía cívico militar no hubiese podido sentar las bases del neoliberalismo y aniquiló a los militantes que “no encajaban”, dirigiendo los sindicatos, universidades, fábricas o alzados en armas por otra sociedad.
Ya en la etapa, dizque constitucional, el genocidio de lxs pibxs del pobrerío y/o rebeldes tiene distintas características, pero la misma esencia. Se trata de un genocidio ya no para “reorganizar” sino para “mantener” la inequidad lograda: Ellxs “no encajan”, son población sobrante y perturbadora. Entonces hubo que elaborar una política represiva “ad hoc” para evitar su rebelión y su organización. Es un genocidio de “mantenimiento del nuevo orden”. La batería represiva incluyó desde el plomo hasta el “paco”, para expandir el terror y así extinguir a algunos y disciplinar o neutralizar a los otros.
EL ESTADO TERRORISTA
Resulta claro que el estado terrorista no terminó en diciembre de 1983. Si bien allí comenzaron a funcionar las instituciones de la llamada “democracia”, la ferocidad implacable, legal e ilegal, continuó focalizada en la pobreza y los sitios de encierro serían Campos de Concentración Siglo XXI. Sin embargo, el centro de exterminio no está, necesariamente, tras las muros y las rejas. Todo un barrio del pobrerío puede contener las torturas y los homicidios en sus veredas y sus calles, a plena luz del día. Y lo peor del caso, es que buena parte del pueblo prestó y presta consenso a este accionar.
Se sabe, que la coronación de una derrota popular, eso fue la instaración del modelo neoliberal, siempre comporta una sustitución de valores. Es decir la clase subyugada asume como propios los valores de la clase hegemónica a la cual brinda su aplauso. Así, el valor vida fue sustituido en la escala por el llamado, recortadamente, valor “seguridad”. De este modo, resulta más importante la cartera de la dama, el bolsillo del caballero o el celular de ambos, que la vida de un joven.
Un claro ejemplo fue el de David Moreira, 18 años, quien – según se afirmó- robó desde una moto la cartera de una señora en la ciudad de Rosario, en marzo de 2014. Allí, unos 50 vecinos del barrio Azcuénaga lo cazaron, lo lincharon y expandieron a patadas, literalmente, su masa encefálica sobre el asfalto. El joven que lo acompañaba en la moto se entregó a la policía y dijo: “yo estaba con él” y fue condenado. Sin embargo, ni uno solo de los 50 vecinos que asesinaron a David, confesó su crimen. Según el propio Código Penal que se aplica a los más pobres, robar una cartera tiene una pena de uno a seis años de prisión. Y, al asesinato alevoso, por caso 50 a 1, comporta una condena a reclusión perpetua.
Es en estas circunstancias donde se advierte, con creces, la derrota moral, axiológica, cultural que se expandió en los ’90. Ningún fiscal o juez investigó a los matadores, ningún miembro de los partidos mayoritarios alzó su voz tal y como debe hacerse, y el mundo siguió andando porque la vida de los más vulnerables carece de importancia para quienes timonean el despojo.
“META BALA”
Como se recordará, sobre finales de los ’90, Carlos Ruckauf, ministro de Isabel Perón, vice presidente de Carlos Menem y luego gobernador bonaerense, proclamó que había que “meter bala” a los delincuentes. Así, el estímulo fue bien recibido por los efectivos que pusieron más empeño a la tarea. Las balas continuaron para los pibes desfavorecidos por el régimen y también para los rebeldes que enfrentaron las circunstancias. El caso emblemático de aquellos años, ya en 2002, fue el asesinato de Maximiliano kosteki y Darío Santillán ambos militantes políticos y sociales, quienes sucumbieron en la “Masacre de Avellaneda”, durante un reclamo popular.
Luego de que el entonces jefe de Gabinete, Alfredo Atanasoff dijera: “Si cruzan el Puente Pueyrredón será una declaración de guerra”, la cacería tuvo por un lado a piqueteros con palos y, por el otro, a las fuerzas represivas con balas de plomo. La “Guerra”, fue comandada, entre otros, por el presidente Eduardo Duhalde; el gobernador Felipe Solá; el ex secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández; y el ex secretario de Seguridad Interior, Juan José Álvarez.
En este caso, la lucha popular que entre otros encabezaron Alberto Santillán y Vanina Kosteki envió a prisión a los asesinos materiales: el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta. Sin embargo, todos los responsables políticos permanecen impunes y reciclados. Nadie relacionó estos dos crímenes como parte del genocidio en marcha.
ALIANZA PARA MATAR
Antes del gobierno del “piloto de tormentas”, Eduardo Duhalde, asumió el Gobierno Fernando de la Rúa en la Alianza que llevó como vice presidente a Carlos “Chacho” Álvarez, proclamado de la “izquierda peronista”, “progresista”. A los 7 días del comienzo de su gestión,el 17 de diciembre de 1999, la Alianza reprimió al pueblo correntino que llevaba 7 meses de “aguante” en las plazas y varios sin percibir haberes. Tras el desalojo violento del Puente General Manuel Belgrano que une Chacho y Corrientes, la Gendarmería asesinó a Mauro Ojeda y a Francisco Escobar – dos jóvenes humildes – y dejó decenas de herido de bala. Corrientes anticipó el “Argentinazo” del 2001 que puso en cuestión la gobernabilidad.
A su vez, el genocida de la dictadura Domingo Cavallo regresó al ministerio de Economía generando una de las peores crisis económica y social, sobre finales de 2001. De ese modo, ente el 19 y 20 de diciembre 39 personas fueron acribilladas por las fuerzas de Seguridad en diversas provincias argentinas.
El mismo De la Rúa, revelaría por Canal Encuentro que si Cavallo fue su ministro obedeció a una solicitud de su vice, quien nunca desmintió a su jefe. También trascendió que ante la multitud que protestaba en la Plaza de Mayo, el peronismo le exigió a De la Rúa el “desalojo” del centro político del país para hacerse cargo del nuevo gobierno. Y De la Rúa cumplió, concretando así un pésimo debut y una peor despedida.
¿PENA DE MUERTE U HOMICIOS POLICIALES?
En la Argentina no existe la pena de muerte legal. En los países donde sí se aplica este engendro, siempre hay una tribunal, un juez, una instancia del estado que firma y ordena las ejecuciones y las historia habrá de juzgarlos. El hecho, aberrante de por sí, puede ser más taimado en la Argentina. Porque lo que ocurre en nuestro país son lisa y llanamente ejecuciones sumarias, sin legalidad burguesa alguna, son claros homicidios policiales que por su masividad, permanencia y alcances constituyen parte sustantiva del genocidio encubierto.
TODOS LOS JUECES DEL FUERO PENAL SON DELINCUENTES
Salvo, puntuales excepciones, los magistrados que conforman del fuero penal infringen la ley en cada uno de sus fallos, delinquen sin que nadie los asocie con el delito. Ninguna de las cárceles del país está en condiciones de albergar a seres humanos según lo manda la Ley, que sostiene que serán sanas y limpias, no para castigo sino para resguardo, reinserción y otros cuentos chinos, del apresado. Sin embargo, a sabiendas, cada juez envía a seres humanos a estos campos de devastación humana donde la tortura se perpetra cotidianamente sobre lxs detenidxs y sus familiares, donde se mata un presx a palos, picana, facazos, hambre, suicidios inducidos o fraguados, las llamadas “muertes en contexto de incendio” o por enfermedades desatendidas. Es decir que, con nitidez, la pata judicial forma parte necesaria del genocidio en cuestión. Por su parte, fue el propio juez del Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, quien afirmó:“El mayor asesino serial es el Estado”.
CAMPEÓN VERBAL DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Precisamente en la etapa gestionada por el kirchnerimo, la razón le asistió con creces al magistrado: 3070 asesinados por gatillo fácil o tortura en los sitios de encierro, 70 desapariciones – datos de Correpi-, y varios cientos de presos por luchar – datos de la Gremial de Abogadas y Abogados de la Argentina-, crecimiento exponencial de pobres en el encierro -dato Agencia Rodolfo Walsh -, convirtieron a este gobierno en el que mayor cantidad de casos tuvo. No solo superó a cada uno de los gobiernos anteriores, sino a todos en conjunto con 3070, al menos, vidas sesgadas hasta diciembre de 2015. Recuérdese que los datos de Correpi son recolectados, con esfuerzo, de los medios de todo el país y a través de la denuncia de los familiares. Como se sabe, los medios no publican todos los crímenes y, por distintas razones, no todos lo familiares denuncian. O sea que la cifra fue aún mucho mayor durante el gobierno campeón verbal de la defensa de los derechos humanos. Los casos emblemáticos de Luciano Arruga, Daniel Solano y Julio López, son solo algunos de los que la lucha familiar y popular rompió el cerco informático.
Cabe destacar que mientras la entonces presidenta Cristina Fernández aseguró en 2012 “tenemos un Servicio Penitenciario ejemplar” – en referencia al Federal, en ese año estos grises ejemplares asesinaron a Florencia “La China” Cuellar, novena chica liquidada en la cárcel de Ezeiza entre 2009 y 2012. Por esos años, un ser privado de libertad moría cada 37 horas según una medición del boletín Para la Libertad, de la Agencia Rodolfo Walsh, nunca desmentida.
Asimismo, en 2004 se sancionaron las mal llamadas y represivas “Leyes Blumberg”, ya que el ex ingeniero no era legislador y ambas cámaras del Congreso -que también votaron la Ley Antiterrorista a libro cerrado por exigencia de Estados Unidos, tenían mayoría kirchnerista entre sus miembros.
Por si quedara dudas, por entonces, el fiscal Abel Córdoba -hombre del proyecto kirchnerista -, expresó luego de una de sus inspecciones a las cárceles que los detenidos vivían en condiciones “infrazoológicas”. A la vez, Córdoba enfatizó a esta agencia que era imposible que un juez de clase media acomodada, le diera entidad humana a un/una joven morochx y pobre.
Como puede apreciarse, sin esfuerzos, la matanza continuó ascendiendo con cada gobierno “democrático”. Y solo basta escuchar a los partidos con posibilidades de ganar la elección, en las campañas, que compiten a ver quién va a aplicar la mano más dura. En sí, la promesa de más muertos y más presos garantiza votos, pero al mismo tiempo provee mayores delitos toda vez que son, precisamente, las fuerzas de Seguridad quienes los regentean en todo el país.
También fue mérito de la gestión K, entre otras, haber desplegado la Gendarmería y la Prefectura a cumplir funciones policiales o sea de control social en el territorio. Con lo cual, la Argentina pasó en 2015 a ser principalísimo país con mayor tasa de policiación (policías por habitantes) en el planeta, de acuerdo a la destacada socióloga Alcira Daroqui quien brindó el dato a esta agencia basado en un informe de la ONU.
EL FASCISMO AL DESNUDO
Con la llegada del Cambiemos, el fascismo al desnudo arribó al gobierno del país, encabezado por el empresario y conspicuo ladrón de los dineros públicos – a través del Grupo Socma-, Mauricio Macri. En la continuidad del genocidio encubierto lo secunda la ministra de Seguridad Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Ambos establecieron variantes significativas: los fusilamientos – documentados – pasaron de 28 a 23 horas y, contrariamente a sus predecesores que se desligaban del tema, por caso acudiendo al dudoso concepto de “violencia institucional”, pasaron a celebrar las muertes y condecorar a los matadores, recibiéndolos en la Rosada.
Eso sucedió luego de que el policía de Avellaneda matara por la espalda al joven Pablo Kukoc, quien huía a la carrera sin representar un peligro para nadie. El aliento que el gesto brindó a lxs miembrxs de las fuerzas de Seguridad se vio incrementado copiosamente. Y desde el inicio mismo de la gestión, el dolor fue aún mayor en las barriadas y, singularmente, buena parte del pueblo respaldó esta política, derrota axiológica mediante, incluso las represiones a las manifestaciones de reclamos populares.
La construcción del enemigo interno, siguió teniendo rostro moreno y pobre, aunque públicamente también se definiría al pueblo mapuche como principalísimo blanco elegido. Es esa dinámica de la lucha de clases en la Argentina, que Gendarmería asesinó al anarquista Santiago Maldonado y al mapuche Rafael Nahuel, en una “guerra” de piedras contra balas de plomo.
También durante la Era Macri, la tierna gobernadora María Eugenia Vidal sería junto a Cristian Ritondo, su ministro de Seguridad, responsable de la peor masacre en toda la historia de la policía bonaerense. El 2 de marzo de 2017 en la ex comisaría 1° de Pergamino, fueron asesinados 7 jóvenes que se hallaban detenidos bajo custodia del estado que debió garantizar su vida y su integridad. Una parte de ellos tenía problemas de adicciones, pero el Estado no respondió con contención psicológica u otras formas de salud. Acudió al fuego y al monóxido de carbono para su exterminio.
A la vez, recientemente, Macri decretó la intervención de las Fuerzas Armadas en temas de Seguridad interior que, traducido al criollo o al mapundungun (lengua mapuche), significa licencia para matar.
En el decreto del mandatario argentino se establecen “normas de comportamiento” que deberán observar los efectivos militares en todos los operativos en los que tomen parte. A la vez declara secretas esas normas de comportamiento, justificado por “secreto militar”. Además, en la redacción de estas “normas de comportamiento” se ha atendido en forma muy especial a cubrir las eventuales responsabilidades judiciales que puedan involucrar a un efectivo militar por obrar con un supuesto “exceso en el cumplimiento del deber” pero atendiendo asimismo a la necesidad del militar de no ver limitado su derecho a la “legítima defensa”. O sea, lisa y llanamente la impunidad anticipada.
Como puede verse, desde el poder hay una voluntad de exterminio a los vulnerables, una guerra desigual que se libra en las calles, los tribunales y esencialmente en los medios formadores de pensamiento y acción.
¿CUÁNTOS POBRES TIENEN QUE MORIR?
Una discusión en la llamada “brecha” afirma que serán muchos más los muertos en la gestión macrista que en la kirchnerista. Y es cierto. Tan cierto como que los luchadores no vinimos a este mundo a decir a cuántos pobres hay que matar: Nadie debe morir asesinado por el Estado. Y es tarea de los militantes luchar por este concepto-bandera y no hacer ecuaciones aritméticas de una supuesta “mortalidad inevitable”.
Si estas líneas despertaran la reacción de quienes no las comparten, cabe recordar que si lxs chicxs vivieran, que si el Estado no los hubiese asesinado, entonces jamás las hubiésemos escrito.
A LA LUCHA
Las mujeres, las familias, que marcharán este lunes son la cara visible y desencajada del genocidio encubierto. En ellas reside un valor infinito por el que vencieron la locura y la impotencia, no así el dolor. Aunque saben de sobra que no puede haber justicia completa para su caso. Porque esto sería regresar a la vida al hijx masacrado. Y ya “su caso” pasó a ser colectivo, cada uno de los crímenes es tomado por todas. Algo cercano a la justicia, sí sería detener la matanza. Poco a poco, desgarradas, van aprehendiendo que no puede lograrse el objetivo en este sistema, quedó harto demostrado que cada gobierno superó en atrocidad al anterior. Así, ellas están luchando por otros hijos, incluso por aquellos cuyos padres apoyan o ignoran el genocidio encubierto. Su grandeza es gigantesca. Lo sepan o no, están batallando por otra sociedad. En cada diálogo con el hijo lo traen a este presente. En cada mural pintado, en cada reunión y en cada acción sienten que el hijo vive y las acompaña. Aún después de partir, ellxs están para que otrxs pibxs vivan. En esta iniciativa no se dirigen solo a la Casa de Gobierno o hacia otras sedes del poder, aunque así lo parezca. Sus pasos marchan, firmes, hacia un futuro tan digno como el rugido de sus gargantas y el sudor que emanan sus cuerpos en rebeldía. Que así sea
Nos dice Zibechi: "en América Latina los movimientos van arraigando en territorios, y esta «territorialización» es una seña de identidad muy diferenciadora. En todos estos espacios, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, el zapatismo o los mapuches van creando nuevas sociedades, que incluyen producción, salud y en algunos casos órganos de poder no estatales".

 Entrevista al periodista y escritor Raúl Zibechi,
autor de “Movimientos sociales en América Latina” (Zambra-Baladre)
Movimientos sociales 
en América Latina,
un nuevo ciclo de luchas
31 de agosto de 2018
 
Por Enric Llopis (Rebelión)
El Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) de Brasil impulsó en Septiembre de 2017 la ocupación de Povo Sem Medo, en Sao Bernardo do Campo (Sao Paulo), que reivindicaba el derecho a la vivienda para familias con escasos recursos. El campamento se organizó con tiendas y barracas de plástico en los terrenos -60.000 metros cuadrados, abandonados desde hace cuatro décadas- de una constructora. Diversas fuentes calcularon la presencia de más de 30.000 personas en el asentamiento.
 
El periodista e investigador Raúl Zibechi (Montevideo, 1952) resalta esta ocupación como ejemplo del empuje popular en América Latina. Autor de una veintena de libros –“Descolonizar la rebeldía”, “Latiendo resistencia” o “Cambiar el mundo desde arriba”, entre otros- acaba de publicar en la editorial Zambra-Baladre “Movimientos sociales en América Latina. El ‘mundo otro” en movimiento”. “He optado por editoriales pequeñas, con el fin de tejer una red de amigos y compañeros; escribo además para la gente común, no para las grandes editoriales”, afirma. Zibechi colabora actualmente en los periódicos La Jornada de México, Brecha de Uruguay, Gara y la agencia de noticias Sputnik. En el prólogo de su último libro recuerda las 400 fábricas recuperadas en Argentina, los 12.000 acueductos comunitarios que funcionan en Colombia o los más de 2.000 “emprendimientos” sostenibles promovidos por colectivos populares en México, el doble que hace una década.
-Tu último libro revisa un texto publicado en 2003, “Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos” (Observatorio Social de América Latina, CLACSO). Sostienes que, tras la victoria electoral de Hugo Chávez (1998) seguida por otras como la de Evo Morales (2005), “la estabilización progresista permitió que los estados pusieran en pie políticas sociales que desintegraron, debilitaron o cooptaron a no pocos colectivos”. ¿Nos hallamos ante una etapa nueva en la batalla de los movimientos sociales?
Me gustaría que se tratara de un nuevo ciclo de luchas; creo que lo es, aunque tal vez dentro de una década afirme que me equivoqué; la primera característica del ciclo es que nace bajo el modelo “extractivista”, con una enorme especulación inmobiliaria, una terrible acumulación por despojo, la presencia de los monocultivos de soja y la minería a cielo abierto. Después el modelo se estancó con la caída de los precios de las materias primas. Es además la etapa de los gobiernos “progresistas”, en gran medida porque estos mejoraron la situación de los pobres, pero no realizaron cambios estructurales. Un segundo rasgo es la gran participación de jóvenes de los sectores populares y de las mujeres. Por ejemplo, en Brasil es el Movimiento Pase Libre, por el transporte público gratuito, el que en junio de 2013 desencadena las luchas. En tercer lugar, comienzan a terciar sujetos colectivos que habían estado en una actitud más tranquila, como los negros y los sectores más sumergidos en el mundo del trabajo, las favelas, palenques y quilombos; sobre todo en Brasil, Colombia y el Caribe. En Brasil hubo, en marzo de 2014, una huelga de los recogedores de basura –negros, pobres y jóvenes- durante el carnaval de Río de Janeiro. Una cuarta característica es la profundización en la idea de autonomía.
-¿Podría fijarse una fecha para esta nueva fase de las luchas sociales, por ejemplo en Perú, la resistencia popular contra el proyecto minero Conga en el departamento de Cajamarca, a partir de 2012? 
En Brasil, a partir de las jornadas de junio de 2013 en plena Copa de Confederaciones de fútbol, se manifestaron 20 millones de personas en 353 ciudades; tras la represión, la izquierda se paraliza, la derecha aprovecha para subirse al “carro” de las movilizaciones y tomar la calle. Pero en Bolivia el punto de inicio se situaría en 2011, con la Marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), donde el Gobierno Nacional proyectaba construir una carretera que atravesara este espacio protegido. En Argentina el punto de partida es la ocupación del Parque Iberoamericano de Buenos Aires, en 2010, durante la presidencia de Cristina Kirchner; sectores populares urbanos se movilizaron en este enorme parque por el derecho a la vivienda y contra la insuficiencia de las políticas sociales.
-¿Prefieres la idea de “movimiento social” o el de “sociedades ‘otras’ en movimiento” para el caso específico de América Latina? Mencionas en el libro, entre otras, la población de Cherán (Michoacán de Ocampo, México), que volvió a sistemas de organización p’urhépechas cuando se levantó en 2011 contra las mafias que arrasaban los montes comunales.
El concepto de “movimiento social”, que es muy útil, surge en Europa y Norteamérica para explicar la emergencia en los años 60 del siglo XX de movimientos como el de mujeres, la lucha en Estados Unidos por los derechos civiles, contra la OTAN, por el pacifismo y el ecologismo; todos exigen a los estados ciertos derechos. Sin embargo, en América Latina los movimientos van arraigando en territorios, y esta “territorialización” es una seña de identidad muy diferenciadora. En todos estos espacios, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, el zapatismo o los mapuches van creando nuevas sociedades, que incluyen producción, salud y en algunos casos órganos de poder no estatales, como las Juntas de Buen Gobierno del zapatismo, que es el caso más conocido y desarrollado; el ejemplo zapatista destaca por las centenares de comunidades agrupadas en más de 30 municipios en cinco regiones, con escuelas, clínicas y hasta cultivos sin agroquímicos; otro caso es el de los cabildos indígenas de la población nasa, en los resguardos del sur de Colombia. A una escala distinta, el MST ha recuperado cerca de 25 millones de hectáreas de los hacendados; ha impulsado 5.000 asentamientos, donde viven dos millones de personas, y donde hay 1.500 escuelas así como cooperativas de producción y distribución en ferias.
-¿Por qué subrayas que estas sociedades “otras” necesitan movilizarse e incluso cambiarse a sí mismas?, Así ocurrió con los pueblos de las tierras bajas de Bolivia, que tras un proceso de unificación en asambleas y reconstitución de sus territorios, iniciado en los años 80 del pasado siglo, acabaron participando decisivamente en la Marcha en Defensa del TIPNIS (2011).
Porque de lo contrario estos territorios, que son como islas, quedan cercados y terminan siendo ahogados y reprimidos por el Capital. Necesitan luchar y vincularse con otros, expandirse para sobrevivir. Un ejemplo es el levantamiento en junio de 2009 de los indígenas wampis y awajún en Baguá, en la selva amazónica peruana; ocho años después de los enfrentamientos con la policía armada, que terminaron con centenares de muertos, más de 80 comunidades wampis proclamaron su autogobierno para defender 1,3 millones de hectáreas de bosque de las multinacionales. Otro caso es el de los nasa, que tenían durante mucho tiempo un espacio consolidado en el departamento colombiano del Cauca; en octubre de 2008 unos 10.000 indígenas iniciaron la Minga Social y Comunitaria, que pasó por ciudades como Cali y terminó en Bogotá. Durante el recorrido se sumaron cortadores de caña, negros, estudiantes y otros colectivos urbanos; tras esta gran marcha, en 2010, se fundó el Congreso de los Pueblos, que reúne a numerosos movimientos populares.
-También te refieres a la Educación Popular “en movimiento”, con dos grandes modelos: el desarrollado por el EZLN zapatista y el del MST brasileño…
El MST parte de la educación popular de Paulo Freire. En los asentamientos de los “sin tierra” la profundizan y desarrollan hasta llegar a la “pedagogía de la tierra”, que básicamente podría definirse como “transformarse transformando”; así, tanto el movimiento como los sujetos del movimiento se transforman haciendo, y en las 1.500 escuelas aplican una pedagogía que busca enraizar al sujeto campesino en la tierra. A su vez trabajan la relación entre el docente y los alumnos, de modo que no sea tan vertical y sí más participativa. Esto se da sobre todo en la educación de adultos, donde se busca un método pedagógico en el que el papel del maestro sea más circular y todos se conviertan en sujetos evaluadores. También han desarrollado un concepto que para mí es muy importante: transformar el movimiento -en todos sus tiempos y espacios- en tiempos y espacios pedagógicos. Todo lo que se haga ha de tener un contenido y un resultado pedagógico; si participamos en una campaña de lucha o acciones, tiene que haber servido también para discutir la realidad y empoderar a la gente.
-En “Movimientos sociales en América Latina” citas otras experiencias como la Red Cecosesola, fundada hace 50 años en el estado venezolano de Lara. “Nuestro proceso educativo está presente en todo lo que hacemos”, afirman. En las cooperativas agrícolas, de salud, ahorro y préstamo o producción industrial en pequeña escala de Cecosesola participan 20.000 socios y más de 50 organizaciones populares.
Quisiera destacar también los Bachilleratos Populares de Argentina. Surgieron en la primera década de los años 2000 sobre los territorios y espacios del movimiento piquetero, y funcionan en fábricas recuperadas por los trabajadores, sindicatos y organizaciones territoriales de barrios populares. La gente, ya adulta, que no ha terminado la enseñanza secundaria acude a los bachilleratos y estudia el periodo que les falta; funcionan como espacios “en movimiento”, y hay ya más de un centenar en Argentina, sobre todo en las ciudades. Los bachilleratos organizan una gran asamblea inicial, donde colectivamente se empieza a trabajar la currícula, que no es la del Estado, sino la que definen los colectivos, docentes y estudiantes. A partir de esa currícula, comienzan los tres años de formación, que terminan con avances en el terreno pedagógico, la adquisición de conocimientos, logrando hablar en público y con estudiantes que son militantes e incluso líderes de los movimientos. Esta pedagogía tiene relación con la de Paulo Freire, echa raíces en la realidad concreta y está dirigida a hombres y mujeres de los barrios muy pobres.
-Has estado en diferentes ocasiones en Chiapas y conocido la “Escuelita” Zapatista. “Frente al modo occidental y académico, abstracto y general, los zapatistas de las bases de apoyo tienen la virtud de lo concreto y la sencillez de la exposición”, concluyes en el libro. Asimismo el pensamiento crítico del EZLN, que surge de la praxis cotidiana en las bases de apoyo, se reproduce en centenares de escuelas.
Los zapatistas tienen una particularidad. Es la comunidad en asamblea la que elige quiénes van a ser los docentes, y no porque alguien tenga mayor o menor capacidad, sino porque le toca. Además los docentes, que no perciben un salario, tienen que dedicarse por tiempo completo a sus alumnos y les sostiene la comunidad, que por ejemplo les cultiva la milpa. Hay una diferencia clara entre las escuelas del estado y las zapatistas. Es más, en algunas regiones, cuando el zapatismo empezó a instalar “secundarias” o “primarias”, el Estado también las implantó –cuando antes no las había- para contrarrestar las escuelas zapatistas. En éstas los padres colaboran, los alumnos y docentes limpian la escuela, de hecho la gestionan conjuntamente; mientras que en las escuelas estatales el docente es un mestizo o blanco llegado de la ciudad en coche, en las zapatistas son gente de la misma comunidad.
-Algunos de los pensadores recuperados son, entre otros muchos, el filósofo y psiquiatra de la isla de Martinica, Frantz Fanon, y el filósofo y antropólogo argentino Rodolfo Kusch. ¿Por qué propones una ruptura epistemológica frente al eurocentrismo y defiendes los pensamientos “propios” de los pueblos indios, negros y los sectores populares? ¿Hay en América Latina una dependencia de los patrones –de hacer y pensar- europeos y estadounidenses?
Sí, sobre todo en las academias y universidades. Los autores, la forma de trabajo y estudio, el papel de los estudiantes y universidades es muy eurocéntrico. Así, para el estudio de los movimientos sociales se apela a autores a los que aprecio mucho, como Marx, Foucault, Alain Touraine o Sidney Tarrow; ahí está, por tanto, la necesidad que tienen los movimientos de buscar en sus tradiciones otra pedagogía; ahí es donde hablo de una ruptura epistemológica. En el libro explico la experiencia de la Comunidad de Historia Mapuche. Nace en 2004 en Temuco, al sur de Chile. La mayoría de los 23 integrantes de la Comunidad provienen de La Universidad de La Frontera, en la ciudad de Temuco. Se trata de profesores universitarios y “secundarios”, trabajadores sociales, periodistas, artistas y escritores; algunos viven en comunidades y muchos se definen como activistas de las organizaciones mapuches. También acompañan procesos judiciales contra detenidos políticos, procesos de defensa territorial contra el extractivismo y forman parte de la lucha por la revitalización del mapudungun (lengua mapuche). Han sacado a la luz episodios que estaban en la oscuridad, como la muestra en 1883 de un grupo de 14 mapuches en un zoológico humano –el jardín de Aclimatación de París-, donde eran estudiados por su “rareza”; o las derrotas que las comunidades infligieron a los conquistadores españoles en el siglo XVI.
-Otra idea central es la “descolonización” de los métodos de investigación y oponerse a la hegemonía de los especialistas. En este punto destacan iniciativas como el Taller de Historia Oral Andina (THOA). ¿En qué consiste?
Es una experiencia dirigida por la antropóloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, quien destaca la necesidad de “un ejercicio colectivo de desalienación” y, para ello, resulta determinante el papel de la Historia Oral y el de las comunidades. El taller fue creado en 1983, cuando Silvia Rivera era profesora de Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. La condición para formar parte del grupo era saber hablar aymara o quechua. El primer trabajo de los estudiantes consistía en contar la historia de su vida. Entonces se dieron cuenta de que sufrían, además de la represión externa, una autorrepresión muy fuerte respecto a su lengua, cultura y tradiciones, aunque en el proceso de introspección empezaron a liberarse. Se trata de estudiantes de las comunidades aymaras o urbanos –que provienen de las comunidades- ya alfabetizados y que van a la universidad.
Invitados por los ayllus (comunidades), los integrantes del THOA desarrollaron talleres y en las investigaciones se crearon equipos mixtos conducidos por los comuneros de base, con quienes se definieron las metas, tareas y formatos de investigación. La Historia Oral es lo que les permite descubrir, y que las personas subordinadas se conviertan en sujetos. Además son las comunidades en asambleas las que deciden cómo ha de ser la “devolución” de los estudios, en este caso en forma de teleteatros o radionovelas, que fueron escuchados por cientos de miles de personas en las radios del Altiplano. Esta metodología ha permitido difundir la historia de Túpac Katari, que lideró la rebelión aymara de 1781 simultánea a la de Túpac Amaru en lo que hoy es Perú; o la reconstrucción de la biografía de Santos Marka T’ula, cacique que luchó por la recuperación de las tierras comunales. Los talleres han influido en la formación del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), una de las organizaciones indias más relevantes de Bolivia.
-Desde 1986 has recorrido América Latina, sobre todo la región andina, como periodista e investigador “militante”. ¿En qué prejuicios y vicios de perspectiva consideras que incurre el investigador del Norte cuando se acerca a las comunidades indígenas?
Creo que hay un error básico, que consiste en pensar que el investigador sabe y la comunidad no. El segundo es lo que denominamos el “extractivismo” académico, que consiste en ir a las comunidades, “chupar” conocimientos y utilizarlos para la propia carrera institucional o académica, sin devolver nada a la comunidad. La tercera, y me parece fundamental, es que hay que estar en la comunidad, tener vínculos y establecer afectos. No vale con ir de visita media hora con el grabador para sacar información: si no hay relaciones de confianza, nadie te va a contar las cuestiones de fondo, por lo que la información será siempre parcial e incompleta; ahí me parece que existe una reproducción del modelo colonial, que implanta una relación entre los que tienen poder y los que no lo tienen, y muy a menudo entre varones blancos y mujeres, niños y niñas indias, negras y mestizas. Además, te diría que las academias tradicionales tienden a reproducir el modelo colonial sujeto-objeto y a cosificar a los indígenas, los negros y los sectores populares.
-Sin embargo, las escuelas y facultades de periodismo hacen hincapié en la neutralidad, la separación entre información y opinión y la importancia del rigor. ¿Es esto compatible con la militancia?
Creo que hay que ser riguroso, contrastar y ser crítico con las fuentes. Tenemos ejemplos maravillosos de periodistas muy comprometidos que están del lado de los oprimidos, como Eliane Brum, una periodista y escritora brasileña que escribe notas largas en la edición brasileña de El País; o Marcela Turati, reportera de Proceso, en México, también absolutamente comprometida con los sectores populares sin por ello perder la rigurosidad.
-Por otra parte, en el artículo de 2003 afirmabas que comuneros, cocaleros, campesinos Sin Tierra y, cada vez más, desocupados urbanos y piqueteros argentinos trabajan en la construcción de la autonomía. ¿Cómo ha evolucionado, después de 15 años, la idea de “autonomía” en las organizaciones populares?
Creo que en una primera fase de los movimientos, que incluye a los piqueteros argentinos, lo que interpretábamos del zapatismo -aunque ellos no lo planteaban así- y otros, la autonomía se formulaba como un discurso defensivo frente al Estado, los partidos políticos, las iglesias y los sindicatos. Actualmente se camina hacia una autonomía más integral, que implica contar con un territorio, una producción propia en lo posible sin utilización de agroquímicos y, en definitiva, una autonomía que abarque todos los aspectos de la vida. Mientras campesinos e indígenas tienen una amplia experiencia en autonomía alimentaria y prácticas en salud, los sectores populares urbanos han sido despojados de estos saberes. De ahí la importancia de experiencias como, entre otras muchas, la de algunas comunas de Medellín, que consiguieron cierta autonomía en el suministro del agua, la Comunidad Habitacional Acapatzingo, en el Distrito Federal de México; o la experiencia en cultivos de quinua de los vecinos de Potosí, en Ciudad Bolívar (Bogotá). Una autonomía que disponga también de espacios para la resolución de conflictos –eso que llamamos poder o justicia- propios, para no tener que recurrir a la justicia del Estado.
-¿Qué ejemplos resaltarías?
Se tiende a ello en el caso mapuche, con los grupos de autodefensa no formales; y en Colombia, en el movimiento de los pueblos nasa y misak organizados en torno a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); además de sus instancias de justicia y escuelas de formación, los nasa-misak cuentan con una guardia indígena elegida por las comunidades. Cada comunidad nasa elige a diez guardias indígenas durante un año, de modo que son más de 3.000 guardias coordinados por cada resguardo, con mandos propios rotativos y armadas de bastones. Se trata de gente autoorganizada y bajo la vigilancia de los cabildos. Hacen pesar la masa –cantidad de personas- en sus acciones. Han conseguido detener a los paramilitares, al ejército, a las compañías mineras y a las FARC cuando secuestraban indígenas. Y esto porque consideraron que en su territorio no querían la guerra.
-¿Qué lecturas de medios independientes recomendarías a los ciudadanos europeos para informarse, de manera crítica, sobre la realidad latinoamericana?
Por salirnos de los grandes medios como Brecha o La Jornada, destacaría la página web Desinformémonos de México, que está muy vinculada a los movimientos y que dirige la periodista Gloria Muñoz Ramírez; se trata de un periodismo militante y que dispone de muy pocos recursos. Otro ejemplo es Mapuexpress, en relación con el pueblo mapuche. Pero el caso más increíble es el de Argentina. La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA) tiene censadas cerca de 200 revistas culturales, independientes y autogestionadas, en formato papel o digital; estas publicaciones vinculadas al campo popular -por ejemplo Lavaca.org, Barcelona (Periodismo por otros medios), La Tinta (Periodismo hasta mancharse) o Campo Grupal- suman entre cinco y siete millones de visitas mensuales. En estas revistas, en su mayoría cooperativas, trabajan o colaboran a tiempo completo más de 1.500 personas. La comunicación en América Latina se ha multiplicado de manera notable. Muestra de ello son la Red de Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL), fundada en 1967, la tradición de las radios comunitarias en Ecuador o las 10-15 publicaciones del mundo mapuche. El proceso es muy rico, hay infinidad de experiencias que uno no sabía ni que existieran.
Desalambramos y al mismo tiempo, nos territorializamos tendiendo a crear buenos vivires convivires cada vez más extensos y comprensivos. Porque:
"La defensa de los comunes tiene una dimensión fundamental que es su construcción en el presente, o sea desmercantilizar ahora mismo y al máximo el sustento material e inmaterial de nuestras vidas. Obviamente éste no es un proceso individual, es construir comunidad donde el capitalismo nos individualiza".

Construcción del común como zonas autónomas -entrevista a Miriam Nobre-
Publicado: 19 de agosto de 2018

Por Hemisferio Izquierdo

Imagen: Cintia Barenho
Julio 26 del 2018

“Los comunes como práctica tradicional, resistencia en el presente y estrategia hacia al futuro desde el feminismo nos permite otras miradas hacia la enorme cantidad de tiempo, energía y conocimiento que las mujeres dedican al cuidado de la vida”, entrevista a Miriam Nobre*

Hemisferio Izquierdo (HI): ¿Qué debemos entender por bienes comunes y cuál es su relevancia? ¿Lo común y lo público son la misma cosa?

Miriam Nobre (MN): Entendemos por comunes los bienes materiales e inmateriales que en su conjunto no son pasibles de apropiación privada – como son la naturaleza y los conocimientos acumulados por la humanidad – y las prácticas que las comunidades desarrollan para disfrutarlos de manera compartida. Como se dice, no hay común sin comunidad.

La fragmentación y el cercamiento de los comunes de modo de permitir su apropiación privada están en la base de la acumulación capitalista, como lo aprendimos de Karl Marx en “Los debates sobre la Ley acerca del robo de leña”, de Karl Polanyi en “La Grand Transformación” y de Silvia Frederici en “El Calibán y la Bruja”.

El debate actual en torno a los comunes nos permite reconocer que este proceso es continuo: tierras, genes o deseos son recortados, encerrados y privatizados cada día en la sociedad capitalista que es además patriarcal, racista y colonialista. Las formas de apropiación van del robo más cínico como es la falsificación de documentos de tenencia de tierra o la biopiratería, hasta mecanismos más sofisticados como son las patentes por secuenciación del ADN o el ocio apropiado por la industria del entretenimiento.

Los comunes también nos permiten reconocer que las respuestas a las necesidades cotidianas que tenemos como seres humanos de abrigo, alimento, afecto, deseo de trascendencia pueden ser organizadas en otra esfera, que no sea únicamente el Estado, el mercado o la familia. Aunque planteen muy fuerte la necesidad de desprivatizar la vida, los comunes presentan una alternativa al binomio público/privado.

Los comunes como práctica tradicional, resistencia en el presente y estrategia hacia al futuro desde el feminismo nos permite otras miradas hacia la enorme cantidad de tiempo, energía y conocimiento que las mujeres dedican al cuidado de la vida. Sabemos que cuanto más diversos los ecosistemas son más estables, sabemos que el manejo del territorio que realizan las comunidades tradicionales recrean continuamente esta diversidad. Sin embargo, poco hablamos de que en la mayoría de estas comunidades son las mujeres quienes domestican especies, experimentan combinaciones entre especies, guardan e intercambian semillas de plantas y pequeños animales. Mujeres indígenas mayas compartieron un sentimiento común a muchas campesinas, indígenas o de comunidades rurales afrodescendientes: el de que las humillaciones y violencias que golpean a las mujeres en relaciones patriarcales sacan su energía y debilitan su continua labor de defensa de los territorios [1].

Muchas mujeres todos los días se preocupan y trabajan para que las personas bajo su responsabilidad puedan comer de modo sano y con gusto. Esta responsabilidad no es considerada un trabajo o reconocida en su aporte económico, más bien es tratada como una manifestación natural del ser madre y compañera. Todas las veces que las mujeres sacan esta responsabilidad del ámbito privado de la familia y lo comparten en espacios comunes muchas posibilidades se abren. En el ámbito de las ciudades están las experiencias de ollas comunitarias, de huertos urbanos o de compostaje de basura doméstica. Estas experiencias crean espacios de relación que fortalecen a las mujeres y permite a muchas dejar relaciones abusivas, recuperan espacios de la especulación inmobiliaria o de las bandas armadas ilegales o legales, rescatan memorias de gustos y sabores destrozados por la industria alimenticia. Y como el común presupone comunidad también incluye a conflictos y contradicciones. La decisión política compartida de organizar la vida de otra manera renovada en cada nuevo desafío y las alianzas en diferentes niveles crean mejores condiciones para resistir a los intentos de instrumentalización por parte del Estado o del mercado.  

HI: ¿Cómo evaluar el llamado ciclo progresista en América Latina tomando en cuenta su vínculo con los bienes comunes?

MN: Ahora que estamos bajo un contra-ataque de la derecha y de los sectores conservadores podría parecer contraproducente tratar de los vacíos y errores de nuestros gobiernos. Pues me parece justo al contrario. No podemos olvidar que el ciclo progresista aunque ha logrado distribuir ingresos monetarios y reducir la pobreza no ha enfrentado la división internacional del trabajo ni ha cambiado  la estructura de la propiedad – manteniendo o mismo reforzando el poder del agronegocio, de la industria extractiva y de las corporaciones transnacionales en estos sectores. 

 Frente a la premisa de la gobernabilidad y de no que no tendríamos correlación de fuerzas para hacerlo de otra manera, habría que preguntarnos qué podemos hacer ahora no sólo para resistir, sino también para proyectar otro campo de posibilidades. La premisa es por lo tanto reconocer que está puesto un conflicto capital X vida y que no se trata de administrarlo, sino de enfocar en la sustentabilidad de la vida sin temor a que el conflicto se visibilice.

Habría mucho que hacer en cuanto a los derechos de uso y propiedad sobre los territorios (tierra, agua, biodiversidad) por las comunidades tradicionales (indígenas, afrodescendientes, …) y como esto se maneja a servicio de los pueblos. Además se esperaba acciones más fuertes para desconcentrar la propiedad y uso de la tierra en el campo y en la ciudad, que contradictoriamente en este ciclo progresista pasaron por procesos de acaparamiento, como han sido la incorporación de extensas áreas al monocultivo de agrocombustibles o los procesos de gentrificación acelerados por grandes eventos deportivos.

Está también la timidez de nuestros gobiernos en acciones para compartir espacios en las ondas electromagnéticas con radios comunitarias, implantar redes de comunicación comunitarias, expandir el uso y creación de software sin propietarios. En este ciclo poco resistimos a la expansión de la internet controlada por las corporaciones y la telefonía celular se ha difundido pegada a una red social privada, el Facebook (que además, por medio de algoritmos direcciona mensajes que terminan por moldear nuestras subjetividades y nuestras manifestaciones).

El cuidado de las niñas y niños y personas mayores ha sido muy poco considerado en la agenda de los gobiernos progresistas. En general el cuidado ha sido tomado en la clave de la conciliación asumida por las mujeres en sus familias extendidas. La transferencia directa de ingresos monetarios en muchos casos ha aliviado las condiciones en que las mujeres pobres ya se ocupan del cuidado y en algunos países se ha dado el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas. Sin embargo, perdimos la posibilidad de avanzar en procesos colectivos que cambien paradigmas. Por ejemplo, el paradigma de que el cuidado de las niñas y niños es trabajo femenino y mal remunerado, que las casas de acogida de personas mayores no logren permitirles seguir desarrollándose como personas, o que la familia nuclear sea el espacio por excelencia de la socialización de las personas. En realidad el cuidado como común no ha estado en la agenda de buena parte de los movimientos sociales.

HI: ¿Qué desafíos organizativos y programáticos tiene una izquierda que tome la defensa de los bienes comunes como bandera? ¿Es posible avanzar hacia un programa que desmercantilice los mismos?

La defensa de los comunes tiene una dimensión fundamental que es su construcción en el presente, o sea desmercantilizar ahora mismo y al máximo el sustento material e inmaterial de nuestras vidas. Obviamente éste no es un proceso individual, es construir comunidad donde el capitalismo nos individualiza.

Pero, ¿cómo es construir comunidades donde las y los individuos puedan manifestarse como son, con sus deseos e inquietudes? Aunque necesitamos un mayor rescate de experiencias y reflexiones, los estudios que tratan del respeto a los derechos de las mujeres por los sistemas de justicia comunitaria – reglamentos de los comunes por comunidades tradicionales – no son muy animadores. Además la socialización de las mujeres hacia responder las expectativas de los otros hace que muchas veces su capacidad de sostener procesos colectivos se dé a costo de una sobrecarga y un permanente sacrificio de sus propias prioridades. Sin contar que mismo entre las mujeres hay diferencias, las mujeres negras e indígenas cuidan más que las mujeres blancas, sobre todo las de mayor ingreso. De hecho el trabajo de cuidado realizado por las mujeres pobres, negras e indígenas crean las condiciones para que algunas mujeres ocupen espacios en la sociedad tal como está hoy organizada. Así que un desafío es reconocer que nosotros seres humanos somos intrínsecamente vulnerables, necesitamos de cuidado en varias etapas de nuestras vidas y que compartir el cuidado de forma equilibrada entre todas y todos es un tema político y urgente. Puede ayudarnos tomar el cuidado como un común.

Otro tema es que en la resistencia a los megaproyectos y corporaciones que atacan a los comunes crece la estrategia de organizar a las comunidades como sujetos políticos por la identidad de “afectadas”. Esto ha permitido una visión más profundizada del impacto. Por ejemplo, en el caso de la siderúrgica TKCSA en Río de Janeiro, implicar a las mujeres como sujeto ha creado espacios para que relatasen la tensión, dado las constantes lluvias de partículas que les demandaba limpiar la casa y volver a lavar platos y ropas, además de la sensación de impotencia frente al riesgo de contaminación de sus niñas y niños [2]. Lo mismo nos han relatado mujeres indígenas que tienen sus aldeas afectadas por la pulverización aérea de agrotóxicos. Habría que seguir identificando lo que hay de común entre diferentes ataques y de diferentes corporaciones en espacios de alianza de movimientos sociales que se constituyen por identidades múltiples. Por lo tanto, estos espacios de alianza deben estar abiertos a entender las formas “sutiles” de afectación que son como fronteras invisibles de la desposesión.

Los movimientos, o mismo parte de las y los activistas de un movimiento, que ponen su energía en la construcción del común lo construyen como zonas autónomas o zonas liberadas y tienden a un distanciamiento en relación al Estado. Al mismo tiempo las y los activistas que enfocan el Estado están bajo el riesgo de organizar sus análisis y expectativas en los límites de las instituciones y de la correlación de fuerzas dada.

El desafío es una articulación entre estas experiencias que pueda alargar las posibilidades concretas de establecer comunes por la movilización de los recursos bajo administración del Estado y por una reorientación de las políticas que tenga en el horizonte la superación del conflicto capital X vida.

* Miriam Nobre es activista de la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) en Brasil. Fue coordinadora del secretariado internacional de la MMM entre 2006 y 2013. Integra el equipo técnico de SOF-Sempreviva Organização Feminista y el Grupo de trabajo de mujeres de la ANA – Articulación Nacional de Agroecología.

[1] Korol, Claudia (org.). Feminismos populares. Pedagogías y Políticas. Buenos Aires: El Colectivo, 2018.

[2] http://www.paretkcsa.org

Fuente original: https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2018/07/26/Los-comunes-como-pr%C3%A1ctica-tradicional-resistencia-en-el-presente-y-estrategia-hacia-al-futuro-desde-el-feminismo-nos-permite-otras-miradas-hacia-la-enorme-cantidad-de-tiempo-energ%C3%ADa-y-conocimiento-que-las-mujeres-dedican-al-cuidado-de-la-vida-entrevista-a-Miriam-Nobre
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