Romper con ese círculo
vicioso de
la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales
desafía, abajo y a la izquierda,
a
desbloquear política e ideológicamente
a nuestro poder basado en la unión de nuestras luchas por
la vida y la dignidad de los
pueblos.
Nos exige, en principio, facilitar la
independencia integral
de las diversidades de abajo respecto al PJ. Implica poner fin a la
conciliación con les opresores y a su impunidad así como a la de las
dirigencias políticas y sindicales de los partidos de estado (PJ y UCR).
Tomaremos ese rumbo
aprendiendo de otros países ya que enfrentamos al capitalismo
mundial y lo derrotaremos por internacionalismo revolucionario. Ante los
aparatos corporativos del PJ tanto los sindicales como los territoriales encontraremos
ciertos principios ineludibles para derrotarlos examinando los planteos de:
Declaración de la Coordinadora Socialista Revolucionaria
Nuevos retos y
perspectivas del
movimiento obrero mexicano
21 de mayo de 2019
Rebelión
“El proletariado, para ser capaz
de gobernar como clase, debe despojarse de cualquier residuo corporativo, de
todo prejuicio o incrustación sindicalista”
Antonio Gramsci
La
conmemoración del 1 de mayo de 2019 se ha realizado en medio de un proceso de
recomposición de la lucha de la clase trabajadora, de nuevos esfuerzos de
articulación del sindicalismo independiente y de una reciente reforma laboral
que abre importantes oportunidades para enfrentar al charrismo sindical y
construir organizaciones sindicales auténticas.
La aplastante derrota electoral de los partidos de la derecha, PRI y PAN -que auspiciaron y protegieron la existencia de un aparato corporativo burocrático que mantuvo oprimida y maniatada a la clase trabajadora a lo largo de casi 80 años-, ha generado mayor confianza en la clase trabajadora para destruir a ese aparato, democratizar sus organizaciones sindicales y alcanzar mejores condiciones de vida y de trabajo. Esa es la razón que explica el histórico triunfo de las 96 huelgas de la maquila en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, a principios de año; del repunte de huelgas del sindicalismo universitario, de disputas por la titularidad de contratos colectivos o la formación de corrientes sindicales disidentes en gremios tan importantes como el petrolero, seguro social, la educación, entre otros.
Después de muchos años de no hacerlo, la plaza del Zócalo de la Ciudad de México
se vio nuevamente desbordada por contingentes del sindicalismo independiente de
la Nueva Central de Trabajadores (NCT), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT)
y del Sindicato Minero. Grandes movilizaciones también se realizaron en otras
entidades de la república en donde también participaron contingentes de la
combativa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE),
corriente democrática al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE).
Ese
mismo día fue promulgada una nueva Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del
artículo 123 constitucional, que contiene medidas progresivas, por lo menos en
el papel, que otorga a los trabajadores mayores recursos legales para disputar
al charrismo la representación sindical; la obligación del voto universal,
directo y secreto; crear nuevas organizaciones sindicales; impedir la formación
de sindicatos de protección patronal (blancos); consultar a la base para aprobar
la firma de los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT); acceder a su registro
público y de las organizaciones sindicales; obligar a los patrones a cotizar al
Seguro Social con el salario real de los trabajadores y entregar a cada
trabajador ejemplares de los CCT y sus modificaciones, entre otras cosas.
Estos avances son viejas demandas por las cuales ha luchado el sindicalismo independiente desde hace décadas y que ahora son posibles porque están acompañadas de la presión del sindicalismo de Estados Unidos y Canadá para que el capítulo laboral (Anexo 23-A) del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) obligara a México a realizar cambios en materia de justicia laboral y libertad sindical. A esta misma lógica obedece la ratificación, por parte del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), del Convenio 97 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.Para que estos logros no queden en letra muerta, es muy importante que las dirigencias sindicales conozcan el contenido y alcance de esta reforma y elaboren estrategias para impulsar la sindicación de los trabajadores no organizados (casi el 90 por ciento del total de la fuerza de trabajo), disputar al interior o como sindicatos independientes, la representación sindical; unificar en una misma organización democrática e independiente del gobierno, y de cualquier partido político, al conjunto del sindicalismo independiente y democrático. Se ha abierto una coyuntura muy favorable para que la clase trabajadora mexicana alcance su objetivo más preciado y estratégico: enviar al charrismo sindical al basurero de la historia. Lograrlo significará un verdadero golpe mortal al viejo régimen de dominación priista.
Los
avances que representa esta reforma no pueden hacernos olvidar, ni por un
momento, que aún queda pendiente revertir la reforma neoliberal de 2012 que
legalizó la precariedad laboral al reglamentar laxamente el outsourcing;
facilitar y abaratar el despido de trabajadores; reducir a un año el derecho a
salarios caídos en caso de litigio y establecer el pago por hora; ampliar los
contratos temporales a prueba y capacitación y atentar contra la bilateralidad
de la relación obrero patronal al permitir acuerdos individuales entre patrones
y trabajadores.
Aún
reconociendo la bondad de algunas medidas de la política laboral obradorista
–agreguemos el aumento a los salarios mínimos nacionales del 16 %, en la
frontera norte del 100 %, becas para estudiantes y trabajadores jóvenes,
eliminar el carácter punitivo de la evaluación magisterial e impulsar el
fortalecimiento de empresas estratégicas como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la no represión a movilizaciones
sociales-,
todavía son
insuficientes para confiar en que su gobierno ha emprendido un curso
antineoliberal. Menos aun cuando debemos mantener una postura crítica ante las
decenas de miles de despidos de empleados públicos ocasionados por la
“austeridad republicana”, la intromisión en la vida interna del Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME), el mantenimiento de un tope a los salarios
mínimos y profesionales, su reticencia a dialogar con las direcciones del
sindicalismo independiente o dejar en pie aspectos fundamentales de la reforma
educativa de Enrique Peña Nieto.
El
movimiento sindical no debe bajar la guardia ante el gobierno de AMLO. Debe
mantener en alto reivindicaciones como la de revertir las reformas neoliberales
del 2012; recuperar gradualmente la pérdida del 70 por ciento de la capacidad de
compra de nuestro salario, producto de 30 años de neoliberalismo; reducir la
jornada laboral a 35 horas semanales; regresar al régimen solidario de pensiones
y por el control de las organizaciones sindicales de los fondos de pensiones;
revertir las reformas neoliberales en materia educativa y energética; aplicar un
impuesto progresivo a las grandes fortunas; demandar una auditoria a la deuda
pública y desconocer las deudas odiosas.
Es muy
importante que el sindicalismo democrático comprenda que se ha abierto una nueva
coyuntura, que demanda una exacta comprensión de los cambios políticos
acontecidos, para elaborar una nueva estrategia y táctica de la
ofensiva contra el charrismo sindical y del fortalecimiento en la auto organización de
la clase trabajadora. Es insensato continuar utilizando las mismas formas de
lucha ante un gobierno diferente al PRI y al PAN, aunque tampoco haya roto con
el neoliberalismo.
Sobre todo, es necesario superar
las visiones gremialistas e inmediatistas, tan arraigadas en el conjunto del
sindicalismo mexicano, construyendo una visión de clase y de largo plazo, es
decir que, sin perder de vista el objetivo de nuestra emancipación total,
tengamos la capacidad de pensar políticamente y actuar localmente. Es la
capacidad de construir un movimiento que abarque al conjunto de la clase
trabajadora –convirtiéndose en el caudillo de una nación oprimida como la
nuestra (hegemonía)-, y su aplicación en sus propios espacios, lo que convierte
a los gremios en su conjunto en una clase.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=256221
Adquirir independencia de
clase como trabajadores también abarca otros cambios radicales en nuestro
posicionamiento de confrontación con el bloque dominante.
a)
Nos reclama tener en cuenta a:
El Nuevo
Proletariado de Servicios
Junio 2019
10 de julio de 2019
Publicado por Rebelión
Ricardo Antunes
En las últimas décadas, la difusión de la
tecnología de la información, la automatización industrial y otras innovaciones
han inspirado visiones de una próxima "sociedad de servicios postindustrial", en
la que el proletariado, tal como existía en épocas anteriores, desaparecería
efectivamente. Sin embargo, incluso un estudio superficial de la realidad de los
mercados laborales globales contemporáneos desmiente este mito.
El surgimiento de una nueva clase de trabajadores educados y asalariados en los
campos de alta tecnología se basa en la creciente invisibilidad de los
trabajadores empleados en sectores y entornos que van desde centros de llamadas
y telemercadeo hasta hoteles y empresas de limpieza para minoristas, comida
rápida y servicios de cuidado a enfermos y mayores. La gran mayoría de estos
trabajos son precarios de una manera u otra: estacionales, a tiempo parcial,
temporales, informales o independientes, con poca o ninguna seguridad o
beneficios. Un ejemplo emblemático es el contrato de hora cero, una forma
perversa de empleo que prospera en el Reino Unido y en otros lugares. En lugar
de trabajar un número fijo de horas o turnos, los empleados de hora cero deben
permanecer perpetuamente a disposición de sus jefes, esperando una llamada. Una
vez que reciben esta llamada, se les paga sólo por el tiempo que realmente
trabajan, y no por el tiempo (días, semanas, incluso meses) que pasaron
esperando.
Las empresas de tecnología de la información,
en particular, han adoptado este método de flexibilización completa del trabajo,
que sirve de inmediato para hacer que los trabajadores estén continuamente
disponibles para la explotación y para normalizar aún más el régimen de
precariedad, dejando a los trabajadores con menos protecciones. Uber es otro
ejemplo. Los conductores de la empresa, que son tratados como contratistas
independientes en lugar de empleados formales, deben proporcionar sus propios
automóviles y pagar todos los gastos, incluidas las reparaciones, el
mantenimiento, los seguros y el combustible. La “aplicación” de Uber es, de
hecho, una empresa privada global que utiliza trabajo asalariado enmascarado
como trabajo “independiente” y “empresarial” para apropiarse de una mayor parte
de la plusvalía generada por los servicios de sus conductores.
Otro ejemplo más de estas formas
disfrazadas de explotación laboral se puede encontrar en Italia, donde
recientemente se introdujo una forma novedosa de trabajo ocasional e
intermitente: el trabajo basado en vales.
Los trabajadores recibieron pagos con vales cuyo valor correspondía al número
exacto de horas que trabajaron. Pero la precariedad
no era el único problema con esta forma de trabajo, que dependía de un más
truculento abuso: los vales debían plegarse al salario mínimo legal por hora,
pero los contratistas también ofrecían pagar horas extras a una tasa inferior al
mínimo legal. El sistema permitió un grado de precariedad y explotación
incluso mayor que el del trabajo ocasional e intermitente. Por esta razón, los
sindicatos italianos denunciaron la práctica y el gobierno se vio obligado a
suspenderla. La difusión de estas nuevas formas de trabajo informal, a tiempo
parcial, temporal, independiente, ocasional e intermitente ha dado lugar a una
nueva categoría de trabajo, el "precariado". Un movimiento de miembros
autoidentificados del precariado se está expandiendo rápidamente en Europa,
especialmente en Italia, España, Inglaterra, Francia y Portugal. A medida que
este movimiento ha luchado por encontrar espacio en las estructuras de los
sindicatos tradicionales, se está desarrollando independientemente junto a
ellos. Se pueden encontrar ejemplos pioneros en Italia, con los casos de San
Precario en Milán, un movimiento que lucha en defensa de los trabajadores
precarios (incluidos los inmigrantes), y el movimiento de Trabajadores de la
Ciudad de Choque, un grupo con una fuerte presencia en Nápoles formado por
personas precarias y jóvenes rebeldes.1
Por ello,
lo que podría
llamarse la “uberización” del trabajo, un modus operandi empresarial despiadado
destinado a generar más ganancias y aumentar el valor del capital a través de
las formas de trabajo precario descritas anteriormente, se ha expandido a una
escala global. Además, el hecho de que se haga más y más trabajo
en la red ha hecho casi imposible separar la mano de obra del ocio, y se espera
que los empleados estén disponibles para trabajar en cualquier momento y en todo
momento. El futuro del trabajo para las masas trabajadoras del mundo parece ser
de empleo flexible, sin días de trabajo preestablecidos, sin espacios de trabajo
claramente definidos, sin salarios fijos, sin actividades predeterminadas, sin
derechos y sin protección ni representación por parte de sindicatos. El sistema
de “objetivos” en sí mismo es flexible: los objetivos del mañana siempre están
cambiando y siempre deben ser superiores a los del día anterior.
La consecuencia social y política más
importante es el crecimiento de lo que Ursula Huws ha llamado el "cybertariat" y
que Ruy Braga y yo llamamos el "infoproletariat". Sin embargo, como quiera que
se le nombre, el surgimiento de este 2 nuevo régimen laboral plantea
preguntas difíciles: ¿debe considerarse a los trabajadores en el sector
servicios una clase media emergente? ¿O deberían ser considerados parte de un
nuevo proletariado de servicios? ¿O deberían ser tratados como parte de una
nueva clase, el precariado? ¿Clase media, precaria o proletariado? En los
centros de llamadas, hoteles, supermercados, cadenas de comida rápida,
minoristas a gran escala y en otros lugares, los trabajadores del sector de
servicios se han ido distanciando cada vez más de las formas de trabajo
intelectual típicas de la clase media, y cada vez se asemejan más a lo que se
puede llamar un nuevo "proletariado de servicios".
Si los segmentos más tradicionales de la clase
media se define por los modos de su participación en la producción (médicos,
abogados y otras profesiones liberales), hoy en día, la clase media asalariada
está experimentando un proceso de proletarización cada vez más evidente, cuyo
alcance ahora supera al de la formulación pionera de Harry Braverman en su libro
de 1974 Labor y Monopoly Capital.3
Debido a sus típicas fluctuaciones
estructurales, las clases medias también se definen por su ideología, sus
valores culturales y simbólicos y sus elecciones de consumo. Por ello, los
segmentos más altos de las clases medias se 4 distinguen de los
segmentos más bajos por medio de los valores que expresan, alineándose
implícitamente con las clases propietarias. De la misma manera, los segmentos
más bajos de las clases medias tienden a identificarse más con las clases
trabajadoras, dados sus niveles similares de vida material. Es por esta razón
que la conciencia de las clases medias parece ser a menudo la de una no clase.
En algunos casos, están más cerca de las clases propietarias, como sucede con
los gerentes, administradores, ingenieros, médicos y abogados de nivel medio y
superior; pero otros, particularmente los segmentos más pobres de la clase
media, viven y trabajan en condiciones bastante similares a las de la clase
trabajadora.
En consecuencia, estos contingentes más
proletarizados de la clase media, especialmente los empleados en el sector de
servicios, están cada vez más involucrados, directa o indirectamente, en el
proceso de valorización del capital. Los trabajadores asalariados en
mercadotecnia, comercio minorista, servicio de alimentos, etc., se están
acercando rápidamente a la condición de un nuevo proletariado que se está
expandiendo a nivel mundial. Estas observaciones no pueden apoyar los argumentos
de los analistas que clasifican a estos trabajadores como parte de la clase
media, o aquellos que los identifican con una supuesta "nueva clase", el
precariado.
El 5 nuevo proletariado de
servicios trabaja horas más largas, con ritmos intensificados, alta rotación y
salarios reducidos, en condiciones de creciente inseguridad, mala salud y
mínimas protecciones regulatorias. Hoy en día, los
miembros del nuevo proletariado de servicios son los protagonistas de muchas
luchas sociales, marchas y huelgas en todo el mundo. Estudios anteriores han
demostrado claramente que desde la aparición de la actual crisis estructural del
capital, la precarización del trabajo se ha acelerado significativamente.
El aumento en la explotación laboral, que ahora es
una 6 súper explotación, ha generado un enorme aumento en la
informalidad, la subcontratación y la incertidumbre en la fuerza laboral
internacional, no solo en el Sur global sino también en los países capitalistas
avanzados del Norte.7 Además de modificar las estructuras laborales
existentes, este proceso ha desgarrado el tejido social de los países y las
comunidades. Se puede encontrar un caso emblemático en Portugal, donde en marzo
de 2011, el descontento de la geração à rasca (generación en lucha) estalló en
protesta pública. Miles de manifestantes, entre ellos jóvenes e inmigrantes,
trabajadores precarios y desempleados, mujeres y hombres, salieron a las calles
como parte del movimiento Precários Inflexíveis. Según su manifiesto:
Somos precarios en el trabajo y en la vida.
Trabajamos sin contrato o con contratos a corto plazo…. Somos trabajadores de
centros de llamadas, pasantes, desempleados, ... inmigrantes, trabajadores
ocasionales, estudiantes-trabajadores ... No estamos representados en las
estadísticas…. No podemos despedirnos, no podemos tener hijos o estar enfermos.
Sin mencionar el derecho de huelga. ¿Flexiguridad? El "flexi" es para nosotros.
La "seguridad" es para los jefes ...
Estamos en las sombras pero no estamos en silencio ... Y usando la misma fuerza con la que nos atacan los patrones, respondemos y reinventamos la lucha. Al final, hay muchos más de nosotros que ellos. Precario, sí, pero inflexible.8
En España, el movimiento de indignados se
desató en 2011, cuando los jóvenes comenzaron a protestar por los altos niveles
de desempleo y la falta total de perspectivas de vida. Si obtuvieron un título
universitario fue irrelevante: la generación más joven comprendió que estaban
condenados a estar desempleados o, en el mejor de los casos, a trabajar en
empleos precarios. Ese mismo año, en Inglaterra, estallaron disturbios después
de que la policía matara a Mark Duggan, un hombre negro. Los jóvenes pobres,
negros, inmigrantes y desempleados en Londres comenzaron una revuelta, que en
pocos días se extendió a muchas ciudades del país. Este fue el primer
levantamiento social significativo en Inglaterra (y en partes del Reino Unido)
desde las protestas de Tax Poll que aceleraron el fin del gobierno de Margaret
Thatcher.
También en 2011, en los Estados Unidos, los
manifestantes de Occupy Wall Street se levantaron para denunciar los intereses
hegemónicos del capital financiero y sus nefastas consecuencias: la creciente
desigualdad, el desempleo y la epidemia de trabajo precario, que afectaron con
mayor dureza a mujeres, inmigrantes, negros y trabajadores hispanos. En Italia,
el estallido del Primero de Mayo de 2001 en Milán dio a luz a San Precario, un
movimiento que representa la masa heterogénea de trabajadores, jóvenes e
inmigrantes que de otra manera serían privados de una voz. Otros grupos 9
italianos de trabajadores precarios incluyen el colectivo de trabajadores de la
Ciudad de Choque mencionado anteriormente. Además, se han fundado nuevas
organizaciones sindicales para representar al segmento más débil y 10
precario del proletariado, incluida la Confederazione Unitaria di Base y, más
recientemente, el NIdiL (un acrónimo de Nuove Identità di Lavoro), que forma
parte de Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Confederación Italiana del
Trabajo), una de las principales organizaciones sindicales del país.
Estos y otros desarrollos estimularon un
debate sobre el surgimiento de este nuevo contingente de la clase trabajadora,
dirigido por el economista británico Guy Standing. Standing sostiene que el
precariado debe ser considerado una clase separada, distinta del proletariado
que se formó durante la Revolución Industrial y se solidificó en la Era
Taylorista-Fordista. El precariado, según Standing, es una clase nueva,
desorganizada, ideológicamente dispersa y fácilmente atraída por políticas
"populistas", incluidas las de los movimientos neofascistas. Esta descripción
captura algunas características sobresalientes del nuevo proletariado de
servicios, pero aún así clasifica a este nuevo segmento del proletariado como
una "clase peligrosa", distinta en esencia de la clase trabajadora.11
Mi formulación va en la dirección opuesta.
Contrariamente a la tesis de la "nueva clase", creo que la nueva morfología de la "clase que vive de su trabajo" debería incluir distintos segmentos, incluso si estos al principio parecen incongruentes. De hecho, la clase trabajadora siempre ha estado dividida por diferencias internas de género, generación, raza, nacionalidad, migración, habilidades y más.
El proletariado de servicios es, por lo tanto, un segmento
distinto de la clase trabajadora, en toda su heterogeneidad, diferenciación y
fragmentación. En los países capitalistas avanzados, los miembros más precarios
de la sociedad, incluidos los jóvenes, los inmigrantes, las personas de color y
otros, reconocen su lugar en este nuevo segmento del proletariado y, por ello,
que nacen bajo una especie de mal augurio de derechos disminuidos. En
consecuencia, deben luchar en todos los sentidos para recuperar esos derechos.
Al mismo tiempo, los sectores más tradicionales de la clase trabajadora, que han
heredado los vestigios de los sindicatos y el estado del bienestar, saben que
deben luchar para preservar sus propios derechos y proteger sus condiciones
laborales del tipo de degradación común entre trabajadores precarios. Los
destinos de estos dos polos de la "clase que vive de su trabajo" están
inextricablemente vinculados.12
La lógica del capital se manifiesta de muchas maneras,
pero conserva una unidad básica. Por esta razón, los dos polos vitales del mundo
del trabajo deben formar una conexión mutua y orgánica entre sí, o de lo
contrario sufrir una derrota aún mayor. Como mostró Marx en el
capital, la precarización surgió con la creación misma del trabajo asalariado en
el capitalismo. A medida que la clase trabajadora vende su fuerza de trabajo y
recibe un pago por solo una parte de su valor productivo, el excedente
resultante asignado por el capital tiende a expandirse a través de varios
mecanismos intrínsecos al capitalismo, incluida la intensificación del trabajo,
la extensión de la jornada laboral y la restricción de trabajadores, 'derechos,
y más.
Así, la precariedad del
proletariado se debe a la lucha de clases, que a su vez puede ampliarse o
reducirse, dependiendo de la fuerza relativa de la explotación capitalista y de
la capacidad de lucha y revuelta de la clase trabajadora. Como
demostraron Marx y Engels, las formas de explotación del trabajo cambian
constantemente, acentuadas por la expansión de la población excedente relativa,
lo que permite al capital utilizar el trabajo excedente para intensificar y
aumentar los niveles de explotación y la consiguiente precariedad de la clase
trabajadora. En el capitalismo contemporáneo, el excedente relativo de la
población, que Marx en El Capital designó como flotante, latente o estancado,
adquiere nuevas dimensiones. Esto ocurre a través de la enorme 13
expansión y circulación de la fuerza de trabajo inmigrante a escala global,
multiplicando los mecanismos de explotación, intensificación y precariedad del
trabajo.
Todo esto sirve para fragmentar aún más a la
clase trabajadora, que ya está diferenciada por ramas, sectores y la división
internacional del trabajo, especialmente entre el Norte y el Sur globales.
El tipo de
divisiones internas que Engels discernió en el proletariado británico de
mediados del siglo XIX se amplía aún más cuando uno percibe la tasa diferencial
de explotación entre el centro y la periferia.14 El resultado final
de este proceso depende de la capacidad de la clase trabajadora para resistir,
organizar y luchar. Si los dos segmentos polares de la clase trabajadora logran
establecer vínculos de solidaridad y una conciencia de clase compartida, y si
están unidos en sus luchas cotidianas, podrán formar una oposición más fuerte y
mejor organizada a la lógica del capital. En este sentido, el
papel del nuevo 15 proletariado de servicios es emblemático. Su
integración en una clase trabajadora ampliada, de la que forma la parte de mayor
crecimiento, y la participación en las luchas laborales serán decisivas para el
destino de la clase trabajadora en su conjunto en el siglo XXI.
Sobre las periferias
del capitalismo
Dada la naturaleza irregular y compuesta de la
división internacional del trabajo, es necesario concluir señalando algunas
mediaciones en la definición del proletariado de servicios. Un punto importante
de la mediación se refiere a la división entre el Norte global y el Sur. En las
periferias del sistema capitalista, el proletariado ha sido cargado de
precariedad desde el principio. Debido a su pasado colonial, en Brasil y en
muchos otros países de Iberoamérica, el proletariado moderno surgió plenamente
solo después de la abolición de la esclavitud.
En consecuencia, la precariedad siempre ha
sido la regla, no la excepción. Además, los países del Sur global nunca
desarrollaron una "aristocracia del trabajo", un segmento de trabajadores
relativamente calificados, altamente remunerados y en gran parte sindicalizados,
y el proletariado siempre ha estado asociado con una condición generalizada de
precariedad, con el resultado de que las diferencias internas entre las clases
trabajadoras nunca fueron tan evidentes como en el Norte. Allí, por el
contrario, tal aristocracia se desarrolló, y hoy sus descendientes son los
herederos del estado de bienestar. De aquí que el desarrollo reciente de un
precariado ha generado una diferenciación en el proletariado del Norte que no
tiene paralelo en el Sur. Por esta razón, el debate sobre el surgimiento de una
"nueva clase" ha causado cierta confusión cuando se aplica al Sur global. De tal
suerte que es creíble, en el caso de los países capitalistas centrales,
identificar empíricamente al proletariado de servicios como un polo de la clase
obrera en su conjunto; pero en los países periféricos, es algo diferente, porque
la precariedad ha sido una característica definitoria del proletariado desde sus
orígenes, incluso puede que encuentre nuevas articulaciones. Ya sea que se
describa como un precariado o como parte del nuevo proletariado de servicios,
éste involucra a trabajadores de diversas identidades (género, etnia,
nacionalidad), pero unidos en su condición de precariedad y falta de derechos.
La intensificación del trabajo; la erosión de
los derechos; la súper explotación del trabajo; la expansión del empleo
informal; la presión de los objetivos de productividad cada vez mayores; el
despotismo de jefes, coordinadores y supervisores; los salarios degradados; las
horas de trabajo inconsistentes; la prevalencia del hostigamiento, la enfermedad
y la muerte: todo apunta a la presencia de un proceso violento de
proletarización y al surgimiento de un nuevo proletariado de servicios, que se
está expandiendo a nivel mundial y diversificando y que está ampliando a la
clase trabajadora. Y si todo esto sugiere una nueva morfología del trabajo,
deberíamos reconocer al mismo tiempo el surgimiento de una nueva morfología de
la organización, de la representación y de la lucha de la clase trabajadora.
b) Nos interpela a cuestionar conceptos
claves políticas, como "nacional- popular" y "patria grande", que nos imbuyó la clase
burguesa para mantenernos en subalternidad. Hoy los de abajo o los avasallados
necesitamos hermanarnos sin las fronteras establecidas, desde siglos, por el
sistema opresor. Debemos asumir el sentipensar y generalizarlo para
involucrarnos con les silenciados e invisibilizados y para multiplicar
deliberaciones entre nosotros sobre porqué y cómo identificarnos con:
Los
chalecos amarillos
9 de julio
de 2019
Por Christian
Mahieux
Les Utopiques
17 de
noviembre de 2018: tras un llamamiento en las redes sociales miles de personas
se movilizaron en todo el país en contra de un nuevo impuesto sobre el
combustible que dio lugar a un descenso de los ingresos de millones de personas
ya afectadas por una política salarial y fiscal que beneficiaba a los más ricos.
Estos hombres y mujeres decidieron enfundarse el chaleco amarillo que era
obligatorio llevar en los vehículos. Este es el origen del movimiento de los
“chalecos amarillos”, un movimiento social inédito, inesperado y sorprendente.
Nadie anticipaba un movimiento respuesta de tal magnitud y duración, un
movimiento radical y que desemboca en la lucha contra el orden neoliberal y
capitalista. Un movimiento que, a su paso, ha cosechado algunos logros,
ciertamente insuficientes, pero reales. Un movimiento que no se ha visto
desestabilizado por el «gran debate» lanzado por Macron.
La ira popular
En las
barricadas (2), constituidas a partir de mediados de noviembre, no solo se habla
del precio de la gasolina o de los impuestos: se reivindica también el aumento
de los salarios, las pensiones y los mínimos sociales, se denuncian las
desigualdades, se critica el escandaloso reparto de la riqueza y los privilegios
de aquellos y aquellas que explotan el trabajo del prójimo. Se articulan debates
en torno al transporte público, su mejora, la posibilidad de que sean gratuitos.
También sobre el mantenimiento y la creación de servicios públicos. Se debate,
incluso, sobre el papel que desempeñan los impuestos, el saqueo de las arcas
públicas perpetrado por la clase más rica gracias al fraude fiscal, a la
supresión del impuesto sobre las fortunas…
El
anunciado incremento del precio del combustible se suma a muchas otras subidas:
productos alimentarios, vivienda, gas, electricidad, la Contribución Social
General (CSG)… Todos estos incrementos, que afectan a productos o servicios de
primera necesidad, tienen un mayor impacto en aquellos hombres y mujeres con
rentas más bajas que las de los más ricos. Como escribía el 31 de octubre la
Unión local Solidaires de Comminges (en la región de los Altos Pirineos) en un
panfleto sobre el incipiente movimiento: «mientras que el gobierno nos mete las
manos en los bolsillos, esa reducida minoría que se beneficia del trabajo de
otros (patrones, accionistas, rentistas…) no cesa de medrar. Ese debe ser el
objeto de la lucha: las flagrantes desigualdades sobre las que se apoya el
sistema vigente. No existe razón alguna por la cual las personas asalariadas,
desempleadas o jóvenes no puedan llenar el depósito de su vehículo mientras que
los mayores beneficiados se dedican a pensar en qué coche van a ir a su yate».
Sí, hace falta reducir el número
de coches. Es necesario luchar contra la contaminación, reducir los gases de
efecto invernadero y el número de vehículos. ¡El futuro del planeta pende de un
hilo! Pero para tomar todas esas medidas es necesario que se desarrolle el
transporte público, en particular los menos contaminantes, como el tren. Hay que
reforzar los servicios públicos tanto en la ciudad como en el medio rural. El
gobierno ha hecho todo lo contrario: se han suprimido estaciones, líneas del
Servicio Nacional Francés de Ferrocarriles (SNCF), se han cerrado hospitales,
oficinas de correos, centros educativos, etc. Para limitar el kilometraje en
coche es necesario un transporte público de calidad accesible a todos y todas,
así como servicios públicos en la totalidad del territorio nacional. Eso será
mucho más eficaz que aumentar el precio del combustible a aquellas personas que
no tienen otra opción que coger el coche para ir a trabajar, buscar un empleo o
cumplir con otras obligaciones de su día a día.
¡Socorro, el pueblo! (3)
Así
podría resumirse la actitud de numerosas fuerzas sindicales y políticas (4) tras
la irrupción de los chalecos amarillos (5). Es cierto que la extrema derecha se
puso manos a la obra desde el principio, pero hacerle hueco en el seno de un
movimiento tal hubiese sido catastrófico. Los patrones expresaron su apoyo el 17
de noviembre; al día siguiente ya reclamaban la «vuelta a la normalidad»: ¡bajo
ninguna circunstancia hay que poner en riesgo los beneficios! La verdad es que
son los hombres y las mujeres de los «últimos eslabones de la cadena» quienes
protestan. Las mujeres han tenido una presencia muy importante en el movimiento,
mucho más que en gran parte de las acciones que organizamos las fuerzas
sindicales o políticas.
Una parte notable de las
reivindicaciones coincide con lo que defendemos a través de nuestros sindicatos.
Otras entran en contradicción con nuestra lucha: será a través del debate como
conseguiremos convencer para que queden en punto muerto. Hacerlo entraña
constituirse en parte activa del movimiento en lugar de comentarlo desde las
gradas. Estamos a favor de que las negociaciones se entablen bajo control
directo de aquellos y aquellas que las han hecho posibles gracias a sus
acciones; la decisión de que los chalecos amarillos solo hablarán con el
gobierno a condición de que todo se retransmita en directo, nos dan pie a
valorar muy positivamente esta práctica. En las barricadas se pone en entredicho
la legitimidad de las delegaciones. Federalismo, asambleas generales, mandatos
limitados y controlados, convergencia de las luchas… sin hacer uso de nuestro
lenguaje militante, es eso lo que se está llevando a la práctica.
¡Que los apoyos se limiten a
apoyar sin tratar de controlar! La acción directa y la autonomía del movimiento
son las murallas más efectivas contra la apropiación, así como factores
desestabilizantes para las organizaciones que aceptan o sufren presiones
institucionales. Se presenta en este movimiento una ocasión de volver a debatir,
por una parte, el tiempo dedicado a las actividades sobre el terreno, la
reflexión, la elaboración de nuestras herramientas, y, por otra, las reuniones
acordadas por patrones o por los poderes públicos en encuentros en los que se
simula la democracia; o la preparación perpetua de unos comicios que en nada
contribuyen a la ruptura con el sistema.
Aquellas y aquellos que han
participado en huelgas saben que los movimientos más sólidos son aquellos a los
que se unen compañeros y compañeras que nunca antes habían participado,
compañeros y compañeras que votan a la derecha o, peor aún, compañeros y
compañeras para quienes el antirracismo o el feminismo no son referentes. Es el
momento de la lucha mancomunada, el intercambio de experiencias, a veces la
confrontación, todo lo cual nos hará avanzar.
La extrema derecha
Claro
está, la realidad es más compleja que las simplificaciones a las que recurrimos
demasiado a menudo. Es cierto que la extrema derecha ha tratado de infiltrarse
en el movimiento, pero, ¿acaso no trató de infiltrarse en los sindicatos,
incluso en los más combativos? Lo peor hubiera sido hacerle sitio. Tanto en las
rotondas como en las manifestaciones de los sábados, los y las militantes
sindicales han contribuido significativamente a la lucha contra la extrema
derecha. Esta lucha ha sido eficaz gracias a la plena implicación de estos
compañeros y estas compañeras con el movimiento: han podido explicar, demostrar
y convencer. No se trataba de dar lecciones de purismo desde fuera. Lo mismo
ocurrió con los insultos racistas, homofóbicos o sexistas (que no son
prerrogativa de la extrema derecha): existen como en todos los movimientos
masivos (incluidas las huelgas en el seno de empresas cuando no las desarrollan
solo los y las militantes), y es necesario combatirlos de forma activa.
La violencia
La
violencia en alguna de las manifestaciones ha suscitado numerosos comentarios.
Sí, ha habido violencia inútil, pero no se pueden equiparar con la violencia del
Estado, especialmente importante desde mediados de noviembre. Además, ¿qué es la
violencia? ¿Escaparates hecho añicos, barricadas en las calles o miles de
personas tiritando de frío o sufriendo el hambre en esta supuesta «normalidad»?
La violencia más cruda, la que se ha convertido en sistémica, la que se ejerce
de forma calculada, es la violencia del estado. Las personas que han resultado
mutiladas y heridas graves y las detenciones violentas y arbitrarias ya se
cuentan por miles.
Tal y como ocurrió después de mayo del 68, la
burguesía proclama una ley «anti-vándalos» que permite criminalizar toda
resistencia, manifestación o desobediencia. Debe imperar el orden (su orden) a
cualquier precio. Más allá de los círculos de militantes, muchos chalecos
amarillos lo llevan comprobando desde hace seis meses.
La patronal
Una
pequeña parte de la patronal prestó apoyo al movimiento en sus inicios, pero
desaprobó su carácter continuado.
Rápidamente quedó
patente que la inmensa mayoría de los chalecos amarillos forma parte del
proletariado: personas que lo único que pueden vender es su fuerza de trabajo y
que no poseen medios de producción. Todo esto dentro de una diversidad: personas
asalariadas con contratos indefinidos, pero sobre todo temporales o en
interinidad, desempleadas, jubiladas o dedicadas a la artesanía… A falta de una
clase social homogénea que cumpla todos los criterios preestablecidos, se trata
de un movimiento popular cuyo núcleo principal es el proletariado de comienzos
del siglo XXI.
La patronal no ha manipulado el movimiento de los chalecos amarillos, eso es ostensible. Lo evidencia el hecho de que sale bastante bien parado de estos seis meses de lucha. Las reivindicaciones se han concentrado en torno al gobierno y los reproches y denuncias se han dirigido a «la clase política». Lo que ha echado leña al fuego han sido los anuncios gubernamentales (sobre el precio del combustible, etc.); el debate sobre la democracia fue la respuesta al desdén de los «políticos y políticas». Una cosa lleva a la otra. Esto no quita, sin embargo, que se trate de una debilidad debido a la magnitud del movimiento: incluso aunque se plantee la cuestión de la distribución de la riqueza (y se plantea a menudo), se olvida el robo perpetrado por aquellos y aquellas que se benefician del trabajo ajeno: la patronal, la banca y personas rentistas. Si bien se analiza en profundidad el tema de la «democracia» (algo que se ha realizado de forma extensiva y fructífera) se obvia la democracia empresarial, es decir, la titularidad social de los medios de producción, su autogestión por parte de todos y todas, etc. Es un punto débil del sindicalismo en el seno de este movimiento.
El ejercicio de la democracia
¿El
ejercicio o los ejercicios? Inventar y practicar la democracia a gran escala nos
obliga, sin duda alguna, a imaginar soluciones diferentes y complementarias,
según hablemos del colectivo de trabajo, de comunidades federadas, de una
producción a nivel nacional o incluso del uso de las riquezas naturales. Si el
principio de base es la asamblea general, ¿cómo garantizar su emanación cuando
se trata de federarse? Mandatos imperativos, controles, revocatorios, sorteos,
votación o consenso… la solución radica en la complementariedad de los métodos,
no en la búsqueda de «la solución» milagrosa aplicable a cualquier situación o
contexto. Muchos grupos de chalecos amarillos han trabajado estos y otros temas
(entre ellos el referendo). Las «asambleas de asambleas» de Commercy y, más
tarde, Saint-Nazaire son un ejemplo de ello.
Cuidémonos, sin embargo, de dos trampas:
dichas asambleas no representan al movimiento en su conjunto y los textos
emanados de las mismas no son una referencia para muchos grupos locales. Por el
contrario, la democracia activa lleva presente desde noviembre en muchas
ciudades, pueblos y barrios. Ahí, una vez más, nuestro sindicalismo tiene su
lugar preciso (6).
Las
patéticas tentativas por presentar listas electorales de los chalecos amarillos
dejan patente que el sistema sigue siendo un potente imán para aquellos y
aquellas que los medios de comunicación insisten en calificar de «líderes». Sin
embargo, el rechazo a los mismos por el grueso de los chalecos amarillos
confirma que otras opciones y esperanzas son posibles y ampliamente compartidas.
La contribución de los chalecos amarillos a la renovación del debate sobre la
democracia y, sobre todo, a que haya echado raíces en diferentes sectores de la
población es innegable. Pero todos ellos descubren elementos a los que el
movimiento obrero se lleva enfrentando mucho tiempo. Una de las resoluciones de
la asamblea de Saint-Nazaire preveía por ejemplo «una semana amarilla de
acciones a partir del 1 de mayo». Dejando el color a un lado, la formulación nos
recuerda al lenguaje sindical más tradicional…
El sindicalismo
El
movimiento deja patente la profunda exasperación de millones de personas que han
ocupado rotondas, peajes o zonas comerciales y que se han manifestado todos los
sábados por la tarde en toda Francia. A nivel nacional, las organizaciones
sindicales se han quedado a la expectativa (7) durante un largo periodo. La
unión sindical Solidaires pasó de una cierta reserva a un principio de apoyo
tras los primeros sábados de manifestación; algunas uniones locales de
Solidaires se pusieron a disposición del movimiento desde comienzos de
noviembre, antes del posicionamiento a nivel nacional. Por parte de la CGT, hubo
que esperar casi un mes. El 6 de diciembre, la CGT emitió un comunicado (junto
con CFDT, CGT, FO, CFTC, CGC, UNSA y FSU) en el que se hacía hincapié en la
condena de la violencia en las manifestaciones sin mencionar la violencia del
estado, su policía y su ejército, como si la violencia no fuera en primer lugar
social y debida a las políticas gubernamentales llevadas a cabo desde hace años
(8). Unos días más tarde, la CGT lanzaba un llamamiento a jornadas de acción
(9), haciendo referencia explícita a los chalecos amarillos.
El movimiento de los chalecos
amarillos proclama alto y claro que no desea que haya ninguna apropiación del
movimiento, ni política ni sindical. Existe una profunda desconfianza hacia lo
que la «neo-lengua» denomina,- los «órganos constituidos». (10) Algunas
organizaciones sindicales(11) enmarcan su estrategia en el acompañamiento de las
políticas neoliberales y al hacerlo rechazan toda posibilidad de apoyo a un
movimiento que pone en entredicho las elecciones que estos sindicatos han
defendido. Pero, ¿cómo comprender las dificultades a las que se han enfrentado
aquellos y aquellas sobre quienes versa este artículo? Podemos poner sobre la
mesa algunos elementos:
-La
mayoría de las empresas en Francia cuenta con menos de 20 trabajadores, y el
movimiento sindical no termina de cuajar en ese sector. Lo mismo ocurre con la
mayoría de los desempleados y desempleadas, los trabajadores y las trabajadoras
interinas, quienes tienen contratos temporales, los trabajadores y las
trabajadoras de la economía “uberizada”… todas esas personas cuentan con nutrida
representación entre los chalecos amarillos.
- Lo
que lleva sucediendo desde noviembre en casi la totalidad del país no tiene
relación con la capital París y zonas del extrarradio más próximas. El
movimiento de los chalecos amarillos no está presente allá donde se concentran
las sedes nacionales de las organizaciones sindicales; y si bien el federalismo
es la ley, también es cierto que muchas decisiones se adoptan de acuerdo con
reflexiones ligadas a lo más conocido, en este caso París. Desde esta
perspectiva, la falta de colectivos de los chalecos amarillos durante un gran
número de semanas y las particularidades de las manifestaciones semanales (11)
en París han contribuido a los posicionamientos ya conocidos. (12)
- Este
movimiento se desarrolla al margen de las empresas. La debilidad de las uniones
locales inter-profesionales ha contribuido a que los colectivos sindicales no lo
comprendan correctamente. Sobre todo, teniendo en cuenta que, como ya se ha
dicho, hay un problema con las exigencias manifestadas: incluso aunque
desaparecieran rápidamente ciertas reivindicaciones reaccionarias y lo que se
debate en las asambleas generales de los chalecos amarillos sea un reparto
diferente de la riqueza, la crítica al sistema capitalista, la igualdad social o
la democracia radical, sigue siendo cierto que apenas se ha interpelado a la
patronal. Es una de las razones que explica la ausencia de los sindicatos, pero
a la vez es una consecuencia de dicha ausencia.
-
Numerosas organizaciones sindicales se han comportado de forma inapropiada,
incluso cuando decidieron prestar apoyo a los chalecos amarillos: en lugar de
invitarlos a unirse a las movilizaciones sindicales, ¿no sería necesario que el
sindicalismo se pusiera al servicio del movimiento ya existente?
Una
parte nada desdeñable de las dificultades para posicionarse concretamente en
relación con el movimiento de los chalecos amarillos está indudablemente ligada
a la reticencia a actuar en calidad de fuerza colectiva social y política,
política y social. Porque se trata de un todo, y la organización sindical,
debido a su componente de clase inherente a su composición, es una herramienta
indispensable para actuar en estos campos.
Redactado a finales de abril, este breve artículo no pretende en
absoluto ser holístico. Podremos enriquecerlo acudiendo a otras fuentes; por
ejemplo, el número 11 de la publicación Les utopiques, «Gilets jaunes: un
mouvement social» («Chalecos amarillos: un movimiento social») o Des clés pour
comprendre («Claves para la comprensión») (en dos tomos).(13)
Notas
1) Christian Mahieux, miembro del comité
editorial de la revista Les utopiques (www.lesu-topiques.org) y
la publicación Cerises (www.ceriseslacooperative.org).
Forma parte de la comisión internacional de la Unión sindical Solidaires (www.solidaires.org) y
participa en la coordinación de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y
de Luchas (www.labourso-lidarity.org).
2) Rápidamente, las barricadas se tornan en
ocupación de rotondas, apertura de peajes, en ocasiones «casas del pueblo» …
3) Este párrafo retoma un texto escrito a
finales de noviembre de 2018 para el mensual Cerises. Otros elementos de este
artículo también figuraron en dicha publicación, vinculada a la Red Se féderer
pour l’émancipation («Federarse para la emancipación») (www.ceriseslacooperative.org).
4) Aquí se hace mención a las organizaciones
que, en su diversidad, adoptan una perspectiva emancipadora de ruptura con el
sistema capitalista.
5) Indiferencia, análisis erróneo, incluso
desdén: las comunicaciones de ciertas organizaciones sindicales y políticas de
izquierda y extrema izquierda antes del éxito del 17 de noviembre son
vergonzantes.
6) Véase el número 10 de Les utopiques, «Sur
les chemins de l’émancipation, l’autogestion» («En los caminos de la
emancipación, la autogestión»), Ediciones Syllepse, primavera de 2018.
7) Citamos a la CGT y a Solidaires, pero la FSU
y la CNT han sido muy discretas para con este movimiento. La CNT-SO se posicionó
a su favor en enero.
8) Organizaciones de la CGT (uniones
departamentales y federaciones) des-aprobaron el texto firmado por la
confederación y se implicaron en el movimiento desde comienzos de diciembre.
9) Ni el 14, ni mucho menos el 18 de diciembre
tuvieron éxito, pero no se le puede reprochar a la confederación CGT el haber
tratado de impulsar una dinámica. Sin embargo, ¿podría debatirse quizás la
relación entre estos llamamientos casi místicos (reiterados el 5 de febrero y en
menos medida el 19 de marzo) y las dificultades del militantismo sindical
cotidiano en las empresas, servicios y localidades o incluso el estado de los
enfoques unitarios? Dos elementos determinantes para el éxito de las huelgas.
10) Desde hace años, la propaganda del estado y
la patronal asemeja los sindicatos a «cuerpos constituidos» también llamados
«órganos intermediarios», cosa que no son. Un sindicato es una agrupación de
trabajadores y trabajadoras, sea cual sea su estatus y su actividad, que se
organizan para defender sus reivindicaciones y cambiar la sociedad; no se puede
hacer de ellos unos intermediarios para gestionar el orden capitalista. Sabemos,
claro está, que la neo-lengua se apoya para la imposición de sus términos en las
elecciones realizadas por muchas organizaciones sindicales que se han
institucionalizado. No es una cuestión de «base» o de «cumbre».
11) En diferente grado, se trata de la CFDT, la
UNSA, la CFTC o la CGC.
12) Ello no justifica los comentarios de
ciertas organizaciones políticas especialmente desdeñosas para con el pueblo que
protestaba.
13) www.syllepse.net
Les Utopiques N° 11, junio 2019
Libre Pensamiento N° 98, junio 2019
Volvamos
al imperativo emancipatorio de superar la concepción de
futuro venturoso en lo "popular-nacional" y en la "patria grande". Esto no
significa dejar de dar importancia a la construcción de las uniones
plurinacionales del país-continente y al enfoque del Abya Yala para arraigar
las creaciones de buenos vivires por sus pueblos.
Pero nos
diferenciamos de las izquierdas que convocan a la unión antiimperialista
dando la espalda a los extractivismos u ocupación económica territorial de
países del Abya Yala por capitales y estados imperialistas en sociedad con
los factores locales de poder:
Caracas reunirá a más de 500 líderes políticos progresistas del mundo en XXV Foro de Sao Paulo
28 junio 2019
Resumen Latinoamericano*
Más de 500 líderes integrantes de
partidos políticos y movimientos sociales provenientes de los cinco continentes
participarán en la vigésima quinta edición del Foro de Sao Paulo, que tendrá
lugar en Caracas del 25 al 28 de julio.
La agenda de actividades es
organizada por el vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Adán Chávez, quien este jueves ofreció una
rueda de prensa sobre el encuentro, desde la sede del Instituto de Altos
Estudios del Pensamiento Hugo Chávez, en Caracas.
«Este foro tiene una
particularidad, porque se da en un momento de coyuntura política y social en
Venezuela, producto de los ataques provenientes de los Estados Unidos, en su
intento de golpe de Estado para derrocar al presidente constitucional de la
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro», señaló.
En este sentido, el foro centrará
su discusión en los intentos hegemónicos de EEUU por socavar la
autodeterminación de los pueblos.
El también embajador de Venezuela
ante la República de Cuba, destacó que este espacio es una oportunidad para la
batalla de las ideas que permitan hacer frente ante las arremetidas
imperialistas.
Para la clausura del foro está
previsto un homenaje al Comandante y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo
Chávez, el cual será en el Cuartel de la Montaña, con motivo de los 65 años de
su nacimiento.
*avn
Somos izquierdas antagónicas a quienes consolidan la conciliación de
clases propia del capitalismo con fachada de democracia y menosprecian
concretar a la última. Nosotres nos consagramos a promover el protagonismo popular en
la confrontación con los
expropiadores de los bienes comunes (sociales y naturales). En ese rumbo de antagonismo irreconciliable con el nuestro, no
sólo desconocen el carácter imperialista de China sino también explican su
desarrollo como socialista. Por eso, es crucial multiplicar diálogos entre una
creciente mayoría de los diversos de abajo para la elaboración mancomunada de la
incoherencia entre realidades concretas y las interpretaciones de dichas
izquierdas. Reflexiones sobre cómo fundamentan su posicionamiento en favor de
nuestra delegación de la autodeterminación en la nación productivista por
excelencia al proponerse
dominar
progresivamente las leyes objetivas e impulsar constantemente la innovación
teórica, práctica, institucional y cultural.
Nosotres, en
cambio, miramos por las mayorías constituidas de minorías con singulares
subjetividades colectivas para facilitarles romper con su silenciamiento e
invisibilización por el capitalismo. Pero atendamos a su pregunta e
interpretación:
¿Hacia donde va China? II y final (Opinión)
29 junio 2019
Por Sergio Rodríguez
Gelfenstein, Resumen Latinoamericano
En 1991 durante una visita a
China, la primera ministra británica Margaret Thatcher le dijo al presidente
Jiang Zemin que era imposible establecer un sistema con las características que
se proponía China, es decir que combinara la sociedad socialista con algunas
reglas del mercado. Según Thatcher, el socialismo era incompatible con la
economía de mercado. Los dirigentes chinos, por el contrario, preconizaban que
tal propósito si era posible en los marcos de la teoría marxista del
materialismo histórico y dialéctico y la idea de “buscar la verdad en los
hechos” que propugnaba Mao Zedong.
En este sentido, Deng Xiaoping
expuso que un país como China que había vivido tantas adversidades a través de
su historia, solo había podido levantarse tras hacer suyo el marxismo como
instrumento de liberación, que le permitió construir un nuevo país de
orientación socialista, lo cual habría sido imposible si hubiera elegido el
camino capitalista, según él, la prueba fueron los más de treinta años de
gobierno del Kuomintang tras proclamar la república.
Deng pensaba que la integración
del marxismo con la realidad china para crear un camino propio, permitió la
liberación del país en 1949, esto no sólo proporcionó la independencia, también
la unidad del país que es el bien más preciado tras milenios de separación,
conflicto y guerras intestinas. El marxismo contribuyó no sólo como teoría
necesaria para vencer en la guerra de liberación, también después de la victoria
aportó elementos valiosos para terminar con el caos, controlar la inflación,
comenzar a combatir la miseria y el atraso secular y empezar la transformación
de la industria y la base material necesaria para la evolución del país, todo
esto obligaba a persistir en el marxismo y el socialismo de forma creadora.
Para ello, se hacía imprescindible
desarrollar las fuerzas productivas a fin de forjar una abundancia de bienes
materiales, lo que hizo deducir que ésta sería la tarea fundamental que debía
emprender el sistema político socialista a fin de lograr una superioridad sin la
cual era imposible construir la nueva sociedad. El no haber entendido esto desde
el principio fue el mayor error de la dirección del país tras el año 1949. Sin
el desarrollo superior de las fuerzas productivas,no hay mejoramiento de las
condiciones materiales y culturales de vida del pueblo, y sin esto, no hay
socialismo. ¿Cómo hacerlo?, fue la pregunta más importante que tuvieron que
formularse los dirigentes chinos tras superar la Revolución Cultural y las
desviaciones propugnadas por la “Banda de los Cuatro”. Nuevamente, la respuesta
estaba en permanecer en la ruta del socialismo, como única manera de resolver el
problema del desarrollo en un país tan extenso, tan poblado y tan complejo
culturalmente como China. La aplicación del principio socialista de distribución
“a cada cual según su trabajo”, permitiría superar las diferencias en un período
de entre 20 y 30 años. Tales aseveraciones obligaban a un gran debate contra
aquellos que defendían ideas liberalizadoras por un lado, y la copia del modelo
soviético, cuando éste comenzaba a “hacer aguas”, por el otro.
La liberalización que proponía
tomar un camino capitalista después de la derrota de la “Banda de los Cuatro” en
1980, llevó a la dirección del Partido Comunista de China (PCCh) a luchar contra
tal corriente, incluso en el seno de la Asamblea Nacional a fin de combatir tal
propuesta considerada una idea burguesa. A ello, el PCCh opuso las “cuatro
modernizaciones socialistas” en la agricultura, la industria, la defensa y la
ciencia y teconología.. Así mismo, los dirigentes chinos dejabron claro que a
pesar que la estructura política del país después de 1949, se había edificado a
partir del modelo soviético, éste no pudo ajustarse a las condiciones de China
porque su realidad era distinta, además en ese momento estaba en una crisis, que
posteriormente la llevó a su colpaso
En estas condiciones, en el XIII
Congreso Nacional del PCCh, celebrado en octubre de 1987, se propuso que la
economía china sería planificada y establecida como pública para los productos
básicos, mientras se definía que el Estado debería guiar al mercado y el mercado
a las empresas, combinando de esa manera las funciones de planificación y de
mercado en la sociedad. Ante las crecientes críticas internas e internacionales
sobre tal supuesto, Deng volvió a insisitir en la necesidad de “buscar la verdad
en los hechos” como forma de comprobar la factibilidad de llevar adelante la
política de reforma y apertura, y a ello se abocaron.
Los procesos de reforma en la Unión Soviética y en China se produjeron casi al mismo tiempo, con menos de diez años de distancia, pero la diferencia fundamental para el fracaso de uno y el éxito del otro, es que mientras los soviéticos desarrollaron simultáneamente los aspectos económicos y políticos del proceso, en China comenzaron con la transformación de la economía, desatando una fase de mejoramiento de la situación social, mientras que la agenda política se desarrollaba paulatinamente pero a un ritmo mucho más pausado a fin de ir midiendo los impactos que iban causando las medidas tomadas y prestando especial atención a que se mantuviera una dialéctica adecuada entre reforma, desarrollo y estabilidad. El PCCh y el gobierno la llamaron una estrategia de “avance paso a paso de manera ordenada”. Es decir, la estabilidad política interna era condición sine qua non y una granatía para la reforma y la apertura, por ello, los dirigentes chinos plantearon que los dos puntos más importantes eran, desarrollar la democracia en lo político y la reforma en lo económico.
La historia china y la experiencia
del último siglo mostraban con creces cuán dolorosa era la pérdida de la
estabilidad política y la unidad, las cuales son las dos condiciones de mayor
interés para el desarrollo de los procesos vividos en el país en los últimos
2200 años. En esas condiciones, la aplicación de la política de reforma y
apertura, no tuvo el correlato en la situación política que mostró en la Unión
Soviética como Occidente esperaba. Las consideraciones acerca de la necesidad de
la estabilidad política como soporte de la metamorfosis de la sociedad y el
Estado en China, pronto tuvieron su prueba de fuego cuando en 1989 estallaron
disturbios políticos que tuvieron su epicentro en la Plaza Tiananmen en Beijing
y otras ciudades, buscando una inserción en el país de reformas de corte
occidental, las que pusieron en juego la posibilidad de desarrollo y avance de
las medidas tomadas a partir de 1978.
La respuesta contundente del
gobierno chino hizo alusión a la necesidad de mantener la estabilidad interna so
riesgo de quiebre de la unidad política del país. Así lo hizo saber Deng
Xiaoping en dos ocasiones, tanto al presidente de Estados Unidos George H.W.
Bush en febrero de 1989 y en octubre del mismo año, cuando conversó con el ex
presidente Richard Nixon, a ambos le dijo lo mismo “La estabilidad es más
importante que cualquier otra cosa”. De esta manera, se desestimaba de forma
definitiva la posibilidad de mutaciones políticas similares a las que estaban
ocurriendo en la Unión Soviética y Europa Oriental que fueron consideradas el
preludio del fin de la guerra fría.
Este contexto fue el que permitió
el avance económico de China. Al llegar al XVIII Congreso del PCCh en 2012, las
mayores aspiraciones eran conservar los fundamentos que dieron origen a ese
partido y no olvidar su misión principal que era la construcción del socialismo
con peculiaridades chinas, luchando “incansablemente por materializar el sueño
chino de la gran revitalización de la nación”, que culminaría con la creación
integral de una sociedad modestamente acomodada.
Desde que el marxismo fue
introducido en China, los primeros militantes y fundadores del PCCh se
propusieron utilizar su teoría científica para buscar soluciones a los problemas
del país. A partir de entonces y a través de los casi 100 últimos años, han
hecho denodados esfuerzos para encontrar respuestas a cada reto que se ha
planteado.
Hoy, el PCCh entiende que la
construcción socialista pasa por lo que han denominado el “gran sueño chino”. En
esa medida, todo el Partido se ha volcado a fortalecer más conscientemente su
convicción en el camino, la teoría, el sistema y la cultura lo que han llamado
las cuatro convicciones y no seguir ni el viejo camino del enclaustramiento y el
anquilosamiento, ni el mal camino de cambiar su bandera por otra, sino mantener
su firmeza en lo político, perseverar en un trabajo sólido para vigorizar el
país, persistir y desarrollar el socialismo con peculiaridades chinas.
En torno a este importante tema,
empeñándose en la guía del marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la
teoría de Deng Xiaoping, el importante pensamiento de la triple
representatividad y la concepción científica del desarrollo, manteniendo la idea
de buscar la verdad en los hechos, adoptando una actitud realista y práctica, y
perseverando en el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, el PCCh
con una visión completamente nueva en estrecha combinación con las condiciones
del tiempo actual y las nuevas exigencias de la práctica, ha profundizado en la
comprensión de la ley del ejercicio del gobierno por parte de los partidos
comunistas, la ley de la construcción socialista y la ley del desarrollo de la
sociedad humana, y ha llevado adelante una ardua exploración teórica al
respecto, obteniendo importantes logros en la innovación teórica, creando así el
pensamiento sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva época que
es la forma como entienden su sociedad y la manera de transformarla a corto,
mediano y largo plazo.
El pensamiento sobre el socialismo
con peculiaridades chinas da continuidad y hace un aporte en el desarrolla del
marxismo-leninismo a través de las contribuciones que se han ido haciendo a lo
largo de la historia, no sin cometer errores, algunos de ellos, generadores de
graves consecuencias.
En la actualidad, ese proceso ha
cobrado renovada fuerza y se expresa como la “chinización” del marxismo, que es
expresión de la cristalización de las experiencias prácticas y de la sabiduría
colectiva del pueblo, constituyéndose en un importante componente del sistema
teórico del socialismo con peculiaridades chinas, por lo que no hay dudas que
mantendrán este pensamiento durante largo tiempo y lo seguirán desarrollando sin
cesar, no obstante las incomprensiones y el menosprecio de Occidente.
La práctica no tiene límites, como
tampoco los tiene la innovación teórica. El mundo está cambiando a cada
instante, como también lo hace China. En este marco, el PCCh se ha propuesto
seguir los pasos de este tiempo en lo referente a las teorías, dominar
progresivamente las leyes objetivas e impulsar constantemente la innovación
teórica, práctica, institucional y cultural.
En este marco, el presidente Xi
Jinping ha insistido en la necesidad de lograr el firme desarrollo de la labor
ideológica entendiendo que ésta determina el rumbo de avance y el camino de
desarrollo de la cultura, en esto le da prioritaria importancia a continuar
haciendo una adaptación coherente y creativa del marxismo a las condiciones de
China, construyendo una ideología socialista dotada de una poderosa fuerza
conductora para incorporar y cohesionar estrechamente al pueblo en torno a los
ideales y las convicciones, a su propia concepción de valores y conceptos
morales.
En la etapa que ha seguido al XIX
Congreso del PCCh realizado en octubre de 2017, Xi ha insistido en la necesidad
del apertrechamiento teórico para hacer que el pensamiento sobre el socialismo
con peculiaridades chinas eche hondas raíces en el pueblo, para lo cual se han
planteado profundizar en la investigación y la construcción teórica del
marxismo, acelerando la creación de unas ciencias sociales y una filosofía con
peculiaridades chinas y fortaleciendo la construcción de laboratorios de ideas
que deben ser dotados de dichos conocimientos.
En su informe a este Congreso, Xi
hizo un llamado a: “Que todo el Partido y el pueblo de todas las etnias del país
se unan estrechamente en torno al Comité Central del Partido, enarbolen la gran
bandera del socialismo con peculiaridades chinas, avancen con un espíritu
pujante y se entreguen completamente a su cometido, continúen luchando por
cumplir las tres tareas históricas: el impulso de la modernización, la
culminación de la reunificación de la patria y la salvaguardia de la paz mundial
y la promoción del desarrollo conjunto, hasta lograr el triunfo definitivo en la
culminación de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada,
conquistar la gran victoria del socialismo con peculiaridades chinas de la nueva
época, materializar el sueño chino de la gran revitalización de la nación china
y hacer realidad la aspiración del pueblo a una vida mejor”.
He ahí el proyecto chino para la
construcción del socialismo, que como se observa ha tenido continuidad en el
tiempo, lo cual hace prever que China perseverará en la lucha por su
consecución. Nuestro problema es entender esta tarea estratégica en términos de
la temporalidad del mismo. Sus tiempos no son los nuestros, he ahí -desde mi
perspectiva- la principal dificultad para comprenderlo. La finitud del tiempo
occidental –hablando en términos filosóficos- no tiene correspondencia en China
donde el carácter infinito del tiempo permite pensar en la realización de obras
materiales y sociales en muy largos plazos. He ahí la explicación de la
construcción de todos los tramos de la gran muralla china durante 22 siglos de
labor continua.
Si la perspectiva socialista en
China no fuera realidad, sería difícil comprender que Donald Trump dedicara
parte de sus últimos dos discursos en las más recientes asambleas generales de
la ONU a desprestigiar su ejecutoria. El 20 de septiembre de 2017 expuso que:
“…el socialismo ha sido implementado fielmente. Desde la Unión Soviética hasta
Cuba y Venezuela, donde quiera que se haya adoptado el verdadero socialismo o
comunismo, se ha generado angustia, devastación y fracaso. Aquellos que predican
los principios de estas ideologías desacreditadas solo contribuyen al
sufrimiento continuo de las personas que viven bajo estos crueles sistemas”.
Y el 25 de septiembre de 2018:
“Prácticamente en todas partes donde se ha intentado el socialismo o el
comunismo, ha producido sufrimiento, corrupción y decadencia. La sed de poder
del socialismo conduce a la expansión, la incursión y la opresión. Todas las
naciones del mundo deberían resistir el socialismo y la miseria que trae a
todos”.
¿Por qué preocuparse tanto por una
ideología “desacreditada” y “fracasada”?. ¿Sigue creyendo usted amigo lector o
lectora que la confrontación que desató Estados Unidos contra China es solo
comercial? Saque sus propias conclusiones.
Insistamos en nuestra diferenciación y corroboremos la función de los gobiernos
progresistas e izquierdas afines y las gravísimas consecuencias:
Un balance
parcial (I)
29 de
junio de 2019
Por Guillermo
Almeyra (La Jornada)
Hace un año un aluvión de votos de
repudio, de protesta o de esperanza expulsó del gobierno a una oligarquía feroz
y corrupta que con sus crímenes y delitos ensangrentaba y arruinaba a México.
Desde el 1º de diciembre de 2018 (hace siete meses), Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) gobierna apoyándose en el crédito que le conceden decenas de millones de
personas, que esperan que encabece un profundo cambio político y social, pero
también en el sostén que le brindan las Fuerzas Armadas y una parte –minoritaria
pero de peso político y económico- del gran capital y la derecha clásica.
AMLO
está en el gobierno, pero el poder está en las manos de sus viejos propietarios
que intentan utilizar al presidente para “domar al tigre” de los movimientos
sociales que lo llevaron al gobierno para después desecharlo una vez utilizado.
En los
términos de la Revolución Mexicana tan habituales en el discurso presidencial,
el aparato estatal y la economía siguen en manos de los porfiristas mientras un
iluso y palabrero nuevo Madero destruye su base política y social combatiendo a
los orozquistas y zapatistas de hoy…
No es la primera vez en la
historia que una fracción más hábil de la clase burguesa y sus militares
recurren a un caudillo popular para hacer un contrafuego social ya que la
dictadura militar argentina que había depuesto a Perón lo llamó en los años 70
de su largo exilio y le dio el gobierno para que hiciera el trabajo sucio que
los militares no habían podido realizar en 18 años y que, en efecto, hizo Perón
con sus asesinos paramilitares de la Alianza Anticomunista Argentina más la
burocracia sindical fascista y prohibiendo las huelgas.
AMLO
gobierna, en efecto, con un personal político-económico que es una mezcla, por
un lado, de viejos y encallecidos servidores de la oligarquía conservadora (como
Romo, que en un comienzo lo calificaba de peligroso hasta que comprendió que
podía utilizarlo) dispuestos a aceptar cambios superficiales para mantener
intactos el sistema y sus intereses y, por otro, algunos académicos
formados en la ideología estatalista de la unidad nacional
entre explotadores y explotados y en el reformismo gradualista y por etapas del
comunismo estalinista. AMLO cree poder decidir todo y actúa como Júpiter olímpico pero,
en realidad, es un dron teledirigido guiado por el “realismo” de los
capitalistas y no respeta ni escucha a los explotados. En cuanto a su partido,
MORENA, es sólo una
maquinaria electoral y, en el Congreso, un aparato acrítico y sin ideas ni
iniciativa apto sólo para votar a mano alzada y aceptar acuerdos negociados a
sus espaldas.
Esto
es lo que demuestran estos primeros siete meses de gobierno que, si bien son
pocos para un balance más completo, permiten sin embargo confirmar las
reiteradas previsiones sobre lo que sería el gobierno de AMLO.
No faltaron hasta hoy algunas
medidas positivas: la represión a la mafia que ordeñaba los oleoductos, el
esfuerzo para salvar a PEMEX, que fue desmantelada, los aumentos salariales
masivos en el Norte, los puentes tendidos para negociar con los maestros de la
CNTE, la liberación de presos políticos y sociales.
Pero las medidas negativas dictadas por la derecha son mucho más
importantes y numerosas y van desde la decisión de hacer el Tren Maya sin una seria consulta
previa a los pobladores afectados para realizar una gran maniobra
turístico-inmobiliaria que modificará profundamente los recursos naturales, el
tejido social y el territorio,
hasta la resolución de terminar la central térmica de Huexca alimentada por un gasoducto tendido sobre el
Popocatépetl enterrando de paso la investigación sobre el asesinato de Samir
Flores.
Gravísima es la capitulación ante el chantaje de Trump
que amenazaba con impuestos (que lesionarían sobre todo a la economía
estadounidense y eran muy resistidos por muchas grandes empresas de EE.UU.) y la
consiguiente movilización de decenas de miles de soldados disfrazados de
Guardias Nacionales para tratar de impedir el ingreso a México de emigrantes
centroamericanos expulsados de sus países por la dictadura y la falta de
trabajo.
Gravísimo es anular la libertad de circulación por el territorio mexicano y el
proyecto de crear en Chiapas y en el Istmo de Tehuantepec sendos centros de
fijación de las emigraciones actuando así como policía fronteriza estadounidense.
Igualmente grave es crear Zonas Económicas Especiales (ZEE) sin consultar con
las poblaciones, como se
había comprometido a hacer, y desdeñar la oposición de la UCIZONI y otras
organizaciones indígenas del Istmo y de Los estados del SUR. Grave también es
legitimar a Elba Esther Gordillo y sabotear la lucha universitaria por aumentos
de sueldos y contra los recortes a los centros de estudio, así como la reducción
indiscriminada y masiva de personal. Retrógrada es la visión sobre la cultura,
reducida a la difusión de conocimientos básicos a pesar de la magnitud del
analfabetismo de retorno, de la ignorancia generalizada y de la enormidad de las
diferencias sociales que hace indispensable un esfuerzo cultural y un sistema de
becas de calidad.
---
Frontera imperial
AMLO, Trump y
la doctrina Monroe
2.0.
1 de julio de 2019
Por
Carlos Fazio
Brecha
México
desplegó esta semana unos 15 mil miembros de la Guardia Nacional en su frontera
norte, que se suman a los cerca de 6 mil ya apostados en el sur. El objetivo:
contentar a Donald Trump y su electorado antinmigrante. Al ritmo de las amenazas
y las extorsiones de Washington, la legalidad humanista cede terreno a la noción
de seguridad nacional. Nuevo estilo de negociación para la vieja empresa de
control colonial.
El pasado 30 de mayo, cuando el
presidente Donald Trump amenazó en un tuit a México con imponerles aranceles
punitivos a todas sus exportaciones en un plazo de 11 días si no frenaba el
éxodo de refugiados hacia Estados Unidos, las relaciones bilaterales entraron en
la más grave crisis político‑diplomática desde los años ochenta.
En la coyuntura, el autócrata
de la Casa Blanca necesitaba otra guerra. Inmerso en un conflicto global de
tarifas y financiero con China, amenazó a India, a Turquía y a las 28 naciones
de la Unión Europea; fintó con Corea del Norte, después con una invasión y un
golpe de Estado en Venezuela, y luego el objetivo fue y sigue siendo Irán, al
que amenazó con la aniquilación total. Como encontró resistencias, adelantó su
campaña por la reelección y, abusando de la asimetría de poder, eligió a México
como blanco de una guerrita económica espléndida a golpes de tuits, dislates
verbales y amenazas mediáticas. Fabricó una crisis y obligó a su contraparte a
sentarse a la mesa con una pistola en la cabeza. Es decir, utilizó una lógica de
“negociación” mediante chantaje. Una guerra sin misiles, con aranceles punitivos
virtuales, que, de concretarse, podrían destruir industrias y 900 mil puestos de
trabajo del lado mexicano.
En rigor, la guerra de
migrantes por aranceles fue política: el mitómano de la oficina oval necesitaba
consolidar su imagen de supremacista blanco y xenófobo para exacerbar las
actitudes chovinistas de su base electoral. Como en su campaña de 2015‑2016,
México y los centroamericanos que huyen del horror y quieren ingresar a Estados
Unidos vuelven a ser parte de la estrategia de la presidencia imperial y la
extrema derecha en el poder; son consustanciales a la narrativa nativista
fundacional de campaña del populista Trump, de cara a los comicios del 3 de
noviembre de 2020.
México, un extraño
enemigo.
Las razones esgrimidas para
lanzar esa ofensiva coercitiva no fueron comerciales. Trump insistió en que el
éxodo méxico‑centroamericano a Estados Unidos constituye un problema de
seguridad nacional. Justificó su guerra de aranceles contra México con base en
la ley de poderes económicos de emergencia internacional (Ieepa, por sus siglas
en inglés), que desde 1977 permite a los inquilinos de la Casa Blanca intervenir
de manera extraordinaria en asuntos económicos en caso de una “amenaza
internacional inusual y extraordinaria”. Es una ley que se aplica contra
países considerados “enemigos”.
Jimmy Carter la utilizó contra Irán cuando la crisis de los rehenes de la
embajada de Estados Unidos en Teherán, en 1979. Se ha empleado contra Corea del
Norte, Siria y Sudán, y varias órdenes ejecutivas de Trump para sancionar y
desestabilizar a Venezuela han sido justificadas con base en la Ieepa.
Así, México pasó de aliado y
socio comercial subordinado de Estados Unidos a país enemigo, que pone en riesgo
la seguridad nacional de la superpotencia. Un exabrupto. Además, para imponer su
agenda a los enviados del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington,
Trump usó trampas de crupier de casino, donde la casa siempre gana. Lo que fue
combinado con una estrategia de máxima presión: el viernes 7 de junio, durante
una reunión de 12 horas en el tercer día consecutivo de “negociaciones”, el
canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y su comitiva fueron despojados de laptops,
celulares y otros aparatos electrónicos, para evitar grabaciones secretas (que,
por lógica, sí hicieron funcionarios del Departamento de Estado).
¿Resultado? México aceptó
enviar 6 mil efectivos de la Guardia Nacional (en formación) a ejercer funciones
de vigilancia, control y verificación migratoria en la frontera de 240
quilómetros con Guatemala; criminalizar y perseguir a quienes huyen del terror y
buscan asilo o refugio, y acelerar la instrumentación del programa Remain in
Mexico (Quedate en México) para combatir los flujos migratorios (lo que viola la
ley de asilo estadounidense y el principio de la no devolución), con la
condición de que si en 45 días estos no decrecen de manera significativa, el
“tercer país seguro” regresa a la mesa junto con la imposición de aranceles
punitivos.
En el corto plazo, Trump –a la
cabeza de un Estado canalla (rogue state), que no se considera obligado a
actuar de acuerdo con las normas internacionales– coaccionó a México para que
hiciera el trabajo sucio al interior de sus fronteras. Y ahora, el eslabón más
débil de la relación tiene una presión migratoria en forma de pinza: en la
frontera norte con Estados Unidos, por la devolución de unos 60 mil
centroamericanos, que deberán esperar en México mientras se tramita su asilo en
tribunales estadounidenses, y, en la frontera sur, por el ingreso de unos 100
mil refugiados guatemaltecos.
Trump pretende un Acuerdo de
Tercer País Seguro (Atps) con México, para que resuelva su ineficiente y lento
sistema de asilo –que, como ha sido documentado, incluye virtuales campos de
concentración para niños, niñas y mujeres–, ante la falta de republicanos y
demócratas para reformarlo. Se estima que 80 por ciento de los casos de asilo
son negados después de un año o más de espera. Estados Unidos está negociando un
Atps con Guatemala, para crear de
jure un cerco jurídico
internacional que lo aísle del éxodo de refugiados centroamericanos. México es
la otra pieza clave.
Pero no deja de ser
contradictorio que Estados Unidos nombre a México como tercer “país
seguro” (véase Brecha,
14‑VI‑19), cuando el propio Trump considera la frontera sur del imperio como una
de las más peligrosas del mundo. Al respecto, cabe consignar que la migración no
es la única carta que tiene Trump. En abril pasado difundió una serie de tuits
en los que decía que estaba buscando una sanción económica para “los
500.000 millones de dólares en drogas ilegales que son enviadas y
contrabandeadas a través de México” por
la frontera sur de Estados Unidos. Dio un año para revertir esa situación. A
mediados de junio volvió a insistir en que 90 por ciento de la droga que ingresa
a Estados Unidos lo hace desde México y que en 2018 hubo 60 mil muertos por
sobredosis de opiáceos, de los cuales 15 mil fallecieron por sobredosis de
heroína o sus derivados ingresados desde México.
No queda duda de que la
política de estilo macartista de Trump pegó en la línea de flotación del
discurso humanista de Andrés Manuel López Obrador. Y aunque, como reveló The
New York Times, el acuerdo migratorio del 7 de junio contiene acciones que
México ya había aceptado previamente, resulta evidente que el gobierno mexicano
expandió y aceleró su ejecución con un despliegue de personal y equipo sin
precedentes en la zona sur del país, en particular en la porosa, desordenada y
violenta frontera con Guatemala, donde para los lugareños, a ambos lados de una
línea divisoria surcada de aldeas, ejidos y caseríos, el Estado es un concepto
difuso.
Migración,
refugio, derechos humanos y territorios.
La migración es un derecho
humano reconocido en el derecho internacional. A su vez, el derecho
internacional de refugiados se rige por la Convención de 1953 de la Organización
de las Naciones Unidas, que aplica dicho estatus a toda persona que tenga “un
temor fundado por su vida”, debido, principalmente, a la persecución de
orden político, étnico, racial o religioso. Otras motivaciones para tipificar la
condición de refugiado, recogidas en la Declaración de Cartagena de 1984, son la
violencia generalizada, la hambruna, el cambio climático y la violencia
intrafamiliar, preceptos que fueron incorporados por México en la nueva ley de
refugiados de 2011. A su vez, según el artículo 2 de la ley de migración
mexicana, “en ningún caso una
situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un
delito”.
No obstante, las acciones
ordenadas por López Obrador indican una visión de migración basada en una noción
de seguridad nacional. Es decir, una política migratoria de corte militar,
punitiva y violatoria de derechos humanos. Según Porfirio Muñoz Ledo, presidente
de la Cámara de Diputados y correligionario de Amlo, con su “nativismo
histérico” Trump logró “desplazar
el muro de la frontera norte (de
México) hasta Chiapas y utilizar a
la Guardia Nacional como border
patrol”. Y agregó: “(Trump) quisiera
exhibir a nuestro país como una jaula frente al electorado estadounidense”.
En ese contexto, López Obrador
considera que el fenómeno migratorio responde a carencias materiales y a la
inseguridad en regiones marginadas de México y Centroamérica. Cierto.
Pero nunca
dice que la pobreza, la marginación y la violencia extrema –delincuencial y
estatal– son generadas por el sistema capitalista, clasista y expoliador. Un
capitalismo criminal y militarizado, que en el marco de políticas de “libre
comercio” (¡vaya eufemismo de ocasión!) convirtió a México, Guatemala, El
Salvador y Honduras en países extractivistas y maquiladores, que de manera
masiva expulsan seres humanos de sus territorios.
Los
territorios son el centro estratégico de la competencia mundial (doctrina Monroe
2.0) y las relaciones de poder. La historia de la colonización es a la vez la
del reparto de territorios. No obstante, el colonialismo actual ocurre también
mediante un adoctrinamiento integral neosocialdarwinista y
el sometimiento violento de quienes oponen resistencia; abarca tanto los
territorios como los sentidos o las percepciones y las construcciones semióticas
y culturales. México y Centroamérica son parte de los territorios de las guerras
interimperialistas, de las guerras por territorios, bienes naturales, mercados y
mano de obra barata. Y para la guerra se necesita soldados, marinos y guardias
nacionales militarizadas, y, más importante aun, ganar “las
mentes y los corazones” mediante
la guerra psicológica.
Émulo de Al
Capone en la Casa Blanca.
Según el Financial
Times, críticos estadounidenses de Donald Trump lo comparan a menudo con un
gángster. El propio ex jefe del Fbi James Comey, despedido por Trump, dijo que
su trato con él le recordó su empleo anterior “como
fiscal antimafia”. Y en verdad los gestos y el estilo gansteril de Trump
recuerdan a los personajes de El
padrino y Los
Soprano. En particular, su tendencia a tratar las alianzas como una forma de
estafa de protección: pagás o dejo de proteger el vecindario. Pero también su
forma de conducir la política exterior, con énfasis en las relaciones personales
y una disposición a cambiar de manera repentina de las palabras cálidas a las
amenazas, y viceversa.
¿Un ejemplo? Ante las amenazas
del don de la Casa Blanca, el 17 de junio México ya había sellado su frontera
con Guatemala con la Guardia Nacional. Tres días después, durante una entrevista
con Telemundo, Trump dijo que
López Obrador “le gusta” y
quisiera reunirse con él. Interrogado sobre si consideraba a México un país
aliado o enemigo, riéndose, respondió: “Esta
semana lo considero amigo”. Negó que México haga el “trabajo
sucio” y añadió que “han
estado haciendo un trabajo excelente”. “Firmamos
un acuerdo hace una semana y media, colocaron 6 mil efectivos en la frontera
sur… Hasta ahora están haciendo un buen trabajo. Si no hubiera sido así,
hubiéramos impuesto sanciones.”
Dicho eso, y apenas a dos semanas de haber alcanzado un acuerdo
migratorio preliminar con México, filtraciones anónimas del Departamento de
Seguridad Nacional reproducidas en medios estadounidenses dieron cuenta de la
próxima puesta en marcha de un operativo (“megarredadas” lo
llamaron) para deportar a familias completas de migrantes que residen en las
principales ciudades del país. Para complacer a sus bases retrógradas, Trump
amenazó con una nueva cacería antinmigrante. Mientras tanto, a López Obrador le
está corriendo su tiempo de gracia.
Y si algo exhibe la coyuntura, son los nexos
del padrino Donald
Trump con los magnates (robber barons), los banqueros de Wall Street y el
Estado profundo, dominado por los servicios de inteligencia y el Pentágono. Por
lo que, por donde se le mire, en el largo camino hacia las elecciones de
noviembre de 2020 en Estados Unidos, las relaciones entre Trump y López Obrador
estarán llenas de sobresaltos y no terminarán bien.
Brecha de Montevideo, Edición
1753.
---
Trump y el Estado
policíaco global
2 de julio de 2019
Por Carlos
Fazio (La Jornada)
En muy corto plazo, la guerra de
migrantes por aranceles desatada el 30 de mayo por Donald Trump derivó en una
grave crisis humanitaria en México. Y de manera vertiginosa, también, la imagen
progresista y humanista del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se trasmutó
en la de un país que opera como un módulo más del Estado policiaco global, como
característica principal del capitalismo actual, asentado en sistemas cada vez
más ubicuos y omnipresentes de control social de masas y humanidad superflua
mediante la represión estatal y guerras difusas, como forma militarizada de
acumulación de capital por despojo.
Más
allá de la narrativa populista, el neoliberalismo
con esteroides de Trump (William I.
Robinson dixit)
es una
respuesta clasista de la ultraderecha a la crisis de legitimidad del sistema,
que descansa sobre un mensaje nacionalista y proteccionista de corte neonazi,
dirigido, en particular, a generar emociones y movilizar al sector más
reaccionario de su electorado blanco, anglosajón y protestante (WASP, por
sus siglas en inglés), que en 2016 resultó deslumbrado por el narcisismo, el
rostro rosado, la gorra roja y el grito de campaña America
first! del actual inquilino de la
Casa Blanca.
Entonces como ahora, la fanfarronería imperial y el discurso supremacista blanco
y xenófobo de Trump −que criminaliza al otro, ese
extranjero− están dirigidos a despertar el sentimiento antimexicano y
antinmigrante en ese sector de trabajadores estadunidenses perjudicados por el
TLCAN, para que canalicen su temor e inseguridad hacia una conciencia racista de
su condición; lo que alienta la reproducción de milicias privadas,
organizaciones fundamentalistas de todo tipo y grupos de vigilancia
antinmigrantes.
En la
coyuntura, la retórica de construir el muro y
el fuerte incremento de las redadas y las detenciones de personas sin papeles
que huyen del horror, la persecución y la violencia criminal (delincuencial y
estatal) forman parte de una estrategia más amplia para desarticular en EU a las
llamadas minorías en
resistencia. A lo que
se suma la necesidad de la economía estadunidense y la
clase capitalista trasnacional de remplazar el actual sistema de
superexplotación de la mano de obra indocumentada con un masivo programa de trabajadores
con visas, que sería más eficaz en conjugar la superexplotación y nuevas formas
autoritarias de disciplina laboral con la vigilancia en masa y el supercontrol
social.
De allí la guerra (no) declarada de Trump contra los inmigrantes, los refugiados y las pandillas (los bad hombres), que se combina con la construcción de muros fronterizos, cárceles y centros de detención de inmigrantes (lucrativos negocios todos) incluso fuera de EU, como es el caso de México en la coyuntura. Un sistema concentracionario que se va gestando a la par del surgimiento de una cultura neofascista mediante la militarización de sociedades enteras, la xenofobia, la misoginia y la imposición de una ideología que abarca una supremacía racial/cultural que normaliza la guerra, la dominación y la violencia social.
Pero
la cultura militarista y masculinista de Trump viene de atrás. Las políticas de
Hitler se inspiraron en el racismo institucionalizado de EU y el pragmatismo del
derecho consuetudinario; en Mein
Kampf, el futuro führer alabó
las restricciones de EU a la inmigración. Los nazis consideraban a EU modelo
para la raza blanca, un imperio racial nórdico que había conquistado una ingente
cantidad de lebensraum (espacio
vital). Rasse y raum −raza
y espacio vital− eran para los nazis palabras claves tras el triunfo de EU en
el mundo. Los nazis veían a los judíos, los zíngaros, etcétera, como inferiores,
igual que los sureños blancos veían a los esclavos negros y sus descendientes
como una raza extranjera de
invasores que amenazaba con tomar la
delantera.
Asimismo, y a la luz de la historia, el magnate especulador inmobiliario de
Nueva York no habría llegado a la Oficina Oval, si antes el senador republicano
Barry Goldwater no sentara las bases del neoconservadurismo extremista de
estirpe racista que abrazaría después Ronald Reagan. El eslogan Make
America great again fue creado y
usado por primera vez por Reagan en 1980. Por lo que Trump no es una falla
crítica del sistema, sino la culminación de ese proceso.
Como dice James Petras, Trump está completamente integrado en la
estructura más profunda del imperialismo estadunidense; durante su mandato las instituciones
permanentes del Estado se han
mantenido sin cambios. A pesar de sus ocasionales referencias a la no
intervención en guerras en el extranjero,
Trump sigue los pasos de sus
predecesores. Sus diferencias con Barack Obama se limitan al estilo y la
retórica. Con su demagogia pseudoprogresista Obama expulsó a una cifra récord de
trabajadores mexicanos (2 millones en ocho años); Trump ha continuado la senda
prometiendo aumentar las deportaciones. Pero inmigrantes y refugiados son
producto del cambio climático, de la depredación ecológica, de la acumulación de
capital por despojo. Y de las guerras directas y encubiertas de Obama; de sus
políticas de cambio de régimen que
provocaron desplazamientos forzosos, la muerte de millones de civiles y miseria
por doquier. Obama derramó la sangre y a Trump le toca arreglar
el caos. México no escapa a esa lógica.
Generalicemos
la discusión, abajo y a la izquierda, sobre porqué asumir la
lucha de clases o confrontación con la alianza entre capitales y estados
locales e imperialistas. Es verificar en qué han resultado todos los
gobiernos progresistas e izquierdistas afines, incluso el gobierno de Evo
Morales Ayma -Álvaro García Linera cuyo éxito obedece a la lógica del
Capital-Estado. Veamos cómo las elecciones no caracterizan a la
democracia y cómo tampoco la Asamblea Constituyente no basta para acabar con
el capitalismo. Hagamos memoria sobre:
El gobierno legitima desmontes ilegales y suspende la reversión de más de 5 millones de hectáreas
17 de octubre de 2018
Por Bolpress
21 de enero de 2013
El
Presidente Evo Morales promulgo ayer la Ley 337 que legitima la deforestación y
suspende la reversión de millones de hectáreas desmontadas ilegalmente en los
últimos 15 años. “Estamos contentísimos porque son más de 5 millones de
hectáreas que van a ser libres de reversiones y multas exageradas”, celebró el
presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) Julio Roda.
10-01-2013: Casi el 50% de la
producción mundial de alimentos termina en la basura
24-12-2012: Guabirá bate récord histórico en molienda de caña y diversificación productiva
06-12-2012: La FAO pide un enfoque centrado en los campesinos para invertir en la agricultura
22-11-2012: El gran negocio agroalimentario
20-09-2012: Cañeros rechazan algunos artículos del proyecto de ley “Regulación productiva de la caña de azúcar”
02-09-2012: Vietnam destrona a Brasil y ya es el primer exportador mundial de café
31-08-2012: Graves sequías elevan los precios de los alimentos y amenazan a la población más pobre
29-08-2012: La incidencia de la volatilidad de precios en la alimentación boliviana
24-08-2012: Para García Linera, lo mejor es que el libre mercado defina el precio del azúcar
10-08-2012: El agronegocio neoliberal en tiempos de cambio
09-08-2012: Se viene la tercera crisis alimentaria
02-08-2012: Investigación agropecuaria para la revolución productiva y soberanía alimentaria
24-12-2012: Guabirá bate récord histórico en molienda de caña y diversificación productiva
06-12-2012: La FAO pide un enfoque centrado en los campesinos para invertir en la agricultura
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20-09-2012: Cañeros rechazan algunos artículos del proyecto de ley “Regulación productiva de la caña de azúcar”
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09-08-2012: Se viene la tercera crisis alimentaria
02-08-2012: Investigación agropecuaria para la revolución productiva y soberanía alimentaria
El gobierno de Evo Morales
concretó una “alianza productiva” con la burguesía agroindustrial y desde 2010
cumple al pie de la letra las demandas del empresariado para ampliar la frontera
agrícola y “aprovechar” la crisis alimentaria mundial como una “oportunidad de
negocio”.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara Agropecuaria de Industrias, Comercio y Servicios (CAINCO) presentaron al gobierno un pliego con tres demandas básicas: Seguridad jurídica para la tierra y las inversiones; eliminación de las fijaciones de precios y de las restricciones a la exportación, y legalización de los cultivos transgénicos.
En el 22 de enero de 2011 Morales y la burguesía agroindustrial consolidaron su “alianza” y comenzaron a diseñar un plan estratégico para garantizar el abastecimiento de alimentos en el mercado interno, y al mismo tiempo aumentar las exportaciones agrícolas.
En 2011 el Presidente Morales promulgó la Ley de la Revolución Productiva que autoriza la diseminación, internación, producción, distribución y comercialización de organismos transgénicos en Bolivia, y en 2012 concretó nuevos programas de apoyo financiero para el sector. Además, el Vicepresidente Álvaro García Linera informó que, una vez garantizado el abastecimiento interno, se autorizó la exportación de carne, soya, azúcar y arroz. [1]
En octubre de 2010 el Presidente Morales suspendió mediante decreto 0671 la exportación de azúcar y caña de azúcar, pero levantó el veto en diciembre de 2011 y liberalizó la venta de 650 mil quintales al exterior. En agosto de 2012 autorizó la exportación de 12.515 toneladas del endulzante y el 22 de septiembre permitió la venta de 50 mil toneladas adicionales. El 11 de enero de 2013 Morales autorizó por decreto 1461 un cuarto cupo de exportación de 42 mil toneladas de azúcar.
Por otro lado, el gobierno del MAS cerró con broche de oro la gestión 2011 concretando una nueva Alianza Estratégica con el Grupo del Banco Mundial para el periodo 2012-2015, a fin de brindar mayor apoyo financiero a la actividad agrícola y ganadera. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) fomenta las agroexportaciones y la construcción de carreteras con un financiamiento de 530 millones de dólares.
Adicionalmente, el Ejecutivo logró “el compromiso del sistema financiero para que al menos un 15% de los recursos del sistema bancario puedan dirigirse para apoyar en buenas condiciones a la actividad agrícola y ganadera”, resaltó el Vicepresidente, y también destinó a la agroindustria recursos provenientes del Fondo de Inversión de la Revolución Productiva (FINPRO). [2]
En 2012 el Vicepresidente ratificó que el gobierno está dispuesto a flexibilizar las normas agrarias referidas a la verificación de la Función Económica Social (FES) de la tierra y a los desmontes ilegales con el objetivo de ampliar la frontera agrícola. El área cultivada en Santa Cruz “es muy poca", dijo García Linera y pidió a los agroindustriales que amplíen sus cultivos hasta igualar las 8 millones de hectáreas sembradas en Paraguay.
“Hay que producir más de lo que se produce ahora, en este momento la capacidad productora del sector privado solamente satisface los lujos temporales de la población y no sirve para la acumulación y el almacenamiento de alimentos”, recalcó el ministro de Economía Luis Arce.
Es así que el 22 de septiembre del año pasado el Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) dos anteproyectos de ley para declarar una pausa de cinco años en la verificación de la FES y legalizar los desmontes no autorizados, para de esta manera garantizar el derecho fundamental a la soberanía y seguridad alimentaria.
Legalización de desmontes
El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras estiman que en Bolivia existen 5,5 millones de hectáreas deforestadas ilegalmente (3,3 millones identificadas y 2,2 millones abandonadas), de las cuales 38% pertenece a ganaderos, 28% a agroindustriales, 15% a colonizadores extranjeros, 12% a campesinos, 2% a colonizadores japoneses y 5% a pueblos indígenas.
La Ley de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques promulgada ayer por el Presidente en el hotel Los Tajibos de Santa Cruz establece un régimen excepcional para el tratamiento de predios con desmontes realizados sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011, excepto los que se encuentren al interior de Áreas Protegidas y Reservas Forestales.
La Ley 337 tiene por finalidad la rehabilitación de los predios deforestados ilegalmente como áreas de producción de maíz, trigo, arroz, yuca, plátano y caña de azúcar. El director del INIAF Lucio Tito estima que la norma permitirá incrementar en 20% la superficie sembrada y en 34% el volumen de producción, logrando un aumento de 9,6 millones de toneladas a 13,6 toneladas anuales.
La Ley 337 beneficiará a propietarios de predios titulados por el INRA, a dueños de tierras en proceso de saneamiento o sin sanear, y a titulares con procesos administrativos sancionatorios que no cuenten con Resolución Administrativa de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
Esos propietarios están obligados a acogerse al “Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques” para evitar que sus tierras sean revertidas al Estado. El empresario que acceda al programa pagará una multa de 60 dólares por hectárea; las empresas medianas de uso forestal, 40 dólares; las medianas de uso múltiple, 30 dólares; y las pequeñas propiedades y comunidades indígenas 10 dólares por hectárea.
La Ley establece que en Tierras de Producción Forestal Permanente los beneficiarios deberán restituir entre el 10 y 20% de la cobertura forestal afectada, cuando se trate de predios con superficies mayores a 50 hectáreas. Si los beneficiarios incumplen los requisitos sus tierras serán revertidas de inmediato y pagarán multas elevadas.
El director del INIAF Lucio Tito aclaró que el Estado no pretende aplicar una “política de castigo”, sino de “premio” para aquellas personas que deforestaron alguna parcela. “Quien se adhiera al programa va a recibir un beneficio grande siempre y cuando recupere una parte del bosque con la producción de arroz, maíz, trigo y caña de azúcar”, declaró Tito a la agencia ABI.
En criterio de la directora de la Liga de Defensa del Medioambiente (Lidema) Jenny Gruenberger, la ampliación de la frontera agrícola no garantiza la seguridad alimentaria nacional; “al contrario, socava los medios de vida de las poblaciones locales y acrecienta propiedades y capitales privados, la mayor parte extranjeros, grandes consorcios y empresas brasileras, argentinas y menonitas”.
“Resulta inconcebible que se ceda a las pretensiones de uno de los sectores que mayor depredación ecológica ha ocasionado al país, un sector que aporta divisas volátiles, que paga impuestos irrisorios, que no genera renta a pesar de sus exorbitantes ganancias, que recibe una generosa subvención de carburantes, y que además abre gustosamente las puertas a la extranjerización de la tierra”, consideró Gruenberger.
Cabe recordar que los monocultivos de algodón y soya dejaron casi dos millones de hectáreas en proceso de degradación en el área de expansión y en la zona integrada de Santa Cruz. En esa zona se deforestaron al menos 80 mil hectáreas en 1975; 160 mil hectáreas en 1992, 270 mil hectáreas en 2000, y casi 300 mil hectáreas en 2004. Los grandes productores de soya fueron responsables del 75% de la deforestación en ese departamento.
Más beneficios para el agronegocio
El presidente de la CAO Julio Roda agradeció al Presidente Morales por la promulgación de la “tan esperada” Ley 337, que evita la reversión de miles de propiedades y además “salva” a muchos productores del pago de multas elevadas y de procesos judiciales por haber realizado desmontes sin autorización.
“Debemos señalar que la mencionada Ley no resuelve todo el problema; sin embargo, es un primer paso importante y seguiremos trabajando hasta dar una solución total y definitiva a este problema”, comentó Roda antes de recordar que aún están pendientes otras normas importantes para el sector.
“Tenemos dos proyectos de leyes en carpeta, como son la Ley sobre la FES y la Ley sobre los Avasallamiento de Tierra que estamos trabajando de forma consensuada con el gobierno”, precisó el dirigente empresarial.
El anteproyecto de ley “de ajuste temporal de la verificación de la FES” presentado por el Ejecutivo a la ALP declara una pausa excepcional por cinco años en la verificación de la FES de predios con vocación forestal o áreas de desmonte no autorizado, excepto en casos comprobados de acaparamiento de tierras improductivas, relaciones servidumbrales y delitos de narcotráfico.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara Agropecuaria de Industrias, Comercio y Servicios (CAINCO) presentaron al gobierno un pliego con tres demandas básicas: Seguridad jurídica para la tierra y las inversiones; eliminación de las fijaciones de precios y de las restricciones a la exportación, y legalización de los cultivos transgénicos.
En el 22 de enero de 2011 Morales y la burguesía agroindustrial consolidaron su “alianza” y comenzaron a diseñar un plan estratégico para garantizar el abastecimiento de alimentos en el mercado interno, y al mismo tiempo aumentar las exportaciones agrícolas.
En 2011 el Presidente Morales promulgó la Ley de la Revolución Productiva que autoriza la diseminación, internación, producción, distribución y comercialización de organismos transgénicos en Bolivia, y en 2012 concretó nuevos programas de apoyo financiero para el sector. Además, el Vicepresidente Álvaro García Linera informó que, una vez garantizado el abastecimiento interno, se autorizó la exportación de carne, soya, azúcar y arroz. [1]
En octubre de 2010 el Presidente Morales suspendió mediante decreto 0671 la exportación de azúcar y caña de azúcar, pero levantó el veto en diciembre de 2011 y liberalizó la venta de 650 mil quintales al exterior. En agosto de 2012 autorizó la exportación de 12.515 toneladas del endulzante y el 22 de septiembre permitió la venta de 50 mil toneladas adicionales. El 11 de enero de 2013 Morales autorizó por decreto 1461 un cuarto cupo de exportación de 42 mil toneladas de azúcar.
Por otro lado, el gobierno del MAS cerró con broche de oro la gestión 2011 concretando una nueva Alianza Estratégica con el Grupo del Banco Mundial para el periodo 2012-2015, a fin de brindar mayor apoyo financiero a la actividad agrícola y ganadera. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) fomenta las agroexportaciones y la construcción de carreteras con un financiamiento de 530 millones de dólares.
Adicionalmente, el Ejecutivo logró “el compromiso del sistema financiero para que al menos un 15% de los recursos del sistema bancario puedan dirigirse para apoyar en buenas condiciones a la actividad agrícola y ganadera”, resaltó el Vicepresidente, y también destinó a la agroindustria recursos provenientes del Fondo de Inversión de la Revolución Productiva (FINPRO). [2]
En 2012 el Vicepresidente ratificó que el gobierno está dispuesto a flexibilizar las normas agrarias referidas a la verificación de la Función Económica Social (FES) de la tierra y a los desmontes ilegales con el objetivo de ampliar la frontera agrícola. El área cultivada en Santa Cruz “es muy poca", dijo García Linera y pidió a los agroindustriales que amplíen sus cultivos hasta igualar las 8 millones de hectáreas sembradas en Paraguay.
“Hay que producir más de lo que se produce ahora, en este momento la capacidad productora del sector privado solamente satisface los lujos temporales de la población y no sirve para la acumulación y el almacenamiento de alimentos”, recalcó el ministro de Economía Luis Arce.
Es así que el 22 de septiembre del año pasado el Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) dos anteproyectos de ley para declarar una pausa de cinco años en la verificación de la FES y legalizar los desmontes no autorizados, para de esta manera garantizar el derecho fundamental a la soberanía y seguridad alimentaria.
Legalización de desmontes
El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras estiman que en Bolivia existen 5,5 millones de hectáreas deforestadas ilegalmente (3,3 millones identificadas y 2,2 millones abandonadas), de las cuales 38% pertenece a ganaderos, 28% a agroindustriales, 15% a colonizadores extranjeros, 12% a campesinos, 2% a colonizadores japoneses y 5% a pueblos indígenas.
La Ley de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques promulgada ayer por el Presidente en el hotel Los Tajibos de Santa Cruz establece un régimen excepcional para el tratamiento de predios con desmontes realizados sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011, excepto los que se encuentren al interior de Áreas Protegidas y Reservas Forestales.
La Ley 337 tiene por finalidad la rehabilitación de los predios deforestados ilegalmente como áreas de producción de maíz, trigo, arroz, yuca, plátano y caña de azúcar. El director del INIAF Lucio Tito estima que la norma permitirá incrementar en 20% la superficie sembrada y en 34% el volumen de producción, logrando un aumento de 9,6 millones de toneladas a 13,6 toneladas anuales.
La Ley 337 beneficiará a propietarios de predios titulados por el INRA, a dueños de tierras en proceso de saneamiento o sin sanear, y a titulares con procesos administrativos sancionatorios que no cuenten con Resolución Administrativa de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
Esos propietarios están obligados a acogerse al “Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques” para evitar que sus tierras sean revertidas al Estado. El empresario que acceda al programa pagará una multa de 60 dólares por hectárea; las empresas medianas de uso forestal, 40 dólares; las medianas de uso múltiple, 30 dólares; y las pequeñas propiedades y comunidades indígenas 10 dólares por hectárea.
La Ley establece que en Tierras de Producción Forestal Permanente los beneficiarios deberán restituir entre el 10 y 20% de la cobertura forestal afectada, cuando se trate de predios con superficies mayores a 50 hectáreas. Si los beneficiarios incumplen los requisitos sus tierras serán revertidas de inmediato y pagarán multas elevadas.
El director del INIAF Lucio Tito aclaró que el Estado no pretende aplicar una “política de castigo”, sino de “premio” para aquellas personas que deforestaron alguna parcela. “Quien se adhiera al programa va a recibir un beneficio grande siempre y cuando recupere una parte del bosque con la producción de arroz, maíz, trigo y caña de azúcar”, declaró Tito a la agencia ABI.
En criterio de la directora de la Liga de Defensa del Medioambiente (Lidema) Jenny Gruenberger, la ampliación de la frontera agrícola no garantiza la seguridad alimentaria nacional; “al contrario, socava los medios de vida de las poblaciones locales y acrecienta propiedades y capitales privados, la mayor parte extranjeros, grandes consorcios y empresas brasileras, argentinas y menonitas”.
“Resulta inconcebible que se ceda a las pretensiones de uno de los sectores que mayor depredación ecológica ha ocasionado al país, un sector que aporta divisas volátiles, que paga impuestos irrisorios, que no genera renta a pesar de sus exorbitantes ganancias, que recibe una generosa subvención de carburantes, y que además abre gustosamente las puertas a la extranjerización de la tierra”, consideró Gruenberger.
Cabe recordar que los monocultivos de algodón y soya dejaron casi dos millones de hectáreas en proceso de degradación en el área de expansión y en la zona integrada de Santa Cruz. En esa zona se deforestaron al menos 80 mil hectáreas en 1975; 160 mil hectáreas en 1992, 270 mil hectáreas en 2000, y casi 300 mil hectáreas en 2004. Los grandes productores de soya fueron responsables del 75% de la deforestación en ese departamento.
Más beneficios para el agronegocio
El presidente de la CAO Julio Roda agradeció al Presidente Morales por la promulgación de la “tan esperada” Ley 337, que evita la reversión de miles de propiedades y además “salva” a muchos productores del pago de multas elevadas y de procesos judiciales por haber realizado desmontes sin autorización.
“Debemos señalar que la mencionada Ley no resuelve todo el problema; sin embargo, es un primer paso importante y seguiremos trabajando hasta dar una solución total y definitiva a este problema”, comentó Roda antes de recordar que aún están pendientes otras normas importantes para el sector.
“Tenemos dos proyectos de leyes en carpeta, como son la Ley sobre la FES y la Ley sobre los Avasallamiento de Tierra que estamos trabajando de forma consensuada con el gobierno”, precisó el dirigente empresarial.
El anteproyecto de ley “de ajuste temporal de la verificación de la FES” presentado por el Ejecutivo a la ALP declara una pausa excepcional por cinco años en la verificación de la FES de predios con vocación forestal o áreas de desmonte no autorizado, excepto en casos comprobados de acaparamiento de tierras improductivas, relaciones servidumbrales y delitos de narcotráfico.
Notas:
[1] El 27 de abril de 2012 el Vicepresidente prometió la liberalización de las exportaciones de grano y derivados de girasol y la ampliación del cupo para la exportación de maíz, reconociendo que el sector privado “forma parte del motor de la economía agrícola boliviana”. Sobre las exportaciones de soya, “entiendo la preocupación del presidente de Anapo y quiero decir que no hay restricción alguna al grano de soya, se puede exportar la cantidad que se vea conveniente. Comprometemos a la Ministra (Achacollo) a que ningún permiso para exportar soya de un pequeño, mediano o intermediario va a tardar más de 24 horas y para ello se contratará más personal y se viabilizarán los procedimientos”.
[2] Según la ASFI, en el primer semestre de 2011 los créditos otorgados al empresariado privado ascendieron a 299 millones de dólares; los préstamos a pequeños y medianos empresarios sumaron 182 millones; los créditos hipotecarios de vivienda bordearon los 135 millones; los créditos de consumo sumaron 113 millones y los microcréditos alcanzaron los 105 millones de dólares. En el primer semestre de 2012 los créditos otorgados a productores agrícolas aumentaron a 285 millones de dólares; los créditos para el sector ganadero ascendieron a 168 millones de dólares, y la silvicultura y pesca obtuvo nueve millones. La mayor parte del financiamiento al sector agropecuario se concentra en los departamentos Santa Cruz (65,7%), Cochabamba (14%) y La Paz (10,6%).
[1] El 27 de abril de 2012 el Vicepresidente prometió la liberalización de las exportaciones de grano y derivados de girasol y la ampliación del cupo para la exportación de maíz, reconociendo que el sector privado “forma parte del motor de la economía agrícola boliviana”. Sobre las exportaciones de soya, “entiendo la preocupación del presidente de Anapo y quiero decir que no hay restricción alguna al grano de soya, se puede exportar la cantidad que se vea conveniente. Comprometemos a la Ministra (Achacollo) a que ningún permiso para exportar soya de un pequeño, mediano o intermediario va a tardar más de 24 horas y para ello se contratará más personal y se viabilizarán los procedimientos”.
[2] Según la ASFI, en el primer semestre de 2011 los créditos otorgados al empresariado privado ascendieron a 299 millones de dólares; los préstamos a pequeños y medianos empresarios sumaron 182 millones; los créditos hipotecarios de vivienda bordearon los 135 millones; los créditos de consumo sumaron 113 millones y los microcréditos alcanzaron los 105 millones de dólares. En el primer semestre de 2012 los créditos otorgados a productores agrícolas aumentaron a 285 millones de dólares; los créditos para el sector ganadero ascendieron a 168 millones de dólares, y la silvicultura y pesca obtuvo nueve millones. La mayor parte del financiamiento al sector agropecuario se concentra en los departamentos Santa Cruz (65,7%), Cochabamba (14%) y La Paz (10,6%).
Comprobemos
cómo:
La coalición de izquierda que había llegado para subvertir el orden neoliberal
europeo terminó siendo la herramienta más eficaz del capital para aplicar el
ajuste.
Canalizó institucionalmente el descontento callejero y luego, al ceder y
doblegarse, desmovilizó a la población que sufrió una derrota política, pero
también ideológica y simbólica muy fuerte. El resultado: el regreso de la
derecha conservadora al Gobierno. (...)
Syriza no fue moderado para ganar elecciones, pero tras su llegada al Gobierno
su decisión de no apoyarse en el pueblo
lo convirtió al neoliberalismo o mejor al capitalismo.
Grecia
El sedante
de la moderación política
13 de julio
de 2019
Por Santiago
Mayor
notasperiodismopopular.com.ar
El domingo 7 de julio la coalición
de izquierda radical de Grecia, Syriza, perdió las elecciones con los
conservadores, tras gobernar cuatro años. Fue el fin de una etapa que había
abierto la esperanza de un nuevo camino para Europa.
La crisis económica mundial que
comenzó hace poco más de una década impactó con fuerza en el viejo continente.
En ese marco, a las recetas neoliberales de los partidos de derecha tradicional
se le sumó la adaptación -que ya venía practicando hace años- de la
socialdemocracia.
Fue así que los ajustes recayeron,
sin distinción de países, sobre las clases populares que ensayaron distintas
respuestas para afrontar esa ofensiva del capital, que golpeaba herido por su
propia lógica.
La
movilización callejera fue la primera y más inmediata. La recordada ocupación de
la Plaza del Sol en Madrid por parte de los indignados fue un punto alto que
cobró relevancia mundial, así como la lucha contra los desahucios en todo el
territorio español; también se dio un histórico récord de siete huelgas
generales en Francia en octubre de 2010; las masivas protestas en Islandia que
llevaron a la caída del Gobierno en 2009, mientras sucedía un proceso similar en
Letonia, entre otras.
Pero
a la par de ese proceso se fueron gestando alternativas político electorales que
tuvieron distinta eficacia.
En
España emergió Podemos, como un nuevo partido que buscaba renovar las lógicas
institucionales, los discursos y la forma de participación. Sin embargo su
vertiginoso crecimiento inicial, que llevó a sus dirigentes y voceros a
pronosticar una inminente victoria electoral, se estancó con los años sin lograr
superar el tercer puesto detrás de las dos estructuras tradicionales.
Cierta
renovación interna dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que se
alejó de las recetas más clásicas de ajuste, dificultó su desarrollo. En menor
medida, también incidió el nacimiento de una variante de “derecha moderna” (al
menos en sus inicios) como es Ciudadanos.
En
Francia, el Frente de Izquierda de Jean-Luc Melenchon intentó hacer lo propio y
si bien logró porcentajes altos para la izquierda gala, estuvo lejos de pelear
por el Gobierno.
A su
vez en Portugal, una coalición de la socialdemocracia, los verdes y algunos
partidos de izquierda pudo hacerse con el Ejecutivo y avanzó en un programa que
rechazó el paradigma impuesto por el Banco Central Europeo (BCE) y logró salir
de la crisis mediante políticas de inclusión social e intervención estatal.
Auge y caída de la izquierda radical
Pero
en Grecia sucedió algo diferente. El partido conservador Nueva Democracia sufrió
los efectos de la crisis y en 2010 perdió las elecciones a manos de los
socialdemócratas de PASOK. Estos dinamitaron rápidamente la esperanza de los
sectores populares desatando uno de los programas económicos más brutales.
El
país heleno fue el primero que necesitó de un “rescate” de la llamada troika
integrada por el BCE, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión
Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE). Millonarios préstamos que
incrementaron exponencialmente la deuda y como contrapartida exigieron recortes
profundos en áreas como la salud, la educación y el sistema previsional.
El pueblo griego respondió con
manifestaciones multitudinarias cuyas imágenes recorrieron el planeta. Atenas,
la capital del país y cuna de la civilización occidental, fue escenario de
barricadas incendiarias y enfrentamientos con la policía.
Así es como se llegó a las
elecciones de 2015 en las que Syriza, una alianza de partidos de izquierda de
distintas tradiciones, formada diez años antes, se impuso por sobre los dos
partidos tradicionales. Se trató de una irrupción inesperada y un efecto directo
de la crisis económica.
Tras
asumir en enero de ese año se inició un recorrido tormentoso de seis meses en
que, junto al primer ministro Alexis Tsipras, cobró una enorme visibilidad su
ministro de Hacienda, Yanis Varoufakis, encargado de llevar adelante las
negociaciones con la troika.
Los
intentos de Syriza de lograr un acuerdo que no hiciera recaer la crisis sobre
los sectores populares fueron infructuosos. Este era, para el nuevo Gobierno, un
punto nodal de su política. No obstante se chocaron una y otra vez contra la
necedad de los tecnócratas neoliberales europeos.
En
seis años de crisis y rescates financieros el PBI griego había caído un 25%, el
desempleo ascendía al 26% (53% entre les jóvenes), el 23% era pobre, la
reducción del gasto en salud había sido del 9% anual, las pensiones se habían
reducido entre un 35% y un 50%, 70.000 millones de euros se habían fugado y la
deuda había pasado de un 113% del PBI en 2008 a un 175% en 2014.
Frente
a ese escenario la posibilidad de que Atenas abandonara la UE fue un fantasma
que recorrió ese semestre hasta que llegó su momento cúlmine en una semana tan
histórica como trágica.
El
domingo 5 de julio de 2015 el Gobierno de izquierda convocó a un referéndum para
que el pueblo decidiera si aceptaba el “plan” de la troika. Tsipras y Syriza
militaron activamente por el “No” que logró más del 61% de los votos. Todo
parecía indicar que el Ejecutivo buscaba apoyo popular para aplicar un plan
alternativo (¿la salida del euro?) frente a la intransigencia de Bruselas.
Sin
embargo al día siguiente Varoufakis renunció sorpresivamente para “facilitar las
negociaciones” y unos días después el primer ministro acordó con la UE aplicar
el ajuste rechazado en las urnas a cambio de un nuevo préstamo.
La votación en el Parlamento
griego dividió por primera vez a Syriza -llegarían rupturas posteriores- y
provocó la primera gran decepción popular. Lo que siguió estos años fue un
derrotero constante.
El plan de Gobierno esgrimido en
la campaña electoral quedó en promesas vacías. Syriza no renegoció la deuda, ni
detuvo el proceso de privatizaciones de empresas estatales, ni evitó nuevos
recortes de pensiones, ni logró restablecer el salario mínimo.
Al asumir la derrota el pasado
domingo Tsipras argumentó: “Syriza ha venido de ser un partido protesta con un
4% a gobernar en el momento más difícil de nuestra historia desde la dictadura”.
Las esperanzas de recuperar la dignidad enterradas bajo el
pragmatismo de la gobernanza.
El
mejor instrumento de la troika
Paradójicamente, desde el comienzo de la crisis en 2008, Syriza fue el único
partido griego que pudo completar una legislatura de cuatro años.
La coalición de izquierda que había llegado para subvertir el
orden neoliberal europeo terminó siendo la herramienta más eficaz del capital
para aplicar el ajuste.
Canalizó institucionalmente el descontento callejero y luego, al ceder y
doblegarse, desmovilizó a la población que sufrió una derrota política, pero
también ideológica y simbólica muy fuerte. El resultado: el regreso de la
derecha conservadora al Gobierno.
Joao
Pedro Stédile, dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, afirmó en
noviembre de 2015 que a pesar de que Dilma Rousseff había ganado en 2014 las
elecciones presidenciales, los sectores populares habían sido derrotados porque
ese mismo Gobierno había aplicado un ajuste brutal.
En ese sentido el caso griego
resulta paradigmático y una enseñanza para un mundo que sigue atravesando una
crisis mucho más integral, de carácter civilizatorio. Donde el sistema
democrático representativo, tan caro a la ideología liberal, hoy es puesto en
discusión por la fuerza de un capital que no tiene límites. Donde ideologías
neofascistas y premodernas resurgen de la mano del evangelismo militante y las
derechas xenófobas y racistas.
Syriza no fue moderado para ganar
elecciones, pero tras su llegada al Gobierno su decisión de no apoyarse en el
pueblo y ceder ante las presiones de la troika terminaron por liquidar una
experiencia que podría haber abierto una cuña en el mapa político europeo y, por
qué no, mundial.
Fuente original: https://notasperiodismopopular.com.ar/2019/07/10/syriza-grecia-sedante-moderacion-politica/
El gobierno
progresista de México aceptó la política migratoria de índole criminal de los
Estados Unidos, violatoria de elementales normas del derecho internacional. Sin
mostrar ningún tipo de gallardía para enfrentar a Trump, el gobierno de México dejo abierta las puertas para futuras
agresiones, puesto que el mismo acuerdo estipula que en un plazo de 90 días
serán revisados los resultados del acuerdo, de donde se desprende que si no
agradan al círculo de Trump, se impondrán aranceles a los productos mexicanos.
Es la típica política de conciliación y entreguismo, que supone que sin luchar
se conseguirán cosas y se apaciguará el contrincante, en este caso los Estados
Unidos.
Los dos muros de
Donald Trump
12 de julio de
2019
Por Renán Vega
Cantor
El Colectivo
(Medellín)
“Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de
Estados Unidos”.
Frase atribuida a Porfirio Díaz.
Desde
cuando era candidato presidencial el magnate Donald Trump anunció como uno de
sus objetivos prioritarios el combate a los inmigrantes latinoamericanos, para
lo cual propuso terminar un muro de 3600 kilómetros de extensión para separar
físicamente la frontera entre Estados Unidos y México. En lo que va de su
mandato presidencial, Trump ha insistido en construir ese muro, lo cual no ha
logrado por múltiples inconvenientes internos. Pese a eso, no ha aflojado en su
política de criminalización de los migrantes que llegan o intentan llegar a los
Estados Unidos, quienes han sido sometidos a una feroz persecución y a una
campaña mediática de calumnia y matoneo. Y ese tenebroso individuo ha sostenido
su campaña racista porque ha descubierto que tiene una gran rentabilidad
política, máxime en momentos en que se acercan las elecciones presidenciales, en
las que el ricachón que ocupa la Casa Blanca ya entró en campaña de reelección.
Trump
es insistente en afirmar que México es uno de los principales responsables de la
llegada de migrantes a los Estados Unidos, hasta el punto que ha dicho en
reiteradas ocasiones que ese país debe financiar el Muro en la frontera que
separa a los dos países y se lo va a hacer pagar. Como parte de su objetivo de
arrodillar al gobierno mexicano, hace algunas semanas D. Trump lo amenazó con
aplicar aranceles graduales a las exportaciones procedentes de México, si no se
detenía el flujo de migrantes, vistos como una amenaza a la seguridad nacional
de Estados Unidos. En forma perentoria anunció que comenzaría con un arancel de
5% a los productos mexicanos que llegan a los Estados Unidos, lo cual se
aplicaría de manera inmediata. Esto llevo a que se iniciara una “negociación”
relámpago con el gobierno mexicano, que duró solo siete días, en la que se
impusieron en toda la línea los intereses de los Estados Unidos.
El gobierno mexicano no
luchó y se doblegó a las imposiciones imperialistas de Donald Trump y compañía.
El pretendido acuerdo impone al gobierno mexicano el control de los migrantes que circulan por su territorio que ingresan por su frontera sur, por Guatemala. El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, tras la firma de la capitulación dijo desde Washington, como si fuera un funcionario estrella del gobierno de Donald Trump, que los dos países “ se reunieron para enfrentar los retos comunes en materia de migración incluyendo la entrada de migrantes a Estados Unidos que violan la legislación estadounidense. Teniendo en cuenta el aumento significativo de migrantes a Estados Unidos, provenientes de Centroamérica a través de México, ambos países […] trabajarán conjuntamente para alcanzar una solución duradera”.
La
capitulación apunta a que México controle el flujo migratorio de extranjeros en
su territorio que van de paso hacia los Estados Unidos, procedentes
principalmente de los países centroamericanos. Para ello, México desplegará en
un primer momento un contingente de 6000 miembros de la recién creada Guardia
Nacional para controlar su frontera con Guatemala. Esto quiere decir, sin
argucias diplomáticas, mano dura contra los migrantes. Un segundo punto estipula
que el gobierno de López Obrador aplica el programa de Estados Unido denominado
Remain in Mexico (Permanecer en México) y lo extiende a toda su frontera norte,
con el fin de acoger a los solicitantes de asilo en los Estados Unidos, que
serán retornados de inmediato a territorio mexicano, mientras se resuelve sus
peticiones de asilo, resolución que puede durar meses o años. En la práctica
México está encarcelando a los migrantes, con el visto bueno de los Estados
Unidos.
El
gobierno de Andrés Manuel López Obrador cedió en forma dócil al chantaje hecho
por Donald Trump y ante la amenaza de los aranceles aceptó la política
migratoria de índole criminal de los Estados Unidos, violatoria de elementales
normas del derecho internacional. Sin mostrar ningún tipo de gallardía para
enfrentar a Trump, el gobierno de México dejo abierta las puertas para futuras
agresiones, puesto que el mismo acuerdo estipula que en un plazo de 90 días
serán revisados los resultados del acuerdo, de donde se desprende que si no
agradan al círculo de Trump, se impondrán aranceles a los productos mexicanos.
Es la típica política de conciliación y entreguismo, que supone que sin luchar
se conseguirán cosas y se apaciguará el contrincante, en este caso los Estados
Unidos. Vana ilusión, porque antes por el contrario la muestra de debilidad y la
falta de firmeza es el camino seguro hacia mayor dependencia e imposiciones por
parte de los voceros del imperialismo.
Para
completar, el gobierno de López Obrador, que se presenta como de avanzada, ha
legitimado el muro estrella de Donald Trump, el de la frontera norte de México,
y ha comenzado a erigir un segundo muro, en su frontera con Guatemala. Si antes
del “acuerdo-capitulación” Trump hablaba de un muro, después del 7 de junio (día
de la ignominiosa entrega de México), ya habla de dos, el que se ha creado por
el gobierno mexicano, para impedir el ingreso de los empobrecidos migrantes
centroamericanos al territorio mexicano, a donde vienen de paso.
La
magia del poder imperialista es tal, que ahora Estados Unidos tiene dos muros,
uno en su frontera con México y otro situado a un poco más de dos mil kilómetros
de distancia, entre México y Guatemala. De tal forma que Trump ya no tiene uno
sino dos muros.
A la larga, los perdedores han sido los migrantes de México y Centroamérica, siempre perseguidos que huyen de sus países como resultado de la intervención política y militar de Estados Unidos, en asocio con las clases dominantes locales, que empobrece a las comunidades de estos territorios y las obliga a huir en masa, para no dejarse morir de hambre. Pero ese flujo no podrá detenerse con muros y represión, y eso es algo que no han entendido ni en Washington ni en México.Publicado en papel en El Colectivo, (Medellín), julio de 2019.
