lunes, 8 de julio de 2019

Las elecciones están subordinadas al poder real y el PJ es clave en este sometimiento.

 
¿Este qué país legitima? Nos responde
la propia realidad de creciente
acaparamiento oligopólico y 
 súper explotación tanto de los trabajadores 
 como de la naturaleza.
 
 
El PJ, secundado por la UCR, ha gestionado los dos períodos esenciales a la máxima acumulación gran capitalista durante la 'democracia': el del Consenso de Washington y el del Consenso de los commodities bajo los liderazgos de Carlos Menem y del matrimonio Kirchner respectivamente. En el primero se transnacionalizaron a los motores del desarrollo nacional y bienestar social. En el segundo, sobre la base de esas privatizaciones y del cuerpo jurídico que estableció el primero, se expandieron  los extractivismos. Estos condujeron a la superlativa concentración / centralización económico territorial de la actualidad. Más de una deKada de tan gran ocupación del país por las transnacionales ( cuyos imprescindibles socios menores son los factores locales de poder) se garantizó además por intensificación del "gatillo fácil" y la actualización dictatorial:
 

Del enemigo interno a

las nuevas amenazas
1 de agosto de 2018

Juan Chaneton
 “El 8 de julio de 2014, en una de las reiteradas represiones a los trabajadores de Lear, Berni volvió a utilizar la Gendarmería como manopla. (…) Este Rambo de opereta, que desciende en helicóptero sobre las manifestaciones obreras, se jacta de ser el único ‘que entra en chancletas al despacho presidencial’ . Por algo existe el Proyecto X de la Gendarmería y un genocida como el General Milani es el Jefe del Ejército. Los espías no son periodistas o simples chismosos: el Estado espía para poder reprimir con eficacia”.
El párrafo corresponde al capítulo “La goma K”, del último libro de Miguel Bonasso. El periodista, cofundador de Página 12 en 1990, escribió “Recuerdos de la muerte” en 1984. Allí se refería a los horrores ocurridos en la ESMA y denunciaba cómo habían actuado los “grupo de tareas”, represores y espías, en los años 70.
Hace muy pocos meses, a fines de 2014 publicó “Lo que no dije en Recuerdos de la muerte”. En este libro vuelve sus pasos para denunciar cómo sigue actuando el criptoestado, donde se mueven espías y asesinos.
En sus páginas, además del relato sobre el origen y las tareas de los Stiuso y los Milani, se puede conocer parte de la pelea de los organismos de derechos humanos, la izquierda y las organizaciones obreras y sociales que denuncian y resisten a esos aparatos de represión y espionaje.
Desde La Izquierda Diario nos acercamos a hablar con Miguel Bonasso, sobre estos y otros temas de actualidad.
La crisis abierta con la muerte de Nisman puso sobre el tapete el tema de los servicios de inteligencia. En el libro publicado en noviembre le dedicás varios capítulos a los aparatos de espionaje, tomando la definición de “criptoestado”.
Bonasso- Tomo diversos elementos que tienen que ver con el espionaje a los actores sociales, cosa que ha denunciado por ejemplo Myriam con respecto al Proyecto X de la Gendarmería. Al decir “Lo que no dije en Recuerdo de la muerte” me refiero a todo lo que no podía prever hace 30 años. Que viniera un ciclo de recuperación de la democracia formal en la cual “informalmente” siguieran los mismos personajes tenebrosos que habían hecho inteligencia militar, haciendo inteligencia en tiempos civiles, haciendo inteligencia sobre políticos, actores sociales, periodistas, magistrados..
En algunos casos con métodos francamente repulsivos. Como los del hasta diciembre director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio Stiuso, alias “Stiles” o “Stiler”. Un personaje que en un viejo libro mío sobre Yabrán, Don Alfredo, había acusado de ser un “cineasta de las tinieblas”, porque filmaba gente en situaciones comprometidas, actos sexuales, por ejemplo un juez con una menor, y los había utilizado como elemento extorsivo para sacar información y tener gente “agarrada”.
Stiuso actuó en sociedad, muchos años, con Raúl Martins, que estaba refugiado en México y el fiscal Federico Delgado acá lo reclamaba por una indagatoria. Se llama a sí mismo “el Yabrán de los prostíbulos” y es un siniestro personaje de la trata. Exagente de la SIDE también, exmiembro de la Triple A con la banda de Aníbal Gordon, la banda más siniestra y delincuencial que no sólo asesinaba opositores sino que además se dedicaba a robos y asaltos. Y como decía también agente de la SIDE vinculado a Stiuso. Con él fueron armando, empezando con departamentitos privados, llegaron a un burdel y así Martins llegó a ser titular con testaferros de siete locales en Buenos Aires. Algunos están funcionando. Allí, secretamente, filmaban a determinadas personas para encapetarlas. Jueces, de todo. Recordarán el famoso escándalo de Oyarbide en Spartacus. Es parte de la misma cadena. Al mismo tiempo es el tipo que armó la vinculación con el Poder Judicial, muy estrecha, a través de la “Cadena de la Felicidad”, sobornando jueces, fiscales, de la misma manera que sobornaban periodistas. Stiuso fue uno de los cerebros de todo eso. Por eso llega hasta diciembre del año pasado siendo el director de Operaciones de la SI.
¿Por qué se produce la crisis? Creo que algo tuvo que ver mi libro, en la medida que reproduce muchas de estas denuncias contra Stiuso y su socio. Tiene que ver con lo que el cientista italiano Norberto Bobbio llama el “criptoestado”, el Estado que está en las sombras, como falla central de todo lo que podríamos llamar “modelo occidental de democracia”. Un agujero donde se mueven resortes de poder absolutamente desconocidos. A mayor secreto mayor poder para actuar de las oligarquías que actúan en las sombras. El poder económico por ejemplo. Y a mayor transparencia, mayor apertura, mayor vigilancia pública. Esta democracia, construída a partir de la derrota que se inflingieron los militares en Malvinas, tiene como deuda fundamental haber mantenido a lo que llamamos el “criptoestado” durante estos treinta años. En eso todos los gobiernos tienen culpa. Algunos más.
En la época de Carlos Saúl (Menem, NdR), el Jefe de la SIDE (Juan Bautista) Yofre, introdujo varios militares represores, que no estaban en la SIDE. Los puso. Había habido una pequeñísima purga por parte de los radicales y habían sacado algunos represores en el gobierno de Alfonsín. Llega Yofre, la SIDE menemista, y pone al General Carlos Martínez, que había sido jefe de la SIDE y jefe del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, nada más ni nada menos. Un hombre que no pudo ser condenado a cadena perpetua porque murió de “muerte natural” el año pasado, después de haber estado mucho tiempo sin que lo toque la Justicia.
Bregman- Cuando allanaron la casa de Martínez recuerdo que encontraron muchísima información, carpetas y archivos que él mismo guardaba en su domicilio.
Bonasso- Cierto. Martínez era un hombre claramente vinculado a la contrainsurgencia gringa, alumno de la Escuela de las Américas, agregado militar ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington. Esto para quienes dicen que la SIDE no tiene vínculos con la CIA, estrechos, y no sólo con la CIA sino también con la DIA, la agencia militar norteamericana de inteligencia.
- Ese aparato de espionaje, en esta década, ha seguido funcionando con sus propias “reglas”…
Bonasso- Se da un hecho inusitado en el marco de una guerra entre espías. La SIDE tiene varias bandas sueltas, e individuos, con diversos intereses. Que se han ido agregando, entre esos 2000 agentes de planta y los “inorgánicos”, ya que fueron nombrados en distintas etapas. Durante la dictadura militar, el alfonsinismo, hasta llegar al kirchnerismo. Había dos bandas principales: la del director de Operaciones Stiuso y la de Fernando Pocino, director de Reunión Interior, muy vinculado a Nilda Garré. Pocino también está vinculado al tema trata, con otros lenocinios, pero aparece como “el demócrata”, porque es de formación radical, que como sabemos no es ninguna garantía (risas). Y Pocino se vincula muy astutamente a la inteligencia militar, que se desarrolla, comienza a crecer de forma vertiginosa, con la asunción de Garré en Defensa, que ha sido presentada incorrectamente por algunos organismos de derechos humanos como una gestión “civilizadora” y que, por el contrario, creo que inicia una de las mayores regresiones que ha tenido este gobierno, que es entregarle a la inteligencia militar el espionaje interno. Incluso, lo ha dicho el jefe de Gabinete Capitanich, no yo, la inteligencia criminal. No puede hacer ni inteligencia criminal interna, ni muchísimo menos espionaje político y sobre los actores sociales: eso está expresamente vedado al Ejército. Hubo un corpus de leyes al comienzo de la democracia, que tienen defectos pero son consonantes con los acuerdos de derechos humanos que firmó Argentina en su momento y marcan una “voluntad” de alejarse de los preceptos de la Doctrina de Seguridad Nacional. La Ley de Inteligencia forma parte de ese “corpus”, que ahora se reforma. Establece que los militares no pueden actuar ni como policía interna ni en “espionaje político”. Bueno, esto se está violando. El Presupuesto de Inteligencia del Ejército, de $500 millones, comparado con el de la SI que se supone que concentra la mayor cantidad de operaciones, que tiene $800 y pico de millones… Comienza a haber una desmesura. ¿Y qué significa eso?
Si a esto le sumamos que los antecedentes del general César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani no son precisamente santos, sino que aparece vinculado al terrorismo de Estado en La Rioja y Tucumán, a la desaparición de su propia gente como el soldado Alberto Ledo y a otros hechos delictivos, de crímenes de lesa humanidad, estamos en una situación muy grave. Una situación que solo ha sido posible con el silencio cómplice de algunos organismos de derechos humanos comprados por el gobierno, sin dudas. Eso hay que decirlo categóricamente. Hay un sector de organismos de derechos humanos que han tenido una actitud digna, consecuente y combativa, como el CeProDH.
LID- Además de los fondos reservados vos decís que, así como otras fuerzas de seguridad, los servicios obtienen fondos de lo que llamamos el “gran delito”. Lo que sería una parte “en negro” que no se sabe de dónde cobra y hay sectores que tienen relación con el gran delito.
Bonasso- Exacto, relaciones con el gran delito.
Bregman- En la nueva ley de inteligencia una de las atribuciones que le dejan a la nueva “SIDE”, a la AFI, es intervenir en delitos complejos como narcotráfico. Creo que es el delito que menos inteligencia necesita en la Argentina. El tema de los desarmaderos, por ejemplo, que están directamente ligados a piratas del asfalto, robos violentos, entraderas, etc. No hay desarmaderos ocultos, los puede ver cualquiera que quiera ver. La trata de personas tampoco es un negocio oculto. Pero siguen manteniendo esta relación entre que es necesario un servicio secreto para descubrir el gran delito. De hecho lo que hacen es legalizar esta relación, que viene existiendo hace años. Está el caso del “Lauchón” Viale, un agente que reportaba a Stiuso y fue acribillado por el Grupo Halcón de la Policía de la Provincia en un “operativo antidrogas”.
Bonasso- Ahí tenés la respuesta. Teóricamente el “Lauchón” estaba infiltrado en una organización narco y en realidad es evidente que existe una competencia entre la Provincia de Buenos Aires y el señor Stiuso y le matan a Viale por una cuestión territorial: “pum, te matamos a uno de tus lugartenientes”.
Bregman- En la nueva ley éste es uno de los elementos a analizar. Se vuelve a plantear que se necesita un servicio secreto para el delito complejo cuando más bien lo que ha hecho es alimentarlo y retroalimentarlo, generando estas mafias que se matan entre sí.
Bonasso- La muerte de un fiscal que iba a denunciar a la Presidenta, en la víspera que se iba a presentar ante el Congreso, en cualquier país significaría un escándalo. Además es muy grave desde el punto de vista cultural y social, porque pone al pueblo ante el tema de la violencia política de mala manera, que hay un poder mafioso en las sombras, que viene y te mata. A la luz de esto, ¿se puede reformar algo tan difícil como es la inteligencia del país, en medio de una crisis? Se pueden terminar agravando los problemas de espionaje.
Bregman- Nosotros consideramos que la SIDE, por más que le cambien el nombre o algunas funciones, al estar ligada a tareas de control social, lo que hace que la oposición tampoco se pueda sentar a discutir en serio, es porque nadie quiere abordar a fondo para qué se necesita un servicio secreto , en defensa de qué intereses. Si no vas a fondo con qué intereses se quieren defender. Por eso hay un debate muy superficial. Que diga el gobierno nacional “porque tengo que mantener los intereses de la Barrick, de Pepsico, junto con las papeleras…” De fondo está eso, aunque después hay un funcionamiento paraestatal, estamos de acuerdo.
Bonasso- Totalmente de acuerdo. Yo te añadiría una cosa. Yo he vivido buena parte de mi vida entre gobiernos militares y gobiernos débiles presionados por militares. ¿Para qué servía la SIDE en aquellos años? Si uno se presentaba para un puesto público, se pedía el informe en la SIDE. O sea que la SIDE era un organismo macartista, que te tenía fichado y determinada si por tus particularidades políticas estabas capacitado para trabajar en el Estado o no. En términos reales, era un organismo inquisitorial, y lo siguió siendo.
Bregman- Se debería discutir eso, no solo donde están los archivos. El famoso “análisis de medios públicos” se sigue haciendo, lo hace por ejemplo Gendarmería, es leer los diarios y hacer recortes de notas periodísticas, viendo las solicitadas, quién adhirió a tal causa, a tal marcha.
Bonasso- Es el “gran hermano” que te vigila…
Entrevistaron: Myriam Bregman - Lucho Aguilar.
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En la segunda parte de esta entrevista Bonasso habla de la persecución que el Estado, utilizando a los servicios de inteligencia y a sus fuerzas de armadas y de “seguridad”, realiza sobre las organizaciones obreras, populares y la izquierda. También analiza en particular el caso de Alejandrina Barry, la hija de desparecidos (militante del CeProDH y del PTS) que fue víctima de una operación conjunta entre los militares y la Editorial Atlántida, uno de los temas de su libro.
Temas relacionados

 
 
Los acaparamientos oligopólicos se concretan, esencialmente, mediante los extractivismos. Aclaremos que  son mega emprendimientos que desertifican y arrasan los equilibrios ecológicos, de ahí las catástrofes socioambientales. Abarcan no sólo la extracción a gran escala de minerales, hidrocarburos, pesca, agua...suelos por los monocultivos de transgénicos. Sino también incluyen a los megaemprendimientos turísticos e inmobiliarios y las megalópolis por arrasar la biodiversidad y ciclos naturales (o habitabilidad) de esos territorios.
 
El capitalismo en el Abya Yala, sea de gestión neoliberal sea de gestión neodesarrollista, establece el dominio de las corporaciones imperialistas en contubernio con los factores locales de poder y la ruina de las grandes mayorías. Consideremos:
 
 
Transnacionales mineras,
la segunda “colonización”
en América Latina
21 de mayo de 2019
Por Gloria Silvia Orellana
Diario Co Latino
 Mujeres defensoras de derechos humanos, procedentes de América Latina, concordaron en que los proyectos extractivos transnacionales se han convertido en la segunda colonización de los pueblos del continente, que las mujeres continúan siendo las más vulnerables, en la lucha social de sus territorios, sus recursos naturales y las comunidades.
Convocadas al IV Encuentro Regional de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), mujeres defensoras de Bolivia, Perú y Haití, expusieron las duras circunstancias en que viven las poblaciones, a la sombra de proyectos mineros, que lejos de generar progreso en las comunidades han roto el tejido social y generado violencia en su interior.
La Rinconada, en la provincia de San Antonio de Putina, departamento de Puno, Perú, la conocen también como “tierra de nadie”, que coloca a la mujer en un riesgo grave permanente, en donde el dominio masculino y las leyendas heredadas vulneran sus derechos individuales.
Leny Olivera, quien trabaja en Democracy Center Bolivia, habló sobre la criminalización del movimiento social y cómo las mujeres son vulneradas en sus derechos humanos, señalando casos graves en Bolivia y Perú, que termina condenándolas a vivir permanentemente, en pobreza extrema, excluidas socialmente por reforzamiento de patrones culturales.
Olivera habló sobre La Rinconada (Perú), un proyecto minero que se enclava a cinco mil 100 metros sobre el nivel del mar, que se considera uno de los lugares más altos en el mundo.
“En La Rinconada se refuerza el machismo que nos llegó con la Colonización, además de otras formas de dominación, hacia las mujeres, a través los mitos (invenciones) que se van construyendo socialmente. Y no significa que sea parte de la cultura andina, pero, en La Rinconada, las mujeres están expuestas a riesgos y peligros, porque los mineros aseguran encontrar el mineral más fácil si tienen relaciones sexuales o violan a mujeres jóvenes vírgenes o sea, de menos de 20 años. Entonces, en estos lugares se encuentran muchas mujeres jóvenes, a las que llevan con engaños o promesas de trabajo, que ya estando allí son vulneradas o pueden ser violadas por extranjeros, gente que no son del lugar y luego quedan estigmatizadas, no pueden salir fácilmente y se incrementan las experiencias de prostíbulos, la trata y tráfico de personas, te pueden botar hasta en el río y nadie puede reclamar. Es como si la vida de las mujeres no valiera nada”, relató.
A esa situación se suma que muchas mujeres están comenzando a trabajar, al interior de las minas y no por decisión propia, han quedado viudas, otro grupo son madres solteras. Entonces tratan de buscar un sustento para sus familias, pero son repelidas por los mineros.
“Los mineros dicen que las mujeres no puede entrar a la mina, porque se va a enojar o se pondrá celoso el tío, dicen. El tío es una deidad que los mineros tienen al que invitan a beber alcohol o pichar coca (hojas de coca en la boca), para evitar que les pase una desgracia dentro de la mina y aunque no puedo generalizar que todos los mineros son así, pero en La Rinconada, la vida llega a ese extremo”, aseveró.
En cuanto a la vivencia de la segunda colonización, Olivera reiteró que es una “invasión”, que lleva al riesgo y vulnerabilidad a las comunidades y Pueblos Indígenas o afrodescendientes y en especial las mujeres y las defensoras de derechos.
“El contexto es igual, simplemente los actores han cambiado, son empresas transnacionales, organismos como el Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, que tienen control e intereses para beneficiar minorías acaudaladas, de países del Primer Mundo, a costa de la explotación y subordinación de las poblaciones en América Latina, entonces, todos los acuerdos a nivel internacional que en teoría defienden los derechos humanos de indígenas y comunidades son limitadas, pero la resistencia sigue estando presente en la lucha en América Latina, en donde muchos mueren en defensa de sus territorios”, reconoció Olivera. Mientras, Joseline Colas Noel, de JPIC Haití, narró como están destruyendo el ecosistema de la isla y cómo influye que el territorio sea víctima de muchas catástrofes, señalando como un proyecto minero que abandonó su equipo con restos de cianuro, continúan contaminando a la población y recursos naturales.
“Nos preocupa que compañías internacionales estén interesadas en la explotación de minas de Haití. Explotaciones de minas que no aportan nada al país. Solo entre 1996 a 1997, el Estado ha dado 57 permisos de explotación que representa el 15 % del territorio haitiano. En donde viven 11 millones de habitantes, la situación es difícil, y la situación política mucho más, cuando la población entendió que los fondos de PetroCaribe, no han sido utilizado en bienestar social como escuelas, hospitales y servicios básicos”, manifestó.
Sobre reformas jurídicas, Angie Lee Gardy, del Grupo de Apoyo a Refugiados de Haití, enfatizó, que la propuesta de una nueva Ley de Medio Ambiente (1976), no garantiza la protección del agua, suelo y aire. Ni responsabiliza a las empresas a reparar daños ocasionados al territorio y tenemos empresas mineras de Canadá y Estados Unidos.
“Han elaborado un anteproyecto de ley de mina incompleta, que quita los derechos y autoridad al parlamento, y crea la Autoridad Minera, que sería la única que daría los permisos, donde la empresa puede explotar todo lo que encuentre en esa área, si hay un río, pues lo toma y no tiene que reportarlo a ninguna otra institución del Estado, al generar daños al medio ambiente. Es una situación grave, aunque no ha sido firmada por el parlamento, consideramos que Haití puede desaparecer”, puntualizó.
 
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Inundaciones en Chaco:

“El cambio climático es 

causado por el hombre,

no por la naturaleza”, 

explicó Rolando Núñez

30 abril 2019

 Por Centro Nelson Mandela

    
“Todo el territorio en situación de desastre producto del desmonte”, señaló.

El presidente de la Fundación Mandela de Chaco, Rolando Núñez, describió la situación en la provincia a raíz de las impresionantes inundaciones que arrasaron campos y pueblos y afirmó que “todo el territorio agrícola de la provincia está inundado y en situación de desastre, con campos que tienen dos metros de agua encima”. Explicó que ello se debe “al desarrollo del desmonte para la instalación de la soja, el girasol y el maíz –todo transgénico- rompiendo el equilibrio o balance ambiental que nos someten a inundaciones más inundaciones, sequías, inundaciones y sequías, en una serie que permite contemplar que estamos en un ciclo, no en una situación de contingencia”. Al respecto, aseveró que “se está dando un avance mayúsculo en territorios donde no se debe desmontar ni hacer agricultura industrial, pero sin embargo el gobierno chaqueño cedió el territorio a los grandes intereses de grandes empresarios sojeros, girasoleros y maiceros de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe”. “No entendieron ni el gobierno provincial, ni el gobierno nacional ni los productores que en la medida en que avanzaban desmontando iban generando las causas para el cambio climático localizado en la provincia, que se asocia y combina con los factores generales que determinan esta situación. Esto no es la naturaleza sino que es el hombre que atacó a la naturaleza”, analizó.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Núñez indicó que “hay un planteo que preocupa y que se instaló en los medios de comunicación porque o es un error o es un enfoque que tiene una orientación para desinformar porque se habla de las consecuencias del cambio climático cuando en realidad hay que analizar las causas del cambio climático”.

Aseveró que “las consecuencias las estamos viendo, todo el territorio agrícola de la provincia de Chaco está inundado y en situación de desastre, con campos que tienen dos metros de agua encima” y analizó que “si se mira el viejo domo algonodonero con epicentro en Sáenz Peña y analizamos el sudoeste chaqueño donde se desarrolló el desmonte para la instalación de la soja, el girasol y el maíz –todo transgénico y con el paquete agrotecnológico que todos conocemos- terminamos rompiendo el equilibrio o balance ambiental en función de las características históricas –con algunas contingencias- que nos someten a inundaciones más inundaciones, sequías, inundaciones y sequías, en una serie que permite contemplar que estamos en un ciclo, no en una situación de contingencia”.
Al respecto, explicó que “en todo el sudoeste chaqueño se terminó de eliminar el monte nativo de la vieja cuña boscosa chaqueña y ahora van por más, van por El Impenetrable, y en el norte de Pampa del Infierno, Los Frentones, Río Muerto y hasta el límite con Santiago del Estero que es zona protegida, se está dando un avance mayúsculo, en territorios donde no se debe desmontar ni hacer agricultura industrial, pero sin embargo el gobierno chaqueño cedió el territorio a los grandes intereses de grandes empresarios sojeros, girasoleros y maiceros de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe fundamentalmente”.
“Esto permitió que de 2012 en adelante comenzaran a desmontar la zona protegida de bosques, y así estamos en este momento: con más de la mitad de Chaco inundado que coincide perfectamente con la zona donde se hacía monte y donde ahora se desarrolla la agricultura”, apuntó Núñez, que también planteó que “no entendieron ni el gobierno provincial, ni el gobierno nacional ni los productores que en la medida en que avanzaban desmontando iban generaban las causas para el cambio climático localizado en la provincia, que se asocia y combina con los factores generales que determinan esta situación. Lo mismo ocurre en Santiago del Estero, Formosa y Salta que todavía conservan retazos de esa vieja cuña boscosa del monte chaqueño”.
Ante ello, se preguntó: “¿Por qué no terminamos de reconocer los problemas, y que esto no es la naturaleza sino que es el hombre que atacó a la naturaleza, que hemos descarrilado y por eso estamos en esta situación”.
En el marco de su argumentación, mencionó que “si se analiza el régimen de lluvias 50 años para atrás vemos los marcadores en isohietas que se corrieron hacia el Chaco seco, y si se mira que allí se desmontó y hay chacras transgénicas, lo que no contemplaron es que si bien avanzó hacia el norte-oeste profundo del Chaco que es El Impenetrable, luego retrocedió y se están moviendo constantemente producto de que hemos atacado el monte que se sintetiza en lo que hoy se conoce como cambio climático, que es causado por el obrar humano y no por la naturaleza”. (N.R. La isoyeta o isohieta es una isolínea que une los puntos en un plano cartográfico que presentan la misma precipitación en la unidad de tiempo considerada. Así, para una misma área, se puede diseñar un gran número de planos con isoyetas, como las isoyetas de la precipitación media de largo periodo del mes o las isoyetas de las precipitaciones anuales”).
Aseveró que esto “ya no es una contingencia, es un ciclo y no se sabe cuándo vamos a salir del mismo” y mencionó que “la paradoja es que los grandes productores piden ser indemnizados o compensados en sus pérdidas, pero cuando tienen ganancias no las comparten”.
“Porque ese modelo de desmonte, quema de restos forestales, pasar la rastra y habilitar la charca en un corto periodo ha generado grandes dividendos y beneficios para muy pocos sectores productivos, que son los mega productores, pero cuando se les inunda el campo quieren reparaciones con plata publica que administran los gobiernos. Es un negocio completo: anti-ambiental, de naturaleza netamente económica, productivista y además asociados con los gobiernos cuando tienen pérdidas”.
Consultado por las comunidades originarias de la zona, afirmó que “el avance de la frontera agrícola transgénica significó el avance del desmonte contra la población rural, y la mayoría de los criollos pobres, pequeños productores minifundistas terminaron viviendo en asentamientos de localidades cercana o se trasladaron a Resistencia o Sáenz Peña”.
Describió que “del total de la población metropolitana de Chaco un tercio está en situación de indigencia, en asentamientos sin la mínima urbanización y eso no responde al crecimiento vegetativo de la población propia del área metropolitana sino al éxodo de la población rural de distintos puntos de la provincia para encontrar oportunidades de trabajo y sobrevivir. En ese sentido están muy afectados los criollos pobres y las comunidades indígenas que fueron desplazadas a lo más profundo de El Impenetrable, dejando las tierras fértiles o productivas cuyas poblaciones ya no existen”.
Por último, advirtió que “ahora hay otro problema porque como ya no hay capacidad de escurrimiento ni de absorción en el territorio agrícola los pueblos están siendo inundados y cuando pase este ciclo de inundación y se retiren las aguas, nos vamos a encontrar con las consecuencias propias de un pequeño tsunami de largo plazo, y veremos las consecuencias sanitarias, económicas, ambientales, sociales, educativas de los sectores más pobres”.
 
 
 
Insistamos en comprobar cuanta violencia y avasallamiento de derechos tanto de la naturaleza como de los pueblos hay tras la fachada de democracia:  
 
 
 

El pacto conservador contra la biodiversidad y los territorios

de los pueblos

5 de julio de 2019
 
 
Por GRAIN 
Frente a las crisis de las economías centrales y la desaceleración del ciclo virtuoso de las mercancías de exportación, se renueva el histórico pacto de poder conservador entre los dueños de la tierra, los dueños del dinero y el Estado (en palabras de Maria da Conceição Tavares), a fin de mantener la brutal apropiación del ingreso nacional para el capital financiero y bancario, principalmente internacional. 

Una versión contemporánea del paquete económico del Consenso de Washington se impone a los países de América Latina: son medidas de “austeridad fiscal” para gastos sociales, a fin de generar saldo para el pago de los servicios de deuda pública y la transferencia de tales gastos sociales hacia el sector penal y penitenciario; la supresión de derechos laborales y de previsión social; la privatización de empresas, bienes estatales y recursos naturales, y la flexibilización de la legislación ambiental.
Los negocios con tierras, aguas, minerales y otros recursos naturales sustentan la empresa colonial y post-colonial que conforman el Estado moderno en Brasil. Con el Consenso de Washington, el pacto en torno del Plano Real de 1994 y posteriormente con el "Consenso de las Commodities", como lo llamó la socióloga argentina Maristela Svampa, hubo una inserción creciente del país en el circuito de valorización financiera, lo que propició la brutal apropiación del ingreso nacional por parte del capital financiero y bancario, principalmente internacional [1] 
 
La fórmula de fomentar las exportaciones agrícolas y minerales, potenciada tras la crisis financiera de 2008 y el llamado “boom” de las mercancías de exportación, cuando el capital internacional buscaba nichos para aterrizar, acabó por generar la expansión y financiarización del mercado de tierras y por tanto un aumento en el consumo de agua debido al latifundio y las empresas mineras. La intensificación de esta llamada economía neo-extractivista significó, contradictoriamente, el fomento de políticas públicas sociales, como las de combate al hambre y a la pobreza y la expansión del capital sobre las tierras públicas: sobre las unidades de conservación, los bosques públicos, las tierras indígenas, los territorios quilombolas, las tierras de los pueblos tradicionales y los asentamientos de la reforma agraria [2]. 
De este modo, aunque haya habido políticas sociales fundamentales para los sectores más vulnerables del estrato social, se mantuvo y se profundizó la disputa entre el Brasil público y el Brasil privado, concentrando la propiedad privada a partir del despojo de los bienes públicos y de los territorios campesinos y tradicionales. Esto trajo un aumento de la deforestación y pérdida de la biodiversidad en favor de la industria extractiva, principalmente del agronegocio. 
Brasil público vs. Brasil privado
La expansión de la privatización de las tierras y recursos naturales sobre los bienes públicos y comunes viene ganando fuerza desde el golpe institucional de Dilma Roussef (2016) y se profundizó con el gobierno de ultraderecha de Jair Bolsonaro. El Ejecutivo Federal está dividido directamente entre tres grupos de poder: 
  1. Los señores de tierras (principalmente el Frente Parlamentar Agropecuario), que por primera vez cuenta con cinco Ministerios incluida la Agricultura (Ministerio de Agricultura, Casa Civil, Ministerio de la Ciudadanía, Ministerio de Salud y el propio Ministerio del Medio Ambiente). 
  2. Los dueños del dinero, con representantes del mercado financiero (Bozano, Simonsen y BGT Pactual) de la Escuela de Chicago, ocupando el Ministerio de Economía como también la presidencia de los bancos públicos como la Caixa Econômica Federal, el Banco del Brasil, el Tesoro y el Banco Central, así como de Petrobrás. El nuevo presidente de BNDES, designado en junio de 2019 por el ministro de Economía, también viene del grupo Pactual. 
  3. Los militares, con siete ministerios bajo su tutela. (Véase la sección “Captura corporativa del Estado”)
 
Este cuadro pone en el centro de las políticas del gobierno la implementación de un paquete general de desestatizaciones y privatizaciones (previsiones, empresas públicas, tierras), aunque con cierta resistencia de los militares —como en la extranjerización de la tierra, donde entidades extranjeras acaparan más y más tierras del país— en un avance del Brasil privado sobre el público. Está en curso tal vez la mayor y más rápida transferencia masiva de tierras públicas para el sector privado en América Latina, especialmente en Brasil gracias a la Ley 13.465/2017, llamada “Ley del Grilagem”, tanto para el avance de la frontera agrícola y producción de mercancías para exportación, como su inserción en el mercado de tierras, incluso como lastre del capital financiero internacional.
Concentración de la tierra
Los resultados preliminares del censo agropecuario de 2017, también registran un crecimiento del 5% de las áreas privadas, (16 millones y medio de hectáreas, el equivalente al área del estado brasileño de Acre), pues los establecimientos agropecuarios ocupan 41% del área del país, pese a la reducción de 2% en el número de establecimientos. [4] Datos que apuntan en conjunto a un aumento de la concentración de la tierra en el país. 
Brasil es el quinto mayor concentrador de tierras en América Latina, detrás de Paraguay, Chile, Colombia y Venezuela, respectivamente (coeficiente de Gini para la distribución de la tierra). América Latina es la región con mayor desigualdad en la concentración de tierra en el mundo. El uno por ciento de los propietarios rurales concentran el 51.19% de las tierras agrícolas. En otras palabras, el 1% de las propiedades rurales utiliza muchas más tierras que las 99% restantes [5].  
 
En Brasil, entre los establecimientos con mil o más hectáreas, hubo un aumento en número (3 287 más) y en área (16 millones 300 mil hectáreas más). Su participación en el área total pasó de 45% a 47.5% de 2006 al 2017. Ya los establecimientos entre cien y mil hectáreas disminuyeron en el área total de 33.8% a 32% (814 574 hectáreas menos) y tuvieron una disminución de 4 152 unidades.[6]
Deforestación 
 
Las áreas privadas son las que más se deforestan. De los 532 millones y medio de hectáreas con bosques y campos naturales de Brasil (62.6% del territorio total), 190 millones están en inmuebles rurales particulares, cerca de un tercio de todo el país (véase infografía 2). [7],[8] Esto refuta el argumento del sector ruralista de que Brasil es el país que más protege sus bosques, habiendo Unidades de Conservación y tierras indígenas en demasía. La intención de este sector es reducir la extensión de las áreas públicas protegidas. En los últimos treinta años en Brasil, las áreas privadas perdieron cerca de 20% de su cobertura de bosques mientras que en las Unidades de Conservación y tierras indígenas la pérdida fue de 0.5% en el mismo periodo. Entre agosto de 2018 y marzo de 2019, Imazon detectó un aumento de 24% de la deforestación en comparación con el mismo periodo el año anterior. El 58% [de esa 24%] ocurrió en áreas privadas.[9] Brasil sigue siendo el país que más deforesta en el mundo, con la mayor tasa de deforestación entre 2010 y 2015: cerca de 984 mil hectáreas. [10] 20% de Amazonia y 50% del bioma Cerrado fueron destruidos (véase infografía 3).[11]
A pesar del país representar la segunda mayor extensión de área forestal mundial, es el 28º país con su territorio cubierto con bosques, detrás de países como Surinam (94%), Finlandia (72%), Japón y Suecia (68%). [12],[13] En términos de áreas protegidas, Brasil ocupa apenas la posición 34, junto al Reino Unido y Japón, con 28.4% del total de su área, mientras que Venezuela posee la mayor extensión de áreas protegidas en el mundo, con 53.9% de su territorio. Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia tienen, todos ellos, más de 40% de sus territorios protegidos. Muchos países desarrollados tienen más áreas protegidas. Francia, uno de los diez mayores productores de alimentos del mundo, tiene 26%; Alemania, 38%; y Australia 20%. [14]
El avance de la frontera agrícola sobre los bosques y los territorios
Existen 245 millones de hectáreas ocupadas con ganadería y labranza (28.6% de la área total de país), cerca de 1.17 ha de área productiva por habitante (MapsBiomas), siendo la cuarta mayor extensión de tierras para producción agropecuaria, sólo detrás de China, Estados Unidos y Australia.[15],[16] De los países con mayor extensión de áreas destinadas a producción agrícola y de ganadería, Brasil es el segundo que más cambió el uso y ocupación del suelo en función del avance de la frontera agrícola, incorporando 133 millones de hectáreas entre 1961 y 2015. Ha disminuido su cobertura de bosques de 76% a 58.9%. China, pese a ampliar en 185 millones de hectáreas su área para labranza y ganadería, incrementó sus bosques de 5.2% a 22%, en el mismo periodo. Los demás países disminuyeron o mantuvieron la ocupación territorial de modo agropecuario - como Estados Unidos, pese a ser uno de los mayores abastecedores de granos y proteína animal. [17]
Producción de granos, transgénicos y agrotóxicos
Si sumamos el área plantada con soya, caña de azúcar, maíz y eucalipto, los principales cultivos del latifundio empresarial del agro-negocio son poco más de 76 millones de hectáreas, según datos de noviembre de 2018 del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística.[18] Del área plantada tan sólo con cultivos transgénicos son 50 millones 200 mil hectáreas, de las cuales 83% corresponden a maíz, soya y algodón, resistentes a uno o más herbicidas de elevado impacto a la salud y al medio ambiente. Brasil es el segundo mayor productor de soya en el mundo, cuarto de maíz y, no por coincidencia, ocupa el segundo lugar a nivel mundial en área plantada de OGMs, lo que corresponde a 26% del área mundial, según datos del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología (ISAAA por sus siglas en inglés).[19]
Esa vinculación de semillas transgénicas y agrotóxicos asociados hace de Brasil el mayor consumidor mundial de agrotóxicos, comercializando 19% en todo el mundo, con más de mil millones de litros al año (aunque la FAO indique que el país es el 7º en términos de volumen por hectárea).[20] Japón encabeza la lista. Cerca de 30% de los más de 500 productos agrotóxicos autorizados en Brasil ya fueron prohibidos en Europa. Cabe destacar que los herbicidas en base a glifosato (de propiedad de la Monsanto/Bayer) usados en las semillas GM responden por más de la mitad de todo el agrotóxico usado en el país. Sólo en 2019, el total de registros de agrotóxicos concedidos ya llega a 211 hasta junio, media de 1.17 agrotóxicos liberados por día.[21] En 2005, apenas 91 registros fueron admitidos, en 2016, 277, llegando a 405 registros en 2017 y a 450 agrotóxicos liberados para comercialización, un récord histórico. [22]
Agricultura industrial dependiente del presupuesto público
El Plan Agrícola y Ganadero de la Zafra 2018/2019 divulgado presenta una oferta de crédito de 48 700 millones de dólares: el agro-negocio contrató un crédito récord para esta zafra, con un valor medio de 23 550 dólares por productor, 8.94% más que el registrado en 2016/2017. En total, los préstamos a productores y ganaderos hasta junio de 2018 ya superaban los 43 mil millones de dólares. [23] Mientras que el país sigue en crisis, con el congelamiento de los gastos públicos por veinte años, reajustados por el índice de la inflación y no en conformidad con el ingreso público líquido, para garantizar el pago de la deuda pública (EC nº 95/2016) los ruralistas lograrán descuentos de 65% hasta 95% en sus deudas (MP 733, de 15 de junio de 2016 convertida en la Ley nº 13.340, de 28 de septiembre de 2016), que suman 310 800 millones de dólares según la Fiscalía General de Hacienda Nacional. [24] Presionan aun por perdón total de sus deudas, contraídas de préstamos de parte del gobierno, colocando una vez más el peso de la crisis en las espaldas de los trabajadores. [25]
El PIB de Brasil de 2017 totalizó 2 mil millones de dólares (al tipo de cambio del primero de marzo de 2018), siendo el sector agropecuario responsable por 73 026 millones 400 mil dólares, o el 4.53% del PIB, incremento récord de 13% respecto al año anterior.[26] Sin embargo, siendo la mayor participación del sector en el PIB en veinte años, si se contabilizan las refinanciaciones, descuentos, y el perdón de deudas (del orden de 310 800 millones de dólares con operaciones de securitización, 4 175 millones con FUNRURAL, por ejemplo) y renuncia fiscal (incluso de impuesto de los agrotóxicos: entre 2011 y 2016 fueron 1 millón 780 mil dólares)[27], el agronegocio necesitaría más que cuadruplicar su participación en el PIB apenas para pagar al Estado brasileño.[28] Estos datos permiten concluir que la agricultura industrial brasileña viene siendo fuertemente subsidiada y, por lo tanto, dependiente del presupuesto público, constituyendo uno de los importantes factores, aunque encubierto, para la crisis fiscal actual, incluso para el llamado “rombo de la previsión”. Mientras, programas para la agricultura familiar como el Plan de Adquisición de Alimentos (PAA), tuvieran una disminución de casi 50% de 2017 para 2019 (de 2 365 millones de dólares a 1 170 millones dólares).[29]
Violencia en el campo y despojo de los territorios
El avance de la frontera agropecuaria sobre las tierras públicas, los bosques y recursos naturales y los territorios de los pueblos generarán, además del incremento de la deforestación, un significativo aumento en la violencia en el campo.
En la Amazonia Legal, entre agosto de 2017 y julio de 2018, la deforestación aumentó 13.7% en relación a los 12 meses anteriores, la mayor tasa desde 2009, según el Proyecto de Monitoreo de Desforestación en la Amazonia Legal por Satélite. Fueron suprimidos 7 900 km2 de selva amazónica, lo que equivale a más de cinco veces el área de la ciudad de São Paulo. Al mismo tiempo, en 2017 el Brasil fue el país que más mató defensores de derechos humanos, según Global Witness. Hubo setenta campesinos muertos, se contabilizaron cinco masacres, según el Informe de Conflictos en el Campo de 2017 de la Comisión Pastoral de la Tierra, un monto jamás registrado por la entidad en sus más de treinta años de registros de conflictos en el campo.[30],[31]
En 2017 fueron asesinados 110 indígenas y 18 quilombolas, lo que implica un aumento de 350% en relación a 2016 [32], [33] .
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras emprender una misión en el país, del 5 al 12 de noviembre de 2018, produjo un informe en el que “expresa una profunda preocupación de que las recientes medidas de austeridad fiscal implementadas en Brasil puedan significar el fin de políticas sociales y la reducción de las expectativas de mejores condiciones de vida para la gran mayoría de la población”.[34] Apunta, además, que entre las más graves violaciones a los derechos humanos observadas en el país, están la “ampliación de la violencia en el campo y en la ciudad, el aumento de asesinatos de defensores de los Derechos Humanos, especialmente los defensores de la tierra y el medio ambiente, las agresiones crecientes a los defensores de derechos humanos de las minorías, así como el riesgo del regreso del país al mapa del hambre mundial”, lo que afecta trágicamente a todos. La misión también registró que la propia CIDH fue objeto de intimidación directa durante la visita. 
Jair Bolsonaro es tan sólo el gesticulador de estas fuerzas reales de poder que están llevando a cabo una captura más directa del espacio público y de los bienes comunes de la sociedad por intereses corporativos. Mezcla de política ultraliberal, abiertamente subordinada a la política externa de los Estados Unidos, y un conservadurismo en lo que se refiere a la moral y las costumbres, Bolsonaro representa una más de las típicas intervenciones salvacionistas —autoritaria y militarizada— en la continuidad de este violento pacto de poder conservador entre los dueños de tierras y del capital, principalmente internacional, que está en la base del Estado colonial del país.
Captura corporativa del Estado
Horas después de la toma de posesión, el primero de enero de 2019, fue promulgada la medida provisional MP 870 para la reforma administrativa. Entre las modificaciones, destacan:
1. Transferencia al Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) de las políticas de regularización agraria, incluida la demarcación de tierras indígenas (antes una atribución de la Funai) y de los territorios quilombolas. Funai es la Fundación Nacional del Indio, órgano del gobierno brasileño que establece y desarrolla las políticas relacionadas con los pueblos indígenas. En junio, la Suprema Corte Federal devolvió a Funai la competencia para las demarcaciones confirmando la decisión del Congreso. También fue transferida al MAPA la política de reforma agraria y agricultura familiar, antes atribución del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) además de la regularización de las áreas rurales de la Amazonia legal. Estas atribuciones quedan en el ámbito de la Secretaría Especial de Asuntos Agrarios del MAPA, dirigida por el ruralista Antonio Nabhan Garcia, presidente de la Unión Democrática Ruralista. El presidente de INCRA nombrado fue un militar, el general Jesús Correa. La intención del Estado es facilitar la masiva transferencia de tierras públicas, asentamientos y territorios quilombolas, y de los pueblos tradicionales, hacia la propiedad privada y corporativa. 
2. Transferencia al Ministerio de Agricultura del Servicio Forestal Brasileiro (que pertenecía al Ministerio del Medio Ambiente) y, por tanto, del Catastro Ambiental Rural, registro público electrónico que mapea el tejido agrario brasileño arriba expuesto, y los recursos naturales como bosques, agua, minas a cielo abierto, etcétera. También pasa al MAPA la regulación del mercado con activos forestales por medio da la Cuota de reserva ambiental en las bolsas de valores (Decreto 9640 de 27 de diciembre de 2018).
3. Transferencia desde la Funai del Ministerio de Justicia, para el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, presidido por la pastora evangélica Damares Alves. El Congreso no aceptó este punto de la medida provisional y mantuvo a la Funai en el Ministerio de Justicia. Todas las “minorías” y sectores vulnerables fueron aglomerados en esta cartera conformando secretarías, aunque sin instrumentos de implementación. No hay secretaría o consejo indígena. Por lo tanto, con el vaciamiento de la principal atribución de la Funai y sin estructura de secretaría hay el riesgo enorme de desestructuración del órgano indigenista. Para la presidencia del órgano fue nombrado también un general de la reserva de los militares, Franklimberg Ribeiro de Freitas, que dimitió en junio por presión de los ruralistas y que fue reemplazado por otro militar de carrera. La demarcación de los territorios indígenas ha sido objeto de una guerra entre los poderes. El Congreso devolvió a Funai la competencia para las demarcaciones en mayo. Apenas en junio, la Suprema Corte Federal ratificó la posición del legislativo de que la competencia debe seguir siendo del órgano indigenista.
4. Transferencia de la Fundación Cultural Palmares, responsable por la certificación de territorios quilombolas para el Ministerio de la Ciudadanía, (fusión de los Ministerios de Desarrollo Social, Deportes y Cultura, ahora reducidos a secretarías), también bajo la dirección de los ruralistas.
5. Extinción del Consea (Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional) como consejo asesor de la Presidencia y transferencia al Ministerio de la Ciudadanía de la atribución de proponer al gobierno directrices y prioridades de la política nacional de seguridad alimentaria. Una vez más, el Congreso se opuso al Presidente y, en mayo, reinstauró el Consejo. La medida había revocado los dispositivos del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sisan) relacionados con su competencia, como convocar a la Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria, y la composición del Consejo, cuya representación tiene 2/3 de sociedad civil. Entre 1995 y 2015 fueron cinco conferencias nacionales (cuyas etapas nacionales llegaron a reunir más de 2 mil participantes), de las que surgieron propuestas como incluir en la Constitución Federal el derecho humano a la alimentación, el plan Safra para la agricultura familiar, la política nacional de agroecología y producción orgánica, y los planes de adquisición de alimentos de la agricultura familiar por parte las escuelas (PAA y PNAE). Además del flagrante déficit democrático en la participación y control social de las políticas, la medida puede generar un trágico retroceso social, aún más en un año en que Brasil puede volver al Mapa del Hambre, del que salió apenas en 2014. El Decreto 9.759 de abril de 2019 que había previsto la extinción de todos los demás consejos de participación social en la administración federal - alrededor de 55 -, también fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte, en junio, ya que sólo por ley podría hacerlo. Bolsonaro dijo que va enviar un proyecto de ley para confirmar la extinción de los consejos federales.
6. Coordinación, monitoreo y supervisión de actividades de ONGs nacionales y internacionales por la Secretaría de Gobierno, encabezada por el general de reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz. El ministro quiere investigar a las ONGs, sus actividades, y sus formas de financiamiento. Pero el Congreso modificó este punto y estableció que la Secretaria sólo tiene la competencia de “coordinar el diálogo del gobierno con las organizaciones internacionales y nacionales”. Esto, debido a que la inspección abierta podría implicar intervención en las actividades de estas organizaciones, lo que podría significar una tutela indebida de la sociedad civil y resultar en la persecución de las organizaciones que disientan del gobierno. Esto significaría violar derechos fundamentales como la libertad de asociación, expresión y manifestación, con consecuencias directas en la propia democracia.
7. Extinción del Ministerio del Trabajo, rebajándolo a secretaría del súper Ministerio de Economía, que pasa a administrar con gran volumen de recursos el Fundo de Garantia do Tempo de Serviço o FGTS y el Fundo de Amparo ao Trabalhador o FAT. La fiscalización, la seguridad y la salud laboral, incluso en los trabajos análogos al trabajo esclavo, quedarían adjudicados a la cartera de economía. La modificación ya tiene una acción de inconstitucionalidad por desequilibrar el “trabajo frente al capital”, subvirtiendo el precepto fundamental de la Constitución según el cual debe haber una “valorización del trabajo humano como fundamento del orden económico”.
8. El Ministerio del Medio Ambiente perdió diversas atribuciones, como el combate a la deforestación, actividad central de la política ambiental, lo que puede significar la paralización de las actividades de fiscalización de los crímenes ambientales, y el combate a procesos de desertificación.[35] Toda la política de recursos hídricos y la propia Agencia Nacional de Aguas, a su vez, fueron transferidas al Ministerio de Desarrollo Regional, fusión de los Ministerios de la Ciudad e Integración Nacional. No hay mención de la política de cambio climático en el texto de la medida, aunque el Ministro Ricardo Salles haya anunciado una Secretaría Especial de Cambio Climático, con menor estructura. El ministerio vio reducido su presupuesto en 20%, por la política de austeridad fiscal del ministerio de la Economía.        
En entrevista, el Ministro presentó las líneas generales del actuar de su gestión, tales como: 
·                             Brasil no se comprometerá con nuevas metas de reducción de emisiones según el Acuerdo de París. El Ministro ha bloqueado 95% del presupuesto para el clima.
·                             Reclasificará las unidades de conservación para permitir actividades económicas, incluida la posibilidad del paso de vías férreas y líneas de transmisión.
·                             Revisará la política del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables de aplicación de multas ambientales, que tuvo un recorte del 24% de su presupuesto anual. 
·                             La apuesta por instrumentos económicos y financieros para mantener la conservación ambiental como los pagos por servicios ambientales, afirmando que si hay límites al uso de la propiedad privada debe haber compensación financiera al productor por esa causa.[36]
Cabe mencionar la reducción por decreto del salario mínimo, cayendo de la previsión de 246 dólares a 243 dólares, a partir del 1º de enero. Éste fue el menor aumento en 24 años.[37] El gobierno propone acabar con el aumento real del valor del salario mínimo, para que se reajuste sólo por la inflación. 
Un nuevo pacto conservador
Tales medidas vienen a confirmar el pacto conservador entre los dueños de la tierra, el dinero y el Estado, mostrando los ejes centrales del nuevo gobierno en turno: 
a) un capital bancario-financiero con fuerte agenda neoliberal desestatizante, la supresión de derechos sociales mediante la política de austeridad fiscal asociada a la transferencia del presupuesto público por medio del pago de servicio de la deuda; 
b) la política de seguridad hemisférica de combate al narcotráfico y el terrorismo subordinada a Estados Unidos y con apoyo de la industria bélica.[38] Las empresas Taurus y la Companhia Brasileira de Cartuchos, van siendo las principales financiadoras de las campañas de la llamada “bancada de bala” en el congreso nacional, que triplicó su tamaño, de 36 a 103 parlamentarios (93 diputados y 10 senadores). La empresa Taurus Armas tuvo sus acciones valuadas en 181% en 2018 y 105% en 2019 con la expectativa de que se aprobara "la posesión de armas".[39],[40] El PSL, el partido de Bolsonaro, apoyó a Rodrigo Maia a la reconducción de la presidencia de la Camara, a cambio de llevar al plenario el proyecto de revocación del Estatuto de Desarme. Además, la designación de siete militares para ministerios estratégicos, como los de Defensa, Minas y Energía, Ciencia y Tecnología, Infraestructura, el gabinete de seguridad institucional y la secretaría de gobierno, así como para las presidencias de INCRA y FUNAI, también apuntan a una militarización de las políticas de seguridad en general, confirmando una tendencia que ya venía ocurriendo en el gobierno de Temer. 
c) La protección de la propiedad privada, sin su función social, con la tendencia a militarizar la cuestión agraria. Esto es evidente también al desregular la posesión y portación de armas, al ampliar las hipótesis de legítima defensa de la propiedad; al criminalizar a los movimientos sociales del campo (y a sus líderes) calificándoles de terroristas, como lo facilita el Decreto 9527/2018 que crea la Fuerza-Tarea de Inteligencia para enfrentar el crimen organizado, coordinada y compuesta mayoritariamente por militares y órganos de seguridad.[41] 
El Decreto 9685/19 editado por Bolsonaro reglamenta el término “necesidad efectiva” presente en el Estatuto de desarme que autoriza a cualquier residente de las áreas rurales a solicitar la posesión de hasta cuatro armas de fuego por persona, en “casos justificados”, y en cuanto a los residentes de las áreas urbanas, pasa a ser autorizado en municipios o estados con índices anuales de diez homicidios por cada cien mil habitantes (artículo 12, §7 y §8). Los titulares o responsables legales de los establecimientos comerciales o industrias también pueden contar con esa autorización. Existe aun un segundo decreto que autoriza que la gente “común”, porte armas y transite con ellas por la calle (como abogados, camioneros, o agentes que tutelan a niños y adolescentes).
La medida puede generar una verdadera guerra civil en el campo en defensa de este pacto colonial y esclavizante por el mantenimiento de la concentración de la tierra en el país . Pacto hasta hoy intocable, y condición para la propia instalación de la República (1889).[42]
Tal tutela del llamado Brasil privado, también significa flexibilizar la legislación ambiental y el componente ecológico de la función social de la propiedad. El Código de bosques de 2012 ya legalizó cerca de 58% de la deforestación ilegal del país, alrededor de 29 millones de hectáreas en favor de la expansión de la frontera agrícola, autorizando aún amnistía de penalidades y multas. Los próximos pasos son la flexibilización del licenciamiento ambiental de “emprendimientos estratégicos de infraestructura” (PEC 65/15 e PL 654/15), y la recategorización de las Unidades de Conservación, en reversión de los derechos territoriales de pueblos y comunidades tradicionales, así como el desmantelamiento de los asentamientos de reforma agraria y su reinserción en el mercado de tierras. 
Dialécticamente, la historia, sabia y precisa, construye un sujeto colectivo en oposición a tales fuerzas reales. Más que nunca, la lucha de los pueblos indígenas, de los pueblos y comunidades tradicionales, y del campesinado, es la lucha más universal de la era contemporánea pues es la lucha por la factibilidad de la vida en el planeta en defensa de los bienes ambientales comunes. Es la vida y los modos de vida que pueden oponerse al capital. Esta lucha deben impulsarla sobre todo las juventudes del campo y la ciudad para no quedar condenadas por los límites del planeta. 
Notas:
Fuente original: GRAIN
 

 
 
Pongamos en cuestión la democracia y la creencia mayoritaria en su antagonismo con la dictadura genocida. Ejemplifiquemos un caso trascendente de cómo el país está fragmentado en neofeudos: La presencia de Joseph Lewis y todo el aparato local a su servicio, representa uno de los máximos exponentes de la oleada de venta de grandes extensiones de tierra de alto valor socioambiental a capitales extranjeros corporativos que se viene dando en la Patagonia Argentina.  
 
 

Joseph Lewis y su testaferro, Nicolás Van Dittmar,

usurpadores del lago Escondido
4 de abril de 2016

 
En 1996, el magnate inglés Joseph Lewis, a instancias del agente inmobiliario local, Nicolás Van Dittmar, se hizo de un campo de 14.000 hectáreas que rodea completamente todo el espejo de agua y las costas del Lago Escondido, impidiendo el libre acceso a este bien público. Dicha situación dio lugar a una demanda judicial iniciada en 2005, con sentencia del máximo tribunal provincial en 2009 y ratificada en 2013, que obliga al Gobierno de Río Negro a abrir el camino de acceso, obligación a la que las sucesivas administraciones de esa provincia, han venido negándose de manera sistemática.
No sólo hubo mucho dinero de por medio para que el magnate inglés pudiera apropiarse de montañas, bosques, lagos, ríos y glaciares, y así montar y mantener su paraíso privado, usurpando bienes públicos; también hubo asesinatos, despojo, transferencia de tierras fiscales a privados, desafectación de áreas naturales protegidas, tala de bosques nativos, modificación del ordenamiento territorial, dádivas de todo tipo y acuerdos a puertas cerradas con autoridades de diversos estamentos y extracciones partidarias.
 
Además, luego el inglés empezó a desarrollar en el lugar proyectos energéticos, aeropuertos privados y mega-desarrollos inmobiliarios, sin licencia social, conformando sociedades corporativas con otros grandes grupos empresarios argentinos y/o extranjeros. Hoy, es dueño de casi toda la energía eléctrica que se genera, transporta y distribuye en Argentina, si baja la palanca, medio país se queda sin luz. Pronto también a él deberemos comprarle la nafta y el gas...
 
¿Por qué decimos que Lewis y Van Dittmar son usurpadores?
 
Hablamos explícitamente de usurpación del Lago Escondido, ya que se trata de un bien público que al estar todo el perímetro del espejo de agua completamente rodeado por esta propiedad privada, y al no permitir el libre ingreso a sus costas, este señor está ocupando de hecho un inmueble que no le pertenece; y lo está haciendo mediante el uso de la fuerza, así como también cooptando a un sector de la sociedad y cohersionando al resto...
De acuerdo al Código Civil de la República Argentina, los ríos y lagos son de dominio público del Estado (art. 2.340 texto viejo, art 235 del nuevo Código Civil y Comercial), así mismo, la Constitución de la Provincia de Río Negro establece que debe asegurarse el libre acceso a las costas de los ríos y lagos públicos, con fines recreativos (art 73). Bajo estas condiciones y aún estando el Lago Escondido completamente rodeado por una única propiedad privada, el mismo posee una servidumbre pública de paso fijada por el Gobierno de Río Negro y registrada en su propio catastro hace ya bastante tiempo, más precisamente desde el mismo momento en que se registró la propiedad privada única que rodea la totalidad de sus costas. El no reconocimiento de dicha servidumbre por parte de los sucesivos privados y de los propios funcionarios de las distintas gestiones del gobierno provincial, no implica, obviamente, la no existencia de la misma.
La legislación argentina reconoce a la propiedad privada como un derecho ejercitable, por más que en esencia podamos o no estar de acuerdo con eso, sobre todo si dentro de la propiedad privada existen bienes comunes estratégicos. Ahora bien, la propiedad privada no es un derecho absoluto y bajo ninguna circunstancia puede ser puesto por encima de los intereses generales de la sociedad, como lo son el beneficio y goce de los bienes públicos por parte de la población. Existe abundante jurisprudencia en tal sentido, incluso contraria al concepto privatista de "derechos adquiridos" cuando se atenta contra los intereses colectivos de la sociedad o aquellos considerados "difusos".
Por ello es que a las cosas hay que llamarlas por su nombre: Joseph Lewis y Nicolás Van Dittmar (en complicidad con el estado provincial y nacional) son usurpadores del Lago Escondido.
 
Un verdadero atropello
 
La presencia de Joseph Lewis y todo el aparato local a su servicio, representa uno de los máximos exponentes de la oleada de venta de grandes extensiones de tierra de alto valor socioambiental a capitales extranjeros corporativos que se viene dando en la Patagonia Argentina.
 
Esta situación se encuentra abundantemente documentada y ha dado lugar a varias publicaciones (recomiendo leer "La Patagonia Vendida" de Gonzalo Sanchez, para ilustrarse al respecto). Consecuentemente, la extranjerización de la tierra, asociada a la apropiación de los bienes comunes y el territorio, es motivo de continuo debate, principalmente por la falta deliberada de voluntad y decisión política de los representantes del Estado para definir y hacer respetar la delgada línea que separa la propiedad privada (conformada por una determinada superficie de terreno establecida en el título de propiedad) de la propiedad pública (conformada por los bienes comunes consagrados por ley contenidos en ella, como los cursos y cuerpos de agua, los glaciares, los humedales, el bosque, el patrimonio cultural, etc.). A ello se suma, obviamente, la pretensión filantrópica de estos grandes terratenientes, que como toda acción de supuesta “responsabilidad social empresaria” encarada por estos enormes capitales corporativos transnacionales, tienden a reemplazar a un estado deliberadamente ausente por propia decisión, para cumplir con su rol específico, que es organizar y servir a la sociedad y defender sus intereses.
 
No es materia de este trabajo ahondar en este debate más de lo que ya se ha dicho y argumentado públicamente, porque quien desee hacerlo, actualmente posee todas las herramientas tecnológicas para obtener información adecuada y objetiva, más allá del interés particular del privado. Sólo mencionaremos el hecho de que los propios representantes de Lewis han reconocido (en declaraciones periodísticas y en instancias judiciales) la propiedad pública de los bienes comunes contenidos en su propiedad, a pesar, claro está, que desde que son dueños de la tierra circundante, han hecho un uso discrecional y hasta abusivo de los mismos, sin rendir cuentas en lo más mínimo de tal atropello.  
 
El Lago Escondido 
 
Es un espejo de agua de origen glaciar, situado en la Cordillera de Los Andes, provincia de Río Negro, República Argentina, aproximadamente a unos 50 km. (en línea recta) de la localidad de El Bolsón.
El Lago Escondido forma parte de la cuenca de los ríos Manso y Puelo, la cual vierte al Océano Pacífico, a través del Río Puelo, al cual se une el Río Manso en territorio chileno. El lago se conecta a esta cuenca, a través de su emisario, el Río Escondido, cuya embocadura se localiza en el extremo este del mismo; y luego de descender unos pocos kilómetros, formando nomerosas cascadas y saltos, se une al Río Foyel, el cual desemboca en el Río Manso.
 
El Lago Escondido, a su vez tiene importante cuenca de alimentación, no tanto por lo extenso (unos 110 kilómetros cuadrados) sino por la gran cantidad de precipitaciones que recibe (promedia los 2.000 milímetros anuales). En ella se localizan (en orden descendente y aguas arriba del Lago Escondido) los lagos Soberanía 2 y 1, el Lago Montes y una laguna menor sin nombre. Todos estos cuerpos están unidos por un curso de agua al que denominan Arroyo Soberanía al principio y luego Río Montes. Todos estos cursos de agua se alimentan de las lluvias invernales, cuando registran su mayor crecida, y luego del deshielo en verano, ya que toda esta cuenca de alimentación se cubre de nieve en invierno y además hay glaciares en las cumbres más altas.
 
El Lago Escondido tiene una superficie de 713 hectáreas, se halla a una altitud de 770 metros sobre el nivel del mar. El espejo de agua tiene forma alargada, se extiende de oeste a este con un largo aproximado de 10 kilómetros (km.) y un ancho máximo de 1,5 km. Posee una estrechura en el medio donde el ancho es de apenas 180 metros, que divide al lago en dos cubetas aproximadamente iguales. La profundidad máxima estimada es de 120 metros.
El dato más importante es quizás el volumen del lago: se calcula que contiene un total de 412,4 hectómetros cúbicos, esto es más de 400 mil millones de litros de agua dulce. 
 
¿Quién es Joseph Lewis?
Joseph Lewis es un magnate de origen inglés, aunque también tiene nacionalidad norteamericana. Su fortuna se calcula en 5.300 millones de dólares, según Forbes es una de las más grandes de Gran Bretaña y está entre las 300 personas más adineradas del mundo.
 
 
Es el dueño y principal inversionista del GrupoTavistock, un conglomerado corporativo dueño de franquicias de las más diversas en todo el mundo, cuyo portfolio incluye a más de 200 empresas de variados rubros radicadas en 15 países. La sede central del Grupo Tavistock es en Bahamas, entendiéndose que el lugar ha sido elegido por ser paraíso fiscal, por esta razón Lewis es considerado un "tax exile" que son las personas muy adineradas que eligen afincarse en países con baja carga impositiva.
El conglomerado del Grupo Tavistock incluye a corporaciones dedicadas a la biotecnología, industria farmacéutica, centros médicos, agronegocios, energía, medios de comunicación, negocios inmobiliarios, franquicias de todo tipo (deportivas, gastronómicas, textiles, etc.), turismo de alta gama y servicios financieros, entre otros rubros.
 
A pesar de que son homónimos y de que la lógica indicaría que puede haber alguna relación, el autor de este escrito no ha hallado ningún dato o indicio concreto que pueda vincular al Grupo Tavistock, con el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas, que es una institución científica inglesa dedicada al estudio de la psicología de grupos, acusado de desarrollar estrategias metodológicas para manipular psicológicamente a la población a escala global, mediante diversos medios comerciales masivos como la televisión o la radio.
En Argentina, Joseph Lewis regentea varias franquicias ámpliamente distribuidas en todo el país, como Vans, Puma, Gottex, Freddo, Aroma, Hard Rock Caffe, Planet Hollywood, Starbucks y otras. Además tiene vínculos societarios con los grupos Bemberg, Mindlin y Burco, compartiendo acciones y personas en los directorios, de manera recíproca entre las empresas que integran estos grupos y las franquicias locales de Tavistock. 

Lewis, la YPF "recuperada", Vaca Muerta y el lavado de dinero
Actualmente el interés más grande de Lewis en Argentina es el negocio de la energía, ya que participa como inversionista del Grupo Pampa Energía, en sociedad con Marcelo Mindlin (de quien también trataremos más adelante). Este grupo corporativo aglutina a empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras de electricidad en todo el país. Por la envergadura de sociedad que controlan, bien podría decirse que si ellos dos "bajan la palanca", la mitad del territorio argentino se queda sin luz...
El socio de Lewis en estos negocios, Marcelo Mindlin, es primo del ex-canciller Héctor Timerman, sin embargo la relación con los gobiernos kirchneristas ha tenido numerosos vaivenes. Con el macrismo está pasando algo similar.
Sin embargo, pasan los gobiernos y las sociedades político-empresariales, pero el pulpo capitalista y depredador que supieron construir se va haciendo cada vez más y más grande.

Pampa Energía es una empresa controlada por "Pampa Holding LLC", offshore radicada en Delaware (paraíso fiscal), a nombre de Marcelo Mindlin, Damián Mindlin y Gustavo Mariani, sin embargo está controlada por "Pampa F&F LLC" y "Lambex International Sarl". "Pampa F&F LLC" es una offshore registrada en Delaware y administrada por "Dolphin Fund Management SA". "Lambex International Sarl" es una offshore radicada en Luxemburgo (otro paraíso fiscal) y está controlada por el Tavistock Group, de Joseph Lewis. "Dolphin Fund Management SA" es una sociedad registrada en Uruguay a nombre de Marcelo Mindlin, Damián Mindlin y Gustavo Mariani. Todo este entramado corporativo en el que figura el magnate inglés no tiene otra intencionalidad que lavar activos, fugar ganancias y eludir el pago de impuestos. Los otros accionistas en Pampa Energía son los grupos inversores City of London, Autonomy Capital,Parametric Portfolio, Fore Research, Sequoia Fund y Morgan Stanley.

No es un dato menor que Lewis tenga preferencia por la generación de energías sucias: la mayoría de sus negocios están dirigidos a la generación de energía térmica mediante la quema de combustibles fósiles y la obtención de éstos por medio de fracking.
Además de ello,
tiene a su cargo la generación hidroeléctrica en Los Nihuiles, Los Reyunos y Agua del Toro, en Mendoza, provincia en la que además es concesionario de la Línea Eléctrica Comahue-Cuyo, que lleva la energía generada en los ríos de la Patagonia para abastecer a las megamineras del NOA.

Cabe mencionar que a través de la subsidiaria Transener provee de energía a la explotación megaminera de Bajo la Alumbrera. También tiene la concesión para hacer lo propio con Veladero, Pascua Lama, El Pachón, Potasio Río Colorado, Cerro Vanguardia y otras 5 explotaciones megamineras más de la provincia de Santa Cruz. Todas estas mega-explotaciones y proyectos aún no cuentan con lineas de transferencias a los yaciminetos. Desde ya, según los planes de Lewis, la energía para Veladero, Pascua Lama y El Pachón saldrá de Mendoza...

Con el tema de la energía volveremos más adelante en este informe, ya que Lewis tiene una central hidroeléctrica en su campo privado, cuya producción pretende venderla al Sistema Interconectado Nacional a un valor muy superior al del mercado energético.
 Fuente: http://federico-soria.blogspot.com/2016/04/joseph-lewis-y-su-testaferro-nicolas.html
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Quién Tavistock y quién te ve
 

El Tavistock Group consolida su posición en la rama de la producción de energía en Argentina

Por Susana Lara
El ingreso de equipamiento para la Central Hidroeléctrica de Paso Río Escondido al puerto internacional de Buenos Aires y su llegada esta última semana a destino en la provincia de Río Negro confirman que Tavistock Group consolida su posición en la rama de la producción de energía en la Argentina. Este avance incluye la puja firme por quedarse con la licitación internacional del proyecto hidroeléctrico multipropósito sobre el río Nahueve, en el noroeste de Neuquén, cuya apertura de sobres está anunciada para el mes próximo.
Una de las firmas de Guillermo Nicolás Crexell Sapag, ascendente empresario neuquino, realizó el traslado del equipamiento que arribó al paraje El Foyel el miércoles 5 de junio. Serían generadores, según una fuente. Lo cierto es que todo el mes anterior se registró un importante trabajo de movimiento de suelo para permitir el ingreso del transporte pesado en terreno boscoso, con abundantes cursos de agua superficiales. De todos modos, una parte habría ingresado por el camino Tacuifí vadeando el arroyo Coronel y otra por el paraje El Manso, recorrido más largo pero más accesible para la carga pesada, según nuestra reconstrucción con distintas fuentes del lugar.
Patagonia Energía SA, firma del grupo de Joseph Lewis para la generación y producción de energía en nuestro país, realizó cambios empresarios que perfilaban esta ampliación de intereses y presencia territorial en la región. El año pasado primero modificó el objeto social de la empresa para aggiornarla a las líneas de fomento para energías renovables que lanzó el gobierno nacional en 2016, lo que no fue un obstáculo para recibir antes una adjudicación en la segunda ronda del plan Renovar para la central Río Escondido. Después, también el año pasado, reordenó el directorio que encabeza Nicolás van Ditmar e intregran dos hombres del grupo Pampa Energía (de los hermanos Mindlin) y Jefferson Voss, del núcleo internacional de Tavistock.
Nuevos intereses del Tavistock Group en la Argentina.
A partir de esa ampliación, la empresa opera en “la generación y comercialización de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en todas sus formas (…), construcción, financiación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de centrales de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, y demás actividades directamente asociadas con las anteriores”. Además, “podrá ser titular de concesiones o permisos, incluyendo sin limitación la concesión de agua de la que es titular por la ley de concesión de uso de agua de la Provincia de Río Negro nro. 4615/2010”, y toda la legislación vigente en el país.
En su origen, en 2015, Marcos Marcelo Mindlin la formó exclusivamente para la central de paso Rio Escondido, complejo industrial construido dentro del predio de más de 8.000 hectáreas que incluye el lago Escondido.
Río Omitido
El río Escondido nace en el lago conocido por estar bloqueado su acceso, a unos 800 metros sobre el nivel del mar, y desciende hacia el noreste 8.500 metros hasta desembocar en el rio Foyel. El complejo industrial tiene cuatro partes; requirió el desmonte de unas 9 hectáreas, según nuestro análisis de imágenes satelitales. Son unos 5 kilómetros desde la primera bocatoma hasta la central. En la primera bocatoma se desvía parte del caudal del río, se lo entuba para hacerlo descender por el filo de un cerro hasta el salto previo a la central, surge de interpretar las imágenes institucionales con la documentación pública disponible y las imágenes satelitales. A pesar de que las obras de infraestructura las difunde la propia empresa en su página web (http://www.patagoniaenergia.com/) y las anunció por la prensa, hasta esta semana no fueron declaradas como mejoras ante el Catastro provincial y por lo tanto no pagan impuesto inmobiliario por la central. Tampoco están hechas las mensuras, por lo que los planos vigentes siguen siendo los de la familia Montero regularizados para la operación de venta a Lewis en los ’90. La valuación fiscal del campo es de 20 millones de pesos, como consta en la liquidación de la ART (Agencia de Recaudación Tributaria) de Río Negro.
Durante semanas varias cuadrillas trabajaron en el emparejado del suelo en la entrada a Hidden Like SA (la estancia Lago Escondido), sobre la ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón, a la altura del paraje El Foyel. También ensancharon caminos y reforzaron puentes para que resista gran tonelaje. Finalmente, en medio de la nevisca, la semana pasada llegó la flota de carretones con containers a cargo de Crexell Transporte SA, una de las empresas de transporte de carga y grúas que se hizo fuerte en los servicios a la explotación de hidrocarburos desde su base en Plottier, Neuquén. En la improvisada playa pasaron parte de la carga de los carretones a un camión de unos 13 metros, que finalmente debió vadear el arroyo Coronel y evitar el puente.
La magnitud del movimiento habla de cambios que todavía no fueron anunciados. A la vez, la contratación a Crexell para la logística habla de la cadena de beneficiarios en la estructura económica y financiera con la que cuenta Lewis en la región. Guillermo Nicolás Crexell es hijo de la fallecida Luz Sapag, hermano de la senadora nacional por el MPN (Movimiento Popular Neuquino) Lucila, sobrino del ex gobernador Augusto; y, así podríamos seguir trazando la genealogía tanto familiar como económica y política del empresario en ascenso.
Río Nahueve
Los viejos proyectos de producción de energía hidráulica tomaron nuevo impulso en Neuquén ante la demanda sostenida y creciente del área Vaca Muerta. El mes próximo se abrirán los sobres con las ofertas para la adjudicación del Proyecto Multipropósito Nahueve. Patagonia Energía es uno de los 130 interesados en financiar, construir, operar, mantener y explotar una minicentral hidroeléctrica sobre el río Nahueve, al norte de Neuquén, entre la Cordillera de los Andes y la Cordillera del Viento, anunció el gobierno provincial luego de recorrer el paraje Los Carrizos con van Ditmar y otros potenciales oferentes.
En 2015 la Legislatura autorizó a la provincia a tomar un crédito de 15 millones de dólares de un fondo de los Emiratos Arabes, el que se formalizó al año siguiente. Por su parte, el gobierno nacional otorgó un aval soberano como garante del financiamiento, que el Estado neuquino afronta con los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos y las regalías petrolíferas y gasíferas.
El gobernador Omar Gutiérrez (MPN) y SE Mohamemed Saif Al Suwaidi, director del Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo (ADFD), firmaron en Buenos Aires el acuerdo del préstamo administrado por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA).
El gobernador de Neuquén obtuvo nuevo financiamiento.
El Proyecto aprovecharía un salto del río Nahueve generado por el desnivel topográfico y la derivación de dicho río. Debido a su escala (4.6 MW) podría participar de RenovAr ronda 3.
La concesión incluye el derecho a comercializar la energía eléctrica producida por esa central; además debe ejecutar las obras de derivación de hasta 300 lts/seg de agua no turbinable con destino a riego agrícola y para la provisión de agua potable para consumo humano de la población de la Villa del Nahueve; y construir la línea de media tensión en 33 kV desde la central hasta la interconexión con el sistema interconectado provincial, de acuerdo a las copias de los pliegos de la licitación disponibles.
José Brillo, titular de la Agencia de Inversiones del Neuquén a cargo de la licitación pública, analiza la posibilidad de conformar una sociedad de propósito específico para que ejecute y gerencie el proyecto.
Lewis ya está operando en Neuquén a través de Pampa Energía con la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta. Se quede o no con Nahueve, ya planteó su juego territorial.
(En colaboración con Javier Grosso en el análisis de las imágenes y la cartografía)
 
 
Enfrentamos hoy los límites del desarrollo dependiente. Ante ello, los sectores dominantes pretenden acelerar el ajuste y la explotación laboral y de las riquezas naturales. Para ello, buscan avanzar sobre los derechos laborales (reforma laboral y previsional) y destruir los remanentes del precario estado de bienestar. El salto adelante en términos tecnológicos y productivos es para ellos inviable y no deseable. El ajuste acelerado no es causa sino consecuencia de la crisis transicional, del anacronismo histórico del proyecto del capital en Argentina.
 
Para el pueblo la opción es clara: revolución o barbarie capitalista, como decía Rosa. La salida desarrollista (el oxímoron del “crecimiento con inclusión” del kirchnerismo) ya fue olvidada por esos sectores que buscarán una transición políticamente ordenada para conducir el ajuste estructural en marcha. El pueblo organizado tiene como única opción resistir y proyectar una salida revolucionaria, que ponga la reproducción ampliada de la vida en el centro. Estamos ante una bifurcación histórica. Como siempre, sólo el pueblo podrá salvar al pueblo.
 
 
¿Atrapada sin salida?
Argentina dependiente
en crisis transicional
13 de junio de 2019
Por Mariano Féliz

Argentina atraviesa una crisis económica de larga data. Casi una década de estancamiento y recesión han puesto en alerta a los sectores dominantes. Los partidos del orden no encuentran salidas, pues no comprenden la naturaleza profunda de la crisis actual. Los sectores populares enfrentamos los límites del desarrollo dependiente y una bifurcación histórica.
La economía argentina se encuentra atrapada en una profunda crisis. Crisis transicional hemos dicho en otro lado. Una crisis que parece poner en juego la forma de ser del capitalismo argentino, su lugar en el mundo, su papel en la división internacional del trabajo.
La segunda mitad de la primera década de los 2000 mostró la fragilidad del capitalismo dependiente en Argentina. La crisis de 2008-2009 prendió las alarmas sobre un proyecto hegemónico que, apenas parecía consolidarse, comenzaba a enfrentar barreras, primero, y, luego, límites difíciles de superar. En los diez años que sucedieron a esa primera crisis en la nueva fase neodesarrollista, la acumulación de capital se hizo inestable al tiempo que pasaba del estancamiento a la depresión. ¿Pero qué le pasa a la economía argentina? ¿Cuál es el fundamento específico de su crisis transicional?
I
A través de la era neoliberal, el capitalismo dependiente argentino configuró una nueva forma de reproducción ampliada. Sobre una base industrial dependiente pero relativamente extendida bajo control trasnacional, se consolidó un nuevo patrón de acumulación de tipo extractivista. La primera década del siglo XXI vio la expansión del complejo agroindustrial de la soja transgénica, el avance de la megaminería a cielo abierto, la colonización de la producción del hábitat y la vida cotidiana por la financiarización, y más recientemente la expansión de la explotación hidrocarburífera por la vía de la fractura hidráulica. Este proceso es dominado y atravesado por la irrupción del capital trasnacional. Además, la nueva etapa incluía una nueva configuración de políticas que mantuvieran la superexplotación del trabajo de las mujeres en la reproducción social y el cuidado. Las políticas de transferencias de ingresos condicionadas (del Plan Jefes y Jefas a la Asignación Universal por Hije) vieron articular un mercado de trabajo hiperprecarizado con la necesidad de sostener la reproducción social a escala familiar y comunitaria en el marco de un Estado de bienestar que desarticulaba las políticas universales de inclusión social.
II
Esta nueva configuración de la estructura de producción de valor y reproducción social en Argentina consolidaba una nueva base extractivista sobre la histórica estructura industrial dependiente. La industrialización -llamada por sustitución de importaciones- entre 1940 y 1960 había podido consolidarse sobre la base de un patrón de superexplotación de la fuerza de trabajo remunerado (mayormente masculinizado) y no remunerado (mayormente feminizado). En efecto, en torno a la expansión de la base industrial local, un capital crecientemente trasnacionalizado pudo subsistir a partir de un desarrollo urbano “desigual y combinado”: en torno a asentamientos informales, pésimos sistemas de transporte de pasajeros para las clases populares y condiciones de empleo de creciente precariedad. Ese desarrollo industrial pudo consolidarse en un marco internacional dominado por la irrupción de las multinacionales norteamericanas en un mundo capitalista en plena reintegración comercial, financiera y productiva luego de la segunda guerra.
III
En la etapa actual, a posteriori de la reestructuración neoliberal, la transnacionalización capitalista y la irrupción de China e India en el mercado mundial colocan a países de industrialización dependiente -como Argentina- ante una disyuntiva. Argentina enfrenta este nuevo mundo con su economía articulada por una base industrial trasnacionalizada y crecientemente articulada al nuevo vector extractivista.
Por un lado, el ciclo capitalista local es traccionado por la presión creciente que genera la formación de renta extraordinaria asociada a la extracción de riquezas naturales y formas de financiarización de la producción de la vida. Esta situación exacerba las tensiones históricas de la contradicción entre el capital agrario (extractivista) y el capital industrial. La ampliación contemporánea de las bases de apropiación de plusvalía bajo la forma de renta extraordinaria se convierte en una presión permanente sobre el conjunto del capital productivo en el resto de las ramas, en especial en las industrias manufactureras. Estas últimas se ven imposibilitadas de competir por el financiamiento frente a los elevados niveles de rentabilidad extraordinaria de las ramas extractivistas y acentúan la presión para la superexplotación laboral (en las fábricas y en las casas).
IV
En paralelo, por otro lado, el conjunto del aparato industrial enfrenta la irrupción de las manufacturas del eje China-India. El capital en esos territorios avanza con su producción realizada en condiciones de trabajo ultra precarizadas, escalas productivas inconmensurables y crecientes esfuerzos para el desarrollo de nuevas tecnologías para la extracción de plusvalía. Esa irrupción golpea de lleno a una economía como la Argentina donde el ciclo del capital manufacturero se encuentra plenamente integrado a la economía global. En una posición intermedia entre las economías poco industrializadas de la región y el hegemón subimperialista regional (Brasil), el capital en la Argentina enfrenta esa batalla en desventaja. El pueblo trabajador argentino conserva -a pesar de todo- una base de derechos conquistados en sus luchas, derechos que el capital busca diluir para pegar un salto de competitividad. La resistencia popular frente a esa ofensiva es la contracara de la incapacidad industrializadora del proyecto neodesarrollista y la aceleración de la desindustrialización en la etapa reciente de profundización del ajuste bajo el macrismo.
V
La crisis transicional se presenta como expresión del último límite del capital dependiente en Argentina. No parece haber alternativas. Los sectores dominantes pretenden acelerar el ajuste y la explotación laboral y de las riquezas naturales. Para ello, buscan avanzar sobre los derechos laborales (reforma laboral y previsional) y destruir los remanentes del precario estado de bienestar. El salto adelante en términos tecnológicos y productivos es para ellos inviable y no deseable. El ajuste acelerado no es causa sino consecuencia de la crisis transicional, del anacronismo histórico del proyecto del capital en Argentina.
Para el pueblo la opción es clara: revolución o barbarie capitalista, como decía Rosa. La salida desarrollista (el oxímoron del “crecimiento con inclusión” del kirchnerismo) ya fue olvidada, y esos sectores buscarán una transición políticamente ordenada para conducir el ajuste estructural en marcha. El pueblo organizado tiene como única opción resistir y proyectar una salida revolucionaria, que ponga la reproducción ampliada de la vida en el centro. Estamos ante una bifurcación histórica. Como siempre, sólo el pueblo podrá salvar al pueblo.
 

 
Nos estigmatizan derechas e izquierdas electoralistas achacándonos proponer proyectos desconocedores de la realidad concreta e irrealizables. Pero elles luchan por mantener el círculo vicioso del poder gran capitalista y lo hacen en momentos en que la supervivencia de la humanidad entera está amenazada por el modo destructivo de producción y desarrollo del sistema mundo capitalista.
 
Tratemos de apoyar o abrir caminos emancipatorios mediante involucramiento mayoritario en una trama comunitaria que comienza a rebelarse y organizarse. A mí me permitió -dice Raquel Gutiérrez- aprender cómo iba emergiendo esa otra forma de luchar que tiene que ver con ocupar el espacio, con cuidar el adentro, con tener un sentido de equilibrio todo el tiempo como un punto muy claro. Es crear la otra sociedad-mundo posible desde el vamos y desde la toma de partido de que estamos buscando nuevas formas de reconectarnos, de tejer una trama de interdependencias que la llamamos comunitaria o popular, que antepone lo que se comparte, se disfruta y se gestiona, y también se produce. Lo común no es cosa: es relación social, es manera de estar.
 
 
 

Raquel Gutiérrez: “Debemos aprender a mirar

el mundo en clave de interdependencia”

21 de mayo de 2019
 
"Raquel reside en México, donde es profesora de la Universidad Autónoma de Puebla. En octubre del 2018 estuvo en Buenos Aires, en coincidencia con el 33 Encuentro Plurinacional de Mujeres que se celebró en Trelew (provincia de Chubut) y con la visita a estas tierras de la italiana Silvia Federici. En esta entrevista hablamos de ese tejido entre mujeres a cuya emergencia asistimos y del que somos parte, entre atónitas y esperanzadas".

Matemática, socióloga, filósofa y feminista de origen mexicano, Raquel Gutiérrez Aguilar tiene a sus espaldas una extensa y vibrante historia de militancia. En la década de los 80, la que consolidó el neoliberalismo en América Latina, viajó a Bolivia, donde fue parte de la fundación del Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK), de inspiración aymara. En 1992 fue detenida junto a otros miembros del EGTK, entre ellos, su pareja en aquel momento, el actual vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera. Pasó cinco años en la cárcel, acusada de terrorismo. De aquellos años nació su libro ¡A desordenar! Por una historia abierta de la lucha socialEs autora, también, de Los ritmos del Pachakuti. Movilizacion y levantamiento indígena popular en Bolivia y Horizontes comunitario-populares. Producción de lo común más allá de las políticas estado-céntricas.
Raquel reside en México, donde es profesora de la Universidad Autónoma de Puebla. En octubre del 2018 estuvo en Buenos Aires, en coincidencia con el 33 Encuentro Plurinacional de Mujeres que se celebró en Trelew (provincia de Chubut) y con la visita a estas tierras de la italiana Silvia Federici. En esta entrevista hablamos de ese tejido entre mujeres a cuya emergencia asistimos y del que somos parte, entre atónitas y esperanzadas.
Amazonas: ¿Cómo se ha ido articulando tu trayectoria militante y vital con tus elaboraciones teóricas?
Raquel: Yo me he vivido a mí misma cuando un tipo de experiencia está terminando y otro está comenzando a gestarse. Es decir, casi siempre me han tocado tiempos de transición… aunque quisiera decir otra palabra. Tiempos en los que algo se agota y algo empieza a existir. Me tocó la última parte de la vieja manera de acción, totalmente masculina, guerrillera, muy centrada en una confrontación directa. Ahí yo podía ver todos los límites, y es algo en lo que pude reflexionar mucho en la época de la cárcel. Era, también, el momento en que esa forma antigua de pelear y de hacer se debilitaba y surgían otras formas más parecidas a lo que, como experiencia general, significa el zapatismo. El entretejimiento de lo viejo disminuido con lo nuevo naciendo, es esta capacidad comunitaria, básicamente indígena de poner en escena nuevas formas de lucha y de tener claridad de qué es lo que se propone obtener. En la experiencia guerrillera en la que yo milité esta hibridación era muy clara: unos jóvenes que éramos los últimos marxistas leninistas del continente, con unas comunidades aymara y también quechua, una trama comunitaria que comenzaba a rebelarse y organizarse. A mí me permitió aprender cómo iba emergiendo esa otra forma de luchar que tiene que ver con ocupar el espacio, con cuidar el adentro, con tener un sentido de equilibrio todo el tiempo como un punto muy claro. Y luego tuve cinco años en la universidad de la vida que me pagó el Estado, la “beca cárcel”, para pensarlo. Ese bagaje me permitió la posibilidad de una apertura hacia lo que iba a ser la lucha del agua, las feministas, en un momento en que la lucha era muy dura; me hice muy amiga del grupo de feministas y lesbianas Mujeres Creando. Tuve la suerte de poder ir transitando entre tradiciones y aprendiendo de una experiencia vital muy dura de vivir, la gran expropiación patriarcal de todo lo hecho y todo lo armado: me tocó atravesar vitalmente un momento de gran expropiación; todas lo hemos sufrido y sabemos de qué estamos hablando. El momento de perderte a ti misma, de no saber qué está pasando que te separa de lo que fue creado y te confronta a pensar cómo volver a relanzarte.

Amazonas: Hay, ahí, una superposición de unos tipos de violencia con otros…
Raquel: Eso me proporcionó cierta sensibilidad para entender la continuidad de los procesos de violencia que venía sufriendo: la violencia institucional patriarcal de la organización política marxista, la violencia del Estado, tanto en la detención como en la cárcel; la violencia, después, de esta articulación del mundo privado y público que habilita que la fuerza construida entre muchos quede significada por un sólo gran apropiador que entonces puede establecer alianzas con otros de su género. Y eso traté de ordenarlo como experiencia vital de algún modo. Por eso ahora me conmueve tanto este renovado momento de despliegue de las luchas de mujeres, lesbianas, trans y travestis, que pone en el centro la violencia sistemática que vienen sufriendo, los diferentes pliegues de esa agresión con mensaje, como dicen los del CELS [Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina]. Pasa por sentir que puedes reconocer esas violencias y sentirte habilitada para hablar porque aspectos de la experiencia vital -que en momentos hay que guardar porque duele o porque parece que no sirviera-… de repente vuelve a servir.

Amazonas: Esa experiencia nos hace pensar en ese vínculo, tan destacado por las feministas, entre lo político y lo personal…
Raquel: La vida es una sola, y ahora la puedo contar así, no como una sucesión recortada de pedazos, de tramos, sino como una sola vida que va madurando, que va envejeciendo y consolidándose, pero que tiene que atravesar una serie de casillas y de marcos ordenadores absolutamente patriarcales y coloniales, absolutamente capitalistas; por eso con frecuencia sientes que todo está roto.

Amazonas: Junto a [la socióloga argentina] Verónica Gago, plantean la existencia de una constelación feminista, un conjunto de conceptos que siempre beben de la praxis política. ¿Cómo pensar, desde ahí, los encuentros y desencuentros entre el marxismo y esos entramados comunitarios?
Raquel: Cuando estás observando la realidad desde determinado mirador teórico que admite las segmentaciones dadas, entonces tú también piensas desde clasificaciones instituidas; lo rural y lo urbano, lo ‘a’ y lo ‘b’; y entonces estás en separación. Es algo en lo que acá viene insistiendo el movimiento de mujeres: que todo se va hibridando, mezclando, entreverando, no licuando, no haciendo una cosa homogénea, sino tejiéndose. Yo lo vi en [el Encuentro Plurinacional de Mujeres de] Trelew, cuando veías esas pequeñas variaciones en las letras de las canciones y, en lugar de cantar “Aborto legal en el hospital”, decimos “en cualquier lugar”, o cuando sustituyen la palabra “brujas” por “machis” [las autoridades espirituales del pueblo mapuche, que tienen el don de sanar] en el canto: “Somos las nietas de todas las machis que nunca pudieron quemar”. No es que canto tu canción y niego la mía, o viceversa: es que a tu canción yo le quiero añadir algo, no en una lógica de apropiación sino de entretejimiento, de guiño, para mostrar que estoy viendo tu fuerza y que tu fuerza me da fuerza y que estoy dispuesta a darte fuerza. Es un poner en común para generar y ampliar una fuente de fuerzas. Parece bastante místico-mágico, pero así lo veo.

Amazonas: Eso nos lleva a pensar si, tal vez, el feminismo puede convertirse en un movimiento internacionalista y transversal…
Raquel: Lo está haciendo, la cosa es que nos cuesta mucho verlo. De la misma manera que nos cuesta mucho ver y creer que lo que nosotras hacemos es importante. Haces el mejor libro de tu vida, empiezas a encontrar reconocimiento, empiezas a ver que gente te dice que está super bien lo que has hecho y tú, de todos modos, dudas. La experiencia general, es igual en el movimiento. Se mandan tamaña cosa gigante, repercute en España de tamaño loco, hace temblar a todos los lados, desde el Ecuador, el Perú, desborda hasta Chile y todavía decimos, “¿será que se va a poder?”. No es que seamos bobas, no es eso; es que estamos produciendo el lenguaje para reconocer nuestra propia creación, que es nuestra creación en otra clave, que confronte los sistemáticos desconocimientos de lo que hacemos. Así como tú haces la mejor cosa de tu vida y tu profesor varón te dice: “está bueno chava”, y ya. Es una experiencia muy común, ves un colega que tiene algo bastante parecido a lo tuyo y ese brinca hasta el cielo en el reconocimiento por la línea de esperma, digamos simbólica o real. Igual nos pasa. No vamos a estar saliendo en la tele más que cuando saquemos dos millones a la calle; nos van a responder desde el Parlamento que no nos ven, que todo lo que podamos hacer es insuficiente. Eso nos van a responder, como nos responden en la casa, como nos responden en la escuela, como nos responden en el trabajo. Pero ahí es que vamos trabajando nuestra propia autopercepción y nos vamos autoconvenciendo de la grandiosidad de lo que estamos logrando y conociendo; el desafío de cómo lo estamos haciendo en otra clave: como cuando, en estos días atrás [en el mes de octubre pasado], las compas de Ni Una Menos le arman una gira a Silvia Federici en la que muestran una manera de tejer por debajo que desestructura lo instituido. Y con ello habilitan la posibilidad de establecer un piso común de todas las mujeres que está incorporadas en los distintos lados; y habilitan el espacio de su encuentro para que ellas puedan, con la fuerza de cada una, movilizar lo otro: así armaron el paro. Es tan raro que cuesta trabajo entenderlo, soy amiga de Vero [Gago] hace muchos años y tenemos comunicación fluida, y yo no había entendido lo que quería decir “interseccional” en este lenguaje renovado, hasta que vine a verlo a Argentina. Tienes que sentirlo, tienes que verlo, tienes que entender qué está pasando. Como dijo León Felipe, “las palabras no sirven cuando la derrota, pero tampoco sirven cuando uno está luchando desde una cosa tan honda. Las palabras entonces no sirven, son palabras”. Los conceptos a rato no nos alcanzan, y esa disputa es constante. El concepto de constelación nos sirve para evitar el intento desde la jerarquía académica de sintetizar nuestro pensamiento.

Amazonas: Esa “constelación” tiene un impacto en lo que está afuera, en el espacio público y en lo común, en lo cotidiano… y nos va transformando a cada una.
Raquel: Exactamente. Es ese desplazamiento vertiginoso lo que genera temblor. Cuando tratábamos de hacernos una idea de qué había pasado en el 8 de marzo del 2017 que fue un primer gran momento de, “¡ah!”, sorprendernos de lo que estaba ocurriendo, yo estaba en Madrid. Parecía que había hecho erupción un volcán. Así lo sentía yo: esos guiños que veía, las viejitas cantando las consignas, las jóvenes; en fin, hay una especie de movimiento telúrico en el sentido social de la palabra, de que las capas añejas, multiseculares, de la estructuración de la jerarquización y fijación de lo dado, todo eso tiembla y se empieza a reacomodar. Entonces, las mapuches podemos ser travestis y las mexicanas podemos ser madrileñas, y las trans pueden ser señoras. Es un momento de sacudón fuerte. Y no sabemos qué palabra ponerle a eso que estamos sintiendo. En la descripción, ponemos una palabra; en la conceptualización, buscamos una palabra más amplia, más abarcadora, que sea más difícil sintetizarla, para que todas las cosas, todas las luchas quepan.

Amazonas: En España hubo una demanda muy clara de las mujeres racializadas, especialmente las gitanas, de las mujeres migrantes y negras que no se habían sentido incluidas en el movimiento feminista y el caso concreto de las temporeras de Huelva. Se viene corrigiendo pero todavía es complicado: hay compañeras que no se sienten representadas por el feminismo hegemónico; y está, también, esa disputa sobre el sujeto político, si nos sirve el sujeto ‘mujer’ o si hay que visibilizar otras identidades.
Raquel: Yo veo dos estrategias: de un lado, la peninsular, que ha sido: “Juntas y fuertes, feministas siempre”, como se cantaba en Madrid. Es decir, tratar de plantear el feminismo como un gran paraguas; en él, caben todas, pero se usa en singular. Luego se dio una vuelta de tuerca y empezó a hablarse de feminismos, en plural. De nuevo se trata de construir un paraguas que pueda abarcar, y ahí se da el debate acerca del descentramiento del feminismo blanco, que se corra para que quepamos todos los feminismos. La otra estrategia ha sido la de compañeras acá, que ha sido una subarticulación de sujetos dispersos que, cuando en asamblea se dieron cuenta de que no era suficiente con hablar de “mujeres”, dijeron, “bueno, hagamos una lista”, y enumeraron: mujeres, trans, lesbianas y travestis. Acá no se trata de un binarismo: lo que no es masculino dominante, es una diversidad. A su vez, vienen las mapuches y dicen: “hagámonos cargo de la herida colonial, nosotras estamos acá”, y lo plantean en términos de plurinacionalidad, que supone integrar, asumir y tomar en cuenta también esas diferencias. Pero no lo asumen como un plan político en el sentido tradicional, no hablan de Estado Plurinacional, como decía la CONAIE   [Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador] hace años. En Trelew cantamos: “Este Encuentro ya es Plurinacional”, es decir, nos hacemos cargo de esa diferencia, la volvemos visible y ahí se trata no de estabilizarla ni de congelarla, sino de gestionarla; y esa gestión no va a estar exenta de tensión. Es decir: es una cosa que abre para poder fluir y fluye para poder equilibrar y, otra vez equilibrado, vuelve a fluir. Es más una mecánica de fluidos que una ingeniería de sólidos. Así lo logro pensar. Entonces, en España han dicho: “juntas y fuertes feministas siempre”; eso apaciguaba la confrontación cuando empezaba a haber bronca. Acá quizá sea una consigna aun más inteligente, que le da una vuelta de tuerca a eso. Hay que ver qué trata de expresar cada una. Hay dos maneras de acercarte a este problema, las dos son útiles, pero conviene que estén atentas a ver qué lógica habilita esa estrategia, qué problema contiene. Hay ahí un esfuerzo teórico pendiente; pero ahorita lo lindo es lo que viene emergiendo de la propia colectividad, que trata de expresar su disposición a estar juntas antes de otra cosa. Confiar en una solución teórica que logre la síntesis sería caer en un pensamiento patriarcal. No: de lo que se trata es de registrar la voluntad de alcanzar un equilibrio. El pensamiento sistemático nos puede ayudar a pensarlo, acompañando, para identificar qué aspectos estamos dejando pendientes; pero siempre en voluntad de diálogo, no en competencia por ver cuál gana. Es un modo de hacer distinto y lo estamos viendo pasar: por eso es tan emocionante.

Amazonas: Eso nos deja una reflexión, también, de hasta qué punto están presentes, en este florecer de los feminismos, el racismo y las heridas coloniales.
Raquel: Es un desafío muy duro y que hay que hacerse cargo, y saber que nos vamos a equivocar y que vamos a poder dejar de equivocarnos también cuando ampliemos nuestra sensibilidad para entender lo que nos quieren decir; y que eso no es pura empatía, es más que eso: es ánimo, es disposición, es ganas de, también ahí, movernos. A mí no me gusta mucho, aunque lo entiendo, la clave “renunciar a los privilegios”. No me gusta porque siento que permite culpabilizar; de lo que se trata es de cuánto vas a desacomodarte de ese lugar que tú no elegiste, a ti te tocó igual que a la otra. Cuánto estás dispuesta a desplazarte, a moverte, a militar, a cooperar. No tengo una palabra para ponerle: no negar, pero tampoco admitir que te quieran poner en un lugar, porque tú te estás moviendo de ese lugar. Todas estamos peleando por las desclasificaciones, las desidentificaciones: se trata de lograr que, sin dejar de mirar las jerarquías que nos separan, evitemos entrar en el juego de la reclasificación mutua.

Amazonas: Quisiéramos hablar de mil cosas más, pero se nos acaba el tiempo. Una última cuestión: existe todo un debate dentro de los feminismos acerca de la necesidad de revalorizar la crianza y los cuidados; en la praxis política del movimiento, esto se concreta en las apuestas por la crianza con apego o la defensa de la lactancia prolongada, ambas apuestas que son absolutamente incompatibles con la lógica capitalista. Sin embargo, aparecen riesgos de que las mujeres caigamos en nuevas servidumbres, si no logramos salir de la lógica de individualización. ¿Cómo hacemos para pensar los cuidados y el trabajo reproductivo desde la óptica de lo común?
Raquel: Para pensar en lo común, no puedes pensar en forma contractual: no se trata de unidades que firman un contrato. Carole Pateman, por ejemplo, discute el contractualismo y señala que la vida no es así. Lo que estamos cuestionando es la figura del individuo abstracto en el que todas debemos reflejarnos, en esta sociedad pretendidamente unisex, que en realidad es masculina: masculina en su neutralidad, en tanto no cuida, no reproduce, todo lo compra y todo lo vende, todo lo mercantiliza. Es el ideal del capital. Del otro lado, está la lógica de la interdependencia, y así sí es que funciona la vida. A nosotras, mujeres urbanas, nos cuesta mucho verlo, parece que sólo lo entendemos en términos de la afectividad.
Pero debemos aprender a mirar de otra forma: a pensar de dónde tomamos agua, de dónde comemos, quién cultivó el algodón para hacer la ropa que traemos, quién la tejió. O sea, si piensas en interdependencia, tienes que empezar a entender la cuestión global, y dejas de ser un particular, pero de otra forma: no porque te vuelvas un universal, sino porque te empiezas a hacer cargo de los flujos de la vida que son del planeta, de su conjunto. Le tengo un poquito  de miedo a la economía de los cuidados, que no vaya a poner una especia de límite que refuerce la diferencia, sobretodo ciudad- campo. Debemos darle la vuelta, poner el énfasis en la conexión; porque el chiste es que estamos buscando nuevas formas de reconectarnos, de tejer una trama de interdependencias que la llamamos comunitaria o popular, que antepone lo que se comparte, se disfruta y se gestiona, y también se produce. Lo común no es cosa: es relación social, es manera de estar.
 
 
 
Nos dividen en una falsa grieta o enfrentamiento porque ambos agrupamientos politiqueros compiten por la gobernabilidad de imponer la incesante acumulación de riquezas por las transnacionales y socios locales a expensas de intensificar los ajustes o la precarización de la vida, el trabajo....
 
Verificamos que todos los gobiernos progresistas han preferido promover los extractivismos asociándose con las transnacionales y estados imperialistas. Han dado la espaldas a los movimientos sociales que le dieron origen y es el protagonismo de los pueblos que hizo al retroceso del dominio neoliberal e introdujo ciertas democratizaciones institucionales. Por lo contrario, los líderes progresistas se apropiaron de reivindicaciones e ideales ahuecándolos de modo de quitarles su espíritu subversivo pero sobre todo viraron la confrontación de diversidades de abajo contra los opresores hacia establecer la conciliación de oprimidos con los opresores que es esencial al capitalismo.
 
Al respecto escuchemos a Guillermo Almeyra: El protagonista del cambio no es AMLO ni MORENA. Quien tiene capacidad creativa es el pueblo mismo que se insubordinó en Chiapas en el 94, impidió con su lucha la construcción del aeropuerto en Atenco, construyó municipios autónomos, formó policías comunitarias y grupos de autodefensa y resiste en el Istmo. No hay Salvadores ni Mesías: los trabajadores por sí mismos destruirán el yugo de la opresión imperialista y se sacudirán de encima las bien nutridas chinches y garrapatas capitalistas. El Estado es capitalista y es uno de los instrumentos de la dominación de gran capital. La independencia de los oprimidos del Estado de sus opresores es una de las condiciones básicas del cambio social.
 
Convoca a: unificar todas las luchas en un movimiento político-social independiente que encabece la lucha tras un programa anticapitalista.
 
 
Un primer balance (y II)
8 de julio de 2019

Por Guillermo Almeyra (La Jornada)
AMLO sigue gozando del apoyo mayoritario pues el pueblo mexicano no quiere volver al régimen de la oligarquía y del PRI-PAN-PRD y sus secuaces, pero ya no despierta las mismas esperanzas que antes y en ciertos sectores asoma incluso la decepción.
¿Cómo hacer posibles las reformas que sean beneficiosas para los oprimidos, rechazar la contraofensiva de la oligarquía y sus medios y evitar la desmoralización de muchos que esperaban un Salvador que no vino y, en su despolitización, corren el riesgo de creer que “todos son iguales” y de caer en la pasividad favoreciendo así a la extrema derecha?
No es posible esperar nada de MORENA que es un mero instrumento electoral y comparte la ideología de AMLO, quien pregona como un sacerdote el perdón de los pecados (sobre los cuales la Justicia, y no él, debería decidir), habla de instaurar una República Amorosa donde los oprimidos amen a sus opresores y sostiene que hay que eliminar la corrupción, no el sistema capitalista (como si la explotación y el despojo capitalistas no llevasen a la violencia, el robo, la corrupción y la guerra). ¿Cómo “educar” y “politizar” un organismo como MORENA que se basa en el acatamiento de las órdenes que le llueven desde el Olimpo y que no tiene vida interna, ni discusión ni democracia ni capacidad de decisión
Quienes creen en AMLO, lo hicieron antes en el PRI y después en el PRD de Cárdenas Muñoz Ledo y en el de AMLO y por último, el de los chuchos. No son inamovibles. Pero tienen fe, que es lo opuesto de la razón. No hay que creer; hay que pensar críticamente, con objetividad e independencia. Eso se aprende y, por consiguiente es posible ayudarles a evolucionar políticamente, a aumentar su seguridad y su autoestima y a elevar su conciencia confrontándoles con la realidad y demostrándoles que hay una alternativa al capitalismo. Pero la gente que cree en AMLO teme -legítimamente - en el caso de un nuevo cambio político perder el progreso que logró sacando al PRI-PAN-PRD y Cía. del gobierno y no quiere que sus críticas sean utilizadas por la oligarquía tradicional para volver al pasado. Esos millones de trabajadores no darán un salto al vacío.
Por eso es necesario trabajar junto a ellos ayudándoles a organizarse, a decidir, a comprender qué es el capitalismo y la complejidad de la tarea que emprenden
El protagonista del cambio no es AMLO ni MORENA. Quien tiene capacidad creativa es el pueblo mismo que se insubordinó en Chiapas en el 94, impidió con su lucha la construcción del aeropuerto en Atenco, construyó municipios autónomos, formó policías comunitarias y grupos de autodefensa y resiste en el Istmo. No hay Salvadores ni Mesías: los trabajadores por sí mismos destruirán el yugo de la opresión imperialista y se sacudirán de encima las bien nutridas chinches y garrapatas capitalistas. El Estado es capitalista y es uno de los instrumentos de la dominación de gran capital. La independencia de los oprimidos del Estado de sus opresores es una de las condiciones básicas del cambio social.
Cuando la Constitución habla de municipios libres está hablando de autonomía y autoorganización. Pueblo por pueblo, comunidad por comunidad, colonia por colonia la población trabajadora puede ver cuáles son los recursos y necesidades locales y decidir qué hacer así como las prioridades (vivienda, trabajo, sanidad, agua y cloacas, reforestación, seguridad, escuela, creación de cooperativas de producción o de consumo, crédito comunitario). En cada caso es posible aliarse con los maestros, los trabajadores de la sanidad, estudiantes de arquitectura o de ingeniería.
El trabajo en común por objetivos establecidos por consenso en asambleas reforzará la unión y la confianza en sí mismos de los pobladores pobres, que hoy esperan soluciones del Estado capitalista. La creación de una red de municipios autónomos y autogestionarios permitiría crear una Federación de libres comunas constantemente en intercomunicación y discusión de experiencias.
AMLO y MORENA persiguen la utopía del capitalismo “bueno y decente” que no existió ni existirá jamás porque quienes viven de la explotación de los trabajadores son depredadores. Además quieren reformar al capitalismo en una grave crisis mundial, en tiempos de Trump y cediendo al chantaje de éste. No hay que esperar de ellos aunque es necesario presionar a MORENA y al gobierno para que cumplan lo prometido o dejen de lado políticas reaccionarias y funestas. Hay que difundir y generalizar las experiencias autonómicas y autogestionarias que se están realizando en todo el país para impulsar la autoorganización de los explotados.

En la acción en defensa de los pueblos y sus recursos amenazados por la ofensiva capitalista (Tren Maya, Huexca, Istmo), contra la sumisión al imperialismo y por todas las necesidades y los derechos de los trabajadores, indígenas o no, de México, es necesario unificar todas las luchas en un movimiento político-social independiente que encabece la lucha tras un programa anticapitalista.

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