Pero a qué
país nos está conduciendo
su acaparamiento económico
territorial.
Esta violencia resulta legalizada y legitimada por la 'democracia' desde 1984. Los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner la encubrieron. También consolidaron tanto el poder oligopólico y el ultra presidencialismo por sobre el popular que facilitaron tuviésemos el gobierno de Mauricio Macri.
En ese afianzamiento del
dominio de los de
arriba sobre los de abajo fue trascendente la batalla cultural e
ideológica del kirchnerismo. Modeló e incentivó lecturas maniqueas de la realidad que
ocultaron la verdad sobre:
Fuga de capitales y acumulación en tiempos K
28 de septiembre de 2010
Por Rolando Astarita
En su
estudio, publicado en mayo de 2007, sobre la evolución de la fuga de capitales
en Argentina, los investigadores de CEFIDAR, Jorge Gaggero, Claudio Casparrino y
Emiliano Libman comenzaban diciendo que “el fenómeno denominado fuga de
capitales ha estado presente en la historia económica reciente de Argentina,
particularmente durante el período que comienza con las reformas económicas
encaradas desde 1976 por la última dictadura militar, y parece finalizar con el
agotamiento y crisis del denominado modelo de la convertibilidad”. Esto es, el
fenómeno habría correspondido al largo período de hegemonía del modelo
neoliberal (los años de la dictadura militar, el período de alta inflación de
los ochenta y luego el menemismo privatizador), y habría finalizado hacia la
caída del gobierno de De la Rúa.
Esta afirmación parece encajar bastante bien con la idea de que a partir de 2002, y más precisamente con la presidencia de los K, se habría pasado a un modelo productivo. Se supone que en un modelo productivo el excedente (esto es, la plusvalía), se reinvierte a fin de ampliar la acumulación del capital. Es que un proceso de desarrollo se caracteriza por lo que Marx llama la reproducción ampliada del capital. Una parte importante de la plusvalía vuelve a entrar en el circuito de producción, para generar más plusvalía, ampliando a su vez la escala de la producción. En este proceso la inversión tiene la primacía; en la medida en que se expande la producción de bienes de producción y bienes de consumo, aumentan el empleo, generándose más plusvalía, que se reinvierte para seguir expandiendo las fuerzas productivas. Naturalmente, para que esto suceda al interior de un país, es necesario que la plusvalía se reinvierta en el mismo.Pues bien, un nuevo estudio generado en CEFIDAR, “La fuga de capitales II, Argentina en el escenario global (2002-2009)” sostiene que entre 2007 y 2009 salieron del país casi US$ 44.000 millones, lo que equivale a casi el 93% de las reservas acumuladas por el Banco Central. En otras notas hemos sostenido que bajo el gobierno K no se han producido cambios relevantes, o cualitativos, en la estructura productiva. Ahora, el dato sobre la persistencia de la fuga de capitales, reconocido por un instituto semi-oficial, apunta a la misma conclusión. Una parte importante del excedente termina en el exterior. En términos de Gaggero et al., no se utilizan “los excedentes económicos generados localmente en el fortalecimiento de la estructura productiva y social”. Es un síntoma de que no se supera la estructura atrasada y dependiente, y también una causa, ya que la fuga de capitales va en detrimento de la acumulación ampliada interna.
Inversión débil
Efectivamente, la contrapartida de la fuga de capitales es una inversión que se
mantiene débil; en particular, en relación con un crecimiento del producto que
ronda el 8% anual. La participación de la inversión en el PBI es notablemente
más elevada que en la crisis 1999-2002, pero solo algunos puntos porcentuales
más elevados que en la década de 1990, como se puede advertir en el siguiente
cuadro:
Puede
apreciarse que en el primer semestre de 2010, si bien aumentó con respecto a
2009, la inversión se mantuvo más baja, en términos de PBI, que entre los años
2006-2008, y algo más elevada que en los noventa. Pero es un nivel muy por
debajo de economías que crecen a tasas de 8 o 9%. En los países asiáticos de
alto crecimiento la participación de la inversión en el PBI supera el 25 y aun
el 30% del PBI.
En estos
momentos, y a pesar de que en Argentina muchos sectores industriales tienen
capacidad cercana al tope, los capitalistas invierten poco en ampliación de
plantas. En todo caso, en algunas ramas como plásticos, petroquímicos y
agroquímicos, hay inversión en capacidad de almacenamiento, pero no en capacidad
de producción. Esto explica también que en algunas ramas haya aumentado la
importación para abastecer la demanda interna.
La debilidad
relativa de la inversión en ampliación de capacidad también se refleja en la
dinámica del empleo. A pesar del crecimiento del PBI, el empleo formal en el
sector privado creció 1,5% entre el segundo cuatrimestre de 2009 y el segundo de
2010. En cambio, el número de horas trabajadas aumentó 7,5% en el mismo período
(datos SEL). Lo cual revela que se está utilizando capacidad instalada.
Pero además, el aumento de la inversión en bienes durables durante el primer semestre estuvo determinado principalmente por la compra de equipos de transporte, entre los que figuran los aviones incorporados por Aerolíneas Argentinas. No es aumento de la capacidad productiva básica. Y dos tercios de esa demanda de inversión se dirigieron a las importaciones. Lo cual también está acorde con lo que planteamos en otra nota, acerca de que la balanza comercial industrial de Argentina sigue siendo altamente deficitaria. Dejemos anotado también que en los primeros 8 meses de 2010 el crecimiento de la industria estuvo liderado por el sector automotores (la fabricación de vehículos en agosto fue 49,8% superior al año anterior) y acero (27,7% superior, datos INDEC). Aquí hubo una sostenida demanda por parte de Brasil (el real se apreció y hay un fuerte crecimiento), además de la recuperación de la demanda interna. Las otras ramas crecieron a tasas sensiblemente menores, lo cual agudiza la heterogeneidad del desarrollo. La demanda de consumo está impulsada por sectores relativamente acomodados de la sociedad; lo cual tiene por base la alta desigualdad en la distribución del ingreso.
En consonancia con lo anterior,
el crédito al consumo estuvo aumentando
a lo largo del año a una tasa mayor que el crédito a la actividad productiva.
Otro
impulsor clave del crecimiento es el agro. La producción de granos alcanzaría en
la campaña 2010-2011 los 90 millones de toneladas, lo que exige inversiones
importantes. Las inversiones durables proyectadas en el agro rozarían los US$
1500 millones, y las inversiones en capital constante circulante (utilizando la
terminología de Marx; comprende semillas, riego, insecticidas y funguicidas,
herbicidas y fertilizantes) superaría los US$ 3750 millones (datos CREA y
Comisión de Enlace; no desmentidos por la Secretaría de Agricultura, u otros
organismos oficiales).
El agro y la minería, además, siguen siendo pilares de las exportaciones. De conjunto casi el 90% del aumento de las exportaciones en el último año se explican por la soja, el maíz, automotores (a Brasil) y minería. El resto de las exportaciones apenas crecieron. Paradójico para un modelo que se califica de “industrialista” por oposición al “agro exportador”.
Infraestructura estancada
La debilidad
de la inversión repercute en la infraestructura. Recordemos que la matriz
energética del país es en base a gas. El hecho es que (datos del Instituto
Argentino de la Energía General Mosconi) las reservas de gas a fin de los noventa
eran de 30 años, y en 2010 son de 7,8 años. Las reservas de petróleo en 2000
eran de 488 millones de metros cúbicos, y en 2010 son de 380 millones. En la
década de 2000 se terminaron 484 pozos y en la década de 1990 el doble.
Argentina ahora importa energía.
La inversión
en infraestructura ferroviaria continúa estancada. Lo mismo sucede con las
inversiones requeridas para obras de saneamiento ambiental; el caso del
Riachuelo, donde ni siquiera se ejecutan los créditos que ya están concedidos,
resulta emblemático.
Tradicionalmente los regímenes o gobiernos que se consideraron industrialistas,
pusieron énfasis en desarrollar la infraestructura productiva. Con todos los
problemas que podían surgir, se intentaba avanzar en un desarrollo de las
fuerzas productivas articulado en esas inversiones. No parece que el gobierno K
siga esa tradición. Pero no se pone a discusión la canalización improductiva de
la plusvalía.
Bicicleta financiera
Sin embargo, no
todo fue fugas de capitales en 2010. En el segundo trimestre, por ejemplo,
ingresaron US$ 328 millones. Aunque no fueron a la producción, sino al sector
financiero, que está ofreciendo una bonita rentabilidad en dólares.
Es que las tasas de interés pasivas para plazos fijos en pesos a 30 días rondan
el 9%, y las tasas para depósitos superiores a los 60 días están en 10,4%. Dado
que el Banco Central mantiene fijo el valor del dólar, y además el gobierno
asegura que seguirá planchado en 2011 (esto es, creciendo muy por debajo de la
inflación), constituye un buen negocio para inversores extranjeros traer divisas
para colocarlas en depósitos en pesos, y volver al dólar una vez hecha la
diferencia.
El
Ministerio de Economía en este respecto está encerrado en una lógica que deriva
del propio modelo de desarrollo, que se articuló casi exclusivamente en torno a
mantener el tipo de cambio real alto. Es que si ahora se quiere elevar el tipo
de cambio –y la ventaja competitiva cambiaria se ha erosionado a esta altura–
daría más impulso a la inflación. De ahí que esté retrasando el tipo de cambio,
como ancla para la inflación (cualquier parecido con las políticas ortodoxas de
freno de inflación no es casualidad). En los últimos 12 meses el dólar apenas
aumentó un 3%, muy por debajo de la inflación. Lo cual genera una creciente
apreciación en términos reales del peso, y también da lugar a la alta
rentabilidad financiera que comentamos. Los pequeños ahorristas (un universo
conformado por no pocos asalariados) en tanto ven erosionados sus ahorros ante
una inflación que ronda el 25% anual, y las tasas que reciben, de entre el 9 y
10%. Estos sectores mantienen saldos líquidos para comprar en el mercado
interno, a diferencia de los capitalistas dinerarios que valorizan sus tenencias
en términos del dólar o el euro.
Objetivamente esto
representa una nueva transferencia al capital.
Agreguemos que los bancos siguen constituyendo uno de los sectores más rentables de la economía. Según datos que proporciona el BCRA, la rentabilidad, medida por el return on equity, está en el 21,2% en la primera mitad de 2010.
Desigualdad en la distribución e inversión inmobiliaria
Repasemos un
momento las “coordenadas” fundamentales. Con la recuperación económica, hubo una
recuperación de las ganancias del capital, y de las rentas en general. Continúa,
por otra parte, la desigualdad en la distribución del ingreso, y un sector
importante de la clase obrera está a nivel de pobreza. El desempleo informal
alcanza al 36,5% de la fuerza laboral, y el salario promedio de estos
trabajadores es $1100 mensuales (IDESA). En las empresas de hasta 25
trabajadores, el salario promedio es $2286 (ídem). Los beneficios del capital,
subrayamos, son altos. Según Débora Giorgi, el nivel de rentabilidad de las
inversiones extranjeras en los últimos cuatro años promedió el 10,1%, contra el
4,6% del período 1992-2002. Sin embargo, la inversión se mantiene baja.
¿Dónde
va entonces la plusvalía? Ya vimos que una parte se canaliza hacia el exterior.
Otra porción va a la compra de bienes durables, como el automóvil. Y
otra porción se invierte en el sector inmobiliario.
Según el sitio Reporte Inmobiliario, las operaciones de compra – venta en 2010 aumentaron, en Capital Federal, un 23% con respecto a 2009 (aunque todavía se mantienen a un nivel más bajo que en 2008). Pero este aumento de la demanda no puede derivar de los asalariados. Entre 2001 y 2010 el precio de los departamentos, en pesos, creció 512%, por encima de lo que aumentó el costo de la construcción (424%). En 2001 hacían falta 75 sueldos para adquirir un departamento promedio (76 metros cuadrados). En 2010 hacen falta 125 sueldos (estudio del Instituto de Análisis Fiscal, citado en La Nación 26/9/10). Para construir una vivienda tipo en 2001 hacían falta 44 salarios, y actualmente 58. Los créditos hipotecarios son prohibitivos para la mayoría de la población. Sería un error entonces atribuir el aumento de la demanda de vivienda en 2010 a los asalariados. Todo indica que una parte de las plusvalías (entre ella, la renta agraria) se está canalizando al sector inmobiliario. Los precios de las viviendas aumentaron en términos de dólares entre el 15 y 20%. Pero la construcción residencial no amplía la capacidad o la infraestructura productiva.
En
definitiva, tenemos un fuerte flujo de plusvalía que va al exterior; que se
vuelca al consumo suntuario; o al sector inmobiliario residencial. Lo cual
evidencia, lo subrayamos, la persistencia de características típicas del atraso.
Cuestiones relacionadas con la fuga de capitales
Gaggero et
al., destacan una serie de características de la salida de capitales sobre las
que vale la pena reflexionar un momento.
En primer lugar, la mayor parte de los
capitales se invierten en activos financieros del exterior, y no directamente en
actividades productivas. Destaquemos también que las inversiones en propiedad
inmobiliaria en el exterior también podríamos considerarlas inversiones “de
cartera”, ya que obedecen a una lógica de valorización financiera.
En una economía desarrollada, el aumento del stock de activos externos tenidos
por los residentes locales implica una salida por el lado de la cuenta de
capitales, pero una entrada (igual a la tasa de interés internacional × el stock
de bonos o activos financieros) por el lado de la cuenta corriente. Sin embargo,
en un país subdesarrollado como Argentina, este flujo de entrada por lo general
es pequeño, dado que las ganancias se reinvierten en el exterior.
En un plano
más general, la existencia de fuertes stocks de activos financieros en manos de
residentes argentinos es indicativa de que una parte importante (posiblemente
mayoritaria) de la clase dominante está íntimamente vinculada al capital
financiero internacional. Pueden discrepar con tal o cual política del FMI, o
disgustarse con el comportamiento de algún banco, pero “a la hora de la verdad”
se confían los ahorros a estas instituciones. Así como las operaciones
financieras. Por ejemplo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires acaba de
colocar un bono a cinco años entre inversores internacionales con una tasa de
11,75% anual (mucho más alta que otros países de la América Latina), con la
colaboración del Deutsche Bank y Merrill Lynch.
Por otra
parte, la evolución en el largo plazo del stock de deuda demuestra que la misma
sirvió para financiar la fuga de capitales durante años. En 1974 la deuda
externa era de US$ 7600 millones, y el capital fugado era prácticamente la
mitad, US$ 3800 millones. En 1982 las cifras eran US$ 44.000 y US$ 34.000
millones, respectivamente. En 1989 la deuda era de US$ 65.000 millones y los
capitales fugados sumaban US$53.000 millones. A fines de 2001 la deuda era de
US$ 140.000 millones y el stock fugado de US$ 138.000 millones (Gaggero et al).
Este hecho
demuestra que la burguesía argentina no está “sometida”, ni es “el país” el que
es “explotado” por los “banqueros y financistas del Norte”, sino que estamos
ante negocios que obedecen a la lógica de la valorización de los capitales, y la
conservación de esos valores en los lugares que se consideran más seguros.
Sin embargo hay una diferencia importante entre los 2000 y la década de 1990, y es que durante la presente década la fuga de capitales no estuvo financiada con deuda, sino con reservas genuinas, provenientes del superávit comercial. Esto es, se produjo lo que se llama una “transferencia real” de valores al exterior. La deuda externa también se paga con superávit, y no tomando más deuda, como sucedía en la década de 1990. Por eso la relación entre deuda y PBI disminuyó. Actualmente es del 40%, contra el 140% en 2001.
En
conclusión,
hay un fuerte crecimiento, y cierto aumento de la participación de la inversión
con respecto a los niveles promedio de los noventa, pero sin que pueda hablarse
de algún cambio estructural. Una parte fundamental del excedente sigue saliendo
del país; aunque
a diferencia de la década de los noventa, ahora esa salida está financiada por
el superávit de cuenta corriente. Otra parte del excedente se vuelca a bienes de
consumo, o al sector inmobiliario. La salida de capitales sigue poniendo en
evidencia la estrecha vinculación de la clase capitalista argentina con el
capital mundializado, particularmente con el capital financiero.
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Fuga de capitales en tiempos K
El capitalismo ha sumido a una creciente mayoría en la extrema violencia,
falta de libertad y de democracia que es no poder sobrevivir o apenas
sobrevivir sin seguridad de futuro próximo. Aún más, dañó de modo
irreversible la vida de millones (alto porcentaje de niños subalimentados o
malnutridos, de cánceres, de muertes evitables...) y destrucción de
comunidades. Lo ha hecho y continúa concretándolo sustanciándose en el
derecho, por un lado, de los grandes propietarios de dictar qué
trabajo, quiénes lo realizan, cuántos lo llevan a cabo, etc. y por otro, el
derecho de embolsarse beneficios, transferirlos a los paraísos fiscales y/o
usarlos en especulación inmobiliaria.
Es normal para el sistema que los
capitalistas tengan el derecho de destruir la cordillera, los ríos, los
mares...las selvas, los bosques, la Amazonía, las praderas. Usar a mujeres y
niñas como objeto sexual, violarlas, comerciar con los cuerpos de ellas,
secuestrarlas y hacer desaparecer para esclavizarlas. Quitar el agua o
envenenarla, convertir los alimentos en inaccesibles a una creciente mayoría
y en adulterados, forzar a los productores de alimentos a tirarlos o dejar
de cultivar/fabricar, etc.
Este es el orden social que las
elecciones no ponen en cuestión y al contrario, la democracia burguesa desde
1983 hasta hoy de modo constante lo ha consolidado, reforzado.
Crisis, Cambiemos y
programas capitalistas
28 de julio
de 2016
Por Rolando Astarita
Los números
de la crisis
De acuerdo al
INDEC, la actividad industrial cayó en junio un 6,4% con relación a junio de
2015; en el semestre retrocedió el 3,3% con respecto a igual período del año
pasado. Las mayores caídas en el interanual de junio son automotriz, 13,7%, e
industrias metálicas básicas, 12,4%. También en junio, la construcción bajó
19,6% con relación a junio de 2015, y la caída del primer semestre fue del
12,4%, con relación a igual período del año pasado (INDEC). Estas
cifras negativas no son compensadas por el crecimiento de la actividad
agropecuaria (aumento de un millón de hectáreas sembradas de trigo, otro millón
en maíz, repunte de la venta de maquinaria agrícola, las exportaciones primarias
crecieron 65% en el primer trimestre de 2016). El consumo en junio fue 9,8%
menor que en junio del año pasado; la caída en el semestre fue del 6,4% (CAME).
Según la CEPAL y el FMI, en 2016 el PBI argentino caerá 1,5%. Analistas privados
pronostican una caída todavía mayor. El déficit de cuenta corriente en el primer
trimestre de 2016 fue de 4.013 millones de dólares, con un déficit comercial de
1403 millones. En 2015 el déficit de cuenta corriente fue de 15.934 millones. El
déficit fiscal se mantiene a niveles elevados; la meta que se propuso el
gobierno, 4,8% del PBI, parece difícil de alcanzar. Por otra parte, en el primer
trimestre la deuda externa del sector público aumentó en 11.590 millones de
dólares, y la del sector privado no financiero en 4306 millones.
Los salarios han tenido una fuerte caída, vía devaluación e inflación. Según el Instituto Estadístico de los Trabajadores, (IET), desde diciembre a mayo los salarios reales cayeron un 12%. FyE Consult evalúa que en mayo de 2016 el poder de compra de los salarios era un 11% inferior a igual mes de 2015. Según la Universidad Católica Argentina, en el primer trimestre de 2016 la pobreza aumentó 5 puntos porcentuales, llegando al 34,5% de la población. Son 13 millones de personas (1,4 millones más que al final del gobierno de Cristina Kirchner). La indigencia abarcaba al 6,9%. UNICEF dice que en Argentina hay 4 millones de chicos en la pobreza. Según la Dirección de Estadísticas de CABA, para un matrimonio con dos hijos varones en edad escolar la línea de pobreza se ubicó, en junio, en $12.356; la de indigencia, en el mismo mes, en $6110. Pero la mitad de los porteños gana menos de $10.000 mensuales; el 20% tiene ingresos por debajo de los $6000.
El
nudo de la crisis
Ya en otras
notas, y refiriéndonos a los gobiernos kirchneristas, hemos planteado que el eje
de la debilidad del crecimiento pasa por la debilidad de la acumulación, esto
es, de
la reinversión de la plusvalía para ampliar la escala de la producción y mejorar
la productividad. De hecho, una parte importante del excedente generado en
Argentina se canaliza al consumo suntuario (incluida la construcción residencial
suntuaria); al gasto improductivo; o sale del circuito productivo nacional, ya
sea porque se atesora en cajas de seguridad, bajo la forma de dólares o euros, o
es enviado al exterior. Según el estudio Ferreres, la suma de colocaciones en el
exterior rondaría los 350.000 millones; Tax Justice Network lo calculaba, en
2012, en 400.000 millones de dólares; CEFIDAR, también para 2012, en 374.000
millones. La OCDE dice que Argentina es el octavo país por volumen de capitales
en el exterior. Es significativo que los propios ministros de Cambiemos, o el
presidente Macri, que llaman a invertir en Argentina, tienen millones colocados
en cuentas en el exterior.
El punto que
deseo establecer es que el factor clave del desarrollo de las economías
capitalistas es la inversión. La idea la encontramos en Marx, pero también
en Keynes. Subrayo esto último porque es un punto que parecen
desconocer muchos izquierdistas que se reivindican keynesianos. Así, en su muy
citado artículo del Quarterly
Journal of Economics, de 1937, Keynes afirma que su teoría podía
resumirse diciendo que “dada la psicología del público, el
nivel del producto y del empleo depende del monto de la inversión”
(énfasis agregado). Y esto sucede no porque la inversión sea el único factor del
que depende el output agregado, “sino porque es usual en un sistema complejo
observar como la causa causans aquel
factor que es más proclive a tener una fluctuación súbita y amplia”.
Desde el enfoque
marxista la cuestión es aún más clara, si se quiere. Dado que el desarrollo de
las fuerzas productivas depende de la reinversión de plusvalía, el centro de los
problemas del desarrollo es la ampliación del trabajo productivo. El trabajo
productivo es el que genera plusvalía (para una discusión de trabajo productivo, aquí).
En consecuencia, en la medida en que la plusvalía se invierta en trabajo
productivo, habrá más plusvalía para incrementar la escala de producción. Esta
es, además, una tesis primordial de la Economía Política clásica, en particular
de los fisiócratas, Adam Smith y David Ricardo. Por eso Smith no consideraba
igual que la ganancia se gastara como renta en trabajadores improductivos (por
caso, servidores de los aristócratas, funcionarios de la Corte, etcétera) que en
trabajadores productivos.
La cuestión la
podemos ver con el circuito del capital: D – M (Ft y Mp)… P…M’- D’, siendo D el
dinero adelantado por el capitalista; M mercancías; Ft fuerza de trabajo; Mp
medios de producción; …P… es el proceso productivo; M’ la mercancía valorizada;
D’ igual al D adelantado + s, la plusvalía.
Aquí, el consumo de los trabajadores empleados en el sector privado no es autónomo, depende del ciclo capitalista. De manera que la caída de la demanda que desata la crisis y la recesión no puede provenir de la caída del consumo obrero; ni la recuperación de la economía puede ocurrir por un incremento autónomo del consumo salarial.
Puede verse
también que no existe otra fuente de la plusvalía que el trabajo productivo
(…P…). La plusvalía se divide en ganancia empresaria, renta de la tierra,
interés e impuestos. Por lo tanto, el
gasto estatal tampoco es una fuente autónoma de demanda; depende de
la generación de plusvalía en el proceso productivo, y su realización en el
mercado, a través de la venta.
De manera que no hay posibilidad de sostener
indefinidamente la demanda mediante gasto estatal. Si con las inyecciones de
gasto del Estado no se pone en marcha el proceso de acumulación (o sea, la
inversión), no hay recuperación de la demanda global, y por lo tanto no hay
salida de la recesión (o la depresión). Por este motivo a Marx jamás se le
ocurrió que se podía salir de una crisis sólo mediante inyecciones de gasto
fiscal. Tampoco a Keynes, o a los keynesianos “clásicos”, como Hansen, o incluso
Leijonhufvud.
Dado que éste es el punto neurálgico del fetichismo estatista, es conveniente ampliar el argumento. La cuestión es que si durante una crisis el gobierno inyecta gasto fiscal (por ejemplo, pagando a los trabajadores para que entierren y desentierren botellas, como dice Keynes en la TG), el éxito o fracaso de la medida dependerá crucialmente de lo que hagan los capitalistas con lo producido por el tirón de demanda: si comienzan a invertir, el proceso ha tenido éxito. Si en cambio, el plus de ingreso recibido lo atesoran, o lo destinan a bajar su deuda con los bancos, y estos a mejorar sus balances, la demanda no habrá aumentado. Al respecto, Leijonfvud observa que si en las recesiones “las empresas temporariamente no encuentran que sus oportunidades de inversión sean rentables, tratarán de mejorar sus balances cancelando préstamos bancarios, mientras que los bancos, a su vez, responderán a este ‘reflujo’ devolviendo créditos del Banco Central” (“Los ciclos largos en las visiones económicas”, reproducido en Organización e inestabilidad económica, Buenos Aires, 2006, p. 8). Esto significa que puede haber liquidez, proporcionada por la inyección de gasto, sin reanimación del ciclo de acumulación. En contrapartida, se habrá deteriorado el balance fiscal. Si la operación se vuelve a repetir sin éxito, surgirá el déficit, o se incrementará.
El déficit, por
otra parte, debe cubrirse con deuda, o con emisión monetaria (ahora el gobierno
de Cambiemos recurre a ambas vías, en un intento de reanimar la demanda). Pero
si el endeudamiento aumenta por encima de ciertos niveles, disminuye aún más la
confianza de los capitalistas para invertir (como señala Keynes en la TG). Por
otra parte, si el déficit se cubre con emisión monetaria, habrá más impulso
inflacionario, sin que se reanime por ello la inversión.
Estas ideas, muy sencillas, ayudan a
entender lo que está ocurriendo en estos meses de gobierno de Cambiemos, de alto
déficit, mayor endeudamiento y caída del producto.
Experiencias recientes
Otro ejemplo
ilustrativo de lo anterior lo proporciona la dinámica de los años de gobiernos
K. Tengamos
presente que durante el gobierno de Néstor Kirchner el PBI creció, en promedio,
8,8% anual; durante el primer gobierno de Cristina Kirchner lo hizo al 3,5%
anual; en el segundo gobierno de CK creció solo el 0,2% anual (dato
INDEC, base 2004 revisado).
Dado que la población argentina aumenta al 1%
anual, durante los últimos cuatro años del kirchnerismo el producto por
habitante retrocedió. Sin embargo, el
gasto fiscal no dejó de crecer en todos esos años. De hecho, pasó de ser
superavitario en 2003, a un déficit de aproximadamente el 6%, en 2015. Además,
el endeudamiento empezó a crecer de manera importante a partir de fines de 2013
(ver
aquí). Sin embargo, la
inversión se mantuvo débil.
En términos de
PBI en los ocho años que van desde 2008 a 2015, la inversión representó, en
promedio, el 19,4% del PBI (INDEC, valores a precios de 2004, cálculo propio).
Aproximadamente el promedio de los 1990. Y con una inversión en energía,
transporte y telecomunicaciones a niveles muy bajos.
Como contrapartida, la fuga de capitales se mantuvo, desde 2008, en un nivel muy
elevado. Por eso, sin avances en productividad y tecnología, y con la caída de
los precios de las materias primas y la crisis de Brasil, se conjugaron las
condiciones para la crisis en el sector externo y la recesión.
Para que se pueda ver todavía con más claridad, la actual situación de Santa Cruz es muy significativa. La provincia recibió 520 millones de dólares cuando la privatización de YPF, y otros 400 millones, aproximadamente, cuando el gobernador Kirchner vendió las acciones a Repsol (final del gobierno de Menem). Más tarde, desde 2003 a 2015, Santa Cruz recibió ingentes flujos de dinero, provenientes del Estado, para la obra pública. Sin embargo, no hubo desarrollo productivo, y la provincia hoy está sumida en una profunda crisis. Podemos decir que todas las cuestiones del desarrollo se condensan en este caso paradigmático de ausencia de inversión en trabajo productivo.
Cambiemos y oposición burguesa: salida capitalista a la crisis capitalista
En el modo de
producción capitalista la salida de la crisis ocurre cuando se generan las
condiciones para que el capital retome la inversión. Pero esto significa, entre
otras cosas,
mejorar y/o
garantizar las condiciones de explotación de la clase obrera y de realización de
la plusvalía. Es lo que está intentando hacer el gobierno de Cambiemos:
bajar los salarios (en
especial, en relación al tipo de cambio); reducir los derechos del trabajo (ahí
está el ejemplo del ataque a los juicios laborales); garantizar los derechos del
capital. En
esencia, es también el programa del peronismo “serio”, del Frente Renovador, y
fuerzas similares que están en la oposición.
Pueden existir tensiones
y rencillas sobre formas y ritmos, pero para atraer inversiones nadie saca los
pies del plato.
Los acuerdos con
el CIADI; la aceptación de tribunales extranjeros para resolver disputas sobre
la deuda; el pago a los holdouts y
al Club de París; la indemnización a YPF; los acuerdos secretos con Chevron; los
mayores beneficios para la gran minería; la reducción de impuestos y el aumento
de tarifas; la plena libertad para remitir dividendos al exterior, entre otras
medidas, forman parte de la misma textura. En la misma política se inscribe el
intento de que los salarios no se indexen según la inflación, o según la suba
del tipo de cambio. Por eso los padecimientos de la clase trabajadora no se
acabarán cambiando los personajes
al frente del Estado.
La idea central del marxismo entonces es que no hay salidas a la crisis, indoloras para la clase trabajadora, en tanto permanezcan las relaciones de propiedad capitalistas. El capitalista que tiene cientos de miles, o millones, de dólares en el exterior, no tiene ningún apuro por invertir en Argentina, o en algún otro lugar en particular. Por eso, el poder del capital no se ejerce sólo a través de las estructuras políticas, jurídicas e institucionales. También es poder económico de hecho. Nunca debería olvidarse que la relación capitalista es una relación de dominación de la clase que es propietaria de los medios de producción y de cambio, sobre los que no tienen más que su fuerza de trabajo para vender (ver aquí).
Plantear las cuestiones de fondo, sin alentar falsas ilusiones
El discurso del
socialismo debe partir de lo real, de las condiciones existentes. Es necesario
luchar en defensa de los salarios y las condiciones de trabajo sin
por eso abrigar ilusiones en los partidos del capital. Ni en las
“soluciones” del reformismo estatista. No hay que alentar ningún tipo de frente
programático con las organizaciones “socialistas burguesas”, pequeñoburguesas o
nacionalistas burguesas, por más “radicales” que sean sus discursos. No
existe ninguna progresividad en sus programas. Por eso es necesario meter
una dosis de “vinagre y bilis”
en los llamados a la “unidad del pueblo” de los que
han llevado al movimiento popular a la desmoralización y la derrota.
En otra entrada
escribimos: “…la crítica marxista busca poner de manifiesto las conexiones
reales, internas, del modo de producción y de la sociedad capitalista, y por
este mismo hecho, no deja espacio para las ilusiones. De aquí resulta también un
mensaje que puede considerarse “pesimista”, ya que viene a decir que
en tanto subsistan las relaciones de
propiedad capitalistas,
los problemas de fondo de
las masas trabajadoras van a persistir. Esto porque las conquistas de las luchas
sindicales y reivindicativas encuentran un techo en las leyes de la acumulación
capitalista -cuando crece la combatividad, los capitalistas reemplazan mano de
obra por maquinaria, se niegan a invertir, etcétera- y en las estructuras del
Estado, que defienden la propiedad privada del capital. Por eso, el mensaje de Marx a los trabajadores es que hay que luchar por mejoras, pero sin albergar
ilusiones: en tanto subsistan la propiedad privada del capital, y el Estado
capitalista, estarán condenados a reiniciar la pelea, una y otra vez” (aquí). Este
enfoque es el eje de la independencia de clase.
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Crisis, Cambiemos y programas capitalistas
Crisis, Cambiemos y programas capitalistas
Persistamos
en
subrayar la imposibilidad de coexistencia con quienes se adueñaron del país,
continente y mundo. Progresistas e izquierdistas reformistas concilian con
esos opresores y hasta se enorgullecen de codearse con ellos. No podemos
unirnos, nosotros luchamos por erradicar la subsunción del trabajo en el
capital y por tanto, procuramos facilitar el protagonismo
autoconciente de los pueblos. En ese sentido es clave multiplicar la
dilucidación en colectivos, por ejemplo, sobre:
Crítica de la tesis
de la financiarización
diciembre de 2008
Por Rolando Astarita
(...) A modo de conclusión: neoliberalismo, interpretaciones alternativas
Lo desarrollado en este trabajo permite
comprender por qué tampoco
podemos coincidir con la caracterización del ascenso del neoliberalismo como un
asalto del sector financiero a los puestos de mando del capital. Pensamos que lo
que se llamó la política neoliberal fue mucho más que eso. Fue el ascenso de
la reacción de toda la clase
capitalista, apoyada en amplios sectores de las clases medias, contra los
trabajadores y las capas populares más empobrecidas de los pueblos –por ejemplo
los campesinos pobres– para restablecer la rentabilidad y fortalecer las
posiciones del capital frente a los explotados.
Los ataques a los derechos sindicales; las
políticas “de ajustes” que implicaban bajas de salarios; las legislaciones para
la flexibilización laboral; la caída de derechos laborales de larga data; la
caída o supresión de subvenciones a desocupados; el empobrecimiento de los
pensionados y jubilados; las ofensivas contra los inmigrantes, entre otras
medidas que se tomaron en prácticamente todo el mundo, beneficiaron
a la burguesía de conjunto.
También otras medidas que apuntaron a mejorar
las ganancias fueron apoyadas por toda la burguesía. Por ejemplo las
privatizaciones de empresas estatales, incluidas las de los regímenes stalinistas, significaron someter de manera más plena a la ley del valor a
fuerzas productivas más amplias. En ellas participaron capitales industriales y
comerciales de todo tipo; no
encontramos elementos para decir que favorecieron sólo, ni principalmente, al
sector financiero. De la misma manera la ofensiva por reducir impuestos y
desfinanciar al “Estado keynesiano de bienestar” fue apoyada por toda la
burguesía, y fue llevada adelante en beneficio del capital de conjunto.
Como es sabido,
la ofensiva
económica fue acompañada de la reacción política, cultural e ideológica,
con el liderazgo y apoyo del capital global.
Las dictaduras militares que asolaron a los países latinoamericanos en la década
de los setenta y ochenta fueron apoyadas por las burguesías de estos países, y
no sólo por el capital financiero. Lo mismo podemos decir del sustento que
tuvieron Reagan en Estados Unidos y Tatcher en Gran Bretaña. La reacción contra
medidas progresistas, que se habían logrado en las fases de ascenso de los
movimientos populares y reivindicativos, tuvo amplio consenso en las clases
acomodadas y medias.
Por ejemplo, la
reacción contra la discriminación positiva, que favorecía a las minorías
raciales o sexuales. De la misma manera tuvo amplia aceptación la consigna “que
gane el mejor y el más fuerte”, los que tienen más oportunidades; que
lógicamente beneficia a los más ricos. Tampoco el rechazo a los movimientos
críticos, a las culturas contestatarias, y el resurgimiento de movimientos
xenófobos y racistas, así como la exaltación de los valores conservadores
burgueses.
No pretendemos hacer aquí un recuento exhaustivo de todo lo que significó la
reacción neoliberal, sino señalar simplemente algunos de sus rasgos salientes,
con el objetivo de mostrar que se
trató de algo mucho más profundo que el mero asalto de las finanzas y la
imposición de tipos de interés altos durante algunos años, a principios de los
ochenta.
El capital industrial o comercial no fue “sojuzgado” por el capital financiero
desde fines de la década de los setenta.
El trabajo, de conjunto, sí fue subsumido de forma más completa al capital, sin
distinciones de fracciones dentro de éste.
Éste ha sido el sentido más profundo del ascenso del neoliberalismo en los
últimos 30 años.
El neoliberalismo ha sido la expresión política e ideológica de la orientación
de fondo que ha tomado la clase capitalista a nivel mundial. Orientación que
responde a la división central de la sociedad actual, la que se da entre el
capital y el trabajo.
Bibliografía: (...)
---
La deuda pública
Kirchner- Macri
8 de junio
de 2017
Por Héctor
Giuliano
El Kirchnerismo y el Macrismo
son enemigos íntimos; se necesitan mutuamente:
* El gobierno Macri, porque
necesita lamentar la pesada herencia recibida y exhibir la corrupción K como
distractivo de su descontrol financiero fiscal, de su política irresponsable de
gobernar con deuda y
de encubrir su propia corrupción.
* La anterior administración K,
porque pretende tomar hoy la bandera dialéctica de la oposición política contra
un nuevo gobierno neo-liberal y convertirse en portavoz de las críticas contra
la política económica y social M como forma de distraer su realidad pasada de
inoperancia y falseamiento de la realidad en la gestión de gobierno, su fracaso
en materia económico-financiera, su complicidad con la política de endeudamiento
del Estado y su corrupción institucional en el manejo de la cosa pública.
Pero cuando estas cosas se
observan no desde el llano de una visión inmediata o cortoplacista de los hechos
sino desde una óptica más amplia o abarcativa de las Políticas de Estado que
fijan las grandes estructuras de poder financiero y económico esta falsa
antinomia se revela como las dos caras de una misma moneda, donde los gobiernos
de turno terminan trabajando en tándem: uno – a través de todas las torpezas
cómplices posibles - deja preparado el terreno y las condiciones para que el
otro se declare víctima de tales situaciones heredadas y las utilice como excusa
de continuidad y profundización política.
Es la tradicional alternancia
de Social-Democracia y Neo-Liberalismo que rige en la Argentina desde hace más
de 40 años en el marco del Capitalismo Financiero que maneja los asuntos de
Estado de nuestra Patria y que tiene por eje el Sistema de la Deuda Pública
perpetua como instrumento de dominio.
El objeto del presente trabajo
es fundamentar estas aseveraciones, acotadas aquí al tema de la Deuda y sus
implicancias; y hacerlo más específicamente en función de las declaraciones de
la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en su programa televisivo
de ayer (25.5) por C5N y de las decisiones actuales del gobierno Macri.
1. Tanto el gobierno Macri como
el anterior gobierno Kirchner ocultan la Deuda Pública Nacional, total y
consolidada: las cifras del endeudamiento se refieren solamente al Estado
Central y no incluyen la deuda de Provincias/Municipios, Empresas del Estado,
Organismos Nacionales, Fondos Fiduciarios, Banco
Central, Deuda Flotante o exigible y juicios contra el
Estado con sentencia en firme; por lo que no se sabe cuánto debe en total la
Argentina.
2. La ex presidenta CFK
insiste en el mito del des-endeudamiento bajo su gestión, que es falso y
engañoso: primero, porque la deuda aumentó más de 100.000 MD (Millones de
Dólares) durante los 12 años de administración K – pasó de 152.000 MD a mediados
de 2003 a 254.000 MD al fin de su mandato en Diciembre de 2015 – y segundo
porque mantiene la formulación engañosa de referirse a la Deuda Externa y no a
la Deuda Pública Total.
3. El Kirchnerismo vivió
pagando deuda pública – y deuda externa pública en especial – a niveles
históricos récord. CFK se jactó incluso públicamente de ello enfatizando la
frase “Somos pagadores seriales” en su discurso del 26.8.2013, donde habló de
haber abonado 173.700 MD entre 2003 y 2012.
4. CFK ratificó esta postura
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 24.9 del año siguiente, donde
habló allí de haber pagado más de 190.000 MD desde el 2003 hasta esa fecha.
5. Con la observación
importante que ninguna de estas dos cifras tuvieron luego explicaciones claras y
concretas por parte de su gobierno, descontándose que la gran mayoría de tales
pagos – o directamente la totalidad – no correspondían a reducciones netas de
pasivos sino, en realidad, a la regla permanente de cancelar vencimientos
íntegramente con nuevas obligaciones (novaciones con el mismo acreedor y/o con
terceros), por lo que no habíades-endeudamiento por baja efectiva del monto
total adeudado y además, dicho monto seguía creciendo por deudas nuevas
adicionales.
6. Fue la misma época en que su
gobierno – el de CFK – presentó ante Naciones Unidas la propuesta de
internacionalizar los procesos de reestructuraciones de Deuda
Soberana, que era una variante de la ponencia presentada
en el 2002 por la vicepresidenta del FMI,
Anne Krueger, y cuya finalidad esencial era sustraer los casos de default a la
justicia de los países estableciendo un régimen supra-nacional de tratamiento
para este tipo de casos.
7. La misma ex presidenta, que
ahora pide revisar y auditar la nueva Deuda Externa Macri, es la que se negó a
investigar la deuda heredada e incrementada por su administración K [1] y
que luego, tardíamente, hacia finales de su mandato, remató dejando en la
inoperancia la Comisión Investigadora de la Ley 26.9842. [2]
8. La negativa a investigar la
cuestión de la ilegitimidad de la Deuda Pública fue una constante de la
administración Kirchner y no difirió en absoluto del mismo comportamiento
cómplice de todos los gobiernos de turno anteriores con los acreedores
financieros, desde el Proceso hasta nuestros días, siendo ésta la principal
clave de sometimiento exigida por dichos acreedores al Sistema de la Deuda y la
base institucional del mecanismo de re-endeudamiento permanente o deuda
perpetua.
9. El gobierno Kirchner, como
agravante, fue uno de los más fieles cumplidores de los dictados del Fondo
Monetario cuando el FMI le exigió – lo mismo que a Brasil – el pago contado
total y por anticipado de la deuda bilateral con el organismo (9.530 MD);
directiva que la administración K cumplió en forma inmediata – inaugurando con
ello su política de pagos de deuda externa con reservas del Banco Central – con
el agravante adicional que lo hizo pese a que se trataba del acreedor más
cuestionable de nuestro país y que se tenía a favor de la Argentina las graves
irregularidades internas del organismo demostradas como producto de la propia
auditoria de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI. Y con el añadido
que ese pago total y por adelantado al FMI se hizo sin desafiliarse del
Organismo, que es la única y verdadera forma de liberarse de sus
condicionalidades y reclamar la devolución de la cuota-aporte integrada por
nuestro país.
10. La falsía del planteo K con
respecto a una supuesta resistencia o confrontación suya frente al problema de
la Deuda – una falacia enmascarada bajo el mito del des-endeudamiento – tuvo
como remedo, años más tarde (en 2014) el arreglo con el Club de París bajo la
gestión Kicillof, por el que nuestro país aceptó pagar un total de otros 9.700
MD, 3.600 de los cuales correspondían a intereses punitorios y compensatorios
adicionales a los intereses acumulados por mora.
11. Peor todavía fue el manejo
cómplice e irracional de la administración K en la cuestión de los Holdouts,
donde reconoció abiertamente la competencia de tribunales extranjeros en la
ciudad de Nueva York, aceptó la validez de las acreencias reclamadas a valor
nominal y no a valor de mercado, no objetó las irregularidades manifiestas en
las obligaciones de origen y luego de perder los juicios en todas las instancias
posibles en los Estados Unidos incurrió al país en un desacato indefendible.
12. Con el agravante que el
gobierno CFK desechó incluso la recomendación de última instancia hecha por el
estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (el mismo que patrocinaba a la
Argentina desde los tiempos del ministro Cavallo y sobre el cual pesaban y pesan
conflictos de intereses con los acreedores del Estado) en el sentido de declarar
nuevamente el default o cesación de pagos frente al problema de las cláusulas
RUFO y Acreedor más favorecido, dejando al país en las peores condiciones
legales y financieras posibles, que fueron así aprovechadas por el Partido de la
Deuda que retorna con el gobierno Macri para llegar a su acuerdo secreto e
irrestricto de rendición ante los Fondos
Buitre. Pocas veces una administración saliente devino tan
funcional a los intereses del sistema de la Deuda y a la nueva administración
entrante, con su legión de funcionarios ligados incondicionalmente a los
intereses de los acreedores del país y preparados para aprovechar la oportunidad
servida en bandeja merced a las torpezas K.
13. La misma técnica de presentar sus concesiones como supuestas victorias, las aplicó el gobierno K con respecto al Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010, vendido a la opinión pública como un éxito de renegociación cuando fue un allanamiento a las exigencias de los acreedores financieros, sin quitas ni ventajas para nuestro país porque la reducción relativa en los valores de capital fue íntegramente compensada con cupones PBI y las nuevas obligaciones (que en su mayoría correspondían al Megacanje delictivo De la Rúa-Cavallo del 2001) fueron pactadas a una tasa promedio del 8.28 % a 30, 35 y 42 años de plazo, convalidando además la novación de deudas que estaban y están todavía – al menos teóricamente - investigadas por la justicia.
14.
Paradójicamente, el
Ministro Lavagna y su Secretario de Finanzas Nielsen – durante el mandato de
Néstor Kirchner – esperaban con este acuerdo volver a colocar nueva Deuda
Externa en el mercado internacional de capitales (que tal era el objetivo
central del nuevo Megacanje K) mientras quedaba abierto el conflicto con los
Holdouts por más de 20.000 MD.
15. Este objetivo de
reestructurar Deuda Externa para volver a endeudarse en el exterior fue el mismo
que luego retoma el ministro Boudou con su Hoja de Ruta del 2008, que aspiraba
llegar a un arreglo con los holdouts y con el Club de París (este último,
concretado en condiciones fuertemente gravosas) con la misma finalidad K: volver
al mercado global de bonos.
16.
La presidenta CFK critica ahora al presidente Macri por la toma de 97.000 MD de
nueva Deuda Externa en lo que va de su mandato – una irresponsabilidad
financiera mayúscula que, en lo personal, venimos denunciando en forma
permanente – pero omite decir que esa vuelta al endeudamiento externo fue
facilitada precisamente por su gestión de “pagadora serial”, que descongestionó
parcialmente sus obligaciones externas en aras de volver al Mercado
Internacional de la Deuda (el objetivo frustrado del Megacanje K y de la Hoja de
Ruta Boudou).
17.
Es notable, por no decir sintomático, que sea justamente esta política
sistemática de pago privilegiado de Deuda Externa con Reservas Internacionales -
llevada a cabo por la administración K – el único mérito que la nueva
administración Macri, la gran Partidocracia con representación parlamentaria y
el establishment financiero le reconocen y valoran a la gestión Kirchner para
facilitar así la colocación de nuevos bonos en el exterior.
18. Lo que no pudo lograr la
administración K en materia de re-endeudamiento externo es lo que ahora –
gracias a su costosa gestión – utiliza, aprovecha y agradece el Partido de la
Deuda que adviene nuevamente con el gobierno Macri.
19. Y todo ello fue producto de
la engañosa política de Deuda intra-Estado del gobierno K, que consistió en el
pago prioritario y privilegiado de la Deuda Externa con Terceros – Acreedores
Privados y Organismos Financieros Internacionales – traspasándole así la deuda
impagable a los entes del propio Estado Argentino para dejar allanada la vuelta
a un nuevo endeudamiento externo del país (que tal era el objetivo declarado de
la administración Kirchner bajo las gestiones Lavagna, Boudou y Kicillof, en sus
últimas negociaciones para pago a los holdouts a partir del 2015).
20.
La presidenta CFK
advierte hoy el peligro cierto de que el dinero de los jubilados se vaya a
terminar usando por la administración Macri para pagar Deuda Externa, pero omite
decir que su administración – siempre en el marco de su Deuda intra-Estado –
dejó el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS) de la ANSES comprometido en un 65 % de su monto con deudas
impagables del Tesoro Nacional, que su gobierno – a través de la sub-indexación
inflacionaria – fue licuando fuertemente el valor de los títulos públicos en
pesos que tenía mayoritariamente la ANSES y que la re-estatización de las AFJP
por Boudou en 2008 se hizo para poder trasladar al propio Estado la carga de
endeudamiento sin capacidad de repago liberando del correspondiente riesgo de
insolvencia a los grandes bancos que controlaban dichas AFJP.
21. Fue algo parecido al rol
que jugó con el Kirchnerismo – y que sigue jugando hoy en día - el Banco Nación
(BNA), cuya mitad de la cartera de créditos está
prestada al Tesoro y/o al Banco Central (BCRA) contra obligaciones igualmente
sin capacidad de pago.
22. Pero seguramente la nota
más singular dentro de las declaraciones de la ex presidenta CFK es la que
corresponde al rol del BCRA y particularmente a su política de endeudamiento a
cortísimos plazos vía Lebac. CFK se escandaliza de la aberrante desproporción
actual del pasivo cuasi-fiscal del BCRA en relación a la Base Monetaria (BM) –
hecho que, también en lo personal, venimos denunciando desde hace largos años –
pero soslaya que dicha política fue desarrollada por su gobierno y con el mismo
procedimiento: comprar divisas con deuda para reponer las reservas prestadas al
Tesoro para pagar Deuda Externa, mantener artificialmente un retraso cambiario
para poder cubrir obligaciones en moneda extranjera y elevar las tasas de interés que
paga el BCRA para subsidiar a los bancos y al sistema financiero en general.
23. Ciertamente la proporción
era distinta en cuanto a magnitudes: al fin del mandato K la relación Lebac / BM
era de un 57 % (346.300 M$ - Millones de Pesos – sobre 612.300 M$, según datos
al 7.12.2015), aunque con un tipo de cambio entonces a 9.73 $/US$. Hoy, bajo la
gestión Sturzenegger, dicha relación asciende a más del doble: 123 % (959.400 /
777.700 M$, según datos al 15.5.2017 y con el tipo de cambio 15.48 $/US$).
24. Entonces, como ahora – con
las variaciones de montos señaladas en los dos puntos precedentes – la política
financiera del BCRA era básicamente la misma: favorecer el sistema bancario con
el subsidio resultante de las altas tasas de interés pagadas por las Lebac y
también por las Operaciones de Pase, lo que hizo – bajo la administración K - y
mantiene hoy - con la administración M – que los bancos sigan siendo el sector
de la actividad económica que mantiene niveles récord de ganancias especulativas
a costa del Estado (capitales financieros locales y capitales golondrina
externos que lucran con el enorme diferencial de tasas de interés locales e
internacionales bajo la política oficial de retraso cambiario para poder pagar
servicios de la deuda externa).
25. Fue y es esta misma
política de atraso cambiario combinada con altas tasas de interés, de
mantenimiento de un BCRA sin reservas propias sino tomadas con Deuda y de Lebac
calzadas con seguros de cambio en el Mercado Rofex y en el MAE que se dio – y
amenaza repetirse – el negociado conjunto Kirchner-Macri de contratos de dólar
futuro que le costaron al Estado Nacional (y, por ende, al Pueblo Argentino) más
de 50.000 M$ por diferencias de cambio después de la macro-devaluación Macri
de Diciembre de 2015.
26. No es casual que en un país
donde un tercio de la población se encuentra bajo la Línea de Pobreza, sea el
sector financiero-bancario el que mantenga los más altos niveles de
rentabilidad.
Hasta aquí, parte de lo que
principalmente pueda decirse a raíz de los recientes dichos de la ex presidenta
CFK y la realidad concurrente de su política de deuda y financiamiento que hoy
el Partido Macrista de la Deuda está llevando irresponsablemente a niveles
financieros inmanejables.
Es parte de las Políticas de
Estado que la Plutocracia Financiera que rige hoy la vida de las Naciones impone
a los pueblos precisamente en contra de los verdaderos intereses del Estado.
Publicado el
26 de mayo 2017.
Notas
[1] 1
En su libro “Después del derrumbe” (editado el 15.4.2003, es decir, apenas pocos
días antes de su asunción) el ex presidente Néstor Kirchner anticipaba
expresamente que su gobierno no cuestionaría la legitimidad de la Deuda Pública
que iba a heredar su administración.
Esta tesitura
fue mantenida a rajatabla durante toda la administración K y ratificada incluso
por CFK, añadiendo que la posibilidad u oportunidad de haber objetado la
cuestión de la Deuda se había perdido por culpa de la administración Alfonsín al
no haber planteado el problema inmediatamente después del Gobierno Militar
(argumento que era y es parcialmente cierto pero que no inhibe la actitud
negativa cómplice de su no investigación).
Esta postura
K, efectivamente, no era válida debido a que la Deuda Pública en su conjunto
estaba - y sigue estando – en manos de la Justicia (Causas Olmos I –
con sentencia
del juez Ballestero de Julio 2000 – Olmos II, Megacanje De la Rúa-Cavallo y
denuncia Olmos Gaona-Marcos), por lo que la nulidad de origen de las
obligaciones sigue estando potencialmente presente.
El hecho de
que ninguna de estas causas legales - relacionadas todas ellas directamente con
la ilegitimidad de la Deuda - haya avanzado conforme corresponde a los trámites
judiciales pertinentes se debe a una complicidad de hecho entre los gobiernos de
turno, el Congreso y la justicia federal de la Argentina para no investigar las
irregularidades y delitos manifiestos en el origen y evolución de la deuda del
Estado.
Y en este
plano la corresponsabilidad por la no investigación y/o revisión de los actos
ligados al endeudamiento público es común a la administración Macri como a la
administración Kirchner y todos los gobiernos precedentes
[2] En
Setiembre de 2014 el Congreso Nacional – con mayoría kirchnerista – aprobó esta
Ley 26.984, denominada de Pago soberano local que, entre otras disposiciones,
creaba por primera vez (si se soslaya la frustrada Comisión Villada de 1984) una
Comisión Investigadora del endeudamiento público argentino.
Esta comisión
– que estuvo a cargo del diputado oficialista Eric Calcagno (hijo) – no hizo
progreso alguno en su misión, no constituyó grupo de trabajo alguno, desatendió
las propuestas en tal sentido de la oposición (concretamente, las del diputado
Claudio Lozano), dejó que pasara el tiempo de vigencia del cuerpo y caducó de
hecho sin que se debatiera siquiera un borrador de Informe final al respecto.
Pese a la
manifiesta irresponsabilidad financiera y a las graves irregularidades que
conlleva el extraordinario nuevo crecimiento de la Deuda Externa que hoy se está
produciendo bajo la administración Macri resulta paradójico – por no decir
burlesco – que sea la ex presidenta CFK la que ahora pida revisar y auditar la
nueva Deuda del Estado.
Abajo y a la izquierda, tenemos que generalizar la
desnaturalización de que el poder real se concreta por simple tamaño de
propiedad privada. Debemos deschavar al contubernio de capitales y estados
imperialistas con los locales como los responsables de la dictadura militarizada
y de la democracia cada vez más restringida. Es deschavar al poder real como
genocida aplicando terrorismo paraestatal y terrorismo de estado para instaurar
su neoliberalismo. Es destapar cómo la democracia le sirvió no sólo
legalizando-legitimando su acaparamiento de territorios, su saqueo y sus
envenenamientos. Sino también perfeccionando e intensificando la represión, el
control corruptor sobre las poblaciones y la manipulación de la opinión pública
para modelar consensos imprescindibles al clima de negocios o seguridad del
contubernio de los poderes imperialistas con los locales.
Cuando hablamos de represión sistémica debemos tener en cuenta a
los neofeudos provinciales que el capitalismo ha extendido a funcionamientos
estatales en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano como ejemplifica la
desaparición forzada y asesinato de Luciano Arrrugas. Vayamos más allá de las
fuerzas de seguridad e inteligencia y reflexionemos sobre uno de los casos que patentizan la ausencia de democracia en
Tucumán como en muchas provincias.:
Juan Manzur: el gobernador del jardín
de la tortura
28 de febrero de 2019
En la provincia de
Tucumán, una chica de once años, víctima de una violación, solicitó el aborto no
punible a las 19 semanas de gestación. Pero el Sistema de Salud de la Provincia
de Tucumán (Siprosa) demoró todo para que en vez de interrumpirle el embarazo se
le hicieran una cesárea. La obligaron a ser madre. En la tierra que gobierna
Juan Manzur ex ministro de salud de Cristina Kirchner, Lucía fue obligada a
parir.
Responsabilidades
políticas en una provincia gobernada por un antiderecho.
Por
ANRed
“Vinimos junto con el vicegobernador, con legisladores e
intendentes de distintos puntos para acompañar esta marcha multitudinaria.
Nuestra postura siempre fue la misma. Desde lo personal yo
estoy en contra del aborto y siempre lo manifesté. Hoy
estoy aquí como un ciudadano más de los 150 o 200 mil tucumanos que participaron
de esta marcha fantástica” expresaba
el Gobernador Juan Manzur mientras participaba de una marcha bajo el lema
“Salvemos las dos vidas” en la capital tucumana el 6 de agosto de 2018, días a
previos al debate en Senadores del proyecto IVE.
Su carrera política
Juan Manzur estudió medicina en la
Universidad Nacional de Tucumán y una vez graduado se mudó a Buenos Aires e
hizo su residencia en Cirugía general en el Hospital Alvarez. Se especializó en
medicina laboral y legal.
Inició su carrera política como
secretario de salud en el Partido de La Matanza cuyo intendente era el peronista
Alberto Balestrini. Luego fue viceministro de salud en la provincia de San Luis
gobernada por Rodríguez Saá. En el 2003 asume como ministro de salud de Tucumán
cuyo gobernador era José Alperovich.
El 1 de julio de 2009 asumió el
cargo de Ministro de Salud de la Nación Argentina, en plena pandemia de gripe A
integrando el gabinete de la presidenta Cristina Kirchner.
Detractor del derecho al aborto legal seguro y gratuito
Manzur es un explícito detractor
del derecho al aborto legal seguro y gratuito, en una provincia que se
caracteriza por violentar mujeres. El caso de la niña Lucía obligada a parir
cuando había solicitado un interrupción legal del embarazo, el caso de Belén
presa durante 3 años por ingresar a un hospital con un aborto espontáneo, ambos
tienen el mismo denominador: la
impunidad y la violencia institucional son amparadas desde las autoridades.
En marzo de 2018 en la
inauguración de las sesiones legislativas en la pronvincia dijo: “vuelvo a
reafirmar lo que manifesté en mi discurso inaugural: la defensa de la vida desde
la concepción, como establece nuestra Constitución”
En ese entonces, organizaciones
feministas alertaron la postura del gobernador y denunciaron su intento de
disciplinar a los diputados y diputadas para lograr el rechazo del proyecto ILE
en el Congreso de la Nación, como finalmente sucedió.
La provincia tardó 15 años en
adherir a la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, que
asegura el acceso gratuito a métodos anticonceptivos y la débil implementación
de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) que se profundiza con la
enseñanza religiosa en Escuelas Públicas en Tucumán.
En este contexto institucional,
desde la Regional Tucumán de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y
Gratuito, exigen la reununcia del gobernador y los funcionarios involucrados en
dilatar el acceso a la ILE a la niña Lucía.
“El Poder Ejecutivo de la
provincia de Tucumán actuó desde el conservadurismo y, utilizando una visión
sesgada e irresponsable, violó los derechos humanos establecidos en pactos,
tratados y convenciones internacionales, aceptando además que todo el personal
médico y el hospital público donde se llevó adelante la práctica se declarasen
objetores de conciencia, por lo que tuvieron que garantizar la interrupción dos
médicos que no trabajan en el sistema público de salud tucumano.
En nuestro país el aborto
es legal cuando la gestación es producto de una violación o cuando pone en
riesgo la salud de niñas, mujeres y personas gestantes. El único requerimiento
para acceder a la práctica en este caso era el consentimiento informado.
El gobernador, los
ministros y las ministras, las autoridades hospitalarias y las y los
profesionales de la salud son responsables de garantizar y no obstruir el
derecho a interrumpir un embarazo. Las y los profesionales podrán ser
sancionados penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus
obligaciones.
Niñas, no madres. El
embarazo forzado no puede ser una política pública; “no es una niña feliz, no es
una madraza”, como nos quiso hacer creer el editorial de La Nación. No es una
nena con muñeca. Ha sido víctima de abuso sexual, agredida, estigmatizada por un
adulto abusador, machista y misógino y por otro montón de adultos, ministros,
fiscales, jueces, autoridades hospitalarias y profesionales de la salud que
debían brindarle asistencia integral y garantizar la interrupción del embarazo.
Nosotras/es, las/es
activistas que todos los días ponemos el cuerpo para que este mundo sea un lugar
amoroso para nuestras niñas, niños y niñes, no vamos a permitir que les roben su
infancia.”
expresaron las militantes mediante un comunicado
El futuro de Mazur
A través de una carta dirigida al
PJ nacional, el mandatario hizo público su alejamiento del espacio que lideran
Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y Juan Schiaretti al tiempo
que reclamó “la unidad” con Cristina Fernández de Kirchner y acusó a quienes
insisten en prescindir de ella de “trabajar” para el presidente Mauricio Macri.
“Me doy cuenta del rol central
que ocupa Cristina Fernández de Kirchner cuando llama a la conformación de un
gran frente opositor. Sin mezquindades, abre sus brazos a todos. Ella entiende
la importancia de la unidad de nuestro espacio político” expresó
el gobernador.
Manzur, un antiderecho
entre las filas que acompañarán a Cristina Kirchner en sus intenciones
electoralistas de cara a octubre de 2019.
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Fuente: https://www.anred.org/?p=111146
Contrastemos el discurso dominante entre los trabajadores de la
salud y en la sociedad de la democracia de baja intensidad con el de las
organizaciones estigmatizadas, censuradas e invisibilizadas.
Cómo el
Estado tucumano
torturó a una niña violada
torturó a una niña violada
1 de
marzo de 2019
(Desde San Miguel de
Tucumán) lavaca conversó con los dos médicos que realizaron el procedimiento que
las autoridades sanitarias eludieron durante casi un mes. Los detalles son
reveladores de una práctica perversa: cuál es el costo que deben soportar los
profesionales que cumplen con la ley, y cómo sufren las víctimas.
A las siete de la tarde del martes
26 de febrero sonó el teléfono en el consultorio privado del doctor José Gijena,
tocoginecólogo de 47 años, director de la Obra Social de Prensa de Tucumán.
Atendió su secretaria.
Era una amenaza.
-¿Qué le dijeron?
-Que iba a pagar caro lo que
estaba por hacer: me iban a esperar en el Hospital Eva Perón. No entendí de qué
hablaban.
Cortaron.
Dos horas después volvió a sonar
el teléfono.
Esta vez era el viceministro de
Salud, Gustavo Vigliocco.
-Me comunicó que, después de
reunirse con el gobernador (Juan) Manzur y la jueza, habían decidido llevar
adelante el consentimiento de la ILE y me preguntó si podía hacer el
procedimiento. Le dije que no había problema, pero que iba a evaluar a la niña y
con total libertad decidir, desde lo técnico y lo médico, qué hacer, de acuerdo
a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y todas las
normas médico legales que existen. Y como ahí entendí que la amenaza se había
adelantado por dos horas a los hechos, también solicité que me facilitaran el
ingreso al hospital y las condiciones de seguridad necesarias para realizar la
práctica.
A los cinco minutos lo llamaron
con otra noticia:
-No hay anestesista: se declaró
objetor de conciencia.
La tortura como sistema
El doctor Gijena habló con el
presidente de la Asociación de Anestesiólogos para solicitar un profesional
dispuesto a cumplir con la ILE. “Lo hicimos por esa vía para sentar un
precedente y que podamos hacer cualquier intervención sin que nos obliguen a
improvisar”.
Al hospital el doctor Gijena llegó
acompañado de su esposa, la tocoginecóloga Cecilia Ousset, una de las
expositoras en el Senado a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Ella es objetora de conciencia, y durante la discusión se volvió viral una carta
que publicó en redes sociales en las que relataba cómo debía atender
semanalmente a mujeres pobres por complicaciones de abortos. Ambos entraron al
Eva Perón escondidos, por una puerta que habitualmente no se utiliza.
Internada desde hace un mes allí
los esperaba la niña de 11 años que llegó con el pedido de una Interrupción
Legal del Embarazo (ILE) luego de denunciar que había sido violada por la pareja
de su abuela, en el paraje Siete de Abril, al noreste de la provincia, a un 1 km
de la frontera con Santiago del Estero. La niña tuvo intentos de suicidio, pero
no contó con asistencia psicológica y recién el martes el Sistema Provincial de
Salud (Siprosa) informó que cumpliría con la ley y pondría en marcha las
garantías de la ILE, luego de la intervención de la jueza de Familia de 5ta
Nominación, Valeria Brand.
-¿Qué vieron cuando la vieron
por primera vez?
-Una niña de 11 años sentada en
una cama, jugando con unos juguetitos de plástico. Nos ve y se asusta. Le dice a
la mamá: “No me dejes”. Era claro que veía a un médico y se aterraba.
-¿Qué evaluaron?
-Que por su contextura física
infantil era imposible que pudiéramos hacer una ILE por vía vaginal. Primero,
por su anatomía: su cuerpo no iba a permitir la expulsión por vía vaginal de un
feto de 23 semanas. Y, por otro, el daño psicológico que le podríamos seguir
ocasionando a esa niña: era someterla a una nueva tortura. ¿Por qué? Porque un
procedimiento de esas características, por vía medicantosa, puede demorar 72
horas. Es decir, 72 horas más de tortura, con una presión mediática creciente e
inmersa en un entorno absolutamente hostil. Entonces propusimos la cesárea.
-Si la ILE se hubiera
practicado cuando la niña lo solicitó apenas llegó, ¿el proceso también hubiera
sido así?
-No. Hubiera sido por vía vaginal,
porque tenés el tiempo para una paciente en condiciones, das anelgesia, explicás.
16 semanas de gestación es otra cosa, el tamaño del feto es distinto.
-¿Por qué se llegó a esto?
-Alargaron el tiempo para que se
alargue la gestación. Eso han querido. Y si lo tuvieron que hacer anoche, fue
por la presión de los organismos de derechos humanos.
El doctor Gijena le explicó a la
niña y a su madre lo que iba a hacer. Aceptaron. También estaban presentes la
jefa de servicio y el psiquiatra, que no era especializado en infancias. Ousset:
“Le tomé la mano y le dije que no se preocupara, que iba a estar todo bien. Le
pregunté si quería escuchar música. Me pidió que pusiera música de la asamblea
cristiana”.
Cuando llegaron al quirófano los
esperaba otra sorpresa. “En ese preciso momento se declararon objetores de
conciencia los enfermeros y los instrumentadores. Quedé solo”.
Los objetores que filman
La doctora Ousset, objetora de
conciencia, tomó una decisión: se puso –literalmente- los guantes. “Me vi
obligada. No podíamos dar marcha atrás. La tortura iba a ser mucho peor.
Prefería después sentirme mal yo que seguir torturando a esa chiquita. Imaginate:
tuvimos que hacerle anestesia raquídea para poder sacarle la ropa interior. En
ese nivel de espanto estaba ella: se aferraba a su bombacha. No podíamos ni
acercarnos”.
El doctor Gijena remarca otro
detalle: la niña tenía una presión arterial de 170 a 120. “Sufría una
preeclampsia, lo cual es potencialmente muy grave, porque puede quedar con
secuelas si se llega a una eclapsia, un proceso patológico que genera
convulsiones. Una niña de 11 años embarazada tiene cuatro veces mayor
posibilidad de morir que una niña que supera los 15 años. Estábamos hablando de
eso. No de otra cosa. Estaba en riesgo la vida de esa niñita. Estoy
absolutamente convencido de lo que hice. Y lo vol
Y lo volvería a hacer. La idea no era matar a nadie, sino respetar
el Derecho. Y, hasta donde sé, el recién nacido estaba con vida ,pero muy
crítico, con prematurez extrema: pesaba menos de medio kilo”.
A las 0:05 comenzó la cirugía. Duró aproximadamente una hora.
Un detalle: “Tuvimos que tapar el quirófano con sábanas porque del
otro lado del vidrio vimos que filmaban. Era morboso: todos objetores, ninguno
entraba, pero te filmaban. Después uno se pregunta cómo es que hacen los
antiderecho para saber antes que nosotros las cosas. Claro, ellos siempre tienen
la primicia: están en el gobierno”.
-¿Qué lectura debemos hacer de todo este procedimiento salvaje?
-Todo se desarrolla en un contexto en el que la provincia se
declara “Pro Vida” durante el debate en el Congreso. Una provincia que impide la
Educación Sexual Integral (ESI), que no adhiere a la Ley de Salud Sexual y
Reproductiva. Todo bajo un cartel muy lindo desde lo enunciativo, que es:
“Salvemos las dos vidas”. ¿Pero de qué dos vidas estamos hablando? ¿Cuántas vas
a salvar? Pareciera que detrás de ese cartel hay otro que dijera: “Salvemos las
dos vidas… o ninguna”.
-¿Pudieron hablar con la niña luego de la intervención?
-Se recuperó de forma satisfactoria. Tuvo plena lucidez. Nos dijo
gracias. Y sonrió por primera vez en todas estas semanas de tortura.
La hipocresía estatal
El doctor Gijena subraya que acudieron a él porque no había nadie
más que quisiera hacerlo. Gijena: “Muy frecuente en el ámbito médico diversas
ILE se realizan en instituciones privadas, y te puedo asegurar que no hay ningún
pañuelo celeste en la puerta reclamando el derecho de ningún feto. Semanalmente
me encuentro con 2 ó 3 que ingresan en la Obra Social. Y en nuestro consultorio
privado, tenemos 4 ó 5 mujeres que se van a controlar post abortos. Los realizan
en otros lugares, y vienen aquí por control. Esto es una epidemia. Es tapar el
sol con la mano. No debería haber ninguna posibilidad de que si esta ley se
vuelve a discutir, se vote en contra”.
La doctora Ousset resume en una palabra ese diagnóstico. “Es hipocresía: eso
es lo que pasa. Si ese cuerpo gestante es pobre, el Estado es dueño de ese
cuerpo y puede decidir sobre él. Es muy grave, es muy humillante y es violatorio
de todos los derechos humanos. No me entra el dolor. Y es un mensaje claro: ´Te
pasa por ser pobre, por no tener ningún tipo de recurso, ni educación ni
Internet ni nada. Es la pobreza absoluta. Y que una fiscal especializada en
homicidios (Adriana Giannoni) haya actuado de oficio pidiendo un defensor para
el feto, es ridículo. Es, literalmente, El cuento de la criada. Si tenés plata,
decidís. Si no, no”.
El costo de cumplir la ley
Los teléfonos del matrimonio estallan en pedidos de entrevistas.
También las redes sociales.
-¿Cómo les impacta esto?
-Hace un tiempo largo que venimos con esto. Tuvimos que cambiar a
nuestros cuatro chicos de colegio. Al que pasaba de 5to año a 6to grado no le
permitieron la inscripción para el 2019. Con solo 11 años él tuvo la valentía de
cuestionar a la dueña del colegio. Es una institución que en las paredes del
comedor tiene imágenes dibujadas, por los propios niños, de mamás tirando bebés
a la basura o de mujeres embarazadas apuntándose con cuchillos en la panza con
esvásticas nazis. Los hacían rezar diariamente antes del ingreso. A mi otra hija
le llamaron la atención varias veces cuando iba con pañuelo verde, mientras a
otras compañeras que iban con el pañuelo celeste no le decían nada. Dejó el
pañuelo y se compró una pulsera verde. También le llamaron la atención.
Prohibieron el verde. Una locura. Hasta trajeron al doctor Abel Albino para que
diera una charla, a una semana de haber dicho las barbaridades que dijo en el
Senado. Organizaron kermesses para traerlo.
-¿Y cómo se reclama que cumpla la ley en un contexto asi?
-Nosotros venimos poniendo el cuerpo. No hay que dar un paso atrás.
Hay que pelear por los derechos. Y, en ese camino, algunos rechazos nos vamos a
ganar. Pero esto te muestra la importancia urgente de una ley de IVE: un
servicio público regulado y controlado por el Estado, con personas de distintas
áreas de la salud que reciban a la mujer que solicite la IVE, que se le
explique, que se la contenga con un equipo, y que si ella decide continuar, se
lo haga. Pero de manera segura y en igualdad de condiciones sin partir del
credo, del origen social, de su situación económica. ¿No se salvarían más vidas
así? Mientras tanto, lo que vemos y a lo que estamos asistiendo acá, es a una
expulsión de un sistema perverso, que tortura sistemáticamente a niñas violadas.
Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/como-el-estado-tucumano-torturo-a-una-nina-violada/
Interrupción legal del embarazo según la ley y el fallo F.A.L.
"Con el misoprostol, salen muertos, eso es verdad. Los fetos son todavía tan pequeños que no sobreviven a las contracciones. Pero es lo correcto hacer un aborto con pastillas para priorizar la vida de la niña, porque lo que dice el fallo F.A.L. es que tenemos permitido el aborto si nos violaron o si el embarazo pone en peligro nuestra salud o nuestra vida. Esto no es ninguna novedad, lo decía el Código Penal desde 1921, y ellos vivían engañándonos y haciéndonos creer que eso no era cierto, que el Código Penal no se entendía, miles de mentiras como oíamos en las Cámaras", recordó Manzano sobre el histórico debate parlamentario del año pasado. "Lo que pasa es que en medio país sí estamos garantizando abortos. Lo que no sé es si nosotros, nosotras, quienes los garantizamos, no deberíamos salir más a los medios contando lo buenas que son las pastillas, que nunca tenemos que operar, que las niñas no sufren dolor si les ponemos morfina o derivados morfínicos porque están semidormidas y lo hablamos con ellas y están acompañadas. Estamos ahí con ellas todo el tiempo. En cambio, una cesárea duele todo un mes después. No es gratuita. Es una estrategia tan terrible porque se basa en la mentira, como todo lo de ellos. Hasta su eslogan 'Salvemos las dos vidas' es mentiroso", aseguró.
"En el caso de la niña de Jujuy, me contó una compañera jujeña que pudo acercarse a la madre que la madre dice que la engañaron todo el tiempo. Le dijeron que si se hacía un aborto su hija podía morir desangrada y que la operaban para salvarle la vida. Estoy segura de que a esta niña y esa mamá le han hecho lo mismo. Esa médica, para mí, no es una aliada. Está confundiendo, está diciendo que cesárea prematura es garantizar derechos. Entonces se volverá una rutina operar a nuestras niñas de 10 u 11 años. Las cesáreas son peligrosas. Encima, usaba el término microcesárea.
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Stella Manzano: "No fue un aborto,
fue un parto forzado
prematuro"
1 de marzo de 2019
La médica que practicó el aborto al que refirió el fallo F.A.L.
dialogó con Fernando Tebele en el programa radial La Retaguardia. La profesional
fue tajante respecto de la intervención que se le practicó a la niña de 11 años
de Tucumán, que según el propio gobierno de la provincia cumplía con los
requisitos de la interrupción legal del embarazo (ILE). Para Manzano y todos los
sectores que pelean por el aborto legal, fue un parto forzado. Manzano fue dura
con los/as médicos que intervinieron.
intervinieron.
Por La
Retaguardia
"Hay una contraofensiva conservadora, pero a la vez un tema muy grande que estamos visibilizando. Se están poniendo al descubierto las inmensas falencias que quedan en servicios de salud de ciertas provincias como Jujuy o Tucumán. Nada casualmente, las más católicas. A una le moviliza todo, porque como ginecóloga soy una de las que cotidianamente hace abortos de segundo trimestre. Este año he garantizado unos seis abortos de segundo trimestre. Muchos, de veintidós o veintitrés semanas. Cada día hacemos muchísimos más abortos menores de doce semanas", explicó la médica. "A veces hago tres o cuatro recetas por día. La verdad es que en todos los abortos de segundo trimestre que hacemos cotidianamente médicas y médicos, jamás operamos. Jamás hacemos cesárea. Parte de mi inmenso dolor es que veo compañeras engañadas por estos médicos de Tucumán que dijeron que no había otra opción. En Jujuy, dijeron que era por el bien de la niña y porque la niña lo quería. Ella estaba de cinco meses y medio y una cesárea es muy peligrosa porque el útero es muy pequeño, tiene riesgo de infección, de hernias y de alterar la fertilidad futura de la niña. El segmento no está formado, que es la porción del útero donde cortamos. Ahora, la excusa es otra. Vieron que estaban mal parados, porque en Jujuy el jefe de servicio terminó diciendo en una entrevista la verdad: que hicieron la cesárea porque querían salvar la vida del feto", denunció.
Interrupción legal del embarazo según la ley y el fallo F.A.L.
"Con el misoprostol, salen muertos, eso es verdad. Los fetos son todavía tan pequeños que no sobreviven a las contracciones. Pero es lo correcto hacer un aborto con pastillas para priorizar la vida de la niña, porque lo que dice el fallo F.A.L. es que tenemos permitido el aborto si nos violaron o si el embarazo pone en peligro nuestra salud o nuestra vida. Esto no es ninguna novedad, lo decía el Código Penal desde 1921, y ellos vivían engañándonos y haciéndonos creer que eso no era cierto, que el Código Penal no se entendía, miles de mentiras como oíamos en las Cámaras", recordó Manzano sobre el histórico debate parlamentario del año pasado. "Lo que pasa es que en medio país sí estamos garantizando abortos. Lo que no sé es si nosotros, nosotras, quienes los garantizamos, no deberíamos salir más a los medios contando lo buenas que son las pastillas, que nunca tenemos que operar, que las niñas no sufren dolor si les ponemos morfina o derivados morfínicos porque están semidormidas y lo hablamos con ellas y están acompañadas. Estamos ahí con ellas todo el tiempo. En cambio, una cesárea duele todo un mes después. No es gratuita. Es una estrategia tan terrible porque se basa en la mentira, como todo lo de ellos. Hasta su eslogan 'Salvemos las dos vidas' es mentiroso", aseguró.
Sobre salir a hablar a los medios, agregó: "Muchísimas de mis
compañeras tienen miedo a exponerse. Otras, que no queremos salir tanto por ahí,
es porque queremos mantener el derecho a la privacidad de nuestras pacientes.
Otra razón es que los antiderechos son personas tan malas, tan peligrosas, que
si contamos cuántos abortos hacemos los usan en nuestra contra. Sería bueno que
pensáramos estrategias para que quienes no hacen abortos no nos den clases de
cómo hacerlo", planteó. "Quedarnos solos nos expone a violencia también a
quienes defendemos derechos de niñas y mujeres. Estoy convencida de que la
objeción de conciencia es anticonstitucional. Médicas y médicos somos garantes
de la salud de las personas, somos el Estado para las personas y los Estados no
pueden tener una conciencia moral, no pueden forzar a una niñita a arriesgar su
propia vida para que nazca un bebé más", subrayó.
Además advirtió: "Si es verdad que esta niñita tuvo un pico hipertensivo de 170 a 120 es imperdonable, cuando ellos mismos dicen que pidió el aborto con dieciséis semanas. Ahora ya están mintiendo y dicen que fue con diecinueve o veinte. Realmente dudo lo de la hipertensión porque no la vemos en general a las veintitrés semanas. Para mí esto es una mentira. Lo que pasó ayer es que dos asociaciones hicieron un amicus curiae exigiendo que se le hiciera el aborto a la niña. Para justificar su cesárea es que dicen, por un lado, 'estaba hipertensa, le teníamos que salvar la vida con una cesárea' y por otro 'era una niña violada, nadie puede tocar a una niña violada'", enumeró Manzano y agregó: "He sido perito de abuso sexual muchos años en Tribunales. De hecho cuando hice el aborto del fallo F.A.L. trabajaba en Tribunales por la mañana y a la tarde en un centro de salud. Esto también dicen los machistas: 'Las niñas no se dejan revisar, entonces no puedo saber si el himen está roto, no puedo saber nada'. Y, la verdad, si una habla con las niñas, si las escucha, les cuenta lo que va a hacer, les da a elegir en qué posición quieren ser revisadas, con quién quieren estar, podemos revisarlas muy bien. No actuar es absolutamente dañino".
La nueva falsa ILE
"Estoy dolorida hoy, es un día de tristeza, de enojo, de dolor, porque veo que buscan seguir confundiendo y logran confundir a un gran sector de la población. Hay que escuchar el audio de la médica Cecilia Ousset, que también habló en el Senado. Dijo que es objetora, católica, que no hace abortos porque su religión le impide matar niños por nacer pero cree que el aborto es un derecho. Como trabaja sólo en el sistema privado, lo que sí hacía era informar a sus pacientes y derivarlas. Desde mi humilde opinión, me parece muy peligrosa. Me acuerdo de que en esa época todo el mundo posteaba conmovido su intervención porque hablaba con lágrimas en los ojos", recordó. "A mí me provocó mucho rechazo porque sí creo realmente que el aborto es un derecho y veo que hay una niña de 11 años presa desde hace un mes y no le hago el aborto porque soy católica, creo que se trata de un delito llamado abandono de persona. Es una violación a los derechos humanos de esa niña por omisión de cuidado. Los Estados pueden violar los derechos humanos por acción u omisión y esta médica los viola por omisión", aseguró Manzano. "Hoy, cuando la escuché, en una parte de su audio que me pareció terrible, se justificaba diciendo 'no le podíamos poner las pastillas porque a ninguna niña violada se la puede tocar'. Eso es mentira y, además, si ella no hace abortos, ¿qué sabe? Es el primero que hacía. En un momento dijo que le habían garantizado la interrupción legal del embarazo a la niña: esto no fue una interrupción legal del embarazo, no fue un aborto, fue un parto forzado, prematuro y por cesárea, también forzada", definió Manzano.
Además advirtió: "Si es verdad que esta niñita tuvo un pico hipertensivo de 170 a 120 es imperdonable, cuando ellos mismos dicen que pidió el aborto con dieciséis semanas. Ahora ya están mintiendo y dicen que fue con diecinueve o veinte. Realmente dudo lo de la hipertensión porque no la vemos en general a las veintitrés semanas. Para mí esto es una mentira. Lo que pasó ayer es que dos asociaciones hicieron un amicus curiae exigiendo que se le hiciera el aborto a la niña. Para justificar su cesárea es que dicen, por un lado, 'estaba hipertensa, le teníamos que salvar la vida con una cesárea' y por otro 'era una niña violada, nadie puede tocar a una niña violada'", enumeró Manzano y agregó: "He sido perito de abuso sexual muchos años en Tribunales. De hecho cuando hice el aborto del fallo F.A.L. trabajaba en Tribunales por la mañana y a la tarde en un centro de salud. Esto también dicen los machistas: 'Las niñas no se dejan revisar, entonces no puedo saber si el himen está roto, no puedo saber nada'. Y, la verdad, si una habla con las niñas, si las escucha, les cuenta lo que va a hacer, les da a elegir en qué posición quieren ser revisadas, con quién quieren estar, podemos revisarlas muy bien. No actuar es absolutamente dañino".
La nueva falsa ILE
"Estoy dolorida hoy, es un día de tristeza, de enojo, de dolor, porque veo que buscan seguir confundiendo y logran confundir a un gran sector de la población. Hay que escuchar el audio de la médica Cecilia Ousset, que también habló en el Senado. Dijo que es objetora, católica, que no hace abortos porque su religión le impide matar niños por nacer pero cree que el aborto es un derecho. Como trabaja sólo en el sistema privado, lo que sí hacía era informar a sus pacientes y derivarlas. Desde mi humilde opinión, me parece muy peligrosa. Me acuerdo de que en esa época todo el mundo posteaba conmovido su intervención porque hablaba con lágrimas en los ojos", recordó. "A mí me provocó mucho rechazo porque sí creo realmente que el aborto es un derecho y veo que hay una niña de 11 años presa desde hace un mes y no le hago el aborto porque soy católica, creo que se trata de un delito llamado abandono de persona. Es una violación a los derechos humanos de esa niña por omisión de cuidado. Los Estados pueden violar los derechos humanos por acción u omisión y esta médica los viola por omisión", aseguró Manzano. "Hoy, cuando la escuché, en una parte de su audio que me pareció terrible, se justificaba diciendo 'no le podíamos poner las pastillas porque a ninguna niña violada se la puede tocar'. Eso es mentira y, además, si ella no hace abortos, ¿qué sabe? Es el primero que hacía. En un momento dijo que le habían garantizado la interrupción legal del embarazo a la niña: esto no fue una interrupción legal del embarazo, no fue un aborto, fue un parto forzado, prematuro y por cesárea, también forzada", definió Manzano.
"En el caso de la niña de Jujuy, me contó una compañera jujeña que pudo acercarse a la madre que la madre dice que la engañaron todo el tiempo. Le dijeron que si se hacía un aborto su hija podía morir desangrada y que la operaban para salvarle la vida. Estoy segura de que a esta niña y esa mamá le han hecho lo mismo. Esa médica, para mí, no es una aliada. Está confundiendo, está diciendo que cesárea prematura es garantizar derechos. Entonces se volverá una rutina operar a nuestras niñas de 10 u 11 años. Las cesáreas son peligrosas. Encima, usaba el término microcesárea.
El mismo que usaban los viejos aborteros clandestinos ¿Qué tiene
de microcesárea un tajo de diez centímetros?", interrogó. "Cuando hablamos de
microcirugía hoy hablamos de dos centímetros. Eso es atravesar toda la pared del
abdomen, piel, grasa, músculos, capa por capa, peritoneo y cortar el útero,
previo despegar la vejiga. Todo eso tiene riesgo de infección, hernia,
adherencia futura, de dolor crónico, en general las mujeres no toleran más de
tres cesáreas ¿Y si esta nenita el día de mañana quería tener ocho hijos porque
a ella se le daba la gana? ¿Por qué no los va a poder tener? Si tiene la mala
pata de tener una segunda cesárea va a ir siempre a cesárea. Este feto se va a
morir. Los de veintitres semanas, si las tiene, no viven", aseguró Manzano.
"Todo me duele mucho. Me duele esta médica jugándosela de amiga nuestra.
Aristóteles decía que los seres humanos no somos virtuosos de nacimiento, que
las virtudes se aprenden. Ética quiere decir eso: práctica. Nadie puede hablar
de la justicia si no es justo, yo no puedo hablar del amor si no amo. Yo,
parafraseándolo, digo que nadie puede hablar de aborto si no hace abortos. Esta
médica objetora dándonos lecciones de abortos es muy grave y que diga que está
de nuestro lado también", concluyó.
Cuando nos referimos a la lucha de diversidades de abajo contra
el sistema capitalista pensamos, por ejemplo, en:
Posición y Plan de lucha de los Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires ante la resolución 246/18 del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires
[UAC] Huerquen | Posición y Plan de Lucha de los Pueblos Fumigados de la Prov de BsAs ante la resolución 246 de Agroindustria BsAs - Documento
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Nuestra
preocupación.
Desde nuestros
espacios de lucha territorial mostramos seria preocupación por la ofensiva que
el estado provincial está llevando adelante, a través de la espuria e
inconstitucional Resolución 246/18 del Ministerio de Asuntos Agrarios de la
Provincia de Buenos Aires.
¿QUÉ DICE LA RESOLUCIÓN?
Que a partir del 1 de enero
de 2019 los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área
de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo,
establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales
comprenderán la zona de amortiguamiento. Y respecto de la misma se podrán
realizar aplicaciones terrestres con agrotóxicos.
Sólo en el caso de
viviendas familiares que se encuentren en un área urbana o zona residencial
extraurbana deberá preverse la presencia del profesional interviniente que
determine las previsiones a tener en cuenta al inicio y durante la aplicación.
Con respecto a las escuelas
rurales, establece que las aplicaciones con agrotóxicos (tanto áreas como
terrestres) deberán realizarse fuera del horario escolar.
En la exposición de motivos
de la resolución se señala que las distancias de protección no son esenciales
para definir las dimensiones particulares del uso de agrotóxicos sino la
aplicación de las buenas prácticas agrícolas.
¿POR QUÉ CUESTIONAMOS LA
RESOLUCIÓN?
–Defiende los intereses
económicos del agronegocio sin considerar los riesgos que implican para la
salud, el ambiente y la biodiversidad la aplicación de agrotóxicos y semillas
modificadas genéticamente;
–Distorsiona el concepto de
zona de amortiguación – que hasta hoy muchos municipios consideran área de
exclusión total de uso de agrotóxicos o bien solo de aquellos con bandas de
mayor clasificación toxicológica – al permitir en la misma las aplicaciones
terrestres con cualquier clase de agrotóxicos en todos los casos y respecto de
las escuelas rurales, inclusive las aplicaciones aéreas.
–Es inconstitucional porque
viola el principio de progresividad ambiental consagrado en la ley general
delAmbiente. Por un lado, retrocede respecto de las ordenanzas logradas a
través de la lucha de muchos pueblos fumigados, que han prohibido las
aplicaciones aéreas y avanzado en restricciones con un criterio de protección
más realista en cuanto a las aplicaciones terrestres, predominando una distancia
de resguardo de 1 km de los centros poblados y en algunos casos las escuelas
rurales (la cual aún es insuficiente). Por el otro, desconoce el principio de
universalidad jurídica, según el cual debe homogeneizarse la legislación
vigente adoptando el mejor criterio de protección alcanzado ya sea en otra
jurisdicción o en el poder judicial a través de las sentencias.
–Viola el bien común,
principio basal de nuestra constitución nacional, por el cual el Estado tiene
que garantizar que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades
materiales e inmateriales, conforme a sus proyectos de vida, pero sin afectar
los derechos de terceros.
–Ignora la ley nacional de
residuos peligrosos 24.051, ya que los residuos de agrotóxicos resultantes
de la deriva, que surgen de cada aplicación, deben considerarse efectivamente
como peligrosos; así fue reconocido por el Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia de Córdoba, en el caso del Barrio Ituzaingó.
-Desconoce leyes ambientales
nacionales y provinciales (25.675 y 11.723) que establecen que las actividades
que pueden afectar significativamente el ambiente y la salud deben estar
sometidas a un proceso de evaluación de impacto ambiental previo a su
ejecución, con participación ciudadana (así lo establece la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el Caso Papel Prensa en la
localidad de Alberti, Febrero 2016).
–Se basa en la mentira, sin
sustento científico ni fáctico, de las buenas prácticas agrícolas (BPAs). Hay
investigaciones que muestran que la deriva es incontrolable, por lo que la
fumigación siempre genera riesgos en la salud, trabajos de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba han constatado que
la deriva de agrotóxicos puede alcanzar varios kilómetros desde el lugar de la
aplicación. Asimismo, otras investigaciones -inclusive financiadas por el
Agronegocio- han reconocido que solo entre el 20/25% de lo que se aplica da en
el cultivo objetivo a ser fumigado, con lo cual 75/80% es deriva de agrotóxicos
que termina impactando en los barrios, casas y escuelas rurales y cursos y
espejos de agua que encuentren próximos a los predios rurales fumigados.
4.- ¿POR QUÉ NECESITAN ESTA
RESOLUCIÓN?
El Estado implementa y consolida, desde la década de los ’90, el modelo agroalimentario basado en el uso de agrotóxicos y transgénicos. La aprobación del Plan Estratégico Agroalimentario – PEA 2020-, los constantes embates para reformar la ley de semillas, y el fallido intento de aprobar el proyecto de ley del Senador Coll Areco que en el año 2016 autorizaba las aplicaciones con agrotóxicos a 100 metros de las viviendas, son sólo algunos de los hitos que muestran estos arrebatos a favor del agronegocio.
Sólo nuestras luchas han doblegado el brazo del agronegocio y el estado. El
Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires lo sabe y busca
frenarlas a cualquier costo. La resolución 246/18 busca tirar al tacho las
ordenanzas alcanzadas con debates y mucha organización popular. Inclusive se
buscan invisibilizar las luchas que han conseguido el fomento de la agroecología
en sus territorios, como en Marcos Paz, Ramallo y Arrecifes.
El
agronegocio es insostenible desde la perspectiva de la salud humana, el cuidado
del ambiente y la preservación de la biodiversidad. Claramente es un modelo
incompatible con el paradigma ambiental de nuestra legislación. No puede
coexistir con otro tipo de formas productivas, ya que los agrotóxicos y
transgénicos producen una contaminación inevitable, impidiendo la producción
agroecológica. Por ello, afecta a campesinos, campesinas, agricultores y
agricultoras y enferma a quienes queremos consumir alimentos sanos.
ES NECESARIO PROTEGER LAS
ESCUELAS RURALES DE LAS FUMIGACIONES CON AGROTOXICOS
Conforme la
legislación vigente la Provincia de Buenos Aires tiene la responsabilidad
principal e indelegable de garantizar un hábitat adecuado en los espacios
destinados a la enseñanza teniendo en cuenta necesidades y características
socioculturales y ambientales de la comunidad.
En la
Provincia de Buenos Aires existen 3.244 establecimientos educativos en
funcionamiento que deben ser protegidos que no poseen ningún tipo de protección
legal en relación a uso de agrotóxicos en sus adyacencias, ya sea por
aplicaciones aéreas o terrestres. Por lo que surge claramente que los niños,
niñas y adolescente más el personal docente y no docente que a ellas concurren,
se encuentran absolutamente desprotegidos en cuanto a las aplicaciones de
agrotóxicos.
Esta
situación se ve agravada por el hecho de que casi la totalidad de las escuelas
rurales, no poseen servicio de red de agua potable. En consecuencia, el agua que
consume la comunidad educativa es extraída directamente de las napas
subterráneas cuyas tomas se encuentran expuestas a la deriva de los agrotóxicos.
Asimismo, la
espuria resolución 246/18 desconoce abiertamente la recomendación 29/14 del
Defensor del Pueblo de la Nación de proteger los derechos de los niños, niñas y
adolescentes y personal y no docente a través de la generación de medidas
concretas para el resguardo de la salud.
ES NECESARIO PROTEGER LOS
ARROYOS, RÍOS, LAGUNAS, HUMEDALES Y TOMAS DE AGUA DE LAS FUMIGACIONES CON
AGROTÓXICOS.
La
Constitución Nacional (art. 124) y la provincial (art. 28) establece que la
provincia deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales,
renovables y no renovables del territorio de la Provincia; controlar el impacto
ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema y promover
acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo; todas acciones que
van en contraposición a la resolución 246/18 que valida las fumigaciones con
agrotóxicos a metros de arroyos, ríos, lagunas, humedales y tomas de agua para
consumo humano o uso agropecuario.
Hay decenas
de trabajos de investigación científica tanto a nivel local (muchos de ellos de
universidades públicas) como internacional que muestran como los agrotóxicos
terminan en los cursos de agua, afectando y contaminado a los componentes
biológicos que los habitan.
Denunciamos
la omisión legislativa tanto a nivel nacional como nivel provincial en
establecer criterios de seguridad ambiental para proteger los arroyos, ríos,
lagunas y humedales de los agrotóxicos.
ES NECESARIO RESGUARDAR LAS
RESERVAS Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LAS FUMIGACIONES CON AGROTÓXICOS.
El Sistema de
Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Buenos Aires (SANP) está regulado
por la ley 10907 y modificatorias. El SANP procura la protección de la
biodiversidad de los diferentes ecosistemas de la provincia, a través de la
conformación de unidades de conservación funcionales llamadas Reservas Naturales
(que pueden ser provinciales o municipales), y las que nos brindan servicios
ambientales para la sociedad, como protección de sectores de cuencas hídricas,
del suelo, flora y fauna nativa.
La ley 10907 establece un
principio vertebral según las áreas de la superficie y/o del subsuelo terrestre
y/o cuerpos de agua existentes en la Provincia que por razones de interés
general, especialmente de orden científico, económico, estético o educativo
deban sustraerse de la libre intervención humana a fin de asegurar la
existencia a perpetuidad de uno o más elementos naturales o la naturaleza en su
conjunto, se declara de interés público la protección y conservación de las
mismas como reservas naturales.
Las
fumigaciones con agrotóxicos en las adyacencias de una reserva natural ponen en
serio peligro la biodiversidad genética y biológica que compone a la misma.
En la
Provincia de Buenos Aires, actualmente hay 52 áreas protegidas. De las áreas
protegidas como reservas naturales destacamos la Albufera (Mar Chiquita) –
reconocida como reserva mundial de Biosfera por la UNESCO, donde desembocan 5
arroyos y un canal-, la Laguna de los Padres (Gral. Pueyrredón), Arroyo el
Durazno (Marcos Paz), Laguna Rocha (Esteban Echeverría), Guardia del Juncal
(Cañuelas) y las Reservas Municipales de Pilar y Ramallo, por ser los más
expuestas al riesgo de daño irreparable a la biodiversidad al legalizar la
Resolución 246/18 las fumigaciones con agrotóxicos en los lotes lindantes.
LA LUCHA JUDICIAL DE LOS
PUEBLOS FUMIGADOS
La resolución
antes nombrada desconoce las decisiones judiciales que los pueblos fumigados han
obtenido en la justicia bonaerense.
De este modo,
con perseverancia y convicción se pararon las fumigaciones aéreas sobre un
predio rural lindante a la planta urbana; se declaró ilegal una fumigación
terrestre a menos de mil metros del centro poblado, tal como lo establecía una
ordenanza que no se respetaba; se suspendió el uso de agrotóxicos a menos de mil
metros de los pozos de extracción de agua subterránea hasta tanto no se obtenga
la debida declaración de impacto ambiental; se ordenó la prohibición de realizar
fumigaciones aéreas y terrestres a menos de 2 km y 1 km respectivamente, de una
escuela rural; se suspendió la vigencia de una ordenanza municipal que dejaba
sin efecto la anterior que establecía una protección de mil metros para las
aplicaciones terrestres; se declaró ilegal una fumigación que había sido
realizada a menos de 500 metros, tal como se preveía en una ordenanza local; se
suspendieron las actividades en un aprovechamiento forestal que usaba millones
de litros de agrotóxicos por no poseer la declaración de impacto ambiental y
finalmente se prohibió una fumigación terrestre a menos de mil metros de un
barrio por representar un riesgo de daño grave a la salud de las personas.
En todos los
casos judiciales, se han rebatido los argumentos del agronegocio, que se
sustentan siempre en el manual de buenas prácticas agrícolas, el malogrado
informe del CONICET sobre el Glifosato del año 2009 y las pautas sobre
aplicaciones con agrotóxicos creadas por el Ministerio de Agricultura de la
Nación en el año 2013.
Ante el estupor que genera la
resolución 246/18 exhortamos:
Al Estado Nacional a
que proceda a avanzar en medidas que eliminen el uso de agrotóxicos en la
producción de alimentos, y a la par, promocionar una agricultura que se sustente
en los principios de la agroecología y la soberanía alimentaria.
Al Poder Legislativo
Provincial a que
asuma y cumpla con su competencia de legislar sobre la problemática del uso de
agrotóxicos atento a los reclamos y denuncias de las asambleas, organizaciones y
colectivos que componen los Pueblos Fumigados.
A los Concejos Deliberantes
municipales que
deben defender el bien común de la sociedad que implica proteger los bienes
comunes y garantizar los derechos a la salud y el hábitat adecuado de la
población.
Al Ministerio Publico de la
Provincia de Buenos Aires se
comprometa y asuma un rol activo en la fase penal (algo pendiente en la
provincia de Buenos Aires) tomando los antecedentes antes nombrados y
representando a los damnificados por este modelo.
Al Poder Judicial de la
Provincia de Buenos Aires (a través de presentaciones judiciales concretas):
-
Pedido de nulidad e inconstitucionalidad de la resolución 246/18 ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) y en las causas judiciales ya abiertas y en curso por algunas localidades (General Pueyrredón, Bragado, Alberti y Coronel Suárez).
-
Protección de las escuelas rurales de las fumigaciones terrestres, fijándose una distancia mínima de 1000 metros libres de agrotóxicos.
-
Prohibición de las fumigaciones aéreas en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires.
-
Plan de vigilancia de genotoxicidad (daño genético) sobre los niños, niñas y adolescentes y personal docente y no docente que concurren a las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires.
-
Asegurar la provisión de agua potable libre de agrotóxicos y conforme los parámetros del código alimentario argentino a toda la población en sus domicilios y en los establecimiento educativos y centros de salud.
-
Protección de todos los ríos, arroyos, lagunas, humedales, reservas naturales y tomas de agua para consumo humano, fijándose una distancia de 1000 metros libres de agrotóxicos respecto a las aplicaciones terrestres.
Por último:
-INSTAMOS A
LA POBLACIÓN A DENUNCIAR LOS CASOS DE FUMIGACIONES, TANTO PARTICULARES COMO EN
ESCUELAS Y DIFUNDIR EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA FUMIGACIÓN CON
AGROTÓXICOS.
-EXHORTAMOS A
LOS SINDICATOS DOCENTES Y DE AUXILIARES A TRABAJAR POR LAS CONDICIONES LABORALES
EN LAS ESCUELAS INCORPORANDO ESTA PROBLEMÁTICA EN LOS ÁMBITOS DE TRABAJO, ASÍ
COMO TAMBIÉN EN LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS.
-LLAMAMOS A
PROMOVER LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y A CONSUMIR ALIMENTOS SANOS, SUSTENTABLES
Y NUTRITIVOS.
-INVITAMOS A
LAS ASAMBLEAS, ORGANIZACIONES SOCIALES, GREMIALES Y DE DERECHOS HUMANOS, Y A
TODOS Y TODAS QUIENES ESTEN INTERESADOS/AS A PARTICIPAR EN EL 1OMO ENCUENTRO DE
PUEBLOS FUMIGADOS Y 3RO DE AGROECOLOGÍA EN LA LOCALIDAD DE BOLIVAR, EL 16 Y 17
DE MARZO DE 2019. ASIMISMO, LES INVITAMOS A FORMAR PARTE DEL ENCUENTRO
SOCIOAMBIENTAL BUENOS AIRES (ESABA).
Asambleas y Colectivos de los Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires
firmantes:
·
Foro
Ambiental de Los Toldos
·
Ecos de
Saladillo
·
Chacabuco Respira Agroecologia
·
SUTEBA
Marcos Paz
·
Unidos
por la Vida y el Ambiente Ramallo
·
Asamblea por la Vida, la Salud y el Ambiente de Pergamino
·
Red
Federal de Docentes por la Vida (San Antonio de Areco-Giles-Trenque Lauquen-Necochea-Ayacucho)
·
Río
Bravo de Lujan
·
Asamblea Paren de Fumigar Chascomus
·
Las
Floras Libertarias de Marcos Paz
·
Ambiente Saludable de San Andrés de Giles
·
Ayacucho Conciencia Ambiental
·
Multisectorial contra el Agronegocio (Marcos Paz-Exaltación de la
Cruz-Lujan-General Rodriguez)
·
Ecos de
Chivilcoy
·
Ambiente Saludable de Mercedes
·
Conciencia Agroecológica 9 de Julio
·
Paren
de Fumigarnos Necochea-Quequen
·
Foro
por la Salud y el Ambiente de Vicente López
·
Colectivo Orilleros de Open Door
·
Paren
de Fumigar Mar del Plata
·
Asamblea Vecinos Autoconvocados contra la CEAMSE de González Catan
·
Organización de Ambientalistas Autoconvocados de Pilar
·
Mas
Vida Mas Salud de Alberti
·
Centro
Cultural Colgados de la Rama de Chivilcoy
·
Colectivo Tierra Viva de Bolívar
·
Asamblea de Autoconvocados de 30 de Agosto (Trenque Lauquen)
·
Ecovilla Gaia de Navarro
·
Unidos
por el Río de Vicente López
·
Grupo
de Trabajo Consensores
·
Colectivo Arrecifes Necesita Saber
·
Vecinos
Autoconvocados de Tres Arroyos
·
Asamblea Paremos el Desierto Verde Mar Chiquita
·
Cooperativa de Producción Agroecológica de Guernica
·
Asamblea Mercedina por la Agroecología
·
Feria
Campesina de Luján
·
Movimiento de Vecinos Autoconvocados por un Ambiente Saludable (Mo.Ve. A)de
Pehuajó
·
Vecinxs
Autoconvocadxs de Benito Juarez
·
Vecinxs
Autoconvocadxs por el control de agrotóxicos de Trenque Lauquen
·
Movimiento Agroecológico de La Plata
Cuando nos posicionamos junto a la lucha de diversidades de abajo
contra los extractivismos es porque su erradicación significa atender al:
Maldesarrollo La Argentina del
extractivismo y el despojo*
Maristella Svampa y Enrique Viale
Prefacio
Vivimos en una sociedad en la que los riesgos
y las incertidumbres causados por la dinámica industrial y la opción por un
crecimiento económico exponencial e ilimitado producen daños sistemáticos e
irreversibles en el ecosistema, que afectan y amenazan las funciones vitales de
la naturaleza y la reproducción de la vida.
La conciencia cada vez mayor de los riesgos y
la incertidumbre explica por qué aquellos debates y decisiones que antes estaban
reservados exclusivamente a los técnicos y las burocracias especializadas, hoy
adquieren un sentido social y político más amplio. Estos se convierten en
debates y decisiones colectivas, que involucran no solo a especialistas, sino
también a la población en general y, sobre todo, a las comunidades afectadas,
que buscan abrir el espacio de participación ciudadana y hacer sentir su voz
acerca de los impactos de técnicas y modelos de desarrollo. En esta línea se
insertan los debates sobre las consecuencias económicas, ambientales,
sociosanitarias, culturales y políticas ligadas a la implementación masiva de
los gigantescos emprendimientos de carácter extractivo, los grandes planes de
infraestructura y los nuevos sistemas agrarios tendientes al monocultivo, que,
entre otros megaproyectos, avanzan en nuestro país.
Lejos de ser naturalizados, aceptados
acríticamente o sin discusión por parte de la población, estos megaproyectos
comienzan a convertirse en motivos de problematización y de intensos debates
sociales. Así ha sucedido con la megaminería en nuestro país, alrededor de la
cual, desde 2003, se han venido desarrollando fuertes resistencias y
cuestionamientos.
La misma respuesta comienza a avizorarse con
respecto al modelo sojero, visto sus impactos sociosanitarios, el desplazamiento
y la criminalización de poblaciones campesinas e indígenas, el avance del
desmonte y la utilización masiva de agrotóxicos.
También ocurre con el modelo urbano, marcado
por la especulación inmobiliaria, la emergencia habitacional, la multiplicación
de construcciones “premium” y los megaemprendimientos residenciales y
turísticos. Por último, la extracción de los hidrocarburos no convencionales, a
través de la metodología de la fracturación hidráulica o fracking se inserta
asimismo en este registro controversial, debido a los daños ambientales y
sociosanitarios que involucra.
Estos modelos presentan en común una matriz
extractiva que es necesario analizar en detalle, a la vez que alimentan una
dinámica de despojo o desposesión de bienes naturales, de territorios y, por
ende, de derechos individuales y colectivos. Todo ello nos impulsa a pensar que
la Argentina que hoy tenemos está lejos de ser el producto de una “década
ganada”, aunque tampoco se trata de una “década perdida”.
Más sencillamente, lo que hay frente a nosotros es un
país hipotecado social, económica y ambientalmente por modelos de desarrollo
insustentables o, como hemos decidido llamarlo aquí, por modelos de
maldesarrollo.
Este libro propone explorar, analizar y
desarmar los diferentes modelos de maldesarrollo que hoy se expanden en nuestro
país, así como dar cuenta de las formas de resistencia colectiva que los mismos
han venido generando. Nuestro enfoque no pretende reducirse a la denuncia, ni al
análisis empírico, ni a la sucesión de estudios de casos, sino que busca ser un
aporte a la comprensión global de los modelos de maldesarrollo y sus dinámicas
–sociales, políticas y económicas–. Para ello nos
valemos de conceptos críticos y conceptos-horizontes que abren la posibilidad de
pensar otro tipo de sociedad.
Si bien este libro no aspira a tener un
carácter exhaustivo, son numerosos los caminos que emprenderemos para dar cuenta
de la Argentina del extractivismo y el despojo. Así, en el capítulo 1 planteamos
un recorrido por algunos de los temas y conceptos fundamentales desde los cuales
proponemos leer las problemáticas territoriales y socioambientales que
caracterizan a la Argentina contemporánea. Se trata de conceptos generales que,
más allá de las especificidades nacionales y los diferentes contextos,
pueden aplicarse al análisis del actual escenario
latinoamericano: Consenso de los commodities, extractivismo, maldesarrollo,
justicia ambiental, territorios y lenguajes de valoración.
En el capítulo 2 abordaremos el surgimiento de
la cuestión ambiental en nuestro país. Para ello, en una primera parte daremos
cuenta de cuáles han sido los avatares modernos del Derecho y su visión acerca
de la naturaleza, para adentrarnos luego en los principales conflictos de los
últimos doce años (2002-2014) que han contribuido a pensar y visibilizar la
cuestión ambiental en nuestro país. El capítulo 3 toma el espinoso tema de los
pasivos ambientales y las zonas de sacrificio, pues el maldesarrollo se advierte
también si miramos hacia atrás.
Constatamos, entonces, que la Argentina
arrastra pasivos ambientales de talla y una manifiesta situación de injusticia
ambiental que afecta a las poblaciones con menor poder económico y político. Nos
referimos a procesos de contaminación industrial que comprometen la salud y el
ambiente de millones de argentinos, como sucede en las cuencas del Riachuelo y
el Reconquista. Asimismo, la minería tradicional (como en el caso emblemático de
la provincia de Jujuy, con los yacimientos de Abra Pampa y Pan de Azúcar) y los
enclaves petroleros (como el de Loma de la Lata, en Neuquén, y la zona de
Comodoro Rivadavia, en Chubut, por mencionar solo algunos casos testigo)
ilustran situaciones extremas de maldesarrollo e injusticia ambiental que van
configurando zonas de sacrificio.
En el capítulo 4 nos abocamos a analizar el
proceso de la expansión de la soja, que ha reconfigurado por completo el sector
agrario argentino. Este modelo multiactoral, que
tiene un carácter complejo, trajo prosperidad a determinados actores sociales
(grandes y medianos) y conllevó la exclusión de una profusa capa de pequeños y
medianos productores que no lograron o no pudieron adaptarse a los nuevos
tiempos. Trajo también una mayor concentración económica y, de modo acelerado,
la tendencia al monocultivo de la soja y la expansión de las fronteras de
explotación. Con los años, ello se ha venido traduciendo en un mayor
acaparamiento de tierras, el avance del desmonte y la consolidación de una
lógica criminalizadora que se expresa cada vez
más a través de desalojos rurales y asesinatos de campesinos e indígenas.
Pero si en la frontera el modelo se expresa de
modo más salvaje y brutal, en su corazón ya puede palparse el impacto
socio-sanitario. Así, proponemos también reconstruir los hilos cada vez más
visibles de esa trama que ha convertido a la Argentina en un enorme experimento
masivo, vinculado a la utilización del glifosato y otros agroquímicos.
Seguimos con el capítulo 5, consagrado a la
megaminería, en el que nos proponemos explorar el modelo minero, dedicándonos
muy especialmente a dar cuenta del proceso de conflictividad desatado en 2003,
en Esquel y que alcanzó uno sus momentos más álgidos en 2012, cuando se produjo
la pueblada de Famatina. Es interesante observar que, más allá de la vertiginosa
expansión de la megaminería, en la actualidad existen siete provincias en
nuestro país que prohíben la actividad minera con algún tipo de sustancia
química. Asimismo, por diferentes razones, dos de los grandes emprendimientos
mineros emblemáticos de este período, como son el de Potasio Río Colorado
(primero en manos de Río Tinto y luego, de Vale) y el binacional de Pascua Lama
(de Barrick Gold), han sido suspendidos. Por otro lado, nos interesa indagar la
realidad de las provincias mineras muy especialmente para sopesar la falsedad de
ciertos mitos impulsados por los defensores del modelo minero acerca de los
beneficios que brindaría el sector como generador de empleo, como “motor de
desarrollo”, como contribuyente al Estado, entre otros.
En el capítulo 6 abordaremos las formas del
urbanismo neoliberal, cuya lógica se acopla perfectamente a las formas del
extractivismo vigente: nos referimos así a tres tipos de fenómenos:
·
En primer lugar, al modelo de
ciudad que hoy se impone en nuestro país, expresado en el vertiginoso proceso de
especulación inmobiliaria que mercantilizó hasta el paroxismo las condiciones de
acceso a la vivienda, cuestionando además la tradición de los espacios públicos.
Así, lejos de salir del modelo de ciudad neoliberal, en los últimos diez años
los diferentes gobiernos, sobre todo en la escala local, profundizaron la acción
del mercado de la mano de los grandes agentes económicos –algo ilustrado por las
reformas de los distintos códigos de Ordenamiento Urbano y por los negociados
inmobiliarios–, lo cual choca a todas luces con un modelo de ciudad socialmente
inclusiva y ambientalmente sustentable.
·
En segundo lugar, nos referimos
a la expansión de los megamprendimientos residenciales –al estilo de los
countries–, comerciales y turísticos, que se reactivaron de la mano de
desarrolladores y grandes grupos inmobiliarios a partir de 2004. Un ejemplo de
ello son las urbanizaciones cerradas acuáticas, que construyen su oferta en
torno a paisajes asociados al agua y que hoy amenazan ecosistemas estratégicos y
frágiles, como los humedales y las cuencas de los ríos, imprescindibles para la
sustentabilidad de los aglomerados metropolitanos.
·
Por último, abordamos también el
creciente fenómeno de privatización de los espacios públicos y cercamiento de
bienes comunes (costas de lagos y ríos, entre otros) que, de modo emblemático,
se registra en la región patagónica.
El capítulo 7 trata
el tema de la explotación de los
hidrocarburos no convencionales con la metodología de la fractura hidráulica,
técnica que consiste en el bombeo de fluido (grandes cantidades de agua y
sustancias químicas) y arena, a elevada presión, a fin de producir
microfracturas en la roca madre que almacena los hidrocarburos. Los riesgos
ambientales de este método de explotación son numerosos y de corto plazo:
contaminación de aguas subterráneas y superficiales, lubricación de fallas
geológicas que origina movimientos sísmicos, utilización intensiva del
territorio, entre otros.
Durante los años 2012 y 2013 seguimos con
detenimiento la problemática en aquellos territorios en los que avanza la
explotación de los hidrocarburos no convencionales, particularmente en las
provincias de Neuquén y Río Negro.
En este tema nos interesa ir más allá de
las narrativas “eldoradistas” que recorren el discurso del poder (político y
económico), para indagar en los puntos ciegos de los aspectos técnicos y
ambientales, pero también en los entramados económicos y políticos.
Por último, en las conclusiones, sin abandonar
los conceptos críticos que jalonaron nuestro análisis, proponemos una reflexión
más general con la ayuda de conceptos-horizontes, por medio de los cuales
creemos que resulta posible pensar otro vínculo con el ambiente, otra
racionalidad, otro modelo de sociedad. Conceptos como los de bienes comunes,
derechos de la naturaleza, ética del cuidado, estarán en el centro de nuestra
reflexión, que se nutre tanto de la tradición del pensamiento crítico
latinoamericano como del lenguaje de las luchas y resistencias colectivas.
Asimismo, también traeremos al debate la necesidad de pensar una agenda de
transición y de alternativas al extractivismo, una discusión cada vez más
necesaria en la Argentina de hoy.
*Primera edición, 2014 © Katz
Editores Benjamín Matienzo 1831, 10º D 1426-Buenos Aires c/Sitio de Zaragoza, 6,
1ª planta 28931 Móstoles-Madrid www.katzeditores.com
© Maristella Svampa y Enrique Viale, 2014
Cuando
proponemos esforzarnos, abajo y a la izquierda, por sustituir la agenda pública
con el planteo de "ir más allá de las narrativas “eldoradistas” que
recorren el discurso del poder (político y económico), para indagar en los
puntos ciegos de los aspectos técnicos y ambientales, pero también en los
entramados económicos y políticos".
Vecinos podrían bloquear Vaca Muerta:
sufrieron 20 sismos en 24 horas
24 de enero de 2019
“Se nos
están partiendo las paredes de las viviendas, y las más precarias se están por
caer”, manifestaron los vecinos, quienes amenazan con realizar un bloqueo para
los vehículos de la actividad petrolera.
NEUQUÉN (ADNSUR)
– Vecinos del paraje Sauzal Bonito, ubicado a dos kilómetros del área Fortín de
Piedra de Vaca
Muerta, en la cuenca neuquina, se vieron afectados desde ayer
miércoles y hasta la madrugada de este jueves por más
de 20 sismos de distinta intensidad que
provocaron
daños en las viviendas y
anticiparon que si las autoridades provinciales no atienden la problemática de
la zona, podrían
realizar un bloqueo para
los vehículos que ingresan al área de operaciones.
En diálogo con Télam, un vecino del poblado rural, Carlos Pérez, explicó que “esto empezó hace unos meses, antes no había sismos, creemos que el causal son los trabajos no convencionales de las petroleras, la fractura hidráulica”.
“Sentimos
más de 20 movimientos durante el miércoles, y este jueves a la mañana volvió a
temblar”, relató Pérez y agregó que “se
está enfermando la gente, los chicos tienen mucho miedo”.
Fuente:
De
modo que se agravan y en corto plazo las consecuencias de la explotación
hidrocarburífera. Volvamos al libro Maldesarrollo...de
Maristella Svampa y Enrique Viale que analiza la situación de Comodoro
Rivadavia donde a 70 Km. está el yacimiento de hidrocarburos convencionales
más grande de Argentina y Néstor Kirchner prorrogó la concesión a la Pan
American Energy por 40 años.
• Como otras localidades petroleras, en los
años noventa el proceso de privatización de YPF afectó mucho a la región, en la
medida en que implicó el desmantelamiento de una economía regional, amparada por
un sistema de relaciones laborales (público y privado) que aseguraba la
producción y la reproducción de la vida social; se produjo, entonces, el pasaje
hacia una economía de enclave, controlada por las corporaciones transnacionales,
con fuertes efectos de fragmentación social. En sintonía con lo ocurrido a nivel
nacional, las medidas desreguladoras y liberalizadoras provocaron profundos
cambios en la estructura económica de la región, en términos de
desindustrialización y aumento de las actividades terciarias, sobre todo en el
comercio y el sector servicios, que en Comodoro Rivadavia pasaron de absorber en
1982 el 48,7% de la población económicamente activa al 58% en 1992 (F. Torres,
2012).
• Comodoro Rivadavia se halla a 70 km de Cerro
Dragón, que es el yacimiento de petróleo más importante del país, donde hay un
conglomerado (cluster) de empresas (BP, PAE, la empresa estatal China CNOOC,
entre otras). Allí se produce el 20% del petróleo del país. La superficie
explotada es equivalente a 17 veces la ciudad de Buenos Aires. Este mismo
yacimiento, que en 1958 había sido otorgado por Arturo Frondizi a la American
Oil Company (Amoco), fue reconcesionado en el 2007 por el gobernador chubutense
Mario Das Neves hasta el 2047, a cambio de muy poco –o casi nada– para el estado
provincial (M. García, 2011). Hoy el cluster concentra unos 20 000 trabajadores.
la expansión de la actividad extractiva genera un desorden social enorme así
como un crecimiento demográfico descontrolado.
• Comodoro Rivadavia se convirtió en la ciudad
argentina con la tasa de sobreocupación más alta del país. El 51,9% del total de
los económicamente activos en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly trabajan más de 45
horas semanales, según el informe del tercer trimestre de 2013 de la Encuesta
Permanente de Hogares (El Patagónico, 29 de diciembre de 2013).
• Comodoro Rivadavia es una de las localidades
del país donde el costo de vida es más elevado, lo que resulta de que muchos
toman como referencia | maldesarrollo para el incremento de los precios los salarios “del
petróleo”. Esta referencia, por supuesto, no tiene en cuenta las enormes
diferencias salariales que separan los salarios pagados en la actividad
extractiva y sus actividades “satélites” del resto del mundo del trabajo: en
marzo de 2010, mientras el sueldo básico de un empleado de una empresa de
petróleo llegaba aproximadamente a los $ 8000, el salario básico de un maestro
de la ciudad –por tomar un ejemplo– rondaba los $ 2000 (F. Torres, 2012). En
2013, un docente con doce años de antigüedad ganaba entre $ 4753 y $ 5229,
mientras que los petroleros estaban pidiendo por un salario mínimo de $17 500.
Más cercanamente, en abril de 2014, según consignaba el diario Río Negro, un
operario inicial petrolero puede cobrar hasta $25 000, con zona y desarraigo,
mientras que un docente inicial cobra $4700 de bolsillo (Río Negro, 28 de abril
de 2014).
• Además de las profundas diferencias salariales, el boom petrolero y
la crisis habitacional son dos coyunturas que van asociadas. Tal es así que,
según un artículo de la revista Crisis de mayo de 2011, “los alquileres llegan a
precios desmesurados –no bajan de los 1500 pesos para un monoambiente o de 2500
por una casita de 2 ambientes–; el precio del metro cuadrado de construcción en
Comodoro vale lo mismo que en Puerto Madero. La proliferación de camionetas 4 x
4 y de altos alquileres, contrasta con la extensión de barrios precarios y
asentamientos: en el sur, el Abásolo, el Moure, el Stella Maris; en el norte, el
kilómetro 3, 5 y el 8” (M. García, 2011).
• Comodoro Rivadavia es una de las ciudades argentinas con el índice
más alto de criminalidad: 28 homicidios ocurridos entre enero y agosto de 2012.
Ese mismo año, el diario La Nación sindicaba que Comodoro era “la capital del
crimen”, con una tasa de homicidios de 14,5 asesinatos cada 100 000 habitantes,
casi tres veces superior al promedio nacional (la última de 2011 fue de 5,5) (Carabajal,
2012). Por ello, tras varios casos de violaciones y dos casos de intento de
violación, ese mismo año la directora asociada para el área externa del Hospital
Regional de Comodoro Rivadavia, Alicia Sampaolesi, propuso repartir silbatos a
las mujeres para alertar sobre situaciones de riesgo. “La intención es repartir
silbatos en forma gratuita a mujeres en la zona centro de la ciudad” (El
Patagónico, 22 de mayo de 2012).25
• Comodoro es una de las capitales nacionales de la trata y la
prostitución. Ciertamente, otra de las consecuencias es la acentuación de los
pasivos ambientales, maldesarrollo y zonas de sacrificio |
tipos de la división sexual del trabajo, o lo
que podríamos denominar una reactualización del patriarcado en contextos de
enclave.
Pues en este universo masculinizado y de
fuertes asimetrías salariales, cobra centralidad la figura del hombre proveedor
y la valoración de una cultura del esfuerzo basada en el trabajo físico. Mayor
violencia entre jóvenes, violencia contra la mujer, homofobia, machismo,
aparecen así asociados. En un marco agravado por las características de enclave
y por el trabajo físico, ello afecta de manera muy negativa sobre los roles que
se asigna a la mujer: por un lado, en un contexto de marcadas asimetrías
salariales, se fortalece el rol tradicional de la mujer
(hombre-trabajador-proveedor; mujer-ama de casa-cuidadora), a fin de garantizar
la reproducción de la fuerza de trabajo.
Por otro lado, se potencia el proceso de
explotación sexual de las mujeres y se cristaliza su rol como objeto sexual. En
un extenso e interesante reportaje publicado en Observatorio Petrolero Sur,
Mercedes Assorati, coordinadora general del Programa Esclavitud Cero de la
Fundación El Otro, afirmaba: El sur del país es un enorme prostíbulo. Esto tiene
una raíz histórica, tiene que ver con el desarrollo de la industria petrolera y
con la presencia de hombres solos que estaban largos períodos de tiempo en
lugares donde no había mujeres. Ahora esto cambió un poco pero es como una
impronta cultural. De manera que la existencia de prostíbulos en el sur es
centenaria y está directamente vinculada a la industria petrolera (Observatorio
Petrolero Sur, 2010).
Vale la pena recordar las declaraciones
realizadas en septiembre de 2013 por el presidente del bloque kirchnerista de
diputados en Santa Cruz, Rubén Contreras, quien, ante la iniciativa de sancionar
una ordenanza para cerrar cabarets en la localidad de Caleta Olivia, advirtió
que sin prostíbulos “puede llegar a haber otras cosas, como violaciones u otras
cosas” y afirmó estar “de acuerdo con que los locales estén abiertos” (La
Nación, 5 de septiembre de 2013).26
En el reportaje mencionado más arriba,
publicado el 21 de abril de 2010, Assorati, afirmaba respecto de los
prostíbulos: “Tenemos en Chubut mucho reclutamiento a partir de la droga,
vuelven drogadictas a niñas de 12 y 13 años y después las insertan al sistema
prostibulario. Esas chicas duran nada, mueren de sobredosis, mueren muy jóvenes,
con lo cual se necesita un recambio más rápido” (ibid.). Asimismo añadía que: A
partir de una investigación de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros
Extorsivos y Trata de Personas de la Procuración General de la Nación (Ufase),
encabezada por el fiscal Marcelo Colombo, pudo reconstruirse un circuito de
trata que va desde Santa Rosa, capital de La Pampa, a la ciudad de 25 de Mayo,
en el extremo sudoeste de esa provincia; de allí se extiende a la localidad
vecina Catriel (Río Negro) y a las neuquinas Añelo, Cutral Co, Plaza Huincul y
Rincón de los Sauces. Todas ciudades petroleras. Según el informe elaborado por
OIM en 2006, existen conexiones entre las whiskerías de Comodoro Rivadavia y las
de Caleta Olivia, que en algunos casos son regenteadas por una misma persona. En
el documento se menciona el caso de un grupo de jóvenes que en 2004 logró
escapar de un prostíbulo comodorense y denunció que las mujeres que allí eran
explotadas habían sido traídas tanto de Salta y Jujuy como del exterior.
En tanto una investigación más amplia logró
establecer que las mujeres procedían de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta,
Tucumán, Mendoza, La Pampa, Entre Ríos y Río Negro. También se probó que en
algunas oportunidades los propios regentes de prostíbulos viajaban al NOA para
realizar la “captación” y tenían bases de apoyo en Tucumán y Capital Federal. El
documento también señala los vínculos de los proxenetas con funcionarios
públicos, empleados de empresas de transporte y telefonía móvil y empresarios
hoteleros (Assorati en la entrevista citada de Observatorio Petrolero Sur,
2010). Tras un operativo en Comodoro Rivadavia que incluyó el allanamiento de
siete departamentos VIP, el ministro de Gobierno de Chubut, Miguel Castro, dijo
al diario El Chubut que “este fenómeno se está registrando ‘en toda la
provincia’” y que “hay que establecer alguna regulación desde el Municipio”. En
razón de ello, según publicó el diario Infobae en abril de 2012, el Concejo
Deliberante comenzó a debatir una ordenanza para reglamentar la prostitución
para el turismo, proyecto avalado por el intendente local, Néstor Di Pierro. Se
trataba de crear una zona roja en un sector destinado al asentamiento de
burdeles, tal como existe en Holanda (sic), para que el Estado “pueda fiscalizar
y controlar” la actividad. “No solo es (para) regular y cuidar sanitariamente,
sino que hay muchos países que generan estos espacios que desarrollan también
los aspectos turísticos, como Holanda”, indicó la directora de Salud municipal,
Judith Jozami, quien también afirmó que además se pretende “fortalecer los
aspectos sanitarios” vinculados con las mujeres que ofrecen servicios sexuales.
Pero lo que resulta más increí- ble es la propuesta de generar un atractivo
“turístico” en base a la prostitución (Infobae, 8 de abril de 2012).27
• Las condiciones de trabajo, la desigualdad,
el ocio, los consumos, las adicciones son otras cuestiones que han generado
numerosos conflictos sociales entre la población de Comodoro Rivadavia. Cabe
destacar la desigualdad existente entre los trabajadores del petróleo (los
llamados “dragones”, que son empleados como soldadores, operadores de hidrogrúa,
etc.) y quienes responden a una larga lista de empresas contratistas y, aunque
muchas veces hacen la misma tarea que los petroleros, cobran un 30% o un 40%
menos de salario (Diego Genoud, 2012).
Por otro lado, como sugiere Sebastián Barros,
profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia (UNPAT) e investigador del
Conicet, desintegración social y organización de tiempo de trabajo aparecen
entrelazadas. Barros cuestiona no solo el sobretrabajo –el hecho de tener que
trabajar más de 16 horas–, sino la falta de injerencia del Estado que no legisla
sobre la problemática. De aquí se desprenden diferentes conflictos, muchos de
los cuales se traducen en la vida cotidiana y por los que el trabajador
petrolero termina, de alguna manera, siendo discriminado. “También necesita
pensarse en el tiempo de ocio ¿Qué hace esos tres días en los que el trabajador
regresa a su hogar? ¿Qué otras opciones tiene el trabajador que no sea ese
consumo suntuario que generalmente las clases medias le critican?” (Barros,
2012).
Otra cuestión es la exacerbación de
problemáticas sociales como la adicción. En conversación con uno de los autores
de este libro, Barros habló acerca de la relación entre adicciones y
trabajadores del petróleo, en Comodoro Rivadavia, según el cual una de las
operadoras petroleras de la zona tendría 70 trabajadores internados por adicción
(hacia mediados de 2012). Un dato escalofriante que obliga a preguntarse sobre
las condiciones de trabajo en el área petrolera y la política que sobre el tema
de las adicciones tienen las empresas petroleras. Al respecto, el subgerente de
Salud Ocupacional y Programas Nacionales de Prevención, Germán Canteros, sostuvo
que “las adicciones y el trabajo tienen un gran índice, es difícil comprobar si
tienen que ver con las situaciones laborales o si tienen que ver con la vida
particular de las personas”, dijo. No obstante, consideró que el tipo de trabajo
podría tener alguna injerencia porque “se debe tener en cuenta que son personas
que sufren un desarraigo y están en lugares inhóspitos. Pero a eso hay que
estudiarlo, no hay ninguna estadística que lo demuestre”.28
En un interesante artículo referido a localidades petroleras de las provincias de Neuquén y Río Negro, los periodistas Alicia Miller, Rubén Larrondo y Damián Coppone (Río Negro, 9 de noviembre de 2009) sostenían: La industria petrolera ha cambiado el paisaje humano de varias áreas del país. Ha hecho nacer ciudades en desiertos, y las pobló de personas con sueldos altos. Pueblos con más hombres que mujeres. Lugares de tránsito. Tienen en común la profusión de casinos, bares y cabaret y la escasez de propuestas artísticas, académicas o deportivas. Esto determina, en cierto modo, los modos de vivir. Y evidencia que el bienestar económico no es garantía de una buena salud psíquica, familiar y social. Es una constante la prevalencia de consumo abusivo de alcohol y cocaína en personas que trabajan en empresas petroleras, y también la ludopatía. […] Es habitual que un petrolero justifique el consumo en motivos como la “exigencia del trabajo”, los horarios nocturnos, la lejanía de la familia o las semanas en los pozos. Por la dificultad de obtener datos, no se hace una estadística de personas adictas a la cocaína en la industria del petróleo, pero extraoficialmente se admite que el porcentaje es alto. El abuso de alcohol es más visible, aunque no menos grave.29
• La situación ambiental es igualmente
preocupante en Comodoro Rivadavia: El Patagónico publicó que (…)
En suma, Comodoro
Rivadavia se ha convertido en un emblema del mal desarrollo, una ciudad que
combina los índices de sobreocupación, con altísimas tasas de criminalidad y
exacerbación de graves problemáticas sociales, como la trata, la prostitución,
las adicciones, entre otros. Frente a estos datos tan variados como
contundentes, ¿acaso alguien podría negar los enormes impactos sociales y la
reconfiguración territorial que las actividades extractivas a gran escala
(convencionales y no convencionales), producen en las sociedades locales? Desde
los oficialismos y las empresas, sin embargo, los discursos afirman que las
actividades hidrocarburífera y minera no compiten ni desplazan a las economías
regionales preexistentes o, en el límite, minimizan el carácter pluridimensional
y la envergadura de sus impactos. Así, debemos pensar la contaminación no solo
como un proceso ambiental, sino también como algo más amplio y global, que
incluye la esfera social, económica y cultural. Algo que nos interroga, sin
duda, acerca de si ese es el tipo de sociedad que queremos construir para
nosotros y las futuras generaciones.
---
Pasivos ambientales no
reconocidos o no remediados, injusticia ambiental que golpea crónicamente a las
poblaciones más excluidas, con menos poder económico y político, en fin, zonas
de sacrificio ligadas a la explotación industrial, petrolera, minera...
Ciertamente, al compás de la expansión de los movimientos socio-territoriales,
ligados a la ecología popular, podemos leer estas problemáticas ambientales y
sociosanitarias desde una nueva perspectiva. Sin embargo, los desafíos para el
presente y el futuro son enormes, pues en la actualidad las poblaciones
enfrentan una gran cantidad de megaproyectos de carácter extractivos que se
imponen o buscan imponerse verticalmente, de arriba hacia abajo, de la mano de
grandes agentes económicos en alianza multiescalar con el Estado. En suma, lo
alarmante es el carácter masivo o la gran escala que en nuestro país pueden ir
adquiriendo los pasivos ambientales y las llamadas zonas de sacrificio, en el
marco del avance de la dinámica de acumulación por desposesión.
*Primera edición, 2014 © Katz
Editores Benjamín Matienzo 1831, 10º D 1426-Buenos Aires c/Sitio de Zaragoza, 6,
1ª planta 28931 Móstoles-Madrid www.katzeditores.com
© Maristella Svampa y Enrique Viale, 2014
Abajo y a la izquierda, debemos generalizar el involucramiento de
los pueblos de ir más allá de una lucha contra el ajuste y los tarifazos para
descubrir la posibilidad de otro funcionamiento político económico y apreciar la
lucha de la nación Mapuche
así como la de las comunidades indígenas de Jujuy-Salta contra la megaminería de
litio.
Leer
Tarifazos
brutales, energía inaccesible y
ausencia
de mirada integral
1 de
marzo de 2019
Por
Gustavo Lahoud
(Red Eco Alternativo)
Declarar la
Emergencia Tarifaria y recuperar el control público del Sistema Energético
Nacional son las dos medidas fundamentales que plantea el informe sobre
la crisis energética y los tarifazos realizado por Gustavo Lahoud, investigador
del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP).
En el marco de la crisis desatada por los tarifazos impulsados por el gobierno
nacional, que han cuadruplicado el
peso del gasto en servicios públicos esenciales en los ingresos de un hogar
medio (del 6% en el 2015 a 26% a
fines del 2018), este material, además de exigir la inmediata declaración de la
Emergencia Tarifaria, reclama el necesario replanteo integral de la problemática
energética nacional.
Para Claudio
Lozano, Coordinador del IPPyP, “Este replanteo supone refundar el Sector
Energético en orden a garantizar la disponibilidad, la accesibilidad, la
protección del ambiente, la mayor eficiencia y la diversificación de la matriz
energética hacia fuentes renovables.
Este objetivo
exige terminar con la regulación privatista del sistema que, puesta en marcha en
los noventa, se ha mantenido hasta la actualidad promoviendo el comportamiento
rentístico del sector y su control por un reducido número de agentes económicos.
Regulación sostenida en normas que promueven la dolarización y la
mercantilización del sector.
El camino a dicho
objetivo exige realizar una
Auditoría integral de los balances de las empresas de
luz y gas, desde la declaración de emergencia económica de comienzos de 2002
hasta la actualidad. (Es decir, abarcar todo el período de Duhalde, los Kirchner
y hasta hoy), tarifazos mediante, para profundizar sobre las obras que se
hubieran hecho o no con la montaña de subsidios recibidos, entre otras
cuestiones. Durante el período kirchnerista, se volcaron más de 25.000 millones
de dólares en subsidios a las empresas energéticas, mientras que en tan sólo dos
años de tarifazos- 2016-2017-, la transferencia de toda la población a ese
selecto grupo de privilegiadas, orilló los 16.000 millones de dólares. Esa es la
magnitud de la estafa, con ganancias exorbitantes de las empresas que nadie
explica y con las mismas deficiencias del servicio que se profundizan desde
fines de los ’90. Estafa que, en tanto se explicite, permitirá rescindir
contratos y avanzar con mayor presencia pública en el sistema.
Resulta
imprescindible que el sistema energético salga de la anarquía provocada por la
segmentación de actividades resultantes del proceso privatizador, en orden a
recobrar un sistema energético integrado con unidad de planificación y
dirección, con esquemas centralizados de políticas estratégicas de mediano y
largo plazo.
Otro de los
ejes fundamentales es la rediscusión del esquema de precios de los hidrocarburos,
cuestión que exige recuperar el rol de YPF como empresa testigo en el sector.
Proceso en el cual habrá que impulsar la pesificación de todos los contratos y
tarifas en línea con el hecho objetivo de que Argentina es productor de petróleo
y gas natural, y por lo tanto no tiene porque subordinarse a los costos de
oportunidad asociados a la lógica de importación y exportación de la Empresas
trasnacionales.
De la mano de esta
discusión corresponde declarar a los hidrocarburos como bien estratégico de la
Nación y de las Provincias Argentinas. De modo tal que deben suprimirse las
políticas exportadoras, al tiempo que se desarrollen reservas en función de las
necesidades de abastecimiento interno.
Un capítulo particular merece el
caso Vaca Muerta,
transformado hoy en el nuevo El Dorado que permitiría transformar al país en
exportador de gas no convencional. Al igual que con Loma de la Lata en las
décadas pasadas parece tenderse a repetir experiencias ultra extractivistas ya
fracasadas. En este sentido se propone incorporar a Vaca Muerta como un activo
estratégico en el marco de una planificación de mediano y largo plazo que
recupere horizontes de inversión en las cuencas tradicionales de gas y petróleo
que han sido abandonadas por la presente administración para lanzarse a una
aventura extractiva con las reglas de corto plazo que imprimen los grandes
actores multinacionales.
Tenemos que
recuperar una visión equilibrada del sector respecto a la relevancia de Vaca
Muerta frente a las cuencas Marina Austral, la del Golfo de San Jorge y las
potenciales riquezas de nuestro Mar Argentino y nuestra plataforma continental.
Afirmamos esto, ya que sobre estos territorios terrestres y marítimos se ciernen
los objetivos geopolíticos de EEUU, China y el Reino Unido.
Por último,
poner el foco en la diversificación paulatina del sistema energético,
con la incorporación de fuentes renovables que permitan reducir la dependencia
de los recursos hidrocarburíferos.
En suma, se trata
de recuperar el “control público del Sistema Energético Nacional” abriéndole la
puerta a procesos de nacionalización de los servicios públicos esenciales, con
esquemas abiertos de participación de usuarios y trabajadores que redunden en la
consolidación de nuevas tipologías empresarias”.
---
Presos políticos mapuches castigados por la Gendarmería en el penal de Temuco
27 de
febrero de 2019
El martes a la mañana Gendarmes del penal tomaron represalias contra los mapuches en huelga de hambre. El día anterior desde temprano, los mapuches comenzaron una toma pacífica del módulo de imputados en reclamo de las demandas que los llevaron a comenzar la huelga: el respeto de sus derechos humanos y culturales, contemplados en el Convenio 169 de la OIT.
Por Roxana Paola Randi para ANRed
El
mismo martes los lamien (hermanos) fueron castigados y amenazados por las
autoridades del penal. Consultamos a Karina Riquelme, abogada del Lonko, que
dijo: “están
sancionados por la Gendarmería, como castigo les suspendieron las visitas”.
Riquelme confirmó: “hoy
no dejaron entrar a la Machi que viajó desde muy lejos para ver la salud del
lonko”. Las Machis son las médicas de la comunidad, la visita de la
Machi al Lonko es fundamental, por el derecho a la salud que tiene todo ser
humano, y el rol que cumple el Lonko en la comunidad. Está contemplado en el
Derecho Internacional: es un derecho cultural, y humano protegido por el Comité
de Derechos Humanos de la ONU.
Sin
embargo, como denunció el Lonko: “es
una mentira que la cárcel de Temuco posea protocolos y personal idóneo a nuestra
cultura. Por eso hasta alcanzar soluciones seguiré movilizado, por la necesidad
espiritual, por el lineamiento político, por dignidad”.
Los
pueblos originarios según el Derecho Internacional están
protegidos por su aporte a la diversidad cultural. “En
agosto del 2018 Chile fue examinado por el Comité
contra la Tortura de la ONU, en conclusión, hay malos tratos en las cárceles
chilenas equivalentes a la tortura. Chile firmó el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU que
en su artículo 27 dice: “En los Estados donde existan minorías étnicas,
religiosas o lingüísticas no se les negará a las personas de dichas minorías el
derecho que les corresponde en común con los demás miembros de su grupo, a tener
su propia vida cultural, a profesar su religión, y a ampliar su propio idioma”.
La
flagrante violación de los derechos humanos y culturales por parte del Estado
chileno, llevó a los comuneros mapuches y a su Lonko Jones Huala, a la huelga de
hambre. Mientras el pueblo mapuche profundiza la lucha por su territorio
ancestral, el Estado chileno los criminaliza con el marco de la ley
antiterrorista. Pero el Estado argentino actuó de igual manera con el Lonko y
con la comunidad mapuche, utilizando la ley antiterrorista como herramienta
jurídica para hostigarlos, desconociendo por completo la recomendación del Comité
contra la Tortura de la ONUque sugirió al Presidente Macri “no extraditar a
Jones Huala por las condiciones inhumanas, y los tormentos que se aplican en los
penales chilenos”.
Detrás del hostigamiento hay razones económicas: en los territorios mapuches
quieren llevar a cabo el extractivismo minero, los negociados del fraking en
“Vaca Muerta” promocionados por el Presidente Macri, el negocio de las
hidroeléctricas de Lewis, y las tierras robadas hace más de dos siglos
entregadas al magnate Beneton, zona que hoy es territorio en recuperación por la
lucha mapuche que conocemos como “Lof (comunidad) en Resistencia Cushamen”.
Este saqueo planificado del capitalismo extractivista es el verdadero propósito
de la persecución al pueblo mapuche a ambos lados de la cordillera. La
consecuente lucha mapuche lastima los intereses de los magnates que se han
instalado estratégicamente en los territorios ancestrales de la Patagonia.
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Fuente: https://www.anred.org/?p=111110
