Veamos cómo el modelo productivo está en
contradicción
con necesidades e intereses populares.
Los gobiernos K han conseguido amplio consenso, en parte fundamental, por posibilitar juicios y castigos a planificadores y ejecutores del genocidio durante la dictadura militarizada de la alianza de factores locales de poder con los grandes capitales financieros e industriales de las potencias imperialistas, hoy todavía bajo liderazgo de EE.UU.. Juicios y condenas que se deben a la lucha pasada y presente de los organismos de derechos humanos y partidos de izquierda. Porque los presidentes K no abrieron los archivos estatales ni escucharon cómo agilizar los juicios y volverlos más efectivos. Los aprovecharon para construir el mito de que el Estado terrorista en aquel entonces ha sido superado gracias a su autodenominado "gobierno de derechos humanos". Para completar la inculcación de esta creencia silenciaron a la mayoría de los organismos humanos, los condujeron a dar la espalda a la profundización de la Memoria, Verdad y Justicia. Esos organismos, al igual que partidos progresistas e izquierdistas K, han claudicado al compromiso con la lucha contra los opresores e ideales de sociedad-país de los 30.000 y contra la actual violación de derechos humanos de los diversos de abajo.
El FpV realiza batalla cultural con el
objetivo de crear la
convicción general de que la democracia en vigencia enterró al Estado
terrorista. De ahí que ninguneó e invisibilizó la segunda desaparición forzada de Jorge Julio
López y encubrió al Estado que la hizo posible. También resignificó a la ESMA con la consigna de llenarla de la vida
'promisoria debido al proyecto nacional-popular'. Por supuesto, nada de análisis
y debate sobre porqué hubo terrorismo de estado o cómo los integrantes del poder económico e
imperialista sobre Argentina son los principales impunes de ayer y hoy. Sería descubrir de
que la democracia desde 1984 hasta hoy legaliza y legitima al proceso de
concentración y transnacionalización económico territorial que implantó la
proimperialista dictadura cívicomilitar.
En ese bloqueo de la Memoria, Verdad y
Justicia están el brindis-asado en la ESMA que Julio Alak, ministro de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, organizó para fin de año y la
actitud desafiante de la Presidente de multiplicar esos festejos.
Sin tamaño
lavado de cerebro no habría sido posible instalar como fetiche al modelo productivo ni
encauzar la rebelión popular de 2001-2002 hacia la actual subordinación
al poder económico de las transnacionales y sus socios locales, es decir, la
conciliación con los responsables fundamentales del genocidio en los '70.
Esta metodología de persuasión a las mayorías de qué y cómo pensar ya fue anunciado por Cristina Fernández de Kirchner dos semanas antes de asumir la primera presidencia. Comunicó que daría batalla en el terreno de la “interpretación y decodificación de qué es lo que se muestra”. Explicó su brega por establecer –para nosotros, los de abajo- “cuál es la Argentina que nos quieren hacer ver y cuál es la Argentina real”. Lo principal para ese logro ha sido la fijación del enmarcamiento perceptivo de cualquier conflicto con el orden instituido. Hasta la izquierda sin explícita adhesión al FpV ha caído en esa trampa que inhibe análisis integral de la situación en curso y posiciona en la superficie e inmediatez de dicha realidad político social, con lo cual resulta funcional al esquema de gobernabilidad de la Presidenta. Ejemplifico con la nota Del "anti-asado" a la crítica política de Tomás Rebord, quien plantea:"(...) La propuesta no es deslegitimar que tan ofensivo puede parecerle a alguien la actividad llevada a cabo en la ex ESMA, ni tampoco caer en el facilismo de repudiar una movilización por coincidir con la presunta "agenda" de los grandes multimedios; si se piensa desde estos ejes cualquier causa por noble o justa que sea, sería desprestigiable. Sin embargo, es necesario repensar la "escala de valores" política, a la hora de hacer visible un malestar social.
Moviéndonos en la realidad de hoy en día, con nuestra coyuntura propia, con
los pertinentes avances en el área de Derechos Humanos y también con sus
debilidades, ¿Qué grado de utilidad reporta socialmente el indignarse, el
movilizar, el repudiar, cuando al fin y al cabo, el disparador fue esta
actividad? ¿No existen acaso, causas de mayor urgencia, cuestiones más
graves, más indignantes a las cuales atender? Entramos nuevamente al terreno
de la subjetividad absoluta, donde cualquier postura es válida, y nuevamente
a nivel ético el que haya "males peores" no le quita importancia a
los menores; pero entonces, ¿Si hago mi legítimo repudio detrás de este ya
mencionado disparador, todas mis críticas que aprovecho a expresar, no se
ven "comidas" detrás del slogan mediático? La Nación, medio de
comunicación que apoyó todo golpe de estado que hubo en la Argentina,
tituló: "Exigen la renuncia de Alak por el asado en la ex ESMA".
La
no-acción no es una opción, con lo expresado no se sugiere que dadas las
podridas condiciones de los canales de expresión la salida sea una pasiva
resignación, pero se debe ser consciente de qué juego uno está siendo
partícipe, al dejarse enfocar por los polarizadores sociales por excelencia,
y en ese caso, estando de acuerdo con la banalización de sus ideas, entender
en qué lugar deja parado al recurso mismo de la manifestación pública con
respecto a los conflictos sociales.
Los
crímenes por trata de personas no se detienen, la megaminería contaminante
continúa arruinando nuestros suelos, los campesinos del MOCASE siguen
cayendo, estamos en vísperas del año de los asesinatos de Jere, Mono y Patom,
militantes sociales, Imer Flores (joven Qom) apareció muerto el sábado
último en Villa Río Bermejito, Formosa... Y lamentablemente la lista sigue.
El Martes 8, en Buenos Aires se marcho repudiando un asado.
Leer
Javier,
lector de la nota, acierta en rumbos a la libertad de expresión y
comunicación e intercambios de la pluralidad de opiniones. Comenta:
“DISCREPO
CON LA "LITERALIDAD " del análisis, asado mediante, prefiero
poner sobre la mesa que por primera vez aparece en forma pública o más bien
manifiesta dos aspectos que hacen a las políticas de DDHH, la visibilización
de actores distintos y contrapuestos a los que de alguna manera
hegemonizaron la escena publica con la bendición gubernamental, y por otro
desnuda una falta de debate, una expropiación de los sentidos, acerca de los
espacios de la Memoria, sus usos, funciones, "resignificaciones", etc.,
lo cual si no es muy urgente, si es muy importante”.
En fin,
Tomás Rebord
no sólo soslaya que
quienes se manifestaron repudiando la banalización de la lucha por
Memoria, Verdad y Justicia son militantes consecuentes con las luchas
emancipatorias e interpelan a los de abajo para debatir
también el rol de los organismos de derechos humanos como propone Hijos La
Plata en “Carnaval de la memoria o espacio de lucha”
Leer.
Sino sobre
todo desconoce que el encuentro Memoria, Verdad y Justicia escucha e
intenta dialogar con la diversidad de organizaciones en resistencia a cada
una de las graves consecuencias del modelo productivo y de desarrollo.
Porque
se involucra en los
esfuerzos abajo por procurar la unidad en diversidad
para el poder popular de acabar con la impunidad
de los que convocaron a las FF.AA., financiaron el terrorismo de estado e
implantaron así al neoliberalismo y con el neodesarrollismo completan el
apoderamiento totalitario del país-continente y practican genocidios
silenciosos.
Hay gravísimas consecuencias sociales y medioambientales del crecimiento económico que el FpV oculta. Además de destaparlas, es crucial instalar debates sobre si corresponde:
1. Distribución justa de
riquezas o
cambio de modelo productivo para erradicar la pobreza.
Frente a estallidos de desposeídos y
excluidos en forma de saqueos
la Liga Argentina de
los Derechos del Hombre declara:"El
gobierno nacional insiste en la tesis de los “infiltrados” y las
“conspiraciones” funcionales a los planes de la derecha, de
desestabilizar el gobierno para impedir que se avance en la ampliación de
derechos y se cumplan algunas de las promesas de democratizar la palabra y
combatir la pobreza, como se insinúa en la expropiación del predio de la
Rural; expropiación que apoyamos y proponemos extender a todos los activos
empresarios mal habidos por operaciones vinculadas al Terrorismo de Estado
como el patrimonio de Papel Prensa o la Planta Integrada de Acindar S.A. (...)
No es con balas de goma y granadas de gas lacrimógeno que se resolverán los problemas sociales sino generando una verdadera distribución de la riqueza que siguen acumulando los grandes grupos económicos que monopolizan la producción y comercialización de la soja y los agro productos, la megaminería, el gas, el petróleo y las finanzas. Nos preocupa la liviandad con que se utilizan términos propios del discurso represor como “infiltrados” que nos retrotraen a épocas fatales para la democracia.
No auspiciamos los saqueos sino la organización popular y la unidad de los que queremos democracia verdadera y por ello proponemos distribuir la riqueza para democratizar la democracia". Leer
No es con balas de goma y granadas de gas lacrimógeno que se resolverán los problemas sociales sino generando una verdadera distribución de la riqueza que siguen acumulando los grandes grupos económicos que monopolizan la producción y comercialización de la soja y los agro productos, la megaminería, el gas, el petróleo y las finanzas. Nos preocupa la liviandad con que se utilizan términos propios del discurso represor como “infiltrados” que nos retrotraen a épocas fatales para la democracia.
No auspiciamos los saqueos sino la organización popular y la unidad de los que queremos democracia verdadera y por ello proponemos distribuir la riqueza para democratizar la democracia". Leer
En cambio,
ante
la semana en que "se conmemoraron las jornadas del 19 y 20 de diciembre del
2001, y se cruzaron en el análisis con los episodios de saqueos a mercados
producidos en el Gran Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, o Neuquén",
Julio C. Gambina advierte:
"La
situación social de la Argentina se explica por los cambios ocurridos en los
últimos decenios, especialmente en la década del 90´, los que
estructuralmente no han sido revertidos, y que las políticas económicas
establecidas en la década gobernada por el menemismo y la Alianza, el PJ y
la UCR, generaron un piso estructural regresivo en la composición social de
la Argentina.
Carácter estructural de la pobreza
La
pobreza no es un dato coyuntural, tiene dimensiones estructurales, y se
visibiliza en las aglomeraciones circundantes a los grandes centros urbanos,
constituyendo la base problemática de la insatisfacción social en materia de
alimentación, salud, educación, vivienda, o empleo. A ese cuadro objetivo
debe adicionarse la conflictividad social y la diversidad de fenómenos
crecientes de una economía del delito asociada a la trata de personas, la
droga, o el empleo esclavo. La extensión estructural del fenómeno de la
pobreza constituye la base material de ese cuadro de deterioro social.
Entre otros datos del fenómeno estructural de la pobreza, se manifiesta en más de un tercio de los trabajadores en situación irregular, es decir, sin cobertura social; en la precarización del empleo y la tercerización. También se expresa en la llamada “inclusión social” con ingresos mínimos que suponen los planes de asistencia social, sean las asignaciones para menores, las jubilaciones sin aportes históricos de los beneficiarios, o los planes de empleo asociados a organizaciones cooperativas. El 75% de los jubilados nacionales perciben la mínima, en el orden de los 1.900 pesos mensuales, y el salario mínimo está en $2.670 y subirá a $2.875 en febrero del 2013.
Los
ingresos de este conjunto social, mayoritariamente trabajadores activos o
pasivos, les posibilita accesos limitados a la canasta de consumo necesaria
para la reproducción de la vida cotidiana de la familia trabajadora en la
Argentina. Más allá de los datos oficiales, las necesidades de ingreso
individual rondan los $5.000 pesos al mes.(...)
¿Se puede ir más allá de la política social?
La cuestión de fondo sigue siendo el saldo en pobreza derivado de políticas de reforma estructural que se generalizaron en los 80´ y más precisamente en los 90´, con lo que el debate sigue siendo la posibilidad de confrontar con el legado neoliberal que instaló el terrorismo de Estado a mediados de los 70´ y que fuera potenciado en la última década del Siglo XX. No alcanza con políticas sociales masivas, aún bajando los peores indicadores sociales del pasado reciente. La discusión está en la orientación de la acumulación, la apropiación del excedente económico y la calidad de vida del conjunto social. En definitiva, se discute el modelo productivo y de desarrollo, la política económica y sus beneficiarios.
Vale
la expropiación de YPF, pero: ¿qué asociaciones productivas para la
inversión son las necesarias para una estrategia energética soberana? Ello
supone discutir el para qué de la energía y para uso de quién, tanto como la
tecnología a utilizar y el cuidado de la naturaleza. En ese sentido resulta
de interés retornar bienes apropiados indebidamente por la oligarquía, como
el predio de la Rural; tanto como debería restituirse a los jubilados los
recursos establecidos en sentencias en firme que el Estado adeuda, o
restablecer el 82% móvil. La política de desendeudamiento tiene que
privilegiar la deuda interna social con los desfavorecidos, y auditar e
investigar la deuda que hoy se cancela rigurosamente, y suspender los pagos
mientras se investiga.
En
síntesis, el problema no son las maniobras o las manipulaciones, que pueden
existir, la cuestión de fondo es la pobreza y la política económica, puesta
en ejecución para hacer funcionar el capitalismo local, la valorización de
los capitales y la apropiación privada del excedente producido socialmente.
¿Puede
pensarse en otra política económica para otro orden? Es una cuestión que no
se define en el mercado, sino en la capacidad política de disputar hegemonía
para la organización del orden social, económico y político, con lo cual
tienen razón los que suponen un carácter político e interesado de las
protestas sociales, las que anticipan un futuro cercano de conflictividad
para el 2013.Leer
2.
Protagonismo y control social sobre los formadores de precios o unidad en
diversidad abajo para
constituir la democracia real ya
¿Por qué rebrota la inflación en Argentina? Causas y soluciones
Economistas de Izquierda- EDI
La
inflación ha reaparecido nuevamente como un grave problema. Coincidiendo
con la percepción cotidiana de la población, la mayoría de las
estimaciones sitúan la carestía entre el 15 y el 25% anual. Estos
porcentajes, que manejan las consultoras privadas y los institutos
provinciales, son congruentes con el incremento de la recaudación
impositiva en el primer trimestre (18%) y con el promedio de las
negociaciones salariales (18-25%). Estas cifras se encuentran muy lejos
de los desastres hiperinflacionarios de los años ‘80 / ‘90 y reflejan
también coyunturas estacionales pero, en el mejor de los casos, la suba
de precios se ha estabilizado en un nivel que golpea duramente a las
mayorías populares.
Para quienes integramos Economistas de Izquierda (EDI) la principal razón de
la carestía es que los precios aumentan para mantener la rentabilidad de las
grandes empresas. Los grupos capitalistas más concentrados se aseguran
beneficios elevados por medio de la inflación. Nuestra conclusión surge de
una simple constatación: sólo los capitalistas pueden implementar
remarcaciones. Los asalariados, el grueso de la clase media y la inmensa
mayoría de la población son simples consumidores de los bienes cotizados por
los grandes formadores de los precios.
Para nosotros es importante subrayar esta evidencia para no perder de vista
quiénes son los verdaderos responsables de la inflación. Cualquier discusión
que omita esta realidad conduce las reflexiones hacia un laberinto. Hay que
debatir cuáles son las razones que impulsan a los empresarios a subir los
precios y evaluar si se trata de actos voluntarios, obligados o perversos.
Pero antes de calificarlos es necesario asumir su protagonismo en la
carestía, ya que existe un manifiesto ocultamiento de ese rol. Los gobiernos
suelen determinar algunos precios básicos de la economía (tipo de cambio,
tarifas, salario mínimo) y adoptan políticas que aceleran o atenúan la
inflación. Pero quiénes remarcan los precios son los capitalistas.
Los dueños de las empresas no limitaron estos aumentos, ni siquiera durante
la recaída productiva del complicado año pasado. Los balances de las firmas
que cotizan en Bolsa indican un crecimiento de las utilidades promedio de
51,7% en comparación al 2008. Hubo sectores muy beneficiados (bancos,
telefónicas, siderúrgicas), pero la performance fue muy buena para todos en
el peor ejercicio del ciclo iniciado en el 2003. Otro cálculo más extendido
revela que la rentabilidad bruta fue muy elevada entre el 2004 y el 2007, se
atenuó posteriormente y se mantuvo siempre por encima de los años ‘90. El
nivel el año pasado se ubicó por ejemplo un 15% por arriba del 2001.
Un indicador de la inflación como ajustador de las ganancias es el
comportamiento de los precios mayoristas, que tiende a subir en forma
preventiva para asegurar el colchón de rentabilidad. Este mecanismo de
actualización ha quedado incorporado desde hace décadas a la conducta
habitual del capitalista argentino.
Durante la reactivación del 2002-07 las ganancias extraordinarias generadas por la mega-devaluación atenuaron la incidencia del recurso inflacionario. Pero desde que el modelo económico perdió capacidad para generar beneficios fáciles, la escala de precios volvió al primer plano. Este retorno opera como un instrumento patronal para neutralizar la recuperación del salario. Desde la reactivación del 2003 las remuneraciones lograron una progresiva reconstitución del poder de compra perdido durante la hecatombe precedente. Cuando esa recomposición alcanzó su techo (2007), los empresarios retomaron la inflación para diluir en el mercado la mejora obtenida por los trabajadores. Este resurgimiento de la carestía para desvalorizar los salarios se mantuvo en el 2008 y no decayó con recesión posterior.El mismo papel ha jugado la inflación frente a la recuperación del empleo. Para contrarrestar el efecto de la creación de 2,2 millones de puestos de trabajo en blanco durante los últimos seis años, los capitalistas preservan beneficios vía precios. Por ese camino compensan la recomposición de las remuneraciones que tuvieron de los asalariados del sector formal.Los empresarios no pueden recurrir a los mecanismos de ajuste de los años ‘90 (desempleo y deflación) en un contexto de crecimiento y reconstitución de la lucha social. Por eso utilizan la inflación como contrapeso a un legado de la rebelión popular del 2001 que se refleja en la renovada gravitación de los sindicatos.
Ciertamente esta utilización patronal de la inflación como sustituto de los despidos y la reducción salarial es un rasgo general del capitalismo contemporáneo. Pero en Argentina siempre ha presentado un nivel superior al promedio internacional. En la actualidad por ejemplo, la tasa de de inflación es nueve veces mayor que la media global y se ubica cinco o seis veces por encima del promedio de los países vecinos. En el 2009 fue solo superada por seis países en el mundo y triplicó la media latinoamericana.
Estos datos confirman la perdurabilidad de una conducta empresaria
adiestrada en la gestión de negocios en marcos inflacionarios. Mantienen
este hábito por memoria, tradición e impunidad y es un comportamiento
análogo a la fuga de capitales. Ante cualquier temor o perturbación se
remarcan los precios y se gira el dinero al exterior. Estos reflejos han
vuelto a operar y por esta razón la inflación no ha bajado de dos dígitos en
los últimos tres años.(...)
Conclusiones y propuestas
Para los Economistas de Izquierda la inflación actual no es un problema más de la economía argentina. Es en este campo que se concentran todos los desequilibrios del modelo. La carestía expresa la impunidad que mantienen los grandes capitalistas para preservar sus ganancias, agravando los padecimientos del grueso de la población. La suba de precios indica el agotamiento del período de ganancias fáciles que siguió la mega-devaluación del 2002 e ilustra el predominio de los grandes formadores de precios en condiciones de escasa inversión.
Para nosotros la inflación no es un problema que puedan resolver los
expertos en un gabinete. Ningún especialista que trabaje en este tema es
neutral. Puede poner sus conocimientos a disposición de los poderosos, del
gobierno de turno o del movimiento social.
Para frenar la carestía y preservar el poder adquisitivo de los ingresos
populares, es necesario adoptar un conjunto de medidas tendientes a la
administración directa de los precios, pero para ser efectivas estas medidas
deben estar sostenidas por el protagonismo y el control social.
Un paso previo es la reconstitución de indicadores confiables. Los
trabajadores y técnicos del INDEC, que fueran desplazados por la actual
intervención, ya han elaborado propuestas tendientes a la gestación de un
instituto de estadísticas autónomo de los gobiernos. Economistas de
Izquierda apoya y se suma a estas iniciativas que de concretarse serán un
avance colocando al INDEC fuera de toda manipulación del Poder Ejecutivo.
Sin embargo una buena medición sólo aportará termómetros eficaces para
remediar la enfermedad.
-
Un punto de partida indispensable es proteger el poder adquisitivo de los salarios y demás ingresos populares. La implantación de la escala móvil de salarios y otros ingresos (jubilaciones, pensiones, planes sociales), que permita el ajuste automático según la inflación es nuestra propuesta. Para nosotros esta indexación no recicla en forma inexorable la calesita de precios y sueldos, esto solo sucede si los beneficios permanecen intocados. Para nosotros si la principal causa de inflación es el alto nivel de la rentabilidad empresaria la forma de proteger el salario y otros ingresos es recortando las macro-ganancias de los capitalistas.
-
El control directo de los precios, en las empresas formadoras que controlan las cadenas de comercialización, es un complemento indispensable de la escala móvil, tanto para los trabajadores informales y precarizados, que no están cubiertos por negociaciones colectivas, como para los desocupados y pauperizados. Para los Economistas de Izquierda la implementación por el Estado de un sistema de precios máximos de la canasta familiar sólo será eficaz si convoca a la participación directa de los consumidores. El fracaso de Moreno y sus métodos nos exime de mayores justificaciones. Por el contrario un ejemplo de la acción popular fue el freno que impusieron las protestas a los aumentos de tarifas que el gobierno había convalidado en agosto del 2009.
-
Un control efectivo de los precios sólo es factible si conduce a verificar los costos. La única forma de saber cuál es el valor que corresponde a un bien es conociendo cuánto cuesta elaborarlo. Sobre esta contabilidad los capitalistas mantienen un riguroso secreto, argumentan que no pueden compartir una información vital ansiada por todos los competidores. Pero este supuesto viola los códigos de transparencia que postulan los propios capitalistas. En realidad los costos de producción se encubren para ocultar las ganancias, que como hemos señalado constituyen el motor de la inflación. Así como el control de precios requiere de la participación de los consumidores la verificación de los costos de producción necesita de la activa participación y control de los trabajadores para evitar la fuga de capitales y la evasión impositiva, que obstruyen la reconstitución de la inversión.
Para nosotros la lucha contra la inflación no puede justificar techos salariales en las negociaciones colectivas. Los trabajadores no deben ceder su legítimo derecho a proteger su capacidad de compra y a recuperar niveles de ingreso perdidos en las últimas décadas. Las reivindicaciones de “Salario igual a la canasta familiar” o “82% móvil a las jubilaciones” tienen plena vigencia y actualidad. Proteger los ingresos y luchar contra la inflación forman parte de una misma política.
Para EDI enfrentar la carestía es una batalla social, que debe encararse con
plena conciencia de sus alcances. En este sentido el control a imponer debe
ir acompañado de sanciones para todos los empresarios que lo transgredan.
A tal efecto sigue vigente la vieja ley de abastecimiento, que autoriza a
multar, clausurar y llegado el caso, expropiar a remarcadores y generadores
de mercados negros.
En un país exportador de alimentos, dónde los precios internos han estado
siempre directamente conectados a las cotizaciones internacionales, resulta
indispensable introducir el monopolio estatal del comercio exterior. Para
nosotros esta medida es vital para divorciar el precio local de sus
equivalentes internacionales.
Complementariamente la eliminación del IVA a los artículos de la canasta
familiar permitiría una modificación de los precios relativos de directo
impacto sobre la capacidad de compra de los sectores populares. Así como el
establecimiento de Centros populares de distribución y comercialización, que
garanticen que los productos de primera necesidad con precios máximos
lleguen efectivamente a los sectores más necesitados.
Para quienes integramos Economistas de Izquierda la contención de la suba de
precios no se logrará con simples disposiciones administrativas, más allá de
la capacidad técnica y dedicación de quienes las instrumenten. Para que
éstas resulten exitosas es condición ineludible que convoquen a la
participación y movilización de los principales afectados. Si se logra el
objetivo con ese método, el país comenzará a encontrar un sendero de nuevas
soluciones para sus viejas desventuras.
Leer
♣♣♣♣♣
EDI sostiene que la Argentina actual es "un país exportador de alimentos". Cabe discutir esta creencia mayoritaria en base al análisis de cómo se expandió el sistema de agronegocios durante la postconvertibilidad. Está desplazando o arruinando la agricultura de pequeños y medianos productores, arrasando las ecorregiones y desertificando en todos los sentidos del concepto. También hay que tener en cuenta cómo el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020, en plena ejecución, se propone la intensificación del agronegocio cuya consecuencia es la profundización de la destrucción de la soberanía alimentaria y desaparición forzada de campesinos e indígenas.
Se
está consolidando la reestructuración económico territorial del
país-continente en función de proveer commodities al avance capitalista de
EE.UU., Europa, China...
Pero
el progreso capitalista es cada vez más incompatible con las posibilidades
de vida y trabajo de la humanidad entera.
a. Expande
el hambre al acaparar tierras, impulsar el supermercadismo y privilegiar la
especulación financiera
Esther Vivas plantea: “Vivimos en un mundo de abundancia. Hoy se produce comida para 12.000 millones de personas, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cuando en el planeta habitan 7.000. Comida, hay. Entonces, ¿por qué una de cada siete personas en el mundo pasa hambre?
La emergencia alimentaria que afecta a más de 10 millones de personas en el
Cuerno de África
ha vuelto a poner de actualidad la fatalidad de una catástrofe que no tiene
nada de natural. Sequías, inundaciones, conflictos bélicos... contribuyen a
agudizar una situación de extrema vulnerabilidad alimentaria, pero no son
los únicos factores que la explican”.
Historia cómo el progreso del capitalismo genera hambre y demolición de la
soberanía alimentaria ejemplificando con el Cuerno de África:
“La situación de hambruna en el Cuerno de África no es novedad. Somalia vive
una situación de inseguridad alimentaria desde hace 20 años. Y,
periódicamente, los medios de comunicación remueven nuestros confortables
sofás y nos recuerdan el impacto dramático del hambre en el mundo. En 1984,
casi un millón de personas muertas en Etiopía; en 1992, 300.000 somalíes
fallecieron a causa del hambre; en 2005, casi cinco millones de personas al
borde de la muerte en Malaui, por solo citar algunos casos.
El hambre no es una fatalidad inevitable que afecta a determinados países.
Las causas del hambre son políticas. ¿Quiénes controlan los recursos
naturales (tierra, agua, semillas) que permiten la producción de comida? ¿A
quiénes benefician las políticas agrícolas y alimentarias? Hoy, los
alimentos se han convertido en una mercancía y su función principal,
alimentarnos, ha quedado en un segundo plano.
Se señala a la sequía, con la consiguiente pérdida de cosechas y ganado,
como uno de los principales desencadenantes de la hambruna en el Cuerno de
África, pero ¿cómo se explica que países como Estados Unidos o Australia,
que sufren periódicamente sequías severas, no padezcan hambrunas extremas?
Evidentemente, los fenómenos meteorológicos pueden agravar los problemas
alimentarios, pero no bastan para explicar las causas del hambre. En lo que
respecta a la producción de alimentos, el control de los recursos naturales
es clave para entender quién y para qué se produce.
En muchos países del Cuerno de África, el acceso a la tierra es un bien
escaso. La compra masiva de suelo fértil por parte de inversores extranjeros
(agroindustria, Gobiernos, fondos especulativos...) ha provocado la
expulsión de miles de campesinos de sus tierras, disminuyendo la capacidad
de estos países para autoabastecerse. Así, mientras el Programa Mundial de
Alimentos intenta dar de comer a millones de refugiados en Sudán, se da la
paradoja de que Gobiernos extranjeros (Kuwait, Emiratos Árabes Unidos,
Corea...) les compran tierras para producir y exportar alimentos para sus
poblaciones.
Asimismo, hay que recordar que Somalia, a pesar de las sequías recurrentes, fue un país autosuficiente en la producción de alimentos hasta finales de los años setenta. Su soberanía alimentaria fue arrebatada en décadas posteriores. A partir de los años ochenta, las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para que el país pagara su deuda con el Club de París, forzaron la aplicación de un conjunto de medidas de ajuste. En lo que se refiere a la agricultura, estas implicaron una política de liberalización comercial y apertura de sus mercados, permitiendo la entrada masiva de productos subvencionados, como el arroz y el trigo, de multinacionales agroindustriales norteamericanas y europeas, quienes empezaron a vender sus productos por debajo de su precio de coste y haciendo la competencia desleal a los productores autóctonos. Las devaluaciones periódicas de la moneda somalí generaron también el alza del precio de los insumos y el fomento de una política de monocultivos para la exportación forzó, paulatinamente, al abandono del campo. Historias parecidas se dieron no sólo en países de África, sino también en América Latina y Asia.La subida del precio de cereales básicos es otro de los elementos señalados como detonante de las hambrunas en el Cuerno de África. En Somalia, el precio del maíz y el sorgo rojo aumentó un 106% y un 180% respectivamente en tan solo un año. En Etiopía, el coste del trigo subió un 85% con relación al año anterior. Y en Kenia, el maíz alcanzó un valor 55% superior al de 2010. Un alza que ha convertido a estos alimentos en inaccesibles. Pero, ¿cuáles son las razones de la escalada de los precios? Varios indicios apuntan a la especulación financiera con las materias primas alimentarias como una de las causas principales.
El precio de los alimentos se determina en las Bolsas de valores, la más
importante de las cuales, a nivel mundial, es la de Chicago, mientras que en
Europa los alimentos se comercializan en las Bolsas de futuros de Londres,
París, Ámsterdam y Fráncfort. Pero, hoy día, la mayor parte de la compra y
venta de estas mercancías no corresponde a intercambios comerciales reales.
Se calcula que, en palabras de Mike Masters, delhedge fund Masters
Capital Management, un 75% de la inversión financiera en el sector agrícola
es de carácter especulativo. Se compran y venden materias primas con el
objetivo de especular y hacer negocio, repercutiendo finalmente en un
aumento del precio de la comida en el consumidor final. Los mismos bancos,
fondos de alto riesgo, compañías de seguros, que causaron la crisis de las
hipotecas subprime, son
quienes hoy especulan con la comida, aprovechándose de unos mercados
globales profundamente desregularizados y altamente rentables.
La crisis alimentaria a escala global y la hambruna en el Cuerno de África
en particular son resultado de la globalización alimentaria al servicio de
los intereses privados. La cadena de producción, distribución y consumo de
alimentos está en manos de unas pocas multinacionales que anteponen sus
intereses particulares a las necesidades colectivas y que a lo largo de las
últimas décadas han erosionado, con el apoyo de las instituciones
financieras internacionales, la capacidad de los Estados del sur para
decidir sobre sus políticas agrícolas y alimentarias.
Volviendo al principio, ¿por qué hay hambre en un mundo de abundancia? La
producción de alimentos se ha multiplicado por tres desde los años sesenta,
mientras que la población mundial tan solo se ha duplicado desde entonces.
No nos enfrentamos a un problema de producción de comida, sino a un problema
de acceso. Como señalaba el relator de la ONU para el derecho a la
alimentación, Olivier de Schutter, en una entrevista a EL PAÍS: "El hambre
es un problema político. Es una cuestión de justicia social y políticas de
redistribución".
Si queremos acabar con el hambre en el mundo es urgente apostar por otras
políticas agrícolas y alimentarias que coloquen en su centro a las personas,
a sus necesidades, a aquellos que trabajan la tierra y al ecosistema.
Apostar por lo que el movimiento internacional de La Vía Campesina llama la
"soberanía alimentaria", y recuperar la capacidad de decidir sobre aquello
que comemos. Tomando prestado uno de los lemas más conocidos del Movimiento
15-M, es necesaria una "democracia real, ya" en la agricultura y la
alimentación.
b.
Amenaza de extinción a la especie humana y a las biodiversidades por
destrucción de suelos, sistemas hídricos, contaminación ambiental, etc.
GRAIN
aclara:
“La agricultura, de la mano de la interacción/diálogo/crianza mutua de los seres humanos con los suelos, las semillas, la biodiversidad y el agua han sido la base de la alimentación de la humanidad durante los últimos diez mil años y son esos conocimientos, esas semillas y esos agricultores los que hoy la siguen alimentando. (…)La imposición de la agricultura industrialA pesar de todos estos conocimientos y de la efectividad de este modelo agrícola (en realidad miles de modelos agrícolas adaptados a los distintos ecosistemas, climas y regiones) en la segunda mitad del siglo veinte se logró instalar en la opinión pública y las políticas agrícolas la noción de que el hambre en el mundo era fruto de las carencias de esa forma de hacer agricultura y se impulsó una “revolución verde” con su paquete de tecnología, agrotóxicos, semillas bajo control corporativo y monocultivos.Como ya lo hemos venido planteando reiteradamente desde GRAIN, esta “revolución verde” no fue más que la excusa con la que las corporaciones del agronegocio han intentado apoderarse de todo el sistema alimentario para incrementar sus ganancias, especular y hacernos absolutamente dependientes (GRAIN, 2010).De esta manera de un plumazo se intentó borrar diez mil años de construcción de conocimientos para poner a los suelos en el lugar de sustrato muerto para el desarrollo de plantas con el aporte de nutrientes externos una vez que los presentes en el suelo se agotan.
¿Por qué debemos considerar a la agricultura industrial una actividad
extractivista?
La agricultura industrial es una actividad extractivista porque
básicamente considera a los suelos un sustrato inerte del que se extraen
nutrientes (proteínas y minerales) sobre la base de la utilización de
tecnología y productos químicos (fertilizantes, pesticidas, herbicidas,
fungicidas, etc.).
Quizás la única diferencia con la minería sea que en la minería se
extraen minerales en forma directa y con la agricultura industrial, las
plantas
producidas a través de un proceso biológico (el crecimiento de cada planta) que
son las que contienen los nutrientes. Pero incluso esa diferencia es
bastante reducida pues los productos obtenidos a través de estos procesos
industriales son de una calidad biológica muy inferior a la de cualquier
alimento producido por prácticas tradicionales. Y todo el sistema productivo
desprecia y desvaloriza los procesos biológicos al tratar al suelo como un
simple sustrato físico y a la nutrición de las plantas como una cuestión de
introducir nutrientes – vía fertilización química cuando es necesario -para
su crecimiento.
Pero lo que de manera muy concreta define a la agricultura
industrial como una actividad extractivista es la enorme cantidad de
minerales y nutrientes que extrae del suelo sin ningún tipo de reposición ni
compensación, destruyendo su estructura y agotándolos irremediablemente. Lo
absurdo de todo el proceso productivo es que se asume que esto ocurrirá y la
manera de “reponer” las sustancias extraídas es a través de la aplicación de
enormes cantidades de fertilizantes químicos que, por supuesto, son una
parte más del negocio de las corporaciones del agronegocio.
La gran paradoja es que el “ciclo” de la agricultura industrial se
completa con esta incorporación de fertilizantes que deben ser extraídos del
suelo (en el caso del fósforo y potasio por minería directa) o fabricarlos
del petróleo (en el caso del nitrógeno). Todos estos productos no son
renovables y es muy claro que a medio plazo se agotarán. Pero de igual
gravedad resulta el hecho de que su uso masivo completa indefectiblemente la
destrucción de los suelos.
Además de estos factores, las consecuenciassobre los territorios son las mismas que las del extractivismo de la minería a cielo
abierto. Así es que nos encontramos con una destrucción de los territorios,
devastación de la biodiversidad, contaminación masiva, extracción de
volúmenes inmensos de agua y contaminación de las cuencas cercanas, impacto
en la salud humana y animal, destrucción de las economías regionales y nula
creación de empleos para la población local.
Algunas cifras de Argentina
Estudios realizados recientemente no dejan lugar a dudas sobre el
extractivismo inherente a la agricultura industrial en el caso argentino,
donde este modelo domina buena parte de las tierras agrícolas del país. Un
trabajo realizado desde el Instituto de Suelo del INTA (Instituto Nacional
de Tecnología Agrícola) en el año 2009 (Cruzante, 2009) encontró que en la
campaña 2006/07 se extrajeron 3.527 millones de toneladas de nitrógeno,
fósforo, potasio y azufre. (…)
El monocultivo de soja repetido año tras año en los campos produce
una intensa degradación de los suelos con una pérdida de entre 19 y 30
toneladas de suelo en función del manejo, la pendiente del suelo o el clima
(GRAIN, 2009b).
Con cada cosecha de soja se exportan miles de toneladas de
nutrientes de nuestro suelo. Según el trabajo de Adolfo Cruzate y Roberto
Casas (Cruzate, 2009) la soja produjo durante la temporada 2006/2007 (con
una producción de 47.380.222 toneladas) una extracción de 1.148.970,39
toneladas de nitrógeno, 255.853,20 toneladas de fósforo, 795.987,73
toneladas de potasio, 123.188,58 toneladas de calcio, 132.664,62 toneladas
de azufre y 331,66 toneladas de boro.
También cada cosecha de soja que se exporta se lleva unos 42 mil
quinientos millones de metros cúbicos de agua por año (datos de la temporada
2004/2005) correspondiendo 28.190 millones a la pampa húmeda (Pengue, 2006).
(…)”.
Leer
3. Ruptura con el funcionamiento subordinado a países imperialistas o con el
del capitalismo local para atender necesidades e intereses populares
A.
Crecimiento del gran empresariado local y rol del Estado
Alejandro Gaggero, en "Los
Grupos Económicos Nacionales y el proceso de extranjerización del
empresariado argentino durante la década de los noventa", señala:(...) En
la Argentina, como en buena parte de los países periféricos, el «grupo
económico» fue la forma organizativa que adoptó el sector más concentrado
del empresariado nacional a partir de los años 60.
Pueden
identificarse tres orígenes distintos para los GEN.
La mayoría de ellos comenzaron siendo pequeñas y medianas empresas
instaladas por inmigrantes europeos que se expandieron durante la primera
fase de la Industrialización por «Sustitución de Importaciones»(ISI), es
decir entre los años 30 y 50. Ejemplos de estos casos son Arcor (se inició
como una panadería en 1951), Macri (pequeña constructora), Bridas (comercio
de ramos generales en el interior de Santa Fe), entre otros. Un segundo
conjunto, menos numeroso, tuvo su origen en la diversificación productiva
llevada a cabo por sectores relacionados con familias terratenientes, como
los grupos Fortabat, Ledesma y Corcemar. En tercer lugar, pueden encontrarse
casos de empresarios europeos, que luego de migrar al país fundaron empresas
de tamaño medio con capital acumulado anteriormente: pueden citarse aquí el
ejemplo de Bunge y Born.
Durante la ISI, los GEN mostraban un importante grado de diversificación,
aunque prácticamente todos tenían una muy fuerte presencia en el sector
industrial. Una parte de ellos nació íntimamente relacionada con el sector
petrolero (Pérez Companc, Bridas, Astra, entre otros), y el hito que marcó
su expansión fue el intento de apertura de actividad impulsado a inicios de
los años 60 por el gobierno desarrollista. Puede distinguirse otro conjunto
de grupos, vinculado a la producción de bienes finales, cuyo desempeño
estuvo muy relacionado con los niveles de protección a la producción
nacional durante los años 40, 50 y 60. En estos casos (Arcor, Acindar,
Alpargatas son ejemplos importantes), la expansión estuvo estimulada por el
crecimiento del mercado interno y los altos niveles de las barreras
arancelarias. Refiriéndose al conjunto de los grupos, Bisang destaca que no
es apresurado afirmar que la acción estatal –directa como productor o
indirecta como diseñador/ejecutor de políticas–incidió fuertemente sobre la
conformación inicial de los conglomerados.
(…) Las vías de influencia fueron, casi con exclusividad, herramientas de
política global y recién hasta muy entrados los 70 algunas de corte
sectorial y/o regional (Bisang, 1994: 403).
La
intervención estatal ocupó un rol todavía más importante a partir de
mediados de los 60 y durante los 70 y 80.
Existe una profusa bibliografía que muestra que el Estado tuvo un rol
destacadísimo en el crecimiento que experimentaron estos actores durante
esas tres décadas (caracterizadas por una muy pobre performance macroeconómica),
mediante los siguientes mecanismos: regímenes de promoción industrial8, el
rol del Estado como cliente y proveedor, la liberalización del sistema
financiero, estatización de la deuda externa privada y privatización parcial
de empresas públicas. Según los estudios disponibles el sector de los GEN
fue el que experimentó el mayor crecimiento entre principios de los 70 y
fines de los 80. A diferencia de otros casos en el mundo, la expansión de
los grupos argentinos se dio en el marco de un mal desempeño macroeconómico
nacional. En este contexto los conglomerados argentinos pudieron crecer
gracias a la intervención estatal pero ésta –en la mayoría de los casos– no
los transformó en actores competitivos a nivel internacional. Con respecto a
este punto, cabe destacar que, si bien un reducido conjunto de ellos
–ligados sobre todo a la producción agroindustrial– exportaba una porción
considerable de su producción, la mayoría destinaba sus productos al mercado
interno.
Es así como los grupos llegaron a los 90 luego de dos décadas de fuerte expansión, que implicaron una notable diversificación de sus actividades, pero también un incremento de su concentración en industrias estratégicas para el país: automotriz (SOCMA y COFAL controlaban aproximadamente el 75% de la producción de autos), cementera (Loma Negra y Corcemar controlaban el 60% del mercado), papelera (Celulosa Argentina, Ledesma y Massuh explicaban casi el 90% de la producción) y siderúrgica (Acindar controlaba el 90% de la producción de aceros no planos), entre otras.
Otro
rasgo saliente es la vinculación que los grupos nacionales cultivaron con el
capital extranjero.
Incluso antes de la oleada de privatizaciones, puede constatarse la
existencia de emprendimientos mixtos de gran importancia: es el caso de las
plantas de Sevel , Pecom NEC, PASA, Pecom Agra, Milar, Philco, entre otras.
En gran parte de los casos los socios extranjeros aportaban la tecnología y
el know how, mientras que
los locales ofrecían su conocimiento del mercado y de las instituciones
argentinas.(...)
Los grupos económicos poseían, además de sus firmas industriales y
financieras, importantes extensiones de tierra.
En algunos casos su explotación estaba relacionada con su actividad
industrial y en otros la explotación agropecuaria funcionaba como una unidad
de negocios totalmente independiente. Para 1988 podían identificarse a 6
conglomerados entre los grandes terratenientes (con más de 20 mil hectáreas)
de la Provincia de Buenos Aires (Bunge y Born, Loma Negra, Bemberg, Werthein
y Ledesma) que sumaban 413 mil hectáreas en la zona más fértil del país.
Vale destacar que este dato sólo es una muestra parcial de la importancia de
los grupos como propietarios rurales, ya que éstos poseían las mayores
extensiones en otras provincias (Basualdo, 1996: 81). (...)".
Leer
♣♣♣♣
B.
Crecimiento de la concentración y transnacionalización económico territorial
En
2007 Ricardo
Ortiz (UBA)
y Martín Schorr (CONICET-FLACSO),
en "La rearticulación del
bloque de poder en la Argentina de la
postconvertibilidad", nos
explican:
”(…) III.
1. Un “modelo
abierto al mundo”
A mediados de los años noventa comenzó a ganar consenso el discurso que
vincula un patrón de crecimiento económico asociado a las exportaciones con
la generación de una serie de beneficios que se “derramarían” a
toda la sociedad. En efecto, a partir del contraste de la irregularidad de
la evolución del PBI durante la convertibilidad (y de la alta exposición de
la economía argentina a diferentes shocks externos,
tanto de carácter real como financiero), en diversos ámbitos que abarcan
desde las representaciones políticas y corporativas hasta los institutos de
investigación –públicos o privados–, se han producido –y reproducido–
propuestas de salida a las recurrentes crisis económicas que hacen hincapié
en la necesidad de superar las restricciones externas vía el incremento de
las exportaciones y la instauración de un “modelo
exportador” para la Argentina. Luego de la devaluación, las estrategias
exportadoras planteadas en los años previos por diferentes actores
económicos se vieron reforzadas por el mejoramiento de la competitividad
internacional gracias a la caída de los salarios reales y el reajuste de los
precios relativos. Así, uno de los aspectos más importantes de la salida a
la crisis recesiva adoptó la figura del “modelo exportador” como una “opción
blanda” (Nochteff 1994) para
aprovechar las nuevas condiciones macroeconómicas e insertarse en una
economía mundial signada por un aumento considerable de la demanda y la
vigencia de precios sumamente favorables para los principales productos
exportados por la Argentina, en especial, cereales e hidrocarburos y sus
derivados.
Esta inserción en las propuestas que hegemonizan el discurso económico se propone como el aprovechamiento de las condiciones “naturales” de la Argentina, al adaptar en muchos casos la teoría de las ventajas comparativas a la situación nacional, asumiendo que la inserción productiva del sector exportador no debe ser modificada y que la distribución regresiva del ingreso, los bajos salarios y la desocupación son un dato “normal”. Ello implica convalidar y cristalizar las relaciones de poder al interior del grupo de firmas y sectores exportadores emergentes de una década de convertibilidad y casi tres décadas de desindustrialización. (…)
Por otra parte, dado que la estructura exportadora argentina y de las
grandes empresas se encuentra fuertemente vinculada a las ventajas
comparativas naturales, y se ubica en las primeras etapas de la cadena de
valor agregado, es difícil que éstas puedan aumentar el volumen de empleo.
Incluso en el sector industrial los sectores más dinámicos son aquellos que
se asentaron en la explotación de estas ventajas o en actividades que se
ubican en las primeras etapas del proceso productivo: elaboración
de alimentos, productos derivados de la refinación del petróleo o producción
de commodities siderúrgicos. Merece
destacarse lo ocurrido con el sector automotor, ya que contó con un
régimen especial de “intercambio
compensado”, un eufemismo para proteger el negocio de las grandes
terminales que operan en el mercado local. A pesar de ello, la producción
local ha derivado en actividades de armado y ensamblado de insumos y partes
importadas (cuando no en la comercialización directa de vehículos importados
por las terminales).
♣♣♣♣
C.
Crecimiento bajo conducción de oligopolios imperialistas
Emiliano López
y
Francisco Vértiz, en "Capital
transnacional y proyectos nacionales de desarrollo en América Latina. Las
nuevas lógicas del extractivismo neodesarrollista",
"(...)América Latina no ha sido la excepción a
la regla. Los cambios en la escala global desde mediados de los años ´70
implicaron profundas transformaciones en la escala nacional y local del
subcontinente (Padilla Cobos, 1995). El proyecto neoliberal se llevó a cabo
en toda su dimensión, impulsado por las grandes empresas transnacionales
como actores privilegiados, en concordancia con los organismos
multilaterales de crédito y comercio –FMI, Banco Mundial, OMC– y los
poderes estatales-nacionales. Desde el golpe militar –direccionado por el
Departamento de Estado norteamericano– contra el gobierno de la Unidad
Popular en Chile y la dictadura cívico-militar Argentina, siguiendo por toda
una serie de gobiernos elegidos democráticamente en los años ´80 y ´90, la
emergencia y consolidación de la globalización neoliberal en la región
latinoamericana ha reconfigurado de manera sustancial la inserción de
nuestros países a los procesos de acumulación de capital a escala planetaria
y, por ello, ha limitado sustancialmente las iniciativas de desarrollo
capitalista autónomo que los diversos poderes estatales habían impulsado en
décadas previas bajo la tutela del desarrollismo (Svampa, 2008).Pero el “éxito” de la globalización neoliberal en América Latina –en tanto que proyecto político de las clases dominantes– no resolvió las contradicciones propias del capital, sino que condujo al mismo tiempo a profundizar las preexistentes y a generar nuevas. Es así que hacia fines de la década de 1990, el neoliberalismo –en tanto modalidad de desarrollo capitalista– entró en una fase de profunda crisis en la mayoría de los territorios nacionales de América Latina. Las crisis de México (1994) y Brasil (1998), y luego la crisis Argentina (2001), dieron cuenta del agotamiento del modelo de desarrollo neoliberal con sus respectivas consecuencias en términos políticos, sociales y económicos.
Esta crisis –producto tanto de las lógicas inherentemente contradictorias del capital bajo su forma neoliberal como de las resistencias de nuevos actores sociales colectivos– abrió una nueva etapa en la modalidad de desarrollo de los países de la región que, no sin cierta ambigüedad, podemos llamar posneoliberal (Thwaites Rey y Castillo, 2008). Más allá de diferencias sustanciales entre países, existe un amplio consenso en cuanto que los proyectos de desarrollo han cambiado significativamente en América Latina a principio de los 2000.
Sin embargo, como todo proceso histórico, los nuevos proyectos de desarrollo nacionales en Latinoamérica se construyen sobre las bases creadas por el neoliberalismo. Entre ellas, podemos destacar, por un lado, el carácter transnacional del capital que hegemoniza el proceso de acumulación en la mayoría de los países de la región y, por otro lado, la nueva dependencia asociada a la producción de commodities para la exportación (Svampa, 2011a; Féliz y López, 2010).En este marco histórico del posneoliberalismo, se ubica el presente trabajo que intenta aportar elementos que ayuden a comprender de qué manera se articulan los proyectos de desarrollo a escala nacional de los países de América Latina con las necesidades de la acumulación global del capital transnacional extractivo-rentista. En este sentido, se analizarán las estrategias del capital transnacional que se ubica en la extracción de minerales, hidrocarburos y agro-alimentos y de qué manera dichas estrategias logran consenso y legitimización a través de los estados nacionales como proyectos de desarrollo nacionales viables. Más que exponer el resultado de una investigación, buscamos abrir aquí algunos caminos para estudiar los impactos territoriales en diferentes escalas de la nueva inserción de América Latina a la lógica del capital global. (...)
En los primeros años de este siglo la geografía latinoamericana aparece marcada por la emergencia y consolidación de al menos tres tipos de proyectos nacionales de desarrollo. (...) Sin embargo, los tres proyectos, más allá de sus importantes diferencias, acuerdan con los lineamientos del “nuevo consenso internacional”[5] que asigna a América Latina el rol de exportador de recursos naturales. Esta inserción internacional reedita y actualiza el rol que históricamente ocupó la región en el orden geopolítico mundial (Marini, 2007).
Esta manera que tienen los países de la región de insertarse en el mundo obedece a una nueva división territorial y global del trabajo, basada en la apropiación predatoria de los recursos naturales no renovables, que genera profundas diferencias económicas, políticas y ambientales entre los países del norte y del sur (Svampa, 2011a). La apropiación de estos recursos fue parte de un proceso de reconversión económica iniciado en la década de 1990 que impuso a los países periféricos la necesidad imperiosa de mejorar la posición competitiva del capital global (Ceceña, 1996). Un presupuesto de esta tendencia es la inclusión en la lógica capitalista[6] de aspectos de la vida social que no se encontraban estrictamente bajo su dominio: la mercantilización de los espacios comunes y la penetración del capital en espacios de producción antes controlados por el Estado –petróleo, agua potable, electricidad, gas, etcétera– o enmarcados en relaciones mercantiles no capitalistas –tierras destinadas a la producción agrícola comunitaria–. Esto fue parte del nuevo impulso de la “acumulación originaria” y la nueva “política de cercamientos” de espacios comunales (Galafassi, 2009; De Angelis, 2001). Desde mediados de la década del noventa –y sobre todo en la primera década del siglo XXI– esta tendencia a la “acumulación por desposesión” (Harvey, 2003), se vio fortalecida por el crecimiento acelerado de los precios de alimentos y commodities –de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas de Argentina, entre noviembre de 2001 y noviembre de 2011 el índice promedio de commodities se incrementó un 248%–. Por su parte, la competitividad exigía también la rearticulación de las relaciones laborales en la periferia a los fines de conformar una nueva fuerza de trabajo adaptada –objetiva y subjetivamente– a los requisitos de las ramas de exportación (Arceo, 2011).
Estos nuevos desarrollos geográficos sitúan a los Estados latinoamericanos ante la necesidad de reconfigurar los modelos de desarrollo, para lograr una articulación exitosa con la nueva dinámica global. En este sentido, los proyectos nacionales de desarrollo que impulsan los poderes estatales en los países de la región contemplan como necesaria la explotación de las ventajas comparativas que nuestras economías poseen. En particular, los gobiernos progresistas de América Latina, en el contexto posneoliberal, reconocen al Estado como promotor del crecimiento económico y el desarrollo social a través de la industrialización sustitutiva de importaciones en sintonía con los postulados del desarrollismo clásico de los ´50 y ´60 (Svampa, 2008). Este ideario desarrollista asume, sin embargo, los cambios que la globalización capitalista provocó en nuestra región. Principalmente, en lo que se refiere a la nueva inserción comercial[7] y al importante papel de las empresas transnacionales en la conducción del proceso productivo.
De tal forma, el proceso de globalización que permitió un nuevo impulso de desarrollos geográficos desiguales nos lleva a preguntarnos sobre cuáles son los actores principales en la construcción de nuevas territorialidades en la región y qué estrategias emplean para ello. Una primera aproximación nos permite identificar a las empresas transnacionales como actor dominante del proceso de producción de escala y de diferenciación geográfica. Según nos muestra Arceo (2009), la caída de la tasa de ganancia en los setenta, condujo a las grandes empresas a des-localizar hacia la periferia sus actividades más trabajo-intensivas y, de esta manera, reducir los costos laborales. Esto significó la constitución de un entramado de empresas transnacionales, que controlan la producción y circulación de bienes a escala global, con capacidad competitiva superior a las que presentaban los capitales previamente instalados en los países periféricos. En los años de auge del neoliberalismo, las empresas de origen estadounidense eran las que conducían este proceso mientras que en el escenario posneoliberal, las empresas asiáticas, brasileñas, rusas, entre otras, comienzan a establecerse con posiciones competitivas en América Latina. (...)Reflexiones finales
En este trabajo, intentamos problematizar los aspectos territoriales que enmarcan y condicionan los proyectos nacionales de desarrollo de los países de América Latina. La lectura en la clave de desarrollos geográficos desiguales, nos ha permitido pensar en la articulación conflictiva de escalas, en la subordinación –parcial– de los estados nacionales a la dinámica del capital transnacional centrado en la producción de commodities para la exportación, entre otros puntos. Este escenario, que presenta a las empresas transnacionales como actor hegemónico, no está libre de contradicciones. En este sentido, es la misma fragmentación territorial y política que provoca la transnacionalización del capital en América Latina, la que abre espacios para nuevas expresiones de resistencias populares. Esta situación coloca a las clases subalternas ante el desafío de crear instancias sólidas de articulación en los planos nacional y continental, que combinen aspectos materiales y simbólicos de la lucha política, para construir un proyecto alternativo al desarrollismo extractivista. Leer
Mis conclusiones abiertas al debateSé que debido al sentido común hay rechazo por inviables de las segundas alternativas en las tres disyuntivas que presento. Por eso, tratemos de analizar a las que parecen más alcanzables.El sector progresista e izquierdista del FpV y sus aliados consideran que los gobiernos K, a diferencia del neoliberalismo, han asumido el rol distributivo del Estado y van reduciendo la pobreza e indigencia. Aprecian sus políticas sociales; las de actualizaciones progresivas de los valores mínimos de salarios y haberes jubilitarios; y las de contención de la inflación. Pero ignoran que el vigente modelo de monopolización y mercantilización de los bienes comunes (tanto sociales como naturales) genera pobreza o desaparición forzada de localidades, comunidades campesinas y pueblos originarios; hacinamientos dentro o en torno de las grandes ciudades y en las cárceles bajo estado de excepción; y destrucción genocida-etnocida por ecocidios. Le vuelven la espalda a la ocupación totalitaria de todo el país con los agronegocios, la megaminería, la superexplotación hidrocarburífera y pesquera, la IIRSA y los megaemprendimientos turísticos, comerciales e inmobiliarios.Tamaña violación de los derechos a los de abajo se asegura, a partir del aplastante triunfo electoral de CFK, agravando la legislación antidemocrática como la ley antiterrorista, la ley de ART y los proyectos de ley Monsanto y del código civil- comercial. Durante el año 2012, también, el gobierno CFK:
El Observatorio Petrolero Sur señala: "(...)El objetivo de Chevron e YPF es la extracción de hidrocarburos de formaciones shale o esquisto -yacimientos no convencionales. Estas formaciones, al tener muy baja o nula permeabilidad, deben ser intervenidas -generarle grietas- para extraer los fósiles, esto se realiza mediante la inyección de millones de litros de agua a alta presión, mezclados con arena y químicos (en gran medida tóxicos); técnica conocida como fractura hidráulica o fracking. Inmensos esfuerzos para profundizar el proceso de calentamiento global.
La acumulación de daños ambientales y sanitarios (tanto en animales como humanos) registrados en EE.UU., derivados de la aplicación de esta técnica, ha generado movimientos de resistencia a nivel global. En EE.UU. se registran numerosos casos de contaminación de aguas subterráneas, aumento de la actividad sísmica, impactos sobre la producción agropecuaria e incremento de afecciones (...)". LeerEntonces, el cambio del modelo de producción por variedades de economías emancipadoras del capitalismo imperialismo es imprescindible si queremos presente y futuro sin la inseguridad actual de especulación financiera con el alimento, de quita del agua, de su envenenamiento, de devastación de los suelos y las biodiversidades, de demolición de la cordillera y las cuencas hidrográficas, de liquidación de humedales y acuíferos, etc.Avanza el apoderamiento de tierras, tanto en las ciudades como en el campo, que desterritorializa y reterritorializa en función de garantizar la prevalencia de los súper negocios oligopólicos por sobre las posibilidades de vida y dignidad de los pueblos. Implica una situación de acelerado despliegue del extractivismo, de countries, de barrios cerrados, de militarización de los asentamientos de quienes han sido expulsados de sus lugares de origen o de comunidades en resistencia al modelo invasor, de privatización de los espacios públicos y de los espacios verdes públicos y de fomento e impunidad del narcotráfico y de la trata de mujeres y niños para la prostitución.Repito, una vez más, la conclusión del taller y seminario internacional “La reforma agraria y de la defensa de la tierra y los territorios en el siglo XXI: Retos y futuro”, convocado por La Vía Campesina y la Campaña Global por la Reforma Agraria y reunido en Bukit Tinggi, Sumatra Occidental, Indonesia, desde el 10 al 15 de julio de 2012:“La nueva reforma agraria tiene que ser un pilar fundamental sobre el cual construir no sólo la soberanía alimentaria, sino también la transformación democrática de la sociedad y el desarrollo así de nuevas civilizaciones que terminen con el hambre y la pobreza y para que se respete a la Madre Naturaleza". (…)LeerIndica el desafío de constituir la unidad entre los distintos productores de alimentos y ampliarla a los trabajadores urbanos y rurales, a los pobladores urbanos amenazados de desalojo y empobrecimiento a raíz de la especulación inmobiliaria, a los consumidores que deben pagar precios cada vez más altos por los alimentos y cada vez de peor calidad, a las comunidades que sufren desalojos o acorralamientos por el extractivismo. Además propone forjar tácticas de solidaridad y de protección frente a asesinatos y criminalización de quienes defienden sus territorios.En la Argentina de hoy, veo densos conflictos con el desarrollo actual del sometimiento de Argentina a la reproducción del capitalismo contemporáneo que se da a nivel internacional o sea a la globalización financiera-económica.Una parte destacable de la diversidad abajo está organizada y lucha (por ejemplo: la Unión de Asambleas Ciudadanas) contra el extractivismo esencialmente minero e hidrocarburífero y contra los ecocidios causados por contaminación ambiental y por ocupación totalitaria que realizan las corporaciones agroalimentarias e inmobiliarias.El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 entra en conflicto de vida o muerte no sólo con los campesinos e indígenas sino también con las economías regionales que deben democratizarse pero no liquidarse. Asimismo el desmantelamiento del sector público interpela a la militancia de los trabajadores y de los usuarios convertidos en sujetos colectivos en la afirmación de los derechos humanos que coincide con la militancia por la justicia social que ya comenzó a articular a las luchas contra los criminales funcionamientos del transporte público, de los boliches, del tránsito vial, del gatillo fácil y se encamina a profundizarse con las luchas contra la precariedad de edificios de la educación pública, de la situación de emergencia de los hospitales públicos, contra la solución gubernamental del grave problema de vivienda digna en todo el país mediante mayor presencia del Estado represor y militarizado.
Los invito a discutir para la tan necesaria toma de decisiones sobre el destino común.
