El trabajo digno está en conflicto con el capitalismo.

 Porque la existencia del sistema depende de 

las crecientes expoliación laboral y desposesión.

Hoy por ambas, ataca la supervivencia de la humanidad entera.

Propongámonos indagar cómo es posible la continuidad del trabajo cada vez más en exclusivo beneficio de los grandes capitales y estados imperialistas en alianza con los locales.

Se generalizaría el basta a trabajar para esta criminalidad económica si fuese visible que el sistema global de agronegocios nos envenena a todos y causa el hambre de comunidades o familias en número considerable, el desalojo de campesinos e indígenas de su supervivencia, el hacinamiento en barriadas pobres y la superpoblación carcelaria. También, por ejemplo, el potencial de Vaca Muerta  se publicita como venturoso futuro del país cuando sirve esencialmente a los planes de EE.UU. y China. Sobre todo esta acumulación oligopólica no progresaría si hubiera conciencia de que se concretará con la conversión en "zona de sacrificio" de la provincia de Neuquén y de parte de las provincias de Río Negro y de Mendoza. Peor aún proyectos de fracking y mineros abarcan al país entero. Además los subsistemas naturales que sostienen la vida planetaria están interconectados y no tienen fronteras.

Tratemos el esclarecimiento de cómo se instalan las zonas de sacrificios.

”La Meseta Central no debe ser zona de sacrificio”

Por D.Nucena

La Mesa Provincial de Proyecto Sur, cuestiona la propuesta productiva del gobierno provincial. Aducen que tanto el Gobernador Martín Buzzi como el Ministro de de Gobierno y Justicia de Chubut Javier Touriñán, han declarado recientemente que la megaminería, en principio, sólo sería explotada en la Meseta Central porque, en esa zona, no hay otras alternativas de desarrollo. Desde Proyecto Sur, entonces, repudian la “postura perversa” de este Gobierno por las siguientes razones: 1) El Gobernador prometió en reiteradas ocasiones que la política minera iba a ser objeto de un debate público, amplio y democrático. Pero mintió. Ese debate nunca se realizó. En la provincia hay muchos vecinos y organizaciones sociales que desde hace mucho tiempo han analizado las ventajas y desventajas de la minería a gran escala y que quieren que se los escuche, pero el gobierno los ignora. La “licencia social” es una burla al pueblo: no quieren escucharlo, solo quieren convencer a sus representantes formales en la Legislatura. Es decir, se apuesta al lobby, no a la democracia real. 2) El gobierno dice que la Meseta Central está empobrecida por efecto de las condiciones naturales. Eso es falso. El empobrecimiento de esa región es producto de políticas implementadas sistemáticamente por el gobierno provincial desde hace mucho tiempo, basadas en tres pilares: la zona cordillerana del noroeste, el valle y la cuenca petrolera. En este esquema, el resto no existía. De pronto, descubrieron que, en ese supuesto vacío, había algo de valor que podía ser extraído a un costo económico y social muy bajo. En ese momento, el gobierno se convirtió en representante implacable de los grupos mineros. Esta es una línea gubernamental consolidada desde la gestión de Lizurume hasta la de Buzzi. 3) El gobierno afirma que en esta región la única alternativa económica que asegure el desarrollo es la megaminería a cielo abierto. Eso no es cierto. Desde hace tiempo, se sabe que hay grandes acuíferos subterráneos que podrían revertir en poco tiempo el efecto de las sequías y generarían alternativas económicas sustentables, muchas de las cuales son compatibles con la tradición cultural de las poblaciones originarias de la zona. Es decir, con el agua disponible, se puede apostar a un modelo económico ecológico, inspirado en una relación de respeto hacia la naturaleza. 4) El gobierno asegura que es posible una producción minera a gran escala sometida a controles estatales eficientes. Pero esto es una falacia. En primer lugar, ninguno de los funcionarios provinciales tiene la más remota idea de cómo se controla una empresa que, para su funcionamiento, consume tantos recursos como una ciudad. De hecho, en países del primer mundo, la megaminería es cuestionada e incluso prohibida porque no puede ser regulada por el Estado. En segundo lugar, si tenemos en cuenta que los argentinos padecemos un Estado en manos de funcionarios fácilmente corromplibles, con controles frágiles e ineficientes, es fácil anticipar que la megaminería no puede ser realmente controlada en nuestro territorio. 5) El gobierno sostiene que, con el Marco Regulatorio, serán los propios pobladores quienes decidan si aprueban o no los emprendimientos mineros. Todos entendemos lo que esto significa. En un escenario en que se ha empujado a varias poblaciones a la desesperación, un escenario en el que los políticos mienten, cambian de vereda como cambian de camisa y están respaldados por una corporación minera asociada al gobierno nacional, ¿qué poder de decisión real tienen los habitantes de la provincia? 6) El gobierno oculta una realidad: la megaminería es un saqueo al país. Aporta al Estado un porcentaje mísero de sus ganancias y, a cambio, contamina y deteriora el medioambiente. “Podemos enumerar muchas razones más para afirmar que la Meseta Central no debe ser una zona de sacrificio y que la megaminería es una nefasta opción productiva”, expresaron. Y añadieron que es posible elaborar modelos sustentables, que son los únicos que sirven a largo plazo. “Para ello, es necesario que el gobierno se ponga del lado del pueblo y que deje de operar como representante de los grupos mineros”, culminaron.

See more at: http://www.elcomodorense.net/la-meseta-central-no-debe-ser-una-zona-de-sacrificio/#sthash.FpWQNb52.dpuf

Atendamos a los vecinos reunidos en asamblea para comprender cuál es su situación y sus perspectivas que son las nuestras confrontadas con la visión capitalista del país-continente como territorios despoblados y ricos en recursos naturales.

Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
7 de Mayo de 2014 

 

DECLARACIÓN ASAMBLEA PATAGONIA SUR

 

1. Los vecinos provenientes de las ciudades Los Antiguos, Perito Moreno, Caleta Olivia, Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, nos constituimos como “Asamblea Patagonia Sur”, el día 3 de mayo del corriente año, en Caleta Olivia, con la finalidad de exponer, debatir, proponer y resolver aquellos problemas locales que nos preocupan y ocupan, ante los impactos ambientales que son integrales, acumulativos e interjurisdiccionales.

 

2.Se presentan: Asamblea por el Agua del Sur, Foro Ambiental y Social de la Patagonia de Comodoro Rivadavia en Unión de Asambleas Patagónicas, Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB, Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Perito Moreno, Asociación de Amigos en defensa del Lago Buenos Aires,  ONG Viento SUR y S.O.S Agua de Caleta Olivia.

 

3. Se plantea el ineficiente control en medio ambiente por parte del Estado, y la complicidad de los distintos estamentos gubernamentales con las empresas petroleras y mineras que generan numerosas problemáticas sociales, culturales, económicas, de contaminación de los acuíferos y de suelos.  

 

4. El modelo de desarrollo extractivista vigente en la región constituye una amenaza para la población, sin embargo los sucesivos Gobiernos no han provisto de proyectos alternativos, de actividades económicas sustentables y que generen fuentes de trabajo genuinos, ni tampoco permitieron su debate en la población, siendo esta conducta su mayor responsabilidad.  Nos hemos convertido en una ZONA DE SACRIFICIO donde se atenta contra la naturaleza y la salud física y mental de la gente, creando condiciones sociales y laborales precarias, en educación, salud y vivienda. Falta de agua, falta de tratamiento de residuos cloacales, basurales con quema a cielo abierto y sin ningún tipo de procesamiento, energía y gas insuficientes y distribuidos sin equidad, ausencia de lugares de esparcimiento. A esto se suman problemas sociales crecientes entre los que se destacan los problemas de salud relacionados con el ambiente, el alcoholismo, la drogadicción, la sobreexplotación y la trata de personas. 

 

5. Denunciamos incumplimiento de las legislaciones ambientales vigentes que se traduce en falta de presupuesto(inclusive empleados dejan la función pública porque triplican el sueldo en el ámbito privado al cual han controlado), falta de personal y recursos (malas condiciones  edilicias, falta de laboratorios geoquímicos para análisis de metales pesados) que nos garanticen la calidad y cantidad del agua para la población. En particular no se respeta la Ley General de Ambiente (25675/02) que en su artículo 4 enuncia entre los principios el de precaución, que obliga al Estado a no autorizar emprendimientos de todo tipo que se realicen sin un conocimiento pleno en este caso, de las afectaciones de acuíferos 

 

6. En este marco se mociona:

 

 Control social sobre el agua como bien común.  Debido a que ningún ente público o privado se puede auto controlar en cuanto al análisis de la calidad de agua que se brinda a la población, es que vemos la necesidad de la participación de diferentes sectores de la sociedad en el control del agua en calidad y cantidad. En ese marco, proponemos como ejemplo de trabajo el Observatorio de Agua de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, sede Esquel.

 

 Sostenemos que los acuíferos junto a sus cuencas hídricas deben ser para los pobladores y no para el uso indiscriminado de las empresas, por lo que los proyectos como los del acueducto Jorge Carstens (Lago Musters) y del Lago Buenos Aires deben contemplar los intereses de las comunidades. Exigimos el  estricto cumplimiento del Tratado de Medioambiente con su Protocolo de  Recursos Hídricos Compartidos suscripto por Argentina y Chile en 1991 ante la amenaza de mega proyectos energéticos y mineros sobre el lago compartido.

 

 Considerando la necesidad de garantizar el acceso al agua en cantidad y calidad y en el camino de construir un modelo socio económico alternativo, fomentando proyectos de vida que posibiliten el arraigo de las personas y fortalezcan lazos comunitarios, instamos a los estados y organismos binacionales e internacionales, como a las autoridades de aplicación provinciales a expedirse a la brevedad al respecto implementando medidas que protejan nuestros bienes comunes. 

 

 Sostenemos que los acuíferos junto a sus cuencas hídricas subterráneas y superficiales, naturales y/o artificiales deben ser para los pobladores y no para el uso indiscriminado de las empresas, por lo que los proyectos como los del acueducto Jorge Carstens (Lago Musters) y del Lago Buenos Aires deben contemplar los intereses de las comunidades. Exigimos el  estricto cumplimiento del Tratado de Medioambiente con su Protocolo de  Recursos Hídricos Compartidos suscripto por Argentina y Chile en 1991 ante la amenaza de mega proyectos energéticos y mineros.

 

 Impulsar una reunión con asambleas y organizaciones de Chile para determinar acciones comunes en defensa del agua, ya que la instalación de emprendimientos mineros y proyectos de represas hidroeléctricas, implicarán la utilización de la energía para proyectos mineros que afectarán cuencas binacionales y la bio región de ambos países.   

 

 Patagonia Sur apoyará a los asambleístas de Perito Moreno en sus acciones legales y de difusión, orientadas al  cuidado del medio ambiente y en su lucha contra la mega-minería contaminante y depredadora de los bienes comunes. Otra de las temáticas  a trabajar será el vertido de los efluentes cloacales con escaso e insuficiente tratamiento al cauce del Río Fénix Grande, tributario del Río Deseado, río arriba de los manantiales de captación de agua para la población. La actual planta de tratamiento de líquidos cloacales fue concebida para una población de 3000 habitantes y en la actualidad Perito Moreno cuenta con aproximadamente el cuádruple de esa población.

 

 En el marco de la Jornada Mundial anti-Chevron, presentación de proyectos de Ordenanza “El agua como derecho humano, bien natural, común y público”, por parte de todos los integrantes de esta Asamblea, el día 21 de mayo de 2014 a las 11hs, en los respectivos Concejos Deliberantes.

 

 Patagonia Sur apoya la presentación de amparos ambientales contra el fracking y la megaminería, en Chubut. Con respecto a la fractura hidráulica o fracking, estos amparos han logrado la suspensión de las tareas de exploración de los pozos de petróleo no convencional "El Trebol", ubicado a 18 Km. de Comodoro Rivadavia, y "La Greta" a 15 Km. de Río Mayo, pertenecientes a YPF S.A. Lamentablemente no sucede lo mismo en la zona que rodea a Las Heras, Santa Cruz, en cuyo territorio se ha llevado adelante sin información previa a la población, ni audiencias públicas que visibilicen esta técnica prohibida en Francia, Bulgaria e Irlanda del Norte, y en decenas de municipios de la Argentina. 

 

 Difundir las consecuencias de la Megaminería y el fracking.

 

 Convocar a la Asamblea Patagonia Sur a otras ciudades y pueblos de esta región.

 

---------------------------------

Asociación de Amigos en defensa del Lago Buenos Aires. Los Antiguos. Santa Cruz

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Perito Moreno, Santa Cruz

Foro Ambiental y Social de la Patagonia. Comodoro Rivadavia. Chubut

Asamblea Por El Agua del Sur. Comodoro Rivadavia- Rada Tilly. Chubut

Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB

ONG Viento SUR y S.O.S Agua de Caleta Olivia, Santa Cruz

 

 

Adhieren:

Fundación Ecosur

Ecología, Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur - Filial Patagonia

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Sarmiento

Asamblea Ambiental Río Gallegos

Red Ecosocialista

Contactos:

Asamblea de Vecinos Autoconvocados. Perito Moreno, Santa Cruz.0297-154194478

Asociación de Amigos en defensa del Lago Buenos Aires. Los Antiguos. Santa Cruz

0297-154012009

Foro Ambiental y Social de la Patagonia. Comodoro Rivadavia. Chubut 0297-154217938

ONG Viento SUR y S.O.S Agua de Caleta Olivia, Santa Cruz 0297-154857786

 

------------------

 

UAC Unión de Asambleas Ciudadanas

Contra el Saqueo y la Contaminación

www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas

http://twitter.com/prensauac

prensa@asambleasciudadanas.org.ar

Frente al avance desertificador del capitalismo urge el viraje desde el trabajo centrado en los intereses lucrativos de oligopolios hasta el trabajo mirando por necesidades y aspiraciones de los diversos de abajo. Es una lucha de las clases y etnias contra el poder económico e imperialista que las avasalla. Pero entonces:

"No puede tampoco olvidarse las responsabilidades gubernamentales en promover condiciones políticas y económicas que reproducen una y otra vez los extractivismos. Han dado todo tipo de cobertura a las grandes empresas, en sus inversiones, en concederles territorios, en asegurar sus exportaciones, en otorgarles subsidios (la mayor parte de ellos encubiertos o indirectos), y han llegado incluso a defenderlas con policías o militares. También son responsables de que innumerables familias no tengan otras salidas que dedicarse a ganarse sus pesitos buscando pepitas de oro en plena selva ya que el propio Estado los ha dejado desamparados, sin contar con otras opciones productivas viables".

Consideremos:

Ante esa obscura obsesión por el oro, es necesaria una moratoria minera

Por Eduardo Gudynas (ALAI)

La minería de oro se ha convertido en un flagelo que azota muchos países de América Latina. En algunos sitios operan unas pocas transnacionales gigantes, pero en otras zonas se agolpan cientos a miles de personas, hurgando en los ríos de las selvas o entrañas de las montañas por unos gramos de oro. Mientras que las grandes corporaciones insisten en contar con tecnologías de punta, servir al crecimiento económico y brindar empleo, la minería a pequeña escala, informal o ilegal, está bajo la sombra de la contaminación, la violencia y la pobreza. 

En realidad, las dos prácticas son igualmente terribles. En la gran minería del oro se generan toda clase de impactos territoriales y ambientales, y las repetidas promesas de excelencia en tecnología y gestión se han derrumbado. Pascua Lama, una gigantesca operación ubicada en las cumbres andinas compartidas entre Argentina y Chile, repetidamente prometió que sería el ejemplo de desempeño ambiental. La realidad ha sido otra, y ante su mala gestión e incumplimientos, el emprendimiento ha sido multado y suspendido por la justicia chilena. 

Es, además, una de las actividades extractivas más ineficientes que se conocen. Entre los 50 primeros productores globales, el promedio alcanzado es de obtener 5 gramos de oro por tonelada de rocas extraída. Ante esa situación a nadie pueda sorprender que sea una actividad de profundos e intensos impactos ambientales. 

La pequeña minería del oro tampoco escapa a los problemas. En distintos sitios amazónicos de Colombia, Brasil, Ecuador y Perú, son prácticas que se están hundiendo en la desolación social y ambiental. En regiones como en Madre de Dios (en el sur Perú), se ha convertido en uno de los principales factores de destrucción amazónica y violencia local. Avanza deforestando la selva y contaminando aguas y suelos. 

La escala individual o familiar termina siendo un espejismo, ya que suma en una misma región desde cientos a miles de personas, con impactos que se acumulan y multiplican entre sí. La imagen del hombre encorvado, sobre el río, recogiendo arena para procesarla, ya es cosa del pasado en muchos lugares. Se las han ingeniado para transportar y poner en operación enormes maquinarias de dragado en los rincones más apartados de la Amazonia. Esa sostenida expansión sólo es posible porque esa minería ha terminado articulándose con los mercados formales, y su oro puede terminar incluso en las propias corporaciones mineras. 

A pesar de todo esto, se insiste en defender la minería en general, y la de oro en particular. Esos proyectos son presentados como bendiciones económicas y éxitos exportadores. Parecería que las necesidades de oro son de una enorme importancia para el bienestar humano y el desarrollo, que se debería justificar toda esta destrucción. ¿Esto es cierto? ¿El oro tiene usos que son indispensables para la calidad de vida de las personas o imprescindibles para alguna cadena industrial clave? Si no exportamos oro, ¿caerá alguna cadena productiva? ¿se desplomarán las economías nacionales? Nada de eso. 

Apenas el 10% de la demanda de oro responde a usos tecnológicos o en la medicina. En cambio, todo el resto se divide entre dos usos: joyería (poco más del 40% ), y financiero, manejado por inversores, para acuñar monedas o guardarlo como lingotes en los depósitos de bancos centrales (también poco más del 40%). Por ejemplo, en 2012 se estimó la demanda global en 4 415 toneladas, las que se repartieron entre la joyería (1 896 tons), “inversores” (1 568 tons) y compras desde los bancos centrales (544 tons). Dicho de otra manera, el 90% del oro extraído en todo el planeta es para sostener usos suntuarios, el consumo exhibicionista de joyas, o la especulación y respaldo de las finanzas. Difícilmente puede decirse con seriedad que el bienestar o desarrollo global dependan de seguir con la minería en oro. 

Una parte importante de todo ese oro circulante proviene del reuso y reciclaje. Pero la demanda es tan alta, que eso presiona por más extractivismos minero. Consecuentemente, en los últimos años se han sucedido records en la extracción minera de oro; en 2012 alcanzó las 2 982 ton en todo el planeta. El más grande minero del mundo es China (donde se extrajeron más de 400 ton); y recién en el quinto puesto aparece un país latinoamericano (Perú). China se ha convertido también en el primer consumidor de oro a nivel planetario. Sus necesidades se han cuadruplicado en la última década, y se lo usa sobre todo en joyería.

Encontramos así que la depredación para obtener oro no alimenta ningún proceso industrial clave, ni ninguna necesidad básica, sino que está atada a las modas de la joyería global, y en especial el consumismo de familias adineradas de China y otros países, o a las necesidades de los financistas. Si América Latina dejara de proveer oro para esos fines, no ocurría ningún colapso; por el contrario, la calidad de vida de muchas comunidades en nuestro continente mejoraría mucho. 

La mejor manera de describir lo que ocurre con el oro es rescatando el concepto de “preciosidades”, propuesto por Immanuell Wallerstein, a mediados de la década de 1970. Estos son bienes que son caros esencialmente por su valor simbólico. Quienes los poseen y exhiben ostentan riqueza y poder. Otros ejemplos de preciosidades son los diamantes, rubíes y otras piedras preciosas, los tapados de pieles de animales exóticos o el caviar. No desempeñan papeles similares a los de otras materias primas que se comercializan globalmente, como las que se destinan a los alimentos u otras necesidades de las personas, o las que son insumos para procesos industriales, como el hierro. La minería latinoamericana en oro ni siquiera es una “industria”, ya que allí no ocurre ningún proceso manufacturero. 

Esta condición afecta tanto a la minera de oro en manos corporativas como la informal e ilegal. No puede olvidarse que cualquiera de las dos siguen siendo lo mismo: extractivismo minero. Ambas tienen efectos negativos en las dimensiones sociales, ambientales y económicas. Y las dos están amarradas a los mercados globales, e incluso una se inserta en la otra, para poder exportar oro hacia la globalización. 

No puede tampoco olvidarse las responsabilidades gubernamentales en promover condiciones políticas y económicas que reproducen una y otra vez los extractivismos. Han dado todo tipo de cobertura a las grandes empresas, en sus inversiones, en concederles territorios, en asegurar sus exportaciones, en otorgarles subsidios (la mayor parte de ellos encubiertos o indirectos), y han llegado incluso a defenderlas con policías o militares. También son responsables de que innumerables familias no tengan otras salidas que dedicarse a ganarse sus pesitos buscando pepitas de oro en plena selva ya que el propio Estado los ha dejado desamparados, sin contar con otras opciones productivas viables. 

Todo esto desemboca en que una vez instaladas las corporaciones o esos miles de mineros, el Estado ya no los puede controlar (o no quiere). Ambos cuentan con poder político. El corporativo es mas sutil pero más firme y ampliado, opera desde las cámaras empresariales y la prensa. El de los mineros artesanales o ilegales descansa en caudillos locales, alcaldes, y hasta algunos legisladores, como se ha señalado en Perú. La violencia y la ilegalidad aparecen en los dos casos, aunque también de manera distinta. 
Esta situación debe detenerse, y este tipo de desarrollo debe revertirse cuanto antes. Se debe resolver el drama que significa la minería del oro y otras preciosidades, sea grande, mediana o pequeña, o esté manejada por privados, cooperativas o el propio Estado. Las respuestas deben ser radicales, en tanto el daño ambiental y los impactos sociales se siguen sumando, y son cada vez mas graves. Estos problemas ya no se pueden solucionar con nuevas tecnologías mineras, con responsabilidad social empresarial o algún nuevo tipo de política pública, ya que la explotación aurífera marcha a ritmo de vértigo. La reacción no puede esperar por años y años hasta que los patrones de consumo de los países industrializados y de los nuevos ricos en Asia, entiendan que poco sentido tiene la ostentación de joyas, y hagan caer la demanda global. Tampoco se puede seguir aguardando por un repentino arrepentimiento entre los que animan el mundo de las finanzas. En cambio, las soluciones deben ser construidas por los propios latinoamericanos, ya que ellos son los más interesados en defender su propia población y sus ambientes. Como consecuencia de todo esto, el mecanismo que se debe aplicar es evidente: América Latina la que debe declarar una moratoria de la minería de oro. 

Esto implica tanto suspender nuevos emprendimientos mineros, como ir desmontando los actuales. Simultáneamente se debe contar con un marco regulatorio regional que impida el ingreso de oro nuevo desde la minería, con lo cual el sector informal rápidamente desaparecerá. En cambio, se debe permitir y alentar el comercio basado en el reuso y reciclaje del oro que ya fue extraído. A su vez, el Estado debe reorientar todos los recursos financieros, humanos y políticos, que ha usado hasta el día de hoy en sostener a la minería corporativa, para pasar a brindar apoyo y opciones productivas dignas a todas las familias rurales. 

No hay que sentir temor ante la idea de una moratoria de la minería del oro. Es el paso necesario para enfrentar una situación que se ha vuelto tan dramática, que no se pueden aceptar postergaciones, si es que realmente se defiende la vida. 

Eduardo Gudynas es analista en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), Montevideo. Twitter: @EGudynas URL de este artículo: http://www.alainet.org/active/73652 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=184549

Nos hallamos hoy también en oposición a los progresistas e izquierdistas que creen en liderazgos identificados con el capitalismo y menosprecian la realidad e historia cuando desconocen el poder de los pueblos induciéndolos a delegar en que: "1. Estados y gobiernos reconozcan y demarquen los territorios indígenas, donde puedan ejercer la protección a los bienes naturales (bosques, agua, suelo, semilla, biodiversidad, espiritualidad) y desarrollar sus sistemas de vida. 2. Los Estados y gobiernos implementen una reforma agraria integral para el desarrollo territorial que evite el despoblamiento rural, con políticas públicas para el acceso a hombres y mujeres a la tierra, el agua potable y para riego, infraestructuras, educación para la vida en el campo, salud y comercialización. Es decir, que se promuevan políticas integrales que permitan que los pueblos del campo no tengan que emigrar para reproducir su vida". Leer

No sólo posponen la autodeterminación de los pueblos sino también igualan a todos los estados y gobiernos de Nuestra América. Traigamos a discusión a un enfrentamiento en Chile.

El poder empresarial y la reforma tributaria

La defensa del modelo bien vale 50 millones de pesos

Por Paul Walder (Punto Final)

La oligarquía está atenta, observante, como durante los siglos en que ha controlado este país. En su fundo, que tuvo una tranquilidad que se extendió por 40 años, algo ha comenzado a pasar que sus súbditos ya no son los mismos. Desde finales de la década pasada, aquella grieta que los estudiantes abrieron en el muro de la institucionalidad económica y política no ha dejado de ensancharse, boquete por el que fluye el malestar de millares que antes se sintieron contenidos por el modelo neoliberal. La abertura es tan evidente, que no solo la elite política ha debido reaccionar ante la crisis, sino que también lo ha hecho el verdadero dueño del engendro, aquel uno, ó 0,1 por ciento más rico: la oligarquía chilena.

Desde fines del año pasado ya había señales de cambios en el el Centro de Estudios Públicos (CEP), casa fundada durante la profundidad de la dictadura por el corazón de la oligarquía chilena, el grupo Matte, familia que se hunde en la historia nacional entre el latifundio, las finanzas, los cultivos y la política. Los Matte presionaron con fuerza desde la Papelera por el golpe de Estado, encubrieron en la misma fábrica violaciones a los derechos humanos y hasta tuvieron una ministra al lado de Pinochet. Como los Edwards, se mueven en la historia como si Chile fuera su propio fundo. Así es como de un Matte, antepasado directo de los actuales dueños de Entel, Colbún, el Banco BICE, la Papelera y otras empresas que les reportan un patrimonio de 7.500 millones de dólares, escribió una frase para el bronce. Eduardo Matte, que fue diputado, senador y ministro en los gobiernos de Balmaceda y Jorge Montt, dijo, con meridiana claridad, que “los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio”. Cuando en pleno siglo XXI oímos a las futuras generaciones Matte repetir más o menos lo mismo, vemos que la historia no parece evolucionar en estas tierras.

Eliodoro Matte es el heredero de la sentencia de Eduardo Matte. Y lo hace a través del CEP. Desde allí se trazan las grandes políticas -las verdaderas-, los grandes ciclos. Para el resto, la minucia, está la UDI, RN y también la Concertación. Porque el CEP, que lanza periódicamente sus encuestas y otras evaluaciones, acogidas y amplificadas por el diario de Agustín Edwards, reúne como ningún otro centro, partido, fundación o club, a unos mecenas capaces de juntar en pocos meses cincuenta millones de dólares para influir y presionar. Algo se percibe en el aire que socios como Jean Paul Luksic, Roberto de Andraca, Roberto Angelini, Alvaro Saieh o el mismo Matte estiman que bien merece el esfuerzo y la inversión.

El CEP está alerta. Hay un llamado de atención. Este extraño clima otoñal, algo artificial y sobrecalentado, es efecto de una transformación mayor. El CEP no se alarma por las citas y declaraciones entre partidos ni por titulares de la prensa; el Centro observa, acaso, las grandes olas, que mide y sopesa. El cambio en las multitudes, sus percepciones e intenciones. La transformación de una ciudadanía que despierta sobresaltada.

El CEP cambió el año pasado a su director. Despidió al escritor Arturo Fontaine Talavera, a cargo de la mansión durante los años del gran consenso político, para colocar al economista Harald Beyer, el neoliberal de tomo y lomo que fue destituido del Ministerio de Educación. Un cambio en el conductor, de conciliador a militante, que responde no solamente a una transformación climática, sino a sus predicciones. ¿De soleado a nublado? ¿A tormentoso?

Fontaine, poco después de dejar su cargo, habló sobre esta transformación que vive la ciudadanía. Su percepción, que esboza una crítica, apunta hacia la contradicción del modelo: por un lado lo elogia, pero también observa sus falencias en cuanto deja a millares fuera de sus beneficios. Harald Beyer diría que son distorsiones por falta de mercado.

Cincuenta millones de dólares es un argumento de peso que expresa el temor empresarial ante un clima social y político que pone en riesgo sus expectativas de continuar lucrando a manos llenas. Con el fin -y colapso- de las políticas de los consensos, podemos pensar que desde las marchas y la rabia, filtradas en el programa de la Nueva Mayoría, atenderemos al fenómeno mediático, clásico por cierto, que hoy nace. La suave reforma tributaria preparada por el gobierno de Michelle Bachelet muta, canalizada por el duopolio y la televisión corporativa, hacia el público ingenuo e ignorante cual aberración económica. La efervescencia social se baja con el miedo económico.

El poder empresarial parece ubicuo. A los medios de comunicación, casi todos bajo su propiedad, le agregan ahora los contenidos. Las ideas, le llaman. ¿Tiene el neoliberalismo alguna idea que no sea el lucro, la ganancia a todo evento? Si se abre este nuevo escenario, este nuevo clima político y social, será interesante esta lucha. Pero no será sólo de ideas, sino de intereses, mentiras. Las ideas proceden de otro lado.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 803, 2 de mayo, 2014
www.puntofinal.cl
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=184316

Mientras comunidades y organizaciones mapuche se plantean movilizarse "a fin de ir distinguiendo nuestras reales demandas de los distractores gubernamentales y al mismo tiempo, para fortalecer los procesos de unidad en la acción como práctica de nuestro ser mapuche".

Por la reconstrucción del pueblo-nación

(Agencia Walsh) El 30 de mayo, Comunidades y organizaciones territoriales mapuche llaman a movilizarse a las 11 hs desde la Plaza Hospital, por falta de agua y su contaminación al igual que por recursos naturales muertos por expansión forestal, concesión de ríos, subsuelo y mar, aparejado con la militarización, persecución y control permanente a referentes territoriales.

Wallmapu/Chile, 07 de mayo de 2014

Comunidades y organizaciones territoriales del pueblo mapuche reunidas en Curacautín el pasado 26 de abril en defensa del río Cautín y otros referentes mapuche movilizados que se suman señalamos que, frente a la aplastante realidad de las inversiones en millones de dólares en proyectos que atentan con nuestras aguas y tierras, el destructivo y lucrativo negocio expansivo de las empresas forestales en nuestro territorio aparejado con la militarización, persecución y control permanente contra nuestros representantes territoriales de base y, especialmente al sucio y obsecuente juego del gobierno frente a la realidad de nuestros hermanos en huelga de hambre en  la Cárcel de Angol; resolvimos iniciar y apoyar distintos procesos de movilización en el Wallmapu, sobre lo cual comunicamos:

1. Hacemos un llamado amplio a los diferentes territorios (lof) y comunidades ancestrales de nuestro pueblo a manifestar su repudio y rechazo a las viejas prácticas de manipulación, falsos y engañosos intentos de “lavado de imagen” del gobierno de Bachelet reflejado especialmente en el tratamiento de las demandas de nuestros hermanos en huelga de hambre, y a mantener vivas todas y cada una de las expresiones y formas de movilización tal como se viene realizando. Llamado que se hace extensivo a la sociedad chilena y al mundo solidario internacional, que aprecia la legitimidad de nuestra causa.
2. Junto con reírse de nuestros hermanos en huelga, no se conoce avances desde el gobierno sobre los temas de fondo que a diario nos afectan e impactan, como en la falta de agua y su contaminación al igual que todos nuestros recursos naturales muertos por la expansión forestal y la concesión de nuestros ríos, subsuelo y mar. Claramente, ninguna de las normativas que rigen tal exterminio se quiere tocar, donde el derecho al “consentimiento previo, libre e informado” lo buscan reducir y desviar a una “consulta” cuyo diseño es otra de las burlas totalmente vigente. Paralelamente -en este gobierno- se siguen aprobando proyectos hidroeléctricos, salmoneras y bonificando a las forestales ¿qué utilidad puede tener un supuesto mecanismo de consulta…
3. Llamamos a una movilización nacional para el día viernes 30 de mayo, la que en el caso de la ciudad de Temuko se realizará desde las 11 horas desde la Plaza Hospital con la finalidad de expresar nuestro repudio y exigir nuestros derechos como pueblo. Marcha por el Territorio Mapuche, entendiendo que cada uno de los puntos ya expuestos atentan contra nuestros espacios, espiritualidad y derechos colectivos y a cada CHE o persona mapuche. Hacemos extensiva la invitación a movilizarse en otros puntos y ciudades de nuestro territorio histórico a fin de ir distinguiendo nuestras reales demandas de los distractores gubernamentales y al mismo tiempo, para fortalecer los procesos de unidad en la acción como práctica de nuestro ser mapuche.

Por la continuidad de nuestra resistencia y la reconstrucción del pueblo-nación de Mariluan, MagilWenu y Kilapag; Amulepe Taiñ WichanMapuWeychan. Libertad a todos los presos políticos. Marichiwew

TaIñMapuncheGen-Nación Mapuche

PuLofmapuXawvn-Alianza Territorial Mapuche

Territorio Karvlafken 

Lof Folilko

Territorio Likanray

Pu lof en resistencia del LafkenMapu Tirua - Lleulleu

Lof Radalko

Comunidad Quilape López

Lof Millalen de Victoria

Lof Xapilwe-Forowe

Lof Temucuicui

Lof Wañako Millao

Lof Tokiwe

Fuente: http://www.agenciawalsh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12344&Itemid=85

Resulta contradictorio que haya una mayoría de trabajadores haciendo posible a formas actuales de los campos de concentración como son las zonas de sacrificio y los pueblos fumigados u otras variantes de contaminación ambiental y depredación. Urge visibilizar y debatir:

La criminología de los delitos económicos

 

¿Qué es robar un banco comparado con fundarlo?
Bertolt Brecht

Por Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)

(...)Características principales de estos delitos.
La delincuencia económica produce un gran daño social y su costo financiero es enorme en relación al costo de los delitos tradicionales. Costo que por otra parte recae sobre el conjunto de la sociedad.
Las víctimas son más débiles y vulnerables y muchas veces no toman conciencia de su situación o cuando lo hacen se sienten birladas frente al delincuente de cuello blanco y dejada de lado por un derecho penal que históricamente la ha relegado a un cono de sombra” (2).
En general conlleva la violación de confianza depositada por ley en el Estado y las corporaciones.
El delito de cuello blanco es organizado, contando con una estructura constituida con el fin de delinquir: hay una organización para el control de la legislación, utilizan agencias publicitarias para dar una falsa imagen y controlan las leyes de patentes o directamente a sus inventores.

 

En busca de una explicación.
Esta clase de delitos escapan a las explicaciones tradicionales, ya que en general estas personas han tenido la posibilidad de motivarse en la norma, no padecen necesidades, ni son discriminados, tienen un buen pasar económico, gozan de aceptación social, suelen conocer la ilicitud de su accionar. Utilizan su imagen y respetabilidad para perpetrar estos hechos, violando y abusando de la confianza de las victimas, mediante ardides y falsedades sumada a la ingenuidad de los sujetos pasivos (3).
Para Juan S. Pegoraro existen lazos sociales ilegales que lejos de disolver el lazo principal - solidaridad social- “conviven con él, forman parte indisoluble de él y responden a necesidades sociales.- De manera que el delito es funcional a la supervivencia del orden social realmente existente. Estas conductas ilegales construyen otros lazos tan fuertes, indisolubles y necesarios como los lazos de la solidaridad social (4).

Las empresas en la actualidad compatibilizan negocios lícitos con ilícitos y prácticamente ninguna actividad empresaria puede hoy sobrevivir sino es dentro de una red de ciertos ilegalismos.
El delito cumple un rol dentro del funcionamiento de la sociedad; tanto los negocios legales como los ilegales atienden las demandas de bienes y servicios, y mientras esas estructuras delictuales no sean reemplazadas por otras, que se encuentren dentro de una lógica económica diferente a la que conocemos, todo intento de eliminación terminará fracasando.

A partir de lo anterior podemos afirmar que el delito de cuello blanco estaría originado en un exceso de oportunidades, en la disponibilidad de medios, conocimiento de técnicas, posición social, etc. El delincuente económico, lo es porque tiene todas las herramientas para serlo, “esta socializado para realizar este tipo de comportamientos” .
Parecería que estos comportamientos ilícitos son una consecuencia inevitable del capitalismo. El sistema no podría funcionar sin esas actividades que se realizan al margen de la ley (5).

Conclusión
El hecho de que sean las corporaciones las ‘ejecutoras’ o grandes empresas, en muchos casos extranjeras, contribuye a esa falta de identificación del autor como un delincuente.
La impunidad que rodea a este tipo de criminalidad es difícil de explicar, pero hay varias características que nos pueden dar una idea de este fenómeno: los operadores judiciales se ven identificados con quienes cometen estos delitos: los jueces y funcionarios están en la misma posición social y se mueven dentro del mismo medio. Si bien el daño social que produce es mucho mayor, las víctimas son numerosas y están diseminadas, el perjuicio individual prácticamente no es percibido, sumado a la falta de poder de un individuo frente a una corporación. Por otra parte, el ámbito que abarca les permite llegar a todos los niveles para lograr esa impunidad, las influencias se utilizan para derogar leyes, para que se sancionen otras, para conseguir que los jueces olviden la causa o encuentren los argumentos para no condenarlos, alcanzan a los medios de comunicación y así mediante la publicidad y el manejo del sector periodístico mantienen una buena imagen frente a la sociedad que los sigue respetando y desde luego no los percibe como delincuentes.
Como vemos, el sistema capitalista es un sistema que se fundamenta en la delincuencia y se nutre de ella, de ahí que las teorías que intentan explicar estos delitos desde una posible desviación individual, o desde una falta de asimilación de la norma, caigan en la obsolescencia y presenten serias limitaciones a la hora de dar cuenta de la criminalidad económica.
De manera que a la hora de pensar en soluciones para esta problemática no necesitamos transformar el Código Penal, sino transformar el actual sistema económico y las estructuras sociales que éste produce. (...) Fuente: http://cepoc-cepoc.blogspot.com.ar/2007/12/la-criminiologa-de-los-delitos.html