A 6 años, Mariano nos interpela a ver qué economía el capitalismo impone pero dando la impresión de ser la propia de la democracia.

Se trata, entonces, de percibirla como la conquistada por

conciliación de clases para privilegiar 

 las ganancias extraordinarias de oligopolios

por sobre las necesidades populares.

 

 

Aclaremos porqué hablar de conquista y conciliación de clases para referirse a la economía en vigencia. La democracia desde 1984 hasta hoy siguió usando formas de terrorismo de estado disciplinador: hiperinflación, despidos masivos, gatillo fácil, criminalización tanto de la pobreza como de la protesta social, penalización del aborto, femicidio, narcotráfico, etc.. Pero, a diferencia de la dictadura genocida, busca construir consenso y simulacros de diálogos y negociaciones. Los fundamentales de los últimos han sido institucionalizados como el Consejo del Salario y las paritarias.

 

Ahora estas instituciones de la triple alianza contra los trabajadores se muestran consolidadas. Ni siquiera fueron sacudidas a consecuencia del combativo juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra. Tampoco la CGT es forzada desde abajo a ir contra el ajuste gestionado por Mauricio Macri. Podemos suponer que nuestra derrota como izquierdas revolucionarias se da ante todo como naturalización del funcionamiento capitalista por las grandes mayorías. Pero averigüemos cómo se fortaleció la triple alianza  contra los trabajadores ejemplificando con la:

Generación y sostenimiento de un ámbito privilegiado de acumulación

en el transporte ferroviario de pasajeros. (1990-2003)

Verónica Pérez (CV)
veronikaperez@gmail.com 
Universidad de Buenos Aires 

(…)La concesión de los ferrocarriles urbanos presentó importantes similitudes con los rasgos generales del proceso privatizador, fundamentalmente en lo que refiere a la orientación de la intervención económica estatal, la cual configuró condiciones favorables a la conformación de un ámbito privilegiado de acumulación en el sector (en adelante APA), si por estos se entiende, tanto por sus características constitutivas como por su modo de funcionamiento, “una red integrada por prácticas, actores, actividades económicas y regulaciones normativas, que permiten la generación y sostenimiento de diversos mecanismos de obtención de cuasi-rentas de privilegio que son apropiadas por las firmas privadas involucradas” (Castellani, 2009: 6). 

En este sentido y en oposición a la concepción según la cual el período privatizador se caracterizó por un marcado “retiro del Estado”, aquí se sostiene que uno de sus rasgos principales lo constituye la fuerte regulación económica estatal dirigida a sostener espacios de nulo riesgo empresario y obtención de ganancias extraordinarias, tanto para las empresas que participaron directamente de las privatizaciones, como para aquellas que quedaron ligadas al proceso privatizador y que fue justamente este rasgo distintivo del proceso el que posibilitó, para el caso de la concesión de trenes urbanos, la conformación de un APA. (…)
Fuente: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ar/2012/vp.html

Sigamos examinando la articulación de:

Estado y grandes empresarios en la Argentina de la postconvertibilidad
2009

Por Ana Castellani (CONICET/IDAES-UNSAM y FCS-UBA)

(…)Nos interesa abordar el tema de la relación entre el Estado y los grandes empresarios, para demostrar la persistencia de una particular modalidad de articulación entre estos dos actores que obstruye las posibilidades de construir un proceso de desarrollo sostenido. Proceso de desarrollo que no sólo acreciente la dotación de capital, sino que además conlleve una mejora sustantiva en la calidad de vida de amplios sectores de la población terriblemente perjudicados por las políticas neoliberales de los años noventa y por la feroz devaluación que siguió a la crisis de la convertibilidad.

 

Según Varesi, el modelo que se fue configurando a partir de 2002 permitió la armonización de las relaciones al interior de la clase dominante, a través de diversas transferencias de ingresos públicos hacia las diversas fracciones del capital. El autor destaca seis políticas iniciales que posibilitaron estas transferencias (devaluación, retenciones a las exportaciones primarias, pesificación asimétrica de las deudas privadas, “salvataje” al sector financiero, cesación de pagos externos y control de las tarifas de los servicios públicos) a las que debería agregársele el vasto plan de obras públicas puesto en marcha desde los inicios de la gestión kirchnerista, la reimplantación de subsidios diversos a la producción de ciertos bienes y servicios, y la intervención directa en las actividades productivas a través de procesos de “reestatización” o de creación de empresas públicas. Como analizaremos más adelante, todas estas políticas permitieron acrecentar los márgenes de beneficios de las grandes empresas locales, pero además facilitaron el crecimiento exponencial de otras que antes ocupaban lugares marginales en la dinámica de acumulación general, en algo que vulgarmente se ha dado en llamar “capitalismo de los amigos”.

 

La relación Estado/empresarios y las restricciones al desarrollo

(...) Estos rasgos sobresalientes de la dinámica de acumulación argentina estarían dando cuenta de una particular modalidad de relación entre el Estado y los grandes empresarios, un vínculo proclive a la generación y sostenimiento de diversos ámbitos privilegiados de acumulación. En efecto, como hemos analizado en otros trabajos (Castellani, 2006, 2008a y b, 2009), durante varias décadas la perversa articulación entre ciertas políticas públicas destinadas a financiar directamente o indirectamente al capital local y diversas acciones desplegadas por los grandes empresarios permitieron que un reducido grupo de firmas lograra internalizar amplios márgenes de beneficios extraordinarios al calor de estos ámbitos. Pero ¿qué se entiende exactamente por ámbitos privilegiados de acumulación? Es posible pensar este concepto como un espacio virtual articulado por diversas prácticas que permiten la generación de ganancias extraordinarias para un conjunto de empresas privadas, beneficios que se sostienen en la existencia de múltiples y diversos privilegios (que pueden o no estar institucionalizados).

Si se los define por su función este tipo de ámbitos constituyen una fuente de generación de cuasi rentas de privilegio¹ (Nochteff, 1994) para las empresas que operar en él; si se los define por su forma, pueden pensarse como un entramado de relaciones y/o prácticas que involucran actores públicos y privados que se sostienen a lo largo del tiempo².

Ahora bien, la difusión de diversos ámbitos privilegiados en distintos sectores de la economía restringen las posibilidades de desarrollo en tanto:

• Desalientan la competencia empresaria por la obtención de cuasi rentas tecnológicas³, ya que a nivel micro resulta mucho más razonable intentar conseguir (y luego mantener) ciertos privilegios derivados del accionar estatal que garanticen rentabilidades positivas elevadas, antes que invertir en desarrollos innovativos de más riesgo.
• Generan procesos de crecimiento “burbuja” basados en opciones blandas (Nochteff, 1994). Desde el punto de vista de la economía en su conjunto, estas opciones no permiten iniciar un proceso de desarrollo sostenido sino una sucesión de booms o burbujasque cuando se terminan dejan sólo unas “gotas” aisladas de capacidades tecnológicas que impiden iniciar un nuevo ciclo de desarrollo. Esto conduce a un menor crecimiento del ingreso en el largo plazo.
• Favorecen la difusión de comportamientos rentísticos (rent seeking) entre los funcionarios públicos y los empresarios (inclusive en burócratas de posiciones menores en el entramado estatal).
• Deterioran las diversas capacidades del Estado dificultando las posibilidades de intervención futura de alta calidad.Profundizan el alto grado de inestabilidad e incoherencia de la intervención económica estatal, en tanto ésta se vuelve cada vez más heterónoma por la gran cuota de poder que acumulan los grandes capitalistas.
• Conspiran contra la posibilidad de construir un proyecto nacional de desarrollo estable al interior del empresariado ya que las firmas orientan su accionar a la obtención de privilegios que le permitan sostener procesos de acumulación acelerados, favoreciendo estrategias cortoplacistas que dificultan la construcción de proyectos colectivos.

Estado/empresarios durante la postconvertibilidad: la persistencia de los ámbitos privilegiados de acumulación

A la hora de analizar las intervenciones estatales realizadas durante los primeros años de esta década y el comportamiento y desempeño de los grandes agentes económicos se observan ciertas constantes que ponen en cuestión la ruptura del denominado “modelo postconvertibilidad” y que permiten inferir la permanencia de los ámbitos privilegiados de acumulación como tipo predominante de articulación público-privada. En cuanto a las acciones estatales, las evidencias disponibles muestran que se incrementaron las transferencias públicas destinadas al capital concentrado local a través de diversos mecanismos, entre los que se destacan la obra pública y diferentes subsidios directos e indirectos a ciertas ramas de la industria. En efecto, el gasto público en servicios económicos en general, se incrementó en valores constantes en un 103% entre 2003 y 2006 (cuadro 1). En el sector transporte y en el sector energético estos incrementos fueron aún mucho mayores (188% y 418% respectivamente) para sostener las tarifas de los servicios públicos y para ampliar la infraestructura, en particular en el sector eléctrico.

Estos cuantiosos recursos se canalizaron principalmente a través de Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, uno de los hombres de mayor confianza del ex presidente Kirchner. Los fondos administrados por este ministerio pasaron de representar el 3,8% del PBI en 2003, al 18,7% en 2007. Una parte considerable de los mismos se destinaron a la realización de vastos planes de obra pública, entre los que se destacan el Plan Federal de la Vivienda y el Plan Federal de Transporte Eléctrico. En todos estos planes se vieron involucradas empresas de escasa trayectoria en el sector pero cuyos dueños contaban con gran llegada al Gobierno (Electroingeniería, de Marcelo Mindlin y Gotti SA y Austral Construcciones SA de Lázaro Báez) junto con otras de mayor antigüedad, como Skanska (ex SADE), Techint y Roggio. Claramente, en un país como éste con un déficit de infraestructura importante, la obra pública constituye una intervención estratégica y necesaria para el desarrollo económico y para mejorar la calidad de vida de la población.

 

El problema es que cuando esa intervención se da en un marco de interrelación entre funcionarios y empresarios proclives a la obtención de ganancias extraordinarias o de “retornos” necesarios para sostener la “caja grande de la política”, se desvirtúa la orientación de esa intervención (y por ende, sus resultados)⁵ .El escándalo generado en torno del “caso Skanska”, donde se descubrieron pagos de sobornos mediante la utilización de facturas apócrifas en el que se vieron involucrados diversos funcionarios y empresarios afines al Gobierno, es una muestra clara de este tipo de vínculos viciados entre el sector público y el privado.

 

Ahora bien, además de las transferencias derivadas de la inversión pública directa, durante estos años se implementó un régimen de “promoción a la inversión industrial” mediante una serie de desgravaciones impositivas, que terminó favoreciendo a las más grandes empresas extranjeras y nacionales que operan en ramas de la industria que generan escaso valor agregado. Firmas líderes de rubros ampliamente beneficiados por la devaluación de la moneda (commodities y “armaduría automotriz”, por ejemplo), con inserción exportadora, acceso al financiamiento, y posición oligopólica en sus respectivos mercados. Tal como sostienen Ortiz y Schorr: Se trató de una fenomenal transferencia de recursos públicos hacia Aluar, Techint, Aceitera General Deheza, Repsol-YPF y las terminales automotrices, entre otros capitales oligopólicos; es decir, hacia empresas y conglomerados económicos que conforman el núcleo de los grandes ganadores del “modelo de dólar alto” y con capacidad de inversión propia. Ello ha tendido a profundizar un perfil de especialización de escasas potencialidades, limitados efectos difusores y dependiente de las estrategias desplegadas por las transnacionales y, en menor grado, un conjunto selecto de grupos económicos nacionales. (2009a: 18.)

A estas transferencias dirigidas al capital concentrado local, se le suman otras facilidades derivadas de la apertura de nuevos negocios (por ejemplo, en torno de la creación de ENARSA o en la adjudicación de licencias para abrir salas de juegos que favoreció al empresario “amigo” Cristóbal López) o de la aplicación de regulaciones que convalidan el amplio grado de concentración de la economía argentina⁶. Por razones de espacio no podemos tampoco detenernos en otro tipo de “negocios” propios de esta época derivados de la “reestatización” y creación de empresas públicas, en donde la compra de Transener por parte de ENARSA y otros socios privados, y el ingreso del empresario Eskenazi (Grupo Petersen) como propietario minoritario de Repsol-YPF de manos del Estado, aparecen como los más relevantes. Los diversos mecanismos de transferencia de recursos públicos que mencionamos permitieron que la mayor parte de las grandes empresas que operan en el mercado local incrementaran la relación entre sus utilidades y el valor de su producción (especialmente notable en el caso de las industriales) incluso por encima de los niveles alcanzados en la década del noventa (gráfico 1). Al considerar la evolución de la rentabilidad sobre ventas de las empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Valores, se corroboran estos indicios de recomposición de las utilidades empresarias, ya que las mismas pasaron del 7% al 13,2% entre 2003 y 2007 (Ortiz y Schorr, 2009b).

Esta sustantiva mejora no se tradujo, sin embargo, en un incremento sustantivo del acervo productivo local; por el contrario, gran parte de esos activos líquidos se fugaron progresiva y constantemente hacia el exterior.(…)

Castellani, Ana Gabriela 2009, no. 5-6, p. 223-234 Cuestiones de Sociología Cita sugerida: Castellani, A. G. (2009) Estado y grandes empresarios en la Argentina de la postconvertibilidad. Cuestiones de Sociología (5-6), 223-234. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4059/pr.4059.pdf Estado y grandes empresarios en la Argentina de la postconvertibilidad

Fuente: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4059/pr.4059.pdf

 

 

Advirtamos que esa articulación del Estado con el gran empresariado local e imperialista se afianzó mucho con el kirchnerismo por construcción de amplio consenso valiéndose de pervertir la conciencia mayoritaria. En efecto, indujo las ilusiones de inmunidad o blindaje regional frente a la crisis del capitalismo central. Cuando "una de las lógicas particulares de expresión de la crisis global en las áreas de la periferia capitalista adopta la forma de una profundización radical de los procesos de acumulación por desposesión. O, para decirlo de otra manera, aparece bajo la promoción de un nuevo ciclo global de mercantilización, apropiación y control por parte del gran capital de una serie de bienes, especialmente de aquellos que llamamos los bienes comunes de la naturaleza".

 

 Aún más la política económica del gobierno CFK y del progresismo sudamericano conquistó el apasionamiento popular de estar viviendo proyectos en confrontación con el imperialismo estadounidense e independientes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Pero esclarezcámonos sobre qué ocultaba Tecnopolis y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva mediante el siguiente artículo:

 

 

«Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina
Marzo - Abril 2013

El «Consenso de los Commodities» subraya el ingreso de América Latina en un nuevo orden económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes. Este orden va consolidando un estilo de desarrollo neoextractivista que genera ventajas comparativas, visibles en el crecimiento económico, al tiempo que produce nuevas asimetrías y conflictos sociales, económicos, ambientales y político-culturales. Tal conflictividad marca la apertura de un nuevo ciclo de luchas, centrado en la defensa del territorio y del ambiente, así como en la discusión sobre los modelos de desarrollo y las fronteras mismas de la democracia.

Por Maristella Svampa

 

(...)Hacia una conceptualización de la nueva fase

En primer lugar, desde el punto de vista económico y social, la demanda de commodities ha originado un importante proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas, al acentuar la reorientación de estas hacia actividades primarias extractivas o maquilas, con escaso valor agregado⁴. Esta dinámica regresiva se ve agravada por el ingreso de potencias emergentes, como es el caso de China, país que de modo acelerado se va imponiendo como un socio desigual en lo que respecta al intercambio comercial con la región⁵. Asimismo, este proceso de reprimarización viene también acompañado por una tendencia a la pérdida de soberanía alimentaria, hecho ligado a la exportación de alimentos en gran escala cuyo destino es el consumo animal o, de modo creciente, la producción de biocombustibles, lo cual comprende desde la soja hasta los cultivos de palma o los fertilizantes.

En segundo lugar, desde el punto de vista de la lógica de acumulación, el nuevo «Consenso de los Commodities» conlleva la profundización de la dinámica de desposesión⁶ o despojo de tierras, recursos y territorios y produce nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación. Entre los elementos comunes de esta dinámica podemos destacar la gran escala de los emprendimientos, la tendencia a la monoproducción o la escasa diversificación económica y una lógica de ocupación de los territorios claramente destructiva. En efecto, en función de una mirada productivista y eficientista del desarrollo, se alienta la descalificación de otras lógicas de valorización de los territorios, los cuales son considerados como socialmente vaciables, o lisa y llanamente como «áreas de sacrificio», en aras del progreso selectivo.

 Fuente: http://nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-de-valoracion-en-america-latina/

 

Veamos que lo cierto del elogiado crecimiento a tasas chinas fue el de la concentración y transnacionalización mediante:

 

La ofensiva extractivista en América Latina.

Crisis global y alternativas
Revista Herramienta N° 50

Julio de 2012

 Por Clara Algranati *

¿Está América Latina fuera de la crisis global?

 

A mediados de 2007 comenzaron a manifestarse los primeros síntomas del agotamiento del ciclo especulativo en el mercado de las hipotecas inmobiliarias en EE.UU. y ya durante el 2008 el estallido de la burbuja financiera hizo sentir sus efectos sobre el conjunto de la economía desde América del Norte a la Europa unida y, crecientemente, a nivel global. Se desplegó así un nuevo episodio del capítulo económico de una crisis que viene desenvolviéndose con idas y vueltas, desde hace largos años y que expresa una serie de contradicciones estructurales propias de la fase capitalista actual (entre otros Katz, 2010; Arceo, 2011; Chesnais, 2012)

 

América Latina llegó a ese momento tras seis años de crecimiento económico regional (2003-2008) considerado, por diferentes razones, como excepcional (CEPAL, 2008). Tanto por su magnitud y continuidad -que para algunos lo asemeja al experimentado “40 años atrás, cuando a fines de los años sesenta la región inició una expansión continuada a tasas similares a las actuales que duró siete años” (CEPAL, 2008)- como porque se asentó particularmente en el dinamismo de las exportaciones de “commodities”[1] a partir del crecimiento de los volúmenes exportados y, especialmente, de sus precios que contribuyeron a asegurar importantes saldos favorables en la balanza comercial y las cuentas públicas.

Este proceso tuvo un significativo impacto morigerador de las tensiones sociales agudizadas en los años de inestabilidad y recesión que signaron el período álgido de movilización popular, procesos destituyentes y cuestionamientos abiertos a la hegemonía neoliberal[2]. En esta ocasión, nos interesa sin embargo remarcar otro aspecto. Nos referimos a la consolidación y profundización de un modelo extractivo exportador cuyas bases habían sido ya sentadas en las décadas precedentes.

Por otra parte, el hecho que América Latina y el Caribe –con excepción del 2009- sostuviera su crecimiento económico en el contexto de la crisis global (2008-2011) alimentó las ilusiones de inmunidad o blindaje regional. Sin embargo, un análisis un poco más agudo ofrece un panorama mucho menos tranquilizador. Menos visible pero no menos real, la dimensión económica de la crisis se hizo sentir desde temprano en Nuestra América. No tanto bajo las formas más conocidas de inestabilidad o recesión, sino a partir de una serie de procesos, políticas y dinámicas de conflictividad social constituidas alrededor del destino de los bienes comunes de la naturaleza.

En este sentido, el presente texto tiene por objetivo proponer una aproximación crítica a este proceso; partiendo de una reflexión más general sobre las relaciones histórico concretas que pueden establecerse entre el neoliberalismo y la noción de crisis y proponiendo una serie de argumentos y análisis para comprender la ofensiva extractivista actualmente en curso y las dinámicas de contestación social y debate sobre las alternativas que plantea. Veamos.

Neoliberalismo y crisis: experiencias históricas y debates teóricos

 

Las nociones de “neoliberalismo” y “crisis” han despertado y aún suscitan diferentes elaboraciones y debates al interior del pensamiento crítico. No es intención de estas líneas abordar esta cuestión desde las especificidades de estos conceptos; sino proponer sobre ello algunos señalamientos –siempre breves y tal vez esquemáticos por lo exiguo del espacio- a partir de una reflexión sobre las relaciones entre ambos. Una reflexión que se plantea ahondar el análisis en dos planos: en el de la interpretación de la historia reciente y en el de los debates teóricos más generales.

Este recorrido comienza así con un primer hito. El hecho de que por “neoliberalismo” nos referimos habitualmente a la fase capitalista particular que emerge y se constituye históricamente como respuesta y salida sistémica a la crisis de los años ´70. Sobre ello se planteó y existe una doble discusión en la tradición marxista y crítica. La primera interroga sobre si la implementación efectiva del proyecto neoliberal resolvió en todos sus aspectos la crisis abierta cuatro décadas atrás; en una tensión que va de los éxitos obtenidos en la reposición e incremento de la tasa de ganancia a las dificultades en garantizar un nuevo ciclo estable de reproducción ampliada. La segunda discusión indaga sobre la propia conceptualización de dicha crisis; sobre si se resalta en el análisis su manifestación económica o se la visualiza como una crisis más amplia, de dominación.

En cierta forma, podemos decir que ambas discusiones se han reactualizado en los últimos años, de manera renovada y enriquecida a la luz de los nuevos desafíos que los proyectos emancipatorios afrontaron. Así, por un lado, tanto en la programática de los movimientos populares como en el campo del pensamiento crítico se ha tendido a afirmar una caracterización de la crisis actual que, trascendiendo las visiones economicistas, enfatiza una perspectiva multidimensional. Se identifica así una dimensión económica de la crisis, pero junto a ella también se reconoce una crisis alimentaria, energética, ambiental y climática. La magnitud y multidimensionalidad de esta crisis ha motivado que la misma fuera considerada como una crisis de civilización, civilizatoria o de la civilización dominante (entre otros Lander, 2010; Vega Cantor, 2009; Articulación ALBA, 2011).

Por otra parte, la manifestación actual y la persistente recurrencia de las crisis en el largo proceso de implantación y globalización del neoliberalismo reactualizó el debate sobre la relación entre ambos procesos encaminando el análisis hacia un examen sobre los efectos productivos de las crisis; o lo que podríamos llamar más llanamente los usos de la crisis.

En relación a ello, hemos sido testigos de cómo el estallido del último episodio económico de la crisis a partir de 2007 tendió a afirmar una “gestión neoliberal” de la misma. Son sus ejemplos más evidentes y divulgados por los grandes medios los salvatajes públicos a grandes bancos y empresas; y las políticas de ajustes salvajes y de recolonización, ejercidas particularmente sobre la periferia de la Europa “unida”. Asimismo, hemos presenciado en el plano internacional los intentos de reponer al FMI y al BM como agentes de su gestión mundial así como la revitalización del “Grupo de los 20” relegitimando el núcleo rector del G8; organismos internacionales y Estados centrales que fueron confrontados y cuestionados duramente en el primer ciclo del llamado “movimiento altermundialista”.

Similares conclusiones obtenemos cuando abordamos el estudio de la experiencia histórica vivida en América Latina en las décadas de implementación y construcción hegemónica del neoliberalismo. Ese período comprendido entre las dictaduras contrainsurgentes del Cono Sur de los ´70 y la expansión y profundización continental del “gobierno neoliberal” en los ´90; y en el que cumplieron un papel singularmente importante en la construcción de las relaciones de fuerza requeridas para la implementación del paquete neoliberal las llamadas “crisis de la deuda” de los ´80, las “crisis hiperinflacionarias” de la segunda mitad de los ´80 y principios de los ´90 e incluso la “crisis del Tequila” de mediados de los ´90[3].

Estas experiencias históricas motivaron diferentes y sugerentes conceptualizaciones; desde el señalamiento del particular papel que le cabe a la financiarización y la mundialización neoliberal como modo de “gestión de la crisis” que las propias políticas neoliberales agudizan (Amin, 2001); el rol que las crisis económicas juegan en el “patrón de reproducción del neoliberalismo” (Petras y Morley, 2000) e incluso en la caracterización de esta etapa bajo la nominación de “capitalismo del desastre” identificado por su uso sistemático de la doctrina del shock (Klein, 2007).

En esta lista, incompleta por cierto, resulta importante incluir el concepto de “acumulación por desposesión” acuñado por David Harvey para referirse a las formas particulares de acumulación características de la fase neoliberal. Debemos recordar que esta elaboración no sólo es incentivada, como confiesa el propio autor, por la reactualización de las guerras de invasión colonial presentes en la intervención militar anglo-estadounidense en Irak de inicios de 2003; sino también que se inscribe –como aporte histórico específico- a una problemática de largo aliento en el pensamiento marxista y crítico, que con sus diferencias y confrontaciones, desde Lenin y Rosa Luxemburgo, plantea y analiza la relación entre crisis capitalista e imperialismo. En este sentido, no es para esta tradición una novedad teórica la idea de que la gestión de las contradicciones –en las múltiples dimensiones que adopta la contradicción ampliada capital-trabajo- en el núcleo del capitalismo desarrollado se realiza, entre otras formas, bajo la promoción de ofensivas imperialistas (o de ofensivas del capital en un sentido más amplio); y, en este caso, en el ejercicio de una forma particular de acumulación capitalista que llamamos por desposesión o por despojo.

Por otra parte, en la última década se ha construido un sentido común a propósito de pensar las crisis como una ocasión que puede aprovecharse en beneficio propio; muchas veces refiriendo la idea de que los ideogramas que se usan en el idioma chino para decir crisis remiten tanto a peligro como también a oportunidad. Una imagen presente en los medios masivos y en los manuales de management y autoayuda, y repetida en boca de John F. Kennedy y del personaje de Lisa en un capítulo de Los Simpsons de años atrás. Pero esta construcción remite también a ciertos desarrollos teóricos presentes en la corriente de pensamiento neoliberal. Escribía Milton Friedman, uno de sus mentores, en 1962: “sólo una crisis –real o percibida- da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que ésa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable” (Friedman, 1966; cit. en Klein, 2007: 27; las cursivas son nuestras) Sobre ello también se ha examinado como, en este proceso, se han puesto en ejercicio tecnologías de gobierno de los sujetos basadas, por ejemplo, en la “gestión productiva” de las inseguridades, incertidumbres, desamparo y dolor (Murillo, 2007) que son características del arte de gobierno neoliberal; y también como este arte de gobierno se distingue, entre otras cuestiones, por afirmar que “la crisis…en primer lugar deja de tener connotaciones negativas…para tornarse un proceso productivo; en segundo lugar no es ya una excepción sino un elemento constante que opera en el núcleo de la planificación estratégica, del gobierno global; [y] en tercer lugar, cesa de ser un obstáculo a la gobernabilidad y gubernamentalidad, para conformarse en un elemento central del gobierno a distancia de sujetos individuales y colectivos” (Murillo y Algranati, 2012: 32). Desde este recorrido examinemos entonces como se ha expresado la crisis global en Nuestra América reciente.

 

 

La ofensiva extractivista en América Latina y el Tercer Mundo.

 

Como ya adelantamos, la hipótesis que intentamos fundamentar en estas líneas afirma que una de las lógicas particulares de expresión de la crisis global en las áreas de la periferia capitalista adopta la forma de una profundización radical de los procesos de acumulación por desposesión. O, para decirlo de otra manera, aparece bajo la promoción de un nuevo ciclo global de mercantilización, apropiación y control por parte del gran capital de una serie de bienes, especialmente de aquellos que llamamos los bienes comunes de la naturaleza. En otras oportunidades, hemos bautizado a este proceso con el nombre de ofensiva extractivista (Seoane, 2012a y b). No hay todavía efectiva conciencia de la magnitud de esta ofensiva y de las fuerzas que la animan. Permítasenos presentar algunas reflexiones y evidencias sobre ello.

La primera de estas evidencias resulta de la evolución de la inversión extranjera directa (en adelante IED) en América Latina y el Caribe en estos años de crisis global. Así -con excepción de 2009 cuando cayó el PBI regional- el periodo 2008 – 2011 presenta volúmenes record de IED que representan según los años entre un 70 y un 130% mas que el promedio ingresado entre 2000 y 2005 (CEPAL, 2012). Así, por ejemplo, en 2011 la IED fue un 31% más que el 2010 aumentando la participación regional sobre el total mundial hasta alcanzar el 10% y convirtiendo a América Latina y el Caribe en la región donde más crecieron estos flujos (CEPAL, 2012) Particularmente orientada a América del Sur, la misma se dirigió especialmente a las actividades vinculadas con la explotación de los bienes comunes de la naturaleza (CEPAL, 2012)[4].

Por otra parte, en este proceso regional se destaca en los últimos años las inversiones en la explotación minera en la región. Según datos de las consultoras privadas del sector, las mismas representaron en 2011 un monto record de 140 mil millones de dólares, un 40% más que en 2010 que ya había involucrado un volumen considerable, y un 250% superior a la registrada en 2003 (Infobae, 2012)

Esta ofensiva del gran capital sobre los bienes comunes naturales no excluye ciertamente a las tierras y los territorios ni a otras regiones del llamado Tercer Mundo, particularmente al continente africano. Según el Banco Mundial -uno de los promotores del proceso global de mercantilización de la tierra- entre 2008 y 2009 56 millones de hectáreas fueron arrendadas o vendidas en los países del Sur[5], especialmente en África y América Latina (GRAIN, 2012; Texeira y Rodrigues, 2011) resultado de inversiones proveniente en gran parte de los fondos de inversión trasnacionales (GRAIN, 2012) En el mismo sentido, la frontera agrícola, particularmente bajo el motor de la soja transgénica, no ha dejado de expandirse en los últimos años a nivel regional junto con la presencia del capital trasnacional consolidando en América del Sur ese territorio de soberanía corporativa que ha recibido el cínico nombre de “República de la Soja” (Borras, Franco, Kay y Spoor; 2011).

           

Finalmente, esta ofensiva tiene también su capítulo particular en relación con las medidas que se proponen frente a la crisis climática. Tras la iniciativa estadounidense de redefinir el llamado Protocolo de Kyoto hacia compromisos voluntarios y flexibles en las últimas conferencias mundiales sobre cambio climático[6]; la propuesta de los organismos internacionales, corporaciones y Estados centrales hacia la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable -más conocida como “Río más 20”- enarbola lo que llaman “economía verde”. La misma –que deberíamos llamar con más propiedad “capitalismo verde”- no sólo promueve la ampliación de los “mercados de carbono” y la producción y uso de agrocombustibles sino también utilizar la agricultura “como biorreactores…[que]…no sólo producen alimentos (proteínas, hidratos de carbono o fibras), sino variadas formas de energía, enzimas industriales, plásticos o medicinas…[y se convierten] en pequeñas plantas industriales o una industria verde que utiliza energías limpias y renovables, como la solar, donde las hojas son una especie de eficientes paneles” (Grobocopatel, 2012: 19). Una “solución” ante la crisis climática que profundiza justamente sus causas: la expansión del mercado capitalista ahora bajo la mercantilización y apropiación privada trasnacional de la naturaleza.

           

En estos diferentes terrenos, los pueblos de Nuestra América han afrontado y combatido en los últimos años y de diferentes maneras los intentos de profundizar el saqueo, la contaminación y la dependencia.

 

Sujetos y estructuras.

 

Una de las fuerzas que motoriza esta ofensiva es la del capital trasnacional representado en unas pocas decenas de megacorporaciones que promueven este nuevo ciclo de mercantilización, privatización y control de los bienes comunes de la naturaleza y los territorios donde se asientan, a escala global. Pero también, junto a éste, de manera asociada o competitiva, aparece el capital local-nacional tanto bajo la forma de grandes grupos económicos que tienen una proyección regional e internacional[7] como de empresarios menores muchas veces encargados de la realización de las formas más violentas e ilegales de esta acumulación basada en el despojo de los pueblos[8].

Pero esta profundización del modelo extractivista se ha instalado también y de manera creciente en la agenda de los gobiernos de la región que, incluso más allá de sus diferencias político ideológicas, parecen converger e inclinarse por profundizar este modelo justificado como una respuesta lógica ante la incertidumbre económica global, la desaceleración del crecimiento y su impacto en las cuentas públicas y la balanza comercial, pilares del ciclo económico anterior. En este terreno se cuentan desde los recientes acuerdos de instalación de las primeras megamineras a cielo abierto en Ecuador y Uruguay a los procesos de contrarreforma agraria y mercantilización de los territorios amazónicos cristalizados en el “decretazo” de Alan García en Perú en 2008 y en la ley de regularización de la apropiación privada ilegal de la Amazonia aprobada también en 2008 en Brasil bajo el gobierno de Lula da Silva: Desde los proyectos de “reforma energética” y privatización de PEMEX en México impulsado por Felipe Calderón en 2008 o las intenciones de privatizar CODELCO en Chile hasta las políticas de promoción del agronegocio y los agrocombustibles en el Cono Sur. Desde la habilitación de grandes proyectos mineros por gobiernos recién electos con un discurso de regulación de la megaminería –como es el caso de Ollanta Humala en Perú y el actual conflicto contra la instalación de la minera CONGA en Cajamarca; o el de Beder Herrera en la provincia de La Rioja y el gobierno nacional frente al proyecto minero en Famatina- hasta la profundización y la expansión de la explotación hidrocarburífera ahora incluyendo los llamados petróleo y gas no convencionales. Desde la promoción de la minería transnacional en Colombia y Centroamérica hasta el nuevo impulso de los proyectos hidroeléctricos (como Hydroaysén) y forestales en el sur chileno.

También, la promoción de esta ofensiva extractivista se expresó en el terreno de los proyectos de integración y la geopolítica regional. Es ya conocido que a partir de 2009 tiene lugar un nuevo despliegue de la presencia militar estadounidense a nivel regional que tuvo en el golpe de estado en Honduras una de las primeras manifestaciones de esta iniciativa que se articuló con las fracciones más conservadoras de las clases dominantes locales (Seoane, Algranati y Taddei, 2011) Menos conocida es tal vez la continuidad de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana -más conocida por sus siglas IIRSA. En 2011, entre las iniciativas que presentó la UNASUR para responder a la crisis se incluyó la realización de 31 proyectos de infraestructura promovidos por el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN)[9]. Proyectos que forman parte de la cartera del IIRSA integrado al COSIPLAN a partir de 2009[10] (COSIPLAN, 2011) De esta manera, la prioridad otorgada a las obras de infraestructura para facilitar el comercio exterior de commodities es otra expresión de la hegemonía ganada por el modelo extractivo exportador; de similares consecuencias aunque ahora sea promovido por un proyecto de corte neodesarrollista y el creciente intercambio con China.

Por otra parte, esta ofensiva suele ser interpretada por la literatura económica como la respuesta racional de agentes en un mercado de precios crecientes resultado del incremento de la demanda mundial basada fundamentalmente en el peso ganado por el Asia Pacífico (Banco Mundial, 2011; CEPAL, 2009 y 2012). Y ciertamente estamos en presencia de un crecimiento constante de los precios de estos bienes[11] aunque las razones de ello merezcan un análisis crítico más detenido que vaya más allá de la “demanda oriental” en un contexto mundial de retracción económica. Por el contrario, contra toda perspectiva naturalizadora, ello nos remite a una serie de razones estructurales que caracterizan la fase neoliberal capitalista actual y su particular orden mundial.

En este sentido, por un lado, refiere al proceso de financiarización y su particular impacto en el terreno de la mercantilización y explotación de los bienes naturales. Proceso que se expresa tanto en el hecho de que el precio de los commodities se define en las bolsas de valores de los países centrales como a la significativa presencia de los fondos de inversión en el sector. Estos hechos explican que, desplomada la burbuja financiera alrededor de los activos inmobiliarios en EE.UU., la especulación se desplace rápidamente a los bienes comunes de la naturaleza, lo que contribuye a independizar la evolución de los precios de estos bienes del valor de producción (entre otros, Bruckman, 2011).

 

Por otra parte, este proceso es también el resultado de la concentración y centralización del capital signado por las reformas liberalizadoras características de la “globalización neoliberal” y que tienen su capítulo más conocido en las numerosas fusiones y asociaciones empresariales que tienden a consolidar un control relativamente oligopólico por parte de un puñado de grandes megacorporaciones (entre otros, Bruneto y Stedile, 2011).

Finalmente, el carácter multidimensional de la crisis actual y la interconexión y retroalimentación de sus diferentes dimensiones acentúa sus efectos regresivos (entre otros, Toussaint, 2010). Así, por ejemplo, el crecimiento de la producción de los agrocombustibles -supuestamente orientados a aliviar la dimensión energética de la crisis- o la promoción de los mercados de carbono –aparente respuesta a la crisis climática- agudizan su dimensión alimentaria.

De esta manera, estos tres breves señalamientos aportan algunos elementos sobre las razones estructurales sobre las que se apoya la ofensiva extractivista, que apuntan a evitar las visiones naturalizadoras de este proceso, como si el mismo deviniera de una escasez inherente a los bienes en cuestión o del funcionamiento de un supuesto “mercado libre” o de una todavía insuficiente modernización.

 ¿Ante un nuevo ciclo regional de luchas?

 

Frente a esta ofensiva extractivista una ola de protestas y resistencias sociales emergió y está desarrollándose a nivel regional. Allí se cuentan un sinnúmero de las principales luchas y movilizaciones acontecidas en América Latina en los últimos años que ponen en cuestionamiento al modelo extractivo exportador y su cuota de violencia, saqueo, devastación ambiental y dependencia-recolonización. Allí está también la masacre de Bagua en Perú (5 de junio de 2009) frente al levantamiento de las comunidades de la amazonía como símbolo trágico de la respuesta represiva que muchas veces se descarga sobre estos movimientos y pueblos. Una ola de resistencias donde intervienen organizaciones y movimientos ya presentes en el ciclo de cuestionamiento al neoliberalismo de décadas pasadas pero que también experimenta procesos complejos de reorganización del campo de los sujetos subalternos y sus lógicas de acción. A pesar de este escenario y de la fragmentación y aislamiento local-sectorial al que quiere condenárselas; estas experiencias en múltiples casos han logrado detener los emprendimientos extractivistas o morigerar los efectos más regresivos de las políticas públicas. Y también afrontan el desafío de expresarse en el plano regional; por ejemplo, en la movilización continental y global contra la mercantilización de la naturaleza y la ofensiva extractivista de junio próximo y la Cumbre de los Pueblos paralela a la Conferencia de Río + 20 (junio, Brasil); y también en la preparación y participación de la asamblea continental de la Articulación de los movimientos sociales hacia el ALBA hacia fin de año.

Ciertamente, la combinación de estos procesos con la desaceleración económica regional y los ajustes del gasto fiscal, expresiones también de la crisis global; sugiere que estamos frente a un nuevo ciclo regional de luchas que parte de los cambios, los logros y, también, de los límites y frustraciones de lo acontecido en América Latina en la última década. En este contexto, estas experiencias y el debate y las prácticas críticas y cuestionadoras del modelo de desarrollo en curso que plantean adquieren una significación particularmente importante; en la medida que la elaboración de un proyecto de “otro desarrollo” resulta el necesario alimento para la construcción colectiva de efectivas alternativas populares ante la crisis.

*Profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) Argentina, miembro del Grupo de Estudios Sobre América Latina (GEAL).

Bibliografía (…)

Artículo enviado especialmente para este número de Herramienta.

 

[1] Nominación generalizada bajo el neoliberalismo para hacer referencia, particularmente, a lo que se llamaba en décadas pasadas “materias primas”; es decir a aquellas “mercancías” obtenidas a partir de la apropiación privada y explotación de los bienes comunes naturales. La palabra “commodities” refleja particularmente el proceso de financiarización y mundialización de los mercados de estos bienes característicos de la fase capitalista actual.

[2] Desarrollamos dicha cuestión, entre otros textos, en un artículo publicado hace casi un año y medio atrás en esta misma revista del que, en sentido temporal y temático, el presente es en gran medida su continuación. Ver Seoane, Algranati y Taddei, 2011.

[3] Por el contrario, el impacto regional de la llamada “crisis del sudeste asiático” de 1997 combinada con un creciente descontento social con los resultados de las reformas neoliberales y con el desarrollo de un ciclo de luchas y constitución de movimientos sociales iniciado desde mediados de los ´90 darán por resultado un agudo periodo de cuestionamientos y pérdida de hegemonía del neoliberalismo que abrirá importantes cambios sociopolíticos en muchos de los países de América Latina y el Caribe.

[4] En similar dirección, vale tomar nota que entre las diez principales operaciones de inversión extranjera en compra de empresas realizadas en 2011, siete corresponden a los sectores de petróleo, gas y minería[4]; tres de las cuales resultan de adquisiciones de empresas chinas aun si los EE.UU. siguen detentando el primer lugar como inversor regional (CEPAL, 2012).

[5] Frente a ello, por ejemplo, una campaña internacional contra el acaparamiento de tierras viene creciendo a nivel global impulsada principalmente por los movimientos campesinos nucleados en la Vía Campesina. Desde el Llamamiento de Dakar proclamado en esa ciudad africana en el marco del Foro Social Mundial a inicios de 2011 hasta el lanzamiento de una “alianza global contra el acaparamiento de tierras” promovida por la Conferencia Internacional Campesina realizada en Mali a fines del mismo año, la lucha contra este proceso se ha convertido en el eje central de las acciones campesinas frente a los poderes internacionales (Boletín Nyeleni, 2012).

[6] Nos referimos a la XV en Copenhague en 2009; la XVI en Cancún en 2010; y la XVII en Durban en 2011.

[7] Por ejemplo, los casos de la VALE –Companhia Vale do Rio Doce-, Petrobrás, Odebrecht, Aracruz y Votorantim -las cinco originalmente brasileñas- o del Grupo Los Grobo –originalmente argentino.

[8] La experiencia argentina es bien indicativa de estos procesos. Recordemos por ejemplo que el hostigamiento reiterado a las comunidades campesinas en Santiago del Estero que culminó con el asesinato del militante campesino Cristian Ferreyra a fines de 2011 fue promovido por empresarios locales en asociación con las mafias policiales y políticas de la provincia. En el mismo sentido, las regiones de expansión de la frontera agrícola bajo el agronegocio y la soja transgénica han visto crecer rápidas fortunas de empresarios agrícolas connacionales al calor de estos procesos de despojo y apropiación ilegal de tierras comunitarias y público-estatales.

[9] Entre las mismas se creará el Consejo de Economía y Finanzas de la Unión y se harán propuestas para desdolarizar los intercambios comerciales, promover un fondo anticrisis e incluso reimpulsar el Banco del Sur Aunque estas iniciativas quedarán sin concretarse. La trayectoria del Banco del Sur es en este sentido una buena muestra. Con su primer paso de fundación en 2007, y luego de la adopción de un marco constitutivo que restringe en parte su sentido original, todavía resta la aprobación parlamentaria de alguno de los miembros para que se pueda poner en marcha.

[10] Al COSIPLAN se incorporó el Comité Directivo de la IIRSA como foro técnico asesor, así como fueron reconocidos los resultados alcanzados por este proyecto en el terreno de la integración y se incluyó su cartera de proyectos y el ordenamiento territorial y prospectivo y la metodología de planificación territorial indicativa desarrollada en la IIRSA (COSIPLAN, 2011).

[11] Por ejemplo, en los cuatro años que median entre 2007 y 2011 el precio internacional de la soja creció un 30%, un porcentaje similar lo hizo el crudo de petróleo, el del oro casi un 100%, la plata un 132% y el maíz casi un 58% (Banco Mundial, 2012) siendo el año 2008 cuando se verifican las alzas más importantes. Así, por ejemplo, “en junio de 2008, los precios de los alimentos básicos en los mercados internacionales alcanzaron sus niveles más altos de los últimos 30 años” provocando que, según los moderados datos de la FAO, “otros 115 millones de personas fueron empujadas al hambre crónica” a nivel internacional (FAO, 2009: 6) dando origen a una serie de revueltas del hambre que cruzaron la geografía del planeta.

Fuente: http://www.herramienta.com.ar/revista-impresa/revista-herramienta-n-50

 

Consideremos cómo los poderes conquistaron la economía que nos extermina y cómo nosotros debemos proyectar no sólo las nuestras sino ante todo necesitamos generalizar la ruptura con la lógica del capital.

 

Desnudar al extractivismo: 

repensar el origen y destino de la riqueza

14 de noviembre de 2014

 

Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)

 “La tierra y las mujeres no somos territorios de conquista”. “Nosotras somos ricas, tenemos lo que quieras del territorio: cazamos y pescamos, y hay toda clase de hortalizas. ¿Qué pobres vamos a ser? No tener naturaleza es ser pobre”

Testimonios recogidos en “La vida en el centro y el crudo bajo tierra: El Yasuní en clave feminista” [1]
La defensa de la política extractivista se desenvuelve en un discurso que mezcla una serie de desafíos realmente existentes, con todo un juego retórico plagado de omisiones, desactivaciones simbólicas de campos de poder y valor, y mitificaciones históricas ―en la cuales el “desarrollo” es pilar fundamental―, que en su conjunto ofrecen una conclusión profundamente conservadora, pero que en ningún modo es cierta: no hay alternativas más allá del extractivismo.

El circuito de acumulación en los capitalismos extractivos se desarrolla como un proceso metabólico, que intenta capturar, dominar, destruir y/o cooptar todas las formas territoriales de reproducción de la vida para subsumirlas al patrón macro-energético hegemónico. En este sentido, a lo largo de los procesos que constituyen este circuito de acumulación, se van construyendo justificaciones que puedan legitimar cada fase de este modo de explotación capitalista sobre las subjetividades y la naturaleza. Es necesario atender a estas fases para intentar evidenciar cuáles son estas omisiones, desactivaciones y mitificaciones contenidas en el discurso extractivista.

En Teoría económica del capitalismo rentístico de Asdrúbal Baptista, uno de los clásicos de la literatura petrolera venezolana, el autor destaca que la especificidad del capitalismo rentístico radica en el hecho de que su estructura abarca desde el inicio un doble ámbito espacial, un doble ámbito territorial [2] . En esta dualidad geográfica, el origen de la renta petrolera es de escala internacional ―determinada por la lógica de la División Internacional del Trabajo―, y el destino de ésta, estaría enmarcado en una escala nacional, teniendo entonces al Estado como la interfaz de estos dos procesos.

La propuesta de Baptista nos sirve como referente para analizar en estos dos ámbitos, los diferentes argumentos y epistemes que se proponen para justificar la expansión del extractivismo: un primer momento, la captación de una renta internacional de la tierra - RIT (origen); y un segundo momento, la distribución de la misma (destino). Sin embargo, es necesario hacer previamente un par de salvedades al respecto:
a) La separación que propone Baptista sobre una escala “internacional” y una escala “nacional” es insuficiente para comprender las diversas dinámicas transterritoriales que constituyen el proceso capitalista de acumulación en el extractivismo. El elemento sobre el que se enfoca Baptista, el origen de la RIT, otorga centralidad a los flujos de esta forma de valor monetaria, haciendo pasar a un segundo plano el hecho de que el origen de la riqueza es territorial. Esto nos lleva a que, antes que atender únicamente a la captación de la RIT, nos enfoquemos primordialmente en el proceso capitalista de extracción que se realiza en el territorio, en la desterritorialización colonial que genera el capital, en la reconfiguración y reordenamiento político que se produce en dicho espacio geográfico a raíz de este proceso extractivo.
b) En este mismo sentido, respecto al proceso de distribución de la RIT, el carácter “nacional” de la misma se ha desdibujado muchísimo en la globalización neoliberal, generándose en numerosas ocasiones procesos de regionalización del capital que trascienden las fronteras de los Estados-nación, y mecanismos “informales” que desbordan los canales tradicionales de estos procesos, como el caso de la economía extractiva de frontera en Venezuela (contrabando) [3] . Esto, por supuesto, sin contar con los mecanismos globales de redistribución del excedente (regulares y fraudulentos) hacia los núcleos hegemónicos de la economía-mundo capitalista.


Primer momento: el proceso capitalista de extracción y el origen de la RIT
En nombre del “desarrollo”, el “progreso”, el fin de la dependencia y la lucha para salir de la pobreza, los diversos discursos extractivistas nos proponen que debemos sacar más y más de la naturaleza, ampliar cada vez más los proyectos extractivos en número e intensidades, para así obtener mayores dividendos monetarios y posteriormente alcanzar tales grandes objetivos.
Por citar algunos ejemplos, en México el presidente Enrique Peña Nieto afirmaba que la promulgación de los reglamentos de la Reforma Energética de fines de 2013 marca el inicio de una nueva era de desarrollo y crecimiento económico en el país [4] ; en el marco de la extraordinaria expansión del extractivismo sojero en Argentina, la presidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, inauguraba a fines de abril la planta de procesamiento de soja más grande del mundo, alegando que se trata del desarrollo de "una industria de punta para agregar valor a la materia prima (…) y podamos seguir agregando valor al producto del sector agropecuario" [5] ; y en Perú, Ollanta Humala ha defendido el Proyecto minero Conga (Cajamarca), pues “la población necesita ver que los proyectos económicos que se desarrollan en sus territorios los benefician directa y concretamente”, incluyendo la supuesta posibilidad de garantizar “ más agua y de mejor calidad ” [6] ; argumentos éstos muy similares a los planteados por los gobiernos “progresistas” de Rafael Correa respecto al petróleo en el Yasuní [7] , o Evo Morales en relación al TIPNIS [8] .

En todos estos casos, el consenso extractivista está determinado por un fetiche constitutivo de la racionalidad desarrollista, basado en una idea obsesiva de que el supremo objetivo social es “crear valor”, o bien captarlo como renta, reproducirlo y expandirlo. En realidad esto significa que lo que el mercado mundial capitalista considera como útil, válido y valioso, debe reproducirse de manera acumulativa, exponencial e indefinida, siendo que esta dinámica crecentista y reproductiva del capital fluye fundamentalmente en la forma dinero. Esta concepción particular del valor se sostiene sobre varios pilares:
Ø Su sentido se reproduce desde una pretensión de universalidad, de objetividad (en la medida en la que aspira a ser equivalencia absoluta de una serie de “materialidades”) y de un perfil profundamente economicista, por lo cual hablamos de un patrón colonial del valor, que coloniza a otros valores existentes, que invisibiliza, subsume o marginaliza toda una red de procesos de interacción e intercambio metabólicos de escala molecular, de sentidos simbólicos y afectivos, que en este caso deben ceñirse a este patrón hegemónico para tener validez.
Ø Desde esta perspectiva, la naturaleza en sí no representa ni reproduce valor. Por esto, la existencia de un territorio no intervenido por la modernización capitalista, tal y como está, obstaculizaría la reproducción de capital, es improductivo, parasitario, incivilizado; es « espacio vacío » – vacío de valor – . Esto tiene dos implicaciones políticas importantes: una, es que si la producción del valor se centra en el trabajo, la tierra (naturaleza) está por tanto condenada a ser objeto de renta (rentístico); la otra implicación es que la creciente devastación ambiental producto del desarrollo capitalista, no es contabilizada en ninguna medida como pérdida valor – más bien este proceso destructivo es la base material para este tipo de “creación de valor” – .
Ø Los procesos permanentes de « acumulación originaria », que se han desplegado y continúan haciéndolo por múltiples territorios en todo el planeta, encarrilan, someten, o destruyen también un enorme y muy diverso mosaico de cosmovisiones y culturas ancestrales o endógenas, y sus diferentes metabolismos y universos de valor, a favor de la estructura universalizante de este patrón colonial de poder.

De esta forma, ante este discurso extractivista que propone que debemos captar más valor (como renta, a partir de la expansión de los proyectos extractivos), y crearlo sostenidamente (sustitución de importaciones, « sembrar el petróleo » para el caso venezolano, o la « industrialización de la naturaleza » como lo proponen los teóricos de la UNASUR), es necesario preguntarse: ¿cuál es el saldo socioambiental final que deja este proceso, que va desde la desterritorialización que produce el proyecto extractivo, hasta la transformación de la naturaleza en mercancía, y luego en renta?
Si se hacen emerger las omisiones y desactivaciones simbólicas de otros campos de valor, ocultos por estos discursos desarrollistas y extractivistas, reformulando las cuentas que nos ofrecen como “evidencia” de su verdad, toma más claridad lo profundamente pernicioso que es intensificar este modelo de desarrollo capitalista.

En este sentido, planteamos que hay un valor ontológico en la naturaleza, no sólo en la medida en la que se considere, desde una visión antropocéntrica, a la misma como un activo (bienes comunes accesibles a todos los humanos) que debe ser contabilizado como pérdida cuando se destruye ― como lo propusiera el experimento chino del «PIB verde», abortado rápidamente en 2006 [9] ―, sino también en el propio sentido de ser de la vida y la reproducción misma de sus ciclos. Este valor ontológico de la propia vida (el bios), constituye todos los procesos de reproducción socio-metabólicos y sus formaciones de valor. De ahí que propongamos el concepto de « valor-vida » .

Si lleváramos pues, el «valor-vida» al metalenguaje económico, y consideramos los bienes comunes naturales como un activo, el balance ecológico después de cada proceso extractivo capitalista, e incluso, desde una perspectiva transterritorial, después del “desarrollo” y la modernización territoriales (como las expansiones urbanas o modernizaciones agrícolas), sería sumamente negativo en términos de “pérdidas y ganancias”, siendo importante también resaltar que la reconfiguración metabólica de los territorios por parte del capital implica una síntesis indivisible entre la devastación ambiental que deja, y la desigualdad social que produce, en beneficio primordialmente de sus administradores [10] .

Si asumiéramos esta nueva eco-contabilidad, sería sumamente problemático hablar de un proceso puro de creación de riqueza. Es verdaderamente absurdo convertir el «valor-vida» en un commodity, afectando masivamente fuentes de agua potable, para luego vanagloriarnos de una alta captación de RIT y de un gran crecimiento del PIB, que nos permitirá poder comprar muchas unidades de agua embotellada. Lo que tenemos como saldo final de estos ciclos extractivos es un notable incremento de la pobreza del «valor-vida»; una expansión de la cantidad de sujetos dependientes desvinculados de su relación directa con los bienes comunes, pero que ahora vivirán en ciudades y se tomarán tazas de café que requieren en todo su proceso de producción usar hasta unos 140 litros de agua para cada taza [11] ; y un ciclo de acumulación de dinero-renta para comprar productos importados, que tarde o temprano va a entrar en una fase contractiva.

De esta forma, más que asumir que este es un proceso de “creación de riqueza”, la transfiguración de la naturaleza en dinero conlleva en cambio a una alienación de la riqueza. De ahí que esta transformación material, metabólico/territorial, y de las sociabilidades que produce el extractivismo, arroje los nefastos resultados ya conocidos, que se intentan atenuar con la incumplible promesa de un futuro “desarrollo” para todos. El discurso pro-extractivista omite toda esta reconfiguración metabólica sobre la base de una política monetaristocéntrica.

Los cuestionamientos aquí planteados, hacen parte de una disputa político-cultural, y tienen varias implicaciones programáticas en los términos de construir alternativas a los capitalismos extractivos rentísticos y el “desarrollo”:
Ø En todas las escalas espaciales sobre las que se debe operar para impulsar transiciones post-extractivistas y post-capitalistas, es fundamental una política no monetaristocéntrica, o no centrada principalmente en la forma dinero. Hablamos entonces de ampliar la reproducción de la riqueza por apropiación social de procesos [12] , que persiga vencer la intermediación que se instituye en el proceso de alienación de la riqueza anteriormente descrito, y que se puede proyectar tanto a las políticas públicas, como a las estrategias de los movimientos sociales y organizaciones populares, en pro de construir tejido autogestionario.
Ø En este sentido, la reivindicación y defensa del «valor-vida» nos lleva a las peticiones y exigencias de moratorias de numerosos proyectos extractivos y desarrollistas en toda América Latina ― el Yasuní en Ecuador es tal vez el más emblemático en la región ― , que no responden a las necesidades de la población, sino primordialmente del mercado capitalista mundial y las élites nacionales que se enriquecen de éstas. En el caso de Venezuela, el llamado «Arco Minero de Guayana» es un proyecto de este tipo ― siendo que la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia y el antropólogo Esteban Emilio Mosonyi han solicitado su moratoria ― , al igual que los planes de expansión de la explotación carbonífera en la Sierra de Perijá (Estado Zulia), e inclusive zonas ecológicamente más sensibles en la Faja Petrolífera del Orinoco, que la Red de Alerta Petrolera Orinoco Oilwatch, con Francisco Mieres entre sus integrantes, propusiera en 2004 que no se explotaran [13] .
Ø El impulso de un proceso de reproducción de la riqueza por apropiación social de procesos supone entonces la expansión del sector común, respecto a los sectores público y privado, lo que debe ir imperiosamente de la mano del reconocimiento de formas de autogobierno territorial y la mixtificación de las formas de propiedad, en pro y defensa de la reproducción de esos valores-vida existentes, que van más allá de la hegemonía de la riqueza monetarizada.
Ø La promoción de nuevos eco-indicadores para la transición en varias escalas, que logren descentralizar los procesos de reproducción del valor, y que al mismo tiempo puedan servir para modificar radicalmente la lógica colonial que constituye las relaciones socio-metabólicas reinantes en el sistema capitalista.
Ø Si el origen de la riqueza está en el territorio, y si reconocemos que un proceso de transformación profunda no va a ser impulsado por el Estado ― y en cambio éste podría tratar de frenarlo ― , surge la pregunta: ¿deben los movimientos sociales disputarse principalmente la renta con los administradores del capitalismo rentístico, o en cambio dirigir su mirada fundamentalmente hacia los territorios y los bienes comunes? La globalización de la lógica popular del occupy, practicada tanto por los movimientos urbanos en todo el mundo (indignados, OWS), como por pueblos campesinos (MST-Brasil) e indígenas (recordemos al cacique Sabino Romero y los yukpa ocupando haciendas en la Sierra de Perijá en Venezuela) evidencian disputas territoriales en el campo del «valor-vida», donde se origina la mercantilización de la naturaleza, la RIT y donde se ejerce directamente el poder neocolonial.

Segundo momento: el destino de la RIT y el proceso capitalista de su distribución
El discurso defensor del extractivismo nos propone que, ante los flagelos de la pobreza, de la dependencia y el llamado “subdesarrollo” debemos profundizar este modelo, sin atender al hecho de que, antes que expandir los proyectos extractivos y ampliar la renta captada, es necesario revisar cómo se distribuye la misma. Y no sólo se hace referencia a tener balances positivos y cuentas saneadas, o bien distribuir la renta de manera más equitativa, sino también a reconocer que los diversos mecanismos de distribución de la RIT generan territorialidades, espacialidad, institucionalidades, procesos metabólicos determinados, relaciones de poder y formas de producción de subjetividad e interacción social, acordes a los requerimientos biopolíticos de este modelo de acumulación de capital.

Esto por supuesto implica que, dependiendo de los sentidos y lógicas que atraviesan estos procesos de distribución, podrían disputarse y reconfigurarse nuevas producciones de la política y la territorialidad, que apunten claramente hacia formas de transición post-extractivistas. Surgen entonces varias preguntas: ¿qué formas de producción están estimulando y desestimulan estos mecanismos existentes en nuestros países? ¿Qué estilos de vida promueven? ¿Qué formas de valor prevalecen? ¿Qué tipo de ordenamiento territorial dispone, qué tipo de patrones energéticos? ¿Beneficia a una descentralización o a una concentración del poder? ¿Impulsa una mercantilización de la naturaleza, o bien abre caminos a la gestión popular de los bienes comunes? ¿Qué horizontes emancipatorios se podrían trazar desde otras lógicas distributivas?

A modo ilustrativo, existen algunos ejemplos que se podrían revisar: los investigadores Pablo Iturralde y Eduardo Pichilingue del Centro de Derecho Económico y Social (CDES), muestran que si se aumentara la carga tributaria 1,5% más de lo actualmente registrado, sobre las ventas de los 110 grupos económicos más poderosos en Ecuador, se obtendrían alrededor de 20 mil millones de dólares en un período similar a la de la explotación petrolera de 25 años en el Yasuní-ITT [14] , lo cual da aún más sentido a la moratoria exigida para ese territorio, ahora con un argumento que se propone desde el campo de la redistribución de la renta. Otro ejemplo es el del precio de la gasolina en Venezuela, la más barata del mundo, que no sólo le genera pérdidas al Estado venezolano, sino que promueve estilos de vida y patrones de consumo que para el caso del país caribeño son notablemente intensivos respecto al resto de países de la región (¿a quiénes beneficia ese subsidio en el país?), y que desestimula otras posibles alternativas [15] .
Aunque el discurso y la política oficial, y en general la retórica de los partidos políticos insiste en que no hay alternativas al extractivismo, nada más falso que esto. Numerosas experiencias populares que muestran que sí es posible la vida sin extractivismo, junto con la urgencia tanto de la crisis ambiental global, como de la propia crisis del sistema capitalista, y sus consecuencias para una América Latina que se encuentra en una encrucijada, ponen de manifiesto el doble ámbito de esta disputa política-cultural para los movimientos sociales: el territorio y la institucionalidad.

Caracas, noviembre de 2014

*Emiliano Teran Mantovani es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELARG

Fuentes consultadas: (…)

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191979