Es descubrir a los
extractivismos como el único capitalismo posible en el Abya Yala.
Así las corporaciones
con apoyo de Estados
transfieren a gran escala el saqueo hacia
sus paraísos
fiscales e industrias
sin importar
ecocidios-genocidios
por enfoques racistas y
colonialistas.
El desafío, de las diversidades de abajo e izquierdas
coherentes, es situar en que no hay presente ni futuro de nosotres en el
capitalismo. Nos exige generalizar la
percepción sobre las falsedades conque el progresismo justifica su promoción de
los extractivismos. En vez de servir a la atención de les pobres les
conforma a sobrevivir y les quita poderes-sentires subversivos. Refuerza la
concentración/centralización capitalista; el carácter primario de la
producción y el subdesarrollo de nuestros países. Reflexionemos sobre:
Las vueltas
del neoliberalismo
28 de
septiembre de 2019
Por
Raúl Zibechi
(La Jornada)
La crisis del pensamiento crítico,
o sea nuestra forma de comprender el mundo para poder actuar transformándolo, ha
llevado a los analistas a multiplicar conceptos poco precisos que suelen ser más
descriptivos que analíticos, por lo que inducen a confusión. Neoliberalismo es
uno de los conceptos que están siendo utilizados de manera menos rigurosa.
Entre
muchos profesionales de la política y del pensamiento se ha difundido una idea
que asocia el neoliberalismo a un tipo de gobierno fundamentalista
del mercado, cuando su acepción debería apuntar en una dirección estructural: es
el capitalismo en el periodo en el que la acumulación por desposesión se ha
convertido en hegemónica.
El geógrafo marxista David Harvey, quien acuñó el concepto de acumulación por desposesión/robo, asocia esta modalidad del capital a las políticas neoliberales promovidas por el Consenso de Washington: las privatizaciones, la dominación del capital financiero, la distribución regresiva de la renta y la generación de crisis para acelerar los tres procesos anteriores.
En
América Latina el neoliberalismo tuvo un primer periodo privatizador, en el cual
fueron desguazadas buena parte de las empresas estatales, traspasadas a precios
muy bajos a multinacionales del norte. Las privatizaciones fueron enfrentadas
por una amplia alianza de los sectores populares y las clases medias, generando
una oleada de movilizaciones que se tradujo en la caída de una docena de
gobiernos derechistas, desde el Caracazo de
1989 hasta la segunda guerra del gas en Bolivia en 2005.
Deslegitimadas las privatizaciones y las dirigencias políticas que las
promovieron,
el neoliberalismo
trasladó el núcleo de la acumulación por despojo a otros terrenos que ahora
llamamos extractivismo: agronegocio, minería a cielo abierto, obras de
infraestructura y especulación inmobiliaria urbana. Estamos ante lo que la
socióloga Maristella Svampa denominó “consenso de las commodities”,
aunque suelo optar por una definición desde abajo que la nombra como cuarta
guerra mundial.
El
problema que observo, es que muchos analistas sostienen una definición mucho más
restringida de neoliberalismo, que asocian a la mayor o menor participación del
Estado en la economía y en la sociedad. De ese modo, se suele sostener que
cuando asume un gobierno estatista,
real o discursivo, ya entraríamos en un periodo posneoliberal.
Definir las cosas de este modo, creo que induce a confusiones. Los cambios de
gobierno no afectan al modelo neoliberal, sino tocan apenas aspectos laterales
del mismo. Por ejemplo, se suele mentar que las políticas sociales
compensatorias son parte del nuevo periodo posneoliberal. Sin embargo se ignoran
dos hechos centrales.
Uno: esas políticas no las inventaron los gobiernos progresistas o
posneoliberales, sino el Banco Mundial para desarticular los movimientos
antisistémicos. Dos: las políticas sociales benefician al sector financiero, al
promover la bancarización de los beneficiarios. En ambos casos, refuerzan el
neoliberalismo: debilitan a quienes pueden enfrentarlo y fortalecen al capital
financiero.
Pero lo más importante es que el neoliberalismo, siendo la fase actual del
capitalismo, no puede ser derrotado votando, eligiendo nuevos gobernantes, sino
desarticulando las bases sobre las que se asienta: el poder concentrado del
capital financiero que utiliza el aparato estatal como escudo y espada, más allá
de los gobernantes de turno.
Sostengo que salir del neoliberalismo implica una crisis fenomenal, porque el poder construido por el capital es tan sólido que sólo puede ser derrotado en un largo periodo de autorganización de los pueblos, recuperando los medios de producción e instituyendo formas de vida no capitalistas, con poderes no estatales que las defiendan.
Una de las consecuencias más nefastas del neoliberalismo es que ha consolidado
el poder del uno por ciento. Este poder amurallado en las instituciones
estatales como las fuerzas armadas, que ha sometido a sus intereses al
narcotráfico y otras formas de la acumulación por despojo, no puede ser
desarticulado sin un cambio radical en la relación de fuerzas. Algo que nunca se
consiguió votando, ni en plazos cortos.
El capital en el periodo neoliberal se ha blindado, aprendiendo las lecciones de
las revoluciones triunfantes. Por eso no será nada sencillo desalojarlos del
poder, tarea en la que han fracasado tanto las opciones electorales como las
armadas. ¿Acaso China y Vietnam no son neoliberales?
Un problema adicional es el que denuncia Darío Aranda en una brillante nota (https://bit.ly/2mDPbbU). El extractivismo, el neoliberalismo, son políticas de Estado. Los gobiernos conservadores pactan con las empresas multinacionales la entrega de los bienes comunes. Los progresistas hacen lo mismo.El modelo extractivo primario exportador, es la continuidad entre unos y otros. Aunque los progresistas aseguren que al llegar ellos al gobierno ya no hay neoliberalismo. Que le pregunten a los pueblos.
Estamos, como explica Raúl Zibechi,
subsumidos en:
" crisis del pensamiento crítico, o sea nuestra forma de comprender el mundo para poder actuar transformándolo, ha llevado a los analistas a multiplicar conceptos poco precisos que suelen ser más descriptivos que analíticos, por lo que inducen a confusión".
Ejemplifiquemos con el siguiente
posicionamiento que significa retrocesos en conceptos elaborados desde las
confrontaciones con el sistema de larga data. Las luchas por leyes, por salarios y tierras
para la agricultura familiar no rumbean hacia la emancipación. Esto último
lo demuestra el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil. Pero la
soberanía alimentaria sí tiene potencialidad de cambio radical que Vía
Campesina define en contraposición a la seguridad alimentaria de la FAO.
En fin, la lucha por la supervivencia y
la construcción de lazos para concretarla es crucial para la vida inmediata
pero cuando se extiende a través de los años como la ley de emergencia
alimentaria (2002-2022) y la acuerdan ambos bandos de la gobernalidad
sistémica, habría que instalar la deliberación abajo y a la izquierda sobre
los porqué de esta situación y cómo superarla.
Leyes de la
economía popular
28 de
septiembre
de 2019
Por
La tinta
Los movimientos sociales siguen
protagonizando jornadas de lucha urgentes y necesarias en el actual contexto de
crisis. La extensión de la ley de Emergencia Alimentaria y la aprobación de una
ley de Agricultura Familiar para Córdoba son avances que hablan de realidades
donde el alimento es el núcleo de combate. Proponemos pensar esas leyes como
herramientas concretas en un largo camino emancipatorio protagonizado por
mujeres.
La
arena en la que se pelea por leyes en el estado moderno juega con los códigos
del patriarcado, del colonialismo y del capital. Ninguna de las llamadas
“conquistas” escapan a ese monstruo de tres cabezas. Sin embargo, el fino ojo
estratégico en momentos de crisis profunda y de guerra abierta y no
convencional, obliga a las organizaciones sociales a avanzar en el terreno
legal, garantizando un piso de acuerdos sobre los cuales trabajar, intentando
revertir la urgente y desesperante realidad de millones de personas. Los
movimientos sociales han demostrado tener la capacidad de intervenir y disputar
en asuntos públicos, a la par de construir un sinfín de experiencias
organizativas en las comunidades.
Estos
espacios están integrados principalmente por mujeres de sectores populares, por
esto la mayoría de las demandas se orientan a transformar las condiciones de
vida de este sector, atravesado por múltiples violencias: mujeres pobres, muchas
migrantes y con fuerte componente juvenil. ¿Qué nos dicen estas leyes del camino
de construcción encarado por y para mujeres?
El salario
social complementario (SSC) fue
ganado por los movimientos sociales en diciembre de 2016. El gobierno de Macri
reconoció, aprobando la ley
de Emergencia Social, que los y las trabajadoras de la economía
popular, aún trabajando ocho horas diarias, no llegarían al 50% del salario
mínimo, vital y móvil. Laburantes de unidades productivas desarrolladas en el
marco de organizaciones, movimientos sociales y grupos diversos, recibieron el
salario social complementario.
Resultó interesante el impacto que produjo en los trabajos que se asocian a las
tareas de cuidado, pero en el ámbito comunitario: comedores, copas de leche,
apoyos escolares, guarderías, talleres culturales y deportivos, acompañamiento a
personas en situación de violencia, y un largo etcétera. Un servicio comunitario
sin valor de mercado, realizado en abrumadora mayoría por mujeres.
El salario significó entonces el
reconocimiento de un trabajo invisibilizado, realizado desde siempre por los
sectores populares en la lucha por la supervivencia, que implica necesariamente
las tramas comunales. Recibir una remuneración por la tarea de cuidados,
reconocida como un trabajo de la economía popular, desafió el confinamiento que
supuso en sociedades occidentales el trabajo de reproducción. Sin escapar a las
complejidades, esta nueva realidad abrió preguntas interesantes: ¿qué significa
que estos espacios sean pensados como unidades productivas? ¿supone una nueva
forma de organización familiar? ¿desarma las jerarquías del patriarcado del
salario? ¿politiza las tareas reproductivas? ¿genera nuevas subjetividades en
las mujeres trabajadoras?
* * *
En
octubre de 2018 el senado aprobó la ley
de Integración Socio-urbana, herramienta construida desde las
organizaciones sociales para lograr un real acceso a la tierra y la vivienda.
Surgida a partir del esfuerzo de más de diez mil personas que se dedicaron a
relevar los más de 4.416 barrios populares identificados en el ReNaBaP (Registro
Nacional de Barrios Populares), los puntos centrales de la ley son cruciales en
el avance de políticas serias contra la violencia de géneros y el mejoramiento
de la calidad de vida de miles de mujeres y niñes.
Se
posibilitó que la vivienda esté a nombre de las mujeres, el avance en servicios
indispensables para el desarrollo de una vida digna, en la seguridad de los
espacios barriales habitados por 4 millones de personas. Es una necesidad
urgente que los entornos barriales sean espacios donde se pueda circular y
habitar de manera libre y cuidada. Por ejemplo, la iluminación, los mejores
caminos y el adecuado transporte urbano de pasajeras hubieran evitado algunos de
los femicidios y violaciones que lloramos estos años.
En las
grandes ciudades la resistencia por el territorio no significa solamente
defender la casa de la familia nuclear, como nos quisieron hacer creer con
programas de erradicación y relocalización de villas. Un desalojo significa
también el desarme de cierta vida y fuerza comunal, de lazos de supervivencia
que van elaborando sistemas solidarios, y estrategias de resistencia.
Además, en las urbes, salir de la violencia también es cuidarse entre vecines,
es colectivizar las tareas de cuidado como forma de minimizar costos, es
defenderse de la pobreza, de la violencia estatal y de la violencia ejercida por
los hombres. Lo comunitario en las ciudades no sólo no ha desaparecido, sino que
se recrea constantemente.
En las
últimas semanas, tras reclamos, acampes y movilizaciones, las trabajadoras de la
economía popular lograron la extensión de la ley
de Emergencia Alimentaria hasta
2022, y la aprobación de la Ley
Provincial N° 28.981 de “Desarrollo Integral de la Agricultura
Familiar Campesina e Indígena de Córdoba”.
Por
unanimidad, los senadores nacionales decidieron extender la Emergencia
Alimentaria y aumentar hasta el 50% los fondos destinados a programas de
alimentación y nutrición, actualizando los montos trimestralmente, tomando como
referencia el Índice de Precios del Consumidor y la Canasta Básica Alimentaria
establecida por el INDEC. En los sectores empobrecidos de Argentina, la
inseguridad alimentaria es moneda corriente, profundizada fuertemente por el
gobierno macrista y sus políticas de hambre, dejando un país con niveles de
falta de comida severos que alcanzan el 17,4% y déficit de nutrientes
alimentarios que llegan hasta el 44%. Es un ataque al núcleo del cuidado y la
reproducción de la vida, afectando fuertemente a mujeres y niñes.
“¿Cómo
podemos salir de la pobreza si ni siquiera tenemos un pedazo de tierra para
sembrar?”, decía una mujer hace unas semanas en una asamblea de los movimientos
sociales. Pensar en el hambre en las ciudades, sin un correlato en lo agrario es
una mentira del sistema: olvidar la relación del alimento con la tierra.
La
urbanización masiva, la pérdida de la dimensión de la tierra como medio básico
de reproducción, la tecnología y la mentira individualista liberal, produjo una
pérdida profunda de memoria sobre la importancia radical de la tierra y la
comunidad. Tierra que, al menos en principio, es generadora básica de nuestro
alimento, indispensable para nuestra existencia. Comunidad que cuida,
sostenedora de los vínculos necesarios para una reproducción de la vida.
La
indiferencia de les habitantes de las urbes sobre la tierra y la comunidad
comenzó un proceso de resquebrajamiento. El arrase del territorio y el hambre,
se conjugan en memorias que reaparecen. La lucha de los movimientos sociales en
toda nuestramérica, la ruralización creciente de la vida, incluso urbana, con
tomas de tierras, huertas comunitarias, y creativos etcéteras, ayudaron a poner
en foco la importancia de la tierra y los bienes comunes.
El objetivo principal de la ley
agraria es la promoción del desarrollo rural y el fomento de las actividades
familiares agropecuarias diversificadas que impulsen modelos productivos
sostenibles, para favorecer el arraigo rural, el agregado de valor en origen y
la seguridad agroalimentaria.
“La tierra es la base material esencial para el trabajo de
subsistencia de las mujeres, que a su vez es la principal fuente de seguridad
alimentaria de millones de personas en todo el mundo”, dice Silvia Federicci,
haciéndose eco de las feministas de nuestro Abya Yala y del África, que
entienden del tema desde sus propias experiencias, tradiciones y formas de
autogobierno. Pensar una agricultura de subsistencia y un uso no mercantilizado
de los recursos, entendiéndolos como bienes comunes, es una mirada
primordialmente feminista.
Los
movimientos sociales, con sus avances y retrocesos, con sus construcciones y
deconstrucciones, con sus dificultades y desafíos, son parte de la semilla de un
nuevo presente. Que es de lucha, pero principalmente es de construcción de un
mundo nuevo.
Las leyes aprobadas al calor de su lucha apuntan al mejoramiento de
la calidad de vida aquí y ahora, cristalizando disputas de sentido. Mostrando
además, cómo las mujeres vamos resignificando el mundo que nos rodea haciéndolo
un lugar más digno y justo.
Generalicemos
la toma
de conciencia de que no es camino emancipatorio el esfuerzo por sobrevivir
aun cuando sea colectivamente. Menos hoy cuando la vida humana y no humana
está siendo amenazada de extinción por el capitalismo. Comprender lo último
es involucrarse en
las
defensas y recuperaciones de territorios y bienes comunes que diversidades
de abajo están concretando a lo largo y ancho del país-continente.
Los
incendios de la Amazonía patentizan el porqué de la urgencia de generalizar
ese compromiso político cultural con la defensa de los bienes comunes
naturales (agua en sus distintos cuerpos y estados, biodiversidades,
ecosistemas y biomas como las praderas, climas, suelos, semillas) que no
tienen fronteras y están siendo destruidos por el sistema mundo capitalista
que, cada vez más, sólo procura el lucro de corto plazo de l@s poc@s que los
expropian y acaparan.
Urge la comprensión de
una creciente mayoría que los cerca de 76.000 incendios de la Amazonía no
sólo ocurren en Brasil y Paraguay sino también en la Bolivia del gobierno de
Evo Morales-Álvaro García Linera. Son producto de las políticas de estado de
promover al sistema global de agronegocios y a la deforestación para la
expansión tanto de la agricultura sin campesinos e indígenas como de la
complementaria ganadería industrial. En contraste, un millón quinientos mil
indígenas que viven actualmente en la Amazonía, como naciones y comunidades,
ejemplifican la relevancia del trabajo comunitario según buenos vivires
que -durante siglos- ha creado tan gigantesco bioma de importancia
fundamental para la vida en el planeta.
La defensa de la
Amazonía es
una lucha por el futuro de la Tierra
26 de agosto de 2019
26 de agosto de 2019
Por
Entidades firmantes
(Rebelión)
No quiero flores
en mi funeral, porque sé que las sacarán del bosque
Chico Mendes
Chico Mendes
Aunque la destrucción del bosque
tropical del Amazonas era ya una cuestión alarmante desde hace décadas, la
aceleración de este proceso debida a la negligencia del gobierno del
ultraderechista Jair Bolsonaro, pero sobre todo a su complicidad directa con las
empresas agroindustriales, ganaderas y mineras, vuelve aún más urgente el que
nuestra especie tome medidas contundentes para detener la catástrofe. A su vez,
esto pone de relieve el vínculo orgánico entre la devastación ambiental y las
relaciones políticas y económicas imperantes:
el destino de nuestro planeta y de
nuestra civilización no debe quedar en manos de un sistema que promueve la
ganancia privada a costa del bien común.
Es imperativo comprender que, aunque la deforestación de la Amazonía afecta más directamente a las poblaciones de los nueve países que la albergan, especialmente a los pueblos indígenas que forman parte de la selva, su degradación y destrucción tienen impactos regionales y globales. Al contener cerca del 20% del agua dulce a nivel global, ser una de las ecorregiones más biodiversas y constituir uno de los más importantes almacenes de carbono del mundo, la pérdida de este ecosistema no sólo priva a la humanidad de múltiples contribuciones materiales e inmateriales a su bienestar, sino que también altera las condiciones de vida planetarias en las que, tanto nuestra especie como aquellas de las que dependemos, hemos evolucionado.
Especialmente preocupante es el impacto inmediato que la liberación de toneladas de gases de efecto invernadero, producidas por la combustión de la biomasa forestal, tendrá sobre el calentamiento global, más aún cuando, de acuerdo con estimaciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, estamos en el periodo límite para llevar a cabo las transformaciones civilizatorias indispensables para afianzar alguna posibilidad de que el cambio planetario no impida nuestra vida tal y como la conocemos. Bolsonaro, a manera de un nefasto Donald Trump brasileño, niega las evidencias científicas y, a la par de su política racista, misógina, antilaica, antiobrera y en contra de la diversidad sexual, echa por tierra las regulaciones ambientales en beneficio de las empresas extractivas, razón por la que articular una amplia oposición política a su régimen y a sus soportes internacionales es clave para el futuro de la selva amazónica y de la humanidad.
Quienes suscribimos este pronunciamiento, llamamos a la solidaridad
internacionalista con las comunidades indígenas de la Amazonía, especialmente
con las miles de mujeres que marcharon en Brasilia para defenderla; con los
movimientos agroecológicos, con la comunidad científica que resiste al
oscurantismo reaccionario, con las trabajadoras y trabajadores del campo y la
ciudad que se oponen al recrudecimiento del neoliberalismo, con las y los
estudiantes que toman las calles y, en general, con todos los sectores que
dentro y fuera de Brasil luchan por la selva y por la humanidad. Es importante
que, a la par, presionemos a los gobiernos y a la propia Organización de las
Naciones Unidas para tomar acciones que frenen y mitiguen los incendios, a la
vez que señalemos y dejemos de fomentar a las empresas y sectores directamente
beneficiados por la destrucción de la selva amazónica.
En cuanto a México, que al igual que Brasil forma parte del grupo
de países megadiversos, las amenazas a la riqueza biocultural por la política
del gobierno también son un desafío. Como parte de una contienda global por el
futuro, nos corresponde cuestionar, impugnar y oponernos organizadamente al Tren
Maya, al Corredor Ferroviario Transístmico, a “Sembrando Vida” y al Proyecto
Integral Morelos que, junto con las Zonas Económicas Especiales y los proyectos
agropecuarios, carreteros, turísticos, energéticos, portuarios y mineros aún en
curso, mantienen la orientación neoliberal y extractivista que tanto beneficia a
una minoría a costa del bienestar de los ecosistemas, de las comunidades y de la
población trabajadora. En México también luchamos por la Tierra disputando el presente y buscando
tener un futuro digno, sin explotación, miseria ni exterminio: ¡Nuestra lucha es
por la vida!
Advirtamos que
el
progresismo y las izquierdas afines se han posicionado a favor de la
acumulación gran capitalista. En efecto, "el gobierno de Evo
Morales cita a la Pachamama, pero sus acciones concretas han sido las de
promover la explotación minera, petrolera y agropecuaria, y por ello enfrenta un
desastre ecológico similar. Así como Bolsonaro ataca a los ambientalistas, la
administración de Morales se burla de ellos, los hostiga y ha amenazado con
expulsarlos del país".
Más allá de
ideologías, un modelo de desarrollo extractivista y agropecuario similar
Amazonia, La
naturaleza se quema
y la política se
agota
2 de septiembre de 2019
Por
Eduardo Gudynas
Ctxt
Ctxt
En los primeros días el fuego te acorrala, en los días siguientes
las cenizas te entristecen. Así pueden describirse mis sensaciones en una de mis
visitas años atrás a las zonas amazónicas de Brasil, Perú y Bolivia. Estas
coincidieron con incendios como los que hoy causan alarma mundial.
Cuando las llamas
están activas, el humo inunda todo, es peligroso transitar los caminos por la
poca visibilidad, hay momentos en los que cuesta respirar, la garganta se
inflama y los ojos lagrimean. Cuando las llamas se apagan, el ocre y el gris
dominan las escenas. Aquí y allá siguen erguidos los restos de algunos árboles,
mientras que en el suelo, entre las cenizas, aparecen de tanto en tanto los
cadáveres calcinados de animales que no pudieron escapar.
Esta destrucción de la fauna y la flora es lo que está repitiéndose
en estos días en América del Sur. Si bien la prensa convencional insiste con los
titulares sobre la Amazonia y sobre Brasil, la realidad es más compleja, y
también más hiriente.
En efecto, este tipo de incendios está ocurriendo en estos momentos
en por lo menos cuatro países sudamericanos; además de Brasil, afectan a
Bolivia, Perú y Paraguay. A su vez, se están quemando selvas tropicales húmedas,
la Amazonia, pero lo mismo está sucediendo con los bosques secos y sabanas
arboladas, como la Chiquitanía en Bolivia o el Cerrado brasileño.
En los datos más
recientes, el número de incendios en Brasil superó los 82 mil focos (al 26 de
agosto), la cifra más alta desde 2010, y casi el doble de lo registrado en estas
mismas fechas en el año anterior. En Bolivia son más de 19 mil focos (el doble
que en 2018), en Paraguay más de 10 mil (manteniéndose en valores semejantes al
año anterior), y en Perú más de 6 mil (un poco más del doble).
Todas las grandes
regiones ecológicas del trópico y subtrópico sudamericano están afectadas por
los incendios. Por ejemplo, en Brasil, aproximadamente la mitad de los focos se
ubican en la Amazonia, pero casi un tercio ocurren en el Cerrado, y un 10 por
ciento en los bosques atlánticos. Bolivia en estos momentos vive el drama de ver
cómo enormes áreas de bosques secos e incluso su Pantanal están siendo devorados
por las llamas (las pérdidas al día de hoy se estiman en 1,5 millones de
hectáreas).
Por lo tanto, pensar que solamente está ardiendo
la Amazonia brasileña es una simplificación. Las pérdidas ecológicas en todos
esos ambientes son enormes. Por ejemplo, el bosque seco de la Chiquitanía es
único en su tipo en todo el continente, y se estima que más de 750 mil hectáreas
ya se quemaron.
El chaqueo de ayer
y la deforestación de hoy
La quema de
bosques o campos, el llamado “chaqueo” en algunos sitios, ha sido una práctica
tradicional realizada especialmente por pequeños campesinos e indígenas.
Afectaba a pequeñas superficies en tanto estaba directamente vinculada al
autoconsumo de alimentos o por limitaciones tecnológicas. Todo eso ha cambiado
en las últimas décadas a medida que han llegado a las áreas tropicales y
subtropicales todo tipo de colonos y empresas. Los incendios de hoy nada tienen
que ver con aquellos del pasado.
En la actualidad se deforestan y queman amplias zonas, casi siempre
con el propósito de liberar espacio para la ganadería extensiva, aunque en otros
sitios es para la agricultura. Para hacerlo a esa mayor escala se necesitan
importantes recursos materiales, como motosierras y maquinaria pesada, y mucho
capital para financiar una ingeniería de trámites legales o ilegales, formales o
amparados en la corrupción. Detrás de esto no están ni los indígenas ni los
pequeños agricultores.
Esa presión
ganadera puede ser brutal. Por ejemplo, en la zona de San Félix de Xingú (estado
de Pará), se concentra un rodeo vacuno de más de 2 millones de cabezas. Factores
como esos empujan a la agropecuaria convencional a las áreas naturales
tropicales y subtropicales.
A su vez, la
diseminación de los monocultivos, especialmente de la soja, en otras zonas de
Brasil, pero también en Bolivia y Paraguay, hace que los ganaderos se desplacen
hacia nuevas áreas a deforestar. Todo esto genera un enorme arco de
deforestación amazónica que atraviesa América del Sur, desde la costa atlántica
brasileña hasta las faldas de los Andes en Bolivia y Perú. Es una franja de casi
3 mil quilómetros de largo; una distancia similar a la que separa Madrid de
Varsovia.
Bolsonarización
para militarizar la Amazonia
Esta problemática
se ha agravado notablemente bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. Por un lado,
recortó controles ambientales en cuestiones críticas como la deforestación,
redujo el presupuesto del Ministerio del Ambiente, cesó a personal clave en las
agencias del ambiente y de conservación de la biodiversidad, maniobró para que
se cancelaran multas a los infractores ambientales, y mucho más.
Por otro lado, Bolsonaro y su equipo han hostigado repetidamente a
los ambientalistas, indígenas y pequeños campesinos, presentándolos como trabas
al progreso, potenciales criminales e incluso como responsables de los
incendios. Tan sólo como ejemplo, el 27 de agosto, en la reunión con los
gobernadores de los estados amazónicos, en lugar de analizar la crisis ecológica
volvió a quejarse de que los indígenas ya tienen demasiadas tierras y anunció
que no aprobará nuevas áreas protegidas.
Bolsonaro tampoco
duda en repeler las críticas diciendo que son parte de un complot del exterior
para quedarse con la Amazonia brasileña. Esa retórica tiene antecedentes desde
por lo menos la década de 1970, cuando el gobierno militar se oponía a las
primeras negociaciones internacionales ambientales. Bolsonaro revive parte de
ese vocabulario, viene colocando a militares en puestos afectados a la gestión
ambiental y ha dado señales de resucitar un programa de control militar en las
fronteras amazónicas. Bajo esas condiciones, no puede sorprender que recibiera
cierto respaldo de otro gobierno muy conservador, el de Ivan Duque en Colombia.
Este también ha presentado un nuevo plan de desarrollo en el que la gestión
ambiental pasa a ser parte de la estrategia de seguridad del Estado.
Lo geopolítica
amazónica
La condición
internacional de la Amazonia volvió al primer plano con la reacción
internacional ante los incendios. Una circunstancia que aprovechó Emmanuel
Macron, en la que hay poco de ambientalismo y mucho de oportunismo comercial y
político. Pero el problema es que, por lo menos desde la década de 1980, los
gobiernos brasileños por un lado insisten en el control soberano sobre su
Amazonia, pero al mismo tiempo repiten que no tienen dinero para protegerla y
reclaman ayudas a los países industrializados. Desde allí se construyeron
diversos mecanismos, financiados especialmente por Europa.
Por ejemplo, en
1992 se inició el Programa Piloto de Protección de los Bosques Tropicales del G7
(Ppg7), que funcionó hasta 2009, con un presupuesto de más de 460 millones de
dólares. Cuando se hacía lobby por esos dineros, desde Brasil se insistía en que
la Amazonia era un ecosistema único en el planeta y que los países ricos debían
colaborar a protegerlo. También se alentó una visión deformada, como si sólo
existiera Amazonia en Brasil, dejando en segundo plano a los otros países que
comparten la cuenca. De ese modo, las propias autoridades brasileñas durante al
menos 30 años han contribuido a ese entrevero que ha oscilado entre una Amazonia
“solo mía” a otra que sería “de toda la humanidad”.
La actual crisis
ha expuesto en toda su crudeza las tensiones entre la soberanía nacional y las
responsabilidades ecológicas, no sólo hacia adentro de un país, sino con sus
vecinos y con la salud ecológica planetaria.
Las cenizas
ideológicas
El problema se
vuelve más complejo cuando se entiende que las quemas y la crisis ambiental se
repiten en las naciones vecinas. No sorprende que ocurra con gobiernos
conservadores como los de Colombia, Perú y Paraguay.
Más difícil se
vuelve asumir que en Bolivia, desde posturas ideológicas que se presentan como
opuestas, también se han debilitado los controles ambientales, se perdonaron las
faltas a los deforestadores y se alienta el avance del agronegocio.
El gobierno de Evo
Morales cita a la Pachamama, pero sus acciones concretas han sido las de
promover la explotación minera, petrolera y agropecuaria, y por ello enfrenta un
desastre ecológico similar. Así como Bolsonaro ataca a los ambientalistas, la
administración de Morales se burla de ellos, los hostiga y ha amenazado con
expulsarlos del país.
En los
progresismos, la retórica se nutre de otros argumentos.
Por ejemplo, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, cita a Marx y a
Lenin, pero también sostiene que la protección de la naturaleza es un invento
del norte y por eso no deberían ser guardabosques de nadie. Tuvieron éxito en
esa promesa: no cuidaron los bosques y ahora se están incendiando. Y aunque los
aderezos de sus discursos son opuestos a los de Bolsonaro, las similitudes en
sus esencias dejan un gusto muy amargo.
Por todo esto,
cuando se leen los titulares de la prensa en Madrid, Londres o París, siempre
queda esa sensación de que realmente no están entendiendo lo que ocurre aquí en
el sur. Es más sencillo atacar a Bolsonaro, en tanto es machista, racista,
violento y autoritario, pero es más dificultoso asumir las serias
contradicciones en otras tiendas políticas.
Nos cuesta entender que estamos ante una
crisis ecológica de escala continental y que ella también expresa el agotamiento
de las ideologías políticas herederas de la Europa ilustrada. Las viejas
políticas, todas ellas, han caducado. La cuestión es comprenderlo para construir
alternativas antes de que se queme el último árbol.
"Debemos
tener en cuenta lo que ocurre en el conjunto ecosistémico del planeta, en el
impacto no solo de la deforestación de la Amazonia, sino con la depredación
sistemática de ecosistemas en la totalidad misma del planeta".
Raúl Prada
Alcoreza nos
señala: "Esta otra interpretación no
religiosa del Apocalipsis, sino
histórico-político-cultural-social-civilizatoria, es contundente, en lo que
respecta al destino de la humanidad, sino cambia de comportamientos y
conductas suicidas, en otras palabras, modernas, consumistas, capitalistas,
pero, también, da la alternativa de otro decurso de posibilidades, si es que
las sociedades humanas son capaces de reinsertase con los ciclos ecológicos
vitales del planeta".
Nos
ubica en el imperativo de enfoque complejo:
"Intentaremos situarnos en la coyuntura
caldeada y calcinada por los incendios, en los efectos, no solo ambientales,
sino también sociales, económicos, políticos y culturales de la destrucción
ecológica de la Amazonia y del Chaco húmedo. Buscando entrever los alcances
de la destrucción ecológica, así como los alcances de la degradación
política, institucional, ideológica y cultural. Pues el fenómeno de la
crisis ecológica es un fenómeno integral o, mejor dicho, se trata de
procesos de desintegración articulados y de incidencia en la totalidad, por
así decirlo de la realidad efectiva".
Insiste aclarando cómo hoy es
fundamental: "si nos
situamos en un enfoque más local, por ejemplo, de una geografía política,
correspondiente a un Estado-nación, como Bolivia, la denominada crisis ecológica
adquiere perfiles propios y singulares, empero, forma parte de la crisis
integral ecológica del planeta, en el momento presente. Lo que nos obliga a
evaluar lo que ocurre nacionalmente, lo que ocurre localmente, tomando en cuenta
el contexto global de un mundo en crisis múltiple. Pero, también, situándonos en
el contexto mundial, mejor dicho, planetario, podemos observar que el acontecer
nacional y local no es sino el despliegue de la misma crisis ecológica
planetaria, solo que expresada en sus singularidades".
Los síntomas del Apocalipsis
31 de agosto
de 2019
Por
Raúl Prada
Alcoreza
1. El Apocalipsis de
San Juan, conocido como el libro de las Revelaciones, último texto del Nuevo
Testamento de la Biblia cristiana, también conocido como Revelaciones
de Jesucristo, se ha convertido en una de las metáforas más usadas
para expresar la premonición del cataclismo o de la catástrofe planetaria. El
Apocalipsis es considerado como escritura del Nuevo Testamento de carácter
elocuentemente profético. Hemos usado en varios ensayos esta metáfora para
configurar la crisis de la civilización moderna y del sistema-mundo capitalista.
En la actualidad o el presente álgido que vivimos, el relativo a la crisis ecológica, el Apocalipsis está presente, es el ahora de la crisis múltiple, civilizatoria, social, política, económica y ecológica. Entre los múltiples síntomas de este catastrófico acaecer, los incendios en la Amazonia y en el Chaco evidencian esta descripción e interpretación. Los informes científicos dan evidencia de la gravedad de la situación.
El Instituto Nacional de
Investigación Espacial (INPE) de Brasil ha detectado más de 76.620 focos en lo
que va de año, casi el doble que en el mismo periodo de 2018 (41.400), pero una
cifra no tan alejada de los 70.625 registrados en 2016. El
presidente francés, Emmanuel Macron, dijo literalmente que “nuestra casa está
en llamas. La selva amazónica – los pulmones que producen el 20% del oxígeno de
nuestro planeta – está en llamas. Es una crisis internacional”. En cambio
algunos expertos consultados son cautos al respecto, dicen que “lo que muestran
nuestros datos es que hubo una intensidad diaria de incendios por encima de la
media en algunas partes de la Amazonia, durante las dos primeras semanas de
agosto”. Mark Parrington, de Copérnico, el programa europeo de observación de la
Tierra anota: “Pero, en general, las emisiones totales, de CO2 generado por los
incendios, estimadas para agosto han estado dentro de los límites normales: más
altas que en los últimos seis o siete años, pero más bajas que a principios de
la década de 2000”. El Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) de
Brasil ha detectado más de 76.620 focos en lo que va de año, casi el doble que
en el mismo periodo de 2018, cuando fueron 41.400 focos, sin embargo, una cifra
no tan alejada de los 70.625 registrados en 2016. Alberto Setzer, investigador
del INPE, explica que “el número de incendios ha aumentado con respecto a los
últimos años y está cerca del promedio a largo plazo”. Asimismo la NASA también
es cautelosa: “No es inusual ver incendios en Brasil en esta época del año,
debido a las altas temperaturas y a la baja humedad. El tiempo dirá si este año
es un récord o simplemente está dentro de los límites normales”. La
NASA recuerda que los incendios en la cuenca amazónica son rarísimos el resto
del año, pero su número aumenta a partir de julio, durante la estación seca,
cuando muchas personas utilizan el fuego para mantener sus cultivos o para
despejar la tierra para pastos u otros fines. Los incendios suelen alcanzar su
pico en septiembre y desaparecen en noviembre. “Es cierto que el bosque
amazónico sufre incendios regularmente, pero de ninguna manera esto significa
que sea normal. La Amazonia no evolucionó con incendios frecuentes.
La bióloga brasileña Manoela Machado advierte que los fuegos recurrentes no son un elemento natural en la dinámica de la selva tropical, como sí lo son en otros entornos, como El Cerrado – una región de sabana ubicada principalmente en Brasil -”. Machado, investigadora de la Universidad de Sheffield, Reino Unido, que estudia los impactos de las actividades humanas en las selvas tropicales, es explícita cuando dice que “la Amazonia arde durante las sequías, pero no por las sequías. Se quema porque hay una demanda de pastos y tierras de cultivo, y el Gobierno actual, presidido por Jair Bolsonaro, no solo no incluye el desarrollo sostenible en sus planes, sino que alienta la deforestación y restringe las acciones sistémicas contra ella”.
El ecólogo David Edwards, jefe del mismo
laboratorio de la Universidad de Sheffield, opina al respecto: “Creo que este
año, hasta ahora, es normal en promedio, aunque la gravedad de los incendios
varía por regiones. La diferencia es que este año los medios de comunicación se
han hecho eco de la quema de la Amazonia, lo cual es genial”. El investigador
David Edawards recuerda que los incendios en la cuenca amazónica son
especialmente graves cuando ocurre El Niño, un fenómeno meteorológico natural y
cíclico, vinculado a un incremento de las temperaturas en la parte oriental del
Pacífico tropical. Los 70.625 focos registrados en 2016 coincidieron con un
evento de El Niño potente. Este año, sin embargo, el fenómeno es débil y, pese a
ello, se han detectado más incendios. De acuerdo a los cálculos de la
Universidad del Estado de Oregon (EE UU),
la selva amazónica alberga el 10% de
todas las especies conocidas de animales y plantas y almacena 100.000 millones
de toneladas de carbono, una cantidad 10 veces superior a la emitida cada año
por el uso de combustibles fósiles. Edwards advierte de que es una pescadilla
que se muerde la cola. El ecólogo David Edwards apunta que “el problema es que
los bosques incendiados pierden carbono a medida que los árboles quemados van
muriendo lentamente, lo que provoca un mayor cambio climático y una mayor
pérdida de la biodiversidad”. La progresiva ‘sabanización’ de la selva es una
amenaza real, según alertó en 2016 un equipo de científicos brasileños,
encabezado por el climatólogo Carlos Nobre, de la Academia Nacional de Ciencias
de EE UU.
El neerlandés Pepijn Veefkind, que dirige el instrumento Tropomi,
un sensor a bordo del satélite europeo Sentinel-5P, que es capaz de identificar
puntos calientes de gases contaminantes en la atmósfera, dice: “Es cierto que
los incendios a gran escala en la región amazónica ocurren todos los años.
Aunque las condiciones meteorológicas puedan desempeñar un papel, hay que
recalcar que la mayoría de estos focos están provocados por el ser humano”[1].
Si bien, las magnitudes y los
indicadores no se distancian demasiado de lo que ocurría antes, lo que queda
claro es que hay un incremento en intensidad y en extensión, como una
continuidad en crecimiento de lo que en la historia reciente del planeta venía
ocurriendo. Pero, lo que es más evidente, es que los incendios se deben más a la
mano humana que a la espontaneidad de los ciclos climáticos. Para sostener lo
que decíamos al principio, aquello del Apocalipsis en el momento presente,
podemos comenzar anotando que el solo incremento de lo que pasó y pasa, en
términos de depredación y destrucción ecológica, ya es un dato alarmante, que
nos autoriza hablar de la metáfora trágica y dramática del Apocalipsis.
Por otra parte, la segunda
anotación, que apoya nuestra hipótesis interpretativa, que puede parecer
exagerada, es que lo que acontece, en términos de destrucción de bosques y
contaminación de cuencas, es decir, de demolición de ecosistemas, es más
consecuencia de la mano humana. Esto quiere decir, que el llamado “desarrollo”
avanza sembrando hogueras, por así decirlo, recurriendo a una metáfora de la
poesía de Federico García Lorca.
El tercer argumento que
corrobora de que estamos en el Apocalipsis es que debemos tener en cuenta lo que
ocurre en el conjunto ecosistémico del planeta, en el impacto no solo de la
deforestación de la Amazonia, sino con la depredación sistemática de
ecosistemas en la totalidad misma del planeta. Entonces podremos sostener lo que
ya sostienen los informes científicos sobre el “cambio climático” y el
“calentamiento global”, esto es, que si sobrepasamos los 2 grados más de
calentamiento, ingresamos literalmente al Apocalipsis.
El cuarto argumento tiene que
ver con la descripción de lo que ya acontece en el mundo, los desbordes
migratorios, que deberían ser nombrados como climáticos, relativos al llamado
eufemísticamente “cambio climático”; la exacerbación de las crisis sociales,
acompañadas por las crisis económicas, además de las crisis políticas, con su
sucedáneo de crisis ético-morales. Al respecto no se puede ocultar el incremento
alarmante del desborde de la decadencia generalizada.
El quinto argumento tiene que
ver con la ausencia fatal de horizontes, que no asoman en los límites mismos de
la civilización moderna, que llamamos civilización de la muerte. En el estrecho
campo de posibilidades del sistema-mundo, en todas sus versiones, tanto
liberales o socialistas, tanto neoliberales o populistas, de “derecha” o de
“izquierda”, no se encuentra ningún horizonte promisorio, salvo la repetición de
lo mismo, en distintas versiones y guiones, el círculo
vicioso del poder.
Como conclusión
argumentativa, estamos en condiciones de afirmar que nos encontramos en pleno
despliegue del Apocalipsis, que, a diferencia, de las interpretaciones
evangélicas, no implican necesariamente el fin
del mundo y la llegada
del mesías,
sino la muerte de la vida en el planeta, en el contexto de la civilización
moderna. Esta otra interpretación no religiosa, sino
histórico-político-cultural-social-civilizatoria, es contundente, en lo que
respecta al destino de la humanidad, sino cambia de comportamientos y conductas
suicidas, en otras palabras, modernas, consumistas, capitalistas, pero, también,
da la alternativa de otro decurso de posibilidades, si es que las sociedades
humanas son capaces de reinsertase con los ciclos ecológicos vitales del
planeta.
En Bolivia, el chaqueo es
una costumbre arraigada que, a pesar de los daños que ocasiona, así como que es
sancionada por ley, no ha podido ser frenado. Al contrario, las recientes
decisiones políticas lo han alentado, en lugar de controlarlo. El 9 de julio, el
presidente Evo Morales aprobó la modificación del Decreto Supremo 26075, sobre
Tierras de Producción Forestal Permanente, para ampliar las áreas de producción
del sector ganadero y agroindustrial de los departamentos del Beni y Santa Cruz.
La norma autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas
y comunitarias, que estén concebidas bajo un sistema de manejo integral
sustentable de bosques y tierras. Esta modificación también permite la “quema
controlada”, de acuerdo con la reglamentación vigente. El mandatario remarcó que
“tenemos la tarea y la misión de que Bolivia crezca económicamente, no solo en
base a los recursos naturales no renovables sino también en base al tema
agropecuario”, resaltó la apertura de importantes mercados para los productos
nacionales, como lo que corresponde a la carne. Asimismo, planteó al sector
ganadero del Beni construir frigoríficos certificados y modernos en la ciudad de
Trinidad, para garantizar la exportación de la carne boliviana a otros
continentes.
En lo que respecta a la geografía política de Bolivia, las situaciones y condiciones de las tramas y las tragedias ecológicas no son tan distintas, sino que parecen la repetición de determinados parámetros de la destrucción ecológica del planeta. Como patentizando el papel depredador del gobierno el presidente Evo Morales Ayma dijo que: “Tenemos la tarea y misión de que Bolivia crezca también a través del desarrollo agropecuario. Otra responsabilidad con Beni es la construcción de un matadero industrial a través de un acuerdo público y privado. Beni tiene que prepararse para exportar carne directamente a China”.
En un artículo sobre la
situación de los incendios en el sudeste de Bolivia se escribe:
Roboré y las comunidades aledañas, que son 33, están en
emergencia. Si bien son ocho las comunidades que han sido afectadas directamente
por el fuego, ninguna se libra del humo, del calor y por supuesto del temor.
Roboré es un municipio del departamento de Santa Cruz que tiene bosque, pero es
un bosque seco y hace tres meses que no llueve, lo que ha agravado la situación
y ha convertido a la región en material combustible. Una pequeña chispa es
suficiente. La normativa actual; los chaqueos indiscriminados y descontrolados;
el uso de vegetación local como combustible; y las condiciones climáticas
adversas son, según un documento enviado a los medios de comunicación por
expertos de entidades técnico-académicas, los factores que provocaron el
desastre ambiental en el oriente del país. Al lugar han llegado bomberos desde
la Gobernación de Santa Cruz, también la Policía, y han traído cisternas. Pero
es complicado acceder al área de los incendios. Todo es bosque, no hay senderos.
La gente carga mochilas y bidones con agua para apagar el fuego, mientras las
cisternas deben quedarse a la vera del camino. Con todo, el fuego es más rápido
y mientras se apaga de un lado se aviva del otro. Se maneja la cifra de que el
50 % del incendio se ha controlado. Es difícil saberlo. El trabajo intenso ha
permitido apagar muchos focos, pero no se ha conseguido controlar ni mitigar el
resto, que atenúa y se expande a momentos. El temor ahora son los intensos
vientos que se pronostican para estos días. La gente está preocupada.
En la ciudad de Roboré, en medio del humo, la espera parece eterna, pero en las comunidades la situación es más grave, pues las familias se proveen del agua que cae de las serranías que rodean la región y que transportan por unas tuberías de goma, como mangueras. Ahora, estas se han quemado y no reciben agua para beber. Además, el agua que les llega está llena de cenizas y se están reportando problemas digestivos, infecciones, tos y conjuntivitis. No hay actividades, y las labores escolares se han suspendido. Las autoridades del lugar piden una declaratoria de emergencia. El Gobierno dice que no es necesario.El activista Pablo Solón, que fue parte del Gobierno de Evo Morales hasta el 2011, lleva un recuento de las cifras de deforestación. Según sus registros, el 2012 la deforestación en el departamento de Santa Cruz bordeó 100.000 hectáreas, el 91 % era deforestación ilegal. Cinco años más tarde, un tercio de esta pérdida de bosque fue legalizada por el gobierno. En el 2015, de las 240.000 hectáreas deforestadas en Bolivia, 204.000 pertenecían a Santa Cruz. El año 2016 se deforestaron 295.777 hectáreas en el país, según datos oficiales de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) en Bolivia. Hace unos días, la misma ABT habló de 953.000 hectáreas de bosques quemados en lo que va de 2019.
La deforestación es el tema de mayor preocupación
en relación con la naturaleza y la biodiversidad en el país. La soya, el modelo
del agronegocio, la extensión de cultivos de coca, la ganadería, los
biocombustibles, los asentamientos ilegales y el chaqueo son los factores que
alientan el gran flagelo a la naturaleza. Los datos de la gráfica de la ABT son
de deforestación de bosques, no de áreas quemadas, que siempre son más porque
incluye pastizales, matorrales y otros terrenos no boscosos. Pablo Solón
sostiene que “si tomamos como año base el 2012, donde se habrían deforestado
128.043 hectáreas, la deforestación de este año sería más de siete veces mayor;
y si tomamos solo la deforestación de la Chiquitanía, sería tres veces mayor”.
Los expertos y organizaciones ambientales que siguen el incendio calculan que un
millón de hectáreas de bosques se han quemado en estos días: un área seis veces
más grande que la mancha urbana de la ciudad de La Paz o casi toda la superficie
del TIPNIS. La razón es ampliar la frontera agrícola. El etanol y el biodiesel
requieren cientos de miles de hectáreas de caña de azúcar y soja, a lo que se
suma la exportación de carne a la China, que necesita millones de hectáreas de
pastos para el ganado. Por último, hay que añadir las dotaciones de tierra en
áreas forestales y los asentamientos ilegales. La región afectada por el
incendio reúne cultivos de soya y cría de ganado en grandes proporciones. Pablo Solón dice que “lo que está pasando no es un accidente. El vicepresidente hace
cinco años desafiaba a los agroindustriales a ampliar la frontera agrícola en un
millón de hectáreas por año. Ahora ha llegado a esa cifra, pero no de tierras
agrícolas productivas sino de tierras devastadas por las llamas”. El tema de la
deforestación masiva este año por incendios no solo se explica por razones
económicas sino político-electorales. En sus primeros años, el MAS se opuso a
los biocombustibles, pero en su proyecto continuista pasó a promover el etanol y
el biodiesel, argumentando que se ahorrarían muchos recursos en la importación
de gasolina y, en alianza con los sectores agroindustriales del oriente del
país, presentó a los biocombustibles como energía “verde”. “Hay responsables
directos de este desastre ambiental y el primero es el Gobierno que ha aprobado
consistentemente en los últimos años leyes de ‘perdonazo’, promoción e impulso
de la frontera agrícola.
La ambientalista Cecilia Requena
resume: Luego han hecho una cumbre agropecuaria donde se han juntado el
gobierno, el sector agroindustrial del oriente y campesinos aliados al MAS. En
esa cumbre han decidido aprobar los organismos genéticamente modificados, los
agrocombustibles, la expansión de la frontera agrícola, la exportación de carne
a China y finalmente este decreto del 9 de julio que permite la deforestación
con fines agropecuarios de superficies forestales”.
Alcides Vadillo, director regional de la Fundación Tierra,
ONG que se dedica a investigar sobre el acceso, uso y gobernanza de la tierra y
el territorio y los recursos naturales en Bolivia, señala que el Gobierno ha
estado disponiendo de tierras fiscales que antes eran de uso forestal
permanente. Todo lo que antes servía para concesiones forestales las ha devuelto
al Estado y las está repartiendo a los colonizadores, creando comunidades falsas
de personas que en realidad habitan en la ciudad. Dice que “hay mucho dinero que
está en juego”. Según Requena,
esto expresa una visión de desarrollo que ya no
corresponde al siglo XXI y que se agrava con el cambio climático, la
mega-extinción de especies y la pérdida masiva de bosque tropical. Requena dice
que “el Gobierno trata de culpar al cambio climático diciendo que esto ocurre en
otros países también, efectivamente pero justamente si reconoces la existencia
del cambio climático no contribuyes a él alentando las quemas”.
“Este daño es
irreversible, inconmensurable. No tenemos idea de la dimensión de las
consecuencias, pero podemos decir que esperamos que esto sirva, como otras
desgracias, para hacer un alto en esta deriva suicida. Necesitamos una visión de
desarrollo que valore el bosque en pie, porque además de ser vital para el agua,
se puede traducir en una economía que se abra hacia el post extractivismo”. La
contaminación en aire, agua y suelos, además de la extinción de especies, son
algunas de las principales consecuencias que dejan los incendios. Según los
expertos, se necesitarán años de trabajo para “recuperar una parte del bosque
que se quemó”.
Cecilia Requena lamentó el
alcance dramático de los incendios,
dice: “No entendemos muy bien lo que perdimos, pero sabemos que es enorme.
Debido a la enorme biodiversidad, conocemos apenas una parte de su riqueza, pero
esta es inabarcable”. El área que ahora está en cenizas era hogar y lugar de
origen, por ejemplo, de la Frailea chiquitana, una planta endémica del lugar.
Como esta quedaron calcinadas especies grandes, pequeñas y únicas. “Los daños
ambientales son elevados a la máxima potencia. La bióloga Kathrin Barboza dice
que: De las especies de flora y fauna que son afectadas, algunas son de
reproducción lenta y si estas mueren en grandes cantidades pueden tardar muchos
años en recuperarse”. Agregó que como se trata de un bosque de características
únicas en el mundo, hay especies que pueden extinguirse o pueden catalogarse
como amenazadas.
El Bosque Seco Chiquitano es un complejo de biodiversidad
endémico donde también está la Reserva Natural Tucavaca. Allí existen 554
especies distintas de animales, distribuidas en 69 especies de mamíferos, 221 de
aves, 54 de reptiles, 50 especies de anfibios y 160 de peces. En Tucavaca hay,
además, 35 especies de fauna y más de 55 plantas endémicas que solamente hay en
este lugar en todo el mundo.De
acuerdo con la investigadora Barboza, todas
estas especies, entre plantas y animales, cumplen un rol importante en el
equilibrio del bosque. “Por ejemplo, con el tema de la polinización, la
dispersión y el control natural de plagas e insectos”. Barboza acotó que una vez
que cese el fuego se necesitará una evaluación del daño ambiental. “Desde
cuántas hectáreas de bosque han sido dañadas, hasta ver si hay especies que se
pueden rescatar”, agregó que además se debe hacer un monitoreo para evaluar
cuánto tiempo puede tardar en recuperarse el bosque y el fortalecimiento de las
plantas. La ingeniera ambiental, Cecilia Tapia, asegura que el principal daño
fue a los suelos, la biomasa boscosa, y la biodiversidad que se albergaba.
“Habrá que acudir a estudiar y hacer un inventario del área quemada. Pero entre
los impactos de consideración tenemos suelos, aire, aumento de gases de efecto
invernadero, y contaminación de agua, además de la pérdida del paisaje que igual
es de impacto socioambiental”.
La reforestación de la zona afectada por los incendios en
la Chiquitanía demorará unos 200 años, de acuerdo con datos del presidente del
Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz (CIF-SC), Ever Durán. “El bosque
que se ha quemado es duro; en ese sentido, se calcula que necesitará
aproximadamente 200 años para restablecerse”. Durán agregó que es imperativo que
el Gobierno active el protocolo de declaratoria de desastre nacional por los
incendios y recurra a ayuda internacional, no solo para apagar el fuego, sino
también para que se refuercen las tareas de reforestación y mitigación de los
efectos de los incendios sobre la zona afectada y la salud de los habitantes.
Representantes de los colegios profesionales de ingenieros agrónomos, ingenieros
forestales y veterinarios del departamento de Santa Cruz exigieron ayer al
Gobierno que detenga la ampliación de la frontera agrícola en zonas sin esa
vocación. “Exigimos e instamos al Gobierno a pensar que los recursos naturales
no son generación de recursos económicos para unos cuantos, sino generación de
calidad de vida para todos los bolivianos y esto solo se logrará con un marco
sostenible de estos recursos”. En el mismo documento, además, exigen a las
autoridades que se derogue la Ley 741, los Planes de Desmonte iguales o menores
a 20 hectáreas (PDM-20) y el Decreto Supremo 3973, que legaliza las quemas en
los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando sin tomar en cuenta los planes de
uso de suelos (PLUS).
El presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz,
Hugo Salmón, pidió que el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA)
paralice la dotación de tierras y la otorgación de permisos de asentamiento en
las zonas protegidas o que no tienen una vocación productiva o agrícola. De
acuerdo con el legislador departamental, la información del Sistema de Alerta
Temprana Contra Incendios Forestales (SATIF) indica que la mayor cantidad de
quemas y chaqueos en el departamento se llevan a cabo en áreas de producción
forestal y en áreas de uso silvo-agro-pastoril. “Eso quiere decir que se está
chaqueando en zonas que tienen vocaciones completamente diferentes al uso que se
les está dando”. La tragedia no puede ser medida, las pérdidas tampoco. Y,
mientras tanto, nadie todavía ha puesto sobre la mesa de debate la suspensión de
los permisos para “las quemas controladas”[2].
Como se puede observar si nos
situamos en un enfoque más local, por ejemplo, de una geografía política,
correspondiente a un Estado-nación, como Bolivia, la denominada crisis ecológica
adquiere perfiles propios y singulares, empero, forma parte de la crisis
integral ecológica del planeta, en el momento presente. Lo que nos obliga a
evaluar lo que ocurre nacionalmente, lo que ocurre localmente, tomando en cuenta
el contexto global de un mundo en crisis múltiple. Pero, también, situándonos en
el contexto mundial, mejor dicho, planetario, podemos observar que el acontecer
nacional y local no es sino el despliegue de la misma crisis ecológica
planetaria, solo que expresada en sus singularidades.
Desde esta perspectiva, no se
trata de culpar a personas, que tampoco controlan el decurso de sus propios
destinos, por más que se presenten como dignatarios, sino de entender que estos
personajes forman parte de tramas desplegados en los tejidos sociales y
políticos, donde las estructuras y substratos del poder se hallan en la base de
la estructura social, además de en la transversalidad de denominaciones
polimorfas persistentes. Estos personajes se ilusionan con manejar el poder, por
lo menos el gobierno, sin embargo, no son más que marionetas en una constelación
de concurrencias de juegos de poder. Entonces, el problema efectivo no son estos
aborrecidos personajes en el imaginario colectivo, sino los entramados de hilos
que los mueven.
En el caso de Bolivia y Brasil, a pesar de la dicotomía entre los presidentes disímiles, los entramados subyacentes parecen ser los mismos, los relativos al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, con la diferencia de que Brasil experimenta las revoluciones industriales, tecnológicas-científicas y cibernéticas, y Bolivia se mantiene en el perfil primario exportador. Los entramados histórico-político-culturales tienen que ver con la subordinación y sumisión a la geopolítica del sistema-mundo capitalista, con la diferencia que un país cumple los roles de potencia emergente y el otro de indudable país periférico.
Apocalipsis en Bolivia
Siguiendo con la metáfora del
Apocalipsis, queremos ahondar en el análisis de los síntomas del Apocalipsis a
escala nacional. Los síntomas del Apocalipsis ecológico han cobrado magnitudes
catastróficas en Bolivia, en un año, 2019, que parece aciago, en comparación con
los años anteriores, o la continuidad incrementada del fenómeno depredador de
los incendios. Los síntomas de los que hablamos adquieren impacto e incidencia
no solamente en lo que respecta a la depredación ecosistémica sino también en lo
que respecta a las formas del ejercicio político. En este sentido, los jinetes
del Apocalipsis se presentan descomunales, galopando desbocados, encendiendo
hogueras en los bosques, pero también desorbitados, incluso desorientados en el
desencadenamiento de la catástrofe.
En lo que sigue intentaremos
situarnos en la coyuntura caldeada y calcinada por los incendios, en los
efectos, no solo ambientales, sino también sociales, económicos, políticos y
culturales de la destrucción ecológica de la Amazonia y del Chaco húmedo.
Buscando entrever los alcances de la destrucción ecológica, así como los
alcances de la degradación política, institucional, ideológica y cultural. Pues
el fenómeno de la crisis ecológica es un fenómeno integral o, mejor dicho, se
trata de procesos de desintegración articulados y de incidencia en la totalidad,
por así decirlo de la realidad efectiva. En lo que respecta a la formación
social boliviana, en una coyuntura precisa, la del momento álgido de
la catástrofe ecológica, es indispensable interpretar lo que pasa no solamente
con los campos de fuerza, no solamente relativos a la sociedad, sino también las
fuerzas físicas, territoriales y ecológicas, así como lo que sucede con el
Estado-nación, mal llamado Plurinacional, la diseminación de sus estructuras
institucionales, lo que sucede con la forma de gubernamentalidad, que hemos
llamado clientelar, en un momento de crisis política, de merma en su
convocatoria y, por lo tanto, en su recurrencia generalizada a las formas
perversas del recurso a la violencia, se presente ésta abiertamente, de manera
descarnada, o de manera opaca, hasta latente o, incluso disimulada, por ejemplo,
mediática.
El periodista e historiador
Rolando Carvajal dice:
Génesis de la depredación forestal inducida: las quemas
para el desmonte son un mal crónico, e irresoluble con el actual enfoque oficial
que busca ampliar la frontera agrícola para los agroempresarios. La aparatosa y
publicitaria, pero tardía, respuesta oficial ante del desastre en el bosque
chiquitano, no oculta que la verdadera razón de la catástrofe natural es la
política pública continuadora de un modelo de producción agropecuaria que no ha
cambiado en los últimos 30 años; y no tanto por factores como el cambio
climático y sus efectos en el calor, la baja humedad, la falta de lluvias y los
vientos cambiantes. Al paso que se va
‒
sin afrontar el problema por la vía de la productividad de los suelos y
tecnología moderna
‒
y sólo alentando desde el Estado los chaqueos, el Supertanker que comenzó a
sofocar el fuego, volverá más pronto de lo que pudiera suponerse. Su anunciada
compra, prueba que persistirán los siniestros. “Continuarán los incendios”, dijo
el presidente Morales, censurado por la sociedad civil debido a que decretó el
modo de deforestación que deja los llanos en llamas y 1,2 millón de tierras
devastadas[3].
Carvajal hizo un análisis
somero de la coyuntura relativa a la catástrofe ecológica, escribió:
Según diversos expertos consultados por Bolpress pese a
regir desde 2015 una pausa en su verificativo, la función económica y social
(FES) de las tierras, requisito para evitar su reversión al Estado, se ha
convertido, junto con la dilatación de la superficie agrícola, en uno de los
factores de política pública generadora de los incendios que asolan a las
tierras bajas de Bolivia. Forma parte de una política de tierras corrompida que,
asimismo, genera un tráfico de éstas destinado a intensificar el mercado de
suelos, en un contexto donde el INRA (Instituto de Reforma Agraria) y otras
instituciones que gestionan la dotación del recurso tierra, están plagadas de
acusaciones sobre negociados y acciones ilegales. Se trata, aseguran, de un
inflamable incentivo normativo que induce al desmonte mediante quemas, chaqueos
o desbrozado de bosques chaqueños y amazónicos, en procura de ampliar la
frontera agrícola, ensanchando las tierras de cultivo, objetivo gubernamental
para producir biocombustibles, incluso por la vía de transgénicos y agrotóxicos,
con el fin de exportar productos agropecuarios (carne, especialmente), debido la
nueva demanda china y del mercado internacional.
La respuesta sorprendente y descolocada del presidente fue:
“Si las pequeñas familias, pequeños productores, no chaquean, ¿de qué van a
vivir?”. En una especie de primer descargo de su administración, fustigado desde
la sociedad civil por reaccionar a destiempo
‒
casi un mes después de que comenzaran las quemas
‒
y no cuando estaban en su punto alto, hace tres semanas, con unos 8.000 focos de
calor en la etapa crítica, según informó este martes el Gobierno, de un total de
33.000, en lo que va del año, de acuerdo con el Observatorio de la Autoridad de
Bosques y Tierra. La Gobernación de Santa Cruz, reveló hoy que emitió hace un
mes la alerta naranja y la alarma roja el 7 de agosto, pidiendo a la ABT se
frenen los chaqueos.
Mientras el jefe de Estado apuraba una respuesta tardía a
las quemas y el hollín que los vientos no tardan en trasladar desde las tierras
bajas hacia la cordillera de los Andes
‒
acelerando el deshielo de las cumbres nevadas y glaciares, en desmedro de las
reservas de agua en Bolivia, como demostraron exposiciones de Juan Carlos Guzmán
y otros expertos ( Silvia Molina, 2019) sobre la conmoción de restos
contaminantes y su impacto en los acuíferos cordilleranos
‒,
su gobierno anunció la compra y cotización del Supertanker que incursiona desde
el viernes sobre la superficie en llamas. En un anticipo de las derivaciones de
un mal ya crónico con el que cohabitan el Gobierno y la sociedad, como el
narcotráfico, el contrabando y otros flagelos en Bolivia, el mandatario sostuvo
el domingo que, a futuro, “continuarán los incendios”. Sin embargo, pese a su
reticencia inicial, Morales dio visos de activar por fin la ayuda
internacional, aunque su ministro de la Presidencia, sin pruebas fehacientes,
acusó a “la derecha opositora” de causar un incendio “deliberado” de pastizales
en un punto de la Chiquitanía, mientras, cuando se ingresaba la octava semana de
incendios a partir del decreto del 9 de julio, se decidió por una “pausa
ecológica” y la prohibición de reventa de tierras, aceptando los 650 mil dólares
de ayuda ofrecida por la banca de desarrollo (CAF, BID) y el sistema de Naciones
Unidas.
El mandatario y su administración afrontaban, asimismo,
hogueras internas que ponían a prueba la fortaleza electoral oficialista, a dos
meses de las elecciones, como la declaración del ministro César Cocarico, quien,
en contradicción con su jefe, descartó la abrogación de cualquier norma que
permita las quemas bajo al argumento de que si no hubiera desmontes, Bolivia
podría quedarse sin alimentos; “el agricultor tiene dos caminos, uno ampliar,
quemar, chaquear, es lo que siempre se hace, no hay otra tecnología”[4].
Como se puede ver no
solamente estamos ante una coyuntura de crisis ecológica, a nivel nacional, sino
ante los avatares de una crisis política, que cobra su singularidad, en lo que
podemos llamar una suspensión peculiar de la realidad efectiva para embarcarse
en los atolladeros de la burbuja ilusoria que conforma la propaganda y la
publicidad compulsivas, una burbuja que parece atrapar a los gobernantes. Los
gobernantes parecen ver en el espejo de las burbujas lo que su propio imaginario
delirante les muestra, que no pasa nada, salvo la eterna conspiración de la
“derecha” y del “imperialismo”. Indudablemente, en el contexto de la crisis
ecológica, que llaman eufemísticamente “cambio climático” o “calentamiento
global”, las políticas económicas del gobierno han atizado el fuego de los
incendios en la Amazonia y en el Chaco húmedo, además de los focos aparecido en
el Pantanal, incluso en zonas del Chaco seco. Al reducir su enfoque el gobierno
al mero conflicto de la concurrencia electoral, se cierra la visibilidad para
ver lo que ocurre en cuanto a impacto ambiental, que ha adquirido magnitudes de
catástrofe ecológica. Entonces, en vez de coadyuvar a buscar soluciones, por lo
menos paliativas, al insistir en una versión insostenible sobre los incendios,
se convierte no solamente en parte del problema sino, sobre todo, en un
obstáculo a la resolución del problema.
En ensayos anteriores
hablamos del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente[5],
que continúa el “gobierno progresista”, solo que lo hace bajo el perfil político
del discurso neopopulista y el estilo de la forma
de gubernamentalidad clientelar, pero, sobre todo, de una manera más
intensa y expansiva que antes, cuando los gobiernos neoliberales implementaban,
a su manera, el mismo modelo. Ahora asistimos a desenlaces catastróficos de
políticas económicas altamente extractivistas, desforestadoras y compulsivamente
inclinadas por la ampliación desmesurada de la frontera agrícola. También en
ensayos anteriores hablamos de la decadencia política
e ideológica a la que asistimos en la modernidad tardía[6];
ahora, a nivel nacional, asistimos a desenlaces singulares de esta decadencia,
los relativos a lo que podemos llamar a la suspensión casi absoluta de valores y
de escrúpulos.
El balance de Carvajal
continúa con la consideración de las leyes, la normativa, las regulaciones,
además de las políticas efectuadas por el gobierno:
La Ley 741, vigente desde 2015 y que define la pausa en la
certificación de la FES, es una de las piezas legislativas y normativas dictadas
en los últimos años para estimular la ocupación de tierras fiscales por
deforestación. Otra es el reciente y cuestionado decreto supremo 3973 (julio
2019), que modifica (en favor de la deforestación actual) el artículo 5 del DS
26075, que, a su vez, data de 2001 y se remonta a los tiempos del expresidente
neoliberal Hugo Banzer, autorizando ahora el desmonte
‒
hasta 20 hectáreas
‒ para propiedades agropecuarias en tierras privadas y
comunitarias no sólo de Santa Cruz sino también del Beni. Subsiste, asimismo,
sin que el partido en el gobierno la haya abrogado, la ley 1745 del INRA
(Instituto Nacional de Reforma Agraria), promulgada en 1996 durante el primer
gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Loza, cuyo segundo artículo
establece la FES.
Cuatro días después que Morales “optimizara”, hace unas
seis semanas, el decreto banzerista con otro suyo
‒
observado desde el Colegio de Biólogos porque incentiva al chaqueo “en un
contexto de anarquía y tráfico de tierras para justificar su posesión y aumentar
los monocultivos industriales, sin evidencia de sostenibilidad”
‒,
los empresarios privados de Beni anunciaron sus planes de habilitar de 4,5 a 6
millones de hectáreas para desarrollar agricultura y ganadería intensiva. Para
ello preparaban inversiones por más de 2.000 millones de dólares en los próximos
diez años, según el líder regional de la Federación de Empresarios Privados,
Jorge Núñez del Prado.
El especialista del CIPCA, Carmelo Peralta, inmediatamente
a que fue promulgado el decreto, se preguntó: “¿No será que más bien la
modificación del DS 26075 es una manera fácil de legalizar la deforestación en
estos dos departamentos en los cuales urge la expansión de la agroindustria y
así consolidar el corredor agroindustrial, que se expande desde Santa Cruz y
tiene como horizonte en Beni?”. ¿Era imprescindible abrir el candado para que la
ganadería se expanda por la demanda actual de carne para el mercado de la
China?; también cuestionó: “una visión economicista que no considera los
potenciales problemas en materia socioambiental para diferentes grupos que
habitan la región”.
El presidente de la Federación de Ganaderos del Beni, Abdón
Nacif, sostuvo en descargo del sector que los ganaderos, por la experiencia que
tienen, saben controlar las quemas y están al margen de responsabilidades por
los incendios en la llanura beniana, con cerca de tres millones de reses. Sin
embargo, otras organizaciones de la sociedad civil, entre ellas 21
instituciones privadas de desarrollo social agrupadas en UNITAS, censuraron la
aprobación de medidas normativas y administrativas “atentatorias a los derechos
de la Madre Tierra y de la vida” y reprocharon la “actitud indolente” de las
autoridades al no actuar de manera diligente contra el desastre natural.
UNITAS (Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de
Acción Social) consideró que las autorizaciones de chaqueo en el bosque seco
chiquitano y sus cercanías, constituyen actos de “flagrante negligencia”,
atribuyó especial responsabilidad a la estatal Autoridad de Bosques y Tierras
(ABT), que debió rechazar los desmontes. Las instituciones de la sociedad civil
exigieron al Estado boliviano “cumplir con su deber de garante de los derechos
medioambientales y de la Madre Tierra” y a los altos funcionarios “garantizar
políticas públicas adecuadas para prohibir la deforestación”. Contra las
argumentaciones gubernamentales, remarcaron que las quemas controladas y su
autorización vulneran “los derechos de la Madre Tierra y de la ciudadanía”,
puesto que afectan al ecosistema y el medioambiente en que todos nos
desarrollamos.
De acuerdo con datos del Censo Agropecuario (Instituto
Nacional de Estadística, 2005-2006), lo que se considera como frontera agrícola
abarcaba 2.508.923 millones de hectáreas (ha). Según proyecciones del INE al
2016-2017 había subido 3.498.203 ha, lo que muestra un crecimiento a 989.281
hectáreas que, dividido entre doce años resulta en unas 82.416 ha anuales,
promedio, de ampliación de la frontera agrícola por la vía de la deforestación.
Sin embargo, en los últimos tres años alcanzó niveles de 350 mil hectáreas por
año, de acuerdo con la fundación Friedrich Ebert Stiftung. El especialista
chiquitano Alex Willka reclamó en entrevista de la cadena RTP: “aunque solo en
cinco días se ha consumido medio millón, en un bosque que es único en el mundo;
no hay otro como él en todo el planeta”.
El ministro de Defensa, Javier Zabaleta, dijo en la zona de
desastre, horas antes de que el Supertanker estadounidense sobrevolara los
incendios para sofocarlos con descargas de agua, que el total de las hectáreas
afectadas por las quemas era de 774 mil hectáreas solo en Santa Cruz y
fundamentalmente en la Chiquitania. El director de Manejo de Bosques y Tierras
de la ABT, había informado un día antes a la red PAT, fuera de la cifra señalada
por el ministro, que se estimaban en 280 mil las hectáreas afectadas en el Beni,
en la amazonia boliviana.
El jefe de Estado oficializó que la superficie afectada por
incendios alcanzaba hoy a 1,2 millón de hectáreas, 500 mil en bosques y 700 mil
en chaqueos agropecuarios. “Casi el 20, 30 por ciento de bosque, lo demás son
aéreas de chaqueo”. La frontera agrícola bordearía, entonces, los 5,4, millones
de hectáreas, si se añaden las 700 mil de los años 2017 y 2018, calculadas por
otros organismos.
De acuerdo los datos del Censo Agropecuario 2013 (INE), la
superficie total cultivada de 6,2 millones de hectáreas comprendía una
superficie agrícola cultivada de casi 3,8 millones de ha (incluidos los cultivos
de verano e invierno), pastos cultivados por 2,3 millones de ha y 150.219 ha
de cultivos forestales maderables. De ese total, unos 5 millones se encontraban
en los llanos o tierras bajas, menos de 588 mil ha en los valles y poco más de
617 mil ha en el altiplano. De la superficie agrícola cultivada de 3,7 millones
de hectáreas, 2,7 se hallaban en los llanos, unas 457 mil en los valles y 564
mil en el altiplano.
En la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”, de 2015, el
Gobierno y los agroempresarios anticiparon el inicio de un proceso agresivo de
ampliación de la frontera agrícola, con metas de un millón de hectáreas por año
que, para beneficio de la Madre Tierra, no se alcanzaron. Mitigadas las
proyecciones, de 3,5 a 4,7 millones de hectáreas, a través del plan de
Desarrollo Económico y Social 2016 -2020, por estos días las previsiones
gubernamentales parecen haberse cumplido, sin embargo, sobrepasando los límites
con el 1,2 millón de hectáreas deforestadas, según el reporte presidencial[7].
Los dispositivos normativos
forman parte de la maquinaria estatal, la misma que es engranaje en la
heurística de la
geopolítica del sistema-mundo capitalista. El desarrollo capitalista
se ha basado y sustentado en las condiciones
de posibilidad económicas que
generaban los mecanismos y las técnicas extractivistas; es decir, en la
destrucción de los ecosistemas, que implican, por lo menos, determinadas
consecuencias, entre las que podemos citar las huellas ecológicas, la ampliación
depredadora de la frontera agrícola, de una agricultura devastadora, habiendo la
posibilidad de agriculturas complementarias o en armonía con los ecosistemas,
incluso agriculturas ecológicas. Entre los efectos destructivos del planeta
también podemos mencionar el deterioro de las estructuras sociales, sobre todo
de sus capacidades de cohesión. A largo plazo, podemos también señalar el
deterioro de las capacidades culturales de la sociedad, pues la contaminación,
la depredación y la destrucción de los ecosistemas, por lo tanto, de los ciclos
vitales planetarios, incide, a largo plazo, en el deterioro de los sistemas
culturales. Por ejemplo, en la modernidad tardía se asiste a la banalización del
sistema-mundo cultural.
A lo largo de la historia del capitalismo, que, en el contexto integral, se trata del sistema-mundo moderno, de la civilización moderna, la condición inicial o básica del modo de producción capitalista es la posibilidad de convertir a los recursos naturales en materias primas, antes convertir a los bienes naturales, por así decirlo, en recursos naturales. Los distintos ciclos largos del capitalismo se han desarrollado a costa de la extracción de recursos naturales, convertidos en materias primas, es decir, mercantilizados. Esto ha implicado horadar suelos y subsuelos, así como también convertir a los cuerpos en mercancías, entre ellos a los cuerpos humanos. La mercantilización generalizada es el horizonte propio del sistema-mundo capitalista, dentro de éste, en su composición dinámica, de la economía-mundo capitalista. La mercantilización generalizada implica la fetichización generalizada, es decir, la emergencia, conformación y consolidación de la ideología.
La ideología no
solo es la economía, como pretendida ciencia social de la producción,
distribución y el consumo, sino también la política y otras ciencias sociales,
que se conformaron sobre los mecanismos de un saber útil a la valorización abstracta, mecanismos
que funcionan como instrumentos de la división del trabajo, en un mundo que
avanza a la especialización sofisticada. Por lo tanto, recurriendo a las tesis
de Karl Marx y Friedrich Engels y ampliándola, la ideología no
solo abarca a la economía, sino, proyectando las consecuencias teóricas y
críticas, a las ciencias sociales de la modernidad, además de a las
formaciones discursivas políticas, declaradamente ideológicas. En la
modernidad tardía, los aparatos ideológicos, que no solo se circunscriben a ser aparatos
ideológicos del Estado,
sino son también aparatos que atraviesan los sistemas
culturales, los de-culturalizan y los subsumen al fabuloso sistema-mundo
cultural de la banalización. Los instrumentos más apropiados para los efectos de la fetichización
generalizada son
los medios de comunicación de masa. Los medios de comunicación, monopolizados
por grandes empresas trasnacionales y también por empresas públicas o estatales,
son las máquinas
ideológicas por
excelencia de la modernidad tardía, sobre todo cuando el ciclo del capitalismo
vigente es dominado por el capitalismo financiero y especulativo.
La agricultura industrializada o la agroindustria ha dejado muy atrás las formas de la agricultura de comienzos del capitalismo que alimentaba a las poblaciones. La agroindustria no solo ha convertido los suelos en espacios inmensos del monocultivo, sino que ha intervenido o los ha modificado genéticamente. Las grandes industrias alimenticias, que además forman cadenas concatenadas e integradas, han transformado el perfil de la alimentación de las sociedades, homogeneizando los consumos y los comportamientos del consumo. Los animales domésticos para la alimentación se han convertido en cosas vivas serializadas, encerradas o enceldadas, desde que nacen hasta que mueren. También son modificados genéticamente o engordados artificialmente. La alimentación de grandes contingentes poblacionales se ha convertido en una industria y un mercado altamente rentables, controlados por unos cuantos monopolios. Las poblaciones humanas se han venido convirtiendo cada vez en más dependientes de las grandes cadenas de la industria alimenticia. No se puede considerar a ninguna parte o momento de estos procesos de la industria alimenticia como independiente, forma parte de los procesos de transformación alimenticia a escala mundial. Por ejemplo, la ganadería es uno de los dispositivos y disposiciones de las cadenas alimenticias de la carne. Si bien hay todavía mercados nacionales que definen localmente el precio de la carne, cada vez más, en la medida que se internacionaliza, los precios son regidos por la demanda y oferta de carne internacionales. Empero, lo más importante de esta descripción no tienen que ver con los precios sino con las cadenas mismas, con la conformación de un sistema-mundo de la alimentación.
En consecuencia, se explica
que el desarrollo del capitalismo venga acompañado por la ampliación
de la frontera agrícola. Sin embargo, en la división del trabajo de
la economía-mundo,
los países se especializan, no solo en donadores de materias
primas tradicionales,
sino también en donadores de materias
primas de la alimentación. Una de las consecuencias de esta división del trabajo es que zonas y hasta
regiones del orbe, bajo los códigos y distribuciones de la geopolítica
del sistema-mundo, son las que son convertidas en espacios de
expansión de la frontera agrícola. Se trata de países que tienen que pagar con
el costo irreparable de la destrucción de sus bosques. La tesis estrafalaria del
ideólogo del extractivismo[8] es
que los países en desarrollo, por así decirlo, tienen derecho a destruir sus
bosques porque de esta manera ingresan al desarrollo industrial. Al contrario,
en la modernidad tardía, este costo irreparable tienen que pagar los países en
desarrollo de la periferia del sistema-mundo
capitalista, incluso los que se encuentran en la transición a
potencias emergentes, otro eufemismo de la ideología posmoderna del capitalismo
tardío. La destrucción de los bosques en las periferias del sistema-mundo
capitalista es el costo irreparable que se transfiere a los ecosistemas de los
países involucrados, en esta desigual división del trabajo.
Podemos observar que este
fenómeno de globalización y de monopolización en la industria alimenticia no
solo ocurre con la carne, sea o no vacuna, sino también con los vegetales, los
cereales, las frutas, incluso las flores. Estos bienes son convertidos en
recursos naturales, después en materias primas de cadenas industriales
alimenticias. Esto ha ocurrido notoriamente con la quinua, que se consideraba un
bien de la agricultura nativa, con grandes propiedades alimenticias. La demanda
mundial de la quinua, el control de cadenas monopólicas de la transformación
alimenticia, la ha convertido en una mercancía altamente cotizada, convirtiendo
a las tierras donde se cultiva en espacios de monocultivo, donde los suelos son
degradados. Con esto las oikonomías
comunitarias y las oikonomías
campesinas se han
transformado y convertido en economías empresariales, que experimentan la
jerarquización piramidal de la estructura social.
La soja es otro ejemplo de la
mercantilización generalizada, del encadenamiento en procesos industriales de la
alimentación, además de sufrir el control de grandes monopolios trasnacionales.
Con todas las diferencias, dado el caso, además de los singulares procesos de
transformación que sufren los bienes alimenticios, se puede citar también el
ejemplo de la castaña. Aunque en un principio pueden participar agricultores
familiares, campesinos, incluso trabajadores de la cosecha, en la medida que se
desarrolla la industria y el mercado, el trastocamiento de la estructura social,
volviéndose piramidal, es un destino ineludible. Lo que hay que remarcar en
todos estos procesos singulares de la industrialización alimenticia, es que los
lugares de siembra y de cosecha se convierten en zonas de economías dependientes
en las cadenas globalizadas de la economía-mundo.
¿A dónde apuntamos con esta exposición? A la tesis de que la ampliación de la frontera agrícola está en función de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, que diferencia países periféricos, exportadores de materias primas o donadores de materias primas de la alimentación, de países centrales de concentración de tecnologías sofisticadas de transformación alimenticia industrial de última generación. En otras palabras, la expansión de la frontera agrícola es el costo no pagado, es decir la destrucción de sus ecosistemas, que deben pagar los países periféricos al desarrollo del capitalismo, en la etapa del ciclo largo del capitalismo que compete. Dicho de otra manera, paralelamente a lo que ocurre con las materias primas mineras e hidrocarburíferas, la explotación de los bosques resulta en la reproducción del círculo vicioso de la dependencia, solo que a costos tan altos que son irreparables ecológicamente.
Conclusiones
Lo que llama la atención es que, a pesar de los síntomas
del Apocalipsis, los Estado-nación persistan precisamente con
políticas-económicas que desataron la crisis ecológica. Esta persistencia habla
de la perduración enfermiza en el círculo viciosos del poder, también el círculo
vicioso de la dependencia, convertido en el círculo viciosos de la muerte
planetaria.
La ampliación de la frontera
agrícola es un fenómeno más de los fenómenos depredadores, extractivistas y
destructivos que genera el desarrollo capitalista. Se requiere entonces una
mirada compleja de las dinámicas integradas del sistema-mundo moderno, cuyo eje
es el sistema-mundo capitalista.
En Sud América, con
descomunal expansión, el fenómeno de la ampliación de la frontera agrícola, se
ha desbocado en Bolivia y Brasil, empujado por las políticas extractivistas e
incendiarias de los gobiernos de Evo Morales y Jair Bolsonaro, aunque de
distinto perfil ideológico y político, son presidentes coincidentes en esta
ingrata tarea de destruir los ecosistemas y deforestar los bosques.
Notas:(..
Fuente: https://www.bolpress.com/2019/08/31/los-sintomas-del-apocalipsis/
Notas:(..
Fuente: https://www.bolpress.com/2019/08/31/los-sintomas-del-apocalipsis/
