Necesitamos instalar la deliberación de una creciente mayoría y su toma de decisión respecto a qué democracia es la vigente.

Es esforzarse por contrastar la acumulación gran capitalista desde 1983 hasta hoy con las crecientes injusticias social y ecológica

 

El desafío, entre les distintos de abajo y para las izquierdas coherentes, es facilitar la comprensión generalizada sobre la centralidad de los extractivismos en ese antagonismo y el imperativo de poner fin a la conciliación de clases que posibilita la democracia representativa del contubernio entre capitales y estados imperialistas con los locales.

 

La primera cuestión a resolver para no seguir delegando nuestros poderes de decidir y construir el viraje de la política económica desde los privilegios a los expoliadores hasta las necesidades y aspiraciones populares, es valorizar que:

 

Hay vida (y lucha) más allá de las elecciones

El mundo de abajo

crece en silencio

21 de agosto de 2019

 Por Raúl Zibechi y Juan Wahren (Rebelión)

 

Hay vida (y lucha) más allá de las elecciones. En nuestros países (Argentina, Uruguay), desde los focos mediáticos hasta las conversaciones entre militantes de los movimientos sociales, están centradas y concentradas en las próximas jornadas electorales, con la esperanza de que, esta vez sí, habrá cambios. Aunque sabemos que esos cambios no vienen de arriba y que los verdaderos son los que construyamos desde abajo y por abajo, una y otra vez nos dejamos arrastrar por los fuegos artificiales de las elecciones. Volvemos a diluir nuestra potencia del hacer desde abajo en la delegación del Poder hacia arriba...

 

Sin embargo, los pueblos de América Latina siguen construyendo sus mundos otros, muy lentamente, a contracorriente, en la oscuridad de la vida cotidiana, lejos, muy lejos de las campañas que derrochan recursos y discursos. ¿Quién pudo enterarse que este año se creó la Guardia Indígena Comunitaria “Whasek” Wichi en el Impenetrable, en el Chaco, Argentina? ¿Quién sabe de la creación del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, en el norte del Perú, camino que comienzan a recorrer otros tres pueblos amazónicos? ¿Cuántos medios han informado que el pueblo mapuche en el sur de Chile ha recuperado 500 mil hectáreas por acción directa desde la década de 1990, cuando se restauró la democracia para arrinconarlos con la aplicación de la ley antiterrorista heredada de la dictadura de Pinochet, pero luego aplicada igualmente por gobiernos progresistas y conservadores?

¿Dónde leemos acerca de la tremenda lucha de los tupinambá del sur de Bahía (Brasil), que en pocos años recuperaron 22 haciendas, miles de hectáreas, pese a la represión y las torturas a sus dirigentes? ¿Cuándo le dedicamos algún tiempo a comentar la victoria de las 30 comunidades de Molleturo (Azuay, Ecuador) que consiguieron frenar la minera china Ecuagoldmining, luego de quemar el campamento? ¿Quién habla del reciente triunfo campesino de todo el Valle de Tambo, ante el proyecto cuprífero Tía María, en el sur de Perú?

Ahora vemos cómo los pueblos mayas del sur de México, organizados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pasaron a la ofensiva y rompieron el cerco militar e informativo del gobierno mexicano de la autodenominada “Cuarta Transformación”, creando siete nuevos caracoles y cuatro municipios autónomos, con los que suman ya 43 espacios de autogobierno zapatista en esa región (ver: http://rebelion.org/noticia.php?id=259573).

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) saludó y otorgó “su aprobación” a los nuevos municipios autónomos zapatistas, no sabemos qué responderán los y las zapatistas, pero podemos observar que en todos estos años fueron construyendo de hecho su autonomía en los territorios insurgentes donde se encuentran sin la necesidad de la aprobación de ningún gobernante. Los Acuerdos de San Andrés firmados en el año 1996 y que reconocían la autonomía de los pueblos indígenas de todo México fueron negados y traicionados por cada uno de los sucesivos gobiernos; esto no impidió el crecimiento de la autonomía en territorio zapatista y en decenas de municipios autónomos de otros pueblos indígenas del país. Más que aprobar o no, de palabra, estos procesos de autonomía, el gobierno de AMLO bien podría poner en práctica los Acuerdos de San Andrés y dejar que siga floreciendo la autonomía indígena en vez de continuar y fortalecer el cerco policial y militar a las comunidades en rebeldía, tal como vienen denunciando las propias comunidades indígenas de Chiapas, tanto las zapatistas como muchas otras no zapatistas. 

Para nosotros estos hechos son motivo de la mayor alegría y nos llenan de entusiasmo y esperanza, ya que confirman la decisión política de construir abajo con las y los de abajo, de forma autónoma, nuestra salud y nuestra educación, nuestros espacios de vida y nuestra justicia, en base a los poderes propios que hemos creado por fuera del Estado.
Han conseguido romper el cerco que decenas de miles de militares mantienen desde el levantamiento del 1º de enero de 1994, cuando el gobierno decidió movilizar la mitad de sus efectivos para rodear y cercar a las comunidades rebeldes autónomas zapatistas. ¿Cómo han sido capaces los y las zapatistas de multiplicarse, de salir del cerco y construir más mundos nuevos? Como lo hacen siempre las y los de abajo: “compañeras de todas las edades se movilizaron para hablar con otras hermanas con o sin organización”, explica el subcomandante insurgente Moisés en su último comunicado. Las mujeres y los jóvenes son quienes fueron a conversar con sus semejantes de otras comunidades, no para convencerlos, porque las y los oprimidos saben de sobra quiénes son, sino para organizarse juntos; para autogobernarse juntos.

En esa movilización silenciosa entre los abajos, comprobaron que las limosnas de los gobiernos (eso que aquí llamamos con cierta pompa “políticas sociales” y que no es más que contrainsurgencia) lastiman la dignidad por el desprecio y el racismo que implican. Los mundos nuevos nacen por contagio y por necesidad, sin seguir las instrucciones de los manuales partidarios, ni las recetas predeterminadas de viejos o nuevos líderes. 

……

 

¿Cómo hemos perdido la “capacidad más linda del revolucionario”, la de sentir “en lo más hondo, cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo”, como decía el Che? ¿Por qué ya no nos alegrarnos cuando, en cualquier parte del mundo, los de abajo ponen su dignidad como escudo ante los poderosos, levantando mundos otros, como los kurdos del norte de Siria?

 

Las personas militantes necesitamos reformar nuestros sentidos y sentimientos de vida, reencontrarnos con nuestros propios fuegos y retomar la lucha más allá de los fuegos artificiales de las elecciones, volver a confiar en nuestra propia potencia y autogobernarnos a distancia del Estado, des-alienarnos y des-colonizarnos para caminar junto, no delante marcando línea, hombro con hombro con las rebeldías que siguen (re)emergiendo desde abajo y por abajo en toda Nuestra América.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=259572

La otra cuestión clave es superar la colonialidad de poder y saber.

Colón 2.0: cinco siglos de

extractivismo y pobreza

18 de agosto de 2018

 La fuga de materias primas parece ser la única salida económica de gobiernos de izquierda a derecha. Cómo pensar el extractivismo, la dependencia y la matriz de la pobreza. Salidas y pueblos que resisten.

 

Darío Aranda

La foto recorrió los diarios del mundo en abril de 2009. Durante la cumbre de presidentes del continente, Hugo Chávez le entrega el libro Las Venas Abiertas de América Latina a Barack Obama. Una decena de presidentes de América sonríen y aplauden. Todos conocen el libro, y todos aplican el extractivismo (minero, petrolero, agro) en sus países. Nueve años después, Mauricio Macri anuncia en conferencia de prensa que Argentina profundizará su política minera, petrolera y de agronegocios. Sin distinguir signo político, de izquierda a derecha, los gobiernos de América Latina atan su destino al mismo modelo: el extractivo.

 

No tan progres

 

Los agrocombustibles son parte de un modelo de agronegocio en manos de grandes multinacionales, muy cuestionado por sus efectos sociales y en el ambiente. Brasil es el segundo exportador mundial de soja transgénica y líder en agrocombustibles. “Los críticos a los biocombustibles están cada vez más activos, pero nosotros vamos a seguir adelante. Seguiremos porque estamos en el camino correcto. Esto es bueno para Brasil y estamos convencidos de que es bueno para el mundo”, defendió Luiz Inácio Lula da Silva en abril de 2008, en Brasilia, en la inauguración de la etapa ministerial de la trigésima conferencia regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

 

La petrolera brasileña Petrobras confirmó en 2007 el descubrimiento de gigantescas reservas de petróleo en el llamado “campo de pre-sal” (a unos seis kilómetros bajo el suelo marino del Océano Atlántico). En agosto de 2009, en la ceremonia de lanzamiento del marco regulatorio para la exploración, Lula da Silva no dudó: “El pre-sal es una dádiva de Dios, es un pasaporte para el futuro. Vamos a invertir en lo más precioso que tenemos: nuestros hijos, nuestros nietos”.

 

José “Pepe” Mujica es de los políticos con mejor imagen del continente, presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. Férreo defensor de las plantas de celulosa, su modelo se sostuvo a costa del extractivismo forestal. “La planta UPM-Botnia (que generó el conflicto con Argentina) hace las cosas bien, cuida el medio ambiente mejor que Uruguay”, argumentó Mujica en junio de 2014. Ante la certeza de que la pastera contaminaba con fósforo el río Uruguay, el presidente autorizó un aumento en la producción y volvió a defender a la multinacional finlandesa: “El dique de mi chacra genera más fósforo que Botnia”.

Situaciones similares vivieron con Rafael Correa y la explotación petrolera en Ecuador, con Evo Morales y la megaminería y los hidrocarburos en Bolivia. Y con todos los gobiernos de América Latina. Entre ellos, el accionar del kirchnerismo en Argentina, y su estratégica alianza con emblemas del extractivismo como Barrick Gold, Monsanto y Chevron, entre otros.

 

Dos siglos igual

Desde que llegó Colón hasta hoy la principal política de América Latina es ser proveedora de materias primas.

Numerosos académicos, activistas y movimientos sociales han dado testimonio de la directa vinculación entre esa matriz productiva y la dependencia de los países de Europa Occidental, Estados Unidos y, más reciente, de China.

“El granero del mundo”, fue bautizada Argentina por la llamada Generación del ‘80. En mayo de 2017 en La Rural Mauricio Macri aseguró: “Queremos dejar de ser el granero del mundo para ser el supermercado del mundo”. En diciembre de 2017, Eduardo Levy Yeyati, director del Programa Argentina 2030 (iniciativa del macrismo para “la elaboración de una visión compartida de la Argentina a la que aspiramos”) celebró el avance transgénico del agro y aportó una nueva definición: “No somos el granero del mundo: somos el laboratorio. El agro es un sector ubicado en la frontera mundial de la innovación, que exporta tecnología y que podría exportar mucho más”.

En 1880 Argentina exportaba cueros de ganadería, tasajo (carne seca y salada), lana y granos. Todos “productos primarios”, materias primas. 138 años después, en la actualidad, Argentina es el tercer exportador mundial de soja transgénica, pilar de la economía desde hace veinte años. Dos siglos más tarde, seguimos exportando productos primarios.

 

Dependencia mental

Hay una larga historia de dependencia material de las exportaciones de materias primas y también de dependencia mental, o como le queramos llamar a cuerpos-mentes colonizados que no son capaces de pensar y actuar de modo diferente al amo. Aquí el amo es el dinero, el imperio y las reglas de juego del comercio y las relaciones internacionales. Los gobiernos no tienen el coraje ni el valor como para siquiera intentarlo”, afirma Raúl Zibechi, periodista e intelectual uruguayo, autor de media docena de libros sobre luchas territoriales, extractivismo y movimientos sociales.

Zibechi señala en particular a los gobiernos de Bolivia, Brasil y Uruguay. “El gobierno de Evo Morales habla del salto industrial, pero sigue profundizando su dependencia de la minería y los hidrocarburos, como todos los demás gobiernos de la región. El país más industrializado, Brasil, modificó su matriz exportadora en contra de la industria para exportar cada vez más soja y mineral de hierro. Ahora Uruguay exporta ganado en pie, algo que la izquierda siempre rechazó, y fue precisamente Mujica el que impulsó y justificó eso”.

Una ya clásica mirada desde sectores progresistas o de izquierda es señalar que el extractivismo es una “contradicción secundaria” o una etapa para lograr el posterior “desarrollo”. Zibechi advierte que el extractivismo es la contradicción fundamental y afirma que quienes mejor lo analizan son los zapatistas cuando lo llaman la “cuarta guerra mundial”, una guerra del capital contra los pueblos para apropiarse de los bienes comunes y convertirlos en mercancías. “Es una guerra de despojo donde las mujeres y los pueblos originarios y afros son las principales víctimas, que no tienen lugar en en este modelo de muerte”, advierte.

 

Zibechi afirma que es posible salir del extractivismo, pero que para ello es necesario un conflicto de “gran envergadura, permanente y durante un tiempo relativamente extenso, de modo que se consiga bloquear el modo de acumulación, del mismo modo que un largo proceso de luchas obreras bloqueó la acumulación por extracción de plusvalía en la industria. En Argentina ese proceso de luchas comenzó hacia el 17 de octubre de 1945 y se extendió hasta la oleada de puebladas entre 1969 y 1972, con quince levantamientos obreros y populares en más de diez ciudades”. El uruguayo califica a las clases medias urbanas como un “aliado muy potente” del extractivismo.

 

Pronóstico de tormenta

El presidente Mauricio Macri dio una conferencia de prensa el 18 de julio en la que reconoció la crisis económica (la llamó, una vez más, “tormenta”), defendió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, culpó a la “herencia” del gobierno anterior y ratificó que seguirá bajando las retenciones a los productores de soja. Lo que menos remarcaron los medios comerciales fue que el Presidente ratificó la profundización del perfil de Argentina como proveedor de materias primas: petróleo, agro y minería.

En aquella conferencia, Macri dijo:

“Por suerte entre las cosas que están funcionando positivamente está la energía. A la velocidad que está aumentando la producción en Vaca Muerta vamos a ser en tres años exportadores netos de gas”.

“Tal vez en cuatro o cinco años estemos exportando más de medio millón de barriles de petróleo. Este año trabajan 30.000 familias. El año que viene serán 80.000 y en un par de años serán medio millón. Es energía para Argentina y el mundo”.

“Tenemos futuro. Con la minería, con la agricultura, con la producción de energía”.

“Las retenciones (impuesto a la exportación) no son un impuesto inteligente, destruye el futuro. Por eso sacamos las retenciones al campo y a la minería”.

 “El camino es apoyar, por ejemplo, que desde el Norte argentino se provea de litio al mundo entero. Desde Salta, Jujuy, Catamarca se generan miles de puestos de trabajo y son cada vez más los proyectos que están comenzando”.

 

Crecer y reventar

Jenny Luján es parte de la Asamblea por la Vida de Chilecito (La Rioja) y la Unión de Asambleas Ciudadanas (Regional NOA), desde donde han reflexionado mucho sobre el extractivismo como un modelo histórico del continente y que impacta “en los territorios, los cuerpos, las vidas y los sueños”. Luján no tiene dudas de que los gobiernos latinoamericanos, “ya sean progresistas o de derecha como el actual de Argentina”, apuestan al mismo modelo de desarrollo económico “porque todos son socios de las empresas extractivas, y por eso no permiten que se desarrollen alternativas, porque no le conviene a sus intereses”. Las asambleas socioambientales rechazan la minería, el fracking, la deforestación y el agronegocio sin importar el gobierno que lo impulse porque, dice Luján, “las consecuencias son las mismas para los territorios afectados”.

Luján recuerda que el extractivismo tiene directa relación con las políticas seguridad. El último caso, el decreto del presidente Macri de permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos internos: “Es para avanzar con el disciplinamiento de los disidentes a las políticas extractivistas”, dice Luján.

No tiene dudas de que existen alternativas. Y que las mismas pasan por “poner a la vida en el centro del desarrollo”, con fundamental protagonismo de los pueblos originarios y campesinos, con una relación más amigable con la naturaleza, donde el ser humano comprenda que es sólo una especie más de la naturaleza y no está por encima de ninguna otra especie. “El desarrollo de un país no puede pasar sólo por el crecimiento económico. El extractivismo es producto del positivismo, que nos pone a los seres humanos como centro y en condiciones de dominación a la naturaleza. Ese es un error fundamental”, afirma Luján.

Otras organizaciones de base que desde hace años cuestionan y reflexionan sobre el rol extractivo-colonial de los países de América son la Conaie (Conferación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), la Red de Comunidades Afectadas por la Minería (México) y el Movimiento Contra las Represas en Mesoamérica.

 

Las nuevas colonias

Horacio Machado Aráoz es autor de Potosí, el origen. Genealogía de la minería contemporánea, donde traza el vínculo del extractivismo desde la llamada “Conquista de América” hasta Minera Alumbrera en la Catamarca actual. Dice: “Ser proveedores de materias primas obedece a un patrón de división internacional del trabajo heredado de la época colonial. El extractivismo es un rasgo estructural del capitalismo como sistema de acumulación mundial. Para que se produzca esa acumulación es necesario que haya zonas de sacrificio, coloniales, que provean los subsidios ecológicos de ese consumo desigual del mundo”, explica.

 

Machado Aráoz es muy respetado por los movimientos sociales de América Latina, más conocido en el exterior que en Argentina. Como investigador del Conicet también es parte de las asambleas de catamarqueños contra la minería y de la organización Sumaj Kawsay (“buen vivir”). “No hay capitalismo sin extractivismo. Y el capitalismo implica la reafirmación de una estructura colonial de la economía mundial”, resume.

Machado es muy crítico de cómo los gobiernos de izquierda o progresistas hicieron eje en el extractivismo. “Es inentendible que en el siglo 21 gobiernos que dicen que querían un cambio progresista insistieron sobre la base de un modelo ya fallido, muy conocido y muy debatido en América Latina, con consecuencias económicas, políticas, sociales y que consolida la dependencia”, destaca. Y agrega: “Un gran aprendizaje de ese período debiera ser que como países herederos de un régimen colonial, que prolongamos y profundizamos, no podemos aspirar a un modelo de desarrollo igual o equivalente al de los países industrializados. Debiéramos aspirar a otro modelo de desarrollo, basado en otro tipo de matriz de producción y de consumo”.

Otros relatos

Machado Aráoz, que es director del doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad de Catamarca, cuestiona también que sectores de izquierda crean que el extractivismo es una “contradicción secundaria” o que se trata de un mal necesario para llegar a un posterior desarrollo. “Es la posición de lo que llamamos la izquierda oficialista, los intelectuales y políticos que siguen incondicionalmente a los gobiernos progresistas, Álvaro García Linera, Atilio Borón y Emir Sader, los más difundidos. Es una posición totalmente equívoca, que reproduce viejos errores de la izquierda ortodoxa del siglo pasado, delata una ceguera epistémica que estos sectores de izquierda tienen respecto a la naturaleza, aunque muchos han revestido su discurso de verde, al igual que el capitalismo”.

 

En muchos escritos sobre el tema, Machado Aráoz explica que sectores de izquierda siguen sin entender que el capitalismo no es solo la depredación de la fuerza de trabajo, sino que produce la depredación de las fuentes de vida, la naturaleza, de las cuales el trabajo es un aspecto más. “La vieja izquierda es una izquierda productivista, piensa en los términos del capitalismo respecto al desarrollo tecnológico, tiene fe ciega en la expansión de las fuerzas productivas, creen en un horizonte de crecimiento infinitivo. Esto, que podría ser perdonable para Marx o Engels, en el Siglo XIX, es incomprensible en los tiempos actuales”.

Horacio Machado Aráoz agrega que el extractivismo, impulsado por gobiernos de izquierda y progresistas, tiene un importante sesgo racista, que parte de la base de un patrón productivista, de crecimiento infinito, y con un prometido desarrollo de base urbana, con trabajadores industriales. Para él, amplios sectores siguen pensando que los pueblos originarios y campesinos no son sujetos históricos portadores de alternativas. “Buena parte de los sectores de izquierda, a pesar de la retórica que se dice respetuosa de los pueblos indígenas, los siguen viendo como sujetos anacrónicos, los siguen pensando como minorías que hay que mantener en determinados reductos territoriales pero no se los piensa como sujetos políticos capaces de proveernos de soluciones para el futuro”, remarca.

Aclara que existieron teóricos y gobiernos que propusieron un modelo distinto para la región entre las décadas del 40, 50 y 60 del siglo pasado, muchos de ellos inspirados en la llamada “escuela de la Cepal” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo de Naciones Unidas), donde el economista Raúl Prebisch fue uno de los referentes.

 

La teoría social crítica latinoamericana nace con cuestionamientos por las consecuencias de este modelo primario exportador. Machado Áraoz dice: “Desde hace más de medio siglo se sabe que ese modelo no es una alternativa válida para el desarrollo. Esa matriz extractiva tiene consecuencias en materia de clase social, genera una distribución del ingreso que tiende a la polarización social, consolida a las élites y conlleva escasa redistribución”.

Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos-Amigos de la Tierra México grafica el saqueo en clave histórica y aporta un dato que quizá resuma esta historia eterna: “En México, del 2000 al 2011 se extrajo 2.5 veces más oro que  durante los 300 años de colonia”.

Fuente: https://www.lavaca.org/mu126/colon-2-0-cinco-siglos-de-extractivismo-y-pobreza/

 

 

Destaquemos que somos objeto de manipulación demagógica por predominio, abajo y a la izquierda, de concepciones que fetichizan al Estado, la patria o la nación, el progreso tecnológico y la producción e industrialización. El éxito del progresismo responde, ante todo, en recurrir a esas creencias abstraídas de reflexión crítica e indagaciones sobre sus realidades concretas del presente, pasado pero con hondas repercusiones emocionales.

 

 

 

Argentina: YPF del litio – la minería “progresista”.
lalineadefuego.info /28 de Julio 2015

Por Darío Aranda
Pressenza

Diputados kirchneristas impulsan un proyecto de ley para crear la “YPF del litio”. Intenta regular la extracción de un mineral pretendido por empresas mineras y automotrices en el noroeste del país, mayoritariamente en territorio indígena. La iniciativa se presenta como progresista porque promueve que el Estado controle este “recurso estratégico”. Sin embargo, la propuesta legislativa no contempla los derechos básicos de los pueblos originarios. Tampoco hace hincapié en la leyes ambientales.

“El oro del futuro”, publicitan empresas y gobiernos al referirse al litio, un mineral utilizado en las baterías de teléfonos celulares, computadoras y autos eléctricos. En el norte argentino ya se explota minería de litio, hermana menor de la megaminería metalífera (de oro, plata y cobre). Desde el kirchnerismo acaban de presentar un proyecto de ley para crear la “YPF del litio”, que lo intenta declarar “bien estratégico” y propone –con discurso progresista– procesarlo y que el Estado se apropie de esa renta. El proyecto no contempla ninguno de los derechos de los pueblos originarios (donde está buena parte de las reservas de litio) y no menciona ningún aspecto del derecho ambiental. “¿Qué dirían esos diputados si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”, reprochó Clemente Flores, kolla de las Salinas Grandes de Jujuy.

Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto tiene 74 artículos, declara las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establece de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propone la creación de la “YPF del litio” (llamada formalmente Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado).

“Nosotros no decimos ‘no a la minería’, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta, la semana pasada. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.

Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (vinculado al mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña. Y, desde la última década, ámbito alineado con el kirchnerismo. El escrito es acompañado con la firma de los legisladores Carlos Raimundi, Juan Mario Pais, Luis Basterra, Jorge Rivas, y Lautaro Gervasoni, todos del oficialismo.

El articulo 20 crea la Comisión Nacional de Explotación del Litio (CNEL), que dependerá del Ministerio de Planificación, tendrá como objeto regular y fiscalizar la exploración, explotación, industrialización y comercialización. La Comisión tendrá un directorio constituido por un presidente y siete miembros: uno a las provincias que tengan yacimientos de litio, uno a las universidades nacionales con sede en las provincias con litio, uno del Ministerio de Ciencia, uno al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), uno a la Secretaría de Ambiente de Nación, uno a la Secretaría de Minería y uno a las “comunidades originarias”.

En los fundamentos llama al litio como el “oro blanco” y “mineral del siglo XXI”, afirma que se ha duplicado su demanda a nivel mundial en menos de una década (desde comienzos de 2000) y señala que “las proyecciones coinciden en que el incremento en la demanda será sostenido y crecerá en forma exponencial”.

También detalla que el “80 por ciento del litio del planeta” está en el sur de Bolivia, y el norte de Chile y Argentina, área denominada como “el triángulo del litio” y asegura que “en el mundo minero y de las finanzas asociadas a los recursos extractivos se habla informalmente de la ‘Arabia Saudita del litio’”. El proyecto remarca de manera reiterada la importancia de que el Estado maneje el recurso, menciona la posibilidad de una “asociación estratégica” con Bolivia y Chile, y celebra que (los tres países) podrían “controlar en forma cuasi-monopólica la oferta mundial del litio”.

Por una minería nacional (sin indígenas)

Las salinas (o salares) son las extensas planicies blancas del norte del país que suelen ser la foto buscada de los turistas y, al mismo tiempo, espacio de vida, trabajo y cultura de los pueblos originarios. El litio está contenido en esos territorios y ya es motivo de conflicto de corporaciones y comunidades indígenas.

Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.

Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según leyes nacionales (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.

El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.

Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).

“Le pone una pátina indígena pero por supuesto que muy alejado de respetar el derecho a la consulta. La presencia de un indígena en la Comisión de explotación es sólo para legitimar, aparte que es ex post, nunca antes de la explotación. Y el artículo 30 es de sólo participación y no consulta, y sólo en la evaluación de impacto ambiental y tampoco es vinculante. En fin, con una ley de ese tipo se está en graves problemas, no se cumplen los derechos indígenas”, afirmó Silvina Ramírez, integrante de la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas (AADI) y del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat).

El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.

La acción judicial de las 33 comunidades reclama que se respeten sus derechos. Llegó hasta la Corte Suprema pero fue remitida a tribunales provinciales. En la actualidad tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dilemas del progresismo extractivo

La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de a Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.

En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.

Rodrigo Solá, uno de los abogados de las comunidades, explicó que (durante la exploración) “perforaron el acuífero” y realizaron un doble mal: contaminaron el acuífero de donde obtienen agua para consumo humano, animales y cultivos. Y, al mismo tiempo, el agua dulce que ascendió hasta la superficie arruinó la sal de ese sector de la salina.

Tras cinco años de resistencia, en Salinas Grandes no hay minería de litio. Sí comenzó la explotación a 90 kilómetros, en Susques, donde el accionar conjunto del gobierno provincial y las empresas Orocobre (australia-estadounidense), Posco-Exar (consorcio coreano-canadiense) y Sales de Jujuy dividió a las comunidades indígenas.

El proyecto de ley de Heller y Junio señala que en la explotación de litio “sus impactos a la salud y a la integridad territorial-ambiental son mucho menores que cualquier otra alternativa energética” y destaca que “la preocupación por el impacto ambiental y a la población de la extracción del litio está ampliamente incluida en los artículos 18, 29 y 41”.

De la lectura de los artículos se desprenden generalidades:

• “Deberán adoptar las medidas necesarias para proteger el ambiente, los recursos naturales y culturales”.
• “El Fondo Nacional para la Valorización del Litio se destinará a la implementación de instrumentos para la prevención de los impactos ambientales”.
• Se incorpora “la inclusión de los organismos nacionales y provinciales que velan por la integridad ambiental”.

No menciona la Ley General del Ambiente (norma básica en la materia) ni el “principio precautorio” (cuando no haya certeza científica, deben tomarse medidas para proteger a la población y el ambiente), derecho reclamado por organizaciones sociales, asambleas socioambientales y pueblos indígenas.

Clemente Flores, kolla de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes (que reúne a las 33 comunidades afectadas) no cree en espejitos de colores: “Dicen que no van a contaminar pero ya afectaron el acuífero y las salinas. No nos contó nadie, lo vimos nosotros mismos en el territorio”. Y deja un mensaje para los legisladores: “Antes de escribir leyes debieran leer la Constitución Nacional y los convenios internacionales. Ahí verán que tenemos derechos y que ellos también deben respetarlos”.

http://www.pressenza.com/es/2015/07/ypf-del-litio-la-mineria-progresista/
Fuente: https://lalineadefuego.info/2015/07/28/bolivia-ypf-del-litio-la-mineria-progresista-por-dario-aranda

 

 

 

Agreguemos a la fe en el Estado por considerarlo en confrontación con el poder real y con función reguladora (pese a tanta historia que demuestra lo contrario), la producción masiva de subjetividades colectivas e individuales. Sobre todo, cómo operan los grandes medios articulados con el poder político y el de los capitales extractivistas.

 

 

Mentira la verdad:

cómo defienden los medios

al modelo extractivo

28.11.2018

Por Darío Aranda
 

Los medios como la tercera pata entre las empresas extractivas y los gobiernos que las protegen. Silencios, mentiras, publinotas, omisiones, cambios de posición y otras paradojas del oficio de informar. 

Telenoche (noticiero de Canal 13) publicita durante 20 minutos la explotación minera en Santa Cruz. María Laura Santillán no esboza ni una objeción.

Infobae silencia las críticas contra Barrick Gold. Y, junto con Clarín, Perfil y La Nación, difunden publicidad empresaria en formato de “nota”.

Página12 minimiza las consecuencias de YPF-Chevron y el fracking en Vaca Muerta.

Chequeado (sitio que se autoproclama “verificador” del discurso público) lava la cara a la multinacional Unilever y los alimentos nocivos.

Empresas y gobiernos tienen aliados al momento de justificar (o silenciar) la avanzada en los territorios.

 

Silencio y publinotas

La chequera para pauta publicitaria es generosa, y también la pauta de los gobiernos. Desde el derrame de Barrick Gold en San Juan en 2015, el portal de noticias Infobae (propiedad de Daniel Hadad) fue el que de forma sostenida dio cuenta de cada noticia. Pero hubo un cambio drástico a mediados de 2017. La empresa canadiense comenzó una campaña de publicidad con la singular forma de “noticias” sobre el accionar minero. Algunos títulos: “El trabajo de una mujer minera a 4850 metros de altura”, “El geólogo-runner que entrena a 5000 metros de altura y cruzó Los Andes corriendo”, “La sorprendente historia de una mujer que maneja gigantescos camiones de minería”. Media docena de “notas”. Con un breve y confuso aviso de “espacio no editorial”, eufemismo de publicidad.

Infobae, uno de los sitios de información más leído, no volvió a publicar noticias críticas a la minería.

Clarín y Perfil también son parte de las publi-notas, el antiperiodismo. “El detrás de escena de la minería: cómo se trabaja en la Cordillera de Los Andes”, fue el título de Clarín el 5 de junio pasado. Y explicaba: “La operación minera sanjuanina comenzó a trabajar en temporada invernal en el corazón de la Cordillera, maximizando la seguridad de sus trabajadores a través de una mejor tecnología”. Un mínimo subtítulo anunciaba que se trataba de un “contenido producido por Brand Studio para Minera Andina del Sol (Barrick Gold)”: forma burda de no decir publicidad.

El diario Perfil puede hacer gala del “periodismo de anticipación”. Publicó la misma nota el 31 de mayo, con el título “cómo se vive el invierno en una mina a 4.000 metros de altura y 35° bajo cero”. Incluyó una galería de imágenes del yacimiento y un primer párrafo grandilocuente: “Un impresionante operativo se despliega en Mina Veladero, donde el frío y la nieve no impiden que miles de trabajadores sigan operando el yacimiento que genera el 25% del PBI de la provincia de San Juan”.

Las mineras, mediante sus agencias de publicidad, escriben los artículos. Los diarios la publican.

La Nación también tiene publinotas: “Desafío eco YPF: la iniciativa para que las escuelas técnicas construyan autos eléctricos”. El 25 de octubre.

Y el agronegocio no pierde el tiempo. “Notas periodísticas” de Infobae: “Agricultura digital: cómo es el futuro cercano del agro argentino”, entrevista del 22 de octubre al jefe de Investigación y Desarrollo de Bayer, Bob Reiter. El 26 de octubre tituló: “BioArgentina: un evento para conocer los startups científicos más prometedores del país”, publicidad de las empresas transgénicas nucleadas en la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), presidida por Hugo Sigman, CEO de Grupo Insud.

 

Botón de muestra

Famatina y Chilecito, en La Rioja, contaron con extensas coberturas de diarios porteños (mal llamados “nacionales”) en 2012. Los canales de noticias tenían móviles en el lugar, transmitían mediodía y noche. El foco era el ambiente, la población y el no a la megaminería.

Lo que ayer era cuestionado hoy es publicitado: “Oro puro, un secreto en la montaña. Así se extrae y se produce oro en la Argentina”, fue el título del informe que Telenoche puso al aire el 22 de octubre de 2018. Con enviado especial a Santa Cruz y música grandilocuente, entrevistó al director ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Gustavo Koch, que se explayó en los supuestos beneficios para la provincia y el país. Muestran una explosión. La describen como segura, controlada. El periodista Rodrigo Alegre no cuestiona a los empresarios.

Siempre el eje es lo económico. “Las exportaciones crecieron 1000 por ciento en diez años”, destaca el zócalo de la televisión.

 

De regreso al piso, María Laura Santillán, muy crítica en 2012 durante la lucha de Famatina, no esboza críticas. Las empresas mineras lograron lo imposible: que el Grupo Clarín encuentre una “buena noticia” en la provincia bastión del kirchnerismo.

Maristella Svampa, intelectual que desde hace más de una década denuncia el modelo extractivo, estaba viendo el noticiero. “Fue toda una loa a la megaminería, casi 20 minutos de prime time. Imágenes de Santa Cruz, detonaciones, prolijos geólogos y jefes de algún sector de la mina que explican pacientemente ante un periodista bisoño, que solo está ahí para hacer centros, cómo se extrae, cómo se hace la lixiviación. Y cuando los periodistas en el piso se preguntan con tono casi infantil acerca de cuáles son los pro y los contras, ya que ‘la minería es una actividad muy controversial’, vemos una entrevista a un economista de la UBA, titular de ‘contabilidad ambiental’, que comienza diciendo que él ve antes que nada los ‘pro’ de la minería en la creación de trabajo y menciona como ‘contra’ solo el hecho de que las compañías se llevan el mineral a sola declaración jurada. Ninguna voz discordante, la ausencia de problematización es total”.

 

Svampa es una de las autoras del libro “15 mitos y realidades de la minería trasnacional”, donde se desarman todos los argumentos de las empresas. ¿A qué se debe este tipo de informes televisivos? Svampa se anima a una hipótesis: “¿Cuánto dinero debe estar poniendo la CAEM en medios televisivos, radiales (Radio Con Vos, una de las FM más escuchadas de Buenos Aires) y de prensa escrita para publicitar una de las actividades extractivas más resistidas en el país y el mundo”.

 

Pablo Quintana es cordobés. En 1997 dejó el diario más influyente de la provincia (La Voz del Interior) y se mudó a Esquel, donde comenzó a trabajar en el diario El Chubut. Todo funcionaba bien hasta fines de 2002, cuando la lucha entre la comunidades y la minera Meridian Gold entró en estado de definición (en marzo de 2003, votación mediante, el 82 por ciento rechazó la instalación de la empresa).

 

Quintana comenzó a recibir presiones por sus notas sobre minería, le rechazaban propuestas y, en noviembre de 2003, lo echaron sin causa. El periodista trabajó como free lance, estuvo al frente del informativo de la FM Comunitaria Kalewche (hasta el año pasado), sigue escribiendo artículos y también es docente.

Observa con detalle el avance del modelo extractivo, las luchas comunitarias y el rol de los medios de comunicación.

“Los medios hegemónicos de comunicación continúan desnudando sus propias miserias y en gran medida siguen reproduciendo atropellos que tienen como impacto el mismo calibre que ejecuta el Estado y el mercado sobre los territorios y, por ende, los pobladores”, denuncia Quintana. Y da como ejemplo lo sucedido con el Pueblo Mapuche y la desaparición de Santiago Maldonado: “Construyeron un nuevo actor social, colocando a los mapuches como temibles terroristas en la Patagonia, esas mismas empresas se encargaron de ningunear las movilizaciones sociales que en la región se viene gestando desde el año 2002, después de que fuera encendida la llama de resistencia contra la megaminería en Esquel”.

 

Explica que la estrategia del discurso mediático es “eclipsar todo lo que represente el discurso social y público en torno a la problemática minera”. Recuerda que el diario El Chubut dejó de publicar, meses antes de la votación de 2003, noticias sobre el rechazo a la minería. El diario tomó como línea editorial el mensaje de “desarrollo” y “progreso” que impulsaban mineras y funcionarios.

 

“Los grandes medios tienen una mirada sesgada, cargada de intereses más que nunca. Ahora en Chubut vuelven a instalar en agenda el intento de imponer la megaminería”, resume Quintana. Describe que los medios comerciales tienen entre sus principales fuentes a la dirigencia política, que es la misma desde hace décadas, que cambia de prominera a ambientalista según esté en el Gobierno o en la oposición.

 

Ya sabe cómo actúan las grandes empresas periodísticas, pero no deja de indignarse por la manipulación. “Pareciera que la verdad ya no existe, se generan consensos direccionados desde ciertos estratos de poder para establecer que determinadas ideas pasen como verdaderas. En Chubut podríamos decir que el poder político y el poder económico están empecinados en hacernos creer que la minería cuenta con consentimiento y, mal que les pese, la actividad extractiva sigue sin licencia social”, afirma Quintana.

 

Fracking

En 2012, luego de la estatización parcial de YPF y la alianza con Chevron para explotar Vaca Muerta, comenzó una campaña mediática coordinada entre gobiernos (Nacional y de Neuquén), empresas (YPF lo encabezó, pero fue seguida por todas las grandes petroleras) y un actor “técnico-científico”: el IAPG (Instituto Argentina del Petróleo y el Gas).

“Vaca viva”, fue la tapa el diario Página12 el 20 de diciembre de 2012. “Debe ser una causa de todos”, tituló en un extenso artículo en el interior. Todo lo referido a Vaca Muerta estuvo bajo la sección Economía, comandada por Alfredo Zaiat y Raúl Dellatorre. En seis años, fue amplificado el discurso de YPF (el CEO durante el kirchnerismo, Miguel Galuccio, contó con amplios espacios). Casi nula fue la cobertura a la situación del Pueblo Mapuche (con represiones incluidas), las denuncias de las asambleas socioambientales, ni los hechos de contaminación.

“Fracking seguro” fue el eslogan empresario. Y periodistas, desde lo más diversos medios comerciales y desde el escritorio de Buenos Aires, repitieron el relato.

Marcelo Zlotogwiazda estaba al frente del programa “la vuelta de Zloto” en radio Del Plata. En pleno debate por Vaca Muerta comenzó a contar con el auspicio de Chevron.

Este periodista le preguntó en ese momento. Zlotogwiazda fue tajante: “No escucho la tanda y no sé quiénes auspician”. Cuando se le precisó que figuraba la petrolera estadounidense, el periodista retrucó: “Cuando pase algo en Vaca Muerta, lo daremos”.

Si hubiera explotado medio Neuquén, seguramente la noticia hubiera estado en el programa radial. Y el fracking nunca fue tema de agenda.

Y pasaron cosas (denuncias de violación de derechos indígenas, entre otras), pero desde el programa nunca se dio cobertura.

 

“El impacto ecológico de Vaca Muerta es un mito”, afirmó Galuccio el 24 de julio de 2013 en el diario La Gaceta de Tucumán. Repitió el eslogan en todo micrófono que se le acercara.

El diario El Cronista alertó el 2 de septiembre de 2014: “Explotó un pozo de YPF en Vaca Muerta”. La agencia de Noticias Anred y el medio cooperativo de Neuquén 8300 fueron espacios donde siempre aparecieron los continuos derrames (llamado “incidentes” por las empresas). Van decenas de hechos de contaminación.

El Observatorio Petrolero Sur (Opsur) es un espacio de referencia en la investigación y comunicación respecto a las consecuencias del modelo petrolero. “Las fuentes de los grandes medios de comunicación son los CEOs y gerentes petroleros, los funcionarios de Nación y Provincia. Rara vez se habla con quienes viven en los territorios. Cuando aparecen mapuches suelen ser como sujetos de criminalización. Lo mismo pasa con los trabajadores o desocupados que piden empleo, siempre aparecen como sujetos de conflictos”, afirma Martín Alvarez Mullally. Lo resume: “El periodismo comercial toma los parámetros que las corporaciones imponen”.

 

Explica que el IAPG es una “usina generadora de argumentos y lineamientos políticos que, junto con YPF y otras petroleras, intervienen de lleno en ámbitos educativos y de comunicación para lograr consenso social”.

Alvarez Mullally precisa que otra forma de acotar el debate es llevarlo a aspectos técnicos. Como si fuera sólo cuestión de ingenieros, profesionales y no de personas que sufren las consecuencias o que tienen otros conocimientos. “O hacen eje en la inversión, el trabajo, aspectos económicos ‘positivos’. Pero nunca de los impactos económicos negativos, como los subsidios que el Estado da a las petroleras, el endeudamiento público, la infraestructura que todos los ciudadanos financian a las multinacionales. Cercenan el debate y los medios rara vez dan cuenta de eso, mucho menos de los aspectos sociales”, destaca.

Recuerda que el estado neuquino aumentó su deuda pública un 200 por ciento desde que está Vaca Muerta en explotación. Otro dato negativo: el último balance de Tecpetrol (petrolera del Grupo Techint) muestra que el 30 por ciento de sus ganancias proviene de subsidio directo del Estado, de los argentinos. Esas informaciones no suelen aparecer en los diarios de mayor venta.

Relata el efecto rebote: cuando algún medio de Buenos Aires publica alguna crítica y ahí sí los medios de la región retoman el tema. Aunque aclara que no suele haber notas de denuncia del fracking. “La pauta que tienen las petroleras se sabe es muy fuerte. Eso se traduce en notas favorables, publinotas que se pueden leer en Clarín y La Nación, entre otros, todo con un discurso muy grandilocuente de inversiones”, cuestiona.

 

Diario Río Negro

Lorena Riffo es docente en la carrera de comunicación social en la Universidad Nacional del Comahue y becaria doctoral de Conicet en el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales (Ipehcs). En su tesis de maestría analizó el rol del diario Río Negro (el más vendido de Patagonia norte) en el marco de la avanzada del fracking.

Distingue entre el rol de la empresa y el trabajador de prensa. Marca las mayores responsabilidades desde los editores hacia arriba en la línea de mando editorial.

El diario Río Negro cuenta con un suplemento semanal de “Energía”, repleto de publicidades de las multinacionales petroleras. Riffo destaca que la línea editorial aparece bien en la tapa, donde nunca figuran las organizaciones que denunciaron los impactos de Vaca Muerta (Multisectorial contra el Fracking, Asamblea Permanente por el Agua de Comahue, Pueblo Mapuche), pero si aparecían artículos dentro del suplemento.

También señala es sucedió en reiteradas oportunidad que periodistas del Río Negro pasaron a trabajar para YPF. El más resonado, Rodolfo “Quique” Chávez, de editor jefe del suplemento de Energía pasó a gerente de Asuntos Externos de la refinería de Campana, escribe en la revista de la empresa que publicita el

fracking y multiplicó (varias veces) su salario. A Chávez lo reemplazó Roberto Aguirre. Duró poco tiempo en el periodismo: también pasó a YPF, como coordinador de comunicación de la petrolera. Lo mismo sucedió con el periodista Mauro Schreiber, que pasó de la crítica Radio Universidad Calf a ser gerente de Relaciones Institucionales de YPF.

Riffo recuerda que en 2012 y 2013 las asambleas socioambientales comenzaron a realizar recorridas por las zonas petroleras, “toxitour”, donde los comunicadores podían ver insitu la contaminación de las empresas. Desde el territorio, las publicidades de las petroleras se ven como mentiras. Algunos periodistas comenzaban a cambiar de percepción. Veían la contaminación en primera persona.

 

“YPF terminó haciendo recorrida con periodistas en 2014. Los llevaba a un pozo modelo que habían armado, todo listo, perfecto”, recuerda Riffo.

Es la recorrida a la que fueron, siempre invitados por YPF, los periodistas de los diarios porteños.

 

Juez y parte

Chequeado.com es un sitio de noticias que se ufana de ser “la verificación del discurso público”. Cuentan con columnas fijas en el diario La Nación, las FM Radio Con Vos, y las Am Radio 10 y Nacional. Los integrantes de Chequeado suelen estar invitados a noticieros y programas de televisión.

Toman una afirmación (puede ser política, económica, deportiva) y luego de “chequear” distintas fuentes sentencian si es “verdadero”, “falso” o “engañoso”.

Muchos periodistas (sobre todo de radio) recurren a Chequeado como si su voz fuera la verdad absoluta. En realidad el propio periodista debiera hacer ese trabajo básico de la profesión: chequear la información (pero es más fácil, y de mala praxis, descansar en un tercero como Chequeado).

El 15 de octubre publicaron un artículo titulado “¿Qué son los alimentos procesados?” (gaseosas, aguas saborizadas, cereales azucarados, salchichas y embutidos, snacks). Relativizaron las consecuencias de ese tipo de alimentos. La propia nota lleva al “blog nutrición”, financiado por la multinacional Unilever, referente de alimentos ultraprocesados (algunas de sus marcas son Knorr y Hellmann’s).

Soledad Barruti, autora de los libros Malcomidos y el reciente Mala Leche, estaba entre sorprendida y enojada por la nota de Chequeado-Unilever. Explica que desde hace más de una década existe una crisis de obesidad infantil, que incluso pone en riesgo la salud pública. Aclara que para prevenir se debe legislar severamente y gravar con impuestos a los productos nocivos y discernir qué es un alimento del que no lo es. La Organización Mundial de la Salud impulsa esa medida, que tiene en alerta a las grandes multinacionales de productos alimenticios.

“La nota de Chequeado se posiciona muy fuerte anulando el concepto de ‘ultraprocesados’. Eso ya es una toma de posición. Habla de alimentos y dice que todos los alimentos son procesados. Sí, más bien. Una legumbre que vos tenés en tu casa tiene un tratamiento de recolección, empaquetado y demás, pero no es lo mismo que una galletita que tiene 15 ingredientes. Uno es un alimento mínimamente procesado y el otro es ultraprocesado y nocivo para la salud”, advierte Barruti.

 

Cuestiona que Chequeado niega información contundente sobre las consecuencias de los alimentos ultraprocesados (como los producidos por Unilever). “Toma partido del lado de las empresas porque está financiado por una marca y sostenido desde lo ‘científico’ por una persona, Mónica Katz, que desde hace mucho tiempo intermedia para que esos mensajes de las marcas llegue sin cuestionamientos”, denuncia. Y aclara que en estos momentos se da una disputa en la que las empresas se niegan, y ejercen fuerte lobby, para evitar el rotulado frontal en los alimentos (que en los paquetes aparezca claro qué elementos tienen y si es ultraprocesado o no).

En esa disputa es clave el rol de los medios de comunicación y, aclara Barruti, el rol de actores como la Sociedad Argentina de Nutrición, de “la que Katz forma parte y hacen negocios con las marcas, incluso poniendo el sello en productos que atentan contra la salud nutricional”.

Barruti se indigna en cómo en temas de salud pública intervienen las marcas y, con medios y periodistas aliados, posicionan información. “Hay un claro conflicto de intereses al estar financiado por una empresa y con una profesional que se presenta en medios y no aclara su vínculo con las compañías. Y una organización como Chequeado debiera estar libre de intereses para dar información certera. ¿Si no que estamos chequeado? ¿Chequeamos información o chequeamos el mensaje según la marca que financia?”, cuestiona Barruti.

Referido al modelo extractivo, Chequeado.com tiene una línea de conducta. Rara vez cuestiona a las empresas mineras, petroleras y de agronegocio.

El 3 de septiembre de 2013, en pleno debate por la instalación de YPF-Chevron en Vaca Muerta, “chequearon” al gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, y su frase “nosotros tenemos la ley ambiental más exigente de la República”. Calificó como “verdadera” la definición, adoptó términos empresarios como “incidentes” (a derrames contaminantes), cita como fuente confiable al Instituto Argentina del Petróleo y el Gas (IAPG, lobbystas de las empresas), también entrevista a Horacio Franco (socio fundador del Estudio Franco Abogados, que trabaja para el sector empresario, y ex gerente de la multinacional Dupont). En base a esos entrevistas, Chequeado afirma que el fracking no contaminará acuíferos y que consume poca agua. Firmado por Matías Di Santi y Ariel Riera, no aporta voces críticas sobre la actividad ni menciona la distancia existente entre la ley escrita y el incumplimiento permanente de las normas en Neuquén.

Chequeado.com cuenta con financiamiento de Barrick Gold, Coca Cola, Unilever, Danone, Arcos Dorados (McDonald’s), Gas Natural, Grupo Insud, Gustavo Grobocopatel, Dow, Exxon Mobile, Ledesma, Axion, Metrogas, Nidera, Pampa Energía, Pan American Energy, Petrobras, Shell, YPF, Techint y Syngenta. Todas grandes empresas de la alimentación y el extractivismo.

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 Fuente: https://www.pressenza.com/es/2018/11/mentira-la-verdad-como-defienden-los-medios-al-modelo-extractivo/