Sucede que los K y
hasta economistas de izquierda las convencen de estar en un
capitalismo opuesto al de los países imperialistas. Las inducen a
reflexionar de que el neoliberalismo es pasado o ha comenzado a
serlo. ¿Por qué? Instalan como asignaturas pendientes y aisladas
entre sí a las políticas de estado que convergen en la transferencia a gran escala de
riquezas e ingresos hacia quienes dominan el capitalismo
mundializado y sus socios locales. Abarca un sistema tributario
sumamente regresivo, un sistema de eternidad en el desendeudamiento-endeudamiento
que desmantela el Estado social, un régimen de acumulación gran
capitalista con base en la flexibilización, precarización e
informalidad laboral y en salarios reales de pobreza e indigencia.
Desigualdad e injusticia social que se consolida y profundiza con el
modelo extractivo que privatiza, mercantiliza y devasta la
naturaleza expulsando o desintegrando las comunidades arraigadas
cultural e históricamente a esos ecosistemas.
Sobre el proceso de
implantación extractivista en Nuestra América, Horacio Machado Aráoz advierte
que en los noventa se establecieron las "bases legales e institucionales
que convertirían al
extenso territorio de la región en una increíble “oportunidad” para
el desarrollo de los intereses mineros globales. El Banco Mundial
ofrecería frondosos créditos para agilizar la “modernización”
institucional y la reforma de los marcos legales relativos a las
explotaciones mineras. Así, sucesivamente Perú (1991), Bolivia
(1991), Ecuador (1991), México (1992), y más tarde Brasil (1996),
Guatemala (1997), Honduras (1998) y Colombia (2001), introdujeron
sendas modificaciones en sus legislaciones mineras adoptando
uniformemente los nuevos criterios impuestos. En Argentina, tales
reformas se impusieron bajo el gobierno de Menem con la Ley 24.196
(1993) y otras reformas complementarias. Bajo ese extraordinario
marco de “incentivos”, América Latina se convirtió en el
centro de destino privilegiado para las grandes
transnacionales mineras. (...)
En todo
este proceso, la genealogía del reciente auge minero en la región,
tiene la particular “virtud” de evidenciar de modo
meridianamente claro los ciclos de la violencia colonial que
condujeron a su realización: drásticamente iniciado con la violencia
extrema de los terrorismos de estado, se prolonga y profundiza en la
violencia expropiatoria de la “deuda externa”, los “ajustes” y las
“reformas estructurales de los ochenta y los noventa". Apenas
disimuladas bajo retóricas “nacionaldesarrollistas”, esos mismos
dispositivos expropiatorios continúan funcionando en nuestros días,
alternando entre la violencia simbólica del fetichismo del
“crecimiento sostenible” y la violencia extrema de la
represión/ criminalización.
El carácter emblemático de la “minería”
como fenómeno colonial permite también tomarla como base de análisis
para ahondar en las nuevas dinámicas contemporáneas de la
expropiación. (...)
Esquemáticamente, los complejos dispositivos de
la expropiación contemporánea involucran cuatro dimensiones
fundamentales, a saber: la dimensión geográfica, la económica, la
ecológica y la propiamente política. Analíticamente distinguibles
aunque prácticamente inseparables, estas dimensiones tienen en la
radical escisión territorio/cuerpos la base de todas las
expropiaciones. En efecto, en su raíz, la violencia colonial opera y
funciona como fuerza expropiatoria que se ejerce simétrica y
recíprocamente sobre los territorios y los cuerpos. Parte de
producir, ante todo, una separación radical entre unos
determinados cuerpos –los cuerpos de los sujetos-objeto de la
expropiación colonial– de sus respectivos territorios
originarios.
El
territorio, –forma concreta de la existencia
(Santos, 1996), espacio de materialización de una forma-de ser
determinada–, da cuenta de las fuentes y medios de vida que
hacen materialmente posible la existencia.
Sin esas fuentes y
medios de vida, los cuerpos se ven expropiados de las energías que
hacen posible su hacer, expropiados de sí en la raíz
misma de su ser, que es el obrar. De tal modo, la
expropiación de los territorios (base y fuente de los
medios-de-vida/formas-de vida) es necesariamente correlativa de la
expropiación de los cuerpos: es expropiación de los “recursos” que
nos hacen “cuerpos”, y es expropiación de la capacidad de
obrar de esos cuerpos. Expropiados de su propia capacidad de
obrar; expropiados de la propia sensibilidad corporal producida por
el “acostumbramiento” al dolor de la violencia endémica, los
sujetos-cuerpos objetos de la violencia colonial adoptan las formas
de vida de los cuerpos puestos- en-disponibilidad para la
continua valorización del capital.
La dinámica del capital global
opera así, mediante la subsidiaria e imprescindible concurrencia del
aparato legal-represivo del estado, la radical escisión territorio/cuerpos, como ruptura existencial que da lugar a la
configuración de los diferentes dispositivos expropiatorios. En
primer lugar, la expropiación geográfica, que, siguiendo los
análisis de Harvey (2004) y de Santos (1996), la expropiación
geográfica opera fundamentalmente destruyendo la coherencia local de
los territorios, desarticulando los flujos socio-productivos endolocales
y rearticulándolos como fragmentos territoriales
subordinados a procesos productivos de alcance global, comandados a
distancia bajo la dirección y el control del capital transnacional
concentrado que domina la respectiva cadena de valor a escala
mundial. Las inversiones del capital producen una sustancial
transformación del espacio local; éste pierde progresivamente
densidad como ámbito de vida de relaciones horizontales y pasa
crecientemente a ser reconfigurado como un fragmento
socio-territorial económicamente subordinado y tecnológicamente
dependiente de cadenas mundializadas de valor, que funcionan como
“correas de transmisión” de los imperativos del capital y que
imponen, en los espacios locales, el dominio de lógicas verticales y
centralizadas de control (Santos, 1996).
La dimensión geográfica de
la expropiación tiene que ver, en consecuencia, con la
desintegración productiva de los espacios locales
cuyas consecuencias van mucho más allá de lo “estrictamente
geográfico”, en tanto implican una expropiación de la diversidad
eco-territorial y sociocultural de los lugares. La uniformización de
los territorios convertidos en enclaves de exportación tiene así,
profundas consecuencias biopolíticas, en tanto productores de
ámbitos monoculturales del capital global (Alimonda, 2005). Por su
parte, la dimensión estrictamente económica de la expropiación, ésta
tiene que ver con la fenomenal transferencia de recursos financieros
que involucra la localización de las operaciones mineras en las
condiciones geográficas y político-institucionales establecidas.(...)".
Horacio Machado Aráoz
destaca cómo el capitalismo progresa profundizando la dependencia de
los países del Sur:"Hay
una geografía de la extracción de recursos
mineros muy diferente de la geografía del consumo de minerales:
se da una clara diferenciación entre los países del Sur y del Norte
geopolítico, concentrándose los procesos extractivos en los primeros
y los mayores índices de consumo en los segundos. Como ya se ha
visto, tras el boom minero neoliberal, América Latina ha
intensificado su rol como proveedor de minerales para el “mercado
mundial”; actualmente, de nuestros países se extrae el 47,3% del
cobre, el 41,4% de la plata, el 29% del hierro, el 27% de la
bauxita, el 22% del zinc, y el 16% del oro y el níquel que se
consumen en el mundo (Sánchez Alvabera y Lardé, 2006). Sin
embargo, nuestra región apenas consume una pequeña proporción
de estos minerales, entre el 3 y el 6% del total mundial. Las
desigualdades económicas y ecológicas que se manifiestan entre
“países productores” y “países consumidores” resultan mucho más
gravosas tratándose, como en este caso, de “recursos no renovables”.
Y más, cuando tenemos en cuenta que, dado el proceso extractivo
actual, lo que se va con las exportaciones mineras, no sólo son
minerales, sino una gran cantidad de bienes y servicios ambientales;
entre ellos, agua. En efecto, como ha sido analizado por varios
autores para el caso del agua (Zimmer y Renault, 2003; Allan, 2003;
Pengue, 2006), la exportación no implica sólo –y a veces, ni
siquiera principalmente– la transacción (“económica”) de la sola
mercancía objeto del comercio exterior, sino que implica también la
transferencia (“ecológica”) una gran cantidad de bienes y servicios
ambientales del país productor que –insumidos en el proceso
productivo y, por tanto, incorporados en el “producto de
exportación”–, son finalmente “consumidos” en el país de destino de
tal exportación.
En el caso de la megaminería metalífera a
cielo abierto, los principales bienes y servicios ambientales que
son objetos de transferencia ecológica, y, por tanto, de apropiación
indirecta por parte de los países importadores de tales recursos,
son el agua, la energía y la capacidad de sumidero.
En efecto,
como ya se ha señalado, los procesos extractivos de la gran minería
son intensivos en agua y energía, de modo tal que, por cada tonelada
de mineral exportado, se exportan también varias toneladas de agua y
KWh de energía insumidas en el proceso extractivo. A modo
ilustrativo, en base a las estimaciones realizadas por Borregaard
(2001) y Cuenca Berger (2005) para el caso chileno, cabe tener
presente que cada tonelada de cobre exportada por Chile en los
últimos años han insumido también 40 m3 de agua, 3 MWh de energía y
la “generación” de 28 toneladas de relaves tóxicos. Tomando en
cuenta la tabla de insumo/producto del primer megaemprendimiento minero
en la Argentina, el de Minera Alumbrera, que indica que ésta extrae
anualmente 180 mil toneladas de concentrado de cobre, para lo cual
‘procesa’ 480 mil toneladas de material rocoso por día, empleando
105.600 kg de explosivos (ANFO) diarios, 100 millones de litros de
agua diarios, 92.500 litros de combustible diesel por día y 764,44
GWh de electricidad anuales, tenemos que cada tonelada de
concentrado de cobre exportado por Alumbrera ‘le cuesta’ al
territorio argentino 203 mil litros de agua, 4,25 MWh de energía
eléctrica, 973 toneladas de estériles tóxicos a perpetuidad, y 188
litros de combustible aproximadamente (Machado Aráoz, 2009).
Sumado
a ello, hay que contabilizar también la ‘capacidad atmosférica’ para
absorber las 1562,2 toneladas de gases nitrosos que anualmente son
liberadas a consecuencia de las voladuras (Vélez, 2008). Dada la
taxativa e ineludible finitud del “mundo natural” –más allá de
la miopía que al respecto tiene la economía centrada en el dinero y
en la creencia quimérica del desarrollo tecnológico como superador
de los “límites del crecimiento”–, los procesos de expropiación
ecológica tienen profundas consecuencias económicas y políticas;
implican inexorablemente que “lo que unos consumen” es
“lo
que a otros les es quitado”. El agua y la energía que
consumen las mineras en los territorios de nuestra región, es agua y
energía que es negada y expropiada a las propias poblaciones
locales.
Respecto al agua, la ilustración del caso Minera
Alumbrera es terminante: una sola empresa consume 100 millones de
litros por día en una región árida y predominantemente agrícola, con
un régimen de lluvias de entre 100 y 300 mm anuales. La extracción
de agua de la minera ha dejado crecientemente a los pobladores de
las localidades aledañas a la explotación (Santa María, Andalgalá y
Belén) excluidos de su uso y privados de sus actividades
económicas. No menos dramática es la situación en Chile, donde los
emprendimientos mineros concentran los mayores niveles de consumo y
justamente en las regiones donde más escasea este bien. De acuerdo a
Larraín, en las regiones del Norte de Chile, donde sólo cuentan con
una dotación de 500m3/habitante/año, “la minería a principios de la
década consumía 3,5 millones de m3 de agua/año, lo que ha continuado
en aumento, generando también severos impactos ambientales, tales
como secamiento de humedales, salares, lagunas y caudales, deterioro
de ecosistemas y biodiversidad, y desertificación. Ello afectando a
las comunidades locales e indígenas, destruyendo su agricultura
local, su ganadería y sus economías por despojo de sus aguas y
contaminación, produciendo un aumento de la migración hacia las
ciudades” (2007). En relación a la demanda de energía, nuevamente el
“caso ejemplar” de Alumbrera es contundente: el emprendimiento
consume anualmente 764,44 GWh cuando el total del consumo de los 300
mil habitantes de la provincia de Catamarca es de 450,16 GWh20. En
relación al caso chileno, cabe señalar que el sector minero consume
actualmente el 31% (16.422 GWh, 2006) de toda la energía que se
genera en Chile; como indica Cuenca Berger “la presión que ejercen
actividades fundamentalmente extractivas como la minería mantienen
al país en una crisis energética y al borde del racionamiento”
(2008: 125). La misma situación de este lado de la cordillera; las
“crisis energéticas nacionales” que viven los países de la región
son un resultado y un efecto de los procesos de expropiación
ecológica en marcha.
Ahora bien, sobre la base del análisis de la
dimensión ecológica de la expropiación, salta a la vista la dimensión política
de estos procesos neocoloniales. La literal
lógica de la acumulación por desposesión indicada por Harvey
adquiere, desde la perspectiva ecológica, toda su dimensión
eminentemente eco-bio-política. En el contexto contemporáneo de
extrema fragilidad ambiental –agravada por la continuidad de la
voracidad consumista requerida y alentada para sostener
la acumulación– los procesos de expropiación y apropiación
ecológica resultan los medios de producción por excelencia de la
dominación propiamente biopolítica: la expropiación de los
territorios –como expropiación de los bienes y servicios comunes de
la naturaleza (agua, suelo, aire, energía) que nos hacen cuerpos–
es, lisa y llanamente, expropiación de los propios cuerpos. Cuerpos,
que serán crecientemente racionados y excluidos de las cuotas de
nutrientes biológicamente requeridas; crecientemente vedados de las
dosis necesarias de agua; crecientemente expuestos a contextos
insalubres, a factores y condiciones de contaminación y de riesgos
ambientales mayores. En definitiva, serán cuerpos crecientemente
expropiados de las condiciones socio-psico-físico-biológicas que
hacen que tales materialidades sean tomadas y consideradas como
“cuerpos-humanos”, “gente” (Scribano, 2007). Cuerpos
higiénica e imperceptiblemente descartados y tempranamente “sacados
fuera” de las batallas geopolíticas por la apropiación y
distribución de los nutrientes que precisamente nos hacen
cuerpos-sujetos.
Desde esta perspectiva, los procesos expropiatorios neocoloniales iniciados con el brutal avasallamiento a los Derechos
Humanos realizadas por las dictaduras militares de los setenta, se
prolongan y profundizan en nuestros días, con la más radical
mutilación de los Derechos Humanos, esta vez ya en la base ecológica
de la reproducción de la vida, operando la degradación de la
materialidad corporal que hacen a los “individuos” y a las
“poblaciones”, corporalidades susceptibles de ser re-conocidas
como “humanos”, como “legítimos portadores de derechos”. De tal
modo, desde el punto de vista político, la lógica de la
expropiación se materializa tanto a través de la degradación de los
cuerpos de las poblaciones, cuanto a través del vaciamiento e inversión de
la lógica formal de las instituciones democráticas de gobierno.
En este sentido, la expropiación política tiene que ver, en su
dimensión biopolítica, con la expropiación de los medios que nos
hacen cuerpos: el agua, el aire, el suelo, en suma, el territorio.
En su dimensión institucional, tiene que ver con la expropiación
jurídica de esos cuerpos, lo que alude al des-conocimiento de esos
cuerpos como portadores de derechos.
El anverso colonial de la seguridad
jurídica que los gobiernos ofrecen y garantizan “a sangre y fuego” a
las inversiones del Capital, es precisamente, el despojo de los
derechos de ciudadanía de las poblaciones que habitan los
territorios intervenidos: despojo de sus derechos a la salud, pero
también despojo a expresarse a decidir sobre sus propios
territorios, y, en el extremo, despojo de los más
elementales derechos civiles, en la medida que cualesquiera
prácticas de resistencia ante las intervenciones del capital en sus
territorios, los convierte en
sujetos pasibles de las políticas de represión y criminalización.
En este punto, la expropiación política
tiene que ver con la configuración de una democracia colonial, en la
que los gobiernos “representativos” asumen como propios los
“planes
de desarrollo” de los inversionistas; aún en contra de la voluntad
de las poblaciones.
A modo de
conclusión
La ecología política del
boom minero, la “descubre” como efecto de poder de la geopolítica
del neoliberalismo. La complejidad de los nuevos dispositivos
expropiatorios y de las nuevas modalidades de producción de las
desigualdades implicadas en la dinámica neocolonial del capitalismo
global, usualmente “pasan desapercibidas” por la mirada colonial de
los propios gobernantes locales y aún, por los usuales detentadores
del “saber”. Unos y otros, empecinados en la quimérica “misión
colonial” de “ser como las grandes potencias”, continúan,
casi ciegamente, la fantasía neodesarrollista del modelo primario
exportador instaurado en los noventa. Los índices macroeconómicos de
expansión del “producto”, de las exportaciones, y de la parcial y
relativa reversión del deterioro social de las décadas pasadas, los
torna “insensibles” a las nuevas lógicas del saqueo.
Frente a ellos,
la magnitud y diversidad de voces en resistencia que a lo largo y a
lo ancho de Nuestra América ha despertado la voracidad devastadora
del capital, constituyen expresiones de subjetividades “otras”, de
sensibilidades decoloniales que sienten en sus propias
territorialidades-corporalidades el dolor de la
expropiación. Expresiones de las nuevas contradicciones de la
acumulación contemporánea, los movimientos socio-territoriales de
América Latina expresan el resurgimiento de las resistencias
históricas hoy recreadas y resignificadas en torno a las
sensibilidades del ecologismo popular (Martínez Alier, 2004). Al
tomar “en serio” sus gritos de resistencia, es posible aproximarnos
a una mejor comprensión de los dispositivos contemporáneos de la
expropiación. Estos movimientos hacen que, estos territorios,
objetos de saqueo, sean, paradójicamente también, territorios de
esperanzas, alumbradores de “otros mundos posibles” ". Leer
Sin embargo, el encuentro y
hermanamiento de todos los de abajo es difícil por:
۞ El Discurso de la “Minería Responsable y el
Desarrollo Sustentable”
Notas locales para deconstruir políticas que nos hablan en una lengua
global
Por
Mirta Antonelli
17/05/2009
por ramonnavarro
“Todos
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y
para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las
de las generaciones futuras;
y tienen el deber de
preservarlo.” Art.
41 de la Constitución Argentina
Las
denominaciones “Minería Responsable” y “Desarrollo Sustentable”, como se
las encuentra en las páginas institucionales de las empresas auríferas y
en discursos gubernamentales, entre varios otros, funcionan como
reaseguros a priori para
enmarcar la economía extractiva transnacional mediante la evocación del
principio jurídico de responsabilidad ante terceros -compromiso de no
daño- y, a la vez, la postulada naturaleza filantrópica del
empresariado sensible a las necesidades y deseos de la sociedad y las
comunidades bajo explotación.
En
una elíptica y estratégica cópula, esta minería y el desarrollo que
invoca se inscriben de lleno en un discurso políticamente correcto de
“derechos humanos” que se sostiene y circula en alianza entre empresas
del sector, organismos financieros, comisiones internacionales de
diseños de políticas económicas y culturales, tanto regionales como
nacionales, redes de consultores, asesores, fundaciones y otras ongs.,
difusores, comunicadores y agencias de investigación, innovación y
transferencia tecnológica.
A
manera de sordina y de ceguera, este macro discurso y la lengua que
inventa, ha buscado “naturalizarse”, como si fuera una lengua
preexistente, pero en rigor, podemos localizar su emergencia desde fines
de los 90, y su puesta en circulación desde el año 2002, con informes
producidos en el marco de “talleres” promovidos por nueve de las mayores
empresas mineras del mundo, las que se proponen instituir condiciones de
aceptabilidad para la institucionalización de la megaminería.
Bajo
la Iniciativa Global para la Minería (GMI) y a través del
Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo (WBCSD),
las empresas encargaron al Instituto Internacional para el Medio
Ambiente y el Desarrollo (IIED), el Programa Mining,
Minerals & Sustainable Development (MMSD) llamado
a producir “un cambio cultural” respecto a la minería a gran escala,
para ser concebida como factor del desarrollo sustentable. A manera
indicativa, para ponderar el peso y el poder de los actores convocantes,
diremos que el Grupo de Patrocinadores estuvo conformado por compañías
mineras, entre ellas, las mayores auríferas del mundo, como la
canadiense Barrick, Anglo American, Río Tinto, MIM Holdings, Newmont,
etc., organizaciones internacionales de financiamiento, como el Grupo
del Banco Mundial, los gobiernos de Canadá, Reino Unido y Australia,
países de origen de los capitales de numerosas mineras, la Fundación
Rockefeller, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), entre otros. Las tres primeras auríferas nombradas operan en
Argentina: Barrick, además del Proyecto Veladero en funcionamiento, en
San Juan, ha sido autorizada a realizar Pascua-Lama, el único y más que
denunciado proyecto binacional del mundo, por el cual Chile y Argentina
han cedido soberanía y territorio a la transnacional canadiense; Río
Tinto, en la Patagonia y Anglo Gold Ashanti, en Cerro Vanguardia, Santa
Cruz, una de las primeras provincias en autorizar esta mega minería
junto con Catamarca, en la década de los 90.
En
los límites de estas notas, sólo referiré que en el trabajo de
construcción de un lenguaje común, la “minería responsable” se inscribe
como un lugar vacío para ser llenado en el futuro, gracias al promisorio
avance de investigaciones para reducir daños – y costos- y la adopción
de instrumentos y medidas de gestión pública que promuevan la licencia
social para operar de las empresas, estableciendo una causalidad por la
cual el conflicto antiminería produce la parálisis del desarrollo que se
busca, aunque no se lo defina. Basta pensar en las irreconciliables
concepciones de desarrollo que sostienen distintas teorías económicas
para advertir que el significado y el valor del término será definido
por los actores con mayor fuerza en estos escenarios que simulan ser
conversaciones horizontales y diálogos entre iguales, en la
irreductible asimetría y diversidad de intereses entre, por ejemplo,
empresarios de la mega minería transnacional, mineros artesanales y “native
communities” .
En
esta meta de evitación y resolución de conflictos, tanto en su informe
final, presentado en 2002, como en sus informes parciales, los impactos
de esta minería a cielo abierto y por lixiviación con sustancias
tóxicas, son redenominados por el MMSD, como “desafíos” de la industria
minera, admitiendo los daños que conlleva. En algunos borradores, se
explicita que los daños son innegables, pero que también producen daños
otras actividades, como la agropecuaria y la forestal, de modo que su
carácter lesivo manifiesto no es obstáculo para seguir sosteniendo y
extendiendo la actividad minera.
Mientras se llevan adelante los talleres, el trabajo del MMSD señala la
“feliz” coincidencia de otras iniciativas simultáneas que cooperarán en
definir, cargar de contenido la “responsabilidad”, e inventar parámetros
para medirla. Ejemplo de ello era entonces el establecimiento de un
Código Internacional para el Manejo de Cianuro (CMC),
investigación también encargada y pagada por las empresas mineras, los
fabricantes y los transportadores de cianuro. Tres años después, el
código de uso “voluntario”, serviría de reaseguro y motivo de premiación
para la responsabilidad ambiental de las empresas adoptantes. Entre los
auditores “independientes” llamados a monitorear las buenas prácticas
empresariales derivadas del código, una se encuentra con consultores
que, a la vez, venden a las mineras servicios de consultoría para
manejos de suelo, usos de agua, instalaciones de piletas de lixiviación,
etc., es decir, quienes son contratados para auditar, son empresarios
del “sector”, según la generosa extensión que el MMSD le dio a este
término en sus marcos prácticos.
La apelación al futuro de una minería responsable a lograr en un proceso
abierto al porvenir, resulta parte integral de las estrategias de los
informes y su aceptación a diversos niveles, como también de las páginas
institucionales de las empresas auríferas. La futura “minería
responsable”, que no puede negar los impactos y daños, es la
“idea-fuerza” (sic) explícita de una meta para años venideros. Así, el
presente se configura como “transición para el desarrollo sustentable”,
y los asesores del grupo que condujera el MMSD sostienen que aceptar los
desafíos demanda un “cambio cultural” (sic) respecto a la
actividad, tercera postura argumentativa explícita con la que se
pretende superar, mediante acciones persuasivas, la dicotomía
entre los intereses ilimitados de las empresas y el rechazo de
comunidades y “conservacionistas”, denominación
esta última que en sí misma desacredita a los numerosos actores
de distinta filiación institucional quienes, en nombre de los
impactos ya comprobados y saberes técnico-científicos y
jurídicos especializados, formulan objeciones a y obstáculos
para esta actividad.
Mientras, logrado o no el “cambio cultural”, se explotaban y se
explotan los recursos en los países que, como Argentina, Chile y
Perú ya habían modificado sus legislaciones en beneficio de las
empresas.
Leer
۞
El Sueño Minero: Un Análisis de la Narrativa Utópica del Desarrollo
Por Facundo
Boccardi, Silvina Goivannini, Mauro Orellana y Dolores Rocchieti.
Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFFyH)
Universidad Nacional de Córdoba – Argentina
(...)El
dispositivo de construcción de consenso para la implementación de la
minería a cielo abierto en la Argentina surge en la década del ´90 con
el gobierno de Carlos Menem y las políticas neoliberales del momento,
pero a partir del 2004, con el gobierno de Néstor Kirchner, se acentúa
su papel fundamental en la construcción de las condiciones económicas,
legales y sociales de posibilidad.
Entre las prácticas no discursivas que conforman este dispositivo,
consideramos algunos nombramientos políticos (como el de Romina
Picolotti como Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación), eventos de promoción de la minería7, actos políticos8, etc.
Si bien estos elementos, constitutivos del dispositivo, son abordados en
el artículo, nuestro propósito es indagar con profundidad las prácticas
discursivas. Para ello, formulamos la noción de narrativa
utópica del desarrollo, que nos permite aglutinar diferentes
tipos de discursos (empresarial, político, institucional, etc.)
funcionales en este dispositivo.
La noción
de narrativa como categoría analítica, si bien proviene estrictamente
del análisis estructural del relato, es actualmente utilizada en una
extensa zona de las ciencias sociales y humanas. En la presente
investigación, la pensamos, desde una perspectiva sociodiscursiva, como
una configuración estructural que posibilita la cohesión imaginaria de
la experiencia temporal de los actores. Esto significa que la narrativa
se articula como una cadena imaginaria que eslabona la reapropiación
simbólica del pasado y la proyección del futuro.
Tal noción
de narrativa se asienta sobre una concepción de la experiencia temporal
deudora de las categorías espacio
de experiencia y horizonte
de expectativa planteadas
por Koselleck. Con el término espacio
de experiencia, el autor refiere al presente entendido
como un espacio constituido por la apropiación simbólica de
acontecimientos pasados; es decir: un pasado presente. Vinculado a ello, el término horizonte
de expectativas es
pensado como un futuro
hecho presente que
apunta a lo aún no experimentado (Koselleck, 1993: 10-30). En esta
perspectiva, tanto la articulación de las expectativas dirigidas hacia
el futuro como las interpretaciones del pasado se influencian dándose
mutuamente nuevos significados.
De acuerdo
con este planteo, pensamos la noción de narrativa como el modo de
entramar esos significados cohesionándolos y configurando una
determinada estructura de sentido. Consideramos que la narrativa
utópica del desarrollo atraviesa los discursos del
dispositivo pro-minería articulando pasado, presente y futuro en una
trama de sentidos que permite sostener la explotación minera como una
necesidad imperante para el desarrollo de la Nación. Por esta razón, uno
de los objetivos de este artículo consiste en describir el
funcionamiento de esta narrativa indagando quiénes son sus enunciadores,
cómo significan el pasado y el futuro, desde qué lugares hablan y qué
campo de efectos se abre a partir de esta narrativa.
El trabajo
aborda puntualmente el discurso hegemónico a favor de la minería
realizando el siguiente recorte: En primer lugar, se analiza la
problemática a nivel nacional teniendo en cuenta discursos de Néstor
Kirchner; de Jorge Mayoral, Secretario de Minería de La Nación y de
Martín Dedeu, expresidente de CAEM (Cámara Argentina de Empresarios
Mineros). En segundo lugar, nos centramos en el caso de San Juan
recuperando una serie de discursos pronunciados por el gobernador José
Luis Gioja en relación a la actividad minera en la provincia. Por
último, se analizan las páginas Web institucionales de Bajo La Alumbrera
Ltd. -una de las empresas mineras de mayor antigüedad, que inició sus
actividades en la década del ´90- y Barrick Gold Corp. –una de las
empresas de mayor envergadura a nivel mundial, que ingresó en Argentina
en el 2001-.
Nuestro
propósito aquí no es abordar el “discurso del no”9, pero consideramos
pertinente su mención ya que se trata de una manera otra de proyectar el
futuro, otra configuración de “mundo posible”. En la actualidad, el
discurso prominería y el “discurso del no” se manifiestan en una tensión
asimétrica por la cual éste queda invisibilizado por aquél. En este
sentido, consideramos que determinados regímenes de
visibilidad/invisibilidad obturan y controlan la aparición y
visibilización del “discurso del no a la mina” ubicando a la utopía del
desarrollo, en la escena pública, como único mundo posible.
Minería: La utopía nacional
El
conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de dos pasteras
sobre el río Uruguay representa un acontecimiento mediático que ubica al
agua, en tanto bien común amenazado, en el centro de la escena pública y
a los asambleístas como portavoces del sintagma “No a las papeleras”.
Sin embargo, si bien los medios instalaron el conflicto en la
“actualidad” en tanto que noticia, generaron la
regionalización/ localización de los problemas ambientales y una
consecuente invisibilización de otros conflictos como el de la minería
transnacional a cielo abierto que avanza a lo largo de las provincias
argentinas desde la década del ´90 profundizándose a partir del 2004 con
el lanzamiento del Plan Minero Nacional.
El 23 de
enero del 2004 el presidente Néstor Kirchner, en su discurso de
presentación de dicho Plan, postula a la minería como política de Estado
y se manifiesta a favor de impulsar la “minería sustentable” que comenzó
a crecer con las leyes mineras de los ’90. Desde nuestra perspectiva,
este rescate de una de las actividades productivas más contaminantes y
beneficiadas económicamente, resulta considerable si lo ponemos en
relación con toda una manera de significar el pasado como la “crisis”
que en el presente se pretende superar.
Ese pasado
que muchos de los portavoces del discurso hegemónico sobre la minería
definen como “la crisis que nos tocó vivir” se refiere al
neoliberalismo implementado desde la década del ´90 por Carlos Menem.
Esta apropiación simbólica del pasado constituye una estrategia de
diferenciación entre un tiempo pasado y un presente superador de la
crisis. Es, también, una estrategia de autolegitimación del gobierno
actual pero, a la vez, se contradice con la siguiente afirmación de
Kirchner: “el sector minero argentino es uno de los pocos que durante la
década del ´90, con cambios importantes en la legislación, empezó a
tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un
destino estratégico diferente.” Es decir, si bien se critica el pasado
en el que se creó este marco jurídico, las condiciones jurídicas de
posibilidad de este tipo de minería siguen siendo las mismas que las de
los ´90.
Como
decíamos, en el discurso que analizamos, la minería es entendida como un
factor de concreción de la utopía del desarrollo y el Estado se
compromete, en el 2004, a apoyar al sector: “El sector minero puede
ayudar muchísimo para el desarrollo argentino, para el crecimiento
productivo, del empleo, de las exportaciones, para el ingreso de
divisas. Así que nosotros desde el Gobierno Nacional vamos a jugar
fuertemente a apoyar al sector.”
Para este
gobierno, la minería constituye un factor de desarrollo sustentable, una
actividad perfecta de la que no hay necesidad de debatir14, en el 2004
el Presidente pretendía “(…) que la gente perciba que la minería trae
progreso, trabajo, mejoramiento en la calidad de vida y que tiene que
ver con el desarrollo económico y el crecimiento de la región donde se
están desarrollando este tipo de inversiones.”
En la
actualidad asistimos, como ya dijimos, a una nueva etapa de relaciones
entre el capital y el Estado, a un dislocamiento entre lo público y lo
privado que hace posible que el Secretario de Minería de la Nación,
Jorge Mayoral, sea: (…) un
ingeniero minero sanjuanino que llegó a la función pública en 2002,
posea el 30 % de la firma Micas Argentina S.R.L., el 15 % de Millstone
S.A. y el 25 % de Minvail S.A. (dedicadas a la explotación de canteras y
a la explotación minera).
Un
dislocamiento que, además, permite que existan leyes estatales que
legislan lo público según los requerimientos del capital privado. Nos
remitimos a alguno de los discursos de Mayoral, en tanto que funcionario
del Estado, para considerar cómo se borran las fronteras entre lo
público y lo privado y cómo se ubica a lo privado como posibilitador/garante
del desarrollo público. En el cierre de ARMINERA 2007 (VI Exposición
Internacional de Minería, realizada el 2, 3 y 4 de Mayo en Buenos Aires,
organizada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros), Mayoral se
dirigió hacia los empresarios del sector de la siguiente manera:"Son
ustedes, son los proyectos, los operadores y los prestadores de
servicios, los que generan más de 37 mil empleos directos por estos
tiempos en la Argentina, y los que generan más de 165 mil empleos
indirectos un verdadero pico histórico jamás conocido que pone a la
minería en el contexto nacional como un sector muy activo en la
construcción de un país más justo".
De esta
forma, el representante del Estado en la cuestión minera elogia y
destaca la responsabilidad de las empresas en el crecimiento económico
del país, pero a su vez, el elogio se traslada hacia su propia persona
por ser parte él mismo de ese sector empresario.Incluso,
Mayoral realiza una proyección imaginaria del futuro desde un presente
en el que “estamos entre todos construyendo efectivamente la minería de
la Argentina de las próximas cinco décadas, concebimos el escenario
actual sólo como la punta de un iceberg que aún muchos no imaginan.”
La utopía, en este sentido, se vincula con el crecimiento de un sector
que promueve la inversión en el territorio nacional -previamente a la
elección del nuevo Presidente, el Secretario de Minería adelantó a la
prensa que hasta fines del 2008, tras nuevos beneficios fiscales para la
minería, el sector invertirá unos US$ 8000 millones entre los cuales se
destacan las inversiones de “Pascua Lama (San Juan) por 1500 millones de
dólares; Potasio Río Colorado (Mendoza) por 2100 millones; Pachón (San
Juan), 1500 millones, y Agua Rica (Catamarca), por 2055 millones de
dólares”.
El
desarrollo se configura como narrativa utópica desde rituales con gran
poder performativo por ser los enunciadores los mismos representantes
del pueblo argentino. Sus discursos presentan acentuaciones sobre un
léxico referido a lo productivo y al crecimiento.
“Desarrollo sustentable” es sinónimo de “trabajo”, “inversión”,
“producción”, “exportación”, “mejoramiento en la calidad de vida”.
Si nos
detenemos en las voces del sector privado, de los empresarios mineros
que llevan a cabo proyectos de minería aurífera en Argentina, nos
encontramos con la misma narrativa utópica, por lo que afirmamos que
hay
una continuidad entre la voz del Estado y la del sector minero. Martín Dedeu, el ex presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)20,
ve a la minería como la madre de las industrias, un “sector estratégico
para el desarrollo de todo el potencial productivo e industrial del que
depende la economía argentina.” Para este empresario, la unión entre
proveedores, trabajadores y empresas es indispensable para “triunfar
para darle al país un mejor futuro”.
Ahora
bien, nos preguntamos: ¿de qué hablamos cuando hablamos de “desarrollo
sustentable”, de “minería responsable” y de “responsabilidad
empresarial, social y ambiental”? Si observamos
la narrativa
escatológica que disputa con la utópica la configuración de mundos
posibles, “las voces del no a la minería” (y las de la nueva consigna
más abarcadora “contra el saqueo y la contaminación”) despliegan un
saber que no circula masiva y mediáticamente, un saber que moviliza otro
tipo de pasión y ya no se trata de la esperanza que despierta la utopía,
necesaria para la obtención de la licencia social para operar, sino del
miedo como pasión que se desprende de la amenaza de la vida por el uso
de cianuro, por la posesión del agua, por la contaminación ambiental en
general y por el monopolio de la producción y el desplazamiento de las
otras actividades productivas del país.
De esta
manera, “desarrollo sustentable” se transforma en un sintagma vacío que
implica una proyección imaginaria del tiempo del tipo: “las empresas
vienen, explotan la montaña, se llevan metales valiosos, no dejan
regalías ni trabajo, sólo contaminación”, siendo este tipo de
enunciados los que son obturados por el despliegue de la narrativa
utópica.
Si bien el
Estado Argentino se ha posicionado como el legítimo defensor del medio
ambiente, tras el conflicto por las papeleras, nuestro Presidente se
considera a sí mismo “un defensor de la minería”. Por esto mismo,
consideramos que las diferentes estrategias políticas desplegadas por el
Poder Ejecutivo en los últimos años, tales como la incorporación de
Romina Picolotti (la abogada de los asambleístas de Gualeguaychú) en la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y la instalación
de un monolingüismo (Bajtin, 1989: 88; 2006:95)) sobre la defensa del
medio ambiente que elimina/anula el plurilingüismo sobre los conflictos
ambientales, contribuyen a obturar las posibilidades de
enunciación/visibilización de la narrativa escatológica.
San Juan: “La quimera del oro”
Desde la
asunción de José Luis Gioja, en diciembre del 2003, como gobernador de
San Juan, esta provincia se convierte en un caso testigo ya que es
posible advertir allí una saturación de discursos tendiente a instalar
el monolingüismo en relación a la sustentabilidad de la minería a gran
escala.
“La
Segunda Reconstrucción de San Juan” fue el nombre que recibió la
plataforma de gobierno de Gioja, plan estratégico basado en la
“promoción y reactivación” de diversos sectores productivos
(Agroindustria, Ganadería, Turismo) donde la denominada “Nueva minería”
ocupa un lugar central. Esta consigna estableció un hito a partir del
cual ha comenzado a operar el mito de refundación de la provincia, que
tiene asegurada su vigencia luego de ser reelecto Gioja en agosto del
2007. “En ese programa, dijimos que uno de los pilares del desarrollo,
del crecimiento sustentable de la provincia, tenía que ser el desarrollo
minero”.
El
compromiso que el gobierno asume con la sociedad sanjuanina supone una
dimensión pragmática, la promesa de un poder-hacer que contribuye a
legitimar al enunciador inscribiéndolo en el pivote presente-futuro; el
presente de “la transformación histórica” en vías hacia un “futuro
venturoso”. “(…) hacer minería significa desarrollarnos, para que juntos
reflexionemos que la riqueza guardada no sirve, que tenemos que
transformarla en progreso para nuestra gente, en posibilidades de
realización para los sanjuaninos”. La concepción de la minería como
principal operadora del progreso viene impulsada mediante un glosario
que coloca positivamente a la actividad extractiva en esta nueva etapa
de la Argentina donde retorna con fuerza hegemónica el mito del
desarrollo como superador de la crisis 2001-2002. Al mismo tiempo, se
busca suscitar la esperanza colectiva como relevo de la indignación y
escepticismo -experimentados durante el estallido social- conjurando,
así, la necesaria aceptabilidad y legitimidad de la megaminería.
Este vocabulario específico
(“desarrollo sustentable”, “responsabilidad corporativa”) –que, como
veremos, viene instituido desde la esfera privada- elude toda polémica
en torno a los riesgos de contaminación que implica la explotación
minera a cielo abierto. Postula así un imposible:
“la coexistencia armónica” de diversas actividades
económicas; una supuesta compatibilidad y
complementariedad que reside en un simple fundamento retórico: el tipo
de minería impulsado por el gobierno responde “en todas sus formas al
concepto de un desarrollo minero ambiental y socialmente sostenible,
sustentable y responsable”.
Esta política de nominación que rehúye mencionar y problematizar el potencial
impacto ambiental contribuye a legitimar los métodos extractivos de la
“Nueva minería” que son, en realidad, repudiados y denunciados en
canales alternativos de difusión no sólo por diversas agrupaciones
ambientalistas sino también por un amplio sector de trabajadores del
resto de las áreas productivas de la provincia y por los vecinos de las
comunidades que se ven afectadas por estos proyectos.
En relación a
esto, debemos mencionar que en San Juan se experimenta un avance de la
“criminalización de la protesta”, en términos de Svampa, luego de
sancionarse, de manera unánime, la ley 7.819 que pena cualquier
manifestación pública en oposición a la política oficial. Esta
homologación de la protesta social al delito -instituida con fuerza de
ley- sumada a la construcción de un aparato discursivo estratégico
-tendiente a prever y modular la emergencia de voces divergentes- dan
cuenta de una profundización de las formas de control social en las
sociedades contemporáneas que buscan capturar el acontecimiento, la
diferencia, el devenir.
Por otro
lado, en los discursos de Gioja, San Juan es construida como una
provincia “predestinada” para la minería por su realidad geográfica:"Tenemos
nuestras montañas que cubren más de un 80% de la superficie de la
provincia, entonces no podemos dejar de decir que nuestro desarrollo,
las oportunidades de realización de muchos sanjuaninos van atadas de la
mano de la actividad minera".
El
gobernador coloca a la “Naturaleza” como fuente de legitimación de la
decisión de convertir a San Juan en provincia minera, decisión política
que no responde a un mero dato de la realidad sino que está subordinada
a las reglas de juego determinadas por el capital. En esta apelación
constante a la naturaleza como dadora de oportunidades para el
crecimiento económico jamás se indica que los métodos utilizados en la
actividad extractiva actual implican una alteración radical del paisaje
cuyano (además de la irreversible contaminación y el uso indiscriminado
de agua y energía subsidiadas).
El
gobierno provincial se convierte, así, en un agente activo (socio y
cómplice) en esta nueva etapa de explotación de minerales ya que
garantiza al sector privado condiciones ideales para la inversión:"Desde esta
visión institucionalizamos (…) la libertad de acceder sin ningún tipo de
trabas burocráticas a la prospección y exploración que han permitido ir
identificando nuestro potencial geológico, avanzando en todos aquellos
aspectos legales que no generarán una discriminación entre un
inversionista nacional y extranjero".
En este
sentido hablamos de Estados tecnocráticos o técnico-administrativos cuyo
fin es responder a las exigencias de un mercado fluctuante, razón por la
cual su eficacia se mide, exclusivamente, en términos de gestión y
administración.
En el
marco de esta apertura y ofrecimiento de la provincia a los inversores
extranjeros, hay una construcción filantrópica del empresariado:"(…) el
primer paso de este camino nuevo es la certeza de estar dando el ejemplo
para que otras empresas de nivel mundial, como hoy Barrick, vengan a San
Juan para ayudarnos a que la riqueza escondida bajo la tierra se
transforme en oportunidades para quienes vivimos sobre ella".
Esta
benevolente caracterización del sector privado resulta absurda si la
comparamos con el “Código minero”, garante de un saqueo sin precedentes
ya que establece, entre otras cosas, que el Estado se encuentra
inhabilitado para realizar tareas de exploración y explotación en el
territorio nacional. Esta autoinhibición del Estado para disponer de sus
propios recursos naturales se corresponde con la idea de Lewkowicz del
Estado atravesado por los poderes destituyentes del capital.
Observamos, a su vez, la ausencia de cualquier mención a la década de
los ´90 donde precisamente se encuentran las condiciones de posibilidad
jurídicas para que las empresas lleven a cabo proyectos mineros de
carácter transnacional en Argentina. Gioja expresa: “Tenemos leyes,
reglamentaciones, un marco jurídico del que tengo el orgullo de haber
participado en su realización está vigente en la Argentina”.
Estas
deliberadas omisiones confirman la pérdida de eficacia histórica del
paradigma neoliberal que caracterizó la década anterior; pero, al mismo
tiempo, constatan la permanencia de sus políticas, leyes, efectos,
revalidados en el discurso de Gioja cuando hace referencia al “Marco
legal de la Estabilidad Jurídica”. El enunciador Gioja sí enfatiza que
ese “Marco legal” se articula con el Plan Minero Argentino como política
de Estado nacional y provincial irrenunciable, consolidándose, en la voz
del enunciador, la narrativa
utópica del desarrollo:”A cuatro o cinco años de aquella
crisis hoy hay otra Argentina (…) Una Argentina que está creciendo y
dentro de esta Argentina está mi provincia que no quiere quedarse
atrás”.
En esta
etapa de refundación de la provincia, el Gobierno confecciona su propia
genealogía mediante la cual establece una continuidad entre “el pasado
glorioso” representado en la figura de Sarmiento -uno de los más
importantes planificadores del proyecto moderno- y la actual gestión,
que ha promovido y concretado la instalación de emprendimientos mineros
de gran envergadura en la provincia. Gioja evoca y cita recurrentemente
a este pro-hombre, también sanjuanino, en relación a quien se construye,
autolegitimándose, como heredero de un proyecto de país:"Sarmiento
ya lo decía cuando en su discurso pronunciado en la Asamblea Legislativa
del 22 de junio de 1862 expresaba: -La naturaleza nos ofrece un nuevo
camino por donde salir de este estancamiento y ese camino son las
minas-qué simple!
(…) La
puesta en producción de Veladero representa un hecho histórico para San
Juan y para el País; se necesitaron 136 años para decir, comenzamos, por
fin, comenzamos (…)".
Esta
operación discursiva se presenta como una estrategia de legitimación de
las prácticas mineras actuales llevadas a cabo por capitales extranjeros
y apunta a soslayar las diferencias cualitativas entre los métodos
extractivos43 que emplean las empresas transnacionales radicadas en el
país y la minería que, antaño, impulsaba Sarmiento.
El
sintagma “la segunda reconstrucción de San Juan” funciona como un
condensador simbólico de la articulación del presente (como lugar de
enunciación y, por consiguiente, de significación) con el pasado y con
el futuro. Implica, entonces, un doble movimiento, por un lado,
retrospectivo, hacia los albores de la patria, donde se gestaron los
primeros mitos que vinculan a la minería con el progreso. Por otro lado,
proyectivo, hacia el “futuro venturoso” que, según palabras de Gioja, le
aguarda a la comunidad toda.
(…)
queremos, en definitiva, hacer realidad dos grandes visiones: la que
hace casi un siglo y medio tuviera Sarmiento y la visión actual de ese
país federal, moderno y productivo que hoy el presidente Kirchner está
construyendo día a día en la Argentina.
Esta
utopía promesante vehiculiza la esperanza como única pasión colectiva
válida ya que viene legitimada por el discurso hegemónico. Decimos,
entonces, que la narrativa dominante del desarrollo actúa clausurando la
posibilidad de emergencia de otros modos de decir, hacer y sentir, de
otros mundos posibles en esta nueva etapa del Estado impactado por los
poderes destituyentes del capital.
Usos de la utopía en el discurso empresarial
En este apartado, analizaremos el
discurso de las mineras Barrick Gold Corporation45 y Bajo La Alumbrera
Ltda.46, deteniéndonos particularmente en sus páginas Web, ya que
podemos leer en esos espacios virtuales cómo se construyen las empresas
como enunciadores en donde “hablan” sobre sí mismas, configurándose como
empresas socialmente responsables, y en donde se “muestran” en su
accionar interviniendo en las comunidades locales. El propósito es
anudar al discurso político analizado hasta ahora el discurso
empresarial para advertir cómo éste, desde su especificidad, refuerza la
narrativa utópica
después de la crisis del 2001.
Leerc
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Al concluir "Una lucha a 'cielo abierto'..."
María Julieta Lamberti se
refiere a:
La lucha entre David y Goliat: Movimientos socio-ambientales y minería a cielo
abierto
En los conflictos
ecológicos distributivos por la minería a cielo abierto, los movimientos
socio-ambientales son actores centrales. La instalación de empresas mineras de
tajo a cielo abierto no se convierte en un conflicto hasta que el mismo se hace
público y son estos movimientos los primeros en visibilizarlos. Ahora bien, los
movimientos socio-ambientales contra la minería a cielo abierto son conscientes
de que en el campo de disputas, las relaciones de poder son asimétricas.
Las empresas mineras en
colusión con los gobiernos se amparan en narrativas productivistas-desarrollistas legitimando
un modelo minero que sigue colocando a los países ricos en posición de explotar
recursos naturales no renovables, dentro de países menos desarrollados,
destruyendo los ecosistemas y la biodiversidad, sumiendo
a la pobreza a millones de personas que dependen de las tierras para subsistir.
Como advierten Svampa
y Antonelli: […] el correlato del dispositivo hegemónico, puesto al servicio
de un modelo de desarrollo, va desde el avasallamiento de los derechos
de las poblaciones, la destrucción de patrimonios arqueológicos, la
instalación de explotaciones en zonas protegidas, hasta las más
diversas estrategias de disciplinamiento […] En este contexto, la
megaminería a cielo abierto termina configurándose como una figura extrema,
una suerte de modelo descarnado, en el cual las más crudas lógicas
del saqueo económico y la depredación ambiental se combinan con
escenarios regionales caracterizados por una gran asimetría de poderes, que
parecen evocar la lucha desigual entre David y Goliat (2009: 20).
Del
otro lado, están las comunidades que se organizan para resistir
el avasallamiento de las empresas mineras transnacionales proponiendo una
reconfiguración de las relaciones sociedad-cultura-naturaleza que busca
superar la visión mercantilizada de estas relaciones, impuesta por el
sistema capitalista.
Sin embargo, es imposible
negar que en relaciones de poder asimétricas las posibilidades de éxito de los
movimientos socio-ambientales sean escasas, pero a partir de la creatividad y
de la organización colectiva de las acciones es posible frenar estos
emprendimientos tan destructivos social, económica y ambientalmente. El análisis
de los marcos del Frente Amplio Opositor (FAO) nos ha permitido ampliar
el concepto de conflicto ecológico distributivo más allá de la
distribución inequitativa del uso que hacen las personas de los recursos
o servicios ambientales. Si bien es cierto que en el caso estudiado existe un
conflicto por la desigualdad y/o asimetría en el uso de los bienes comunes en
Cerro de San Pedro, el estudio de los marcos interpretativos nos mostró que
la disputa es por algo más; involucrando la
disputa por diferentes formas de vida, diferentes narrativas del desarrollo de
la comunidad, y en definitiva diferentes formas de pensarse en el entorno y con
el entorno natural.
En
estos conflictos ecológicos distributivos la disputa no es meramente por la
propiedad de un recurso, se enfrentan cosmovisiones, lenguajes de valoración
y formas de vida. Por
un lado, la empresa y su lógica de mercantilización de la vida, la cultura y
la naturaleza disfrazada de responsabilidad social y desarrollo local. Por
el otro, las comunidades que hablan desde su “lugar” de los bienes comunes,
del sentimiento de pertenencia, y de la defensa de la memoria histórica. En
este tipo de conflictos, pensar en perspectivas mediadoras,
conservacionistas, o eco-eficientistas resulta engañoso.
Es cierto que con
la creación de reservas naturales (como ocurrió en Cotacachi Ecuador) o con la
imposición a las empresas de eco tasas y normas de protección ambientales claras
y exigentes se puede frenar en cierto sentido la destrucción que provocan las
empresas mineras de tajo a cielo abierto. Sin embargo, el sistema económico
capitalista es en sí mismo insustentable, con las pautas de consumo y producción
actuales es imposible evitar una crisis energética, ecológica y climática, por
lo que el capitalismo limpio o sustentable no es más que una ilusión. En este
sentido, las visiones eco-eficientistas y conservacionistas no hacen más que
diluir la idea de que ciertos antagonismos como en el caso estudiado son
en cierto punto irreconciliables, porque enfrentan modelos económicos, proyectos
de sociedad, en definitiva modos de vida diferentes y en la mayoría de los casos
opuestos.
Son
dos alternativas, son dos sistemas económicos diferentes, el capitalismo
neoliberal con su modelo extractivo exportador y una alternativa no
capitalista, comunitaria, centrada en la gestión y gobernanza democrática de
los territorios donde no exista otra soberanía sobre los mismos que la de
sus propios habitantes. Se
convierte, por lo tanto, en un imperativo para los académicos críticos en
conjunto con los movimientos socio-ambientales comenzar a pensar en esta
alternativa no capitalista como sistema de producción que tenga en cuenta la
racionalidad ambiental, respete las diferentes formas de vida y producción
de los pueblos y habitantes originarios de los lugares y tienda a la
consecución del objetivo del “vivir bien”. Leer
La
rezonificación de los terrenos de la Ex Ciudad Deportiva de la Boca para que
IRSA construya “la Dubai porteña”