El desafío exige ante todo que
nosotros, los diversos de
abajo, dejemos de delegar la soberanía popular en representantes que
han legalizado y legitimado, desde 1984 hasta hoy, al proceso de reorganización
nacional con origen en la dictadura genocida. Es decir, han centrado el papel
del Estado en honrar la deuda o en desendeudarse y han promovido la
concentración y transnacionalización económico territorial. Veamos en la
actualidad cómo se lleva a cabo lo último.
La Presidenta explicita su orgullo de que
la
empresa estadounidense Monsanto haya anunciado, durante la reunión del Council of Americas en
Nueva York, su decisión de invertir casi 1.800 millones de pesos para instalar
una nueva planta en Malvinas Argentinas (provincia de Córdoba) para la
producción de semillas de maíz.
Cristina Fernández de Kirchner
se ufanó en momentos en que se iniciaba el primer
juicio por fumigaciones del país en la ciudad de Córdoba gracias a la
movilización de las Madres de Ituzaingó acompañadas por el
Colectivo
Paren de Fumigar Córdoba y Médicos de los pueblos fumigados.
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El juicio se ha
profundizado desde el anuncio de una nueva planta en Malvinas Argentinas (provincia
de Córdoba) mediante la lucha por
“No instalación de Monsanto en Córdoba”
y el respeto a la Soberanía Alimentaria.
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En contraste, desde Nueva York, la Presidenta convirtió en plausible a la expansión de la ocupación económico territorial de la "corpo" imperialista, combatida internacionalmente por ser genocida, e incluso le ofreció la Patagonia. Esta impunidad de Cristina Fernández se completó, meses después, con el Ministro de Agricultura de la Nación haciendo público su estar al servicio de Monsanto. Así desembozadamente Pablo Vaquero, vice de Monsanto Argentina, anunció junto al ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, que la nueva soja “Intacta RR2 Pro” estará disponible en la campaña 2013/14 (en la próxima siembra sólo se realizarán ensayos en el norte). Y calculó que la mejoría de los rendimientos podría llegar al 11%: se producirían 5 millones de toneladas más, que al valor actual serían ingresos por US$ 3.000 millones. Al mismo tiempo del monocultivo de la nueva soja transgénica, en 2013, el país adoptará también un sistema que le garantizará a Monsanto y a otras empresas de biotecnología agrícola el cobro de regalías o derechos por las patentes de semillas. En ese mismo acto el ministro adelantó que el Gobierno estaba trabajando en una nueva ley de semillas, que contempla el cobro de regalías para quienes desarrollan las semillas transgénicas.
Sin embargo, abajo crecen la autoorganización y
la comunicación social a favor de derechos y necesidades populares que
son violados por la monopolización y mercantilización de los bienes comunes
que realiza el capitalismo al progresar.
El
documento "10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que
pretende privatizar las semillas en la Argentina"
del Movimiento Nacional Campesino Indígena y otras organizaciones sociales
comienza señalando que:"Sectores
del Agronegocio, de las transnacionales, así como el Ministro de agricultura
y otros funcionarios, vienen trabajando sobre un nuevo proyecto de Ley de
semillas. Según los borradores que se conocen y por las declaraciones
públicas, el mismo busca subordinar la política nacional de semillas a las
exigencias de la UPOV y las transnacionales.
Las consecuencias
las sufrirán los campesinos y agricultores familiares, pero también el
pueblo argentino, ya que golpeará sobre el mercado interno de alimentos.
(...)
Este tipo de normas concentra un poder creciente en manos de unas pocas empresas transnacionales, expropia y privatiza el patrimonio biológico nacional, arruina los sistemas nacionales de investigación, dificulta el intercambio de información -fundamento del avance científico-, agrede e impide el normal desarrollo de las formas campesinas e indígenas de relacionarse y hacer agricultura, y violenta principios éticos fundamentales, como es el libre acceso al conocimiento. Al permitir la privatización de las semillas, esta ley y su antecesora además ponen el lucro por sobre el derecho fundamental a la alimentación. Leer
A su vez Carlos Vicente
(de la organización internacional Grain, que estudia el mercado de semillas y
las corporaciones agrícolas) explicó: “El proyecto de modificación de la ley
está formulado a la medida de Monsanto. En el 2003 Monsanto anunció que
discontinuaba su programa de mejoramiento de soja en el país ‘debido a la baja
rentabilidad del negocio, que imposibilita mantener los niveles adecuados de
investigación en Argentina’. Su reclamo específico era una nueva ley de semillas
que le permitiera tener ‘seguridad jurídica’ en sus operaciones”.
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Este acaparamiento de semillas que "son parte esencial de la vida"
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se agrava con la apropiación de territorios, agua y energía para el
auge del extractivismo de minería, petróleo, agronegocios y su constante
expansión en forma de agrocombustibles, hidrocarburos no convencionales. De este
modo el capitalismo progresa devastando, destruyendo comunidades y ecosistemas y despoblando el país.
"Con el respaldo de una riqueza apenas sospechada hasta hace unos años, la minería vive su momento dorado en la Argentina, de la mano de políticas oficiales que -en detrimento de otros sectores- no ha hecho más que alentar el desembarco de grandes capitales del exterior.
De ahí que, según
estimaciones de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la
actividad duplicará su contribución al PBI local en alrededor de tres años y
promete "pisarle los talones" a los ingresos originados por la soja, con
exportaciones cercanas a los 14.000 millones de dólares.
A partir del buen
presente que vive el sector, los inversionistas incluso se permiten
vaticinar que la minería pasaría a enrolar unos 132.000 empleados en los
próximos cuatro años, desde los 77.000 promedio de 2011 y 2012. Más aún,
esta cifra podría trepar hasta casi 200.000 si se agregan las tareas
complementarias que comprende la actividad.
Pero, a la par de
este crecimiento que entusiasma a los mineros, crece un sinfín de
cuestionamientos y polémicas que, cada mes, parecen incorporar nuevas voces
y ejemplos.
La expansión de los yacimientos trae aparejadas críticas que comprenden desde las cifras irrisorias que pagan las empresas al Estado por los minerales estratégicos que salen del país hasta el desarrollo de nuevos emprendimientos que afectan reservas naturales únicas en el mundo.
La expansión de los yacimientos trae aparejadas críticas que comprenden desde las cifras irrisorias que pagan las empresas al Estado por los minerales estratégicos que salen del país hasta el desarrollo de nuevos emprendimientos que afectan reservas naturales únicas en el mundo.
Precisamente este
último punto volvió a cobrar protagonismo durante los últimos días con la
confirmación de los permisos para el proyecto Don Nicolás, que prevé la
extracción de oro y plata en el área del Parque Bosque Petrificado, en Santa
Cruz".
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Las transnacionales y las elites locales están
arrasando el país en nombre del progreso y las fuentes laborales.
Por eso, la socióloga Maristella Svampa se refiere a que la megaminería debe
contemplarse a partir de las categorías de desarrollo y democracia pensadas
desde Latinoamérica y requiere un análisis interdisciplinario. “Nuestro
continente concentra más del 40 por ciento de la exploración y explotación
minera del mundo”, dijo. Y sostuvo que “hay otros conceptos de territorio
que no implican que la naturaleza sea sólo una mera canasta de recursos. Se
ve el territorio como socialmente vaciable y sacrificable”. También aludió a
los informes de impacto ambiental que se realizan en cada proyecto minero,
que “presentan varias fallas de metodología porque los hacen profesionales
que tienen vínculos con las empresas. Es necesario contar con profesionales
independientes y con un Estado que intervenga en el control de la actividad
que ya se expande de forma vertiginosa”.
En relación con la normativa vigente (ley 24.196 de
inversión minera y 24.585 de protección ambiental), Svampa opinó que son
“demasiado permisivas” respecto de la actividad extractiva. “El actual
modelo de desarrollo no contempla audiencias, consultas públicas,
legislación vigente y no le interesa la discusión democrática de las
decisiones colectivas. Hay que pensar dispositivos que contengan la simetría
de poder y la igualdad.”
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"En Junio de 2008 las Asambleas de La Rioja reunidas en Plenario
decidimos provincializar nuestra Lucha bajo el nombre “Asambleas
Ciudadanas Riojanas”, espacio colectivo, autónomo, horizontal e
históricamente integrado a nivel nacional a otro movimiento: la Unión
de Asambleas Ciudadanas (UAC).
En esa fecha emitimos un comunicado a la sociedad en el que entre otros
tópicos señalamos:
-
"Nuestras acciones no se limitan a la cuestión ambiental, porque no somos ambientalistas, sino ciudadanos dispuestos a recuperar los espacios perdidos, cuestionar el modelo impuesto, que sólo sirvió para enriquecer a unos pocos, participar en la construcción de un nuevo modelo de Provincia y de país. Un modelo en el que los ejes de la lucha sean la denuncia, la participación activa, el compromiso, la solidaridad y la esperanza bajo el lema La Democracia Real No Se Toca”. Leer
Cada vez con más
contundencia continúa "el compromiso, la solidaridad y la esperanza
bajo el lema La Democracia Real No Se Toca".
La Agencia de Noticias Red Acción advierte: A pesar del
creciente rechazo y denuncias de las poblaciones en cuyos terrenos se
emplazan proyectos de Megaminería, los gobiernos provinciales, con la
aprobación del gobierno nacional, siguen ajenos a las demandas. Mañana
será el turno de Chubut, al tratarse el Proyecto de Ley de Marco
Regulatorio de las Actividades Hidrocarburíferas y Mineras, que
habilitaría el ejercicio de la Megaminería en dicha provincia. Ante
esto, hay estado de alerta y movilización máxima de la población.
Reproduce:
Comunicado de prensa de la Unión de Asambleas Chubutenses.
La
Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut, reunida en Trelew el dia 10 de
Noviembre de 2012, con representación de todas las ciudades de la
provincia, expresa que:
Nos declaramos en ALERTA Y MOVILIZACIÓN MÁXIMA en respuesta a la
embestida que están llevando a cabo los gobiernos provincial y nacional
contra la población de Chubut. Entendemos que el impulso al tratamiento
y la aprobación del Proyecto de Ley de Marco Regulatorio de las
Actividades Hidrocarburíferas y Mineras que habilitaría la megaminería,
constituye un inadmisible abuso de autoridad que avasalla los bienes
comunes más básicos de nuestro ambiente, agua aire y suelo; así como
también la salud, la cultura y los valores sociales de los y las
habitantes de nuestra provincia.
Por ello, advertimos:
1)
La población chubutense está profundamente preocupada e indignada, por
la falta de respeto al mandato popular en relación con la megaminería.
El pueblo de la provincia no desea ni remotamente el avance de esta
perniciosa actividad y, pese a que es voluntad expresa de las asambleas,
foros y organizaciones de vecinos y vecinas, resistir de manera pacífica
a estos proyectos políticos de falso desarrollo, nos alarma que puedan
producirse desbordes individuales o reacciones imprevistas ante la
violencia que están ejerciendo los funcionarios al servicio de los
intereses megamineros.
Repudiamos a los/as representantes/as del Poder Ejecutivo Nacional,
Presidenta Cristina Kirchner y Vicepresidente Amado Boudou, del Poder
Ejecutivo Provincial, el Gobernador Martín Buzzi y el Vicegobernador
Gustavo MacKarthy, y funcionario provincial Ministro de Gobierno Javier
Touriñan; así como a los funcionarios nacionales: el Ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca Norberto Yahuar, el Ministro de
Planificación Federal Julio De Vido, y el Secretario de Minería Jorge
Mayoral por impulsar políticas extractivistas que provocarán la
devastación irreversible de nuestros territorios, la degradación
institucional y la pauperización de miles de ciudadanos de nuestro país.
Consideramos a los mencionados representantes, responsables del presente
estado de conflictividad social y de todas las consecuencias que
pudieran producirse, considerando que son ellos en forma personal y sus
políticas las que generan una violencia imposible de ignorar.
En
forma consecuente han sido nombrados por este gobierno provincial,
funcionarios con una cuestionable idoneidad, muy lejos de lo esperable
para el cargo que ocupan, señalamos en particular a:
a)El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Dr.
Eduardo Maza, quien no sólo no es idóneo para su puesto -tal como él
mismo ha expresado referido a la problemática del manejo de la calidad
de agua del Río Chubut-, sino que lejos de velar por un ambiente sano y
con políticas públicas que propendan a un Control del Desarrollo
Sustentable; por el contrario, actúa como un promotor de la megaminería
en la provincia, tal como lo ha demostrado en cada exposición en su gira
provincial.
b)El interventor de Petrominera S.E., Oscar Crettini, quien ha estado en
ambos lados del sector que explota los recursos del subsuelo, siendo
empleado calificado de las empresas que hoy solicitan permisos de
exploración de minerales metalíferos y radioactivos, en una clara
infracción ética, avalada por el actual gobierno que sólo busca
operadores que le aseguren inversiones a cualquier costo.
c)
El Ministro de Hidrocarburos de la provincia, Ezequiel Cufré, quien se
suma a la gira de promoción gubernamental de la megaminería, adosándola
a la temática hidrocarburífera para propiciar su habilitación.
Por lo expresado -por considerarlos personas incompatibles, por
idoneidad profesional y por intereses ajenos al cargo que desempeñan-
EXIGIMOS SU RENUNCIA INMEDIATA, y así lo solicitaremos formalmente en
los próximos días.
Asimismo, repudiamos a los/las intendentes Néstor Di Pierro, Máximo
Pérez Catán, Ricardo Sastre, Rafael Wiliams, Rossana Artero, Mario
Pichiñan y Jefes de Comunas Rolando Rocco, Abel Muro, por operar en
favor de la megaminería o excluirse de un tema que resulta central para
las actuales y futuras generaciones; en vez de gestionar para la
generación de actividades económicas verdaderamente productivas,
sustentables y respetuosas del medioambiente y de la salud de la
población.
En
el mismo sentido, les recordamos a los/las legisladores/as que son
representantes de la sociedad, en especial quienes han sido elegidos por
la mayoría de la población y que no han sido autorizados a impulsar o
aceptar propuestas que perjudiquen a las personas. Por lo tanto, si
fueran en contra del expreso mandato que en este aspecto se ha dado
desde el año 2003 en adelante, indicándoles claramente la negativa de
avanzar en acciones que provocarán un daño comprobado al ambiente, a la
salud, a la cultura y a las posibilidades de desarrollo económico de la
población; nos ocuparemos de demandarlos por su traición mediante todos
los medios de los que disponemos y deberán afrontar una condena social
inconmensurable.
Deben los funcionarios políticos entender, de una vez por todas, que EL
QUE MANDA ES EL PUEBLO y que deben velar por su paz y bienestar, al
contrario de lo que muchos están haciendo.
Trelew, Chubut, 10 de Noviembre de 2012.
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article5547
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