Avanzan la desertificación y la fragmentación del país en enclaves sin que las mayorías se percaten de estar inmersas en este conflicto con el capitalismo.

Sucede que los K y hasta economistas de izquierda las convencen de estar en un capitalismo opuesto al de los países imperialistas. Las inducen a reflexionar de que el neoliberalismo es pasado o ha comenzado a serlo. ¿Por qué? Instalan como asignaturas pendientes y aisladas entre sí a las políticas de estado que convergen en la transferencia a gran escala de riquezas e ingresos hacia quienes dominan el capitalismo mundializado y sus socios locales. Abarca un sistema tributario sumamente regresivo, un sistema de eternidad en el desendeudamiento-endeudamiento que desmantela el Estado social, un régimen de acumulación gran capitalista con base en la flexibilización, precarización e informalidad laboral y en salarios reales de pobreza e indigencia. Desigualdad e injusticia social que se consolida y profundiza con el modelo extractivo que privatiza, mercantiliza y devasta la naturaleza expulsando o desintegrando las comunidades arraigadas cultural e históricamente a esos ecosistemas.

Sobre el proceso de implantación extractivista en Nuestra América, Horacio Machado Aráoz advierte que en los noventa se establecieron las "bases legales e institucionales que convertirían al extenso territorio de la región en una increíble “oportunidad” para el desarrollo de los intereses mineros globales. El Banco Mundial ofrecería frondosos créditos para agilizar la “modernización” institucional y la reforma de los marcos legales relativos a las explotaciones mineras. Así, sucesivamente Perú (1991), Bolivia (1991), Ecuador (1991), México (1992), y más tarde Brasil (1996), Guatemala (1997), Honduras (1998) y Colombia (2001), introdujeron sendas modificaciones en sus legislaciones mineras adoptando uniformemente los nuevos criterios impuestos. En Argentina, tales reformas se impusieron bajo el gobierno de Menem con la Ley 24.196 (1993) y otras reformas complementarias. Bajo ese extraordinario marco de “incentivos”, América Latina se convirtió en el centro de destino privilegiado para las grandes transnacionales mineras. (...) 

En todo este proceso, la genealogía del reciente auge minero en la región, tiene la particular “virtud” de evidenciar de modo meridianamente claro los ciclos de la violencia colonial que condujeron a su realización: drásticamente iniciado con la violencia extrema de los terrorismos de estado, se prolonga y profundiza en la violencia expropiatoria de la “deuda externa”, los “ajustes” y las “reformas estructurales de los ochenta y los noventa". Apenas disimuladas bajo retóricas “nacionaldesarrollistas”, esos mismos dispositivos expropiatorios continúan funcionando en nuestros días, alternando entre la violencia simbólica del fetichismo del “crecimiento sostenible” y la violencia extrema de la represión/ criminalización.

El carácter emblemático de la “minería” como fenómeno colonial permite también tomarla como base de análisis para ahondar en las nuevas dinámicas contemporáneas de la expropiación. (...) 

Esquemáticamente, los complejos dispositivos de la expropiación contemporánea involucran cuatro dimensiones fundamentales, a saber: la dimensión geográfica, la económica, la ecológica y la propiamente política. Analíticamente distinguibles aunque prácticamente inseparables, estas dimensiones tienen en la radical escisión territorio/cuerpos la base de todas las expropiaciones. En efecto, en su raíz, la violencia colonial opera y funciona como fuerza expropiatoria que se ejerce simétrica y recíprocamente sobre los territorios y los cuerpos. Parte de producir, ante todo, una separación radical entre unos determinados cuerpos –los cuerpos de los sujetos-objeto de la expropiación colonial– de sus respectivos territorios originarios.

El territorio, –forma concreta de la existencia (Santos, 1996), espacio de materialización de una forma-de ser determinada–, da cuenta de las fuentes y medios de vida que hacen materialmente posible la existencia. Sin esas fuentes y medios de vida, los cuerpos se ven expropiados de las energías que hacen posible su hacer, expropiados de sí en la raíz misma de su ser, que es el obrar. De tal modo, la expropiación de los territorios (base y fuente de los medios-de-vida/formas-de vida) es necesariamente correlativa de la expropiación de los cuerpos: es expropiación de los “recursos” que nos hacen “cuerpos”, y es expropiación de la capacidad de obrar de esos cuerpos. Expropiados de su propia capacidad de obrar; expropiados de la propia sensibilidad corporal producida por el “acostumbramiento” al dolor de la violencia endémica, los sujetos-cuerpos objetos de la violencia colonial adoptan las formas de vida de los cuerpos puestos- en-disponibilidad para la continua valorización del capital. 

La dinámica del capital global opera así, mediante la subsidiaria e imprescindible concurrencia del aparato legal-represivo del estado, la radical escisión territorio/cuerpos, como ruptura existencial que da lugar a la configuración de los diferentes dispositivos expropiatorios. En primer lugar, la expropiación geográfica, que, siguiendo los análisis de Harvey (2004) y de Santos (1996), la expropiación geográfica opera fundamentalmente destruyendo la coherencia local de los territorios, desarticulando los flujos socio-productivos endolocales y rearticulándolos como fragmentos territoriales subordinados a procesos productivos de alcance global, comandados a distancia bajo la dirección y el control del capital transnacional concentrado que domina la respectiva cadena de valor a escala mundial. Las inversiones del capital producen una sustancial transformación del espacio local; éste pierde progresivamente densidad como ámbito de vida de relaciones horizontales y pasa crecientemente a ser reconfigurado como un fragmento socio-territorial económicamente subordinado y tecnológicamente dependiente de cadenas mundializadas de valor, que funcionan como “correas de transmisión” de los imperativos del capital y que imponen, en los espacios locales, el dominio de lógicas verticales y centralizadas de control (Santos, 1996).

La dimensión geográfica de la expropiación tiene que ver, en consecuencia, con la desintegración productiva de los espacios locales cuyas consecuencias van mucho más allá de lo “estrictamente geográfico”, en tanto implican una expropiación de la diversidad eco-territorial y sociocultural de los lugares. La uniformización de los territorios convertidos en enclaves de exportación tiene así, profundas consecuencias biopolíticas, en tanto productores de ámbitos monoculturales del capital global (Alimonda, 2005). Por su parte, la dimensión estrictamente económica de la expropiación, ésta tiene que ver con la fenomenal transferencia de recursos financieros que involucra la localización de las operaciones mineras en las condiciones geográficas y político-institucionales establecidas.(...)". 

Horacio Machado Aráoz destaca cómo el capitalismo progresa profundizando la dependencia de los países del Sur:"Hay una geografía de la extracción de recursos mineros muy diferente de la geografía del consumo de minerales: se da una clara diferenciación entre los países del Sur y del Norte geopolítico, concentrándose los procesos extractivos en los primeros y los mayores índices de consumo en los segundos. Como ya se ha visto, tras el boom minero neoliberal, América Latina ha intensificado su rol como proveedor de minerales para el “mercado mundial”; actualmente, de nuestros países se extrae el 47,3% del cobre, el 41,4% de la plata, el 29% del hierro, el 27% de la bauxita, el 22% del zinc, y el 16% del oro y el níquel que se consumen en el mundo (Sánchez Alvabera y Lardé, 2006). Sin embargo, nuestra región apenas consume una pequeña proporción de estos minerales, entre el 3 y el 6% del total mundial. Las desigualdades económicas y ecológicas que se manifiestan entre “países productores” y “países consumidores” resultan mucho más gravosas tratándose, como en este caso, de “recursos no renovables”. Y más, cuando tenemos en cuenta que, dado el proceso extractivo actual, lo que se va con las exportaciones mineras, no sólo son minerales, sino una gran cantidad de bienes y servicios ambientales; entre ellos, agua. En efecto, como ha sido analizado por varios autores para el caso del agua (Zimmer y Renault, 2003; Allan, 2003; Pengue, 2006), la exportación no implica sólo –y a veces, ni siquiera principalmente– la transacción (“económica”) de la sola mercancía objeto del comercio exterior, sino que implica también la transferencia (“ecológica”) una gran cantidad de bienes y servicios ambientales del país productor que –insumidos en el proceso productivo y, por tanto, incorporados en el “producto de exportación”–, son finalmente “consumidos” en el país de destino de tal exportación. 

En el caso de la megaminería metalífera a cielo abierto, los principales bienes y servicios ambientales que son objetos de transferencia ecológica, y, por tanto, de apropiación indirecta por parte de los países importadores de tales recursos, son el agua, la energía y la capacidad de sumidero.

En efecto, como ya se ha señalado, los procesos extractivos de la gran minería son intensivos en agua y energía, de modo tal que, por cada tonelada de mineral exportado, se exportan también varias toneladas de agua y KWh de energía insumidas en el proceso extractivo. A modo ilustrativo, en base a las estimaciones realizadas por Borregaard (2001) y Cuenca Berger (2005) para el caso chileno, cabe tener presente que cada tonelada de cobre exportada por Chile en los últimos años han insumido también 40 m³ de agua, 3 MWh de energía y la “generación” de 28 toneladas de relaves tóxicos. Tomando en cuenta la tabla de insumo/producto del primer megaemprendimiento minero en la Argentina, el de Minera Alumbrera, que indica que ésta extrae anualmente 180 mil toneladas de concentrado de cobre, para lo cual ‘procesa’ 480 mil toneladas de material rocoso por día, empleando 105.600 kg de explosivos (ANFO) diarios, 100 millones de litros de agua diarios, 92.500 litros de combustible diesel por día y 764,44 GWh de electricidad anuales, tenemos que cada tonelada de concentrado de cobre exportado por Alumbrera ‘le cuesta’ al territorio argentino 203 mil litros de agua, 4,25 MWh de energía eléctrica, 973 toneladas de estériles tóxicos a perpetuidad, y 188 litros de combustible aproximadamente (Machado Aráoz, 2009).

Sumado a ello, hay que contabilizar también la ‘capacidad atmosférica’ para absorber las 1562,2 toneladas de gases nitrosos que anualmente son liberadas a consecuencia de las voladuras (Vélez, 2008).  Dada la taxativa e ineludible finitud del “mundo natural” –más allá de la miopía que al respecto tiene la economía centrada en el dinero y en la creencia quimérica del desarrollo tecnológico como superador de los “límites del crecimiento”–, los procesos de expropiación ecológica tienen profundas consecuencias económicas y políticas; implican inexorablemente que “lo que unos consumen” es “lo que a otros les es quitado”. El agua y la energía que consumen las mineras en los territorios de nuestra región, es agua y energía que es negada y expropiada a las propias poblaciones locales.

Respecto al agua, la ilustración del caso Minera Alumbrera es terminante: una sola empresa consume 100 millones de litros por día en una región árida y predominantemente agrícola, con un régimen de lluvias de entre 100 y 300 mm anuales. La extracción de agua de la minera ha dejado crecientemente a los pobladores de las localidades aledañas a la explotación (Santa María, Andalgalá y Belén) excluidos de su uso y privados de sus actividades económicas. No menos dramática es la situación en Chile, donde los emprendimientos mineros concentran los mayores niveles de consumo y justamente en las regiones donde más escasea este bien. De acuerdo a Larraín, en las regiones del Norte de Chile, donde sólo cuentan con una dotación de 500m3/habitante/año, “la minería a principios de la década consumía 3,5 millones de m3 de agua/año, lo que ha continuado en aumento, generando también severos impactos ambientales, tales como secamiento de humedales, salares, lagunas y caudales, deterioro de ecosistemas y biodiversidad, y desertificación. Ello afectando a las comunidades locales e indígenas, destruyendo su agricultura local, su ganadería y sus economías por despojo de sus aguas y contaminación, produciendo un aumento de la migración hacia las ciudades” (2007). En relación a la demanda de energía, nuevamente el “caso ejemplar” de Alumbrera es contundente: el emprendimiento consume anualmente 764,44 GWh cuando el total del consumo de los 300 mil habitantes de la provincia de Catamarca es de 450,16 GWh20. En relación al caso chileno, cabe señalar que el sector minero consume actualmente el 31% (16.422 GWh, 2006) de toda la energía que se genera en Chile; como indica Cuenca Berger “la presión que ejercen actividades fundamentalmente extractivas como la minería mantienen al país en una crisis energética y al borde del racionamiento” (2008: 125). La misma situación de este lado de la cordillera; las “crisis energéticas nacionales” que viven los países de la región son un resultado y un efecto de los procesos de expropiación ecológica en marcha. 

Ahora bien, sobre la base del análisis de la dimensión ecológica de la expropiación, salta a la vista la dimensión política de estos procesos neocoloniales. La literal lógica de la acumulación por desposesión indicada por Harvey adquiere, desde la perspectiva ecológica, toda su dimensión eminentemente eco-bio-política. En el contexto contemporáneo de extrema fragilidad ambiental –agravada por la continuidad de la voracidad consumista requerida y alentada para sostener la acumulación– los procesos de expropiación y apropiación ecológica resultan los medios de producción por excelencia de la dominación propiamente biopolítica: la expropiación de los territorios –como expropiación de los bienes y servicios comunes de la naturaleza (agua, suelo, aire, energía) que nos hacen cuerpos– es, lisa y llanamente, expropiación de los propios cuerpos. Cuerpos, que serán crecientemente racionados y excluidos de las cuotas de nutrientes biológicamente requeridas; crecientemente vedados de las dosis necesarias de agua; crecientemente expuestos a contextos insalubres, a factores y condiciones de contaminación y de riesgos ambientales mayores. En definitiva, serán cuerpos crecientemente expropiados de las condiciones socio-psico-físico-biológicas que hacen que tales materialidades sean tomadas y consideradas como “cuerpos-humanos”, “gente” (Scribano, 2007). Cuerpos higiénica e imperceptiblemente descartados y tempranamente “sacados fuera” de las batallas geopolíticas por la apropiación y distribución de los nutrientes que precisamente nos hacen cuerpos-sujetos. 

Desde esta perspectiva, los procesos expropiatorios neocoloniales iniciados con el brutal avasallamiento a los Derechos Humanos realizadas por las dictaduras militares de los setenta, se prolongan y profundizan en nuestros días, con la más radical mutilación de los Derechos Humanos, esta vez ya en la base ecológica de la reproducción de la vida, operando la degradación de la materialidad corporal que hacen a los “individuos” y a las “poblaciones”, corporalidades susceptibles de ser re-conocidas como “humanos”, como “legítimos portadores de derechos”. De tal modo, desde el punto de vista político, la lógica de la expropiación se materializa tanto a través de la degradación de los cuerpos de las poblaciones, cuanto a través del vaciamiento e inversión de la lógica formal de las instituciones democráticas de gobierno. En este sentido, la expropiación política tiene que ver, en su dimensión biopolítica, con la expropiación de los medios que nos hacen cuerpos: el agua, el aire, el suelo, en suma, el territorio. En su dimensión institucional, tiene que ver con la expropiación jurídica de esos cuerpos, lo que alude al des-conocimiento de esos cuerpos como portadores de derechos. 

El anverso colonial de la seguridad jurídica que los gobiernos ofrecen y garantizan “a sangre y fuego” a las inversiones del Capital, es precisamente, el despojo de los derechos de ciudadanía de las poblaciones que habitan los territorios intervenidos: despojo de sus derechos a la salud, pero también despojo a expresarse a decidir sobre sus propios territorios, y, en el extremo, despojo de los más elementales derechos civiles, en la medida que cualesquiera prácticas de resistencia ante las intervenciones del capital en sus territorios, los convierte en sujetos pasibles de las políticas de represión y criminalización. En este punto, la expropiación política tiene que ver con la configuración de una democracia colonial, en la que los gobiernos “representativos” asumen como propios los “planes de desarrollo” de los inversionistas; aún en contra de la voluntad de las poblaciones. 

A modo de conclusión 

La ecología política del boom minero, la “descubre” como efecto de poder de la geopolítica del neoliberalismo. La complejidad de los nuevos dispositivos expropiatorios y de las nuevas modalidades de producción de las desigualdades implicadas en la dinámica neocolonial del capitalismo global, usualmente “pasan desapercibidas” por la mirada colonial de los propios gobernantes locales y aún, por los usuales detentadores del “saber”. Unos y otros, empecinados en la quimérica “misión colonial” de “ser como las grandes potencias”, continúan, casi ciegamente, la fantasía neodesarrollista del modelo primario exportador instaurado en los noventa. Los índices macroeconómicos de expansión del “producto”, de las exportaciones, y de la parcial y relativa reversión del deterioro social de las décadas pasadas, los torna “insensibles” a las nuevas lógicas del saqueo. 

Frente a ellos, la magnitud y diversidad de voces en resistencia que a lo largo y a lo ancho de Nuestra América ha despertado la voracidad devastadora del capital, constituyen expresiones de subjetividades “otras”, de sensibilidades decoloniales que sienten en sus propias territorialidades-corporalidades el dolor de la expropiación. Expresiones de las nuevas contradicciones de la acumulación contemporánea, los movimientos socio-territoriales de América Latina expresan el resurgimiento de las resistencias históricas hoy recreadas y resignificadas en torno a las sensibilidades del ecologismo popular (Martínez Alier, 2004). Al tomar “en serio” sus gritos de resistencia, es posible aproximarnos a una mejor comprensión de los dispositivos contemporáneos de la expropiación. Estos movimientos hacen que, estos territorios, objetos de saqueo, sean, paradójicamente también, territorios de esperanzas, alumbradores de “otros mundos posibles” ". Leer

Sin embargo, el encuentro y hermanamiento de todos los de abajo es difícil por:

 

۞ El Discurso de la “Minería Responsable y el Desarrollo Sustentable”

Notas locales para deconstruir políticas que nos hablan en una lengua global

Por Mirta Antonelli

17/05/2009 por ramonnavarro

 

 “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y

para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras;

y tienen el deber de preservarlo.” Art. 41 de la Constitución Argentina

Las denominaciones “Minería Responsable” y “Desarrollo Sustentable”, como se las encuentra en las páginas institucionales de las empresas auríferas y en discursos gubernamentales, entre varios otros, funcionan como reaseguros a priori para enmarcar la economía extractiva transnacional mediante la evocación del principio jurídico de responsabilidad ante terceros -compromiso de no daño-  y, a la vez,  la postulada naturaleza filantrópica del empresariado sensible a las necesidades y deseos de la sociedad y las comunidades bajo explotación.

En una elíptica y estratégica cópula, esta minería y el desarrollo que invoca se inscriben de lleno en un discurso políticamente correcto de “derechos humanos” que se sostiene y circula en alianza entre empresas del sector, organismos financieros, comisiones internacionales de diseños de políticas económicas y culturales, tanto regionales como nacionales, redes de consultores, asesores, fundaciones y otras ongs., difusores, comunicadores y agencias de investigación, innovación y transferencia tecnológica.

A manera de sordina y de ceguera, este macro discurso y la lengua que inventa, ha buscado “naturalizarse”, como si fuera una lengua preexistente, pero en rigor, podemos localizar su emergencia desde fines de los 90, y su puesta en circulación desde el año 2002, con informes producidos en el marco de “talleres” promovidos por nueve de las mayores empresas mineras del mundo, las que se proponen instituir condiciones de aceptabilidad para la institucionalización de la megaminería.

Bajo la Iniciativa Global para la Minería (GMI) y a través del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo (WBCSD), las empresas encargaron al Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED),  el Programa Mining, Minerals & Sustainable Development (MMSD) llamado a producir “un cambio cultural” respecto a la minería a gran escala, para ser concebida como factor del desarrollo sustentable. A manera indicativa, para ponderar el peso y el poder de los actores convocantes, diremos que el Grupo de Patrocinadores estuvo conformado por compañías mineras, entre ellas, las mayores auríferas del mundo, como la canadiense Barrick, Anglo American, Río Tinto, MIM Holdings, Newmont, etc., organizaciones internacionales de financiamiento, como el Grupo del Banco Mundial, los gobiernos de Canadá, Reino Unido y Australia, países de origen de los capitales de numerosas mineras,  la Fundación Rockefeller, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), entre otros. Las tres primeras auríferas nombradas operan en Argentina: Barrick, además del Proyecto Veladero en funcionamiento, en San Juan, ha sido autorizada a realizar Pascua-Lama, el único y más que denunciado proyecto binacional del mundo,  por el cual Chile y Argentina han cedido soberanía y territorio a la transnacional canadiense; Río Tinto, en la Patagonia y Anglo Gold Ashanti, en Cerro Vanguardia, Santa Cruz, una de las primeras provincias en autorizar esta mega minería junto con Catamarca, en la década de los 90.

En los límites de estas notas, sólo referiré que en el trabajo de construcción de un lenguaje común, la “minería responsable” se inscribe como un lugar vacío para ser llenado en el futuro, gracias al promisorio avance de investigaciones para reducir daños – y costos- y la adopción de instrumentos y medidas de gestión pública que promuevan la licencia social para operar de las empresas, estableciendo una causalidad por la cual el conflicto antiminería produce la parálisis del desarrollo que se busca, aunque no se lo defina. Basta pensar en las irreconciliables concepciones de desarrollo que sostienen distintas teorías económicas para advertir que el significado y el valor del término será definido por los actores con mayor fuerza en estos escenarios que simulan ser conversaciones horizontales y diálogos entre iguales, en la irreductible asimetría y diversidad de intereses entre, por ejemplo, empresarios de la mega minería transnacional, mineros artesanales y “native communities” .

En esta meta de evitación y resolución de conflictos, tanto en su informe final, presentado en 2002, como en sus informes parciales, los impactos de esta minería a cielo abierto y por lixiviación con sustancias tóxicas, son redenominados por el MMSD, como “desafíos” de la industria minera, admitiendo los daños que conlleva. En algunos borradores, se explicita que los daños son innegables, pero que también producen daños otras actividades, como la agropecuaria y la forestal, de modo que su carácter lesivo manifiesto no es obstáculo para seguir sosteniendo y extendiendo la actividad minera.

Mientras se llevan adelante los talleres, el trabajo del MMSD señala la “feliz” coincidencia de otras iniciativas simultáneas que cooperarán en definir, cargar de contenido la “responsabilidad”, e inventar parámetros para medirla. Ejemplo de ello era entonces el establecimiento de un Código Internacional para el Manejo de Cianuro (CMC), investigación también encargada y pagada por las empresas mineras, los fabricantes y los transportadores de cianuro.  Tres años después, el código de uso “voluntario”, serviría de reaseguro y motivo de premiación para la responsabilidad ambiental de las empresas adoptantes. Entre los auditores “independientes” llamados a monitorear las buenas prácticas empresariales derivadas del código, una se encuentra con consultores que, a la vez, venden a las mineras servicios de consultoría para manejos de suelo, usos de agua, instalaciones de piletas de lixiviación, etc., es decir, quienes son contratados para auditar, son empresarios del “sector”, según la generosa extensión que el MMSD le dio a este término en sus marcos prácticos.  
La apelación al futuro de una minería responsable a lograr en un proceso abierto al porvenir, resulta parte integral de las estrategias de los informes y su aceptación a diversos niveles, como también de las páginas institucionales de las empresas auríferas. La futura “minería responsable”, que no puede negar los impactos y daños, es la “idea-fuerza” (sic) explícita de una meta para años venideros. Así, el presente se configura como “transición para el desarrollo sustentable”, y los asesores del grupo que condujera el MMSD sostienen que aceptar los desafíos demanda un “cambio cultural” (sic) respecto a la actividad, tercera postura argumentativa explícita con la que se pretende superar, mediante acciones persuasivas, la dicotomía entre los intereses ilimitados de las empresas y el rechazo de comunidades y “conservacionistas”, denominación esta última que en sí misma desacredita a los numerosos actores de distinta filiación institucional quienes, en nombre de los impactos ya comprobados y saberes técnico-científicos y jurídicos especializados, formulan objeciones a y obstáculos para esta actividad. Mientras, logrado o no el “cambio cultural”, se explotaban y se explotan los recursos en los países que, como Argentina, Chile y Perú ya habían modificado sus legislaciones en beneficio de las empresas. Leer

 ۞ El Sueño Minero: Un Análisis de la Narrativa Utópica del Desarrollo

Por Facundo Boccardi, Silvina Goivannini, Mauro Orellana y Dolores Rocchieti.
Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFFyH)

Universidad Nacional de Córdoba – Argentina

17/05/2009 por ramonnavarro

(...)El dispositivo de construcción de consenso para la implementación de la minería a cielo abierto en la Argentina surge en la década del ´90 con el gobierno de Carlos Menem y las políticas neoliberales del momento, pero a partir del 2004, con el gobierno de Néstor Kirchner, se acentúa su papel fundamental en la construcción de las condiciones económicas, legales y sociales de posibilidad.
Entre las prácticas no discursivas que conforman este dispositivo, consideramos algunos nombramientos políticos (como el de Romina Picolotti como Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación), eventos de promoción de la minería7, actos políticos8, etc. Si bien estos elementos, constitutivos del dispositivo, son abordados en el artículo, nuestro propósito es indagar con profundidad las prácticas discursivas. Para ello, formulamos la noción de narrativa utópica del desarrollo, que nos permite aglutinar diferentes tipos de discursos (empresarial, político, institucional, etc.) funcionales en este dispositivo.

La noción de narrativa como categoría analítica, si bien proviene estrictamente del análisis estructural del relato, es actualmente utilizada en una extensa zona de las ciencias sociales y humanas. En la presente investigación, la pensamos, desde una perspectiva sociodiscursiva, como una configuración estructural que posibilita la cohesión imaginaria de la experiencia temporal de los actores. Esto significa que la narrativa se articula como una cadena imaginaria que eslabona la reapropiación simbólica del pasado y la proyección del futuro.

Tal noción de narrativa se asienta sobre una concepción de la experiencia temporal deudora de las categorías espacio de experiencia y horizonte de expectativa planteadas por Koselleck. Con el término espacio de experiencia, el autor refiere al presente entendido como un espacio constituido por la apropiación simbólica de acontecimientos pasados; es decir: un pasado presente. Vinculado a ello, el término horizonte de expectativas es pensado como un futuro hecho presente que apunta a lo aún no experimentado (Koselleck, 1993: 10-30). En esta perspectiva, tanto la articulación de las expectativas dirigidas hacia el futuro como las interpretaciones del pasado se influencian dándose mutuamente nuevos significados.

De acuerdo con este planteo, pensamos la noción de narrativa como el modo de entramar esos significados cohesionándolos y configurando una determinada estructura de sentido. Consideramos que la narrativa utópica del desarrollo atraviesa los discursos del dispositivo pro-minería articulando pasado, presente y futuro en una trama de sentidos que permite sostener la explotación minera como una necesidad imperante para el desarrollo de la Nación. Por esta razón, uno de los objetivos de este artículo consiste en describir el funcionamiento de esta narrativa indagando quiénes son sus enunciadores, cómo significan el pasado y el futuro, desde qué lugares hablan y qué campo de efectos se abre a partir de esta narrativa.

El trabajo aborda puntualmente el discurso hegemónico a favor de la minería realizando el siguiente recorte: En primer lugar, se analiza la problemática a nivel nacional teniendo en cuenta discursos de Néstor Kirchner; de Jorge Mayoral, Secretario de Minería de La Nación y de Martín Dedeu, expresidente de CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros). En segundo lugar, nos centramos en el caso de San Juan recuperando una serie de discursos pronunciados por el gobernador José Luis Gioja en relación a la actividad minera en la provincia. Por último, se analizan las páginas Web institucionales de Bajo La Alumbrera Ltd. -una de las empresas mineras de mayor antigüedad, que inició sus actividades en la década del ´90- y Barrick Gold Corp. –una de las empresas de mayor envergadura a nivel mundial, que ingresó en Argentina en el 2001-.

Nuestro propósito aquí no es abordar el “discurso del no”9, pero consideramos pertinente su mención ya que se trata de una manera otra de proyectar el futuro, otra configuración de “mundo posible”. En la actualidad, el discurso prominería y el “discurso del no” se manifiestan en una tensión asimétrica por la cual éste queda invisibilizado por aquél. En este sentido, consideramos que determinados regímenes de visibilidad/invisibilidad obturan y controlan la aparición y visibilización del “discurso del no a la mina” ubicando a la utopía del desarrollo, en la escena pública, como único mundo posible.

Minería: La utopía nacional

El conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de dos pasteras sobre el río Uruguay representa un acontecimiento mediático que ubica al agua, en tanto bien común amenazado, en el centro de la escena pública y a los asambleístas como portavoces del sintagma “No a las papeleras”. Sin embargo, si bien los medios instalaron el conflicto en la “actualidad” en tanto que noticia, generaron la regionalización/ localización de los problemas ambientales y una consecuente invisibilización de otros conflictos como el de la minería transnacional a cielo abierto que avanza a lo largo de las provincias argentinas desde la década del ´90 profundizándose a partir del 2004 con el lanzamiento del Plan Minero Nacional.

El 23 de enero del 2004 el presidente Néstor Kirchner, en su discurso de presentación de dicho Plan, postula a la minería como política de Estado y se manifiesta a favor de impulsar la “minería sustentable” que comenzó a crecer con las leyes mineras de los ’90. Desde nuestra perspectiva, este rescate de una de las actividades productivas más contaminantes y beneficiadas económicamente, resulta considerable si lo ponemos en relación con toda una manera de significar el pasado como la “crisis” que en el presente se pretende superar.

Ese pasado que muchos de los portavoces del discurso hegemónico sobre la minería definen como “la crisis que nos tocó vivir” se refiere al neoliberalismo implementado desde la década del ´90 por Carlos Menem. Esta apropiación simbólica del pasado constituye una estrategia de diferenciación entre un tiempo pasado y un presente superador de la crisis. Es, también, una estrategia de autolegitimación del gobierno actual pero, a la vez, se contradice con la siguiente afirmación de Kirchner: “el sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del ´90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente.” Es decir, si bien se critica el pasado en el que se creó este marco jurídico, las condiciones jurídicas de posibilidad de este tipo de minería siguen siendo las mismas que las de los ´90.

Como decíamos, en el discurso que analizamos, la minería es entendida como un factor de concreción de la utopía del desarrollo y el Estado se compromete, en el 2004, a apoyar al sector: “El sector minero puede ayudar muchísimo para el desarrollo argentino, para el crecimiento productivo, del empleo, de las exportaciones, para el ingreso de divisas. Así que nosotros desde el Gobierno Nacional vamos a jugar fuertemente a apoyar al sector.”

Para este gobierno, la minería constituye un factor de desarrollo sustentable, una actividad perfecta de la que no hay necesidad de debatir14, en el 2004 el Presidente pretendía “(…) que la gente perciba que la minería trae progreso, trabajo, mejoramiento en la calidad de vida y que tiene que ver con el desarrollo económico y el crecimiento de la región donde se están desarrollando este tipo de inversiones.”

En la actualidad asistimos, como ya dijimos, a una nueva etapa de relaciones entre el capital y el Estado, a un dislocamiento entre lo público y lo privado que hace posible que el Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, sea: (…) un ingeniero minero sanjuanino que llegó a la función pública en 2002, posea el 30 % de la firma Micas Argentina S.R.L., el 15 % de Millstone S.A. y el 25 % de Minvail S.A. (dedicadas a la explotación de canteras y a la explotación minera).

Un dislocamiento que, además, permite que existan leyes estatales que legislan lo público según los requerimientos del capital privado. Nos remitimos a alguno de los discursos de Mayoral, en tanto que funcionario del Estado, para considerar cómo se borran las fronteras entre lo público y lo privado y cómo se ubica a lo privado como posibilitador/garante del desarrollo público. En el cierre de ARMINERA 2007 (VI Exposición Internacional de Minería, realizada el 2, 3 y 4 de Mayo en Buenos Aires, organizada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros), Mayoral se dirigió hacia los empresarios del sector de la siguiente manera:"Son ustedes, son los proyectos, los operadores y los prestadores de servicios, los que generan más de 37 mil empleos directos por estos tiempos en la Argentina, y los que generan más de 165 mil empleos indirectos un verdadero pico histórico jamás conocido que pone a la minería en el contexto nacional como un sector muy activo en la construcción de un país más justo".

De esta forma, el representante del Estado en la cuestión minera elogia y destaca la responsabilidad de las empresas en el crecimiento económico del país, pero a su vez, el elogio se traslada hacia su propia persona por ser parte él mismo de ese sector empresario.Incluso, Mayoral realiza una proyección imaginaria del futuro desde un presente en el que “estamos entre todos construyendo efectivamente la minería de la Argentina de las próximas cinco décadas, concebimos el escenario actual sólo como la punta de un iceberg que aún muchos no imaginan.”

La utopía, en este sentido, se vincula con el crecimiento de un sector que promueve la inversión en el territorio nacional -previamente a la elección del nuevo Presidente, el Secretario de Minería adelantó a la prensa que hasta fines del 2008, tras nuevos beneficios fiscales para la minería, el sector invertirá unos US$ 8000 millones entre los cuales se destacan las inversiones de “Pascua Lama (San Juan) por 1500 millones de dólares; Potasio Río Colorado (Mendoza) por 2100 millones; Pachón (San Juan), 1500 millones, y Agua Rica (Catamarca), por 2055 millones de dólares”.

El desarrollo se configura como narrativa utópica desde rituales con gran poder performativo por ser los enunciadores los mismos representantes del pueblo argentino. Sus discursos presentan acentuaciones sobre un léxico referido a lo productivo y al crecimiento.
“Desarrollo sustentable” es sinónimo de “trabajo”, “inversión”, “producción”, “exportación”, “mejoramiento en la calidad de vida”.

Si nos detenemos en las voces del sector privado, de los empresarios mineros que llevan a cabo proyectos de minería aurífera en Argentina, nos encontramos con la misma narrativa utópica, por lo que afirmamos que hay una continuidad entre la voz del Estado y la del sector minero. Martín Dedeu, el ex presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)20, ve a la minería como la madre de las industrias, un “sector estratégico para el desarrollo de todo el potencial productivo e industrial del que depende la economía argentina.” Para este empresario, la unión entre proveedores, trabajadores y empresas es indispensable para “triunfar para darle al país un mejor futuro”.

Ahora bien, nos preguntamos: ¿de qué hablamos cuando hablamos de “desarrollo sustentable”, de “minería responsable” y de “responsabilidad empresarial, social y ambiental”? Si observamos la narrativa escatológica que disputa con la utópica la configuración de mundos posibles, “las voces del no a la minería” (y las de la nueva consigna más abarcadora “contra el saqueo y la contaminación”) despliegan un saber que no circula masiva y mediáticamente, un saber que moviliza otro tipo de pasión y ya no se trata de la esperanza que despierta la utopía, necesaria para la obtención de la licencia social para operar, sino del miedo como pasión que se desprende de la amenaza de la vida por el uso de cianuro, por la posesión del agua, por la contaminación ambiental en general y por el monopolio de la producción y el desplazamiento de las otras actividades productivas del país.

De esta manera, “desarrollo sustentable” se transforma en un sintagma vacío que implica una proyección imaginaria del tiempo del tipo: “las empresas vienen, explotan la montaña, se llevan metales valiosos, no dejan regalías ni trabajo, sólo contaminación”, siendo este tipo de enunciados los que son obturados por el despliegue de la narrativa utópica.

Si bien el Estado Argentino se ha posicionado como el legítimo defensor del medio ambiente, tras el conflicto por las papeleras, nuestro Presidente se considera a sí mismo “un defensor de la minería”. Por esto mismo, consideramos que las diferentes estrategias políticas desplegadas por el Poder Ejecutivo en los últimos años, tales como la incorporación de Romina Picolotti (la abogada de los asambleístas de Gualeguaychú) en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y la instalación de un monolingüismo (Bajtin, 1989: 88; 2006:95)) sobre la defensa del medio ambiente que elimina/anula el plurilingüismo sobre los conflictos ambientales, contribuyen a obturar las posibilidades de enunciación/visibilización de la narrativa escatológica.

San Juan: “La quimera del oro”

Desde la asunción de José Luis Gioja, en diciembre del 2003, como gobernador de San Juan, esta provincia se convierte en un caso testigo ya que es posible advertir allí una saturación de discursos tendiente a instalar el monolingüismo en relación a la sustentabilidad de la minería a gran escala.

“La Segunda Reconstrucción de San Juan” fue el nombre que recibió la plataforma de gobierno de Gioja, plan estratégico basado en la “promoción y reactivación” de diversos sectores productivos (Agroindustria, Ganadería, Turismo) donde la denominada “Nueva minería” ocupa un lugar central. Esta consigna estableció un hito a partir del cual ha comenzado a operar el mito de refundación de la provincia, que tiene asegurada su vigencia luego de ser reelecto Gioja en agosto del 2007. “En ese programa, dijimos que uno de los pilares del desarrollo, del crecimiento sustentable de la provincia, tenía que ser el desarrollo minero”.

El compromiso que el gobierno asume con la sociedad sanjuanina supone una dimensión pragmática, la promesa de un poder-hacer que contribuye a legitimar al enunciador inscribiéndolo en el pivote presente-futuro; el presente de “la transformación histórica” en vías hacia un “futuro venturoso”. “(…) hacer minería significa desarrollarnos, para que juntos reflexionemos que la riqueza guardada no sirve, que tenemos que transformarla en progreso para nuestra gente, en posibilidades de realización para los sanjuaninos”. La concepción de la minería como principal operadora del progreso viene impulsada mediante un glosario que coloca positivamente a la actividad extractiva en esta nueva etapa de la Argentina donde retorna con fuerza hegemónica el mito del desarrollo como superador de la crisis 2001-2002. Al mismo tiempo, se busca suscitar la esperanza colectiva como relevo de la indignación y escepticismo -experimentados durante el estallido social- conjurando, así, la necesaria aceptabilidad y legitimidad de la megaminería.

Este vocabulario específico (“desarrollo sustentable”, “responsabilidad corporativa”) –que, como veremos, viene instituido desde la esfera privada- elude toda polémica en torno a los riesgos de contaminación que implica la explotación minera a cielo abierto. Postula así un imposible: “la coexistencia armónica” de diversas actividades económicas; una supuesta compatibilidad y complementariedad que reside en un simple fundamento retórico: el tipo de minería impulsado por el gobierno responde “en todas sus formas al concepto de un desarrollo minero ambiental y socialmente sostenible, sustentable y responsable”. Esta política de nominación que rehúye mencionar y problematizar el potencial impacto ambiental contribuye a legitimar los métodos extractivos de la “Nueva minería” que son, en realidad, repudiados y denunciados en canales alternativos de difusión no sólo por diversas agrupaciones ambientalistas sino también por un amplio sector de trabajadores del resto de las áreas productivas de la provincia y por los vecinos de las comunidades que se ven afectadas por estos proyectos.

En relación a esto, debemos mencionar que en San Juan se experimenta un avance de la “criminalización de la protesta”, en términos de Svampa, luego de sancionarse, de manera unánime, la ley 7.819 que pena cualquier manifestación pública en oposición a la política oficial. Esta homologación de la protesta social al delito -instituida con fuerza de ley- sumada a la construcción de un aparato discursivo estratégico -tendiente a prever y modular la emergencia de voces divergentes- dan cuenta de una profundización de las formas de control social en las sociedades contemporáneas que buscan capturar el acontecimiento, la diferencia, el devenir.

Por otro lado, en los discursos de Gioja, San Juan es construida como una provincia “predestinada” para la minería por su realidad geográfica:"Tenemos nuestras montañas que cubren más de un 80% de la superficie de la provincia, entonces no podemos dejar de decir que nuestro desarrollo, las oportunidades de realización de muchos sanjuaninos van atadas de la mano de la actividad minera".

El gobernador coloca a la “Naturaleza” como fuente de legitimación de la decisión de convertir a San Juan en provincia minera, decisión política que no responde a un mero dato de la realidad sino que está subordinada a las reglas de juego determinadas por el capital. En esta apelación constante a la naturaleza como dadora de oportunidades para el crecimiento económico jamás se indica que los métodos utilizados en la actividad extractiva actual implican una alteración radical del paisaje cuyano (además de la irreversible contaminación y el uso indiscriminado de agua y energía subsidiadas).

El gobierno provincial se convierte, así, en un agente activo (socio y cómplice) en esta nueva etapa de explotación de minerales ya que garantiza al sector privado condiciones ideales para la inversión:"Desde esta visión institucionalizamos (…) la libertad de acceder sin ningún tipo de trabas burocráticas a la prospección y exploración que han permitido ir identificando nuestro potencial geológico, avanzando en todos aquellos aspectos legales que no generarán una discriminación entre un inversionista nacional y extranjero".

En este sentido hablamos de Estados tecnocráticos o técnico-administrativos cuyo fin es responder a las exigencias de un mercado fluctuante, razón por la cual su eficacia se mide, exclusivamente, en términos de gestión y administración.

En el marco de esta apertura y ofrecimiento de la provincia a los inversores extranjeros, hay una construcción filantrópica del empresariado:"(…) el primer paso de este camino nuevo es la certeza de estar dando el ejemplo para que otras empresas de nivel mundial, como hoy Barrick, vengan a San Juan para ayudarnos a que la riqueza escondida bajo la tierra se transforme en oportunidades para quienes vivimos sobre ella".

Esta benevolente caracterización del sector privado resulta absurda si la comparamos con el “Código minero”, garante de un saqueo sin precedentes ya que establece, entre otras cosas, que el Estado se encuentra inhabilitado para realizar tareas de exploración y explotación en el territorio nacional. Esta autoinhibición del Estado para disponer de sus propios recursos naturales se corresponde con la idea de Lewkowicz del Estado atravesado por los poderes destituyentes del capital.

Observamos, a su vez, la ausencia de cualquier mención a la década de los ´90 donde precisamente se encuentran las condiciones de posibilidad jurídicas para que las empresas lleven a cabo proyectos mineros de carácter transnacional en Argentina. Gioja expresa: “Tenemos leyes, reglamentaciones, un marco jurídico del que tengo el orgullo de haber participado en su realización está vigente en la Argentina”.

Estas deliberadas omisiones confirman la pérdida de eficacia histórica del paradigma neoliberal que caracterizó la década anterior; pero, al mismo tiempo, constatan la permanencia de sus políticas, leyes, efectos, revalidados en el discurso de Gioja cuando hace referencia al “Marco legal de la Estabilidad Jurídica”. El enunciador Gioja sí enfatiza que ese “Marco legal” se articula con el Plan Minero Argentino como política de Estado nacional y provincial irrenunciable, consolidándose, en la voz del enunciador, la narrativa utópica del desarrollo:”A cuatro o cinco años de aquella crisis hoy hay otra Argentina (…) Una Argentina que está creciendo y dentro de esta Argentina está mi provincia que no quiere quedarse atrás”.

En esta etapa de refundación de la provincia, el Gobierno confecciona su propia genealogía mediante la cual establece una continuidad entre “el pasado glorioso” representado en la figura de Sarmiento -uno de los más importantes planificadores del proyecto moderno- y la actual gestión, que ha promovido y concretado la instalación de emprendimientos mineros de gran envergadura en la provincia. Gioja evoca y cita recurrentemente a este pro-hombre, también sanjuanino, en relación a quien se construye, autolegitimándose, como heredero de un proyecto de país:"Sarmiento ya lo decía cuando en su discurso pronunciado en la Asamblea Legislativa del 22 de junio de 1862 expresaba: -La naturaleza nos ofrece un nuevo camino por donde salir de este estancamiento y ese camino son las minas-qué simple!

(…) La puesta en producción de Veladero representa un hecho histórico para San Juan y para el País; se necesitaron 136 años para decir, comenzamos, por fin, comenzamos (…)".

Esta operación discursiva se presenta como una estrategia de legitimación de las prácticas mineras actuales llevadas a cabo por capitales extranjeros y apunta a soslayar las diferencias cualitativas entre los métodos extractivos43 que emplean las empresas transnacionales radicadas en el país y la minería que, antaño, impulsaba Sarmiento.

El sintagma “la segunda reconstrucción de San Juan” funciona como un condensador simbólico de la articulación del presente (como lugar de enunciación y, por consiguiente, de significación) con el pasado y con el futuro. Implica, entonces, un doble movimiento, por un lado, retrospectivo, hacia los albores de la patria, donde se gestaron los primeros mitos que vinculan a la minería con el progreso. Por otro lado, proyectivo, hacia el “futuro venturoso” que, según palabras de Gioja, le aguarda a la comunidad toda.

(…) queremos, en definitiva, hacer realidad dos grandes visiones: la que hace casi un siglo y medio tuviera Sarmiento y la visión actual de ese país federal, moderno y productivo que hoy el presidente Kirchner está construyendo día a día en la Argentina.

Esta utopía promesante vehiculiza la esperanza como única pasión colectiva válida ya que viene legitimada por el discurso hegemónico. Decimos, entonces, que la narrativa dominante del desarrollo actúa clausurando la posibilidad de emergencia de otros modos de decir, hacer y sentir, de otros mundos posibles en esta nueva etapa del Estado impactado por los poderes destituyentes del capital.

Usos de la utopía en el discurso empresarial
En este apartado, analizaremos el discurso de las mineras Barrick Gold Corporation45 y Bajo La Alumbrera Ltda.46, deteniéndonos particularmente en sus páginas Web, ya que podemos leer en esos espacios virtuales cómo se construyen las empresas como enunciadores en donde “hablan” sobre sí mismas, configurándose como empresas socialmente responsables, y en donde se “muestran” en su accionar interviniendo en las comunidades locales. El propósito es anudar al discurso político analizado hasta ahora el discurso empresarial para advertir cómo éste, desde su especificidad, refuerza la narrativa utópica después de la crisis del 2001. Leerc

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Al concluir "Una lucha a 'cielo abierto'..." María Julieta Lamberti se refiere a:

La lucha entre David y Goliat: Movimientos socio-ambientales y minería a cielo abierto 

En los conflictos ecológicos distributivos por la minería a cielo abierto, los movimientos socio-ambientales son actores centrales. La instalación de empresas mineras de tajo a cielo abierto no se convierte en un conflicto hasta que el mismo se hace público y son estos movimientos los primeros en visibilizarlos. Ahora bien, los movimientos socio-ambientales contra la minería a cielo abierto son conscientes de que en el campo de disputas, las relaciones de poder son asimétricas.

Las empresas mineras en colusión con los gobiernos se amparan en narrativas productivistas-desarrollistas legitimando un modelo minero que sigue colocando a los países ricos en posición de explotar recursos naturales no renovables, dentro de países menos desarrollados, destruyendo los ecosistemas y la biodiversidad, sumiendo a la pobreza a millones de personas que dependen de las tierras para subsistir.

Como advierten Svampa y Antonelli: […] el correlato del dispositivo hegemónico, puesto al servicio de un modelo de desarrollo, va desde el avasallamiento de los derechos de las poblaciones, la destrucción de patrimonios arqueológicos, la instalación de explotaciones en zonas protegidas, hasta las más diversas estrategias de disciplinamiento […] En este contexto, la megaminería a cielo abierto termina configurándose como una figura extrema, una suerte de modelo descarnado, en el cual las más crudas lógicas del saqueo económico y la depredación ambiental se combinan con escenarios regionales caracterizados por una gran asimetría de poderes, que parecen evocar la lucha desigual entre David y Goliat (2009: 20). 

Del otro lado, están las comunidades que se organizan para resistir el avasallamiento de las empresas mineras transnacionales proponiendo una reconfiguración de las relaciones sociedad-cultura-naturaleza que busca superar la visión mercantilizada de estas relaciones, impuesta por el sistema capitalista.

Sin embargo, es imposible negar que en relaciones de poder asimétricas las posibilidades de éxito de los movimientos socio-ambientales sean escasas, pero a partir de la creatividad y de la organización colectiva de las acciones es posible frenar estos emprendimientos tan destructivos social, económica y ambientalmente. El análisis de los marcos del Frente Amplio Opositor (FAO) nos ha permitido ampliar el concepto de conflicto ecológico distributivo más allá de la distribución inequitativa del uso que hacen las personas de los recursos o servicios ambientales. Si bien es cierto que en el caso estudiado existe un conflicto por la desigualdad y/o asimetría en el uso de los bienes comunes en Cerro de San Pedro, el estudio de los marcos interpretativos nos mostró que la disputa es por algo más; involucrando la disputa por diferentes formas de vida, diferentes narrativas del desarrollo de la comunidad, y en definitiva diferentes formas de pensarse en el entorno y con el entorno natural.

En estos conflictos ecológicos distributivos la disputa no es meramente por la propiedad de un recurso, se enfrentan cosmovisiones, lenguajes de valoración y formas de vida. Por un lado, la empresa y su lógica de mercantilización de la vida, la cultura y la naturaleza disfrazada de responsabilidad social y desarrollo local. Por el otro, las comunidades que hablan desde su “lugar” de los bienes comunes, del sentimiento de pertenencia, y de la defensa de la memoria histórica. En este tipo de conflictos, pensar en perspectivas mediadoras, conservacionistas, o eco-eficientistas resulta engañoso.

Es cierto que con la creación de reservas naturales (como ocurrió en Cotacachi Ecuador) o con la imposición a las empresas de eco tasas y normas de protección ambientales claras y exigentes se puede frenar en cierto sentido la destrucción que provocan las empresas mineras de tajo a cielo abierto. Sin embargo, el sistema económico capitalista es en sí mismo insustentable, con las pautas de consumo y producción actuales es imposible evitar una crisis energética, ecológica y climática, por lo que el capitalismo limpio o sustentable no es más que una ilusión. En este sentido, las visiones eco-eficientistas y conservacionistas no hacen más que diluir la idea de que ciertos antagonismos como en el caso estudiado son en cierto punto irreconciliables, porque enfrentan modelos económicos, proyectos de sociedad, en definitiva modos de vida diferentes y en la mayoría de los casos opuestos.

Son dos alternativas, son dos sistemas económicos diferentes, el capitalismo neoliberal con su modelo extractivo exportador y una alternativa no capitalista, comunitaria, centrada en la gestión y gobernanza democrática de los territorios donde no exista otra soberanía sobre los mismos que la de sus propios habitantes. Se convierte, por lo tanto, en un imperativo para los académicos críticos en conjunto con los movimientos socio-ambientales comenzar a pensar en esta alternativa no capitalista como sistema de producción que tenga en cuenta la racionalidad ambiental, respete las diferentes formas de vida y producción de los pueblos y habitantes originarios de los lugares y tienda a la consecución del objetivo del “vivir bien”. Leer