Avance del acaparamiento que es posible por
naturalización e imposición de la conciliación de clases.
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| Ministro y grandes empresarios contentos por fijación del salario mínimo |
Sus ganancias formidables por salarios de pobreza, se refuerzan con la inflación. Analicemos:
Acuerdos de precios y lucha contra la inflación
La escalada de precios afecta el poder adquisitivo de la moneda, perjudicando a
los sectores de ingresos fijos, entre ellos, aquellos que se encuentran en las
escalas más bajas.
Puede mencionarse a la gran masa de jubilados, que sólo considerando los 6 millones de pasivos del sistema nacional, 2/3 de ellos perciben la mínima, menos del 50% de la canasta necesaria para una vida digna.
Ni hablar del 35% de trabajadores no regularizados, que adicionan al problema de la capacidad de consumo deteriorada por bajos salarios, la ausencia de seguridad social y laboral.
Interesa el tema inflacionario también a los trabajadores regularizados, ya que las patronales y el gobierno apuntan a concretar ajustes salariales en torno al 20% en el proceso de paritarias en curso.
El problema es que los precios aumentan cotidianamente, mientras que la actualización salarial, si existe, procede al momento del acuerdo paritario para ir deteriorándose con el tiempo.
Los ajustes de salarios en las convenciones colectivas son apenas un correctivo de lo perdido en el periodo anterior y ante la inflación diaria el deterioro de la capacidad de compra del salario es una constante, por eso se intentan estos congelamientos, que abarcan una parte de la canasta de consumo habitual de la población.
Insistamos, la inflación afecta a quienes perciben ingresos fijos, es decir, a la mayoría de la población. Ello implica, contrario sensu, una minoría no afectada por la aceleración de los precios. Esa población vive de rentas o de ganancias, derivados de emprendimientos o inversiones, en el área de la producción, los servicios, las finanzas, o la especulación.
Con lo cual, la mayoría de la población, unos 2/3 del total no tiene defensa ante la inflación, salvo la administración de la penuria o la escases en función de los ingresos de cada quién. La minoría enriquecida no define su gasto en función del alza de los precios. No se frena el gasto tradicional, ni el suntuario, de un tercio de la población. Este sector, minoritario, pero numeroso, unos 13 millones de personas, que pueblan los lugares turísticos en vacaciones o feriados largos (que ahora abundan en la Argentina), son el principal beneficiario del mecanismo redistributivo que supone el fenómeno de la inflación.
Se pretende señalar que no todos pierden con la inflación, al contrario, la inflación es un mecanismo redistributivo del ingreso y la riqueza socialmente creada. Es como lo hemos sostenida varias veces, un mecanismo de poder.
¿Puede la política económica frenar la inflación?
Convengamos que no es sencillo, especialmente por ser una cuestión de poder. ¿Los acuerdos de congelamiento sirven? Solo por el tiempo de vigencia del acuerdo, siendo una gran incógnita el día después, salvo nuevos y seguidos acuerdos, que como expresa el “congelamiento”, suspenden la discusión por el tema de fondo, que es el alza de precios como mecanismo de defensa de la ganancia empresaria.
Para resolver el tema de la inflación se necesita confrontar con el poder, con los fijadores de precios. Es una decisión política que va más allá de cualquier acuerdo de precios, una estrategia ya utilizada por la actual gestión y otras administraciones nacionales, no siempre con éxito.
Para tener éxito en el control de los precios y la inflación se requiere la participación popular consciente, especialmente de los trabajadores sobre el sector con capacidad de elevar precios en el mercado, en general, los sectores económicos de mayor concentración del capital.
Ese protagonismo social es parte de la tarea de constituir un sujeto popular muy amplio que intervenga en el control de precios donde éstos se forman. Ello supone capacidad de los trabajadores para intervenir en el establecimiento de los costos y los precios, lo que implica acceso a los registros contables y a los mecanismos de la producción, el financiamiento y la comercialización de los bienes y servicios. Es algo que seguramente no aceptará el sector empresario, acostumbrado como viene a una lógica de impunidad ante el debilitamiento sindical y político de los trabajadores.
Esto que proponemos nunca se aplicó en la Argentina, siempre se confió en acuerdos de cúpulas empresarias y gobiernos, o buena voluntad de los propietarios de empresas. En la práctica, la supervisión de esos acuerdos queda en manos de los propios actores o de una debilitada burocracia estatal, con escasa o nula capacidad para hacer efectiva la medida.
Al mismo tiempo se requiere modificar el régimen tributario y en lugar de asentar la recaudación en el IVA, reorientar la captura de fondos para el fisco sobre la base del impuesto a las ganancias, eliminando exenciones (a los jueces, por ejemplo) y gravando las rentas derivadas de las actividades bursátiles y financieras.
Puede mencionarse a la gran masa de jubilados, que sólo considerando los 6 millones de pasivos del sistema nacional, 2/3 de ellos perciben la mínima, menos del 50% de la canasta necesaria para una vida digna.
Ni hablar del 35% de trabajadores no regularizados, que adicionan al problema de la capacidad de consumo deteriorada por bajos salarios, la ausencia de seguridad social y laboral.
Interesa el tema inflacionario también a los trabajadores regularizados, ya que las patronales y el gobierno apuntan a concretar ajustes salariales en torno al 20% en el proceso de paritarias en curso.
El problema es que los precios aumentan cotidianamente, mientras que la actualización salarial, si existe, procede al momento del acuerdo paritario para ir deteriorándose con el tiempo.
Los ajustes de salarios en las convenciones colectivas son apenas un correctivo de lo perdido en el periodo anterior y ante la inflación diaria el deterioro de la capacidad de compra del salario es una constante, por eso se intentan estos congelamientos, que abarcan una parte de la canasta de consumo habitual de la población.
Insistamos, la inflación afecta a quienes perciben ingresos fijos, es decir, a la mayoría de la población. Ello implica, contrario sensu, una minoría no afectada por la aceleración de los precios. Esa población vive de rentas o de ganancias, derivados de emprendimientos o inversiones, en el área de la producción, los servicios, las finanzas, o la especulación.
Con lo cual, la mayoría de la población, unos 2/3 del total no tiene defensa ante la inflación, salvo la administración de la penuria o la escases en función de los ingresos de cada quién. La minoría enriquecida no define su gasto en función del alza de los precios. No se frena el gasto tradicional, ni el suntuario, de un tercio de la población. Este sector, minoritario, pero numeroso, unos 13 millones de personas, que pueblan los lugares turísticos en vacaciones o feriados largos (que ahora abundan en la Argentina), son el principal beneficiario del mecanismo redistributivo que supone el fenómeno de la inflación.
Se pretende señalar que no todos pierden con la inflación, al contrario, la inflación es un mecanismo redistributivo del ingreso y la riqueza socialmente creada. Es como lo hemos sostenida varias veces, un mecanismo de poder.
¿Puede la política económica frenar la inflación?
Convengamos que no es sencillo, especialmente por ser una cuestión de poder. ¿Los acuerdos de congelamiento sirven? Solo por el tiempo de vigencia del acuerdo, siendo una gran incógnita el día después, salvo nuevos y seguidos acuerdos, que como expresa el “congelamiento”, suspenden la discusión por el tema de fondo, que es el alza de precios como mecanismo de defensa de la ganancia empresaria.
Para resolver el tema de la inflación se necesita confrontar con el poder, con los fijadores de precios. Es una decisión política que va más allá de cualquier acuerdo de precios, una estrategia ya utilizada por la actual gestión y otras administraciones nacionales, no siempre con éxito.
Para tener éxito en el control de los precios y la inflación se requiere la participación popular consciente, especialmente de los trabajadores sobre el sector con capacidad de elevar precios en el mercado, en general, los sectores económicos de mayor concentración del capital.
Ese protagonismo social es parte de la tarea de constituir un sujeto popular muy amplio que intervenga en el control de precios donde éstos se forman. Ello supone capacidad de los trabajadores para intervenir en el establecimiento de los costos y los precios, lo que implica acceso a los registros contables y a los mecanismos de la producción, el financiamiento y la comercialización de los bienes y servicios. Es algo que seguramente no aceptará el sector empresario, acostumbrado como viene a una lógica de impunidad ante el debilitamiento sindical y político de los trabajadores.
Esto que proponemos nunca se aplicó en la Argentina, siempre se confió en acuerdos de cúpulas empresarias y gobiernos, o buena voluntad de los propietarios de empresas. En la práctica, la supervisión de esos acuerdos queda en manos de los propios actores o de una debilitada burocracia estatal, con escasa o nula capacidad para hacer efectiva la medida.
Al mismo tiempo se requiere modificar el régimen tributario y en lugar de asentar la recaudación en el IVA, reorientar la captura de fondos para el fisco sobre la base del impuesto a las ganancias, eliminando exenciones (a los jueces, por ejemplo) y gravando las rentas derivadas de las actividades bursátiles y financieras.
Fuente: http://www.acercandonoscultura.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=373%3Aacuerdos-de-precios-y-lucha-contra-la-inflacion&catid=38%3Arevista-acercandonos-febrero-2013&Itemid=2La inflación expresa una relación social de poder y sólo puede resolverse enfrentando el poder de aquellos que tienen capacidad de incrementar los precios con impacto diferencial en diferentes capas de la inflación. A solo modo de ejemplo podemos decir que el presupuesto estatal en salarios alcanzaba al 30% del gasto público hace 40 años, y el deterioro recurrente lo deja en la actualidad en un 10%. Nadie puede culpar al ajuste salarial como responsable de la inflación con datos como el referido, no muy distinto en el sector privado. En un largo periodo se demuestra la caída del ingreso de los trabajadores y las mejoras relativas de las ganancias del sector de la dominación.
El argumento contra la actualización salarial supone pensar que es mejor que sea amplio el fenómeno de los trabajadores no regularizados, y ni pensar en la materialización del 82% móvil para los jubilados, ya que eso sería inflacionario en el argumento hegemónico. Un disparate argumental para mantener a gran cantidad de la población con insatisfacción de sus necesidades.
En definitiva, el problema está en el modelo productivo y de distribución, que favorece a las clases dominantes en la apropiación del producto social del trabajo, y uno de los mecanismos de esa apropiación es la inflación. La inflación, o su contrario, la deflación, son mecanismos del poder que utilizan las clases dominantes para defender la rentabilidad del capital.
Como siempre decimos, el problema es quién tiene el poder, y si los trabajadores y el pueblo, la mayoría de la población pueden intervenir en frenar el alza de precios y revertir la ecuación de beneficiarios y perjudicados en la Argentina.
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| Aplauden la democracia del Consejo del salario mínimo a mitad del año y funcional al crecimiento oligopólico |
El incesante crecimiento en la concentración y transnacionalización económico territorial se basa, además, en mantener al 35% de los trabajadores sin derechos laborales o conquistas por luchas reprimidas hasta con masacres. Recordemos que Mariano Ferreyra fue asesinado para defender el negocio de las tercerizaciones.
A lo largo y ancho del país se observa lo que denuncian
los siguientes ejemplos:
1.
Precarización laboral en la UNC: Contundente paro de docentes de Distancia de la
ECI
Por:
PRENSA
RED
Después de diez años de contratos precarios los docentes de las Tecnicaturas de
la Escuela de Ciencias de la Información (ECI) –Relaciones Públicas, Periodismo
Deportivo, Comunicación y Turismo y Producción y Realización de Medios- no
tomaron ni corrigieron exámenes en el marco del paro realizado el pasado sábado
3 de agosto, en protesta por el incumplimiento salarial, el no reconocimiento de
la antigüedad y la precarización laboral en que realizan sus tareas.
Durante la medida, que contó con el apoyo de casi un centenar de estudiantes que cursan las carreras, los docentes realizaron también una asamblea donde se debatió y reflexionó sobre las problemáticas del área, mientras que personal administrativo, por disposición de las autoridades de la escuela, tomaban los exámenes.
La polémica decisión de la ECI, ante el paro anunciado con antelación, provocó que muchos estudiantes llegados de otras provincias y ciudades de Córdoba, resolvieran no entrar a rendir y acompañar a sus docentes en su lucha.
El reclamo expresado en la Carta Pública por el estado de precariedad laboral de 19 docentes de las tecnicaturas, contó con el apoyo del gremio de la Asociación de Docentes e Investigadores de Córdoba (Adiuc) y la adhesión de los alumnos y cuerpo docente del grado y del Centro de Estudiantes de la ECI.
Desde su inicio, en el 2003, el desarrollo y crecimiento de las carreras con modalidad a distancia se sustenta en el trabajo precario de la mayoría de los docentes, que permanecen en condición de contratados y sin amparo de ningún convenio respecto de la actualización de sus salarios.
En el marco de la publicidad de la Universidad “camino a los 400 años” donde se subraya el carácter público, se marcó la necesidad de abrir el canal de diálogo y las respuestas inmediatas para el trabajo precario en las carreras de la Universidad Pública.
Los estudiantes manifestaron la importancia de sostener que “ni estudiantes ni docentes somos variables de ajuste” marcando la unidad en medio de la posibilidad de profundizar el plan de lucha debido a que las autoridades aún no se comunicaron con los docentes y han intervenido en la medida de fuerza. Asimismo, remarcaron en la asamblea que “sin docentes no hay educación a distancia”.
El próximo miércoles, se realizará una nueva asamblea que contará con la presencia y apoyo de otros docentes del grado de la ECI, donde se resolverá el plan de acción a seguir, ante la falta de respuesta de las autoridades. En tanto, mañana martes se trabajará en comisión en la ECI, para avanzar en posibles alternativas a los problemas de fondo que aquejan al Área de Distancia.
Durante la medida, que contó con el apoyo de casi un centenar de estudiantes que cursan las carreras, los docentes realizaron también una asamblea donde se debatió y reflexionó sobre las problemáticas del área, mientras que personal administrativo, por disposición de las autoridades de la escuela, tomaban los exámenes.
La polémica decisión de la ECI, ante el paro anunciado con antelación, provocó que muchos estudiantes llegados de otras provincias y ciudades de Córdoba, resolvieran no entrar a rendir y acompañar a sus docentes en su lucha.
El reclamo expresado en la Carta Pública por el estado de precariedad laboral de 19 docentes de las tecnicaturas, contó con el apoyo del gremio de la Asociación de Docentes e Investigadores de Córdoba (Adiuc) y la adhesión de los alumnos y cuerpo docente del grado y del Centro de Estudiantes de la ECI.
Desde su inicio, en el 2003, el desarrollo y crecimiento de las carreras con modalidad a distancia se sustenta en el trabajo precario de la mayoría de los docentes, que permanecen en condición de contratados y sin amparo de ningún convenio respecto de la actualización de sus salarios.
En el marco de la publicidad de la Universidad “camino a los 400 años” donde se subraya el carácter público, se marcó la necesidad de abrir el canal de diálogo y las respuestas inmediatas para el trabajo precario en las carreras de la Universidad Pública.
Los estudiantes manifestaron la importancia de sostener que “ni estudiantes ni docentes somos variables de ajuste” marcando la unidad en medio de la posibilidad de profundizar el plan de lucha debido a que las autoridades aún no se comunicaron con los docentes y han intervenido en la medida de fuerza. Asimismo, remarcaron en la asamblea que “sin docentes no hay educación a distancia”.
El próximo miércoles, se realizará una nueva asamblea que contará con la presencia y apoyo de otros docentes del grado de la ECI, donde se resolverá el plan de acción a seguir, ante la falta de respuesta de las autoridades. En tanto, mañana martes se trabajará en comisión en la ECI, para avanzar en posibles alternativas a los problemas de fondo que aquejan al Área de Distancia.
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2.
Telecomunicaciones.
La
tercerización mata: "Las multinacionales ganan a costa de la sangre de los
trabajadores"
Por:
Inés
Hayes - Oscar Sánchez (ACTA)
La muerte de este trabajador de 55 años que realizaba tareas de alto riesgo
vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de que la tercerización mata. En
entrevista con ACTA, Jorge Castro, Secretario General de UETTEL habla de estas
cuestiones y de la necesidad de que en el Congreso se voten leyes en favor de
los trabajadores y no de las multinacionales.
- Ustedes vienen denunciando las pésimas condiciones de trabajo hace tiempo
- Esta es una muerte más que sufrimos los telefónicos tercerizados: en lo que va del 2013 ya es el segundo compañero que pierde la vida en este trabajo. Nosotros venimos denunciando desde hace años toda la precarización a la que estamos sometidos los trabajadores de este sector. El compañero que perdió la vida tenía 50 años y estuvo toda su vida trabajando en esta actividad.
- ¿Y qué responde la empresa?
- Nosotros hemos hecho miles de denuncias y la realidad es que estas denuncias no llegan a nada. Sin ir más lejos el año pasado, la Ley K de Riesgos de Trabajo, nosotros como CTA con Víctor de Gennaro presentamos otra ley en defensa de los trabajadores y no estas leyes que vota este gobierno que son favorables a la parte empresarial y acá pareciera que la vida de los trabajadores es cuestión de números, no se toma la parte humana. El trabajador tiene que estar seguro que puede volver a su casa porque nosotros tenemos un trabajo de mucho riesgo porque es en altura y la verdad es que es una vergüenza que tanto Telefónica como Telecom no tomen los recaudos necesarios.
El tema de la productividad es lo que también lleva a este tipo de accidentes fatales porque el compañero está obligado a hacer cierta cantidad de instalaciones por día para poder llevar el mango a su casa.
- ¿Cómo es un día de trabajo en relación a las cuestiones de seguridad?
- Hay muchos trabajadores que tienen los estribos a partir de los 5 metros cincuenta y hacia abajo hay que poner una escalera. Tiene un cinto de seguridad pero la realidad es que es muy complicado porque también se cruzan los cables de media tensión, el video cable y entre todos esos cables el compañero tiene que subir y trepar. Por eso nosotros decimos que para eso están los elevadores y de esa manera se resguardaría la vida de los trabajadores. Lo que pasa es que eso lo utilizan los compañeros de planta permanente y el compañero tercerizado está obligado desde que se levanta a la mañana y los 30 días del mes en esa maldita producción que termina en la muerte. Si a esto no le damos un giro vamos a seguir enterrando compañeros. Esto es gravísimo. Nosotros este jueves convocamos a una movilización al edificio de Huergo en el que vamos a hacer un acto, un escrache a Telecom y van a participar la familia de este compañero y de otros compañeros que perdieron la vida en estos últimos años.
- ¿Cuál es la diferencia entre ponerle un precio a la muerte y ver en cada actividad las cuestiones de seguridad, protegiendo al trabajador?
- El tema de la ley de ART que se votó el año pasado, que fue una ley Express, es una ley no para proteger a los trabajadores sino para joderlo, es una legislación armada para los empresarios. Diferente a la ley que presentamos como CTA, con Víctor De Gennaro, que busca proteger al trabajador y que no haya más muertes. Nosotros, acá en la CTA se hizo un estudio que reveló que en la Argentina mueren 7 mil trabajadores al año. La idea es resguardar y bajar ese índice de trabajadores que mueren todos los años.
También nuestra ley hablaba de tener un delegado en cada espacio de trabajo para que defienda a los trabajadores. Nosotros tenemos otro compañero, Fernando Galarza de 19 años, que falleció por un accidente de trabajo, que se presentó la empresa y sabemos que han hecho ofrecimientos, hacia la familia, fuera de la ley. Nosotros vamos a trabajar, no a perder la vida. Nosotros damos una fuerte lucha contra la precarización, nosotros hace más de veintipico años que venimos perdiendo compañeros. Nosotros no nos vamos a cansar de denunciar a estas multinacionales que se llenan los bolsillos a costillas y por la sangre de los trabajadores.
Fuente: http://www.argenpress.info/2013/08/telecomunicaciones-la-tercerizacion.html
- Ustedes vienen denunciando las pésimas condiciones de trabajo hace tiempo
- Esta es una muerte más que sufrimos los telefónicos tercerizados: en lo que va del 2013 ya es el segundo compañero que pierde la vida en este trabajo. Nosotros venimos denunciando desde hace años toda la precarización a la que estamos sometidos los trabajadores de este sector. El compañero que perdió la vida tenía 50 años y estuvo toda su vida trabajando en esta actividad.
- ¿Y qué responde la empresa?
- Nosotros hemos hecho miles de denuncias y la realidad es que estas denuncias no llegan a nada. Sin ir más lejos el año pasado, la Ley K de Riesgos de Trabajo, nosotros como CTA con Víctor de Gennaro presentamos otra ley en defensa de los trabajadores y no estas leyes que vota este gobierno que son favorables a la parte empresarial y acá pareciera que la vida de los trabajadores es cuestión de números, no se toma la parte humana. El trabajador tiene que estar seguro que puede volver a su casa porque nosotros tenemos un trabajo de mucho riesgo porque es en altura y la verdad es que es una vergüenza que tanto Telefónica como Telecom no tomen los recaudos necesarios.
El tema de la productividad es lo que también lleva a este tipo de accidentes fatales porque el compañero está obligado a hacer cierta cantidad de instalaciones por día para poder llevar el mango a su casa.
- ¿Cómo es un día de trabajo en relación a las cuestiones de seguridad?
- Hay muchos trabajadores que tienen los estribos a partir de los 5 metros cincuenta y hacia abajo hay que poner una escalera. Tiene un cinto de seguridad pero la realidad es que es muy complicado porque también se cruzan los cables de media tensión, el video cable y entre todos esos cables el compañero tiene que subir y trepar. Por eso nosotros decimos que para eso están los elevadores y de esa manera se resguardaría la vida de los trabajadores. Lo que pasa es que eso lo utilizan los compañeros de planta permanente y el compañero tercerizado está obligado desde que se levanta a la mañana y los 30 días del mes en esa maldita producción que termina en la muerte. Si a esto no le damos un giro vamos a seguir enterrando compañeros. Esto es gravísimo. Nosotros este jueves convocamos a una movilización al edificio de Huergo en el que vamos a hacer un acto, un escrache a Telecom y van a participar la familia de este compañero y de otros compañeros que perdieron la vida en estos últimos años.
- ¿Cuál es la diferencia entre ponerle un precio a la muerte y ver en cada actividad las cuestiones de seguridad, protegiendo al trabajador?
- El tema de la ley de ART que se votó el año pasado, que fue una ley Express, es una ley no para proteger a los trabajadores sino para joderlo, es una legislación armada para los empresarios. Diferente a la ley que presentamos como CTA, con Víctor De Gennaro, que busca proteger al trabajador y que no haya más muertes. Nosotros, acá en la CTA se hizo un estudio que reveló que en la Argentina mueren 7 mil trabajadores al año. La idea es resguardar y bajar ese índice de trabajadores que mueren todos los años.
También nuestra ley hablaba de tener un delegado en cada espacio de trabajo para que defienda a los trabajadores. Nosotros tenemos otro compañero, Fernando Galarza de 19 años, que falleció por un accidente de trabajo, que se presentó la empresa y sabemos que han hecho ofrecimientos, hacia la familia, fuera de la ley. Nosotros vamos a trabajar, no a perder la vida. Nosotros damos una fuerte lucha contra la precarización, nosotros hace más de veintipico años que venimos perdiendo compañeros. Nosotros no nos vamos a cansar de denunciar a estas multinacionales que se llenan los bolsillos a costillas y por la sangre de los trabajadores.
Fuente: http://www.argenpress.info/2013/08/telecomunicaciones-la-tercerizacion.html
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3.
Argentina: "En Misiones murieron 8 compañeros tareferos por las pésimas
condiciones laborales"
Por:
Melissa Zenobi - Miguel Aguirre (ACTA)
Nora Dedieu, Secretaria General de ATE Misiones y dirigente de la CTA,
representó a las mujeres misioneras de la Central en el marco de las reuniones
previas al Encuentro Nacional de Mujeres. “Es indispensable que las mujeres nos
juntemos a discutir y poner en el escenario desde el género, cual es nuestra
visión de los conflictos sociales y la problemática en nuestro país”, destacó.
La dirigente contó que en Misiones vienen luchando, fervientemente en contra de la construcción de las represas hidráulicas. “Esto tiene que ver con la Campaña que votamos en el Congreso Nacional de la CTA respecto de la soberanía de los Bienes comunes. Si estamos defendiendo nuestros recursos, no podemos permitir perder más”.
Manifestó la profunda preocupación de la CTA local respecto de los territorios que tienden a desaparecer, dejando a sus habitantes la única opción de emigrar a otros lugares. “Esto perjudica terriblemente el medio ambiente y contamina el agua. La tierra es un bien común, el río y la selva son bienes comunes. Entonces es contradictorio que en nuestro pequeño territorio, que está rodeado de ríos, lo llenen además de represas”.
Denunció el detrimento del medio ambiente en favor las represas, que son “emprendimientos de las multinacionales afines a sus negocios extractivistas que están destruyendo nuestro país. Necesitan energía para hacer la extracción en las minas”, calificó Dedieu.
Finalmente la compañera se refirió al conflicto que tiene como protagonistas a los tareferos y que desde la CTA se los acompaña: “esto tiene que ver con la precarización laboral, con la esclavitud, recientemente en nuestra provincia murieron 8 compañeros tareferos, que son quienes cosechan la yerba. Allí quedó muy evidenciada la explotación infantil, ya que 5 de los 8, tenían menos de 15 años. Ellos fallecieron por la mala situación en cuanto al traslado, los llevan en camiones sin barandas, sin siquiera poder sostenerse”.
No obstante el gobierno de la provincia, que reprimió a quienes pedían que se haga justicia, “compró al monopolio del transporte unidades obsoletas para poner al servicio del traslado de los tareferos. Desde la CTA estamos coordinando este conflicto, como así también la recuperación de las tierras que expropiaron las multinacionales de manos de quienes las trabajan”, sentenció.
La dirigente contó que en Misiones vienen luchando, fervientemente en contra de la construcción de las represas hidráulicas. “Esto tiene que ver con la Campaña que votamos en el Congreso Nacional de la CTA respecto de la soberanía de los Bienes comunes. Si estamos defendiendo nuestros recursos, no podemos permitir perder más”.
Manifestó la profunda preocupación de la CTA local respecto de los territorios que tienden a desaparecer, dejando a sus habitantes la única opción de emigrar a otros lugares. “Esto perjudica terriblemente el medio ambiente y contamina el agua. La tierra es un bien común, el río y la selva son bienes comunes. Entonces es contradictorio que en nuestro pequeño territorio, que está rodeado de ríos, lo llenen además de represas”.
Denunció el detrimento del medio ambiente en favor las represas, que son “emprendimientos de las multinacionales afines a sus negocios extractivistas que están destruyendo nuestro país. Necesitan energía para hacer la extracción en las minas”, calificó Dedieu.
Finalmente la compañera se refirió al conflicto que tiene como protagonistas a los tareferos y que desde la CTA se los acompaña: “esto tiene que ver con la precarización laboral, con la esclavitud, recientemente en nuestra provincia murieron 8 compañeros tareferos, que son quienes cosechan la yerba. Allí quedó muy evidenciada la explotación infantil, ya que 5 de los 8, tenían menos de 15 años. Ellos fallecieron por la mala situación en cuanto al traslado, los llevan en camiones sin barandas, sin siquiera poder sostenerse”.
No obstante el gobierno de la provincia, que reprimió a quienes pedían que se haga justicia, “compró al monopolio del transporte unidades obsoletas para poner al servicio del traslado de los tareferos. Desde la CTA estamos coordinando este conflicto, como así también la recuperación de las tierras que expropiaron las multinacionales de manos de quienes las trabajan”, sentenció.
