Es enfocar la
democracia representativa en
su funcionamiento actual e histórico.
Para comprobar
porqué impulsar la reforma agraria anticapitalista.
El capitalismo mundializado está realizando un fenomenal acaparamiento de tierras en el planeta mediante la violencia de las invasiones bélicas y de la alianza imperialista con los estados y oligopolios locales con la fachada de democracias representativas. Estas últimas han llegado hasta disfrazar al terrorismo de estado y paraestatal como en Colombia. Contextualicemos la Argentina como parte del:
Capitalismo gangsteril y despojo territorial
12-02-2012
Por Renán Vega Cantor (Rebelión)
Acumulación por desposesión es un término que se utiliza para estudiar la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión violenta de habitantes del campo, junto con la transformación de los derechos comunes en derechos privados. A esto se le agrega el análisis de los métodos imperialistas para apropiarse de los recursos naturales y energéticos, en consonancia con el papel del capital financiero como instrumento de endeudamiento de la población, urbana y rural, y como soporte “legal” de la expulsión de campesinos e indígenas, reducidos a la servidumbre por deudas.
Acumulación por desposesión es un término que se utiliza para estudiar la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión violenta de habitantes del campo, junto con la transformación de los derechos comunes en derechos privados. A esto se le agrega el análisis de los métodos imperialistas para apropiarse de los recursos naturales y energéticos, en consonancia con el papel del capital financiero como instrumento de endeudamiento de la población, urbana y rural, y como soporte “legal” de la expulsión de campesinos e indígenas, reducidos a la servidumbre por deudas.
Colombia es un inmenso laboratorio de la acumulación por desposesión porque se presentan, a vasta escala y con un increíble nivel de violencia, las características antes enunciadas. En síntesis, “lo que posibilita la acumulación por desposesión es la liberación de un conjunto de activos (incluida la fuerza de trabajo) a un coste muy bajo (y en algunos casos nulo)”[1]. El elemento esencial es el despojo como forma violenta que vincula las actividades económicas y la apropiación de tierras. En este sentido, los asesinatos, las masacres, las torturas, el desplazamiento forzado son vehículos de la concentración de tierras, llevados a cabo por “empresarios” que impulsan la acumulación de capital en el campo, gran parte de la cual proviene del robo de la tierra y de la riqueza de los campesinos. (...)
Compartimos
con Colombia y nos diferenciamos en que estamos en una etapa previa del
capitalismo gangsteril:
DESPOJO DE TIERRAS
La concentración de tierras en manos de pocos terratenientes ha sido una característica distintiva de la historia de Colombia desde el mismo momento de su separación de España. En este país nunca se realizó una reforma agraria y siempre los latifundistas han tenido un papel protagónico en la escena política y en la vida económica y social. (...)
De acuerdo a estas cifras, Colombia es uno de los países más injustos y
desiguales del planeta, lo cual explica el permanente conflicto agrario de los
últimos 60 años, como continuación de las luchas que libraron los colonos,
indígenas y campesinos desde comienzos del siglo XIX. En ese sentido, la brutal
expropiación de tierras del último cuarto de siglo refuerza un proceso
estructural,
aunque ahora ese despojo se esté llevando a cabo con unos niveles
de violencia y de terror difíciles de concebir en otros lugares del mundo. Este
proceso puede definirse como una revancha terrateniente (ahora nutrida con la
savia criminal de la alianza que se gestó desde el Estado, entre el Estado, las
clases dominantes, el paramilitarismo, el narcotráfico y las multinacionales)
cuya finalidad ha sido arrebatar las tierras a los campesinos pobres y destruir
a los movimientos sociales de tipo agrario que se les pudieran oponer. Esto se
encuentra ligado con los intereses del capitalismo contemporáneo, porque como lo
señaló un campesino que logró escapar de esa barbarie: “En los Hornos
crematorios, los criaderos de caimanes y las fosas desaparecieron a muchas
víctimas de la contra-reforma agraria en Colombia” [3] . Por si hubiera dudas,
4.000 paramilitares confesaron que habían cometido 156.000 asesinatos y
participaron en 860 masacres y la Fiscalía General de la Nación informó que
entre 2005 y 2010 fueron asesinadas por paramilitares 173.000 personas.
El cambio en el uso de la tierra en Colombia ha sido tan evidente en los últimos 20 años que en donde antes habían parcelas campesinas, llenas de vida, sembradas de maíz y de cultivos de pan coger, con unas cuantas gallinas y cerdos, hoy pasan carreteras y se han sembrado cultivos de exportación, o se han convertido en tierras de ganadería. La expropiación de las tierras de los campesinos tiene varias finalidades, como se describe a continuación.
Tierras para ganadería
Los terratenientes colombianos tienen una especial debilidad por las vacas y los caballos, y por eso poseen grandes latifundios donde pastan miles de cabezas de ganado y caballos de paso fino. La ganaderización del campo colombiano es uno de los rasgos distintivos de este país desde el siglo XIX, cuando los terratenientes introdujeron el alambre de púas y la siembra de pastos, mientras expulsaban a los colonos de las tierras, les arrebataban los títulos y los convertían en peones y agregados de las haciendas. Hasta tal punto domina la lógica ganadera que en las ferias y fiestas que se celebran todos los años se exhiben los “grandes avances” de la ganadería, con exposiciones equinas, corridas de toros, certámenes de coleo o carralejas, para agasajar a los gamonales y terratenientes de un pueblo o una región. Un solo dato es indicativo del poder de los ganaderos en la sociedad colombiana: ocupan 36 millones de hectáreas para un hato ganadero de 19 millones de vacas, es decir, que cada vaca ocupa en promedio casi dos hectáreas del suelo, mientras que millones de campesinos no tienen ni un pedazo de tierra a donde caer muertos. En tales condiciones, uno de los móviles centrales del despojo de tierra busca convertirlas en grandes pastizales, para “sembrar” vacas, caballos y en algunos casos, como en ciertas regiones de Antioquia, hasta búfalos.
Tierras para sembrar cultivos de exportación
El cambio en el uso de la tierra en Colombia ha sido tan evidente en los últimos 20 años que en donde antes habían parcelas campesinas, llenas de vida, sembradas de maíz y de cultivos de pan coger, con unas cuantas gallinas y cerdos, hoy pasan carreteras y se han sembrado cultivos de exportación, o se han convertido en tierras de ganadería. La expropiación de las tierras de los campesinos tiene varias finalidades, como se describe a continuación.
Tierras para ganadería
Los terratenientes colombianos tienen una especial debilidad por las vacas y los caballos, y por eso poseen grandes latifundios donde pastan miles de cabezas de ganado y caballos de paso fino. La ganaderización del campo colombiano es uno de los rasgos distintivos de este país desde el siglo XIX, cuando los terratenientes introdujeron el alambre de púas y la siembra de pastos, mientras expulsaban a los colonos de las tierras, les arrebataban los títulos y los convertían en peones y agregados de las haciendas. Hasta tal punto domina la lógica ganadera que en las ferias y fiestas que se celebran todos los años se exhiben los “grandes avances” de la ganadería, con exposiciones equinas, corridas de toros, certámenes de coleo o carralejas, para agasajar a los gamonales y terratenientes de un pueblo o una región. Un solo dato es indicativo del poder de los ganaderos en la sociedad colombiana: ocupan 36 millones de hectáreas para un hato ganadero de 19 millones de vacas, es decir, que cada vaca ocupa en promedio casi dos hectáreas del suelo, mientras que millones de campesinos no tienen ni un pedazo de tierra a donde caer muertos. En tales condiciones, uno de los móviles centrales del despojo de tierra busca convertirlas en grandes pastizales, para “sembrar” vacas, caballos y en algunos casos, como en ciertas regiones de Antioquia, hasta búfalos.
Tierras para sembrar cultivos de exportación
Las clases dominantes en Colombia, con una histórica vocación de terratenientes, han visto con muy buenos ojos el proyecto que impulsan los países imperialistas y sus empresas transnacionales de sembrar cultivos de exportación. La puesta en marcha de ese proyecto se sustenta en la expropiación de tierras en varias regiones del país, que se destinan a sembrar productos como la palma aceitera. Ningún cultivo como éste simboliza los nexos entre violencia, despojo, apropiación de tierras y paramilitarismo, como se evidencia en todas las regiones donde se ha implantado.
La propuesta de convertir a Colombia en un país palmicultor cobró fuerza durante el régimen criminal de Álvaro Uribe Vélez, quien estableció como una de sus prioridades incrementar la cantidad de tierras dedicadas a la siembra de palma. Y en efecto, durante el período 2003-2009 el cultivo de palma aceitera pasó de 206.801 a 360.537 hectáreas, con la pretensión de alcanzar pronto seis millones de hectáreas, como expresión del deseo de convertir a Colombia en la “Arabia Saudita del biodiesel”. Tan drástico incremento se logró en antiguas tierras de campesinos, apropiadas por “prósperos para empresarios”. que ahora las destinan a sembrar la palma de la muerte, como la llaman los campesinos desalojados.
Entre los sectores sociales más afectados por estos empresarios del crimen,
dedicados a negocios legales, se encuentran los habitantes afrodescendientes de
la costa pacífica colombiana, que han sido expulsados de sus tierras, a punta de
fuego y motosierra, como ha sucedido con los habitantes de las comunidades de
Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento de Chocó, cuyos terrenos fueron
ocupados por paramilitares en alianza con miembros de la Armada en 1997. Luego
del despojo aparecieron empresarios de la Palma que empezaron a sembrarla en
esos territorios, contando con el respaldo y el apoyo de la Brigada XVII del
Ejercito Nacional que actúa en favor de los empresarios y apoya la expansión de
los cultivos. Fueron limpiadas las tierras, derribado parte del bosque nativo, y
contaminadas las aguas. Las comunidades campesinas no sólo fueron desalojadas
sino que, después de implantarse el cultivo, empezaron a ser asesinados sus
lideres cuando intentaban reorganizar a las comunidades, contabilizándose
cientos de asesinados [4].
Tierras donde se encuentran riquezas minerales
En las diversas regiones de Colombia donde existen riquezas minerales se ha organizado la expulsión de indígenas y campesinos, como ha sucedido en la Costa Atlántica con la explotación del carbón. En la Jagua de Ibirico, departamento de César, desde mediados de la década de 1990 sicarios a sueldo realizaron numerosas masacres con la finalidad de limpiar la tierra de sus incómodos ocupantes, para apropiarse de las mismas y cederlas a empresas multinacionales, como la Drumond, con la complicidad de notarios del INCODER y otros funcionarios y abogados que llegaron al descaro de hacer firmar escrituras a los muertos para legalizar el robo de tierras. Los campesinos que lograron sobrevivir se vieron obligados a huir, dejaron todo abandonado y, en medio de la miseria, subsisten como vendedores informales y viven en pocilgas miserables en pueblos y ciudades de la costa [5].
Este es sólo un ejemplo, porque en todo el país se están realizando apropiaciones de tierra para realizar explotaciones mineras, si se tiene en cuenta que el Estado les concede facilidades a empresas de capital transnacional para que se lleven los recursos naturales, en lo cual se incluye legalizar las concesiones mineras mediante la entrega de miles de hectáreas para que operen las compañías de Canadá, Sudáfrica, la Unión Europea y otros países. Esto se evidencia con la expedición de títulos mineros, los que pasaron de 80 en el 2000 a 5067 en el 2008, con un total de casi 3 millones de hectáreas concedidas para extracción minera.
Tierras para construir represas
El monopolio de la tierra no puede existir si al mismo tiempo no se monopoliza el agua, porque la tierra sin agua es un desierto. Esto lo tienen claro los terratenientes y ganaderos, así como el Estado que les sirve. Por esta circunstancia, la expansión de los latifundios viene acompañada de la expropiación de las tierras circundantes a los lugares donde se encuentran fuentes de agua y la apropiación privada de ríos, quebradas, ciénagas, humedales y lagunas para beneficio exclusivo de los terratenientes y ganaderos. Gran parte de las represas que se han construido en Colombia en las últimas décadas tienen esta finalidad.
Al respecto vale mencionar a la Represa de Urra I, obra que se construyó entre 1993-1999, y que contó con la lúcida oposición de la comunidad indígena de los Embera-Katios, ancestrales habitantes del lugar, desplazados a sangre y fuego por grupos de paramilitares, organizados por terratenientes y ganaderos y respaldados por el Estado y los políticos regionales. La construcción de esta represa es ilustrativa de la destrucción de los bienes colectivos y su conversión en bienes privados, porque unos 70.000 indígenas, campesinos y pescadores fueron directamente impactados por el proyecto Urra I. Al mismo tiempo, se destruyó la pesca artesanal, porque disminuyeron o desaparecieron especies de peces de la cuenca del río, como el caso del bocachico, fuente alimenticia de primer orden en la dieta de los embera Katio y los pescadores locales. Esto último se debió a la desecación de los humedales del alto Sinú, ocasionada por la disminución de los flujos naturales del río, luego de que fuera construida la represa.
Junto con el exterminio del bocachico se han secado humedales y ciénagas, que entre otras cosas es lo que le interesa a los terratenientes para expandir sus fincas ganaderas. Lo que antes eran corrientes de agua llenas de vida, ahora son fuentes contaminadas y muertas, como sucede siempre con las grandes represas, que finalmente son aguas estancadas en las que pululan los mosquitos, que generan epidemias que antes no conocían los indígenas y campesinos [6].
Las hidroeléctricas que se han construido en Córdoba no son una cuestión de energía ni de aguas, sino de tierras ganaderas, las mismas que pertenecen a unos cuantos latifundistas que se van expandiendo a costa de los pequeños campesinos e indígenas y que utilizan todos los medios para quedarse hasta con las tierras de los humedales, los cuales son secados con Búfalos. En estas ricas tierras se han enfrentado desde el siglo XIX los hacendados y los campesinos que cultivan maíz, yuca y malanga y son pescadores, es decir, forman parte de lo que Orlando Fals Borda llamó una cultura anfibia.
Tierras que se entregan a las multinacionales
La tierra ha adquirido una renovada importancia para las potencias capitalistas, en la perspectiva de convertirla en medio de producción que genere agrocombustibles y para apropiarse de las riquezas naturales que en ellas se encuentren. En ese sentido, los países imperialistas libran una guerra no declarada por apropiarse de los recursos, cuyo escenario bélico se despliega en el mundo periférico y dependiente. Colombia, uno de los primeros países del mundo en biodiversidad, no está al margen de esa guerra y por ello en los últimos tiempos se ha presentado una ofensiva de las empresas transnacionales y de sus respectivos estados por adueñarse de importantes reservas de tierras, sobre todo aquellas en que existan recursos minerales. Esto se facilita porque el Estado y las clases dominantes del país han optado por regalarle al capital imperialista nuestras riquezas, a cambio de que siga fluyendo el caudal de dólares y euros para mantener la guerra interna. Un caso particularmente destacado de entrega de tierras a las multinacionales está relacionado con la explotación de recursos minerales en diversas regiones del territorio colombiano. A manera de ejemplo, valga mencionar el caso de la extracción de oro por parte de empresas canadienses y sudafricanas en lugares como Cajamarca (Tolima), San Turbán (Santander), Marmato (Antioquia), entre muchos casos.
En Marmato, una tradicional zona minera desde hace varios siglos, la compañía canadiense Medoro Resources anunció a finales del 2010 que va a realizar un proyecto de minería a cielo abierto que cubre un área de 200 hectáreas e incluye el casco urbano de esa población. Para llevar a cabo este proyecto, la compañía anunció que en los próximos años va a extraer unos 10 millones de onzas de oro. Para hacerlo requiere la remoción de 300 mil toneladas de tierra al año y reasentar el pueblo en otro lugar, el que se anuncia como un sitio paradisiaco, según la propaganda oficial de la empresa, acogida desde luego por la gran prensa y por los políticos de Antioquia y de Caldas. Decir que ese es un reasentamiento es un abuso de lenguaje, porque en verdad se está hablando del desplazamiento forzado de todos los habitantes de un pueblo, que durante varios siglos se han dedicado a la pequeña minería, por obra y gracia de la minería transnacional [7].
En las tierras que se ceden a las multinacionales se incluyen los recursos naturales, la biodiversidad y sobre todo el agua, tan necesaria para la explotación minera y cuyas fuentes quedan contaminadas por el arsénico que se vierte diariamente sobre ríos y quebradas. La contaminación y desaparición de la biodiversidad cierran un proceso de despojo, en el que previamente los grupos privados de asesinos, en alianza con las Fuerzas Armadas del estado, han desplazado a los campesinos y habitantes pobres de las regiones donde se explotan minerales. Se calcula que como resultado de la extracción de recursos minerales, en Colombia habían sido desplazadas en los últimos años, hasta agosto de 2008, unas 600 mil personas. Nada sorprendente si se sabe, por ejemplo, que la transnacional Kedahda (filial de la Surafricana Anglo Gold Ashanti) ha solicitado que le otorguen concesiones en 336 municipios del país, en zonas en las que es notoria la presencia de paramilitares.
Tierras donde se encuentran riquezas minerales
En las diversas regiones de Colombia donde existen riquezas minerales se ha organizado la expulsión de indígenas y campesinos, como ha sucedido en la Costa Atlántica con la explotación del carbón. En la Jagua de Ibirico, departamento de César, desde mediados de la década de 1990 sicarios a sueldo realizaron numerosas masacres con la finalidad de limpiar la tierra de sus incómodos ocupantes, para apropiarse de las mismas y cederlas a empresas multinacionales, como la Drumond, con la complicidad de notarios del INCODER y otros funcionarios y abogados que llegaron al descaro de hacer firmar escrituras a los muertos para legalizar el robo de tierras. Los campesinos que lograron sobrevivir se vieron obligados a huir, dejaron todo abandonado y, en medio de la miseria, subsisten como vendedores informales y viven en pocilgas miserables en pueblos y ciudades de la costa [5].
Este es sólo un ejemplo, porque en todo el país se están realizando apropiaciones de tierra para realizar explotaciones mineras, si se tiene en cuenta que el Estado les concede facilidades a empresas de capital transnacional para que se lleven los recursos naturales, en lo cual se incluye legalizar las concesiones mineras mediante la entrega de miles de hectáreas para que operen las compañías de Canadá, Sudáfrica, la Unión Europea y otros países. Esto se evidencia con la expedición de títulos mineros, los que pasaron de 80 en el 2000 a 5067 en el 2008, con un total de casi 3 millones de hectáreas concedidas para extracción minera.
Tierras para construir represas
El monopolio de la tierra no puede existir si al mismo tiempo no se monopoliza el agua, porque la tierra sin agua es un desierto. Esto lo tienen claro los terratenientes y ganaderos, así como el Estado que les sirve. Por esta circunstancia, la expansión de los latifundios viene acompañada de la expropiación de las tierras circundantes a los lugares donde se encuentran fuentes de agua y la apropiación privada de ríos, quebradas, ciénagas, humedales y lagunas para beneficio exclusivo de los terratenientes y ganaderos. Gran parte de las represas que se han construido en Colombia en las últimas décadas tienen esta finalidad.
Al respecto vale mencionar a la Represa de Urra I, obra que se construyó entre 1993-1999, y que contó con la lúcida oposición de la comunidad indígena de los Embera-Katios, ancestrales habitantes del lugar, desplazados a sangre y fuego por grupos de paramilitares, organizados por terratenientes y ganaderos y respaldados por el Estado y los políticos regionales. La construcción de esta represa es ilustrativa de la destrucción de los bienes colectivos y su conversión en bienes privados, porque unos 70.000 indígenas, campesinos y pescadores fueron directamente impactados por el proyecto Urra I. Al mismo tiempo, se destruyó la pesca artesanal, porque disminuyeron o desaparecieron especies de peces de la cuenca del río, como el caso del bocachico, fuente alimenticia de primer orden en la dieta de los embera Katio y los pescadores locales. Esto último se debió a la desecación de los humedales del alto Sinú, ocasionada por la disminución de los flujos naturales del río, luego de que fuera construida la represa.
Junto con el exterminio del bocachico se han secado humedales y ciénagas, que entre otras cosas es lo que le interesa a los terratenientes para expandir sus fincas ganaderas. Lo que antes eran corrientes de agua llenas de vida, ahora son fuentes contaminadas y muertas, como sucede siempre con las grandes represas, que finalmente son aguas estancadas en las que pululan los mosquitos, que generan epidemias que antes no conocían los indígenas y campesinos [6].
Las hidroeléctricas que se han construido en Córdoba no son una cuestión de energía ni de aguas, sino de tierras ganaderas, las mismas que pertenecen a unos cuantos latifundistas que se van expandiendo a costa de los pequeños campesinos e indígenas y que utilizan todos los medios para quedarse hasta con las tierras de los humedales, los cuales son secados con Búfalos. En estas ricas tierras se han enfrentado desde el siglo XIX los hacendados y los campesinos que cultivan maíz, yuca y malanga y son pescadores, es decir, forman parte de lo que Orlando Fals Borda llamó una cultura anfibia.
Tierras que se entregan a las multinacionales
La tierra ha adquirido una renovada importancia para las potencias capitalistas, en la perspectiva de convertirla en medio de producción que genere agrocombustibles y para apropiarse de las riquezas naturales que en ellas se encuentren. En ese sentido, los países imperialistas libran una guerra no declarada por apropiarse de los recursos, cuyo escenario bélico se despliega en el mundo periférico y dependiente. Colombia, uno de los primeros países del mundo en biodiversidad, no está al margen de esa guerra y por ello en los últimos tiempos se ha presentado una ofensiva de las empresas transnacionales y de sus respectivos estados por adueñarse de importantes reservas de tierras, sobre todo aquellas en que existan recursos minerales. Esto se facilita porque el Estado y las clases dominantes del país han optado por regalarle al capital imperialista nuestras riquezas, a cambio de que siga fluyendo el caudal de dólares y euros para mantener la guerra interna. Un caso particularmente destacado de entrega de tierras a las multinacionales está relacionado con la explotación de recursos minerales en diversas regiones del territorio colombiano. A manera de ejemplo, valga mencionar el caso de la extracción de oro por parte de empresas canadienses y sudafricanas en lugares como Cajamarca (Tolima), San Turbán (Santander), Marmato (Antioquia), entre muchos casos.
En Marmato, una tradicional zona minera desde hace varios siglos, la compañía canadiense Medoro Resources anunció a finales del 2010 que va a realizar un proyecto de minería a cielo abierto que cubre un área de 200 hectáreas e incluye el casco urbano de esa población. Para llevar a cabo este proyecto, la compañía anunció que en los próximos años va a extraer unos 10 millones de onzas de oro. Para hacerlo requiere la remoción de 300 mil toneladas de tierra al año y reasentar el pueblo en otro lugar, el que se anuncia como un sitio paradisiaco, según la propaganda oficial de la empresa, acogida desde luego por la gran prensa y por los políticos de Antioquia y de Caldas. Decir que ese es un reasentamiento es un abuso de lenguaje, porque en verdad se está hablando del desplazamiento forzado de todos los habitantes de un pueblo, que durante varios siglos se han dedicado a la pequeña minería, por obra y gracia de la minería transnacional [7].
En las tierras que se ceden a las multinacionales se incluyen los recursos naturales, la biodiversidad y sobre todo el agua, tan necesaria para la explotación minera y cuyas fuentes quedan contaminadas por el arsénico que se vierte diariamente sobre ríos y quebradas. La contaminación y desaparición de la biodiversidad cierran un proceso de despojo, en el que previamente los grupos privados de asesinos, en alianza con las Fuerzas Armadas del estado, han desplazado a los campesinos y habitantes pobres de las regiones donde se explotan minerales. Se calcula que como resultado de la extracción de recursos minerales, en Colombia habían sido desplazadas en los últimos años, hasta agosto de 2008, unas 600 mil personas. Nada sorprendente si se sabe, por ejemplo, que la transnacional Kedahda (filial de la Surafricana Anglo Gold Ashanti) ha solicitado que le otorguen concesiones en 336 municipios del país, en zonas en las que es notoria la presencia de paramilitares.
LA LEGALIZACIÓN DEL DESPOJO
Luego de perpetrado el robo de tierras se trata de asegurar su posesión por parte de los usurpadores. Para lograrlo el Estado juega un papel de primer orden ya que entran a operar los mecanismos “legales”, donde abogados, jueces, notarios, alcaldes, gobernadores, parlamentarios, ministros y presidentes actúan en consonancia con el proyecto de legitimar y legalizar la expropiación de tierras. Todos estos funcionarios estatales adelantan la labor de limpiar la cara de los criminales y de presentarlos como honestos empresarios que, al despojar a los campesinos, actúan como portavoces de la patria y se comportan como excelsos defensores de la sagrada propiedad privada. Siempre se trata de mostrar ante la opinión pública que no existió el saqueo y que los pequeños propietarios no son productivos sino, más bien, son un estorbo que conspiran contra los grandes propietarios que, según el estribillo de moda, son los que generan empleo y prosperidad. (...) Leer
Partamos
del poder territorial y estatal del Partido Justicialista secundado por la Unión
Cívica Radical:
Comprobamos
que en las provincias extrapampeanas hay predominio de un funcionamiento
semifeudal por una ciudadanía de baja intensidad a causa de la pobreza
mayoritaria con origen en el despojo de tierras desde siglos y con sometimiento
extremo al Estado como casi exclusivo empleador, como asegurador de una
supervivencia elemental por integrarla al aparato clientelar y como terrorista.
Esta situación se agravó con el neoliberalismo del PJ (complementado por la UCR)
bajo el liderazgo de Carlos Menem-Domingo Cavallo que llevó a la calificación de
estados fallidos a muchas provincias norteñas preparando para el
neoextractivismo del siglo XXI no sólo mediante esta condena a la inviabilidad
económica sino también con el armado de la legalización del despojo.
Desde 2001 hasta ahora se ha
intensificado el carácter mafioso
del PJ
(complementado por la UCR) con el desarrollo de: el Estado policial, las fuerzas
de seguridad privada, el capitalismo especulativo y los formidables
negocios ilícitos del capitalismo en forma de narcotráfico, de trata de
personas, de prostitución...
La eficiencia del gobierno K (al
frente del PJ en alianza con fuerzas progresistas e izquierdistas) para
instaurar la democracia representativa en correspondencia con el sistema de
saqueo y destrucción del extractivismo se da con el refuerzo del neofeudalismo
de la Constitución de 1994 mediante:
a)
Constitución de la federación de
estados mineros y consolidación de la de petroleros. Ambos profundizan lo construido por el neoliberalismo para la opresión capitalista e imperialista. Sobre la de los mineros aclaran el
19 de febrero de 2012:
Jorge Rulli (Grupo de Reflexión Rural) advierte:
Durante años afirmamos que se dibujaba de manera encubierta un tercer país pegado a la Cordillera de los Andes, el país de las mineras, de las Corporaciones mineras. Ahora, con la reunión de las provincias que apuestan a la minería se expresa aquella amenaza, la de la balcanización del país en función de los diviersos modelos productivos que nos colonizan. Mañana podríamos tener una confederación de provincias sojeras para ver cómo enfrentar las campañas contra las fumigaciones que han llenado el país de pibes gravemente discapacitados... Es la fragmentación de la Argentina por los intereses de las Corporaciones... Si somos capaces de tomar conciencia sobre ello y si lo denunciamos les estamos haciendo saltar la trampa que tratan de instalar para el definitivo sometimiento de la Argentina... nosotros como GRR creemos que, pese a todo lo mal que puede irnos, seguimos siendo el gran laboratorio de una esperanza de Liberación para la América Latina...
El Gobierno nacional volvió a apoyar la megaminería
Por Tomás Canosa
De Vido impulsó la creación de una asociación de 9 provincias mineras. Buscan
promover la actividad y enfrentar las críticas ambientalistas. Además, quedarse
con una parte mayor de la renta del sector.
El Gobierno volvió a respaldar
la actividad minera, a pesar de los reclamos en distintos puntos del país por el
impacto ambiental de la actividad. Así, la Nación impulsó ayer la creación de la
Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) que busca promover la actividad,
enfrentar las críticas ambientalistas y que las provincias obtengan una porción
más grande de las ganancias que genera el sector. (…)
Leer
b.
Subordinación
del Estado a los súper negocios de
los oligopolios y estados imperialistas y sus
socios locales.
Lo ejemplificamos con la
implantación del fracking que es criminal e ineficiente (para proveer energía de
largo plazo):
1.
El fallo de la Corte Suprema a favor de Chevron
Por Alejandro Teitelbaum (especial para
ARGENPRESS.info)
I. Hace unos días
la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en un dictamen
referido al embargo de los bienes de Chevron en territorio argentino pedido por
la justicia ecuatoriana y aceptado por el juez Elcuj Miranda en primera
instancia y confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, dijo que el
pedido “librado por el juez ecuatoriano en tanto que la medida allí dispuesta
-dictada en el marco de un procedimiento en que no se aseguró la defensa de los
sujetos afectados- es manifiestamente contraria al orden público argentino”.
Agregó que “El
interés público de la actividad desarrollada por los recurrentes [Chevron] y la
trascendencia económica del embargo me llevan a la convicción de que la decisión
apelada puede producir agravios de carácter irreparable a intereses esenciales
de la Nación vinculados con la política energética y el desarrollo económico del
país. Así el caso involucra una cuestión de gravedad institucional”. Dijo
también la Procuradora que los sujetos embargados eran “sociedades constituidas
en la República Argentina y en el Reino de Dinamarca”, lo que implica que tienen
“personalidad jurídica propia y distinta de la de sus accionistas directos e
indirectos, según lo estipulado por la legislación nacional”.
La Corte Suprema
de Justicia, por amplia mayoría y siguiendo el dictamen de la Procuradora, hizo
lugar al recurso extraordinario presentado por Chevron y falló a favor de la
transnacional petrolera dejando sin efecto el embargo. Hubo un sólo voto en
contra, aunque la prensa oficialista, por ejemplo Página 12, escribe que el
fallo se adoptó por unanimidad.
La Corte
sostuvo que el embargo, por 19.021.552.000 dólares, “se extendía a las
sociedades subsidiarias de Chevron Corporation, en particular a las aquí
demandadas Chevron Argentina SRL e Ingeniero Roberto Priú y los titulares de sus
cuotas sociales”.
Dijo también la
Corte : “La decisión tomada por la Justicia del Ecuador de imponer medidas
cautelares sobre los bienes de las sociedades demandadas, en razón de haberse
decretado sin audiencia previa, la inoponibilidad de su personalidad jurídica,
las ha privado de este derecho, con afectación de principios que integran el
orden público internacional argentino (arts. 17 y 18 de la Constitución
Nacional), circunstancia que obsta al cumplimiento de la carta rogatoria”. La
Corte citó además el artículo 517 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, que, entre otros requisitos para que una sentencia extranjera pueda
ejecutarse, exige: « que la sentencia no afecte los principios de orden público
del derecho argentino » y « que la parte demandada contra la que se pretende
ejecutar la sentencia hubiese sido personalmente citada y se haya garantizado su
defensa ».
Los argumentos
del dictamen de la Procuradora y del fallo votado por la mayoría de la Corte son
jurídicamente insostenibles: referirse al artículo 17 de la Constitución
Nacional, que habla de la inviolabilidad de la propiedad y de la confiscación de
bienes es una extrapolación totalmente fuera de lugar : con una medida cautelar
de embargo no se está violando el derecho de propiedad y menos aún confiscando
bienes. Y la alusión al artículo 18 de la misma Constitución (derecho a la
defensa en juicio), porque no se habría cumplido con el requisito del artículo
517 del Código procesal, también es insostenible, pues como
señalaron el juez que decretó el embargo, la Cámara que lo confirmó y el juez
Fayt que votó en contra en la Corte Suprema « las subsidiarias tienen el derecho
de ser oídas en el proceso de Ecuador porque así lo establece la Convención
Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares”.
Pero el dictamen de la Procuradora y el fallo
de la Corte olvidaron además la mejor tradición jurisprudencial argentina e
internacional en materia de empresas transnacionales en lo que se refiere a la
identidad de intereses de la casa matriz y las subsidiarias.
En efecto, la Corte Suprema Argentina dijo en
1973 que cuando el status jurídico de la filial hace aparecer a ésta como una
entidad independiente es preciso «levantar el velo» de la ficción jurídica y
establecer la realidad económica, de modo que la sociedad matriz no pueda eludir
sus responsabilidades (Corte Suprema Argentina, sentencia del 31/7/73 en el caso
“Parke Davis”).
También en 1973, la misma Corte Suprema, en
el caso Swift Deltec, dijo que cuando la sociedad matriz deja insolvente a la
filial y esta quiebra burlando los derechos de sus acreedores, entre ellos sus
asalariados, corresponde extender los efectos de la quiebra a la sociedad matriz
a fin de que esta se haga responsable ante los acreedores de la filial.
En el mismo sentido, la jurisprudencia de la
Corte de Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido que las multas por
infracción a las reglas de la competencia aplicadas a una sociedad subordinada
con la nacionalidad de un Estado miembro, deben extenderse a la sociedad
dominante que tiene la nacionalidad de un Estado tercero (Sentencia del 21 de
febrero de 1973).
De modo
que, despejada la hojarasca jurídica insustancial del dictamen de la Procuradora
y del voto mayoritario de la Corte, queda al descubierto el verdadero fondo
político-ideológico neocolonial expresado claramente por la Procuradora en su
dictamen:
“El interés público de la actividad desarrollada por los recurrentes [Chevron] y
la trascendencia económica del embargo me llevan a la convicción de que la
decisión apelada puede producir agravios de carácter irreparable a intereses
esenciales de la Nación vinculados con la política energética y el desarrollo
económico del país. Así el caso involucra una cuestión de gravedad
institucional”.
A lo que se
suma que el dictamen de la Procuradora y el fallo de la mayoría de la Corte
consagran la impunidad de los crímenes económicos y ambientales cometidos por
las sociedades trasnacionales, que se escudan tras cambios de nombre o tras
filiales reales o ficticias, ignorando el principio fundamental de la identidad
de intereses y de la responsabilidad solidaria de la casa matriz y de sus
filiales o subsidiarias.
II. Entre los
años 1964 y 1992, la compañía petrolera transnacional Texaco construyó y operó
pozos y estaciones de producción petrolera en la región norte de la Amazonía
Ecuatoriana. Se le concedió un territorio de 1.500.000 hectáreas de selva donde
viven o vivían varias comunidades indígenas.
Texaco no
utilizó las técnicas adecuadas para evitar la contaminación ambiental sino, para
maximizar sus ganancias, usó otras técnicas más baratas diseñadas en Estados
Unidos, lo que le permitió economizar unos 8 mil quinientos millones de dólares.
El resultado es que aún hoy decenas de miles de pobladores sufren las
consecuencias ambientales (contaminación de las aguas y del suelo) y sanitarias
(aumento sustancial del número de cancerosos, etc.).
En 1993 se
inició la demanda ante un tribunal de Estados Unidos, una
acción colectiva o acción de clase iniciada
por el Frente de Defensa de la Amazonia en nombre de varios miles de víctimas.
El juez aceptó la competencia basándose precisamente en que las técnicas de
explotación empleadas habían sido diseñadas en Estados Unidos. Pero dicho juez
falleció y el criterio en materia de jurisdicción cambió hasta que en 2002,
nueve años después de iniciada la demanda, quedó firme la decisión de
incompetencia de los tribunales estadounidenses.
Entonces se
inició el juicio en el Ecuador en mayo de 2003 en la ciudad de Lago Agrio. Los
demandantes incluyen colonos y cinco nacionalidades indígenas: Siona, Secoya,
Cofán, Huaorani y Kichwa del oriente divididas en 80 comunidades sumando más de
30.000 afectados.
El reclamo de
reparación se estimó en 27 mil millones de dólares contra Chevron Texaco, pues
en 2001 Texaco fusionó con Chevron, asumiendo el nuevo consorcio todas las
obligaciones.
La sentencia
definitiva de los tribunales ecuatorianos condenó a Chevron a pagar 19.500
millones de dólares destinados a la limpieza de la región.
Este es el
origen de los embargos pedidos por Ecuador en distintos países, entre ellos
Argentina, para intentar el cobro de la suma reclamada.
Es una conducta
habitual de Chevron contaminar la región donde opera para reducir los costos.
III. El embargo
levantado por la Corte Suprema era visto como un obstáculo para la concreción
del memorando de entendimiento celebrado entre YPF y Chevron en setiembre de
2012.
Según La Nación
del 5 de junio, el 27 de marzo de este año , Galuccio, Director Ejecutivo de YPF
le mandó una carta a los litigantes : “En nuestra opinión, las medidas
promovidas por ustedes son absolutamente perjudiciales para la Argentina y
podrían tener un efecto negativo en la inversión y el empleo en el país. Por eso
rechazamos la afirmación que realizan en vuestra carta sobre que dichas medidas
no afectan los planes de YPF. Y creemos que la única forma de evitar un enorme
daño a nuestro país es el cese de tales medidas en la República Argentina”.
Sobre el
Memorando de entendimiento YPF-Chevron escribimos, entre otras cosas, en
Argenpress el 17 de setiembre de 2012:
… »El acuerdo establece “el interés mutuo para desarrollar un cluster de
hidrocarburos no convencionales, a través de un proceso de investigación y
desarrollo de proyectos conjuntos”. ..
… »Estas negociaciones son coherentes con la invariable política seguida desde hace años hasta la actualidad, de facilitar la explotación de los recursos naturales agrícolas (sojización) y minerales (minería a cielo abierto, etc.) por parte de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, con el resultado de graves daños ecológicos y sin repercusión positiva apreciable para el país en el plano económico (ínfima participación en los beneficios) y social (desaparición de muchas pequeñas explotaciones rurales, deplorables condiciones de trabajo en las minas, por el ejemplo en el “Estado independiente” Barrick Gold, a caballo de la Cordillera de los Andes entre Argentina y Chile, etc) »….
… »¿Qué son los yacimientos no convencionales, que despiertan tanto el interés de esas grandes empresas? Son arenas bituminosas, petróleo y gas de pizarra o esquisto (shale gas y shale oil) y gas de arenas profundas/ compactas (tight gas es decir reservas de gas y petróleo intersticiales en formaciones rocosas o mezcladas con arena, diferentes de los yacimientos convencionales constituidos en napas. Su explotación requiere técnicas recientes y la utilización de grandes cantidades de agua y químicos de alta toxicidad »….
… »Los más grandes yacimientos no convencionales conocidos en Argentina son los de Vaca Muerta, en Neuquén, que abarca una zona de 30000 km2, 12000 de los cuales controlados por YPF. Objeto del acuerdo con Chevron… »
Pero aparte de la enorme inversión y del tiempo que habría que esperar para llegar a un eventual autoabastecimiento energético, se plantean dos cuestiones cruciales : a) la ambiental y b) la posibilidad de negociar en forma transparente defendiendo el interés nacional con las grandes empresas y, ya en la etapa de la explotación, realizar un riguroso control ambiental de las técnicas empleadas y económico de la producción real y de los beneficios, con una equitativa participación estatal en estos últimos…. »
… »a) En cuanto a la cuestión ambiental, un artículo de OPSUR (Observatorio Petrolero Sur) distribuido el 19 de marzo ¿Novedad o el horror potenciado? (http://www.opsur.org.ar/blog/2012/04/19/fractura-expuesta). publicado también en Argenpress el 23 de abril, se refiere al serio problema ambiental que plantea la explotación de los yacimientos no convencionales y describe la resistencia que en todas partes se desarrolla contra dicha explotación y las medidas gubernamentales de moratoria para frenar la aplicación del sistema de fractura hidráulica : en el Estado de Quebec, Canadá, en el Estado de Nueva Gales del Sur, Australia, en Sudáfrica donde el Gobierno ordenó el cese de dicha explotación hasta que se hagan los correspondientes estudios , en Francia, donde una masiva movilización popular en 2011 logró que se aprobara una ley que prohíbe la técnica de fractura hidráulica… ».
… »Como puede apreciarse la explotación de los yacimientos no convencionales implica riesgos ambientales muy considerables.
… b) La otra cuestión crucial que está planteada es, dado lo que es público y notorio en materia de corrupción en la Argentina actual, frente a empresas transnacionales con una capacidad de corrupción prácticamente ilimitada y una gran experiencia práctica en la materia, quiénes y cómo defenderían de manera inflexible los intereses económicos y ambientales nacionales. Para poder crear las condiciones de resistir un “cañonazo” de algunos millones de dólares de las petroleras transnacionales habría que cambiar totalmente los modos de gestión, a fin de asegurar la total transparencia, un control institucional democrático y un verdadero control social y popular. Nada de lo cual existe actualmente.
De modo que, en este estado, sólo cabe esperar que Chevron, como lo hace habitualmente en todo el mundo y como ya lo hacen otras grandes transnacionales en Argentina , saqueará el patrimonio nacional y provocará, sin reparo alguno, un vasto desastre ambiental »….
… »Estas negociaciones son coherentes con la invariable política seguida desde hace años hasta la actualidad, de facilitar la explotación de los recursos naturales agrícolas (sojización) y minerales (minería a cielo abierto, etc.) por parte de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, con el resultado de graves daños ecológicos y sin repercusión positiva apreciable para el país en el plano económico (ínfima participación en los beneficios) y social (desaparición de muchas pequeñas explotaciones rurales, deplorables condiciones de trabajo en las minas, por el ejemplo en el “Estado independiente” Barrick Gold, a caballo de la Cordillera de los Andes entre Argentina y Chile, etc) »….
… »¿Qué son los yacimientos no convencionales, que despiertan tanto el interés de esas grandes empresas? Son arenas bituminosas, petróleo y gas de pizarra o esquisto (shale gas y shale oil) y gas de arenas profundas/ compactas (tight gas es decir reservas de gas y petróleo intersticiales en formaciones rocosas o mezcladas con arena, diferentes de los yacimientos convencionales constituidos en napas. Su explotación requiere técnicas recientes y la utilización de grandes cantidades de agua y químicos de alta toxicidad »….
… »Los más grandes yacimientos no convencionales conocidos en Argentina son los de Vaca Muerta, en Neuquén, que abarca una zona de 30000 km2, 12000 de los cuales controlados por YPF. Objeto del acuerdo con Chevron… »
Pero aparte de la enorme inversión y del tiempo que habría que esperar para llegar a un eventual autoabastecimiento energético, se plantean dos cuestiones cruciales : a) la ambiental y b) la posibilidad de negociar en forma transparente defendiendo el interés nacional con las grandes empresas y, ya en la etapa de la explotación, realizar un riguroso control ambiental de las técnicas empleadas y económico de la producción real y de los beneficios, con una equitativa participación estatal en estos últimos…. »
… »a) En cuanto a la cuestión ambiental, un artículo de OPSUR (Observatorio Petrolero Sur) distribuido el 19 de marzo ¿Novedad o el horror potenciado? (http://www.opsur.org.ar/blog/2012/04/19/fractura-expuesta). publicado también en Argenpress el 23 de abril, se refiere al serio problema ambiental que plantea la explotación de los yacimientos no convencionales y describe la resistencia que en todas partes se desarrolla contra dicha explotación y las medidas gubernamentales de moratoria para frenar la aplicación del sistema de fractura hidráulica : en el Estado de Quebec, Canadá, en el Estado de Nueva Gales del Sur, Australia, en Sudáfrica donde el Gobierno ordenó el cese de dicha explotación hasta que se hagan los correspondientes estudios , en Francia, donde una masiva movilización popular en 2011 logró que se aprobara una ley que prohíbe la técnica de fractura hidráulica… ».
… »Como puede apreciarse la explotación de los yacimientos no convencionales implica riesgos ambientales muy considerables.
… b) La otra cuestión crucial que está planteada es, dado lo que es público y notorio en materia de corrupción en la Argentina actual, frente a empresas transnacionales con una capacidad de corrupción prácticamente ilimitada y una gran experiencia práctica en la materia, quiénes y cómo defenderían de manera inflexible los intereses económicos y ambientales nacionales. Para poder crear las condiciones de resistir un “cañonazo” de algunos millones de dólares de las petroleras transnacionales habría que cambiar totalmente los modos de gestión, a fin de asegurar la total transparencia, un control institucional democrático y un verdadero control social y popular. Nada de lo cual existe actualmente.
De modo que, en este estado, sólo cabe esperar que Chevron, como lo hace habitualmente en todo el mundo y como ya lo hacen otras grandes transnacionales en Argentina , saqueará el patrimonio nacional y provocará, sin reparo alguno, un vasto desastre ambiental »….
Con otro
agravante : Argentina está totalmente desguarnecida jurídicamente en caso de
conflicto con una empresa transnacional, pues durante los diez años de gestión
de la « década ganada» no se HA HECHO NADA PARA MEJORAR ESTA SITUACIÓN :
Siguen vigentes
las leyes de inversiones extranjeras y de expropiaciones dictadas por la
dictadura militar y su Ministro de Economía Martínez de Hoz, los decretos
menenistas 1055/89, 1212/89 y 1589/89 de desregulación petrolera, los 54
tratados comerciales bilaterales celebrados y ratificados durante el Gobierno de
Menen no han sido denunciados y ni siquiera renegociados y Argentina sigue
adherida al CIADI, que organiza tribunales arbitrales bajo la égida del Banco
Mundial.
La vigencia de
los tratados bilaterales implica la renuncia a la jurisdicción nacional,
renuncia a la que el Gobierno trata de darle permanencia mediante su
introducción en las reformas proyectadas al Código Civil (artículos 1657 a
1665).
(ARTÍCULO
1657.- Arbitraje
institucional. Las partes pueden encomendar la administración
del arbitraje y la designación de árbitros a asociaciones civiles u otras
entidades nacionales o
extranjeras cuyos
estatutos así lo prevean. Los reglamentos de arbitraje de las entidades
administradoras rigen todo el proceso arbitral e integran el contrato de
arbitraje.)
ARTÍCULO 1658.- Cláusulas
facultativas. Se puede convenir: a) la
sede del arbitraje;…., etc.etc.).
De modo que el fallo de la Corte Suprema a favor de Chevron no merece ser
celebrado, sino todo lo contrario. En primer lugar porque es un golpe bajo
contra las víctimas de Chevron en Ecuador y en segundo lugar y no menos
importante, porque contribuye a facilitar la política entreguista, antinacional
y contraria a los intereses populares del actual Gobierno de Argentina.
Fuente: http://comunicacionpopular.com.ar/el-fallo-de-la-corte-suprema-a-favor-de-chevron-----
2. El avance del Consenso del Fracking
Por Maristella Svampa y Enrique
Viale
En
el número anterior de La Vanguardia escribimos
acerca de la peligrosa construcción de un relato mistificador sobre el fracking
por parte del gobierno nacional, a través de YPF, y de los involucrados
provinciales (sobre todo el gobierno neuquino). Hicimos hincapié en la intensa
estrategia comunicacional, que busca transformar la “necesidad” en ”virtud”,
rechazando de plano cualquier crítica o restando carácter controversial a la
metodología de la fractura hidráulica.
En rigor, el gobierno, los medios de
comunicación y las operadoras petroleras han ido más lejos, pues hoy debemos
hablar cada vez más de la instalación de un Consenso
del fracking. Como afirma la periodista Laura Rocha, especializada en
cuestiones ambientales, “el fracking se lleva todos los títulos cuando se habla
de industria petrolera”, además de todos los suplementos económicos y de energía
de los medios oficialistas, nacionales y provinciales, así como aquellos medios
opositores. Detrás de Vaca Muerta se observa así un alineamiento que encuentra
al gobierno y la oposición detrás de una visión “eldoradista”, que recrea la
idea de la Argentina potencia, identificando sin más abastecimiento
hidrocarburífero con soberanía energética y clausurando el camino hacia la
búsqueda de otras energías, limpias y renovables.
El Consenso
del fracking une en una misma
visión a progresistas y neoliberales acerca de lo que debe ser YPF modelo 2012.
A través de la figura de la sociedad mixta se colocó en el centro del nuevo
paradigma la búsqueda y otorgamiento de grandes concesiones a los capitales
extranjeros, tal como ya se hizo con Chevron. Esta vuelta de tuerca privatista
dejó muy lejos el modelo nacional-estatal que fuera reivindicado –al menos
retóricamente- a la hora de la intervención de Repsol-YPF.
El
caso es que Chevron impuso sus términos para desembarcar en Vaca Muerta. Éstos
quedaron reflejados en el decreto 929 que creó un régimen especial de promoción
hidrocarburífero para los no convencionales que beneficia a las compañías que
inviertan más de mil millones de dólares. A la manera de la legislación minera
de los 90, se estableció que, a partir del quinto año de comenzado el proyecto,
el 20% de lo extraído estará sujeto a cotización internacional (muy superior al
precio local), sea para la exportación o para el mercado interno, si es que éste
no se encuentra debidamente abastecido.
En el primer caso, se quitará todo gravamen aduanero (retenciones) y en ambos se
permitirá la libre disponibilidad de las divisas obtenidas. Estas prerrogativas,
violatorias de la ley nacional de Hidrocarburos, limitan los alcances de la ley
de Soberanía Energética al tiempo que contravienen la ley general del Ambiente y
el art. 41 de la Constitución Nacional. El Decreto Presidencial 929/13 fue
publicado un día antes de que se firmara el acuerdo con Chevron.
Lo
que se dice “un traje a medida” que respondió a exigencias de la empresa
norteamericana.
Pero
este decreto no son las únicas liberalidades que posee Chevron en nuestro país.
El Diario New York Times reveló
parte de las cláusulas firmadas con YPF que increíblemente siguen siendo
secretas. Chevron continuaría recibiendo parte de las regalías de aquellos pozos
que alcance a poner en marcha aún si la empresa se retira del país, en concreto
obtendría “los beneficios netos del 50% de la producción de los pozos iniciales
a perpetuidad”. Asimismo la ley aplicable del Acuerdo, en caso de incumplimiento
o disputas, no es la de Argentina sino la que rige en la ciudad de Nueva York y
la jurisdicción no serían los tribunales argentinos, sino la Corte Internacional
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Francia.
La
reciente ratificación de la Cámara Federal porteña, que estableció que la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner puede ser investigada por la firma del
decreto 929/13, rompió el silencio y la aquiescencia en torno al pacto YPF-Chevron,
sentando un nuevo llamado de atención sobre lo que puede deparar al elenco
gubernamental la existencia de una Justicia independiente… Pero el impacto
político y mediático que esto tuvo fue muy efímero. Incluso los medios
considerados “opositores” encapsularon la problemática en la imputación a la
Presidenta y trataron de evitar el debate sobre la cuestionada técnica de la
fractura hidráulica.
En
la demanda en contra de la presidenta (como firmante del decreto) denunciábamos
no sólo el incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública y el abuso de
autoridad en la firma de ese Decreto, publicado un día antes de que se rubricara
el acuerdo entre YPF y Chevron, sino que también nos referíamos al daño
ambiental que implica la utilización del fracking y la permanente violación del
Derecho Indígena que supone el incontrolado avance de las petroleras sobre
comunidades mapuches. Pero el avance de la explotación de los hidrocarburos no
convencionales también se realiza mediante una flagrante violación del Convenio
169 de la OIT, ratificado por leyes nacionales, que exige la consulta libre,
previa e informado de las comunidades Mapuches sobre lo que pueda ocurrir en sus
territorios.
Por otro lado, la influencia cada vez mayor de EE.UU. detrás del Consenso del
fracking se torna cada vez más evidente. No olvidemos que es el país del norte
el principal productor mundial de no convencionales y verdadero motor de su
extracción. El pasado 22 de mayo, el subsecretario de Energía de los Estados
Unidos, Daniel Poneman, estuvo en nuestro país. “Visita inédita”, titularon
algunos medios. Visita proconsular, debería decirse en rigor… El emisario del
gobierno estadounidense se reunió con todos; gobierno y oposición. Además de la
propia Presidenta y el gobernador de Neuquén, agasajaron al emisario
norteamericano Jorge Capitanich, Julio de Vido, Axel Kiciloff, Guillermo Pereyra
y los opositores Ernesto Sanz y Jesús Rodríguez. También el Presidente de la
Cámara de Diputados, Julián Domínguez, lo recibió junto a Miguel Angel Pichetto,
los presidentes de las comisiones de Energía de las dos cámaras, el sindicalista
neuquino Guillermo Pereyra y el santacruceño Mario Metaza y un grupo entre
quienes estaban los diputados Omar Perotti, Mario Das Neves, Dante González,
entre otros.
Ratificando esta nueva vuelta de tuerca del Colonialismo del Siglo XXI, el
subsecretario de Energía de Estados Unidos exigió -sin tapujos- reglas claras,
un régimen fiscal especial y “seguridad para los contratos, porque hay empresas
que van a invertir miles de millones de dólares”. No está sóla Chevron, también
tienen una fuerte presencia en Vaca Muerta otras petroleras norteamericanas como
Exxon y EOG Resources.
En suma, el Consenso del Fracking reafirma
la dependencia de los combustibles fósiles, pero también el de la dependencia
con las grandes empresas trasnacionales, embarcándonos ciegamente en la
explotación de hidrocarburos no convencionales, que no sólo requieren de zonas
de sacrificio sino que presentan mayores costes operativos, son más difíciles de
extraer, más contaminantes y sus yacimientos presentan una vida útil inferior
respecto de otros tipos de energías. Asimismo, el Consenso del fracking no
permite las disidencias ni tolera tampoco el pensamiento crítico. No sólo
clausura el camino para pensar en otras matrices energéticas, basadas en las
energías limpias y renovables, sino también obtura el doble camino del debate
societal y el de la democratización de las decisiones.
Fuente original: La
Vanguardia Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_El_avance_del_Consenso_del_Fracking
-----
3.
Argenfracking
11 de junio de 2014
El gobierno argentino estableció como eje fundamental para el desarrollo energético la fractura hidraúlica. El proyecto presentado este Lunes a los gobernadores petroleros beneficia aún más a las empresas y configura un futuro negro para cualquier iniciativa alternativa de producción y crecimiento. El modelo Chevrón será la vara para medir lo que viene. Los festejos de una fiesta a la que no fuimos invitados.
Por Diego Colinamún publicado en
Prensa Tercer Milenio
Una baja en
los derechos de importación para equipamiento petrolero, la autorización para
exportar hasta 20% de su producción sin gravarlo con retenciones y la libre
disponibilidad de los fondos que esas operaciones generen, todos beneficios que
hoy no obtiene en la práctica casi ningún sector, son los puntos fundamentales
del proyecto-borrador que le presentó este lunes el Gobierno Nacional a los
integrantes de la Ofephi (la organización que reúne a las provincias petroleras
del país).
El borrador
será reelaborado y se espera que para la próxima reunión - el lunes - ya tome
forme de proyecto de Ley. Como tal, deberá pasar por el Congreso y luego ser
ratificada por las legislaturas provinciales. Todos los gobernadores dejaron en
claro que se respetará la Ley 26.197 conocida como "ley corta", donde el Estado
le transfirió la totalidad de los yacimientos a las provincias.
También se
acatará la reforma constitucional de 1994 donde las provincias tienen el dominio
jurisdiccional del subsuelo. Los derechos adquiridos no se tocarán, les
aseguraron a los gobernadores. En la práctica, las provincias seguirán siendo
las dueñas del recurso, pero no podrán poner las condiciones de explotación del
shale oil y gas. En la práctica también, no se modificará ninguna de las leyes
menemistas sobre recursos.
El esquema
es el mismo que - Vaca Muerta Mediante- le fue otorgado al sector a través de
los decretos 927 y 929, en la víspera de que se concretara la asociación de la
norteamericana Chevron con YPF, considerados fundamentales para ese acuerdo.
Las provincias
deberán ceder la capacidad que tenían hasta ahora para confeccionar licitaciones
de áreas petroleras de acuerdo con su criterio, y tendrán que subordinarse, si
la iniciativa prospera, al modelo que estará contemplado en la ley nacional.
Irán hacia
un esquema donde las regalías no podrán superar el 12% ni el impuesto a los
ingresos brutos, el 3%. La presidenta estuvo acompañada por el Jefe de Gabinete,
Jorge Capitanich, los ministros de Economía, Axel Kicillof y de Planificación,
Julio De Vido, el titular de YPF, Miguel Galluccio los sectretarios Legal y
Técnico, Carlos Zannini y de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro. El
encuentro comenzó a las 18.20 y finalizó a las 20.
Fuente:
http://www.noalamina.org/informacion-general/energia/item/12882-argenfracking
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