martes, 23 de septiembre de 2014

La responsabilidad de la Presidenta, según se ufanó, es garantizar nuestra condición de "pagadores seriales".


Esto explica que el país sea el acorde con 
la acumulación de los oligopolios locales e imperialistas.
Reflexionemos sobre porqué es prioritario la unión, a la izquierda, entre los diversos de abajo que erradique esta impunidad de la alianza de los capitales y Estados imperialistas con los poderes locales.
Deuda externa argentina:
proceso y funcionalidad para el desarrollo capitalista
Mayo de 2002
 
Por Julio Gambina

I - Introducción
A fines de 2001 y como consecuencia de la profunda crisis económica, social y política que se expresó en la renuncia del gobierno del Dr. Fernando De la Rúa (1999-2001), se dispuso la suspensión de los pagos de la Deuda Externa Pública (1) por el nuevo gobierno (de efímera duración, seis días) del Dr. Adolfo Rodíguez Saá. Política que fue confirmada por el Dr. Eduardo Duhalde, presidente designado por la Asamblea Legislativa entre enero de 2002 y diciembre de 2003 a los efectos de completar el mandato. En ambos casos, la decisión fue saludada efusivamente (de pie y aplausos) por buena parte de los parlamentarios. Los mismos que al poco tiempo subordinaron su voluntad política a las demandas del FMI y los "mercados globales".
Por ello, debe consignarse la voluntad de reiniciar los correspondientes pagos de intereses y capital de la deuda externa pública, la que se expresa en las continuas negociaciones encaradas por el gobierno argentino y el FMI, el G7 y particularmente con el gobierno de EE.UU.. Ese es el espíritu de la Resolución 73 del Ministerio de Economía antes comentada y que fuera recientemente formulada (25/04/02). La voluntad política del gobierno no es la suspensión, sino, la renegociación y reanudación de los pagos.
En ese sentido se pronunciaron los gobernadores de las provincias argentinas en su acuerdo con el gobierno nacional mediante 14 puntos, de los cuáles, el primero reconoce la necesidad de retomar el cumplimiento de los compromisos externos. Con ello queda claro, que más que una voluntad política de repudio de la deuda externa, lo que existió fue la imposibilidad de continuar con el pago de los intereses y la renegociación de los vencimientos de capital por cierre de las fuentes internacionales de financiamiento.(...)

III - Los problemas derivados de la deuda
Existen problemas fiscales evidentes, los que resultan de un creciente compromiso de los recursos fiscales  para el pago de los intereses de la deuda externa.
En el marco del estancamiento de los ingresos e incluso de su reducción, la permanente expansión del gasto por intereses afectó la posibilidad de sostener otros rubros del presupuesto, particularmente aquéllos de carácter social y los relativos al empleo e ingresos salariales de los trabajadores del Estado y la población con cobertura previsional.
En la década del 90, ese crecimiento de los desembolsos por intereses se produce luego de la refinanciación suscripta bajo el Plan Brady.
En efecto, si en 1992 los intereses abonados fueron 3.500 millones de dólares, en el 93 llegaron a 3.600 millones y se elevan al año siguiente hasta 4.700 millones (94). La suba desde 1995 se acrecienta en forma importante, siendo de 6.300 millones ese año, de 7.300 millones en 1996; 8.800 millones en 1997; 10.300 millones en 1998; 11.300 millones en 1999; 12.300 millones en 2000 y 12.000 millones en 2001. Este último guarismo representa el 22% del total del gasto público presupuestado. Esa evolución de los intereses se hacía insostenible.
Pero aún siendo importante el problema fiscal que se deriva de la deuda, más destacable es su papel como facilitador de los mecanismos económicos y extraeconómicos que definen la acumulación de capitales y ganancias.
En efecto, el endeudamiento fue utilizado como argumento ideológico para la privatización de las empresas públicas. Debe recordarse que en la última parte de la gestión del Dr. Alfonsín (1983/1989), específicamente desde fines de 1988 se suspendieron los pagos de la deuda. Estos se retomaron en los primeros años de la administración gubernamental del Dr. Menem, primero parcialmente (año 90), lo que permitió luego, renegociar la deuda en las condiciones del Plan Brady: los bancos acreedores se sacaron de encima la incobrable deuda, largamente amortizada en sus balances, tanto por previsiones propias, como por disposiciones precautorias de las entidades de supervisión de los respectivos países.
Recibieron a cambio títulos nuevos, garantizados por bonos del tesoro norteamericano y que además, pudieron colocar en el mercado global de capitales. Entre otros, crecieron los tenedores argentinos de esos títulos. Los bancos comerciales transnacionales pasaron de ser los principales acreedores de la deuda externa argentina en 1992, en tanto prestamistas, a representar actualmente el 1.39% del total de la deuda y eventualmente contar títulos en cartera que pueden colocar en el mercado secundario de títulos.
El tema tiene importancia, ya que alguna disposición política relativa al no pago de la deuda tenía a los bancos comerciales como principales afectados. El Plan Brady los liberó de esa posibilidad y en la actualidad buena parte de esos títulos, como vimos, está en manos de residentes argentinos, especialmente por las inversiones derivadas del fondo de capitalización que resulta de los aportes de los trabajadores al régimen de jubilaciones.
Debe anotarse a ese efecto la privatización del régimen previsional, iniciada en 1994 y que al 31 de marzo de 2002, los fondos de jubilaciones y pensiones acumulaban $24 mil millones de pesos, en manos de 12 Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP).
Dicho fondo generado en los últimos años está invertido principalmente por títulos de la deuda pública externa. Eso explica, entre otros, el cambio importante de tenedores de la deuda externa de residentes externos a locales.
Desde el Plan Brady hasta el presente se operó un cambio de la deuda externa, de créditos con los bancos comerciales a títulos públicos y crecieron los tenedores locales, perdiendo exposición financiera los externos. Es un proceso de "nacionalización" de la deuda externa.
Los títulos públicos (emitidos por el Gobierno Nacional y entes estatales, incluyendo economías regionales) siguen siendo el principal instrumento de la cartera de inversiones de las AFJP, afectando el 67% de los fondos. Las acciones y títulos privados representan el 16% del fondo total y los depósitos a plazo fijo el 7%. Los títulos valores extranjeros aumentaron su participación y representan el 6%. (5)

Si la renegociación de la deuda se procesa entre los años 91/93, el proceso privatizador se concentra entre 1992/94. Uno de los argumentos ofrecido era que el Estado cedía (vendía) patrimonios generadores de endeudamiento.
Los datos de las privatizaciones reflejan la valorización reducida de las empresas y la carga al presupuesto estatal de las deudas de esas empresas. El consenso social fue extendido en los dos sentidos: debían enajenarse las empresas públicas para achicar el Estado y al mismo tiempo, se tenía que honrar la deuda cancelándola.
Esos mecanismos ideológicos y propagandísticos utilizados para ganar consentimiento deben considerarse instrumentos extraeconómicos. En rigor, también pueden consignarse como tales las acciones represivas contra la resistencia a las privatizaciones y al pago de la deuda y permanente subordinación al FMI, a los bancos transnacionales y al conjunto del sistema financiero internacional.
Entre los mecanismos económicos más destacables puede consignarse el papel del endeudamiento público para favorecer la fuga de capitales, las remesas de utilidades al exterior del sector privado y el importante papel estatal en la atracción de excedentes de capital para acrecentar las reservas internacionales. Un elevado nivel de reservas contribuía a sostener una imagen de país confiable en el destino del capital.
En ese sentido puede observarse como la Argentina fue favorecida con el flujo internacional de divisas en la primera parte de la década del 90 en relación a sus socios del MERCOSUR, particularmente el Brasil, que es la economía de mayor potencia relativa y absoluta. La ecuación se modifica sustancialmente entre 1996 y 2000.
El financiamiento externo ha sido un mecanismo de acumulación del sector privado y que al mismo tiempo realimentó un proceso de déficit fiscal recurrente que demandaba mayores ingresos de créditos internacionales. (6)Ello responde a las formas de la acumulación de capitales a partir de la crisis de los 70. En efecto, puede señalarse la convergencia de la evolución del endeudamiento externo con la fuga de capitales (7) , de particular interés a partir de la expansión de la deuda a fines de los años 70 con la dictadura militar.
La conclusión de los autores es que "por cada dólar que entraba vía el endeudamiento externo había otro que se fugaba al exterior. Con posterioridad a la crisis financiera de 1981 y al estallido de la crisis mexicana de 1982, el estado argentino se hace cargo de una parte significativa de la deuda externa privada a través de la instrumentación de los seguros de cambio. Por lo tanto, en esos años el endeudamiento externo no sólo sirvió para financiar la fuga de capitales sino que, asimismo, el estado, al estatizar la deuda externa privada, efectuó una transferencia de recursos hacia el capital concentrado sin contrapartida alguna."
Según cálculos oficiales, la fuga de capitales se estima en 106.000 millones de dólares, mientras que para el equipo de economía de FLACSO, que dirige Basualdo, los valores alcanzan a los 150.000 millones de dólares.Cualquiera de ambas cifras que se puedan considerar, tienen relación con el elevado endeudamiento registrado a fines de diciembre de 2001, que tal como señalamos alcanza a 144.000 millones de dólares.
IV - Algunas referencias históricas
Ni la deuda ni la crisis de la deuda son un tema nuevo en la Argentina. Nuestra historia podría remitirse al papel de la deuda pública en la constitución del Estado Nacional, crédito con la Bahring Brothers mediante, pero no es nuestro objeto remitirnos al Siglo XIX.
Es más, en la edad de oro del capitalismo, en la posguerra, Argentina se inserta en la división internacional del trabajo sin problema de endeudamiento. Esta es otra historia y en ella tampoco nos detenemos.
El problema remite a los cambios económicos, políticos y sociales impulsados desde el gobierno militar en 1976. Entre 1976 y 2001 se pagaron intereses por 139.000 millones de dólares, una cifra similar a los 144.000 millones que figuran con monto de deuda al final del periodo, habiendo comenzado con 9.700 millones de dólares. Un crecimiento espectacular de 1450%, para haber abonado en intereses lo mismo que se adeuda actualmente.
La deuda externa crece entre 1976 y 1983 un 370%, ya que de 9.700 millones de dólares, se pasa a 45.590 millones de dólares en esos años. Con el agravante citado anteriormente, de la estatización de la deuda externa, proceso consolidado en 1982 en oportunidad de presidir el BCRA el Dr. Domingo Cavallo.
Debe consignarse en este periodo el endeudamiento deliberado e innecesario de las empresas públicas, por caso la petrolera estatal YPF, fuertemente endeudada al mismo tiempo que crecía el precio del petróleo en escala mundial.
También se incrementa la deuda por gastos militares y en armamentos. En el periodo militar se registra el conflicto limítrofe con Chile a fines de 1978, la guerra por Malvinas con Gran Bretaña en 1982 y las demandas derivadas del terrorismo de Estado impuesto por la dictadura genocida entre 1976 y 1983.
Las empresas privadas también fueron inducidas al endeudamiento en momentos de bajísimas tasas de interés internacional. El ministro de economía de la dictadura, Dr. Martínez de Hoz, provenía de la principal organización de representación de la cúpula empresaria, el Consejo Empresario Argentino (CEA) y al momento de asumir era presidente de la acería ACINDAR, empresa con el mayor nivel de endeudamiento externo a finales de la dictadura.
Ya en tiempos de gobiernos constitucionales, entre 1983 y la actualidad, la deuda sigue su crecimiento.
Durante la gestión radical del Dr. Alfonsín (1983/1989) se pasa a 65.650 millones de dólares, es decir, un 44% más. En este periodo se inician procesos de renegociación con el FMI y la banca transnacional. Comienzan las primeras operaciones de capitalización de la deuda externa y no se puede llevar adelante el proyecto global de privatizaciones que se efectivizará en el turno siguiente.
Bajo las dos administraciones del Dr. Menem (1989/1999) el saldo alcanza a 146.400 millones de dólares, es decir, una expansión de 123%. En rigor, el crecimiento no es mayor por efecto de las privatizaciones que acercaron liquidez al fisco (18.000 millones en tres ejercicios) y del Plan Brady, que representó una disminución del monto de la deuda al momento de su suscripción.
En los dos años de la presidencia del Dr. De la Rúa, el registro al 31 de diciembre de 2001 es de 144.452 millones.
Debe mencionarse que entre diciembre de 2000 y un año después, antes de la caída del gobierno, los temores de default eran constantes y llevó el costo del dinero para la Argentina a tasas verdaderamente usurarias, con el valor de riesgo internacional superior a cualquier país, aún aquéllos que atravesaban también crisis de endeudamiento.
Así, se negocia una ayuda internacional en diciembre 2000, conocida como "blindaje financiero" por casi 40.000 millones de dólares (8) , los que se colocaron a disposición del país ante una emergencia de pagos. Esos fondos no fueron desembolsados en su totalidad e incluía aportes de los organismos financieros internacionales, algunos países (p.e. España) y bancos comerciales.
El ex ministro Cavallo se encontraba negociando un desembolso de esos fondos cuando fue despedido por la movilización popular el 19 de diciembre de 2001.
Durante 2001 se hacen dos operaciones de canje de títulos, una en junio por 28.000 millones de dólares y otra en noviembre por 42.000 millones de dólares con tenedores locales de la deuda, principalmente bancos y AFJP. En este caso, se otorgaron préstamos garantizados a cambio de los viejos títulos devaluados, estirando los plazos de vencimiento (años de gracia incluídos), modificando las tasas de interés y ofertando mejores garantías (recaudación). Uno de los objetivos buscados desde hacía mucho tiempo era garantizar la deuda con recaudación fiscal.
Ese canje incluyó a los tenedores locales de títulos de la deuda externa y constituyó el primer tramo de una operatoria que se extendería a todos los acreedores externos. Renegociación suspendida por la crisis política y que hoy se recrea por el nuevo gobierno. Entonces se señaló, que si las condiciones del segundo tramo mejoraban las del primero, los acreedores locales podían recomponer su canje de títulos a las nuevas mejores condiciones.
Esa deuda resultante del canje fue pesificada a febrero de 2002 a $1,40 por cada dólar más el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), índice que acompaña la inflación a precios minoristas. De ese modo, el canje de deuda pasó a expresarse en pesos, es decir, 70.392 millones de pesos (42.000 x 1,40 + 20%), que a $3 por dólar alcanzan a comprar 23.464 millones de dólares (70.392/3). Son datos de referencia a fines de abril de 2002.
Los tenedores locales de esos títulos canjeados aún no han aceptado estas nuevas condiciones y en rigor tienen plazo legal durante el mes de mayo de 2002 para aceptar o rechazar las condiciones de la pesificación más la aplicación del índice CER. En mayo se cobra la primera cuota de intereses.
Es más, durante el mes de Mayo se discute la aplicación de un plan de devolución de depósitos "incautados" (corralito) con títulos en dólares, los que rescatarían los préstamos garantizados otorgados en la última parte de la gestión De la Rúa y Cavallo. En definitiva, dejarían de tener efecto las disposiciones de la pesificación operada en febrero de 2002.
Estas medidas tienen efecto diferenciado en AFJP y Bancos.
Recordemos que las AFJP manejan un fondo de 24.000 millones de pesos, de los cuales el 67% estaba colocado en esos títulos y con los cuales, unos 16.000 millones, transformados en pesos y a la paridad 3 a 1 vigente a fines de abril, apenas representan 8.960 millones de dólares (16.000 x 1,40 + 20%). Una licuación que se descarga sobre un fondo de capitalización con destino a las jubilaciones futuras de 9 millones de asociados al régimen de capitalización previsional que administran las AFJP vinculadas a los bancos transnacionales que operan en la Argentina.
Las AFJP analizan esas condiciones ya que quedan expuestas a juicios ulteriores de los beneficiarios de esos fondos. Insistimos, que esa situación se devela en los próximos días, según se resuelva con el plan de bonos para rescatar depósitos bancarios pesificados y reprogramados, o con la aceptación de la pesificación más CER.
Buena parte del resto de los títulos que fueron pesificados están en manos de los bancos, los que tienen una situación diferente a las AFJP, ya que los bancos serán compensados por el Estado mediante un bono que cubra la asimetría de la pesificación de créditos por valores un peso igual a un dólar y los depósitos con una relación de 1 dólar a 1,40 pesos. Ese bono se carga al presupuesto que se financia con impuestos regresivos, ya que los impuestos al consumo constituyen la principal fuente de ingresos fiscales.
De todos modos, lo dicho en torno al plan bonos para AFJP, tendrá validez también para los bancos.
Si se mantiene la pesificación más CER habrá una disminución de deuda externa pública en los registros contables del sector externo. De lo contrario, con el plan bonos en tratamiento, todo vuelve a la moneda de referencia a diciembre de 2001 y los montos totales de deuda se mantienen.
Durante el 2001 las reservas líquidas del BCRA cayeron a 14.500 millones de dólares en diciembre y siguieron cayendo hasta los 12.780 millones en marzo de 2002 que registra la última información disponible (9) . Según la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales (10) , durante el año 2000 se perdieron 439 millones y durante el 2001, la pérdida alcanzó 12.083 millones de dólares, en una sucesión que se hizo insostenible en el último trimestre de 2001.(...) Notas:(...) Fuente: http://www.argentina.attac.org/documentos/10.14.htm

Repitamos: "Entre los mecanismos económicos más destacables puede consignarse el papel del endeudamiento público para favorecer la fuga de capitales, las remesas de utilidades al exterior del sector privado y el importante papel estatal en la atracción de excedentes de capital para acrecentar las reservas internacionales. (...)El financiamiento externo ha sido un mecanismo de acumulación del sector privado y que al mismo tiempo realimentó un proceso de déficit fiscal recurrente que demandaba mayores ingresos de créditos internacionales".

Como el endeudamiento público y la fuga de capitales posibilitan al sistema de constante enriquecimiento del bloque dominante persiste en la deKada.

Fuga de capitales III. Argentina (2002-2012).
Magnitudes, evolución, políticas públicas  y cuestiones fiscales relevantes
 
Por Jorge Gaggero, Magdalena Rua y Alejandro Gaggero
Documento de Trabajo Nº 52 - Diciembre de 2013

(…)V.- Conclusiones preliminares e hipótesis de trabajo futuro 
De modo preliminar, pueden esbozarse las siguientes conclusiones e hipótesis que  serán desarrolladas y testeadas en las futuras etapas del programa de trabajo sobre  “Fuga de Capitales” del CEFID-AR:(…)
  • V.3 Debido a estas últimas razones, al agravamiento de las circunstancias del  escenario externo más relevante en relación con estos desafíos -la extensión de la  globalización económico-financiera, el retroceso de las facultades tributarias del  Estado-Nación y, en particular, la expansión del sistema de las guaridas fiscales- y también, en el plano interno, a la acentuación de algunas características de la  estructura económica de la Argentina, de su estructura tributaria y de la gestión fiscal,  que resultan especialmente disfuncionales, el problema de la fuga muestra impactos  de corto y largo plazo cada vez más serios. Esta es también una tendencia global que  se consolida, aunque –en términos relativos- los daños locales por ella producidos son  particularmente significativos en la Argentina. 
  • V.4 Entre las alegadas “características de la estructura económica local”, resulta  necesario destacar la creciente concentración y transnacionalización de las  actividades económicas y el peso dominante de las actividades de la exportación de  commodities agrícolas (más la importancia ascendente de la gran minería), cuya  relevancia en el fenómeno de la fuga constituye por el momento apenas una hipótesis  (cuyo análisis será encarado en una etapa posterior de este programa de  investigación). 
  • V.5 La estructura tributaria tiene, por otra parte, unas características tales que puede afectar la sustentabilidad macroeconómica y, a través de esta vía, deteriorar al  menos las expectativas de muchos agentes económicos, favoreciendo la fuga. El  régimen tributario estimula, además, la descapitalización de las empresas productivas,  la sobre-expansión de las actividades especulativas y el estímulo de las de baja  productividad económico-social (como, por ejemplo, la construcción residencial para  las élites), privilegiando un tipo de inversiones de corto ciclo de negocio y fuerte  vocación hacia las opciones offshore (de acuerdo al ciclo económico y el político, y a  las rentabilidades relativas ofrecidas por las opciones de negocio internas y externas).(…) Fuente: http://www.cefid-ar.org.ar/documentos/DTN52.pdf
Apreciemos significado e impunidad de la Presidenta de sostener que “la Patria pagará la deuda a todos los acreedores.

Después del Club de París, fondos buitres
20-06-2014

Por Rolando Astarita [Blog]
 (...) Por eso, toda la situación se sintetiza en esta contradicción flagrante: mantener la retórica de “resistencia nacional al capital financiero internacional”, al tiempo que se arreglan las cosas con el conjunto del capital financiero internacional. La dificultad de la tarea es que hay que enhebrar el nuevo “arreglo” en la saga de Ciadi, Milani, Chevron, Repsol, devaluación, ajustes de salarios, Club de París… Son demasiados los “sapos” que se viene tragando la militancia nacional. ¿Qué queda de las transformaciones “revolucionarias” de Argentina? ¿De qué se puede alardear ahora? ¿De una cuarta parte de la población en la pobreza? ¿Del 35% de los trabajadores precarizados? ¿De las jubilaciones de miseria? ¿De la fuga de capitales? ¿De pagarle 9700 millones al Club de París en 5 años?
Por supuesto, todo esto debía ir debajo de la alfombra, pero ahora hay que hacerle tragar a las bases del kirchnerismo un nuevo y gigantesco sapo: pagar a los fondos buitres, después de haber jurado y recontrajurado durante años que no se les daría un dólar. El discurso de hoy, 20 de junio -día de la bandera en Argentina- de Cristina en Rosario se puede sintetizar en “unidad nacional… para pagar”. El mensaje fue “la Patria pagará la deuda a todos los acreedores. Incluso ya se habla de que estaría acordada una nueva emisión de bonos, para entregar a los holdouts, junto con una parte del pago en efectivo. El juez Griesa dejó abierta una puerta para esta negociación al aclarar que el pago no tiene por qué ser todo en efectivo. The Wall Street Journal dice que los fondos buitres ya habrían aceptado recibir bonos. Los mismos acreedores que entraron en los canjes pueden estar interesados en que Argentina llegue a algún tipo de acuerdo con los holdouts, antes de que haya un default general que obligue a renegociar todo de vuelta. Con esto en vista, en esta nota presento algunas reflexiones en torno la deuda y el discurso K sobre el asunto. (...)
Deuda y transferencia de excedente
Ahora hay que particularizar lo anterior en el movimiento histórico concreto de la deuda externa argentina. Recordemos que la deuda ha venido creciendo de manera sostenida desde 1976. Al momento de producirse el golpe militar era de 8500 millones de dólares; al llegar Alfonsín había subido a 44.000 millones de dólares; en 1989 era de 65.000 millones; con Duhalde alcanzó los 176.000 millones; y en diciembre de 2013 (no hay muchos datos oficiales, el gobierno oculta mucha información) el stock de deuda era de 202.000 millones de dólares. Pues bien, el cuento que se cuenta habitualmente sobre este proceso viene a decir que la deuda externa fue una pura imposición de la dictadura militar, en combinación con los bancos y los centros financieros, y que desde entonces se estableció un mecanismo de explotación por vía del pago de intereses y refinanciación de los principales prestados, cuya víctima fue el pueblo argentino de conjunto (hasta que llegaron los Kirchner a liberar al país).
La realidad, sin embargo, es otra. Por empezar, ya en 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, hubo un intento de tomar grandes cantidades de deuda a tasa variable para superar la aguda crisis de la balanza de pagos que Argentina estaba atravesando. Luego, a partir de 1976, el endeudamiento fue aprobado, o por lo menos consentido, por amplios sectores de la clase dominante. Por este motivo continuó después de caída la dictadura militar, y se prolonga hasta el día de hoy. ¿Cuál fue la lógica? Pues que la deuda sirvió para financiar las grandes salidas de capitales que ocurrieron a lo largo de todos estos años. En este punto, un trabajo de economistas K del Banco Nación (Gaggero, Casparrino y Libman, “La fuga de capitales. Historia, presente y perspectiva”, Cefidar, 2007) muestra con meridiana claridad cómo el stock de la deuda externa y el stock de capitales fugados crecieron casi a la par desde mediados de los 1970 hasta los mediados de los 2000. Esto no fue una “imposición” del imperialismo colonialista sobre una burguesía sometida, sino una operación consciente y libre de los explotadores criollos, obedeciendo a sus propios intereses. Por esta vía se operó concretamente la soldadura con el capital financiero internacionalizado.
Naturalmente, las refinanciaciones también dieron lugar a repetidos festivales de dinero -cada una de estas operaciones dejaba suculentos ingresos a quienes participaban de ellas-, saqueo de los fondos públicos y corruptos negociados de todo tipo. Es muy significativo que en los 1990 y comienzos de los 2000, cuando se anunciaban las reestructuraciones de la deuda externa -en el marco de un creciente empobrecimiento del pueblo trabajador- la clase dominante saludaba estas operaciones como “triunfos”. Subrayo: fue una política general, de clase. Y esa política se integró con las privatizaciones -que implicaban siempre nuevas y gigantescas transferencias de riquezas-, con las aperturas de los mercados, y el despliegue a pleno de las leyes del capital. La dirigencia K, que hoy se hace la víctima, no puede negar que participó de cuerpo y alma en el asunto.
Por otra parte, muchos de los que adquirían los bonos de deuda también eran argentinos. Para bancos, financieras y otros inversores, los títulos eran vistos como una oportunidad de buenas ganancias. De esta manera se estrechaban también los vínculos con el capital financiero internacional. Por eso no se puede decir que la clase dominante argentina fuera o sea actualmente “explotada” por medio de la deuda. Los argentinos que tienen colocaciones financieras en Suiza, Miami o paraísos fiscales como las Seychelles, no están oprimidos por los centros financieros internacionales, sino son partícipes de la explotación del trabajo a través del capital de préstamo, al mismo nivel que cualquier otro capitalista financiero, sea de EEUU o de cualquier otro país.
Condiciones para los buitres
Recurrir a la historia y ampliar la lente hasta las relaciones sociales subyacentes permite desnudar al impostor. La “niebla ideológica” del nacionalismo estatista no sólo pretende ocultar “el reino de las estructuras”, para sustituirlas por mera apariencia -bandera argentina, patria, unidad nacional- sino también su propia participación en el crimen que denuncia con palabrerío infinito. Por eso, escuchando en el día de hoy a Cristina Fernández, me vino a la memoria el pasaje de Marx que dice “si de verdad creyera en su propio ser, no lo escondería bajo la apariencia de un ser ajeno ni buscaría su salvación en la hipocresía y el sofismo”. Es que no fue “un ser ajeno” a los Kirchner el que estableció las cláusulas que posibilitaron a los fondos buitres litigar en Nueva York.
Los datos, los duros datos de la realidad y de la historia reciente -esos que nunca podrá “coordinar” el funcionario “coordinador del pensamiento nacional”- están allí para quien quiera verlos. Cuando se reestructuró la deuda en 2004, el decreto firmado por el presidente Kirchner (decreto número 319 del PEN) prorrogó la jurisdicción de los tribunales de Nueva York y la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana. Esta renuncia de soberanía fue mantenida en el nuevo canje de 2010 (decreto 1953 de 2009, presidencia Cristina Kirchner). Alejandro Olmos Gaona (del que tomo muchos de estos datos) señaló repetidas veces que los funcionarios argentinos que aceptaban los tribunales de Nueva York no podían desconocer las tradiciones del derecho anglosajón en cuanto hacer cumplir contratos de deudas. Pero el criterio sigue vigente: entre las cláusulas (que se intentan mantener en secreto) del convenio que el gobierno K firmó con Chevron, hay una que establece que en caso de existir desacuerdos entre Chevron e YPF, la jurisdicción para arreglarlos no serán los tribunales argentinos, sino la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio con sede en Francia. Y otra que dispone que la ley aplicable del acuerdo en caso de incumplimientos o disputas no es la de Argentina, sino la que rige en la ciudad de Nueva York.
Tengamos presente también que en los canjes de 2005 y 2010 actuaron como intermediarios grandes grupos financieros: Citigroup Global Markets Inc. y Deutsche Bank Securities Inc. y Barclays Capital Inc., UBS Limited y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, que cobraron, como siempre, jugosas comisiones. Además, se fijaron otras cláusulas muy favorables a los acreedores, como las “cross default” (que disparan el default generalizado si no se cumple con el pago a algunos bonos), o la “RUFO” (siglas en inglés de derecho acerca de futuras ofertas), que garantiza que cualquier mejora que se otorgue a los que no entraron en el canje se aplicará a los que sí lo hicieron. Naturalmente, la Presidenta se niega a recordar estas cuestiones. Pero son datos históricos que no deberían olvidarse.
Permanencia de la dependencia y el subdesarrollo
Como lo hemos señalado más arriba, aquí hay un sendero que se profundiza y afianza. Los acuerdos con el Ciadi, con Repsol, Club de París, ahora con los fondos buitres, no se pueden separar de la devaluación y el ajuste de salarios, ni de cuestiones como la ley antiterrorista, la inteligencia sobre organizaciones de izquierda y movimientos sociales, o la designación de Milani. Y todos ellos conectan con algo fundamental, que hemos discutido en otras notas: el pretendido “modelo industrialista con inclusión social” no cambió en absoluto la matriz dependiente y atrasada del capitalismo argentino.
 Los “pilares” de la economía K durante la última década siguieron siendo el complejo sojero, maicero, la gran minería, la industria automotriz (deficitaria en términos de balanza comercial) y la industria liviana, con crecimiento más bien extensivo (esto es, basado en plusvalía absoluta). En este marco, desde 2007 a 2012 se produjo una nueva y gigantesca fuga de capitales (unos 80.000 millones de dólares hasta el cepo cambiario), expresión mayúscula del subdesarrollo. Agreguemos que en la “década ganada” los acreedores recibieron 173.000 millones de dólares (cifra proporcionada por Cristina Fernández). Y desde fines de 2013 la economía entró en estancamiento y recesión; a la vez, disminuyó el superávit comercial, y continuó aumentando el déficit fiscal. Por eso están dadas todas las condiciones para un nuevo incremento del stock de deuda. A los 9.700 millones de dólares que se comprometieron con el Club de París y a los 5000 millones de endeudamiento con Repsol, se sumarán ahora los montos que “arreglen” con los holdouts.
Cuando el gobierno devaluó en enero, los escribas K escribieron que “esta vez iba a ser distinto”. Desde este blog -y desde todas las publicaciones de la izquierda marxista- se pronosticó que venía más explotación y penalidades para el pueblo trabajador. No nos equivocamos. Ahora nos quieren vender que están “liberando la Patria” con este nuevo ciclo de endeudamiento masivo. La realidad es que esta “liberación” va a significar nuevos y mayores “ajustes” sobre los salarios y el bienestar de la clase trabajadora. De nuevo, esta vez tampoco será “distinto”.
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Regresemos a la consigna CFK de "patria o buitres" retomando a:

Después del Club de París, fondos buitres
20-06-2014

Por Rolando Astarita [Blog]

(...)Explicación materialista y capital financiero
Es necesario, en primer lugar, abordar la cuestión desde un enfoque materialista, esto es, dando prioridad explicativa a los condicionamientos de clase por sobre los relatos y las ensoñaciones ideológicas. Es que si bien las relaciones sociales no determinan mecánicamente el comportamiento de los personajes históricos, y por eso nadie puede descartar alguna “pirueta” nacionalista circunstancial, lo cierto es que las piruetas no determinan el curso de los acontecimientos. Apenas alteran algo de las formas. Y en todo este asunto, el curso profundo está determinado por el hecho de que entre el capital “en general” y el capital financiero existe una relación orgánica. Esto es, el capital financiero no es un capital “aparte”, sino una de las formas que adopta el capital, y que como tal, es indisociable del modo de producción capitalista. Esto no se interrumpe fronteras adentro, y por una razón muy sencilla: no hay acumulación del capital sin crédito; no hay crédito sin tasas de interés y mercados financieros; y no hay mercados sin especuladores. Y cuando el capitalismo se internacionaliza, no hay manera de desligar el capital local del capital internacional ni, por supuesto, del capital financiero internacional. Esta es la razón de fondo por la cual toda la clase dominante criolla -incluidos sus representantes más “izquierdistas”- presiona para que se llegue a un acuerdo con los buitres. Incluso los economistas K heterodoxos se han puesto serios, y hablan de las “dificultades que tiene el país por sus serias restricciones externas”.
Esta actitud no se debe a que la burguesía argentina, o sus representantes políticos, estén “colonizados” por el capital financiero internacional, como creen algunos. Es una relación de distinta naturaleza que la colonial, porque es entre participantes del botín de la plusvalía, que discuten de qué manera arreglan con los menores costos (menores costos para ellos, no para el pueblo, se entiende). Esta relación es la que pone un límite objetivo -el marxista posmoderno se pone incómodo- al devaneo “anti poder financiero global especulativo”. La insulsa tesis (Laclau y compañía) de que las clases y los movimientos políticos son construcciones retóricas y discursivas, no tiene forma de disimular el carácter objetivo de la vinculación entre modo de producción capitalista – crédito – intereses – deudas – especulación – carácter internacional del capital. Y esto significa, entre otras cosas, que existe un nexo orgánico, interno, entre la Patria -construcción burguesa- y el capital financiero, incluido el más especulativo. La oposición que el militante nac & pop cree absoluta, se da en realidad en el marco de la unidad entre las formas del capital, y no puede no darse en el plano de esa unidad.
Bajemos a tierra el planteo. Si el capital es, en esencia, valor que se valoriza mediante la explotación del trabajo (dinero que da más dinero, para dar más dinero), es inevitable que todo capitalista quiera ganar más y más saltando toda barrera y especulando de cualquier forma. Y para esto no hay que ir a Nueva York. Pensemos, por ejemplo, en capitalistas financieros operando bajo la dictadura militar argentina, y quedándose con las viviendas de quienes no podían pagar sus hipotecas. O en contratistas haciendo negociados como proveedores del Estado, y multiplicando sus fortunas de la noche a la mañana. O en inversores comprando tierras fiscales a precios viles, para revenderlas en poco tiempo por montos varias veces superiores. O en “asesores de deuda” cobrando millones a una provincia hambreada por “asesorar” una reestructuración de deuda con el gobierno nacional. O de nuevo imaginemos a inversores comprando, entre 2003 y 2005, títulos defaulteados a 20 o 25 centavos de dólar, entrando luego en el canje y enriqueciéndose de manera colosal con las altas tasas que se les pagaban (más “propinas” como el cupón PBI) y con la valorización de los títulos. Pero además, el capital acumulado por el especulador inmobiliario, por el contratista del Estado, por el adquirente de bonos, por el “old fund”, conecta por todos los poros con el capital mundial. Es parte de este, es sangre de su sangre y carne de su carne.
Veámoslo todavía en relación al país que se ha convertido en la bandera del nacionalismo pequeño burgués militante, la Venezuela chavista: entre 2005 y agosto de 2008 Venezuela le prestó a Argentina 7.599 millones de dólares a tasas que empezaron en 8,5% y terminaron, en agosto de 2008, en la astronómica cifra de 14,8%. Cuando se llegó a esos niveles, Argentina dejó de colocar deuda al compañero Chávez. ¿Qué tiene que ver esto con la patria o la liberación nacional? ¿O acaso van a explicar que Chávez cobraba esa tasa a Argentina porque estaba colonizado por el capital financiero internacional? Precisemos también que esta compra de bonos dio lugar a jugosos negociados de funcionarios chavistas y amigos del régimen: el gobierno de Venezuela vendía una parte de los bonos argentinos a bancos locales cobrando en bolívares al tipo de cambio oficial. Luego los bancos vendían los bonos en el mercado del dólar paralelo (precio más elevado que el oficial); quienes compraban los bonos los utilizaban para sacar divisas de Venezuela.
Toda una demostración de cómo funcionan estos mecanismos de liberación nacional y lucha contra el capital financiero especulativo internacional. A comienzos del siglo XXI ya no queda huella alguna del carácter medianamente progresista que pudo tener el capitalismo estatista de mediados del siglo pasado, que al menos procuraba invertir en desarrollo de las fuerzas productivas (aun con sus deficiencias). Actualmente, en esta era de nacionalismo estatista senil, lo que predomina es el lumpen, el aventurero sin límites ni escrúpulos. Por eso “Patria o buitres” es “solo” discurso. Coloco comillas en el “solo” porque no quiero disminuir la relevancia del discurso, la incidencia de lo ideológico (en el sentido de Marx) en el accionar de los seres humanos. Pero lo que trato de significar es que el discurso no afecta en ningún sentido profundo a la lógica del capital (el marxista posmoderno se pone nervioso de nuevo). Aun en el caso extremo de que el Gobierno K hubiera terminado defaulteando, ello no hubiera implicado una medida “revolucionaria”. Incluso en esa eventualidad (que no va a darse, todo indicaría) hubiera vuelto a negociar con el capital financiero de conjunto, y a recomponer relaciones. Es parte de su naturaleza social; segregan este curso con la misma espontaneidad con que un gusano segrega seda.(...)


Comprobemos hasta dónde la presidenta Cristina Fernández conduce el país o cómo lo entrega al gran hacedor del capitalismo de casino:


A puertas cerradas

Cristina habló con Soros de YPF, buitres y potencial agropecuario

Nueva York (especial) - Cristina de Kirchner recibió ayer, a puertas cerradas y con agenda libre, al multimillonario inversor húngaro George Soros en el piso 54 del Hotel Mandarín Oriental frente al Central Park donde se hospeda la jefa de Estado. Tras la reunión la mandataria visitó la muestra sobre Evita en el consulado argentino.

Al brindar detalles del encuentro Cristina subrayó que Soros auguró para la Argentina "un futuro muy promisorio por su capacidad agroalimentaria", e indicó que se dialogó "principalmente de la agricultura en el mundo contemporáneo y se destacó el rol que desempeña la Argentina como un actor principalísimo". A la vez indicó que durante la reunión también "nos referimos a otros rubros de importancia para la Argentina como lo son la tecnología y la ciencia".


Claro que además trascendió que durante la audiencia se conversó sobre cierto plan de Soros para sacar del default a la Argentina, reflejando el interés del inversor por sus negocios en el país.

La jefa del Estado expresó estos comentarios al culminar su recorrida por la muestra de fotos e imágenes "Evita pasión y acción" en la sede del Consulado argentino, su segunda actividad del día en el marco de su visita a esta ciudad para participar hoy de la Asamblea General de la ONU. 

De esta manera la Presidente repitió su costumbre de reunirse con grandes nombres de la política y economía mundial en su estadía en Nueva York para la Asamblea de la ONU. 


Con respecto a Soros, vale señalar que si bien se retiró como accionista de los shopping de IRSA, sigue teniendo muchos negocios en el país. Es el cuarto inversor individual en YPF. Tiene el 3,5% del paquete accionario en el que invirtió u$s 400 millones. Quienes siguen sus pasos de cerca señalan que está muy interesado con el potencial de petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Soros es también un gran tenedor de bonos soberanos. De hecho, presentó una demanda de tribunales de Londres, junto con otros fondos de inversión, para poder cobrar sus títulos argentinos emitidos en euros, trabados por el juez Griesa en Nueva York. Al tomar esta medida, se puso del lado del Gobierno argentino y se enfrenta a otro gran inversor como es Paul Singer, dueño del fondo NML, uno de los favorecidos por el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa. La otra parte del negocio de Soros está en el campo. Con Adecoagro tiene inversiones en la Argentina, Brasil y Uruguay. Quiso comprar a la empresa Sancor. Se quedó finalmente con La Lácteo de la que luego se desprendió. Cuenta con un total de 90.000 hectáreas en la que cultivó arroz, maíz y soja. Su fortuna asciende a unos u$s 20.000 millones.


La primera mandataria hablará mañana en la ONU en el segundo turno de la jornada, luego de la exposición de sus pares de Ruanda y Suiza. En el marco de su actividad en la sede de Naciones Unidas, Cristina participará previamente del tradicional almuerzo que el secretario general del organismo ofrece a las delegaciones, mientras que tras su discurso ante la Asamblea General concretará encuentros bilaterales.

martes, 16 de septiembre de 2014

¿Qué Estado condena a los de abajo a ser "pagadores seriales"?


   El que privilegia a los principales impunes de ayer y hoy: 
el poder económico e imperialista.
De ahí el desafío abajo de desentramparnos de los  "diálogos" que el Estado  establece porque son simulacros para encubrir la imposibilidad de armonía con esos adueñados del país. Por esta misma causa es crucial descubrir el verdadero desarrollo de otras medidas gubernamentales en apariencia favorables a la atención de necesidades e intereses populares. Un ejemplo es:

 

PRO.CRE.AR La política habitacional en discusión

Por Ayelen Correa y Silvio Schachter
 
 
El Programa Crédito Argentino para la Vivienda Única (Procrear Bicentenario) fue anunciado el 12 de Julio 2012 y significaría créditos personales para la construcción de 400 mil viviendas en los próximos cuatro años.
Al observar las definiciones del Programa, se puede concluir a primera vista que no es una iniciativa para los sectores populares organizados. Sus requisitos no contemplan las situaciones de informalidad en la tenencia de la tierra (tomas, Títulos y Actas de posesión, ausencia de escrituración, situación impositiva, entre los más relevados en el territorio), así como tampoco el trabajo precarizado o “en negro” (ilegal), que según datos del propio INDEC asciende a un 35 %. 
Aunque para referirse al PRO.CRE.AR, los medios de comunicación y los/as funcionarios/as utilicen el término “plan” y en muchos casos se lo denomine como un Plan de Viviendas, se trata de una nueva línea de crédito para la construcción de viviendas destinado a particulares, que se diferencia de otros créditos solamente por un positivo mejoramiento del tipo tasas y plazos. Una vez aprobada la transacción, “el plan” se gestiona como cualquier otro crédito hipotecario personal, resolviendo los/as adjudicatarios las características del lote y la vivienda. En esta primera etapa, para quienes posean lote, se estiman créditos para la construcción de 100 mil soluciones habitacionales. 
¿Tierra para quiénes?
Quizás las reflexiones más interesantes que pueden hacerse  atañen a la 2da. etapa del PRO.CRE.AR, donde el Estado Nacional dispone 86 terrenos fiscales para la construcción de viviendas. 1826 hectáreas dispersas por todo el territorio federal.
Esta disposición representa una novedad ya que el Estado viene negando de forma sistemática el acceso al suelo urbano a las organizaciones sociales, criminalizando y desalojando la toma de tierras. La política habitacional privilegia a dejar en manos de las empresas constructoras la localización y compra de lotes para la vivienda social, eso explica complejos habitacionales ubicados en zonas periféricas, del estilo monoblock o “plancha de ravioles” y  en general de mala calidad.

El volumen de las intervenciones desarrolladas por el Plan Federal de Construcción de Viviendas, entre 2004-2007, iguala las intervenciones habitacionales realizadas en los previos 27 años (1976-2003). Sin embargo, estas acciones resultan insuficientes, ya que el espacio urbano cristaliza múltiples complejidades: la segregación espacial, el colapso de los alquileres en villas e inquilinatos, los desalojos forzosos y el accionar de las fuerzas de seguridad, la conflictividad social, la creciente rentabilidad del suelo; procesos que explican acciones como la toma del Parque Indoamericano en Villa Soldati (2010) que tuvo una violenta desocupación como respuesta institucional.
Por un lado, podría celebrarse la intervención del Estado en el mercado del suelo -desregulado por la normativa vigente- al disponer de tierras fiscales para un uso social. Sin embargo, continúan sin poder ingresar aquellos sectores que no estén incluidos en el mercado formal de trabajo así como tampoco los sectores organizados que tienen proyectos colectivos de hábitat popular. Es decir, aquellos actores que vienen reclamando “Tierra para vivir” desde hace más de una década.
Además, hay que preguntarse y preguntar al Estado sobre las tierras afectadas que se encuentran ocupadas por asentamientos y organizaciones sociales, por cooperativas, centros comunitarios, bachilleratos populares, medios de comunicación alternativa, comedores barriales, entre otras experiencias. Mientras que esas tierras se mantuvieron en desuso y sin aportes públicos para su integración socio espacial, fueron las organizaciones sociales aquéllas que ocuparon el territorio, produciendo una identidad colectiva que dio sustento a experiencias de solidaridad y organización comunitaria. La redistribución de tierras fiscales no puede convertirse en una guerra de pueblo contra pueblo. Habrá que seguir con atención las direcciones que tome esta 2º etapa del PRO.CRE.AR, y la capacidad de las organizaciones, para  exigir que se consideren las experiencias territoriales que se vienen desarrollando desde el menemato y que sostuvieron las redes sociales durante las crisis.
La respuesta a la problemática habitacional no debería partir de ocupar cuanto terreno libre este disponible, tampoco de construir vivienda a mansalva. Es necesaria una política integral que considere a todo el producto urbano; una idea de ciudad distinta implica necesariamente una sociedad distinta.

Una pregunta fundamental surge aquí: en un contexto de fuerte mercantilización del suelo y luego de años de no disponer de tierra para política habitacional, ¿el Estado va a excluir a los sectores más desfavorecidos y a las organizaciones sociales territoriales del derecho a la ciudad y la vivienda?
Resulta evidente que en los temas que involucran el uso del territorio no hay interés en dar un debate amplio y participativo, enfrentando a las corporaciones inmobiliarias y financieras que diseñan y determinan la topografía urbana. Sí se observan peligrosos avances en la incorporación de normativas para los grandes proyectos inmobiliarios y las urbanizaciones cerradas, como las incorporadas en el Proyecto de Código Civil.
El  PRO.CRE.AR no puede considerarse tampoco  como parte de  una política social de viviendas, pues el  Banco Hipotecario S.A (ex Banco Hipotecario Nacional) designado  encargado de su administración e implementación por medio de un  fideicomiso, con fondos del Anses de   20.000 millones de pesos, es un vestigio de las privatizaciones y  está en manos de  una corporación inmobiliaria y urbanizadora privada que persigue la supra-rentabilidad y  lucra con la especulación financiera.
El grupo IRSA[2], una “empresa inmobiliaria líder en la Argentina” según su propio sitio, posee una participación del 29,77% en el Banco Hipotecario S.A. tiene mayoría en la integración de su  directorio y varios de sus miembros son también propietarios de la empresa CRESUD[3], una empresa agropecuaria con capitales en varios países de América Latina.
 
Un bien común
Política habitacional no necesariamente significa política social. No hay una relación unívoca entre estas acciones. Como dijera David Harvey, cuando la ciudad es el lugar que encuentran para absorber sus excedentes las grandes corporaciones (Harvey 2003), la política habitacional se vuelve sectorial, oligopólica y de reactivación económica.
Si bien a partir del PRO.CRE.AR, el Estado interviene en el mercado del suelo y de crédito para sectores medios, es necesario destacar que lo hace continuando con los patrones utilizados desde la década del ´60: el destinatario/a individual, la producción de viviendas como bienes de cambio, la lógica empresarial y sin considerar dinámicas de interacción y de participación de los actores sociales en la definición de las políticas.
En la cultura capitalista, de neto corte patrimonialista, la relación de la vivienda con la propiedad ha sido y es muy fuerte. Por generaciones el sueño de la casa propia ha tenido un poderoso anclaje en el imaginario popular. El carácter especulativo y rentista de la tierra urbana, de los bienes inmuebles y de las viviendas en particular, empuja hacia la necesidad de acceder a la casa propia como única alternativa de salir de este cuadro de inestabilidad y precariedad. Sin embargo, las experiencias de organizaciones sociales, ancladas en sentidos colectivos, comienzan a pensar en otras formas de habitar, en la defensa del derecho a la ciudad y a la vivienda como un bien común. Habitar, dice Lefebvre, significa “…para el individuo o para el grupo, (…) apropiarse de algo. Apropiarse no es tener en propiedad, sino hacer su obra, modelarla, formarla, poner su sello propio…” (Lefebvre, 1968).


Este artículo  forma parte de  las reflexiones y discusiones que diversos colectivos vienen teniendo sobre la problemática urbana, el acceso al suelo y el reciente anuncio oficial de un plan de créditos para particulares denominado PROCREAR.


Contextualicemos (sólo en la ciudad de Buenos Aires) cómo el Estado transfiere fondos de ANSeS y tierras públicas a Eduardo Elsztain (Banco Hipotecario, IRSA) intensificando de este modo el adueñarse de ese buitre 'bueno' de Bs.As. y el encarecimiento del suelo, la vivienda, el alquiler.

El acuerdo entre el Pro y el kirchnerismo podría no haber terminado.
7 de noviembre de 2012
En un pacto sin precedentes entre el FpV y el PRO, se votaron 11 leyes claves en la legislatura porteña: se construirán algunas viviendas sociales, pero avanza la privatización de la Ciudad y terrenos del Hospital Borda corren peligro. El acuerdo alcanzaría al Polo Audiovisual y a la “Dubai de la Costanera”, que podrían ser votados en la próxima sesión de la Legislatura porteña, posiblemente el 22 de noviembre. El Grupo IRSA, principal inmobiliario del país, y aliado del macrismo y el kirchnerismo, es el gran ganador. 
Por Nicolás De Mestico, para ANRed.
En la madrugada del viernes 02 de noviembre, en la Legislatura porteña tuvo lugar un acuerdo bochornoso. El interbloque kirchnerista (Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro y Frente Progresista y Popular) y el PRO, negociaron 11 leyes que dejan como saldo para la Ciudad de Buenos Aires la designación de algunos terrenos para la construcción de viviendas sociales, a cambio de múltiples negociados para empresas privadas y la posible quita de terrenos pertenecientes al Hospital Borda.
La negociación no resultó sencilla: el kirchnerismo debía aceptar algunos proyectos que venía criticando desde hacia tiempo, y otros en los que el móvil promotor era evidente: el avance de la privatización en la Ciudad. Es por eso que funcionarios como Diego Bossio y Axel Kicillof, viceministro de Economía y titular de la ANSeS, respectivamente, se hicieron presentes en la Legislatura para convencer a los legisladores kirchneristas y aliados.
Lo que logró imponer el macrismo
El PRO consiguió la aprobación de la venta del Edificio del Plata (zona obelisco) para la construcción de un nuevo Centro Cívico en el sur de la Ciudad. La idea original es la de mover la sede gubernamental a terrenos que pertenecen a los Talleres Protegidos del Hospital Borda. Sin embargo, el conjunto de la comunidad del Hospital viene defendiendo esos espacios, irónicamente con apoyo activo de militancia kirchnerista. Recientemente, desde la Junta de Delegados del Hospital presentaron un amparo para suspender la construcción, y la Justicia ordenó suspender el proyecto. La medida ha sido apelada por el Ejecutivo porteño.
Otro proyecto aprobado fue el de la creación de un Distrito de las Artes, en el barrio de La Boca y parte de Barracas y San Telmo. Aquellos lugares de interés cultural en la zona tendrán exenciones impositivas y facilidades para tomar créditos. Sin embargo lo que representa este proyecto es un negociado más. Así lo explica la diputada Susana Rinaldi (del bloque ibarrista que decidió no acompañar con el voto este proyecto). En declaraciones publicadas en Pagina /12 dijo que es “un negociado inmobiliario enmascarado, que no está dirigido a favorecer a los artistas, sino a distintos empresarios que se beneficiarán con la exención impositiva que les permitirá deducir ingresos brutos en cualquier otra zona de la Ciudad”.
Además, se autorizó a que el Gobierno porteño tome una deuda por USD 250 millones para ejecutar obras en la cuenca del arroyo Vega en el marco del Plan Hidráulico, para prevenir inundaciones. Desde el kirchnerismo, anteriormente, habían acusado a Macri de subejecutar $ 40 millones y paralizar las obras en el arroyo.
Por últimos, entre los proyectos más importantes, y a la vez controversiales, se trató la cesión, por 30 años, de 37,5 hectáreas del Parque Roca a la empresa Centro de Transferencia de Cargas Administradora SA. Este espacio actualmente se destina a actividades deportivas y recreativas, pero pasará a ser un centro concentrador logístico. Estos capitales también serán beneficiados con exenciones impositivas.
Lo que logró imponer el kirchnerismo
A cambio, el kirchnerismo logró que se aprueben dos proyectos, adelantados por la presidenta Cristina Fernández en un discurso el 21 de septiembre pasado, que resultan claves para intervenir en la Ciudad. A partir de la rezonificación de terrenos ferroviarios en Nueva Pompeya, Parque de los Patricios, Caballito, Palermo y Liniers, se construirán viviendas sociales y se podrá financiar el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
Los terrenos comprendidos en Caballito, Palermo y Liniers, serán destinados en un 65% al gobierno de la Ciudad para espacios verdes, y el 35% restante, se venderán a empresas privadas: por un lado, mediante fideicomisos se construirán edificios privados, por otro lado, se legalizará el Centro Comercial a cielo abierto que la empresa IRSA está construyendo en Palermo (ubicado entre las calles Godoy Cruz y J. B. Justo, a lo ancho; y Santa Fe y Paraguay, a lo largo). Con la caja que entre por la concesión de los terrenos, el kirchnerismo busca cumplir la promesa del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
La empresa IRSA, no sólo se beneficia con la legalización del Centro Comercial, sino también con las 4.500 viviendas que se construirán en Nueva Pompeya y Parque de los Patricios. Las mismas se enmarcan en el Plan Pro.Cre.Ar, cuyos créditos otorga el Banco Hipotecario. IRSA es dueña del 30% del mismo, siendo su dueño, Eduardo Elsztain, el presidente de ese banco.
Tanto los proyectos del kircherismo, así como la venta del edificio del Plata, necesitan una segunda lectura, por lo que luego de una audiencia pública tendrán que volver a ser aprobados.

Lo que se viene
Así como los bloques políticos que denuncian el acuerdo (Proyecto Sur, Buenos Aires para Todos, Coalición Cívica – ARI, MST) afirman que este comenzó con la votación de la nueva Ley de ART en el Congreso Nacional, pareciera que la novela aún no ha terminado.
El último martes, se aprobó en la comisión de Presupuesto porteña la autorización para contraer un préstamo, por un valor de USD 216 millones con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) de Brasil, para adquirir 120 coches para la línea H del subterráneo.
Pero mucho más jugosos son dos proyectos que pueden ser tratados en los próximos días en la Legislatura porteña, y que tendrían al mismo beneficiario: la empresa IRSA.
Por un lado, se podría tratar próximamente la tan postergada aprobación de la construcción del barrio exclusivo Solares de Santa María, conocida como “Dubai de la Costanera”. Se pretende construir un barrio de lujo en las 70 hectáreas linderas a la Reserva Ecológica que pertenecen a la empresa inmobiliaria de Eduardo Elsztain. El proyecto está preparado desde el 2010, momento en el que fue enviado a la Legislatura, y en el cual IRSA se comprometía a invertir la gigantesca suma USD 1.000 millones, pero el macrismo hasta el momento no ha tenido los votos suficientes para aprobarlo.
                                                                       
Por otro lado, en la Isla Demarchi, muy cerca de los ex terrenos de la Ciudad Deportiva de Boca Juniors, en donde está programado el barrio exclusivo, está pendiente la construcción del Polo Audiovisual en un terreno de 112.000 m2. Elsztain, estuvo en el anuncio de del proyecto, y participó en la elaboración del mismo. Una posibilidad, que aún no se ha confirmado ni desmentido, es que, además de un estudio de cine, se construyan viviendas; las que quedarían, en parte, en manos privadas. Esto beneficiaría, sin dudas, todavía más a IRSA.
El primer proyecto es impulsado por el macrismo, el segundo por el kircherismo. Ambos deben ser aprobados en la Legislatura porteña, que se reúne el próximo 22 de Noviembre. Sin embargo, ninguno de los dos partidos tiene los votos propios para que se lleve adelante. La última coincidencia, es que ambos proyectos benefician fuertemente a la empresa IRSA.

También el Estado interviene para garantizar la privatización y mercantilización de la ciudad de Buenos Aires.

Repudiamos la represión y exigimos vivienda digna inmediata para
los habitantes del barrio Papa Francisco que continúan en la calle.
27 de agosto de 2014
 
Por Centro de Profesionales por los Derechos Humanos
Durante estas noches se siguen viendo imágenes desgarradoras sobre las condiciones en las que quedaron los habitantes del predio de Lugano. Más de 60 personas en estas noches heladas instalaron carpas en los alrededores del predio, donde se ve lo que hicieron las topadoras como en plena dictadura militar, destruyendo lo único que tenían para sobrevivir. Mujeres, niños, jóvenes tienen que improvisar refugios y prepararse para dormir en los pasillos de la villa 20, ya que les es imposible conseguir un lugar para vivir.
Sólo fascistas como Berni representante del gobierno nacional y Mauricio Macri pueden reivindicar esta política, que incluyó una brutal represión sin ningún reparo contra mujeres con sus hijos, jóvenes que recibieron las balas de goma, así como golpes mientras veían como destruían con las topadoras, lo que habían construir, muchos de ellos siendo albañiles con un enorme esfuerzo para aunque sea tener un lugar donde vivir. Como decía uno de los vecinos anoche a la intemperie el sueño que le prometí a mis hija de 6 años que era poder tener una casa. Ese sueño se esfumaba bajo las palas de las topadoras
Mientras la policía continúa en el lugar con la crueldad como denuncian los vecinos, de haberle robado hasta sus pertenencias, pañales, colchones, estos vecinos siguen allí, en estas terribles condiciones esperando una respuesta del poder político. En su legítimo derecho no van a los paradores “ generosamente” ofrecidos por el gobierno de la ciudad, sabiendo que significa retirarse y perder todo.
Los habitantes saben qué ocurre después de estos desalojos: lo que pasó en el Indoamericano, una represión que dejo tres muertos, ninguna de las promesas políticas para poder conseguir vivienda fueron cumplidas, culminando con la absolución de los policías asesinos que mataron a tres personas.
Ante la justa resistencia al desalojo, fueron heridos muchísimos habitantes del asentamiento, las balas y los palos llegaron incluso a legisladores como Pablo Ferreyra y José Cruz Campagnoli, y al diputado del FPV y nieto restituido, Horacio Pietragala
La política de Macri y el gobierno nacional tanto para el problema habitacional, como hacia los habitantes de las villas que se encuentran militarizadas como para una guerra, sólo puede compararse a la política que llevo adelante la dictadura. Topadoras y exclusión al servicio de suculentos negocios inmobiliarios.

Exigimos el retiro de la policía y la gendarmería del lugar que siguen en la labor de destruir sus precarias viviendas y destruir todo lo que tienen y exigimos la única solución posible que es el derecho elemental básico de contar con una vivienda digna para poder vivir.
Hay que seguir rodeando de solidaridad a los vecinos que continúan acampando, no están solos, y repudiando e impidiendo otra salvaje represión, hasta que sus legítimos derechos reclamos sean cumplidos. Mañana acompañaremos la marcha convocada por gran cantidad de organizaciones repudiando la represión de Berni y Macri y exigiendo viviendas dignas ya.