El que privilegia a los principales
impunes de ayer y hoy:
el poder económico e imperialista.
De ahí
el desafío abajo de desentramparnos de los "diálogos" que el Estado
establece porque son simulacros para encubrir la imposibilidad de armonía
con esos adueñados del país. Por esta misma causa es crucial descubrir el
verdadero desarrollo de otras medidas gubernamentales en apariencia
favorables a la atención de necesidades e intereses populares. Un ejemplo
es:
PRO.CRE.AR La política habitacional en discusión
Por Ayelen
Correa y Silvio Schachter
El Programa
Crédito Argentino para la Vivienda Única (Procrear Bicentenario) fue anunciado
el 12 de Julio 2012 y significaría créditos personales para la construcción de
400 mil viviendas en los próximos cuatro años.
Al observar las
definiciones del Programa, se puede concluir a primera vista que no es una
iniciativa para los sectores populares organizados. Sus requisitos no contemplan
las situaciones de informalidad en la tenencia de la tierra (tomas, Títulos y
Actas de posesión, ausencia de escrituración, situación impositiva, entre los
más relevados en el territorio), así como tampoco el trabajo precarizado o “en
negro” (ilegal), que según datos del propio INDEC asciende a un 35 %.
Aunque para referirse al PRO.CRE.AR, los medios de comunicación y los/as funcionarios/as utilicen el término “plan” y en muchos casos se lo denomine como un Plan de Viviendas, se trata de una nueva línea de crédito para la construcción de viviendas destinado a particulares, que se diferencia de otros créditos solamente por un positivo mejoramiento del tipo tasas y plazos. Una vez aprobada la transacción, “el plan” se gestiona como cualquier otro crédito hipotecario personal, resolviendo los/as adjudicatarios las características del lote y la vivienda. En esta primera etapa, para quienes posean lote, se estiman créditos para la construcción de 100 mil soluciones habitacionales.
¿Tierra para
quiénes?
Quizás las
reflexiones más interesantes que pueden hacerse atañen a la 2da. etapa del
PRO.CRE.AR, donde el Estado Nacional dispone 86 terrenos fiscales para la
construcción de viviendas. 1826 hectáreas dispersas por todo el territorio
federal.
Esta disposición representa una
novedad ya que el Estado viene negando de forma sistemática el acceso al suelo
urbano a las organizaciones sociales, criminalizando y desalojando la toma de
tierras. La
política habitacional privilegia a dejar en manos de las empresas constructoras
la localización y compra de lotes para la vivienda social, eso explica complejos
habitacionales ubicados en zonas periféricas, del estilo monoblock o “plancha de
ravioles” y en general de mala calidad.
El volumen de
las intervenciones desarrolladas por el Plan Federal de Construcción de
Viviendas, entre 2004-2007, iguala las intervenciones habitacionales realizadas
en los previos 27 años (1976-2003). Sin embargo, estas acciones resultan
insuficientes, ya que el espacio urbano cristaliza múltiples complejidades: la
segregación espacial, el colapso de los alquileres en villas e inquilinatos, los
desalojos forzosos y el accionar de las fuerzas de seguridad, la conflictividad
social, la creciente rentabilidad del suelo; procesos que explican acciones como
la toma del Parque Indoamericano en Villa Soldati (2010) que tuvo una violenta
desocupación como respuesta institucional.
Por un lado, podría celebrarse la intervención del Estado en el mercado del suelo -desregulado por la normativa vigente- al disponer de tierras fiscales para un uso social. Sin embargo, continúan sin poder ingresar aquellos sectores que no estén incluidos en el mercado formal de trabajo así como tampoco los sectores organizados que tienen proyectos colectivos de hábitat popular. Es decir, aquellos actores que vienen reclamando “Tierra para vivir” desde hace más de una década.
Además, hay que
preguntarse y preguntar al Estado sobre las tierras afectadas que se encuentran
ocupadas por asentamientos y organizaciones sociales, por cooperativas, centros
comunitarios, bachilleratos populares, medios de comunicación alternativa,
comedores barriales, entre otras experiencias. Mientras que esas tierras se
mantuvieron en desuso y sin aportes públicos para su integración socio espacial,
fueron las organizaciones sociales aquéllas que ocuparon el territorio,
produciendo una identidad colectiva que dio sustento a experiencias de
solidaridad y organización comunitaria. La redistribución de tierras fiscales no
puede convertirse en una guerra de pueblo contra pueblo. Habrá que seguir con
atención las direcciones que tome esta 2º etapa del PRO.CRE.AR, y la capacidad
de las organizaciones, para exigir que se consideren las experiencias
territoriales que se vienen desarrollando desde el menemato y que sostuvieron
las redes sociales durante las crisis.
La respuesta a la problemática habitacional no debería partir de ocupar cuanto terreno libre este disponible, tampoco de construir vivienda a mansalva. Es necesaria una política integral que considere a todo el producto urbano; una idea de ciudad distinta implica necesariamente una sociedad distinta.Una pregunta fundamental surge aquí: en un contexto de fuerte mercantilización del suelo y luego de años de no disponer de tierra para política habitacional, ¿el Estado va a excluir a los sectores más desfavorecidos y a las organizaciones sociales territoriales del derecho a la ciudad y la vivienda?
Resulta
evidente que en los temas que involucran el uso del territorio no hay interés en
dar un debate amplio y participativo, enfrentando a las corporaciones
inmobiliarias y financieras que diseñan y determinan la topografía urbana. Sí se
observan peligrosos avances en la incorporación de normativas para los grandes
proyectos inmobiliarios y las urbanizaciones cerradas, como las incorporadas en
el Proyecto de Código Civil.
El PRO.CRE.AR no puede considerarse tampoco como parte de una política social de viviendas, pues el Banco Hipotecario S.A (ex Banco Hipotecario Nacional) designado encargado de su administración e implementación por medio de un fideicomiso, con fondos del Anses de 20.000 millones de pesos, es un vestigio de las privatizaciones y está en manos de una corporación inmobiliaria y urbanizadora privada que persigue la supra-rentabilidad y lucra con la especulación financiera.
El grupo IRSA[2],
una “empresa inmobiliaria líder en la Argentina” según su propio sitio, posee
una participación del 29,77% en el Banco Hipotecario S.A. tiene mayoría en la
integración de su directorio y varios de sus miembros son también propietarios
de la empresa CRESUD[3],
una empresa agropecuaria con capitales en varios países de América Latina.
Un bien común
Política habitacional no
necesariamente significa política
social. No hay una relación unívoca entre estas acciones.
Como dijera David
Harvey, cuando la ciudad es el lugar que encuentran para absorber sus excedentes
las grandes corporaciones (Harvey 2003), la política habitacional se vuelve
sectorial, oligopólica y de reactivación económica.
Si bien a partir del PRO.CRE.AR, el Estado interviene en el mercado del suelo y de crédito para sectores medios, es necesario destacar que lo hace continuando con los patrones utilizados desde la década del ´60: el destinatario/a individual, la producción de viviendas como bienes de cambio, la lógica empresarial y sin considerar dinámicas de interacción y de participación de los actores sociales en la definición de las políticas.
En la cultura
capitalista, de neto corte patrimonialista, la relación de la vivienda con la
propiedad ha sido y es muy fuerte. Por generaciones el sueño de la casa propia
ha tenido un poderoso anclaje en el imaginario popular. El carácter especulativo
y rentista de la tierra urbana, de los bienes inmuebles y de las viviendas en
particular, empuja hacia la necesidad de acceder a la casa propia como única
alternativa de salir de este cuadro de inestabilidad y precariedad.
Sin embargo, las
experiencias de organizaciones sociales, ancladas en sentidos colectivos,
comienzan a pensar en otras formas de habitar, en la defensa del derecho a la
ciudad y a la vivienda como un bien común. Habitar, dice Lefebvre, significa
“…para el individuo o para el grupo, (…) apropiarse de algo. Apropiarse no es
tener en propiedad, sino hacer su obra, modelarla, formarla, poner su sello
propio…” (Lefebvre,
1968).
Este artículo
forma parte de las reflexiones y discusiones que diversos colectivos vienen
teniendo sobre la problemática urbana, el acceso al suelo y el reciente anuncio
oficial de un plan de créditos para particulares denominado PROCREAR.
Contextualicemos (sólo en la ciudad de Buenos Aires) cómo el Estado
transfiere fondos de ANSeS y tierras públicas a Eduardo Elsztain (Banco
Hipotecario, IRSA) intensificando de este modo el adueñarse de ese buitre 'bueno' de Bs.As. y el
encarecimiento del suelo, la vivienda, el alquiler.
El acuerdo entre el Pro y el kirchnerismo
podría no haber terminado.
7 de noviembre de 2012
En un pacto sin precedentes entre el FpV y el PRO, se votaron 11 leyes claves en
la legislatura porteña: se construirán algunas viviendas sociales, pero avanza
la privatización de la Ciudad y terrenos del Hospital Borda corren peligro. El
acuerdo alcanzaría al Polo Audiovisual y a la “Dubai de la Costanera”, que
podrían ser votados en la próxima sesión de la Legislatura porteña, posiblemente
el 22 de noviembre. El Grupo IRSA, principal
inmobiliario del país, y aliado del macrismo y el kirchnerismo, es el gran
ganador. 7 de noviembre de 2012
Por Nicolás De Mestico, para ANRed.
En la madrugada del viernes 02 de noviembre, en
la Legislatura porteña tuvo lugar un acuerdo bochornoso. El interbloque
kirchnerista (Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro y Frente Progresista y
Popular) y el PRO, negociaron 11 leyes que dejan como saldo para la Ciudad de
Buenos Aires
la designación
de algunos terrenos para la construcción de viviendas sociales, a cambio de
múltiples negociados para empresas privadas y la posible quita de terrenos
pertenecientes al Hospital Borda.
La negociación no resultó sencilla: el kirchnerismo debía aceptar algunos
proyectos que venía criticando desde hacia tiempo, y otros en los que el móvil
promotor era evidente: el avance de la privatización en la Ciudad. Es por eso
que funcionarios como Diego Bossio y Axel Kicillof, viceministro de Economía y
titular de la ANSeS, respectivamente, se hicieron presentes en la Legislatura
para convencer a los legisladores kirchneristas y aliados.
Lo que logró imponer el macrismo
El PRO consiguió la aprobación de la venta del
Edificio del Plata (zona obelisco) para la construcción de un nuevo Centro
Cívico en el sur de la Ciudad. La idea original es la de mover la sede
gubernamental a terrenos que pertenecen a los Talleres Protegidos del Hospital
Borda. Sin embargo, el conjunto de la comunidad del Hospital viene defendiendo
esos espacios, irónicamente con apoyo activo de militancia kirchnerista.
Recientemente, desde la Junta de Delegados del Hospital presentaron un amparo
para suspender la construcción, y la Justicia ordenó suspender el proyecto. La
medida ha sido apelada por el Ejecutivo porteño.
Otro proyecto aprobado fue el de la creación de
un Distrito de las Artes, en el barrio de La Boca y parte de Barracas y San
Telmo. Aquellos lugares de interés cultural en la zona tendrán exenciones
impositivas y facilidades para tomar créditos. Sin embargo lo que representa
este proyecto es un negociado más. Así lo explica la diputada Susana Rinaldi
(del bloque ibarrista que decidió no acompañar con el voto este proyecto). En
declaraciones publicadas en Pagina /12 dijo que es “un
negociado inmobiliario enmascarado, que no está dirigido a favorecer a los
artistas, sino a distintos empresarios que se beneficiarán con la exención
impositiva que les permitirá deducir ingresos brutos en cualquier otra zona de
la Ciudad”.
Además, se autorizó a que el Gobierno porteño
tome una deuda por USD 250 millones para ejecutar obras en la cuenca del arroyo
Vega en el marco del Plan Hidráulico, para prevenir inundaciones. Desde el
kirchnerismo, anteriormente, habían acusado a Macri de subejecutar $ 40 millones
y paralizar las obras en el arroyo.
Por últimos, entre los proyectos más importantes, y a la vez
controversiales, se trató la cesión, por 30 años, de 37,5 hectáreas del Parque
Roca a la empresa Centro de Transferencia de Cargas Administradora SA. Este
espacio actualmente se destina a actividades deportivas y recreativas, pero
pasará a ser un centro concentrador logístico. Estos capitales también serán
beneficiados con exenciones impositivas.
Lo que logró imponer el kirchnerismo
A cambio, el kirchnerismo logró que se aprueben
dos proyectos, adelantados por la presidenta Cristina Fernández en un discurso
el 21 de septiembre pasado, que resultan claves para intervenir en la Ciudad. A
partir de la rezonificación de terrenos ferroviarios en Nueva Pompeya, Parque de
los Patricios, Caballito, Palermo y Liniers, se construirán viviendas sociales y
se podrá financiar el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
Los terrenos comprendidos en Caballito, Palermo y Liniers, serán
destinados en un 65% al gobierno de la Ciudad para espacios verdes, y el 35%
restante, se venderán a empresas privadas: por un lado, mediante fideicomisos se
construirán edificios privados, por otro lado, se legalizará el Centro Comercial
a cielo abierto que
la empresa IRSA está construyendo en Palermo (ubicado entre las calles Godoy Cruz
y J. B. Justo, a lo ancho; y Santa Fe y Paraguay, a lo largo). Con la caja que
entre por la concesión de los terrenos, el kirchnerismo busca cumplir la promesa
del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
La empresa IRSA, no sólo se beneficia con la legalización del Centro Comercial,
sino también con las 4.500 viviendas que se construirán en Nueva Pompeya y
Parque de los Patricios. Las mismas se enmarcan en el Plan Pro.Cre.Ar, cuyos
créditos otorga el Banco Hipotecario. IRSA es dueña del 30% del mismo,
siendo su dueño, Eduardo Elsztain, el presidente de ese banco.
Tanto los proyectos del kircherismo, así como
la venta del edificio del Plata, necesitan una segunda lectura, por lo que luego
de una audiencia pública tendrán que volver a ser aprobados.
Lo que se
viene
Así como los bloques políticos que denuncian el
acuerdo (Proyecto Sur, Buenos Aires para Todos, Coalición Cívica – ARI, MST)
afirman que este comenzó con la votación de la nueva Ley de ART en el Congreso
Nacional, pareciera que la novela aún no ha terminado.
El último martes, se aprobó en la comisión de
Presupuesto porteña la autorización para contraer un préstamo, por un valor de
USD 216 millones con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes)
de Brasil, para adquirir 120 coches para la línea H del subterráneo.
Pero mucho más jugosos son dos proyectos que
pueden ser tratados en los próximos días en la Legislatura porteña, y que
tendrían al mismo beneficiario:
la empresa IRSA.
Por un lado, se podría tratar próximamente la tan postergada
aprobación de la construcción del barrio exclusivo Solares de Santa María,
conocida como “Dubai de la Costanera”.
Se pretende construir un barrio de lujo en las 70 hectáreas linderas a la
Reserva Ecológica que pertenecen a la empresa inmobiliaria de Eduardo Elsztain.
El proyecto está preparado desde el 2010, momento en el que fue enviado a la
Legislatura, y en el cual IRSA se comprometía a invertir la gigantesca suma USD
1.000 millones, pero el macrismo hasta el momento no ha tenido los votos
suficientes para aprobarlo.
Por otro lado, en la Isla Demarchi, muy cerca de los ex terrenos de la Ciudad
Deportiva de Boca Juniors, en donde está programado el barrio exclusivo, está
pendiente la construcción del Polo Audiovisual en un terreno de 112.000 m2.
Elsztain, estuvo en el anuncio de del proyecto, y participó en la elaboración
del mismo. Una posibilidad, que aún no se ha confirmado ni desmentido, es que,
además de un estudio de cine, se construyan viviendas; las que quedarían, en
parte, en manos privadas. Esto beneficiaría, sin dudas, todavía más a IRSA.
El primer proyecto es impulsado por el macrismo, el segundo por el
kircherismo. Ambos deben ser aprobados en la Legislatura porteña, que se reúne
el próximo 22 de Noviembre. Sin embargo, ninguno de los dos partidos tiene los
votos propios para que se lleve adelante. La última coincidencia, es que ambos
proyectos benefician fuertemente a la empresa IRSA.
También
el Estado interviene para garantizar la privatización y mercantilización de la
ciudad de Buenos Aires.
Repudiamos la represión y exigimos vivienda digna inmediata para
los habitantes del barrio Papa Francisco que continúan en la calle.
27 de agosto de 2014
27 de agosto de 2014
Por Centro de Profesionales por los
Derechos Humanos
Durante estas noches se siguen viendo imágenes desgarradoras sobre las
condiciones en las que quedaron los habitantes del predio de Lugano. Más de 60
personas en estas noches heladas instalaron carpas en los alrededores del
predio, donde se ve lo que hicieron las topadoras como
en plena dictadura militar, destruyendo
lo único que tenían para sobrevivir. Mujeres, niños, jóvenes tienen que
improvisar refugios y prepararse para dormir en los pasillos de la villa 20, ya
que les es imposible conseguir un lugar para vivir.
Sólo fascistas como Berni representante del gobierno nacional y Mauricio Macri pueden reivindicar esta política, que incluyó una brutal represión sin ningún reparo contra mujeres con sus hijos, jóvenes que recibieron las balas de goma, así como golpes mientras veían como destruían con las topadoras, lo que habían construir, muchos de ellos siendo albañiles con un enorme esfuerzo para aunque sea tener un lugar donde vivir. Como decía uno de los vecinos anoche a la intemperie el sueño que le prometí a mis hija de 6 años que era poder tener una casa. Ese sueño se esfumaba bajo las palas de las topadoras
Mientras la policía continúa en el lugar con la crueldad como denuncian los
vecinos, de haberle robado hasta sus pertenencias, pañales, colchones, estos
vecinos siguen allí, en
estas terribles condiciones esperando una respuesta del poder político.
En su legítimo derecho no van a los paradores “
generosamente” ofrecidos por el gobierno de la ciudad, sabiendo que significa
retirarse y perder todo.
Los habitantes saben qué ocurre después de estos desalojos: lo que pasó en el Indoamericano, una represión que dejo tres muertos, ninguna de las promesas políticas para poder conseguir vivienda fueron cumplidas, culminando con la absolución de los policías asesinos que mataron a tres personas.
Ante la justa resistencia al desalojo, fueron heridos muchísimos habitantes del
asentamiento, las balas y los palos llegaron incluso a legisladores como Pablo
Ferreyra y José Cruz Campagnoli, y al diputado del FPV y nieto restituido,
Horacio Pietragala
La política de Macri y el gobierno nacional tanto para el problema habitacional,
como hacia los habitantes de las villas que se encuentran militarizadas como
para una guerra, sólo puede compararse a la política que llevo adelante la
dictadura. Topadoras
y exclusión al servicio de suculentos negocios inmobiliarios.
Exigimos el retiro
de la policía y la gendarmería del
lugar que siguen en la labor de destruir sus precarias viviendas y destruir todo
lo que tienen y exigimos la única solución posible que es el derecho elemental
básico de contar con una vivienda
digna para poder vivir.
Hay que seguir rodeando de solidaridad a los vecinos que continúan acampando, no
están solos, y repudiando e impidiendo otra salvaje
represión, hasta que sus legítimos derechos reclamos sean
cumplidos. Mañana acompañaremos la marcha convocada
por gran cantidad de organizaciones repudiando la represión de Berni y Macri y
exigiendo viviendas dignas ya.
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