De ahí que urja el desafío abajo de
unión en diversidad contra
la alianza de los capitales y estados imperialistas con las elites locales.
Evaluemos
la democracia que el gobierno CFK consolidó teniendo en cuenta hacia dónde
tiende IIRSA que UNASUR, al
crearse
en el 2008,
convirtió en COSIPLAN. Hagámoslo mediante
análisis de su
complementario el Plan Puebla Panamá (PPP) iniciado en el año 2001 y
reemplazado por el Proyecto Mesoamérica en el año 2008. Compromisos de las organizaciones en resistencia nos esclarecen.
Mesoamericanos:
recalentando una identidad colectiva
año 2004
año 2004
Por
Armando Bartra*
I
Manifiéstase
bien la flaqueza [...] que entonces tenían los griegos, que no había hecho
Grecia hazaña alguna en común, ni tampoco toda ella tenía el nombre de Grecia
[...] sino cada gente el suyo. (Pero después de la incursión troyana)[...] todos
aquellos que eran como griegos, y se comunicaban entre sí, fueron llamados con
un mismo apellido.
Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso
Tucídides nos recuerda
que, entre el 500 y el 400
a.C., los griegos se inventan a sí mismos al mitificar la guerra de Troya, pero
sobre todo derrotando al unísono la incursión persa. Dos milenios y medio
después los pueblos siguen tejiendo identidades con los hilos del mito, la
resistencia y la lucha.
La
conciencia de la unidad de la Hélade frente a los “bárbaros” -entendidos no
tanto como bastos y tartajosos sino como “otros”- arranca con la expedición
troyana. Pero después “Grecia estuvo mucho tiempo sin hacer obra memorable en
común y a nombre de todos, ni tampoco podía hacerlo cada ciudad de por sí”.
Hasta que, providencialmente, llega “...el rey Jerjes de Persia con grandes
huestes y el propósito de conquistar [...] Poco tiempo después, todos a una y de
común acuerdo, echaron a los bárbaros...”. Y así, la Hélade devino protagonista
histórico, y de hecho único actor de La Historia propiamente dicha, pues para el
ateniense los pueblos bárbaros sólo transcurren.
Dos
mil cuatrocientos años después de que Tucídides reconstruyera los avatares de
una identidad en curso, otros pueblos desbalagados -los mesoamericanos- empiezan
a reconocerse en su unidad. No los amenazan las huestes de los Medos sino las
del capitalismo desmecatado, y su resistencia no es a los planes de Jerjes sino
a los de Bush y Fox; pero, como los griegos de entonces, han llegado a la
conclusión de que no pueden hacer “cosa memorable cada ciudad de por sí” y que
sólo “todos a una y de común acuerdo” podrán, si no echar a los nuevos
“bárbaros”, sí parar el Plan Puebla-Panamá (PPP), el Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA) y otros planes ominosos del tirano.
II
Los
campesinos de México, Centroamérica y el Caribe tenemos una larga y compartida
historia de lucha. Y en las últimas décadas nos aquejan las mismas desgracias:
contrarreformas agrarias privatizadoras, políticas agrícolas excluyentes, caídas
abismales de los precios de las materias primas agropecuarias, negación de los
derechos y libertades políticas, represión, hambrunas, desempleo, migración...
Pero desde el fondo del túnel, los indios, negros y mestizos de la cintura del
continente hemos dicho ¡basta! Mesoamérica no sólo tiene un pasado esplendoroso,
también tiene futuro. De nosotros depende construirlo. Convocatoria al Primer Encuentro Campesino Mesoamericano
El
sábado 19 de julio de 2003 en El Progreso, Municipio de Santamaría, Departamento
de La Paz, República de Honduras, los sicarios de una empresa maderera
dispararon sobre campesinos que luchaban por la tierra dejando dos muertos y
varios heridos. El crimen fue una señal de los terratenientes al presunto
“diálogo nacional”, que debía iniciarse dos días después. El lunes 21 el Consejo
Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (Cococh) encabezó una
manifestación en Tegucigalpa reclamando justicia.
Hasta aquí nada fuera de
lo común en la dolorida Centroamérica. Lo inhabitual fue que entre quienes
protestaban ante la residencia del presidente Maduro y frente al ministerio de
Reforma Agraria, había hondureños, pero también decenas de campesinos
nicaragüenses, salvadoreños, costarricenses, panameños, guatemaltecos,
beliceños, mexicanos, cubanos. Lo inédito es que en las consignas se recordaba
al indio Lempira, pero también a Zapata, a Martí, a Sandino. Y lo insólito: los
vítores a Honduras, a Cuba, a Nicaragua, a Costa Rica, a México, se entreveraban
con vivas a Mesoamérica, primero tímidos y luego estentóreos. Así, Mesoámerica
-hasta hace un par de años poco más que una desconocida entre los
centroamericanos, mexicanos y caribeños del común- resultó materia de nuevas
consignas, unas de corte clásico: ¡Mesoamérica unida, jamás será vencida!;
otras más recientes y de hechura azteca: ¡El campo mesoamericano no aguanta
más!; y alguna de inspiración altermundista: ¡Otra Mesoamérica es
posible!
Desde
hace mucho los pinoleros escapan de Nicaragua a tierras ticas o
panameñas pues ahí hay más empleo; es costumbre ancestral de los indios mam
guatemaltecos cruzar al Soconusco para las pizcas de café; en los años setenta
las diásporas ocasionadas por guerras civiles y catástrofes naturales engrosaron
las huestes de trasterrados centroamericanos en México; en los últimos tiempos
cada vez más catrachos, chapines, pinoleros y guanacos
abandonan Honduras, Guatemala, Nicaragua o El Salvador y cruzan el Suchiate en
su alucinado curso a la gran ilusión americana; y en otro orden de tránsitos,
son centenarias las peregrinaciones de los zapotecos de Oaxaca al santuario del
Señor de Esquipulas, en la frontera entre Honduras y El Salvador. Pero las
trashumancias de ahora son diferentes: los mesoamericanos que en los últimos
tres años animaron foros multitudinarios en Tapachula, Xelajú, Managua,
Tegucigalpa y otras ciudades de la América de en medio, sueñan sueños guajiros
en vigilia, van en pos de utopías que, en los tiempos canallas que corren,
resultan satisfactores de primera necesidad.
El airado coro multinacional que en las calles de Tegucigalpa reclamaba justicia para sus hermanos sacrificados ya había ensayado consignas en México, en Guatemala y Nicaragua al calor de las habituales marchas con que culminan los encuentros multinacionales de la región. Intercambios que iniciaron en mayo de 2001 con un Primer Foro Social, realizado en Tapachula, Chiapas; prolongado en noviembre de ese mismo año con un Segundo Foro, en Quetzaltenango, Guatemala, al que siguió el tercero en Managua, Nicaragua, en julio de 2002, y el cuarto en Tegucigalpa; Honduras, en julio de 2003.
El
agravio disparador de las reuniones fue el PPP: el Pedro Páramo de los programas
de gobierno. Un eufónico proyecto del presidente Fox que no acaba de cuajar,
pero que al ponerle nombre y apellido a la injusticia mesoamericana gestó
intenso rechazo social. Resistencia quizá desproporcionada a los cortos alcances
de la iniciativa presidencial mexicana, aunque apenas suficiente para enfrentar
los muy reales estragos que el malhadado “modelo de desarrollo” ha causado y
causa a la región.
Pues si en la cuenta larga
la cintura del continente ha sufrido las inclemencias sociales y ambientales del
mercantilismo absoluto -un sistema malo en las metrópolis pero infame en las
colonias, que en el sur de México, Centroamérica y el Caribe encarnó en
economías de enclave-, en la cuenta corta padece el agotamiento de la
agroexportación periférica y la abismal depreciación de las materias primas de
origen agropecuario, al tiempo que resiente el arranque de un nuevo saqueo,
ahora orientado a recursos no tradicionales, como las reservas de agua y la
biodiversidad; por si fuera poco, también hay daños de coyuntura, derivados del
persistente estancamiento de la economía mundial: cierre de maquiladoras,
reducción del turismo, astringencia de las inversiones. Frente a las calamidades
civilizatorias provenientes del modo de producción, de los saldos nefastos del
sistema colonial y neocolonial, de los lastres de Estado que significan acuerdos
comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) -que
siendo leyes nos comprometen estratégicamente-, pareciera que Mesoamérica se
sobreactuó en su respuesta a un programita sexenal y prematuramente achacoso
como el PPP.
Porque el Puebla-Panamá es un proyecto devaluado, una más de las promesas -o
amenazas- incumplidas que propina a diestra y siniestra el presidente Fox. En
marzo de 2002 Marcelo Antinori, coordinador de la Unidad de Apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) al programa, dijo: “Las acciones del PPP
serán limitadas, pues la inversión con que se financia proviene de recursos
fiscales, que son pocos; o de préstamos, que no son fáciles de conseguir”. Pero
cuando el Banco negoció una línea de crédito hasta por cuatro mil millones de
dólares, tampoco se destrabaron las cosas, pues como meses después señaló el
propio Enrique Iglesias: “La oferta de crédito del BID y de otros organismos
financieros no es la limitante para la puesta en marcha y ejecución de los
objetivos del PPP... sino la capacidad de endeudamiento de los países” (Enrique
Iglesias, 2002). A fines de julio de 2003, mientras que en Tegucigalpa,
Honduras, mil seiscientos participantes provenientes de quince países daban
inicio al Cuarto Foro Social Mesoamericano por la Autodeterminación y la
Resistencia de los Pueblos, el más reciente de la secuela de encuentros contra
el PPP, en México el secretario de Relaciones Exteriores se extenuaba en el
enésimo intento de relanzar el programa, si no hasta el Darién sí cuando menos
hasta el Suchiate, firmando con ocho gobernadores del sureste un Convenio de
Colaboración, para que en diciembre se tuvieran planes de desarrollo por estado.
¡Apenas proyectos por entidad federativa a tres años de que el programa arrancó
formalmente! Y para colmo, los gobernadores no se fueron convencidos: “mientras
el PPP no sea prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo” -dijeron-, “todo
quedará en papeles sin ninguna utilidad ni validez” (La Jornada, 19 de julio de
2003).
Puesto en stand by
por la recesión económica mundial y el cambio de prioridades derivado de la
primera guerra del milenio, el PPP está congelado. Es verdad que el BID negoció
una línea de crédito, pero en condiciones de no crecimiento económico es dudoso
que los gobiernos la utilicen plenamente. Y en cuanto a los recursos fiscales
propios, la caída de ingresos tributarios dificulta cubrir el gasto corriente y
los previos compromisos de inversión, cuantimás las grandes erogaciones que
demanda Mesoamérica. De hecho lo más cuantioso son los cinco mil millones de
pesos de recursos propios que México destinó en 2003 al corredor carretero del
Golfo, pues de los cuatro mil millones de dólares disponibles, nuestro gobierno
solicitó a crédito la inaudita cantidad de... veinte millones. En cuanto a la
pretendida interconexión energética centroamericana, es en realidad una
privatización del servicio a favor de las trasnacionales, que de arranque están
elevando las cuotas al servicio doméstico, y en el caso de México puede resultar
un nuevo descalabro político del presidente Fox, pues se pretende “impulsar la
promulgación de una ley regional de concesiones que permita a los inversionistas
financiar proyectos de infraestructura, sin obstáculos legales”, lo que
presumiblemente violaría una vez más nuestra Constitución. Finalmente, en lo
tocante a la inversión privada, que debía inundar el sureste atraída por su
ubicación, recursos y mano de obra barata, así como por la infraestructura,
desregulación y exenciones fiscales, más que llegar con alborozo se retira
atropelladamente. Y es que al retroceso de la producción mundial se agregó más
recientemente el del consumo; y la industria del montaje, centrada en
confección, electrónica y autopartes, está despidiendo personal o cerrando
plantas.
Paradójicamente cuando los críticos más acérrimos denostábamos al PPP porque nos
iba a traer una invasión de maquiladoras, megadesarrollos turísticos y
plantaciones agroexportadoras, amén de creciente exclusión social y mayor
migración, resultó que el más angustioso problema mesoamericano del momento es
que la maquila está cerrando, que el empleo en turismo disminuye, que las fincas
cafetaleras, bananeras y otras, contratan menos cosechadores. Y en el extremo:
si hasta hace unos meses era preocupante que los jóvenes emprendedores
desertaran de sus comunidades para buscar fortuna en el gabacho, hoy lo
alarmante es que se endurecieron las fronteras, tanto pera cruzar a México como
para entrar a Estados Unidos, de modo que cada día es más difícil emigrar.
Resulta que cuando alertábamos contra una nueva oleada de colonización salvaje,
que presuntamente ocuparía los espacios aún vacantes del sureste, estamos
enfrentando lo contrario, el reflujo de capitales y la recesión. Y sucede que
aún peor que tener un empleo negrero en la maquiladora es perderlo; peor que
derrengarse pizcando café para los finqueros del Soconusco es que este año no
hayan contratado a 60 mil cosechadores guatemaltecos sino a 30 mil y el resto se
haya quedado pasando hambres en su tierra; peor que la familia desgarrada porque
el padre se fue de mojado es la familia en crisis porque el padre regresó con el
rabo entre las piernas.
Naturalmente esto no quiere decir que de ahora en adelante vamos a clamar por más maquiladoras, más plantaciones negreras, más migración... pero tampoco por menos. No queremos que llegue lo que nos anuncia el PPP, pero tampoco podemos conformarnos con que no llegue, o con que se vaya lo que ya llegó. Lo que en verdad hace falta es abrirle paso a otra cosa: un cambio de vía, un desarrollo alternativo.
Al
sureste mexicano y a Centroamérica les urge una reactivación agrícola, que no
sea la del monocultivo privado y de plantación, sino de talante campesino; una
agricultura sustentable, justiciera y empleadora que aproveche las ventajas
comparativas para exportar, pero también abastezca de básicos al mercado
interno. A Mesoamérica le hace mucha falta la industrialización, pero no en
plantas ensambladoras contaminantes, negreras y golondrinas, sino integrada en
cadenas productivas. A la cintura del continente ya le anda por aprovechar sus
recursos naturales y privilegios biológicos, pero no depredándolos y
privatizándolos, sino en abono de sus comunidades y garantizando su
preservación.
Así
las cosas, los PPP fóbicos pasaron a ocuparse también de cuestiones más
trascendentes y acuciantes como el TLCAN; la ominosa ALCA que promueve
Washington, y su avanzada mesoamericana, un tratado de libre comercio entre los
países centroamericanos y Estados Unidos, que en estos meses cocina; el impacto
regional de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que en
septiembre se reunió en Cancún; la desmedida y ominosa ingerencia del Banco
Mundial en el Corredor Biológico Mesoamericano; la amenaza económica y ambiental
que representan las semillas transgénicas; los derechos autonómicos de los
pueblos indios, pendientes de reconocer; la migración incontenible que vacía
pueblos, regiones y países enteros. Todos temas caros a la llamada “sociedad
civil” y que sus expertos ya tienen muy puestos.
Pero
los verdaderos protagonistas de los encuentros no han sido las omnipresentes y
claridosas organizaciones de activistas profesionales, sino los menos cultivados
pero más bastos agrupamientos gremiales. Aunque por lo general las ONGs presiden
la mesa de debates y fijan la agenda, a la postre ellas no son los pesos pesados
de la resistencia mesoamericana, protagonizada más bien por las organizaciones
sociales de base, que en otros tiempos hubiéramos llamado agrupaciones de
clase. Y ante todo las organizaciones campesinas e indígenas, mayoritarias
en una región donde lo rural es aun la clave del futuro.
Impuestos a reunirse por razones prácticas y para acordar acciones, los rústicos
no se hallan del todo en foros básicamente declarativos como el mesoamericano,
que además, para su cuarta edición, ya comienza a sonar reiterativo. Así,
después de la reunión de Xelajú, algunas organizaciones rurales decidieron
impulsar un intercambio entre pares, convocando al Primer Encuentro Campesino
Mesoamericano, que se realizó en Tapachula, Chiapas, en mayo de 2001, con la
participación de 270 delegados de casi sesenta organizaciones rurales, la mayor
parte mexicanas. La desproporción se corrigió en el Segundo Encuentro, celebrado
en Managua, Nicaragua, en julio de 2002, al que asistieron menos agrupaciones
pero más representativas de la región, pues la mayoría de los 170 delegados, de
medio centenar de organizaciones, era centroamericana. El Tercer Encuentro, que
tuvo lugar en Tegucigalpa, Honduras, en julio de 2003, con casi 200 delegados de
alrededor de cincuenta acuerpamientos, resultó aun más equilibrado y
representativo: de México participaron unos cuarenta dirigentes; hubo
delegaciones muy nutridas de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador; algo
menores de Costa Rica, Panamá y Belice; y por primera vez, asistió una
representación de la cubana Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).
Las
primeras reflexiones colectivas de la convergencia se centraron en el severo
diagnóstico de los males que aquejan a la región y el recuento de las
principales vertientes por donde fluye el movimiento agrario mesoamericano. Para
el Segundo Encuentro ya se pudo aprobar una plataforma común, y en el tercero se
formalizó una coordinación regional bautizada Movimiento Indígena y Campesino
Mesoamericano (Moicam).
La
cintura del continente es el corazón rural de América: casi la mitad de los
sesenta y cuatro millones de habitantes que pueblan sus cien millones de
hectáreas vive en el campo y alrededor del 40% trabaja en la agricultura. Es
también el núcleo de la América indígena: uno de cada cinco mesoamericanos
milita culturalmente en alguno de los pueblos originarios. Por último, la
“tercera raíz” de nuestro mestizaje es patente en Belice y Panamá, y aun más en
los países del Caribe. Pero Mesoamérica es, además, la provincia más pobre de un
subcontinente pobre: aquí el ingreso per capita es la mitad del
latinoamericano -de por sí muy bajo- y dos de cada tres personas son indigentes.
Miseria que con frecuencia deviene hambre, pues sólo México, Panamá, Costa Rica
y Belice tienen cierta seguridad alimentaria, mientras que los demás países
prácticamente no cuentan con reservas de granos. Las nuevas riquezas del tercer
milenio, biodiversidad y recursos naturales, son abundantes en un ámbito con
enormes reservas de agua dulce, que medidas en metros cúbicos per capita,
son elevadísimas en Belice y Panamá, muy altas en Nicaragua y Costa Rica, altas
en Honduras y Guatemala y aceptables en El Salvador y México; y donde hay cerca
de diez mil especies animales, entre mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces
y más de 7.500 especies de plantas, muchas de ellas endémicas, además de
innumerables insectos y microorganismos.
Pero mientras las
avanzadas de las corporaciones trasnacionales llegan a la pródiga región
husmeando sus recursos, los mesoamericanos se van: algunos a los enclaves
económicos demandantes de mano de obra barata ubicados en México, Costa Rica y
Panamá, otros rumbo al legendario norte gabacho. Y la mayoría emigra “a raíz”1,
a puro valor mesoamericano. Así, de cada 100 indocumentados residentes en
Estados Unidos 60 son latinos y de ellos 40 son mexicanos, 10 salvadoreños, 4
guatemaltecos, 2 nicaragüenses y 2 hondureños.
Para
una región en vilo y siempre al borde del desastre, la plataforma del Moicam es
mucho más que una propuesta sectorial, es un proyecto de futuro. Porque en los
encuentros campesinos no se discute sólo de agricultura, se debate el destino de
Mesoamérica toda: o bien una neocolonización salvaje e inhóspita que siga
poniendo los haberes endémicos de la región al servicio de la acumulación rapaz
y especulativa: extracción de recursos, privatización de especies,
establecimiento de plantaciones especializadas, instalación de corredores de
servicios comerciales, maquiladoras, turismo dorado; negocios cuyas ganancias se
fincan menos en la inversión productiva y más en la depredación
ambiental-laboral y en las rentas de la tierra (su fertilidad y ubicación), del
subsuelo y sus recursos, del agua, de la vida, del paisaje, de la cultura... O
bien una articulación desde abajo y hacia adentro, una integración habitable
sustentada en la economía solidaria y asociativa de los campesinos y en general
de los trabajadores directos.
Como sustento de esta
encrucijada civilizatoria, en Tapachula, Managua y Tegucigalpa se diagnosticó la
creciente pérdida de soberanía alimentaria -con su secuela de hambrunas
recurrentes- y la irrefrenable merma de soberanía laboral -expresada en
estampidas poblacionales-, saldos de la guerra comercial emprendida por Estados
Unidos y la Unión Europea, que mientras subsidian y protegen su agricultura, nos
imponen una apertura comercial que arrasa cultivos alimentarios, arruina
campesinos y pone de rodillas a naciones incapaces de emplear a sus ciudadanos y
producir suficientes alimentos. Se desmenuzaron también las causas de la
estrepitosa caída de los precios de nuestras exportaciones agropecuarias:
sobreproducción inducida, intermediación monopólica y especulación en bolsa en
el caso de los productos bursatilizados. Se ponderó el curso de una reforma
agraria, que se revierte en México y Nicaragua, que no ha llegado a Guatemala y
que, inducidos por el Banco Mundial, los gobiernos tratan de suplantar con
créditos para la compra de tierras. Y más allá de la economía inmoral que nos
aqueja, se evidenció la falta de libertades políticas y de auténtica democracia
participativa, así como el severo déficit en derechos humanos, tanto civiles
como sociales, económicos y colectivos, destacando por sobre todo los derechos
de género y el reconocimiento de las autonomías de los pueblos indios.
Reconocimiento que deberá ser de facto en países como Nicaragua, donde
son constitucionales pero no se practican, y de facto y de jure en
México y Guatemala, donde están pendientes reformas constitucionales que los
gobiernos pactaron con guerrillas en curso de pacificación y luego no
cumplieron.
La
especie de que el mercado nos hará libres, justos, democráticos... y hasta
jóvenes y bellos; la falacia de que la riqueza gotea -como las cantarinas aguas
de una fuente- y que habiendo crecimiento algún día habrá distribución del
ingreso, son engañifas que buscan sustentar la propuesta de que la
liberalización comercial es la llave del desarrollo. Hoy los mesoamericanos, que
nos movemos entre los destrozos ocasionados por los pactos comerciales, sabemos
que no es así: ni la integración virtuosa ni el desarrollo equitativo se
procuran desregulando el mercado. Más bien es lo contrario: el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, pero también el que firmó México con los tres
países centroamericanos del llamado “Triángulo del norte” (Guatemala, El
Salvador y Honduras), han ocasionado desarticulación de la economía y regresión
social en los asociados más débiles. Y lo más grave es que en los tratados
hipotecamos nuestro derecho soberano a defender los grandes intereses
nacionales, enmendándole la plana al mercado si hace falta, para hacer viables
ámbitos de la producción o distribución que son socialmente necesarios, aun si
no fueran “competitivos” (sobre todo si se les mide con distorsionados y
artificiosos parámetros internacionales).
Convencidos de que al comercio no hay que liberarlo sino amarrarlo y que una
sociedad libre sólo es posible con un mercado domesticado, los mesoamericanos
han llegado a añorar los viejos y fracasados proyectos de integración
centroamericana, que buscaban potenciar las dudosas complementariedades
económicas regionales. En tiempos de globalización a ultranza es difícil planear
una articulación regional introvertida, pero en todo caso es claro que la
integración social de la región no se está logrando gracias al libre
comercio sino contra el libre comercio: Mesoamérica se incorpora
gradualmente de su postración porque ha tocado fondo, porque la ilusión
mercantilista no da para más y hay que buscar paradigmas de repuesto.
No es casual entonces que
el Moicam, constituido formalmente a fines de julio de 2003, haya desarrollado
su primera acción multinacional y coordinada a mediados de septiembre del mismo
año, promoviendo y participando en el Foro Internacional Campesino y la Marcha
Internacional por los Derechos de los Campesinos y la Soberanía Alimentaria, que
se realizaron en Cancún, Quintana Roo, con motivo de la Quinta Reunión
Ministerial de la OMC.
Establece la Plataforma Campesina Mesoamericana, en su segundo
apartado, referente a la soberanía alimentaria:
La comida es un arma en manos del Imperio. Es por ello que
los países poderosos y sus trasnacionales están empeñados en una cruenta guerra
mundial por desmantelar las agriculturas de los países débiles y por acabar con
los campesinos que cosechan productos básicos, pues una nación que no puede
garantizar la alimentación de sus ciudadanos es una nación sometida...
Entendemos por soberanía alimentaria el derecho de los pueblos a definir sus
propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y
consumo de alimentos... Y en nuestros países esto sólo es posible con base en la
pequeña y mediana producción, respetando y promoviendo los modos campesinos e
indígenas de producción agropecuaria, forestal, pesquera, artesanal, así como de
comercialización y de gestión de los espacios rurales… (Sin autor: 2003).
De
modo que para el Moicam es prioritario luchar contra el avance de las
negociaciones de la OMC en torno a un acuerdo agrícola donde las grandes
potencias se disputan el mercado planetario y los verdaderos perdedores son los
países pobres y sus pequeños productores rurales.
Así,
Mesoamérica debuta en el escenario de la resistencia global con rostro
campesino. Porque los globalicríticos presentes en Cancún fueron variopintos y
destacó la lucha contra la liberalización y privatización de los servicios
públicos, pero el Foro Internacional Campesino y sus consignas: ¡Fuera la OMC
de la agricultura!, ¡Fuera los alimentos de la OMC! y ¡No a las
patentes sobre la vida!, resultaron el eje de las movilizaciones. La
iniciativa del foro y de la marcha fue de Vía Campesina, una red mundial
donde se alinea la mayor parte de las organizaciones mesoamericanas del Moicam y
que constituye la mejor muestra del nuevo y pujante internacionalismo labriego.
Los rústicos presenciaron el nacimiento del capitalismo, han sido premisa
insoslayable de su reproducción y están presentes en la disyuntiva civilizatoria
del tercer milenio; porque los campesinos son una muchedumbre en perenne
rebeldía; una clase en vilo, hoy globalizada, que se alinea con pleno derecho en
las huestes altermundistas.(…)
*
Director del
Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya AC, miembro del Comité
Editorial de la revista Chiapas.
Bartra,
Armando. Mesoamericanos: recalentando una identidad
colectiva. En libro: Hegemonias y emancipaciones en el siglo XXI.
Ana Esther Ceceña (comp.). CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales, Buenos Aires, Argentina. 2004. p. 224. ISBN: 950-9231-994-1.
Disponible en la World Wide Web:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cecena2/bartra.rtf
¿Cómo
gestiona CFK al despliegue de COSIPLAN
(IIRSA) y todo el modelo extractivo exportador? Podemos
ejemplificarlo también desde las luchas abajo:
Declaración ante el proyecto de ley del saqueo petrolero
23 de octubre de 2014
23 de octubre de 2014
Publicado por
OPSur
¡Por la defensa y recuperación de nuestros bienes comunes!
¡La energía y el agua son derechos humanos inalienables!
El Gobierno nacional ha enviado al Parlamento un proyecto de ley que modifica
sustancialmente la legislación vigente en materia de hidrocarburos en la
Argentina, que cuenta con media sanción del Senado y que se está tratando en
Diputados.
Queremos alertar a toda la población sobre un nuevo retroceso, que este proyecto
pretende consagrar, en materia de soberanía sobre los bienes que, como los
hidrocarburos y la energía en general, no deben considerarse mercancías sino
bienes comunes, además de recursos estratégicos.
Queremos denunciar que el proyecto supone la masiva utilización de la fractura
hidráulica (fracking) como método para la extracción de los recursos no
convencionales, lo que comportará serias consecuencias medioambientales y
pondrá en riesgo cierto el uso del agua- nuestro bien común más preciado- para
la vida de nuestras comunidades. Asimismo, el uso indiscriminado de distintos
agentes químicos de alta toxicidad en los procesos de fractura hidráulica, la
degradación irreparable del suelo y la ocurrencia de sismos, son otras de las
consecuencias indeseables que comportará el uso masivo de este método de
producción.
Pero además, para que esto pueda ponerse en marcha, el proyecto garantiza todas
las condiciones favorables a las grandes empresas trasnacionales del petróleo y
el gas, mediante la generalización de incentivos impositivos y fiscales que se
habían otorgado por Decreto en julio de 2013 luego del acuerdo entre YPF y
Chevron para la explotación de un proyecto piloto en Loma La Lata Norte- Loma
Campana, en la formación Vaca Muerta, que ya tiene más de un año de vigencia y
que contiene inaceptables cláusulas secretas, anomalía que ha sido debidamente
denunciada por distintas organizaciones luego de la confirmación del mencionado
proyecto.
Creemos que, en función de garantizar, de cualquier manera, la seguridad
jurídica de los grandes actores empresariales del sector, se profundiza y
perpetúa la entrega de la soberanía sobre nuestros bienes comunes, a cambio de
falsas promesas de horizontes promisorios, que afirman que la Argentina podría
ser una nueva “Arabia Saudita”, modelo que no ha sido debatido por nuestra
comunidad y que de ninguna manera es ejemplo de bienestar ni de justicia social.
·
El proyecto promueve, a su vez, la creación de la nueva figura jurídica de
concesión de hidrocarburos no convencionales y se permiten extensiones y
prórrogas de esas concesiones en las que las empresas operadoras podrán estar
por hasta 30 ó 35 años, con la posibilidad de obtener prórrogas por otros diez
años, lo cual, en realidad, implica que las mismas se extiendan en forma
indefinida, consagrando derechos a perpetuidad a favor de las grandes empresas
del sector.
·
Habilita la explotación a gran escala de la plataforma continental y de los
nuevos proyectos no convencionales y de crudos pesados, permitiendo que las
empresas puedan obtener utilidades que oscilan entre el 20% y el 60% en función
de la característica de los proyectos extractivos y libre disponibilidad de
divisas sobre el porcentaje de recursos que se destinen a la exportación. Estas
inaceptables concesiones, son aún más graves a la luz de la perpetuación de la
crisis energética en la Argentina, que se manifiesta en la pérdida del
autoabastecimiento y en la necesidad de importar energía por valores que hoy
rondan los 15.000 millones de dólares.
·
Prevé la posibilidad de extender y unificar áreas concesionadas para la
explotación de recursos convencionales con otras en las que podrían existir
recursos no convencionales, lo que constituye un peligroso incentivo para que
las empresas beneficiadas por esas concesiones emprendan un tipo de explotación
depredatoria, con nulas o escasas capacidades de control sobre su accionar
productivo, como ya ha quedado demostrado durante el proceso desregulador
menemista de los ’90, y la continuidad del saqueo a través de la vergonzosa
extensión de las concesiones de Loma La Lata durante el gobierno de la Alianza y
la no menos aberrante extensión del plazo de las concesiones en el yacimiento
Cerro Dragón, Chubut, en 2007.
Prohíbe la reserva de áreas de producción de hidrocarburos a favor de las
empresas nacionales y/o provinciales en las que el Estado tenga participación
bajo cualquiera de las formas jurídicas existentes debilitando tanto el control
público de la actividad hidrocarburífera, como la adecuada regulación normativa,
ambiental y económica.
No contempla en absoluto los derechos de las 14 provincias consumidoras e
industrializadoras de los bienes hidrocarburíferos, en las que vive nada menos
que el 85% de la población total del país, lo cual es la exacta contracara de un
acuerdo espurio entre el Estado nacional y las dirigencias políticas de las diez
provincias productoras, que omite consideraciones elementales que todo país
federal debería plantear en términos de una equitativa, racional y sostenible
explotación y distribución de los beneficios de la riqueza generada en nuestra
Nación.
Asimismo, se ha
lesionado gravemente el derecho de acceso a la información por parte de nuestro
pueblo, lo que se condice con el intento de aprobar este proyecto a través de un
vergonzoso trámite exprés, hecho que debe ser denunciado sin ningún tipo de
dudas.
En definitiva, el trasfondo de esta propuesta, tiene como protagonistas al
Gobierno central, los gobiernos de las provincias hidrocarburíferas y a las
grandes empresas del sector, en una puja creciente por obtener mayores porciones
en el potencial reparto de la renta que se generaría con el desarrollo masivo de
estos proyectos, lo cual no es otra cosa que
la consagración cortoplacista del
saqueo y la depredación sobre nuestros bienes comunes, reproduciendo, de esa
manera, la dependencia y subdesarrollo de la Argentina, como ha quedado patente
con el sistema de la deuda eterna que ha empobrecido y expoliado a nuestro
pueblo.
Una vez más, estamos ante la estratégica decisión de pararnos firmemente ante la
profundización de un esquema de desarrollo de la actividad hidrocarburífera, que
incentivará el carácter extractivista mediante el uso masivo de la técnica del
fracking y dejará la política hidrocarburífera en manos de los intereses de las
grandes empresas trasnacionales y de sus socias locales, alejando las
posibilidades de orientar una política energética nacional que, a través del
control estratégico de una YPF 100% estatal, permita recobrar la renta para
volcarla a un desarrollo productivo sostenible y democrático.
Pensamos y creemos que tenemos un objetivo compartido, que es el de recuperar lo
nuestro mediante la nacionalización del petróleo y el gas, entre otras medidas,
y desandar un camino que nos lleve a una progresiva diversificación de la matriz
energética y a un creciente entorno favorable para una integración regional
energética basada en políticas de acceso universal a la energía y en criterios
de sostenibilidad y aumento de nuestro margen de maniobra soberano.
Asimismo, estamos convencidos que la lógica capitalista basada en explotar la
naturaleza para exportar materias primas hacia mercados globales, es
insostenible en los planos económico, social y ambiental. Por lo tanto, resulta
clave que tanto los gobiernos, los trabajadores de la energía organizados y los
movimientos sociales asuman el desafío de generar modos de desarrollo que se
orienten a la preservación intergeneracional y uso racional e igualitario de
nuestros bienes comunes.
En tal sentido, sostenemos firmemente que la energía es un bien social y un
derecho humano de carácter esencial para el bienestar de la población y el
abordaje del debate en torno a las formas en las que la energía se genera y los
objetivos con los que se la distribuye y utiliza, es una cuestión que nos atañe
como pueblo y en cuya resolución se juega nuestro futuro y el de nuestros hijos.
Convocatoria multisectorial en defensa de la soberanía sobre nuestros bienes
comunes.
Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2014/10/23/declaracion-ante-el-proyecto-de-ley-del-saqueo-petrolero/
Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2014/10/23/declaracion-ante-el-proyecto-de-ley-del-saqueo-petrolero/
El
gobierno CFK, la Corte Suprema y Alejandra Gils Carbó prefirieron cerrar
negocios con Chevrón, probando que su antiimperialismo y brega por la Patria
Grande son otros de sus embaucamientos como el de Justicia Legítima.
Pero al volverle las espaldas a nuestro pueblo hermano, además están
instalando la impunidad de las petroleras para saquearnos y destruir las
condiciones tanto de vida como de trabajo en Argentina. Porque:
Chevrón cometió crímenes de lesa humanidad en
Ecuador.
24 de octubre de 2014
24 de octubre de 2014
La Unión de Afectados y Afectadas por Texaco (UDAPT) busca que se condene
penalmente a John Watson, CEO de Chevron, junto con otros directivos de la
compañía, por el ataque
generalizado y sistemático contra la población civil de la Amazonía ecuatoriana.
Las víctimas de la contaminación dejada por Texaco denuncian a los directivos de
Chevron por haber tomado decisiones y acciones para evitar que la compañía asuma
su responsabilidad por la reparación de estos daños.
Ecuatorianos inician acciones al CEO de Chevron en la Corte Penal Internacional
La
más reciente acción de la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco (UDAPT)
relacionada al largo juicio contra la compañía norteamericana Chevron
Corporation, busca que se condene penalmente a los directivos de la compañía.
Para esto la UDAPT acudió ante la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou
Bensouda y procedió a presentarle una comunicación que describe los hechos que
se están desarrollando en este momento en el suelo ecuatoriano - equivalente de
una denuncia en el sistema penal doméstico. En esta comunicación se explica cómo
las decisiones y acciones tomadas por John Watson como CEO de Chevron, junto con
otros directivos de la compañía, revisten las características de un ataque
generalizado y sistemático contra la población civil de la Amazonía ecuatoriana.
Las víctimas de la contaminación dejada
por Texaco denuncian a los directivos de Chevron por haber tomado decisiones y
acciones para evitar que la compañía asuma su responsabilidad por la reparación
de estos daños. Así, se acusa que la compañía ha emprendido una serie de
acciones dilatorias, difamatorias y contrarias a la debida reparación del daño,
lo que constituye un ataque generalizado contra los habitantes de la Amazonía; y
que los directivos de Chevron “continúan evitando su responsabilidad y
contribuyen, en cada oportunidad que pueden, a evitar que la contaminación del
Oriente sea remediada”.
En
este sentido, la denuncia tiene como base la postura de reconocidos juristas que
plantean que en la actualidad los ataques en los que se producen las masacres no
tienen las características clásicas, esto es a través de las armas únicamente,
por el contrario la creación de un espacio vital contaminado, el hostigamiento
de los pobladores de una región, o lo que es aún peor, el mantenimiento
indefinido de condiciones violatorias a los Derechos Fundamentales hacen que
este conjunto de acciones constituya un Delito contra la Humanidad en los
términos del Estatuto de Roma
Son muchos los ejemplos de estas decisiones y acciones, por lo que estamos
convencidos de que los hechos denunciados son una clara contribución delictiva
al resultado reconocido por las tres sentencias de los tribunales ecuatorianos,
que luego de 10 años de litigios encontraron responsable a la compañía Chevron.
Confirmando esto, en la comunicación se describe con firmeza el interés personal
que tiene el señor Watson de no reparar los daños ambientales que la compañía
Texaco causó en el Ecuador, puesto que fue el principal promotor de la fusión de
Chevron y Texaco. Esta fusión creó la segunda empresa petrolera más grande de
los EEUU y catapultó la carrera de Watson; un revés en este sentido sería
desastroso para él y para sus intereses dentro de la estructura jerárquica de
poder que hoy administra.
Los crímenes por los que se acusa a Watson sólo pudieron ser cometidos desde su
posición de poder al frente de Chevron (Presidente y CEO), tomando las
decisiones estratégicas relativas al proceso con el único objetivo de mantener
la contaminación en Ecuador, desde la cima de la pirámide de poder que
representa la compañía. Por ello se considera su conducta como un aporte
fundamental al resultado dañoso de la población de la Amazonía ecuatoriana, y
por lo cual se lo debería tener como autor de los crímenes denunciados en los
términos del artículo 25 del Estatuto de Roma.
Por todo esto, se considera que la
competencia de la Corte Penal Internacional por un crimen cometido en el
territorio de Ecuador viene garantizada por los artículos 11, 12 y 13 del
Estatuto de Roma, que fue ratificado por Ecuador el 5 de mayo del 2002.
Puntualmente, los crímenes de lesa humanidad de los que se acusa a Watson son
los establecidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma (ER), que dispone que “se
entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes
cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una
población civil, y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b)
Exterminio; d) Deportación o traslado forzoso de población; h) Persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos,
raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el
párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con
arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en
el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; y k)
en general otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente
grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud
mental o física.
Por haber cumplido con los requisitos formales y haber demostrado con pruebas
que se ha cometido un crimen de lesa humanidad, la UDAPT tiene plena confianza
en los resultados del proceso. La presentación de esta comunicación implica
precisamente el primer paso del proceso penal internacional, que inicia con el
estudio que hará la fiscal de la misma, y proseguirá con la investigación de los
hechos denunciados. Se espera finalmente obtener el enjuiciamiento penal, y
posteriormente una sanción apropiada para John Watson, CEO de Chevron, y cabeza
del ataque sistemático y generalizado que sufren los pobladores amazónicos.
UDAPT
Contacto Prensa en Argentina: +54
(9) 261 3620295 Eduardo Toledo, redactor de la denuncia.
Desde abajo se está construyendo otra democracia atenta a necesidades y
perspectivas de pueblos de dos provincias que nos interpela a todos porque la
Madre Tierra no tiene fronteras.
Votación popular
en Misiones por las represas
Urnas por el
rechazo
24 de octubre de 2014
24 de octubre de 2014
Por Darío
Aranda (Página/12)
Organizaciones sociales, campesinas, indígenas, sindicales y de
DD.HH. llevan adelante esta semana una consulta para protestar contra las
represas hidroeléctricas proyectadas.
Misiones está de votación. Esta semana, en más de 1000 urnas en toda la
provincia, los mayores de 16 años deciden el rechazo o la aceptación de
represas.
Una sola de las hidroeléctricas proyectadas (Garabí) inundará 40 mil hectáreas
(dos veces la ciudad de Buenos Aires) y desalojará a 2500 familias.
“Las represas son parte del modelo productivo perverso que transforma la
naturaleza de todos en lucro de unos pocos”,
explicó el activista socioambiental
Juan Yahdjian y llamó a votar: “La democracia actual no suele darnos muchas
posibilidades de participar, pero ahora tenemos una oportunidad concreta para
decidir nuestro futuro”. Por ley provincial, el plebiscito debe organizarlo el
gobierno de Misiones, pero ante la negativa a convocarlo fue instrumentado por
organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos e iglesias.
El Complejo Hidroeléctrico Garabí es un megaemprendimiento
entre Brasil y Argentina que tiene su origen en la década del 80. Consiste en
realizar una o más represas sobre el río Uruguay, en la zona compartida por
Misiones y Corrientes con el estado brasileño de Río Grande do Sul. En 2011 se
firmó un acuerdo de cooperación entre Brasil y Argentina y relanzaron
formalmente el proyecto. Otros dos proyectos en carpeta son Panambí y Corpus.
La
Mesa Provincial No a las Represas nuclea a 46 organizaciones.
Indígenas, campesinos, organizaciones sindicales y de derechos humanos, iglesias
(evangélica, luterana y católica). Un amplio abanico y diversidad de
posicionamientos políticos, con la coincidencia de rechazar las represas.
Denuncian los efectos sociales (masivos desalojos forzosos), sanitarios
(enfermedades), ambientales (inundación de extensas superficies y pérdida de
biodiversidad) y el “maldesarrollo” (sacrificar territorios y producir energía
de forma no sustentable).
La Mesa Provincial
exige que se cumpla la Ley IV-56 vigente en Misiones. El artículo 6 señala que
“para la realización de emprendimientos hidroeléctricos y represas se requiere
la participación previa del pueblo de Misiones, a través del mecanismo de
plebiscito obligatorio, vinculante e irrenunciable”. El gobernador Maurice Closs,
desde hace tres años, rechazó llamar a votación.
Las organizaciones sociales realizan actividades informativas desde 2011, exigen
que se cumpla la ley y poder votar. Ahora, la Mesa Provincial No a las Represas
organizó la consulta popular. “Que no represen tu voz. El pueblo decide. Vos
decidís”, es la consigna que convoca desde el lunes hasta el domingo 26 para
votar en toda la provincia. Hay mil urnas en plazas, escuelas, centros
comunitarios, sedes de organizaciones sociales y sindicales, universidades,
centros culturales y comunidades indígenas. La pregunta que convoca es: “¿Está
usted de acuerdo con la construcción de nuevas represas que afecten territorio
misionero?”. Hay dos boletas, una con el “Sí” y otra con el “No”. Votan todos
los misioneros mayores de 16 años, deben concurrir con DNI y cuentan con
planillas y un sistema informático que permitirá el control y que nadie vote más
de una vez. Las jornadas contarán con fiscalización de ONG y veedores nacionales
e internacionales. El lunes 27 se contabilizarán los sufragios.
Raúl Aramendy, integrante de la Mesa Provincial, explicó que las represas
ocasionaron en Misiones “un conflicto profundo de aspectos sociales, económicos,
políticos y ambientales”. Detalló que la más publicitada es Garabí (que inundará
40 mil hectáreas), pero son al menos cinco los proyectos en carpeta. Alertó que
la instalación de represas sin participación ciudadana “viola la ley, no es
justo y con injusticia no puede haber paz”. Llamó a votar para “ser escuchados y
enseñar democracia practicándola en las calle”.
La
Mesa Provincial No a las Represas puntualiza también en los
efectos sanitarios. Los lagos que generan las represas son el hábitat de
vectores transmisores de malaria, dengue, leishmaniasis y esquistosomiasis,
entre otras enfermedades. “La propagación de estas enfermedades es asociada con
la alteración del régimen de los ríos, por lo que ha sido llamada la enfermedad
de las represas”, explica la organización misionera Cemep-Adis, parte del
Movimiento Agroecológico de América Latina (Maela). La Mesa Provincial propone
un gradual cambio hacia una matriz energética nacional que apueste a energías
renovables.
Nora De Dieu, de ATE Misiones, se preguntó para quién será la energía producida
con las represas: “Necesitan más energía para asegurar las políticas
extractivistas de multinacionales que avanzan sobre territorios y vidas”. Juan
Yahdjian, 80 años, médico e histórico activista socioambiental de Eldorado,
recordó la vinculación directa entre represas y enfermedades y citó al pueblo
guaraní: “Nos enseñan que el río es para el ecosistema como la sangre para el
cuerpo. Si la sangre no llega, esa parte del cuerpo enferma. Donde el río no
llega, esa zona morirá”. Y vinculó las hidroeléctricas y las “hidrovías”
(profundización de ríos para grandes barcos) al modelo extractivo vigente en
Latinoamérica y que fue formalizado en el 2000 por doce gobiernos.
Fuente
original: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-258141-2014-10-23.html
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191187
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Declaración de la Unión
de Asambleas Patagónicas (UAP)
Legislatura de Chubut: El imperio de la Hipocresía.
La
democracia no es instrumental. Es un sistema que debería permitir igualdad
de condiciones. Algunos funcionarios y gobernantes ante la cercanía de
elecciones, se llenan de fervor hablando de democracia. Pero al momento de
la gestión, articulan una puesta en escena, donde prevalecen negociados y
manos invisibles. La democracia no se puede utilizar al antojo de aprobar
leyes a las apuradas, no es sano cuando se utiliza para menospreciar la voz
popular, y menos para justificar represiones en nombre de la paz social.
Tal es
el caso de la legislatura de Chubut, donde se exhibe la hipocresía y el
engaño a cara de piedra. Podemos narrar esta impunidad con la historia de
dos proyectos.
El primer
proyecto es la Iniciativa Popular, presentada por los vecinxs de Chubut.
Como ha declarado la UACH (Union de Asambleas de Chubut): “Esta
Iniciativa Popular es una herramienta legal contemplada e incluida en la
Constitución de la provincia de Chubut desde el año 1994; habilita al pueblo
a presentar un proyecto de ley para que luego tenga efectivo tratamiento
parlamentario. En el año 2014 por primera vez en la provincia, el pueblo
hace uso de esta herramienta, iniciando “La otra campaña”, reuniendo
más de 13.007, que fueron presentadas al Tribunal Electoral Provincial el
día 4 de abril del año 2014 (…) Alcanzado y superado el 3% del padrón
electoral en apoyo a la iniciativa, la misma fue aprobada por el Tribunal
Electoral Provincial, dejando por sentado que el cuerpo legislativo debe
considerarla y darle tratamiento en el término de 6 meses a partir de su
presentación, tiempo delimitado hasta el día 26 de noviembre del corriente
año”. Los legisladores de Chubut, han hecho lo imposible por dar de baja
la iniciativa. Tal es así, que en comisiones, la volvieron atrás, al
Tribunal Electoral Provincial, organismo que volvió a ratificar, tras una
exhaustiva revisión, las firmas de los vecinxs.
Los
legisladores no han tenido tiempo ni oportunidad para tratar la iniciativa.
Han pasado varios meses, y aun están en veremos.
Así
llegamos al segundo proyecto. La zonificación minera en Chubut
establece en qué partes del territorio se puede realizar la actividad minera
y bajo qué condiciones.
En otras palabras, generar zonas de sacrificio
legales, aprobadas por la mayoría de la cámara. El diputado Jara, quien
presentó el proyecto, expresó ante un medio que él representa a los
pobladores de la meseta: "el respeto al derecho humano de los pobladores
de ese lugar de la provincia, como es el de aprovechar la riqueza que tienen
para un desarrollo sustentable, que hoy se les está prohibiendo". El
sostiene su representación en los dichos de dos intendentes: el de Paso de
Indios, Mario Pichiñán y el de Trelew, Máximo Pérez Catán, quienes
argumentan que los pobladores piden la megaminería. Para justificar este
pedido de la gente, el mismo Pichiñan presentó un pliego con unas 1.500
firmas, de las cuales se comprobó que 417 estaban duplicadas. Raro apoyo el
que sostiene este intendente, ya que además se comprobó que ninguna de las
firmas pertenecía a pobladores de Paso de Indios. Como si fuera poco varios
pobladores de esta localidad, salieron a los medios a comunicar que no
existe social: “Lo que existe son presiones, falta de información,
problemas con el agua y la salud de las personas y, a esta altura, una
pérdida notable de la calidad democrática y de vida, de una población, que
intentan que no se exprese”. Agregaron, estos pobladores, que se elevó
una nota al Intendente Pichiñan, con más de 170 firmas, donde solicitan la
realización de análisis del agua que consumen a diario. La nota fue
ignorada.
Sin embargo los pobladores declaran que algunos días el agua sale
de color verde o azul y que desde hace un tiempo se vienen dando casos
reiterados de diversas enfermedades que afectan a la población, como
diarreas, parálisis facial y presión alta, en muchos casos en niños de la
escuela primaria. El gobernador Buzzi dijo: "Yo creo que la licencia social
en la Meseta está muy consolidada, la gente está pidiendo eso y nos da una
esperanza para que en un futuro se puedan dar los proyectos que hay en el
lugar". Más extraño suena que el gobernador sostenga esto, ya que Ceferino
San Martin, poblador y pequeño productor de la localidad de Gastre, se
acercó a un medio para decir: “Nosotros en la meseta no queremos megaminería
ni queremos mafia ni corrupción” y agregó “… nuestros funcionarios de turno
no quieren oír, nosotros estamos trabajando, a partir del año 2010,
productores y vecinos de localidades tanto de Gan Gan como de Gastre y todas
las zonas aledañas manifestándonos en contra de los mega emprendimientos que
quieren hacer en la meseta; específicamente en megaminería”.
Dos
proyectos que demuestran como, algunos representantes, abusan de la
democracia a su antojo y sólo expresan impunidad por cada uno de sus poros.
Para los
legisladores es más urgente el de zonificación del territorio. Lo que no
dicen es el porqué de la urgencia. Por ley Chubut prohíbe la minería a cielo
abierto, pero Nación planea una planta de uranio en Cerro Solo. No sólo la
planea, sino que antes de siquiera debatirse el tema en la legislatura de
Chubut, La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al Presupuesto
2015, el cual incluye en uno de sus anexos, referido a la proyección de
obras, la construcción de una planta piloto para la producción del uranio en
el Yacimiento Cerro Solo en el norte de Chubut.
Así se
arman los negocios. La legislatura de Chubut al servicio del saqueo y la
entrega.
Permitir
esta arbitrariedad no está en nuestras intenciones. Por eso seguiremos
manifestando:
-
Exigimos el inmediato tratamiento de la Iniciativa Popular.
-
Repudiamos el menosprecio al tratamiento de la voz del pueblo de Chubut.
-
Repudiamos el proyecto de zonificación, porque lo entendemos como una zona de sacrificio, no sólo de poblaciones afectadas,
sino de las aledañas por la contaminación del agua y el aire. -
Repudiamos a los legisladores de Chubut, por ser títeres del Gobierno Nacional.
-
Repudiamos al gobernador Buzzi por sus mentiras públicas y manejo deshonesto de la información.
Al
gobernador Buzzi, a los legisladores entreguistas y demás funcionarios les
decimos:
Sean
honestos por una vez en sus vidas, busquen trabajo en las corporaciones y
dejen
de cobrar el sueldo de representantes del pueblo.
UNIÓN DE ASAMBLEAS PATAGÓNICAS
--
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac
(pdf cuadernillo uac:) --> http://go4.es/0aJa
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac
(pdf cuadernillo uac:) --> http://go4.es/0aJa
Pero el menosprecio del capitalismo por el
medio ambiente y la salud de las poblaciones se complementa con la
intensificación de la explotación laboral que encabeza el Estado.
Argentina: Aumento del empleo
público y baja salarial
24 de octubre de 2014
24 de octubre de 2014
Por: RED
ECO
El presupuesto nacional 2015 presenta nuevamente un aumento en el empleo público
del estado nacional. Éste no es un dato nuevo y se hace extensivo a los estados
provinciales y a las gestiones municipales.
El
aumento del empleo público, su evolución histórica y el vínculo con el deterioro
salarial como una de las caras de la precarización laboral, son analizadas en
esta nota.
El proyecto de Presupuesto 2015, con media sanción en Diputados y a punto de convertirse en ley el próximo miércoles tras la aprobación del Senado, prevé para el próximo año un aumento en los llamados “recursos humanos” dependientes de la Administración Nacional, en cargos permanentes y temporarios. El empleo público nacional se ha ido incrementando cada año en cada uno de los presupuestos presentados. Se pasó de una plantilla de cargos permanentes y temporarios de 232.386, presupuestada en 2004, a una de 389.396 para el 2015 (un 68 por ciento de aumento). Comparado con al año en curso el incremento será de 12.171 nuevos puestos para el año próximo. El aumento de los trabajadores en el Estado lo muestra así en su rol de regulador de la desocupación. Nicolás Villanova es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, responsable del área de Estadísticas del Centro de Estudio de Investigaciones en Ciencias Sociales. Es especialista en el abordaje de los temas de trabajo y empleo.
Con él conversamos durante una entrevista en el programa Los Locos de Buenos Aires para abordar el tema del aumento del empleo público, analizar su evolución histórica y el vínculo con el deterioro salarial como una de las caras de la precarización laboral.
“En la última década el empleo estatal creció mucho. Si uno analiza históricamente es una tendencia que se viene dando desde la década del 70. En la década del ‘50 el empleo estatal era de aproximadamente entre un 10 y un 12 % del total de los ocupados y los asalariados industriales constituían cerca de un 20/21 %. En la última década eso empezó a revertirse ya que el empleo estatal ocupa un 16 % del conjunto de los trabajadores ocupados en la economía mientras que los asalariados industriales cerca del 11/12 %. Con lo que se podría decir que en términos relativos el empleo industrial viene decreciendo. Y si se analiza el empleo en el Estado ha ido creciendo a lo largo de las décadas: 11 % en la década del ‘70, un 14 durante el menemismo, y en la última década un 16 %”, detalló. “El crecimiento del empleo en el Estado no es más que la precarización de los trabajadores porque los salarios que obtienen son mucho más bajos que los de trabajadores industriales registrados”, agregó Villanova.
Recientemente se conocieron cifras del aumento del empleo público que el presupuesto de la provincia de Buenos Aires también prevé. Además, un recorrido por los diferentes rincones de del país muestra claramente que este fenómeno no es sólo nacional sino también provincial y con fuerte impronta a nivel municipal.
Villanova explica que el Estado no es algo homogéneo; una cosa es un empleado en el Estado nacional y otra en los estados provinciales o municipales. Sus investigaciones muestran cómo los procesos de descentralización de servicios del estado nacional hacia las provincias y municipios - que arrancan en las décadas del ’50-‘60, se van profundizando en los ‘70 y finalmente en los ‘90- influyen en la pérdida de salario. Estos procesos se dieron en especial en servicios como la educación y la salud. “Los empleados municipales y provinciales son los que peores salarios obtienen y son los que porcentualmente representan la mayor cantidad dentro de los diferentes estados”, afirmó.
“En la última década el empleo provincial representa el 70 % de los trabajadores del estado mientras que en los ’50-‘60 los empleados del estado nacional representaban el 63 %. También se observa, incluso en el mismo estado nacional, que han crecido mucho los empleados contratados (monotributistas y artículos específicos para el empleo por contrato) sobre todo en la última década que de un 6 % pasaron a constituir un 18 %”.
Para Villanova, los bajos salarios estatales son en parte la explicación de la baja salarial a nivel general. “Cuando uno ve el promedio de los salarios del conjunto de los trabajadores de la economía, estos procesos (de descentralización) también explican la precariedad laboral de determinadas ramas. Tienden a incrementarse los trabajadores que se ocupan en ramas que peores salarios pagan y esto en la última década es muy fuerte”.
Los salarios como mecanismo compensador de la economía
“Es interesante pensar este fenómeno como mecanismo compensador de la economía. Por ejemplo, cuando el tema de la pobreza se analiza en base a desde qué importe de canastas se es pobre o no, se pierde algo fundamental y es que la pobreza presupone una relación: hay más pobres como condición de que haya más ricos. La riqueza de unos pocos es condición de la pobreza de unos tantos mas. Entonces hay un problema de la economía”, afirmó Villanova.
Desde el Centro de Estudio de Investigaciones en Ciencias Sociales se analiza la historia económica argentina, cuáles han sido las fuentes de sostenimiento de la misma y cómo hoy el salario es la variable de compensación de otras rentas. “Hasta la década del ‘70, la economía argentina recibía sistemáticamente un porcentaje enorme de transferencias que provenían del agro, o sea que la industria argentina dependía de la renta agraria y ese era uno de los mecanismos de compensación fundamentales de una economía que es muy chica a nivel internacional y que no logra alcanzar la productividad media mundial. Luego de los ‘70 esa renta no alcanza para todos entonces aparecen otros mecanismos de compensación que están vinculados al endeudamiento externo; fuerte endeudamiento en la década del ‘70 y fuerte endeudamiento en la década del ‘90. En la última década lo que se ve es que agotada la transferencia de la renta agraria y agotada la posibilidad de endeudamiento externo lo que queda es la baja salarial. Uno ve una caída absoluta del salario desde la década del ‘70 hasta la actualidad”.
El proyecto de Presupuesto 2015, con media sanción en Diputados y a punto de convertirse en ley el próximo miércoles tras la aprobación del Senado, prevé para el próximo año un aumento en los llamados “recursos humanos” dependientes de la Administración Nacional, en cargos permanentes y temporarios. El empleo público nacional se ha ido incrementando cada año en cada uno de los presupuestos presentados. Se pasó de una plantilla de cargos permanentes y temporarios de 232.386, presupuestada en 2004, a una de 389.396 para el 2015 (un 68 por ciento de aumento). Comparado con al año en curso el incremento será de 12.171 nuevos puestos para el año próximo. El aumento de los trabajadores en el Estado lo muestra así en su rol de regulador de la desocupación. Nicolás Villanova es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, responsable del área de Estadísticas del Centro de Estudio de Investigaciones en Ciencias Sociales. Es especialista en el abordaje de los temas de trabajo y empleo.
Con él conversamos durante una entrevista en el programa Los Locos de Buenos Aires para abordar el tema del aumento del empleo público, analizar su evolución histórica y el vínculo con el deterioro salarial como una de las caras de la precarización laboral.
“En la última década el empleo estatal creció mucho. Si uno analiza históricamente es una tendencia que se viene dando desde la década del 70. En la década del ‘50 el empleo estatal era de aproximadamente entre un 10 y un 12 % del total de los ocupados y los asalariados industriales constituían cerca de un 20/21 %. En la última década eso empezó a revertirse ya que el empleo estatal ocupa un 16 % del conjunto de los trabajadores ocupados en la economía mientras que los asalariados industriales cerca del 11/12 %. Con lo que se podría decir que en términos relativos el empleo industrial viene decreciendo. Y si se analiza el empleo en el Estado ha ido creciendo a lo largo de las décadas: 11 % en la década del ‘70, un 14 durante el menemismo, y en la última década un 16 %”, detalló. “El crecimiento del empleo en el Estado no es más que la precarización de los trabajadores porque los salarios que obtienen son mucho más bajos que los de trabajadores industriales registrados”, agregó Villanova.
Recientemente se conocieron cifras del aumento del empleo público que el presupuesto de la provincia de Buenos Aires también prevé. Además, un recorrido por los diferentes rincones de del país muestra claramente que este fenómeno no es sólo nacional sino también provincial y con fuerte impronta a nivel municipal.
Villanova explica que el Estado no es algo homogéneo; una cosa es un empleado en el Estado nacional y otra en los estados provinciales o municipales. Sus investigaciones muestran cómo los procesos de descentralización de servicios del estado nacional hacia las provincias y municipios - que arrancan en las décadas del ’50-‘60, se van profundizando en los ‘70 y finalmente en los ‘90- influyen en la pérdida de salario. Estos procesos se dieron en especial en servicios como la educación y la salud. “Los empleados municipales y provinciales son los que peores salarios obtienen y son los que porcentualmente representan la mayor cantidad dentro de los diferentes estados”, afirmó.
“En la última década el empleo provincial representa el 70 % de los trabajadores del estado mientras que en los ’50-‘60 los empleados del estado nacional representaban el 63 %. También se observa, incluso en el mismo estado nacional, que han crecido mucho los empleados contratados (monotributistas y artículos específicos para el empleo por contrato) sobre todo en la última década que de un 6 % pasaron a constituir un 18 %”.
Para Villanova, los bajos salarios estatales son en parte la explicación de la baja salarial a nivel general. “Cuando uno ve el promedio de los salarios del conjunto de los trabajadores de la economía, estos procesos (de descentralización) también explican la precariedad laboral de determinadas ramas. Tienden a incrementarse los trabajadores que se ocupan en ramas que peores salarios pagan y esto en la última década es muy fuerte”.
Los salarios como mecanismo compensador de la economía
“Es interesante pensar este fenómeno como mecanismo compensador de la economía. Por ejemplo, cuando el tema de la pobreza se analiza en base a desde qué importe de canastas se es pobre o no, se pierde algo fundamental y es que la pobreza presupone una relación: hay más pobres como condición de que haya más ricos. La riqueza de unos pocos es condición de la pobreza de unos tantos mas. Entonces hay un problema de la economía”, afirmó Villanova.
Desde el Centro de Estudio de Investigaciones en Ciencias Sociales se analiza la historia económica argentina, cuáles han sido las fuentes de sostenimiento de la misma y cómo hoy el salario es la variable de compensación de otras rentas. “Hasta la década del ‘70, la economía argentina recibía sistemáticamente un porcentaje enorme de transferencias que provenían del agro, o sea que la industria argentina dependía de la renta agraria y ese era uno de los mecanismos de compensación fundamentales de una economía que es muy chica a nivel internacional y que no logra alcanzar la productividad media mundial. Luego de los ‘70 esa renta no alcanza para todos entonces aparecen otros mecanismos de compensación que están vinculados al endeudamiento externo; fuerte endeudamiento en la década del ‘70 y fuerte endeudamiento en la década del ‘90. En la última década lo que se ve es que agotada la transferencia de la renta agraria y agotada la posibilidad de endeudamiento externo lo que queda es la baja salarial. Uno ve una caída absoluta del salario desde la década del ‘70 hasta la actualidad”.
Si bien durante la última década ha habido una recomposición salarial, la misma se basa en haber partido de uno de los salarios más bajos de la historia argentina de los últimos 70 años. “La devaluación de 2002 operó como una baja muy fuerte salarial y de ahí se comenzó a relanzarla economía. Muchos analistas ven en el kirchnerismo un momento de recuperación de la economía. Pero algo que se puede ver es el piso salarial sobre la cual parte esa recomposición. Si se compara la baja salarial de los años 2002/2003/2004 y hasta el 2005 uno ve que la rentabilidad de los industriales creció a nivel record. Sobre la base de la baja salarial muy fuerte la rentabilidad empresarial creció, luego de la crisis. Ese es el proceso de recomposición”, aseveró Villanova.
El promedio de ingresos de los trabajadores
ocupados durante el segundo trimestre de este año rondó los 5700 pesos, según el
último informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Este
ingreso, a valores de poder adquisitivo, no llega al promedio de la década de
los ‘90 (6.200 pesos actuales) y son la mitad de lo que representaba un salario
en 1975.
Villanova propone en este sentido poner en debate si se trata de un problema de gestión política o si es en realidad un problema de la economía misma. “Si se ve la tendencia histórica a la baja salarial, a la precarización laboral, entonces lo que está cuestionado es la economía misma. Son las relaciones que estructuran el capitalismo actual”, concluyó.
Villanova propone en este sentido poner en debate si se trata de un problema de gestión política o si es en realidad un problema de la economía misma. “Si se ve la tendencia histórica a la baja salarial, a la precarización laboral, entonces lo que está cuestionado es la economía misma. Son las relaciones que estructuran el capitalismo actual”, concluyó.
