Implica instituciones 'reguladoras'
del saqueo y el trabajo
pero sobre todo
guerra contra los
pueblos en forma de
criminalización tanto de la protesta
social como de la pobreza.
De ahí
el desafío abajo de articular la unión en diversidad de una creciente
mayoría de quienes son pobres y de quienes pertenecen a las "zonas de sacrificio"
de los poderes establecidos para expandir su modelo extractivo exportador. Es
constituir el encuentro y multiplicación, en
todo el país-continente, de las autoorganizaciones que se están afirmando sujetos
colectivos de derechos.
Pero cabe reflexionar, previamente, que hay despliegue de las fuerzas
de seguridad como ejército de ocupación de las barriadas pobres con el
justificativo de erradicar la
inseguridad que asocian al pibe chorro. Cuando es conocimiento mayoritario (que se calla al no ser
'políticamente correcto') el carácter mafioso de la policía y de todo el
entramado político, judicial que la sostiene.
Caso Luciano Arruga: otra vez la maldita policía
18-10-2014
Luciano Arruga, el joven de La Matanza desaparecido en enero de 2009 tras haberse negado a robar para la policía fue encontrado ayer, muerto y enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita. Tras seis años de búsqueda su familia y los abogados del CELS informaron que el asesinato y la posterior desaparición del cuerpo fueron encubiertos por La Bonaerense y otras instancias estatales.
Por
Daniel Satur
Cinco años y ocho meses. 2086 días. Ése es el tiempo que tardó el cuerpo de Luciano Arruga en aparecer. Desde el 31 de enero de 2009 su familia, amigos y gran cantidad de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales exigían su aparición con vida. Pero Luciano apareció muerto y enterrado en una tumba anónima del Cementerio de La Chacarita.
Cinco años y ocho meses. 2086 días. Ése es el tiempo que tardó el cuerpo de Luciano Arruga en aparecer. Desde el 31 de enero de 2009 su familia, amigos y gran cantidad de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales exigían su aparición con vida. Pero Luciano apareció muerto y enterrado en una tumba anónima del Cementerio de La Chacarita.
Su cuerpo estaba registrado en una causa por un accidente de tránsito ocurrido
en la Avenida General Paz en una fecha coincidente con la de su desaparición.
Pero no figuraba como Luciano Arruga sino como NN, que es la forma en que el
Estado llama a los muertos sin identificar.
Ayer a la tarde, en una conferencia de prensa realizada en la sede del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), su presidente Horacio Verbitsky informó que
se indentificó el cuerpo por el cotejo de sus huellas dactilares.
Verbitsky relató que hace seis meses el juez federal de Morón Pablo Salas hizo
lugar por primera vez a un recurso de hábeas
corpus para saber dónde
estaba Luciano, pidió informes al Ministerio de Seguridad de la Nación y ordenó
una compulsa sobre libros de la Policía Científica referidos a cadáveres NN. Los
resultados confirmaron que las huellas digitales de un cuerpo enterrado en el
Cementerio de La Chacarita eran coincidentes con las que la policía de Lomas del
Mirador le había tomado a Luciano en 2008 tras detenerlo.
No obstante estos resultados, el juez Salas ordenó la realización de un ADN al
cuerpo que será exhumado.
¿Qué parezca un accidente?
La causa judicial por la que se enterró el cuerpo de Luciano en una tumba NN del
Cementerio de La Chacarita hace seis años refiere a un accidente de tránsito. En
ese expediente dice que el chico fue atropellado pasadas las 3 de la mañana del
31 de enero de 2009, mientras cruzaba la Avenida General Paz a la altura de
Emilio Castro. Que inmediatamente fue llevado por una ambulancia del SAME al
Hospital Santojanni de la Ciudad de Buenos Aires. Que allí lo operaron pero que
a las pocas horas murió. Y que como fue imposible dar con su identidad, terminó
enterrado anónimamente en el cementerio.
Quien lo atropelló, según el expediente, era un joven de 21 años que luego del
accidente llamó a la policía y se puso a disposición de la Justicia. Al poco
tiempo sería sobreseído por no tener culpa ni haber actuado con negligencia.
“Hay muchas cosas que no cierran", dijo Verbitsky en la conferencia de prensa.
Para el periodista es muy sospechoso que justo donde supuestamente fue
atropellado Luciano "hay un destacamento de la Policía Bonaerense" que, además,
se encuentra "muy cerca del lugar donde lo vieron por última vez, donde
desapareció". A su vez el accidente es extraño en sí mismo, ya que quien "tiene
que cruzar la General Paz no cruza por ahí, por la vía rápida".
Hay un elemento que enturbia aún más lo supuestamente ocurrido esa madrugada de
2009. Mónica Alegre, la madre de Luciano, aquel día empezó a recorrer
desesperada lugares en los que podría conseguir alguna información de su hijo. Y
llegó al mismísimo Santojanni a preguntar si habían recibido a un adolescente de
16 años. Pero le dijeron que no. “¿Por qué el Hospital Santojanni no dijo nada
de lo que pasó?", preguntó Verbitsky.
Según la autopsia realizada en aquel momento al cuerpo de Luciano Arruga (NN
para el expediente) su muerte fue por los traumatismos en cabeza, brazo, torso y
tobillos causados por el accidente. Y así lo hicieron constar en actas la jueza
de instrucción Laura Bruniard y la fiscal Marcela Sánchez, quienes dieron por
cerrado el caso sin culpables.
Pero "las contusiones de un accidente de tránsito pueden tapar otras lesiones y
eso será materia de investigación", le confió una fuente judicial a la Agencia
DyN.
Castigo a los culpables
Ayer en la sede del CELS el clima era extraño. El temple ganado por los años de
lucha de la familia se mezclaba con la bronca y la tristeza por la confirmación
de la peor noticia. Mónica Alegre y Vanesa Orieta, madre y hermana de Luciano,
enfrentaron a las cámaras ya no para reclamar la aparición de su ser querido
sino para exigir que se haga justicia y se esclarezca qué es lo que pasó con él,
quién lo mató, quién encubrió y quién garantizó la impunidad.
"Vencimos. Esto es lo que siento. Vencimos a la desidia, a la impunidad, a la mirada discriminadora y criminalizante sobre los pibes como Luciano”, dijo Vanesa. Pero “seguimos denunciando la violencia institucional hoy más que nunca después de cinco años y ocho meses pidiendo que se busque a Luciano. Cinco años y ocho meses golpeando puertas. Esto no se termina acá. Necesitamos saber la verdad. Los pobres tenemos derechos".Vanesa y su familia saben de lo que hablan. Fueron años de exigencias a un Estado que a través de todas sus instancias les dio la espalda. Alcanza con recordar que los ocho policías directamente implicados en su desaparición todavía están libres y amparados por Daniel Scioli y Alejandro Granados.
"Fui varias veces junto a mi mamá con las pocas fuerzas que teníamos al
Santojanni. Fuimos a los hospitales, comisarías,
a todas las instituciones", dijo Vanesa en la conferencia de prensa. Y mirando a
las cámaras sentenció: "Ustedes pueden informar que apareció Luciano y que fue
atropellado. Y ni más. O pueden informar que acá la familia denunció de forma
inmediata, presentó un hábeas corpus que fue rechazado (...) Esto no cierra con
que un pibe cruzó la autopista y lo pisó un auto y ya. Queremos saber toda la
verdad."
A las preguntas lógicas sobre el supuesto accidente, sobre el accionar criminal
comprobado de la maldita Bonaerense, sobre las responsabilidades del SAME y de
la dirección del Hospital Santojianni se suman otras que llegan más lejos.
La Izquierda Diario le
preguntó a Verbitsky en la conferencia de prensa cuál consideraba él que era
la cadena
de responsabilidades en la “no investigación” de estos seis años.
¿Qué responsabilidad le cabe a Scioli como jefe de la policía y del Ministerio
de Seguridad? ¿Y a Macri como jefe del SAME y del Hospital? “La responsabilidad
básicamente es de la policía Bonaerense -respondió- que tenía una relación
extorsiva con el chico, lo había detenido varias veces, le había pegado, lo
había torturado, o lo había extorsionado. De los funcionarios judiciales que
rechazaron el hábeas corpus, desviaron la investigación, no tomaron ninguna de
las medidas que aconsejaba una investigación con los antecedentes del caso y que
Vanesa y la mamá habían desde el principio. De las instituciones de la Ciudad de
Buenos Aires que no investigaron el cuerpo y lo enterraron como un NN y no
procuraron ninguna identificación. De la morgue judicial… Yo no le querría poner
nombre porque no
sabemos
cuál es la cadena de responsabilidades, no me gusta tirar nombres al boleo.”
Pero los nombres están. No son NN quienes garantizaron durante seis años que a Luciano, literalmente, se lo tragara la tierra del Cementerio de La Chacarita. Como testimonian en esta edición Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, María del Carmen Verdú de CORREPI y Myriam Bregman del CeProDH, la complicidad del poder político con la policía es evidente. Y ese poder tiene nombres y apellidos.
Periodista en la conferencia de prensa: Rosa Quiara
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“Lo que pasó a
Luciano es inseguridad”
21 de octubre de 2014
21 de octubre de 2014
Pablo Pimentel, miembro de la
Asociación Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, analizó la
implicancia de la aparición del cuerpo de Luciano Arruga el viernes pasado. “Se
terminó la incertidumbre y con esto se cierra la etapa de la búsqueda del
cuerpo, ahora hay que saber la verdad sobre lo que pasó”, exigió Pimentel en
entrevista con el programa radial La Revancha.
Por
La Revancha
Mónica, la madre de Luciano fue al Hospital
Santojanni pocas horas de la desaparición de su hijo. Allí le dicen que no hay
ningún registro de que Luciano haya pasado por ese hospital. A cinco años y ocho
meses, nos enteramos que lo que dice la versión oficial, es que pasó por ese
lugar. ¿Qué crees que pudo haber pasado para que se tarde cinco años y ocho
meses en encontrar el cuerpo de Luciano?
La
verdad es que estamos muy sorprendidos. Por un lado Vanesa me decía que está la
sensación de descompresión y de descarga de esa mochila tan pesada que es tener
durante tanto tiempo la incertidumbre de qué pudo haber pasado con un ser
querido. Eso un poco los alivianó. Por otro lado, se abren una cantidad de
incógnitas, dudas e hipótesis. Habíamos planteado en estos días que se acompañe
y se respete a la familia en su intimidad y en su comienzo del duelo. Y sí, es
como decís vos. Al día siguiente empezaron a recorrer todos los hospitales, y a
uno de los que fueron por cercanía, fue el Hospital Santojanni.
No es el único episodio de gatillo fácil que
acompaña la APDH. Estos casos tienen características muy parecidas de
hostigamiento, de discriminación y de maltrato hacia los jóvenes. Es algo que
marcó Verbitsky en la conferencia del día viernes. La idea no es sacar
conjeturas en este momento en el que hay que darle espacio a la familia y no
acelerarse en los tiempos. Pero sí se pueden decir cosas de la otra causa que se
ha venido investigando y que arrojó datos positivos que marcan un
amedrentamiento de la Bonaerense a Luciano.
Cuando
yo hablé de interrogantes y de dudas es porque hay toda una etapa de
investigación primaria que arrojaron resultados positivos. Se hicieron pericias
con perros que dieron positivo, es decir que Luciano pasó por un patrullero, un
destacamento y un descampado. Por supuesto que ahora la pregunta que habría que
hacer, y el juez verá a quién, es qué pasó desde que a Luciano lo suben a un
patrullero, hasta que aparece accidentado a las 3:20 de la madrugada el primero
de febrero. Eso es lo que los abogados de la APDH y del CELS, a partir de mañana
van a empezar a plantearle al juez Salas para que empiece a tomar medidas. A
todos estos actores que teníamos desde hace cinco años y ocho meses, se le suman
también el SAME, la Policía Federal, personal del Hospital Santojanni. Se les
tiene que preguntar cómo fue todo, a quién recibieron, si es que han podido
hablar. Según dice este expediente, Luciano llegó con vida al hospital. No se
imaginan la cantidad de elucubraciones que se viene haciendo la familia a la que
nosotros estamos acompañando. Esto va a ser materia de esta nueva etapa. Por un
lado terminó la incertidumbre, si es que se confirma con la exhumación del
cadáver y la prueba del cotejo de ADN, y ya se cierra una etapa de la búsqueda
del cuerpo. Ahora hay que saber la verdad sobre lo que pasó.
Es bueno recordar, sobre todo cuando uno lee
los diarios que tienen esa celeridad por cerrar el caso pronto, que el
destacamento donde estuvo detenido Luciano varias veces, fue creado por pedidos
de mayor seguridad. La sociedad sigue pidiendo más seguridad y la policía sigue
operando de la misma forma. Vos que trabajás en el territorio y que no sólo sos
cercano al caso de Luciano, sino al de muchos otros chicos, ¿qué descripción
podés hacer del modus operandi que tiene la policía en connivencia con la
Justicia y cómo se relaciona esto con el pedido de mayor seguridad de la
sociedad?
Eso
es algo sistémico y cultural que viene sucediendo hace muchos años. Con Luciano
no se paró nada. Ha seguido ese reclutamiento, ese convocar que hacen algunos
policías a jóvenes pobres para que roben para ellos. Eso continúa. Ahí se
produce una gran contradicción, un acto hipócrita de parte de policías que son
llevados a un determinado barrio porque los vecinos piden más seguridad. La
policía que es llevada para que haya más seguridad libera zonas y pone en riesgo
a los ciudadanos y a los jóvenes que reclutan e invitan a roba
para ellos. Eso es lo que vivió Luciano hace
seis años, y por eso hay una causa por la cual va a ir a juicio oral un policía
en marzo del 2015. Esto no es sólo lo de Luciano, esto le ha pasado a una
cantidad de jóvenes que también venimos acompañando. En el caso de Gabriel
Blanco, el joven se negó a ser reclutado para robar y le hicieron la vida
imposible, hasta que lo mataron adentro de una comisaría. Estas son situaciones
sistemáticas. La APDH plantea hace mucho tiempo que esto es un entramado que lo conforma parte de la Justicia, parte de la política y parte de la policía. Cuando digo parte de la política, lo digo porque no hay ni compromiso ni control sobre las fuerzas policiales. Lo hubo cuando estaba el ministro Arslanián como ministro de seguridad. Él hizo esfuerzos para mejorar varias cuestiones de fondo y lo había logrado. El problema fue que no sólo no hubo continuidad, sino que hubo una aplicación totalmente distinta de seguir adelante con esos cambios. Sacaron a la autoridad política que venía coordinando y controlando el accionar policial y pusieron a un policía como jefe policial. Ese control ciudadano que había tratado de implementar, también lo sacaron. Todo eso llevó a que mataran a Gabriel Blanco en una comisaría, a que desapareciera Luciano con todos los malos tratos que había recibido previamente.
Ahora el gran interrogante es que alguien
explique qué pasó en esas tres horas desde que se lo vio por última vez subir a
un patrullero. Ese patrullero es el que dio positivo en las pericias. Claro que
lo relacionamos, claro que esta etapa viene vinculada con todo esto que se ha
hecho al principio. Algunos medios quieren hacer que quede como un accidente. Si
realmente queda así, eso habla de una sociedad que discrimina, que realmente no
le importa la vida de los demás y de los pobres.
Habla muy
mal de las instituciones que tienen que garantizar que funcione todo un sistema
de seguridad y cuidado. Lo que le pasó a Luciano es inseguridad. Que suceda un
accidente en medio de un lugar muy transitado y que después nunca nadie haya
relacionado eso con todo el escrache y la movilización pública que hubo durante
cinco años y ocho meses, es inconcebible. La verdad nos deja muy sorprendidos y
nos
abre una
cantidad de dudas. Ahora llega el momento en que se les exigirá a quienes tengan
que investigar la verdad. Primero como un resarcimiento a la familia, y después
para que sea un antes y un después en donde se modifiquen una cantidad de
procederes y una actitud discriminatoria de parte de funcionarios en casos
similares.
Audio:...Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article8701
Audio:...Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article8701
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El asesinato de Luciano
Arruga: Crimen de Estado
22 de octubre de 2014
22 de octubre de 2014
Por:
Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)
Después de más de cinco años de búsqueda apareció el cadáver de Luciano Arruga
enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita de la Ciudad de Buenos Aires.
(…)
Y Luciano Arruga fue enterrado, sin más, como NN.
No hay que buscarle la quinta pata al gato. La intervención de diferentes organismos e instituciones oficiales, de magistrados y funcionarios en jurisdicciones diferentes, todos actuando con negligencia manifiesta para que no se esclareciera la suerte corrida por Luciano Arruga, no es una simple coincidencia: demuestra la existencia de una coordinación a alto nivel de la represión y de la impunidad de la misma, muy similar a la existente durante la dictadura.
Y puede explicar por qué no se esclarecen otros casos de desapariciones “en democracia” como el de Jorge Julio López, desaparecido desde 2006.
El asesinato de Luciano Arruga, porque de eso se trata, y la ocultación de su cuerpo es un crimen de Estado y merece ser denunciado, como corresponde, a las instancias internacionales.
Y Luciano Arruga fue enterrado, sin más, como NN.
No hay que buscarle la quinta pata al gato. La intervención de diferentes organismos e instituciones oficiales, de magistrados y funcionarios en jurisdicciones diferentes, todos actuando con negligencia manifiesta para que no se esclareciera la suerte corrida por Luciano Arruga, no es una simple coincidencia: demuestra la existencia de una coordinación a alto nivel de la represión y de la impunidad de la misma, muy similar a la existente durante la dictadura.
Y puede explicar por qué no se esclarecen otros casos de desapariciones “en democracia” como el de Jorge Julio López, desaparecido desde 2006.
El asesinato de Luciano Arruga, porque de eso se trata, y la ocultación de su cuerpo es un crimen de Estado y merece ser denunciado, como corresponde, a las instancias internacionales.
Sopesemos otro de los múltiples métodos del sistema capitalista para aterrorizar y discriminar a los que desposee de todo.
Argentina: la lucha contra el racismo y la criminalización de la pobreza
11 de abril de 2014
El racismo y los prejuicios sociales no se erradican aún de Argentina. Incluso, en algunas de sus provincias, adquieren estatus legal. En Córdova, una persona puede ser detenida y encarcelada por ser morena, pobre y caminar por una calle de clase media o alta
Fabiana Frayssinet/IPS
Córdoba, Argentina. En esta provincia basta ser joven, moreno, pobre y usar
gorra para ser detenido como sospechoso. La arbitrariedad policial se ampara en
el “merodeo”, un instrumento de prevención del delito que viola derechos
constitucionales.
José María Luque, conocido como Bichi,
perdió la cuenta de cuántas veces fue detenido por la policía por esas
características en Córdoba, capital de la central provincia homónima.
Residente en un barrio humilde, Luque, de 28 años, fue detenido la primera vez
cuando tenía 13 años y volvía del colegio a casa con un amigo, vestido con
uniforme escolar. Estuvo 1 semana detenido.
“Nos pararon, pidieron documentos y nos llevaron presos. Así nomás… Me
inventaron una causa penal: tentativa de robo calificado y portación de arma de
fuego. Salí por sobreseimiento”, cuenta a Inter Press Service (IPS).
Ahora Luque integra el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, que lucha
contra el abuso policial. Asegura que tuvo suerte porque su familia pagó un
abogado y no le quedaron antecedentes.
Pero esa no es la realidad de muchos jóvenes detenidos por el Código de Faltas
cordobés, aplicado desde 1994 y reformado en 2007.
Un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba y de la española Universidad de
La Rioja reveló que 95 por ciento de los detenidos por ese Código no acceden a
abogados.
“Con una falta en tu expediente no accedes al certificado de buena conducta, uno
de los requisitos más solicitados por las empresas para dar trabajo”, explica
Luque.
El Código sanciona conductas que supuestamente perjudican la convivencia
ciudadana, como escándalo en la vía pública, omisión de identificación,
resistencia a la autoridad, ebriedad, mendicidad o vagancia.
El estudio indica que a casi el 70 por ciento de los infractores se les acusa de
merodeo, una falta muy polémica que permite a la policía detener a sospechosos
de merodear, lo que el Diccionario
de la lengua española define como
“vagar por las inmediaciones de algún lugar, en general con malos fines”.
El artículo 98 del Código sanciona con multas o hasta 5 días de arresto a
quienes permanezcan cerca de vehículos o instalaciones urbanas o rurales “en
actitud sospechosa, sin una razón atendible [...] provocando intranquilidad
entre sus propietarios, moradores, transeúntes o vecinos”.
“Es una figura totalmente subjetiva y arbitraria. No te explica cuál es la
actitud que debes tener para no ser detenido”, señala Luque, quien trabaja desde
adolescente y ahora ejerce de maestro pizzero.
Bichi y
otros jóvenes de similar extracción social suelen llevar un atuendo que los
identifica: gorras coloridas, pantalones deportivos y zapatos vistosos.
Pero la policía equipara este hábito cultural con la presunción de culpabilidad.
“Muchos detenidos tienen gorra. La gorra es sospechosa”, subraya Luque, uno de
los organizadores de La Marcha de la Gorra, que cada noviembre desde hace 7 años
demanda la derogación del Código de Faltas y que en 2013 convocó a 15 mil
personas.
“Digan lo que digan, se aplica el merodeo para que cuando hay morochos [morenos]
con gorra en los barrios marginales, dando vueltas por algún lugar la policía
los detenga”, afirma a IPS el abogado Claudio Orosz, representante en Córdoba de
la organización humanitaria Centro de Estudios Legales y Sociales.
Orosz atribuye el código a una sociedad “conservadora y timorata”, heredera de
la “represión y del genocidio” de la última dictadura argentina (1976-1983).
Para este querellante en casos de delitos de lesa humanidad, por esa cultura los
pobres sufren “el laberinto kafkiano” del merodeo.
Según el estudio universitario, los detenidos por faltas son mayoritariamente
jóvenes de entre 18 y 25 años de los sectores desfavorecidos. Durante 2011,
fueron detenidas 73 mil personas en la provincia, 43 mil de ellas en la capital.
“Pasa por lo de siempre: vienes de un lugar pobre, eres pobre, tienes una cierta
forma de vestir, tienes ciertos rasgos físicos, un cierto color de piel y ya
eres peligroso para la sociedad”, asevera Luque.
Uno de los puntos más cuestionados del Código es que otorga atribuciones de juez
al comisario de la policía.
Eso es una ironía, porque la policía cordobesa es la que “estructura y sostiene
los grandes problemas delictivos, los que generan mayor daño a la sociedad
[como] trata de personas, narcotráfico, robo de autopartes y venta de armas”,
dice Agustín Sposato, otro integrante del colectivo juvenil.
Otro agravante, según Orosz, son los precarios sistemas de huellas digitales e
investigación de antecedentes en las comisarías cordobesas.
“A veces pasan 3 días para saber si tienen antecedentes y después los echan […],
lo que constituye verdaderas privaciones ilegítimas de libertad”, considera.
“Es un sistema de control social formalizado por la policía, que hiere los controles básicos de constitucionalidad”, sostiene.Para el abogado, “el Código de Faltas entrega un enorme poder de selectividad y de control social a las fuerzas policiales, sin ese control judicial”.Luque lo sabe bien: “Las veces que me detuvieron viví esa sensación de privación ilegítima de la libertad, de secuestro, de que no sabes cuándo vas a salir, no sabes cómo avisarle a los que te quieren que estás allí. La impotencia es muy grande, muy oscura, muy fea”. (...)
Contralínea 380 / 6 al 12 de abril de 2014
Para comprender porqué:
-
la criminalización tanto de la pobreza como de la protesta se extiende en Nuestra América e intensifica en forma de leyes anti-terroristas;
-
la unión abajo en diversidad es perentoria ; y
-
la lucha antiimperialista es ante todo y fundamentalmente anticapitalista,
atendamos a cómo enmarcar este avance del
sometimiento totalitario:
La centralidad de América
Latina en
la estrategia de seguridad
hemisférica de Estados Unidos.
3 de noviembre de 2010
3 de noviembre de 2010
Por María José Rodríguez Rejas (Rebelión)
Estados Unidos ha visto como su condición hegemónica se deterioraba
desde fines del siglo XX teniendo que enfrentarse a la competencia con otros
bloques (UE, alianza China-Japón, Rusia o la India y sus áreas de influencia).
En este proceso de recomposición del capitalismo internacional es un hecho que
la hegemonía estadounidense de posguerra tocó a su fin y está siendo disputada
por otras potencias. Además, la necesidad creciente de territorios y recursos es
cada vez más definitoria en esta contienda.
Este será el contexto desde el que Estados Unidos (EU) define su proyecto geopolítico para el siglo XXI en relación con América Latina, conocido como Proyecto Hemisférico. El ALCA es su manifestación continental aunque más bien avanza a través de estrategias intermedias como los acuerdos comerciales y de seguridad, unos de carácter bilateral y otros subregional (NAFTA, TLCs, Proyecto Mesoamericano, Plan Colombia, Plan México entre otros).
En este trabajo abordaremos específicamente la política de Seguridad Hemisférica y sus implicaciones en el proceso de militarización de América Latina. Como veremos, desde la perspectiva geopolítica, éste no es un factor secundario sino un elemento esencial en las necesidades actuales de expansión del capital en busca de territorio, recursos y mercado. En primer lugar, revisaremos la importancia geopolítica que tiene América Latina para EU en tanto área imprescindible en la competencia interbloques. En segundo lugar, nos centraremos en las articulaciones entre acuerdos económicos y de seguridad en su expansión regional para caracterizar el proyecto y sus tendencias. Y por último, plantearemos algunas reflexiones del peso de este factor en la militarización de la política y de la seguridad pública en la región considerando el actual contexto de cambio político en América Latina.
1. Estados Unidos en la competencia inter-bloques y la importancia geopolítica de América Latina
El mundo se repartió nuevamente en áreas de influencia en torno a nuevas potencias. Europa absorbió a los países centroeuropeos y a una parte importante de los países africanos, sus antiguas ex colonias. China y Japón controlan un área amplia de Asia. Rusia reconstruyó su zona de influencia en torno a los países del viejo bloque soviético y la India tiene un peso específico propio en relación con su entorno. Las condiciones de especificidad de EU exacerban aún más esta competencia, así como las dificultades que enfrenta y que lo orientan hacia su área más próxima, América Latina. Es además uno de los países con mayor consumo y dependencia energética, especialmente en petróleo (importa más del 50% del crudo que consume) y gas, su fuente alternativa más inmediata. A esto hay que sumar la crisis recurrente por la que atraviesa desde hace décadas, siendo el país más endeudado del mundo, con una balanza comercial deficitaria casi con cualquier otro país, con pérdidas de competitividad en nichos industriales claves, etcétera. La centralidad del complejo militar-industrial como eje estructurador de su actividad económica y política le confiere un altísimo nivel de dependencia de la guerra que reduce al mínimo su capacidad para reorientar la economía. Así, durante la guerra de Irak, casi el 60 por ciento del crecimiento de la economía estadounidense estuvo determinado por los gastos militares (Red Voltaire, 2005). En estas condiciones, el acceso a nuevos territorios y recursos es vital para EU y sus posibilidades de competencia frente a otros bloques. Estas especificidades le sitúan ante condiciones históricas únicas desde la segunda posguerra y en este contexto América Latina resurge no sólo como su área de influencia natural sino como un área vital para disputar la hegemonía; más aún cuando la catastrófica estrategia de guerra en Medio Oriente dificulta el acceso a los recursos petroleros.
A menudo olvidamos que América Latina es una de las zonas del planeta más ricas en recursos estratégicos. Como señala CEPAL “la región dispone del 25% de los bosques mundiales, y un 40% de la biodiversidad total del planeta. El 38% de las tierras de la región está destinado a fines agrícolas. Sólo América del Sur dispone del 28% de los recursos hídricos mundiales. En cuanto a los recursos mineros, la región cuenta con el 34% de las reservas de cobre, el 30% de bauxita, 41% de níquel y el 29% de plata, entre las más representativas. El potencial energético aprovechable equivale al 35% del potencial mundial, dentro del cual las fuentes hidroenergéticas son el 36%, el carbón el 27%, el petróleo el 24%, el gas natural el 8% y el uranio el 5%” (Ruiz-Caro, 2005). Lejos de las apreciaciones que señalan que América Latina no está en el campo de interés geopolítico de EU, el propio Comando Sur reconoce su papel estratégico en las directrices para el 2018: “Las naciones de América Latina y el Caribe son estratégicamente importantes para la seguridad y futuro económico de Estados Unidos. Los intereses de largo plazo de Estados Unidos son mejor satisfechos por un hemisferio de naciones democráticas, estables y seguras” y, agrega, que esto se logrará, por supuesto, compartiendo valores como “gobiernos eficientes, sociedades libres y economías de mercado” (Comando Sur, 2008:21). Este es sólo uno de los muchos documentos sobre seguridad en los que se menciona explícitamente a América Latina. Entre los menos conocidos, pero más importantes, está el Documento de Santa Fe IV (Lucier, 2000).
En el ámbito petrolero, América Latina produce un 15% del crudo mundial y de aquí proceden el 37% de las importaciones petroleras de EU, siendo además los suministros más cercanos y seguros. Venezuela, México y recientemente Brasil están entre los primeros países en cuanto a reservas. En relación con el gas, las reservas latinoamericanas, aunque no están en los primeros lugares mundiales, son equivalentes a las de Norteamérica, incluido Canadá. Esto las convierte en reservorio importante. Los principales países por sus reservas son Bolivia, Venezuela y México. La región es también el gran reservorio de agua dulce del planeta. El mayor caudal se encuentra en la Triple Frontera, seguido de Colombia y Perú (World Resources Institute, 2005). Entre los principales países productores de energía hidroeléctrica están Brasil, Colombia, Perú y México (Business News America, 2004).
En términos de biodiversidad, América Latina cuenta con los mayores recursos del planeta como podemos ver en la Tabla 1 “Biodiversidad en América Latina y el mundo”. Concentra el 40% de las especies animales y vegetales existentes. Es la primera región del planeta en cuanto a especies vegetales y la segunda en número de mamíferos y aves. Brasil, Colombia, México y Perú destacan como los principales países por sus recursos. Si prestamos atención al rubro sobre Plan Puebla Panamá (PPP) –actualmente Proyecto Mesoamericano-, esta subregión tiene un altísimo potencial. Cuenta con un 35% de los mamíferos de la región, un 36% de las aves y un 37% del total de las especies vegetales. Los datos hablan por sí solos en cuanto a la importancia estratégica de América Latina para EU y además nos permiten apreciar la trascendencia del Proyecto Mesoamericano en el marco del Proyecto Hemisférico estadounidense. El destino de la inversión extranjera directa (IED) y la procedencia de los países inversores ponen de manifiesto no sólo la importancia creciente del sector de los recursos naturales, que ha ido desplazando a las manufacturas y servicios a lo largo del periodo 1997-2006, sino también el hecho de que EU es el primer y segundo inversor en la mayoría de los países de la región (Eclac, 2005; Cepal, 2007; Rodríguez Rejas, 2010:166).
Si revisamos el rubro de los minerales estratégicos, podemos apreciar que, desde mitad de la década de los noventa, cuando se dispara esta actividad, América Latina cuenta con una parte importante de la producción y reservas de varios minerales cuya principal fuente de destino es EU. De hecho, entre los diez primeros países mineros del mundo hay seis latinoamericanos: Perú, Chile, Brasil, Argentina, México, Bolivia y Venezuela (Castro, 2008; Panorama Minero; Cepal, 2008). En un breve recuento de los datos que presentamos en la Tabla 2 podemos apreciar como los países latinoamericanos están entre los principales productores mundiales de minerales estratégicos y metales preciosos –son catalogados como tales el oro, plata, cobre y zinc-, así como por las reservas probadas de minerales estratégicos con alto precio en el mercado como el antimonio, bismuto, litio, niobio, torio, oro, zinc y uranio entre otros. En varios, el principal receptor de la producción es EU, especialmente en el caso del bismuto (88%), zinc (72%), niobio (52%) y en menor medida la fluorita (45%) y el cobre /45%).
Este será el contexto desde el que Estados Unidos (EU) define su proyecto geopolítico para el siglo XXI en relación con América Latina, conocido como Proyecto Hemisférico. El ALCA es su manifestación continental aunque más bien avanza a través de estrategias intermedias como los acuerdos comerciales y de seguridad, unos de carácter bilateral y otros subregional (NAFTA, TLCs, Proyecto Mesoamericano, Plan Colombia, Plan México entre otros).
En este trabajo abordaremos específicamente la política de Seguridad Hemisférica y sus implicaciones en el proceso de militarización de América Latina. Como veremos, desde la perspectiva geopolítica, éste no es un factor secundario sino un elemento esencial en las necesidades actuales de expansión del capital en busca de territorio, recursos y mercado. En primer lugar, revisaremos la importancia geopolítica que tiene América Latina para EU en tanto área imprescindible en la competencia interbloques. En segundo lugar, nos centraremos en las articulaciones entre acuerdos económicos y de seguridad en su expansión regional para caracterizar el proyecto y sus tendencias. Y por último, plantearemos algunas reflexiones del peso de este factor en la militarización de la política y de la seguridad pública en la región considerando el actual contexto de cambio político en América Latina.
1. Estados Unidos en la competencia inter-bloques y la importancia geopolítica de América Latina
El mundo se repartió nuevamente en áreas de influencia en torno a nuevas potencias. Europa absorbió a los países centroeuropeos y a una parte importante de los países africanos, sus antiguas ex colonias. China y Japón controlan un área amplia de Asia. Rusia reconstruyó su zona de influencia en torno a los países del viejo bloque soviético y la India tiene un peso específico propio en relación con su entorno. Las condiciones de especificidad de EU exacerban aún más esta competencia, así como las dificultades que enfrenta y que lo orientan hacia su área más próxima, América Latina. Es además uno de los países con mayor consumo y dependencia energética, especialmente en petróleo (importa más del 50% del crudo que consume) y gas, su fuente alternativa más inmediata. A esto hay que sumar la crisis recurrente por la que atraviesa desde hace décadas, siendo el país más endeudado del mundo, con una balanza comercial deficitaria casi con cualquier otro país, con pérdidas de competitividad en nichos industriales claves, etcétera. La centralidad del complejo militar-industrial como eje estructurador de su actividad económica y política le confiere un altísimo nivel de dependencia de la guerra que reduce al mínimo su capacidad para reorientar la economía. Así, durante la guerra de Irak, casi el 60 por ciento del crecimiento de la economía estadounidense estuvo determinado por los gastos militares (Red Voltaire, 2005). En estas condiciones, el acceso a nuevos territorios y recursos es vital para EU y sus posibilidades de competencia frente a otros bloques. Estas especificidades le sitúan ante condiciones históricas únicas desde la segunda posguerra y en este contexto América Latina resurge no sólo como su área de influencia natural sino como un área vital para disputar la hegemonía; más aún cuando la catastrófica estrategia de guerra en Medio Oriente dificulta el acceso a los recursos petroleros.
A menudo olvidamos que América Latina es una de las zonas del planeta más ricas en recursos estratégicos. Como señala CEPAL “la región dispone del 25% de los bosques mundiales, y un 40% de la biodiversidad total del planeta. El 38% de las tierras de la región está destinado a fines agrícolas. Sólo América del Sur dispone del 28% de los recursos hídricos mundiales. En cuanto a los recursos mineros, la región cuenta con el 34% de las reservas de cobre, el 30% de bauxita, 41% de níquel y el 29% de plata, entre las más representativas. El potencial energético aprovechable equivale al 35% del potencial mundial, dentro del cual las fuentes hidroenergéticas son el 36%, el carbón el 27%, el petróleo el 24%, el gas natural el 8% y el uranio el 5%” (Ruiz-Caro, 2005). Lejos de las apreciaciones que señalan que América Latina no está en el campo de interés geopolítico de EU, el propio Comando Sur reconoce su papel estratégico en las directrices para el 2018: “Las naciones de América Latina y el Caribe son estratégicamente importantes para la seguridad y futuro económico de Estados Unidos. Los intereses de largo plazo de Estados Unidos son mejor satisfechos por un hemisferio de naciones democráticas, estables y seguras” y, agrega, que esto se logrará, por supuesto, compartiendo valores como “gobiernos eficientes, sociedades libres y economías de mercado” (Comando Sur, 2008:21). Este es sólo uno de los muchos documentos sobre seguridad en los que se menciona explícitamente a América Latina. Entre los menos conocidos, pero más importantes, está el Documento de Santa Fe IV (Lucier, 2000).
En el ámbito petrolero, América Latina produce un 15% del crudo mundial y de aquí proceden el 37% de las importaciones petroleras de EU, siendo además los suministros más cercanos y seguros. Venezuela, México y recientemente Brasil están entre los primeros países en cuanto a reservas. En relación con el gas, las reservas latinoamericanas, aunque no están en los primeros lugares mundiales, son equivalentes a las de Norteamérica, incluido Canadá. Esto las convierte en reservorio importante. Los principales países por sus reservas son Bolivia, Venezuela y México. La región es también el gran reservorio de agua dulce del planeta. El mayor caudal se encuentra en la Triple Frontera, seguido de Colombia y Perú (World Resources Institute, 2005). Entre los principales países productores de energía hidroeléctrica están Brasil, Colombia, Perú y México (Business News America, 2004).
En términos de biodiversidad, América Latina cuenta con los mayores recursos del planeta como podemos ver en la Tabla 1 “Biodiversidad en América Latina y el mundo”. Concentra el 40% de las especies animales y vegetales existentes. Es la primera región del planeta en cuanto a especies vegetales y la segunda en número de mamíferos y aves. Brasil, Colombia, México y Perú destacan como los principales países por sus recursos. Si prestamos atención al rubro sobre Plan Puebla Panamá (PPP) –actualmente Proyecto Mesoamericano-, esta subregión tiene un altísimo potencial. Cuenta con un 35% de los mamíferos de la región, un 36% de las aves y un 37% del total de las especies vegetales. Los datos hablan por sí solos en cuanto a la importancia estratégica de América Latina para EU y además nos permiten apreciar la trascendencia del Proyecto Mesoamericano en el marco del Proyecto Hemisférico estadounidense. El destino de la inversión extranjera directa (IED) y la procedencia de los países inversores ponen de manifiesto no sólo la importancia creciente del sector de los recursos naturales, que ha ido desplazando a las manufacturas y servicios a lo largo del periodo 1997-2006, sino también el hecho de que EU es el primer y segundo inversor en la mayoría de los países de la región (Eclac, 2005; Cepal, 2007; Rodríguez Rejas, 2010:166).
Si revisamos el rubro de los minerales estratégicos, podemos apreciar que, desde mitad de la década de los noventa, cuando se dispara esta actividad, América Latina cuenta con una parte importante de la producción y reservas de varios minerales cuya principal fuente de destino es EU. De hecho, entre los diez primeros países mineros del mundo hay seis latinoamericanos: Perú, Chile, Brasil, Argentina, México, Bolivia y Venezuela (Castro, 2008; Panorama Minero; Cepal, 2008). En un breve recuento de los datos que presentamos en la Tabla 2 podemos apreciar como los países latinoamericanos están entre los principales productores mundiales de minerales estratégicos y metales preciosos –son catalogados como tales el oro, plata, cobre y zinc-, así como por las reservas probadas de minerales estratégicos con alto precio en el mercado como el antimonio, bismuto, litio, niobio, torio, oro, zinc y uranio entre otros. En varios, el principal receptor de la producción es EU, especialmente en el caso del bismuto (88%), zinc (72%), niobio (52%) y en menor medida la fluorita (45%) y el cobre /45%).
Si además tomáramos en cuenta los
recursos estratégicos menos visibles como la exportación neta de capitales vía
deuda externa y la fuga de capitales -se estima que el monto asciende a
490,000 mdd. en 2009, el equivalente de la deuda externa pública (Millet y
Toussaint, 2009)-, mercado de consumo y mano de obra barata, no cabe duda de que
América Latina no sólo es un área estratégica sino vital para EU. ¿Acaso podemos pensar que EU va a abandonar la
disputa por los recursos estratégicos de la región? ¿O que esta región tiene un
papel secundario en la competencia interbloques que enfrenta EU? Una cosa es que
el ALCA se encuentre ahora paralizado por los contrapesos del cambio político
latinoamericano de los últimos años (Venezuela, Bolivia, Brasil o Ecuador) pero
no podemos confundir este hecho con una falta de interés hacia América Latina.
Las intervenciones desestabilizadoras en Venezuela, Bolivia y Honduras así como
el injerencismo en Colombia y México no pueden analizarse al margen de la
geopolítica estadounidense en la región y sus intereses geoeconómicos.
2. Seguridad hemisférica y comercio continental: dos caras de una misma moneda
El Proyecto Hemisférico de EU se ubica en el contexto de competencia interbloques señalado al inicio. En esta parte del trabajo queremos destacar tres elementos centrales para entender la compleja situación en la que nos encontramos actualmente.
En primer lugar, el Proyecto Hemisférico, que acostumbramos identificar exclusivamente con el ALCA, responde a una clara concepción geopolítica en la que se articulan territorio, recursos, excedentes, expansionismo e intervencionismo. El control político y militar del área es fundamental para ampliar el espacio vital (heartland) sobre el área de influencia (hinterland), en este caso América Latina. Es decir, las perspectivas económica y de seguridad son parte de un mismo proyecto. En segundo lugar, el Proyecto no se agota en el ALCA y aunque no ha logrado implementarse a escala continental cuenta con estrategias intermedias que a menudo subestimamos. En tercer lugar, la estrategia de seguridad y defensa hemisférica corre paralela a los acuerdos político-comerciales de las Cumbres como podemos constatar en la Tabla 3; además, su gestación es muy anterior a los atentados del 11-S y se remonta a fines de los setenta como queda reflejado desde el Documento de Santa Fe I (Tambs,1980). Es decir, estamos ante un ciclo conservador que se extiende hasta nuestros días en el que se va institucionalizando y legalizando la apropiación de recursos, la penetración en el territorio y las estructuras militares que garantizan el acceso a éstos. Lo novedoso no es la concepción de la guerra preventiva o de la seguridad multidimensional sino el aparato institucional y legal de seguridad con que opera ahora EU en la región, en connivencia, por supuesto, con las élites latinoamericanas más conservadoras.
México y Colombia son los ejemplos más destacados. El ALCA entendido como la primera definición estratégica de EU hacia América Latina desde la Alianza para el Progreso, como señala Jaime Estay (Estay y Sánchez, 2005), encuentra su fundamentación mucho antes de su presentación formal en la 1ª Cumbre de las Américas en 1994. Si revisamos la Tabla 3 encontramos la complementariedad entre los documentos económicos y de seguridad que son la base de dicha propuesta así como del entramado institucional sobre el que se levanta. En 1980, el Documento de Santa Fe I plantea el diagnóstico de crisis y pérdida de liderazgo de EU, definiendo con precisión el papel de América Latina y de sus recursos naturales. Aparece la idea del enemigo transnacional, del terrorismo y del crimen organizado y para hacerle frente recomiendan: “Reactivar, como tercer elemento de nuestro sistema hemisférico de seguridad, nuestras tradicionales vinculaciones militares en el continente americano, con un énfasis particular en los oficiales más jóvenes y en los suboficiales. Ofrecer ayuda técnica y psicológica a todos los países de este Hemisferio en su lucha contra el terrorismo, independientemente del origen de este último” (Tambs, 1980:9). Santa Fe II mantiene las directrices sobre gobernabilidad conservadora, la incorporación del área de influencia latinoamericana y ya hace mención a la vulnerabilidad de México, lo que más recientemente fue definido como el estado fallido mexicano. La Iniciativa para las Américas (2008), publicada en 1990, será uno de los primeros documentos que operativiza la estrategia. Va a contener los principios fundamentales para la reconstrucción de la hegemonía estadounidense: libre mercado, “gobiernos libres” en el sentido de democracias procedimentales y estabilidad política, es decir gobernabilidad conservadora. Por tanto, el Proyecto Hemisférico descansa desde un inicio en la triada acumulación neoliberal, gobernabilidad conservadora y militarización política; características que han marcado la realidad latinoamericana de los últimos treinta años y que se perfilan como tendencias futuras dadas las condiciones de necesidad de EU en este momento. Desde luego, no es casualidad que la Iniciativa se haga pública un año después del inicio de las negociaciones del NAFTA y de Santa Fe II (1988), como tampoco lo es que comparta elementos clave con las propuestas de las Cumbres y los futuros acuerdos comerciales.
A partir de ese momento encontraremos una clara continuidad política. Así, la National Security Strategy for a New Century (1998), retoma las contenidos ya mencionados e incluye explícitamente, como objetivo de seguridad, los recursos estratégicos y la garantía de acceso a la “libre circulación” de éstos. Además incorpora la doctrina de la seguridad preventiva (concepción que proviene de la Doctrina de Seguridad Nacional y de la Guerra Fría) al “impedir la formación y desarrollo de rivales hostiles”, situación que no puede dejar de preocuparnos ante el cambio político de los últimos años en América Latina.
Lo que sigue son desarrollos puntuales, articulaciones y el armazón legal e institucional en que se sostiene. Aquí es donde enmarcamos el Act Patriot (2001), la National Strategy for Homeland Security (2002) y la National Security Strategy (2003) que contienen ya un alto nivel de regulación y especificación. Es decir, 2001, como señalábamos, no es el inicio de una nueva estrategia de seguridad sino el reforzamiento de un proyecto que para entonces tenía más de dos décadas y el desarrollo de una institucionalidad que ya venía perfilándose.
En este contexto surge la Carta Democrática Interamericana (2001), emanada de la 3ª Cumbre de las Américas, que es mucho más que un simple documento político. No sólo es una síntesis de la concepción teórica sobre gobernabilidad conservadora que proviene de los setenta sino que inaugura un manual institucional para hacer frente a las amenazas al orden. Es un mecanismo de observación y control multilateral continental. En nombre del Estado de Derecho y del “orden democrático” proporciona las bases de la seguridad preventiva.
-
La intervención en Haití, en 2004, fue el primer funesto experimento multilateral en el que por primera vez los países de América Latina intervienen un Estado de la región. Los costos en materia de derechos humanos de la MINUTASH, a cargo en unas ocasiones de Brasil y en otras de Chile, con permanencia de las tropas desde entonces, han sido altísimos.
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Una segunda aplicación fue el “golpe constitucional” de Honduras que preparó una salida inusitada en la historia para la recomposición neoligárquica en ese país.
La Carta rescata instituciones continentales prácticamente extintas, unas de
carácter político como la OEA y otras de carácter militar como la Junta
Interamericana de Defensa. Unos años antes se había creado el Comité de
Seguridad Hemisférica (1995) y el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica
(1997). La Carta es además la continuidad de dos documentos específicos para
América Latina: el Compromiso de Santiago de Chile de Defensa de la Democracia
(1991), en el que se plantea el tema de la gobernabilidad y las nuevas amenazas,
y el
Tratado Marco de Seguridad Democrática para Centroamérica (1995) en el que
aparece por primera vez el concepto de “seguridad democrática” que años después
institucionaliza Uribe en Colombia.
Un año antes del acuerdo sobre La Carta Interamericana, se hace público el Documento Santa Fe IV (2000) que inspira tanto ésta como el documento clave de la estrategia político-militar para América Latina, la Declaración sobre Seguridad de las Américas (2003). La pregunta clave que se formula en Santa Fe IV es “¿cuál es la amenaza?”; es decir, quién es el enemigo y cómo se le enfrenta y contiene. Las amenazas a considerar son además del narcotráfico y terrorismo, migración, pobreza, endeudamiento, deforestación y desastres naturales y lo que denominan “democracias populistas” y “desestabilización potencial”. Esta será la segunda ocasión, después de Santa Fe I, en que se hace una mención explícita a los riesgos de desestabilización como consecuencia de la crisis mexicana; es decir, la mención implícita de “estado fallido”. Plantea un plan de anexión de América Latina en el que, por supuesto, están considerados los recursos estratégicos.
De la 4ª Cumbre Extraordinaria de las
Américas, realizada en Monterrey, surge la Declaración de Nuevo León (2004) que,
como en el caso de los documentos anteriormente revisados, integra
gobernabilidad y seguridad, precisando las directrices de la Carta. Señala:
“Reafirmamos nuestra decisión de coordinar acciones inmediatas cuando la
democracia corra peligro en cualquiera de nuestros países” (2005:11), e
incorpora como precisiones evitar “el riesgo de influencias indebidas”, -en
clara alusión a Venezuela-, la lucha antiterrorista y la búsqueda de
institucionalización necesaria para ello. Es decir, el Proyecto se va
redondeando públicamente desde una perspectiva político-ideológica y militar.
Entre los documentos específicos y más recientes sobre seguridad para América Latina está, como mencionamos, la Declaración sobre Seguridad de las Américas (2003), otra de las directrices de defensa emanada directamente de la Cumbre de las Américas y que es el correlato de la National Security Strategy, de la National Strategy for Combating Terrorism, de ese mismo año, y de la National Strategy for Homeland Security, donde se define el terrorismo como “cualquier acto premeditado, ilegal, peligroso para la vida humana o el bienestar público que pretenda intimidar o coercionar a la población civil o al gobierno (…) Esta descripción incluye secuestro, secuestro aéreo, asesinatos, bombardeos, ataques con armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares, ataques cibernéticos y cualquier otro tipo de formas de violencia premeditada” (2002). La ambigüedad de la definición cuando se señala “cualquier” acto o forma de violencia se presta a una aplicación discrecional en un contexto político conservador. Dicha definición no sólo será recogida en el caso de México sino ampliada con un claro sentido de criminalización de la protesta social al agregar en la definición: “al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o cualquier medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación [cursivas mías]” como aparece en la Reforma del Art. 139 del Código Penal (2007).
La Declaración sobre Seguridad de las Américas es, sin duda, la culminación de la proyección de la política de defensa hacia América Latina. Este documento es uno de los ejemplos más claros sobre la articulación entre las concepciones comerciales, políticas y de defensa. Surge a raíz del acuerdo de la Cumbre de Santiago de Chile (1998) para crear una Comisión sobre Seguridad de la OEA, encargada de revisar los temas de seguridad y reforzar las instituciones del viejo sistema interamericano. Después, en 2001, en la Cumbre de Quebec, se le pidió a esta misma Comisión, analizar los enfoques comunes sobre seguridad, lo que significó incorporar el enfoque multidimensional de seguridad hemisférica y las llamadas nuevas amenazas. El resultado fue la Declaración de Bridgetown en la que se amplia la concepción de seguridad para “abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales” (2002). Es decir, la amenaza es total y en este sentido la respuesta es la guerra total y permanente. El acento estará en la cooperación ante las amenazas transnacionales y en la generación de estrategias coordinadas. El resultado final, un año más tarde, fue la Declaración sobre Seguridad que a su vez resalta la contribución de los llamados procesos de integración (NAFTA, PPP y ALCA) a la estabilidad y seguridad hemisférica.
La Declaración sobre Seguridad pone el énfasis en la defensa de la democracia (“seguridad democrática”) y la seguridad preventiva, lo que se traduce en un “esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno” (2003). Apela a la seguridad multidimensional y a la necesidad de coordinarse para hacer frente a la amenaza del terrorismo estando dispuestos a “intensificar nuestros esfuerzos y fortalecer nuestra cooperación para enfrentar estas amenazas. (...)
4. Conclusiones
Hemos podido constatar que: a) la concepción y política de seguridad y defensa de EU hacia América Latina son propias de una política injerencista e intervencionista que busca el control del territorio latinoamericano y sus recursos; b) estas concepciones en ninguna medida son novedosas y sus antecedentes se remontan a inicios de los ochenta; c) los supuestos básicos de la DSN y de los manuales de contrainsurgencia son reeditados en la política de defensa hemisférica y legitimados en función de la gobernabilidad; e) una de las especificidades históricas que encontramos en el momento actual, con repercusiones centrales para América Latina, es que el Proyecto de Defensa Hemisférico está construyendo la institucionalidad y legalidad acorde para el injerencismo en la región en connivencia con las élites conservadoras latinoamericanas; f) la política de seguridad hemisférica aspira a convertir a las Fuerzas Armadas de América Latina en policías internos a cargo de la estabilidad del área de influencia de Estados Unidos, lo que apunta a una permanente militarización social y política en la región que tiene una de sus manifestaciones más evidentes en la militarización de la seguridad pública; f) las repercusiones en cuanto a soberanía y posibilidades de construcción de proyectos propios en América Latina se ven amenazados por esta política imperialista estadounidense, factores que deberían tomarse en cuenta en especial en países como México que está en condiciones de sumisión absoluta hacia el exterior así como de descomposición social y política sin parangón.
Bibliografía:
Entre los documentos específicos y más recientes sobre seguridad para América Latina está, como mencionamos, la Declaración sobre Seguridad de las Américas (2003), otra de las directrices de defensa emanada directamente de la Cumbre de las Américas y que es el correlato de la National Security Strategy, de la National Strategy for Combating Terrorism, de ese mismo año, y de la National Strategy for Homeland Security, donde se define el terrorismo como “cualquier acto premeditado, ilegal, peligroso para la vida humana o el bienestar público que pretenda intimidar o coercionar a la población civil o al gobierno (…) Esta descripción incluye secuestro, secuestro aéreo, asesinatos, bombardeos, ataques con armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares, ataques cibernéticos y cualquier otro tipo de formas de violencia premeditada” (2002). La ambigüedad de la definición cuando se señala “cualquier” acto o forma de violencia se presta a una aplicación discrecional en un contexto político conservador. Dicha definición no sólo será recogida en el caso de México sino ampliada con un claro sentido de criminalización de la protesta social al agregar en la definición: “al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o cualquier medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación [cursivas mías]” como aparece en la Reforma del Art. 139 del Código Penal (2007).
La Declaración sobre Seguridad de las Américas es, sin duda, la culminación de la proyección de la política de defensa hacia América Latina. Este documento es uno de los ejemplos más claros sobre la articulación entre las concepciones comerciales, políticas y de defensa. Surge a raíz del acuerdo de la Cumbre de Santiago de Chile (1998) para crear una Comisión sobre Seguridad de la OEA, encargada de revisar los temas de seguridad y reforzar las instituciones del viejo sistema interamericano. Después, en 2001, en la Cumbre de Quebec, se le pidió a esta misma Comisión, analizar los enfoques comunes sobre seguridad, lo que significó incorporar el enfoque multidimensional de seguridad hemisférica y las llamadas nuevas amenazas. El resultado fue la Declaración de Bridgetown en la que se amplia la concepción de seguridad para “abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales” (2002). Es decir, la amenaza es total y en este sentido la respuesta es la guerra total y permanente. El acento estará en la cooperación ante las amenazas transnacionales y en la generación de estrategias coordinadas. El resultado final, un año más tarde, fue la Declaración sobre Seguridad que a su vez resalta la contribución de los llamados procesos de integración (NAFTA, PPP y ALCA) a la estabilidad y seguridad hemisférica.
La Declaración sobre Seguridad pone el énfasis en la defensa de la democracia (“seguridad democrática”) y la seguridad preventiva, lo que se traduce en un “esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno” (2003). Apela a la seguridad multidimensional y a la necesidad de coordinarse para hacer frente a la amenaza del terrorismo estando dispuestos a “intensificar nuestros esfuerzos y fortalecer nuestra cooperación para enfrentar estas amenazas. (...)
4. Conclusiones
Hemos podido constatar que: a) la concepción y política de seguridad y defensa de EU hacia América Latina son propias de una política injerencista e intervencionista que busca el control del territorio latinoamericano y sus recursos; b) estas concepciones en ninguna medida son novedosas y sus antecedentes se remontan a inicios de los ochenta; c) los supuestos básicos de la DSN y de los manuales de contrainsurgencia son reeditados en la política de defensa hemisférica y legitimados en función de la gobernabilidad; e) una de las especificidades históricas que encontramos en el momento actual, con repercusiones centrales para América Latina, es que el Proyecto de Defensa Hemisférico está construyendo la institucionalidad y legalidad acorde para el injerencismo en la región en connivencia con las élites conservadoras latinoamericanas; f) la política de seguridad hemisférica aspira a convertir a las Fuerzas Armadas de América Latina en policías internos a cargo de la estabilidad del área de influencia de Estados Unidos, lo que apunta a una permanente militarización social y política en la región que tiene una de sus manifestaciones más evidentes en la militarización de la seguridad pública; f) las repercusiones en cuanto a soberanía y posibilidades de construcción de proyectos propios en América Latina se ven amenazados por esta política imperialista estadounidense, factores que deberían tomarse en cuenta en especial en países como México que está en condiciones de sumisión absoluta hacia el exterior así como de descomposición social y política sin parangón.
Bibliografía:
A poco del arrollador triunfo de Cristina Fernández de Kirchner se plantea abajo:
"Frente a una avanzada represiva en aumento, los movimientos populares tenemos desafíos que van creciendo día a día, entre los cuales se destaca la consolidación de redes de resistencia que fortalezcan nuestras luchas territoriales. Estas redes son nuestra arma más poderosa porque se perfilan desde la solidaridad concreta y cotidiana, y tenemos que destacar que solidaridad es una palabra que no nos han podido robar porque no existe en el diccionario de empresas, gobiernos y justicias que pretenden avanzar sobre nuestros territorios y la autodeterminación de nuestras vidas en búsqueda de mayores ganancias al precio de más represión y de más muertes".
Argentina: UAC alerta y en lucha frente a la avanzada represiva y militarista
9 de enero de 2012
"Frente a una avanzada represiva en aumento, los movimientos populares tenemos
desafíos que van creciendo día a día, entre los cuales se destaca la
consolidación de redes de resistencia que fortalezcan nuestras luchas
territoriales."
El contexto mundial
Desde los atentados a las Torres Gemelas en 2001 se viene profundizando una
etapa caracterizada por el avance de un andamiaje militarista y represivo en
todo el mundo. Durante la administración Bush, el contexto mundial era definido,
desde el punto de vista militar, como de “guerra
contra el terrorismo” en el cual
las “operaciones especiales” y la
“guerra secreta” ocupaban un
lugar central. Si bien era esperable que el gobierno de Obama redujera la
aplicación de los mecanismos de guerra secreta, en los cuales tiene un lugar
central la actuación de servicios de inteligencia de manera “preventiva” para
detectar “sospechosos” de integrar o apoyar de distintas maneras a los grupos
terroristas, no fue lo que ocurrió. Por el contrario, la administración Obama ha
aumentado, según una investigación del Washington Post del año pasado, “las
operaciones especiales a nivel mundial en presupuesto y cantidad”.
Este aumento de las operaciones
especiales, es parte de la nueva
Doctrina de Seguridad Nacional que el presidente Obama anunció a fines de mayo
del año pasado, que tiene determinadas “ventajas”:
por un lado, el uso de fuerzas secretas en operaciones estratégicas tiene una
ventaja especial en su propia naturaleza clandestina, evitando las críticas y
reacciones contra la política de guerra estadounidense por parte de la opinión
pública mundial; por el otro, el alto presupuesto de defensa que implican estas
operaciones satisface al complejo militar industrial de ese país, que tiene en
la sofisticación del armamento y el uso de alta tecnología bélica su gran
negocio.
La
guerra para la que se viene preparando el estado norteamericano no es una guerra
convencional sino irregular,
ya que las misiones más
importantes de las fuerzas especiales son las de inteligencia, infiltración,
subversión, contrainsurgencia y desestabilización que
permiten desequilibrar al adversario “desde adentro”. La existencia de agencias
como la USAID (United
States Agency for International Development; Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional) son las fachadas para canalizar fondos hacia
actores que promueven la agenda norteamericana y para penetrar la sociedad civil
de países con intereses estratégicos para la potencia del norte. Estos
mecanismos de guerra contrainsurgente no implican la anulación de las acciones
de guerra tradicionales como los asesinatos selectivos, el secuestro y la
tortura, que se vienen poniendo en práctica en todas esas regiones estratégicas.
El contexto latinoamericano
Son varios los aspectos que tenemos que tener en cuenta para analizar la avanzada
militarista en nuestro continente desde
el inicio de este milenio:
Por un lado, se considera que existen nuevas
amenazas del siglo XXI a la
seguridad, que son transnacionales, no tradicionales, entre las cuales se
mencionan: el terrorismo, el tráfico de estupefacientes, los desastres naturales
y ambientales, las organizaciones criminales transnacionales, la inmigración
ilegal, los secuestros y las pandillas criminales.
A
partir de estas consideraciones, EEUU viene solicitando la cooperación
hemisférica y la revitalización de sistema interamericano, en cuanto a
mecanismos de seguridad colectiva, que involucren a todos los países americanos,
transformando de esta forma las preocupaciones y amenazas que hacen a la
seguridad del estado norteamericano en problemas de seguridad común que
requieren respuestas
multilaterales. El ámbito en el que se discute esta normativa referida a la
seguridad hemisférica es principalmente la Comisión de
Seguridad Hemisférica de la OEA, en la cual la principal potencia del
continente pretende imponer normas continentales que respalden sus intereses
particulares.
La
cooperación hemisférica en seguridad propuesta por EE.UU. frente a las nuevas
amenazas como el terrorismo requiere, también, un efectivo control de las
fronteras latinoamericanas, con
el objetivo de reducir las posibilidades de que se concreten atentados
terroristas. Respondiendo a esta demanda, algunos gobiernos de América Latina
han comenzado a implementar controles
en las zonas de fronteras terrestres y del espacio aéreo, a
través de la informatización de las oficinas de migraciones y la detección de
aviones sospechosos a través de un sistema de radares.
Otro aspecto de la militarización se cristaliza en las maniobras
militares conjuntas realizadas
entre las tropas estadounidenses y las fuerzas armadas latinoamericanas, que
tienen el propósito de preparar la participación de las fuerzas armadas de la
región en fuerzas multilaterales, bajo la pantalla de la ayuda humanitaria a los
países involucrados. Este tipo de ejercicios militares conjuntos permite a las
fuerzas militares extranjeras obtener datos concretos de los territorios en los
que operan, tales como existencia de riquezas naturales y las características de
las poblaciones. La presencia de tropas extranjeras en la región también
contempla la realización de seminarios
estratégicos, con miembros del Comando Sur de los Estados Unidos, y el
intercambio con expertos en temas de defensa y seguridad, destinados no sólo a
las fuerzas armadas, sino también a líderes civiles.
La colocación
de bases militares de Estados Unidos en
puntos seleccionados del continente es uno de los aspectos más destacados de la
militarización de nuestra región. Estas bases tienen dos propósitos explícitos y
evidentes: garantizar el acceso a los bienes naturales estratégicos y contener,
disuadir y/o eliminar la resistencia ante las políticas hegemónicas y la
insurgencia abierta. En este sentido es que debe entenderse el acuerdo firmado
en 2009 entre los gobiernos de Colombia y EEUU, que permitió que siete bases
colombianas cuenten con presencia de militares norteamericanos.
El contexto nacional
En
nuestro país se está implementando el uso
de fuerzas especiales, que acompañan a las fuerzas represivas del estado, en
determinadas “operaciones”. Estas fuerzas pertenecientes a las policías
provinciales y a las fuerzas de seguridad nacionales actúan impunemente
en los conflictos sociales, y en
muchos casos para dirimir
conflictos territoriales o reprimir sectores vulnerables de la sociedad. Las
formas de operar de estas fuerzas con frecuencia implican la militarización de
las comunidades en conflicto por la disputa en torno a los bienes comunes
naturales, o de barrios marginales de las grandes ciudades donde habitan los
sectores sociales “peligrosos para la seguridad ciudadana”.
Junto a las fuerzas de seguridad públicas y sus grupos de operaciones
especiales, observamos también el uso
de fuerzas de seguridad privadas que actúan muchas veces conjuntamente, en
los conflictos sociales. Se trata
de un aumento de la privatización de la represión, ya
que la ejercen fuerzas represivas privadas, y del
aumento de la represión con fines privados, ya que se defienden intereses
empresariales que se oponen a los intereses de la sociedad en su conjunto.
-
En el ámbito estrictamente legal vemos que las estrategias utilizadas para judicializar las luchas sociales van desde la creación de figuras legales hasta la apertura de causas falsas para incriminar a lo/as luchadore/as sociales.
-
En el ámbito simbólico, destacamos la implementación de estrategias de estigmatización de los luchadore/as sociales a través de un discurso mediático y político que justifica la represión y legitima la relación directa entre pobreza y delincuencia.
Otro aspecto central de la militarización que nos interesa remarcar
particularmente es la legislación
antiterrorista que se viene
imponiendo en el continente, que habilita a la vigilancia de la sociedad, -cuyos
integrantes nos convertimos en sospechosos frente a la supuesta amenaza del
terrorismo-, imponiendo mecanismos de control y una cultura del miedo que es
parte de nuestra vida cotidiana.
Desde el 2005 la Argentina viene
transitando el camino de aprobar convenios y leyes antiterroristas. Ya ese año,
se convirtieron en ley dos convenios, la Convención Interamericana Contra el
Terrorismo, adoptada por la OEA en el 2002, y el Convenio Internacional para la
Represión de la Financiación del Terrorismo, adoptado por la ONU en 1999.
A
su vez, en 2007 se sancionó la ley
N° 26.268 que incorporó al código
penal los delitos de asociación ilícita terrorista y los de financiación de este
tipo de asociaciones.
En esa ley se considera que una asociación ilícita terrorista tiene las
siguientes características:
a)
Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o
político;
b)
Estar organizada en redes operativas internacionales;
c)
Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o
cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un
número indeterminado de personas.
Ya en ese momento nos preguntamos ¿Quiénes
son los terroristas?:
Y comenzamos a construir
una respuesta colectiva basada en nuestras experiencias cotidianas de
resistencias: Tanto la
propagación de distintos odios,
como la existencia de redes
operativas internacionales, como la puesta
en peligro de la vida e integridad de un número indeterminado de personas son
características completamente aplicables a las formas de operar de las empresas
transnacionales y sus socios
políticos locales, en la implementación del modelo extractivo y productivo
de esta etapa del capitalismo global, que responden con criminalización,
represión, militarización y muerte a quienes se oponen a entregar los
territorios y las formas tradicionales de habitarlos, a la mercantilización de
la naturaleza y de toda expresión de vida.
Un nuevo
proyecto de ley que el poder
ejecutivo envió el 14 de octubre al Congreso de la Nación establece un
incremento de la escala penal para delitos que tengan por finalidad aterrorizar
a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos
extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o
abstenerse de hacerlo. Además, el proyecto establece que será reprimido con
prisión de 5 a 15 años el que directa o indirectamente recolectare o proveyere
bienes o dinero a sabiendas de que serán utilizados para financiar un delito con
finalidades terroristas.
En
la fundamentación del proyecto se
establece a su vez que quedan terminantemente
excluidos de cualquier posible interpretación criminalizante, los hechos de
protesta social, toda vez que
estos estén dirigidos a reclamar derechos individuales o colectivos.
A
pesar de que pareciera ser un texto bastante amigable frente a las acciones de
protesta social es necesario que los/as luchadore/as sociales estemos
advertido/as, tal como lo expresa la carta
pública elaborada por la REDAJ:
1)
por el aumento de las penas frente
a pretendidos actos terroristas o sus financiadores.
2)
porque se utilizan conceptos muy
imprecisos que abren la
posibilidad de que sean aplicables a las figuras penales frecuentemente
utilizadas para la criminalización de la protesta social, como en los casos de
resistencia a desalojos, cortes de vías de circulación o actos de protesta en el
espacio público.
3)
porque el proyecto genera las condiciones para una mayor
criminalización de la protesta social a
través de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el
estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica
al terrorismo.
4)
porque, a pesar de que el proyecto establece que no se aplicará en los casos en
que se trata del ejercicio de un derecho constitucional, no
hay garantías de que los líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a
proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo.
5)
además, dada la amplitud e imprecisión de los términos, se
invierte la carga de prueba, y
deberán ser esos líderes sociales los que tengan que demostrar que no son
terroristas en los procesos penales.
6)
hay que tener en cuenta que este tipo de reformas
son exigidas por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) como
condición para considerar a nuestro país como un destino seguro para las
inversiones externas directas. De esta manera, se subordinan los derechos a la
protesta social en pos de cumplir con exigencias impuestas por organismos
financieros internacionales.
7)
otro aspecto a destacar son los riesgos
que corren las organizaciones que apoyen a los movimientos sociales, que
podrían ser consideradas como financiadoras del terrorismo en la medida en que
las acciones de protesta social de esas organizaciones sean consideradas como
acciones terroristas.
De la misma manera que la avanzada
militarista y represiva se puede
observar en el continente a través del golpe de estado perpetrado en
Honduras, de la permanente
violación de los derechos humanos en Colombia y
de los derechos ancestrales en Chile,
por tomar sólo algunos ejemplos, en la Argentina hemos
sido testigos de más de una decena
de asesinatos vinculados a la
defensa del territorio por parte de comunidades y poblaciones, el más reciente
de los cuales es el de Cristian
Ferreyra, compañero militante del Mocase, asesinado por un banda armada que
opera al servicio de uno de los tantos empresarios que protagonizan, en muchas
de nuestras provincias, violentos desalojos a comunidades campesinas e
indígenas, con el fin de que esos territorios transiten el camino de la
mercantilización capitalista.
Finalmente como Unión de Asambleas Ciudadanas nos preguntamos cuáles son las razones del
avance de la militarización de los territorios, la criminalización de las
organizaciones sociales y la actuación de grupos de operaciones especiales en
los conflictos sociales y creemos que se trata de poner en juego formas
consideradas más eficaces que las tradicionalmente usadas por las fuerzas
represivas del estado. Porque en la historia reciente de nuestro país y nuestro
continente quedó demostrado que el pueblo organizado no se asusta ni se calla
ante la represión, sino que se empecina en seguir defendiendo la vida y sus
territorios. Y este empecinamiento cotidiano sólo tiene una respuesta desde el
poder: el aumento de la represión, con la utilización de métodos y estrategias
cada vez más sofisticados.
Frente a una avanzada represiva en aumento, los movimientos populares tenemos desafíos que van creciendo día a día, entre los cuales se destaca la consolidación de redes de resistencia que fortalezcan nuestras luchas territoriales. Estas redes son nuestra arma más poderosa porque se perfilan desde la solidaridad concreta y cotidiana, y tenemos que destacar que solidaridad es una palabra que no nos han podido robar porque no existe en el diccionario de empresas, gobiernos y justicias que pretenden avanzar sobre nuestros territorios y la autodeterminación de nuestras vidas en búsqueda de mayores ganancias al precio de más represión y de más muertes.Diciembre de 2011
UAC - Unión de Asambleas Ciudadanas
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