Ocultó qué país estaba construyendo,
ilusionó sobre el capitalismo serio
ilusionó sobre el capitalismo serio
e incluyó a izquierdas políticas y
sociales en la promoción del modelo.
La deKada se cierra legalizando (e institucionalizando la conciliación con) la impunidad de los poderes establecidos y constituidos desde, fundamentalmente, los setenta. En efecto, no bien asumió la segunda presidencia CFK hace promulgar la ley anti-terrorista que no sólo implica resurgimiento de la Doctrina de Seguridad Nacional sino también agravación de la criminalización tanto de los desposeídos como de quienes se organizan y luchan contra esa violación de derechos. En febrero de 2012, frente a la multiplicación de luchas y de consenso nacional contra la megaminería el gobierno CFK impulsa la creación de la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), integrada por los gobernadores de Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Catamarca. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), que reúne a las grandes empresas del sector, celebró e incluso firmó el acta de conformación. Es decir, en nombre del Estado regulador hay refuerzo de su poder de violencia y cooptación para imponer la devastación de las transnacionales mineras.
También, a principios de mayo
de 2012, se promulga la ley de control estatal de YPF pero el gobierno CFK
la estableció como sociedad anónima y además de CEO designó a Miguel
Galuccio, eminente gerente en la Gestión de la Producción de
Schlumberger que es empresa líder en fractura hidráulica o
fracking a nivel mundial. Al avance de este oligopolio estadounidense sobre
Vaca Muerta, se incorpora Chevrón (actual Standard Oil).
Reflexionemos sobre el siguiente cuadro de situación en 2013
que se agravó con la aplaudida 'capacidad CFK de iniciativa': Código Civil
Comercial, Código
Procesal Penal, Ley de Hidrocarburos ( según Chevrón,
Söros,..), proyectos de ley "Argentina Digital" y de Ley de Semillas o de Monsanto. Leer
Milani,
Chevron, Sbattella
13 de julio de 2013
Milani
(o acerca de la naturaleza represiva del Estado)
El general
César Milani fue nombrado recientemente jefe del Ejército, por la presidente
Cristina Kirchner. Milani está denunciado por haber participado en la represión
durante la dictadura militar. Ex presos políticos lo vinculan a la desaparición,
en Tucumán, en 1976, del soldado Alberto Ledo, que era su asistente. Milani
estaba especializado en inteligencia en el batallón de Ingenieros 141, de la
provincia de La Rioja, y fue enviado en comisión a la provincia de Tucumán,
entre febrero de 1976 y febrero de 1977. En esa época el Ejército llevaba
adelante el Operativo Independencia, contra el Ejército Revolucionario del
Pueblo. Ledo, que según testimonios, habría sido simpatizante del ERP,
desapareció en Tucumán, a donde había tenido que acompañar a Milani. (…)
Pero no se
trata sólo de la participación de Milani durante la dictadura, o en el
alzamiento carapintada. Desde 2007 Milani está a cargo (y hoy retiene esta
función) de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor. Allí trabó estrecha
relación, según todas las informaciones disponibles, con la ministra de Defensa
Nilda Garré (quien a su vez está muy cercana al CELS). Recordemos que Nilda
Garré ha sido denunciada por su participación en el llamado Proyecto X. Se trata
de una unidad de la Gendarmería Nacional, que fue creada para organizar una base
de datos de militantes, mediante el espionaje y la infiltración en
organizaciones sociales y políticas. Estos datos fueron luego utilizados en
juicios contra militantes. Las instrucciones contenidas en el proyecto,
elaboradas en 2009, destacan la importancia de vigilar a todos los que pudieran
crear “situaciones de alteración del orden público”. Según la abogada Myriam
Bregman, defensora de derechos humanos y militante del PTS, el Proyecto X tiene
como objetivo la persecución de activistas sociales y políticos. El propio
comandante de Gendarmería, Héctor Schenone, reconoció ante la Justicia la
existencia del Proyecto. Hoy existe una causa abierta, que está avanzando (según
Bregman). A pesar de esto, la presidenta Kirchner acaba de decir que el Proyecto
X “es inexistente” (discurso del 9 de julio, en Tucumán). Los organismos de
derechos humanos oficialistas, y el progresismo K, no desmintieron a la
presidenta. En cualquier caso, existen fuertes elementos para vincular a
Milani con un enfoque global de vigilancia y recolección de datos, que luego son
utilizados en la persecución judicial de la militancia. El área de Inteligencia del
Ejército recibió sustanciales incrementos presupuestarios en los últimos años.
En este
análisis debe incorporarse, además, la reforma, de diciembre de 2011, de la Ley
Antiterrorista. Esta reforma derogó la figura de “asociación ilícita con fines
terroristas”, pero elevó al doble las penas de los delitos que se hubieran
cometido con “la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las
autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una
organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” (artículo
41). De esta manera se deja abierta la puerta para que manifestaciones o huelgas
sean calificadas como actos terroristas, como han manifestado muchas
organizaciones sociales o políticas de izquierda. El gobierno se defiende
diciendo que la ley establece que no se castigarán las protestas que se hagan en
defensa de derechos humanos y sociales. Sin embargo, muchos abogados argumentan
que las modificaciones introducidas abren el campo para interpretaciones, y
habilitan a la criminalización de la protesta social.
Todo lo
anterior debe vincularse también con la decisión del Gobierno de responder al
problema de la seguridad poniendo el acento, crecientemente, en la represión y
la punición. El enfoque tradicional del progresismo, que hace hincapié en las
raíces sociales del problema, pasa ahora a segundo plano. El ministro de
Seguridad de la Nación, de hecho, es Sergio Berni, un militar en actividad, que
goza del favor de la presidenta. Cristina Kirchner, además, ha acusado a los
jueces por ser demasiado suaves en la aplicación de penas. Un discurso que hasta
ahora el progresismo K consideraba propio de la derecha. De manera que la
designación de Milani, el ocultamiento de su accionar durante la dictadura, o el
levantamiento carapintada, debe leerse en esta secuencia de hechos. No es trueno
en día sereno.
Chevron
(de nuevo, son sólo negocios)
En notas
anteriores sostuve que la estatización de YPF no debía interpretarse en clave de
“liberación nacional”, sino en términos de negocios entre capitalistas; esto es,
negocios sustentados en la apropiación de plusvalía (ver aquí y aquí).
En esas notas, y contra el discurso oficialista (“estatización de YPF sinónimo
de Patria recuperada”) planteé que se trataba de una renegociación de los
términos de la explotación del negocio.
Pues bien,
en el día de ayer, 15 de julio, se conoció el decreto que crea el Régimen de
Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos. Según el mismo,
están alcanzadas por este régimen las empresas que inviertan 1000 millones de
dólares, o más. Las que lo hagan, podrán comercializar libremente, luego del
quinto año, en el mercado externo el 20% de la producción (resultado de esas
inversiones), sin tener que pagar derechos de exportación. Además, en caso de
que la producción nacional no alcance a cubrir la demanda, y las exportaciones
se destinen a cubrir la demanda interna, el precio no será inferior al precio de
exportación, sin retenciones. Las compañías también tendrán derecho prioritario
a obtener divisas a través del Mercado Único y Libre de Cambio (aceptemos que es
un eufemismo) por hasta el 100% del precio obtenido en el mercado interno.
Naturalmente, se sigue discutiendo si con esto será suficiente para que las
empresas inviertan en extracción de petróleo y gas, y hay muchos “detalles” que
deberán ser aclarados (por ejemplo, a qué tipo de cambio cotizarán los dólares
que entren por inversiones). Sin embargo, lo relevante es que todo esto parece
desmentir la tesis-verso de “YPF recuperada, Patria liberada”. El tema aquí no
es el patriotismo, sino son los negocios y la rentabilidad. La realidad es que
la falta de inversiones provocó una caída, en la última década, del 60% de las
reservas de gas y del 20% del petróleo. Desde 2003 la producción de petróleo
cayó 30%, y la de gas 20%. Dado que, además, faltó inversión en
hidroelectricidad, aumentó el consumo de combustibles, con lo cual se agravó el
déficit de la balanza energética (sería de 6000 millones de dólares en 2013). No
sé qué cuento contarán ahora aquellos economistas que afirmaban que, principio
del acelerador mediante, bastaba con fomentar el consumo para que hubiera
inversión (ver la crítica a esta postura aquí y aquí).
Lo cierto es que la acumulación de capital -esto es, la reinversión de
plusvalía- se rige, como en cualquier país capitalista, por el olor de las
ganancias. El acuerdo con Chevron no hace más que ratificarlo. Con respecto a
este último, otro dato significativo para la tesis-verso “YPF recuperada, Patria
liberada”: en los medios ha trascendido que el acuerdo se pone bajo jurisdicción
de tribunales de EEUU.
Sbattella (o el intríngulis de la acumulación de capital)
José
Sbattella es el titular de la Unidad Anti Lavado. Según informaciones
periodísticas, no desmentidas hasta el momento, Sbattella mantuvo hace poco al
menos dos reuniones con funcionarios de cumplimiento de las normas antilavado de
dinero, y técnicos bancarios, para pedirles que no informaran las operaciones
sospechosas que se hicieran con vistas al blanqueo de capitales que puso en
marcha el Gobierno. Aparentemente, los oficiales antilavado y técnicos, así como
los responsables bancarios, se negaron al pedido, dado que les podría caber
responsabilidad penal por no denunciar estas operaciones.
Ubiquemos
esta sed por dinero sucio por parte del Gobierno: en la última década la
economía argentina recibió una gigantesca renta, que puede calcularse entre los
120.000 y 150.000 millones de dólares, por la mejora de los términos de
intercambio. Pero desde 2005 se fugaron del país más de 80.000 millones de
dólares. En varias notas en este blog he planteado que esto configura una
gigantesca transferencia de excedente, que es la clave de la acumulación y el
desarrollo capitalista. En la última década no hubo un proceso de acumulación
estructuralmente sólido, o una transformación cualitativa de la economía
argentina, que es tecnológicamente atrasada y dependiente. Y esto no se arregla
convocando al lavado de dinero. Solo a un irremediable lumpen burgués se le
puede ocurrir semejante “solución”.
Más en general, este año el desempleo aumentó al 7,9%; otro 8% de la población económicamente activa está subocupada. En total, 2,7 millones de personas, el 15,9% de la fuerza laboral, están desempleadas o subocupadas. El 35% de los trabajadores está en la informalidad. La mitad de los asalariados gana menos de $3500 por mes. Entre un 20 y un 27% de la población (según los cálculos no INDEC), está en la pobreza. Y gracias a la no actualización del impuesto a las ganancias, ha desaparecido una parte significativa del aguinaldo (entre el 45% y 80%) para el 35% de los asalariados. Las respuestas por parte del gobierno a esta realidad se llaman Milani, Chevron, Sbattella. Tienen un sentido, y son expresiones de un contenido esencial. Por supuesto, también está el relato para construir una gesta heroica (“revolución, liberación”) con el pasado de Milani, con el Proyecto X o con el lavado de dinero. Es que nunca deberíamos olvidar que el lumpen burgués parece no tener límites.
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“Milani, Chevron, Sbattella”
Fuente: https://rolandoastarita.wordpress.com/2013/07/16/milani-chevron-sbattella/
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“Milani, Chevron, Sbattella”
Fuente: https://rolandoastarita.wordpress.com/2013/07/16/milani-chevron-sbattella/
La
deKada deja -ante todo- un enorme acaparamiento económico territorial por
parte de oligopolios y Estados imperialistas con socios menores en las
elites locales. Pero, sobre todo, una reestructuración del país en
función de transferir recursos financieros y naturales a gran escala para el
progreso de grandes capitales financieros e industriales de las potencias.
Por eso, prefiero denominar transnacionalización en vez de extranjerización.
Concentración y
extranjerización de
la Argentina en la
posconvertibilidad
Por
Daniel Azpiazu, Pablo Manzanelli y Martín Schorr*
*Este
trabajo se realizó en el marco del Proyecto PICT 2008-0406 “La industria
argentina en la posconvertibilidad: continuidades y rupturas en la dinámica y
la estructura del sector” bajo el patrocinio de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica. La redacción se concluyó a fines de mayo de
2011.
CAPÍTULO 1. LA CONCENTRACIÓN
ECONÓMICA EN LA POSCONVERTIBILIDAD
(…)Las
evidencias disponibles indican que son varios los factores que concurren en
la explicación de la intensificación del proceso de concentración económica
a favor de la cúpula empresaria en el transcurso de la posconvertibilidad,
entre los que interesa destacar:
el
incremento en la tasa de explotación (relación productividad/salarios) , en
particular a partir de la drástica caída de las remuneraciones reales de los
trabajadores que se registró en el bienio 2002-2003 (fenómeno que fue
especialmente acentuado en el ámbito de las firmas de mayores dimensiones);
la
acelerada centralización de capitales que tuvo lugar en el marco de la crisis
terminal y el abandono de la convertibilidad que, como era previsible,
favoreció a los segmentos empresarios de mayor poderío económico;
a
favor de su poder de mercado en numerosos ámbitos productivos centrales para el
funcionamiento del conjunto de la economía nacional, así como de diferentes
acciones y omisiones estatales, la posibilidad de muchas corporaciones líderes
de captar excedente de manera diferencial (por ejemplo, a partir de la fijación
oligopólica de precios y/o del acceso a subsidios públicos de lo más variados);
la
integración de muchas de las compañías de la elite a unidades económicas
complejas de tipo holding que disponen de un amplio abanico de opciones en
materia productiva, tecnológica, comercial y financiera (situación que se ve
potenciada en el caso de las controladas por capitales extranjeros en su
relación con las respectivas casas matrices y/u otras filiales);
el
hecho de que un número importante de las empresas que integran el panel de las
200 de mayor facturación del país y el de las 100 industriales más grandes
resultó favorecido por distintos espacios privilegiados de acumulación que se
generaron o se recrearon en los años recientes. Entre otros se destaca la
promoción de inversiones establecida a partir de la Ley Nº 25.924, que ha
tenido entre sus principales beneficiarios a un puñado de grandes firmas de las
ramas manufactureras predominantes (procesamiento de soja y otras
agroindustrias, acero y aluminio, derivados del petróleo y el segmento terminal
del rubro automotor). También sobresale el mantenimiento, con ligeros retoques,
del régimen preferencial para la industria automotriz (para beneplácito de las
transnacionales que controlan la actividad en el ámbito subregional y terminan
imponiendo sus estrategias en la propia formulación de las políticas públicas),
y la prórroga de los plazos de vigencia de los beneficios promocionales para
las radicaciones “industriales” en Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis y
Tierra del Fuego.
Por último, se encuentra una amplia gama de subvenciones
estatales a diversas actividades económicas vinculadas a los grandes capitales
(como, por caso, los subsidios de tasa de interés para el Programa de
Financiamiento Productivo del Bicentenario), así como el mantenimiento, cuando
no la ampliación de privilegios desmedidos para las grandes compañías
petroleras y, fundamentalmente, mineras;
la
escasa preocupación por el ejercicio del “poder de policía” gubernamental en
términos de control de fusiones y adquisiciones, y ante al ejercicio de
prácticas desleales o anticompetitivas (Ley Nº 25.156);
la
inserción de varias de las firmas líderes en los sectores de actividad más
favorecidos por la reorientación del esquema económico a partir de la salida de
la convertibilidad (petróleo, minería, varios commodities procedentes de las
industrias alimenticia, metálica básica y química, y la armaduría automotriz),
así como en muchos rubros terciarios que se beneficiaron con el importante
“efecto riqueza” que trajo aparejado el crecimiento económico que tuvo lugar en
los últimos años (telefonía móvil, televisión por cable, medicina prepaga,
cadenas de supermercados, venta de electrodomésticos, etc.); y
la
importante y creciente inserción exportadora de muchas compañías de la cúpula a
favor del “dólar alto”, la reducción de los costos salariales a escala
internacional y la vigencia de términos del intercambio favorables y mercados
externos en franca expansión (en cantidad y precios) durante el horizonte
temporal bajo consideración (al menos hasta que se desató la crisis
internacional a fines de 2008). El comportamiento de las grandes empresas en
materia de comercio exterior Por su indudable importancia sobre el
comportamiento macroeconómico, la acumulación y reproducción ampliada del
capital de las grandes empresas y por constituirse en uno de los principales
elementos explicativos de la creciente concentración económica global, vale la
pena indagar en torno a la evolución del peso de las firmas líderes en las
exportaciones del país. Al respecto, de los datos aportados por el Gráfico Nº
2 se desprende que, más allá de las oscilaciones coyunturales que se
verificaron, en la posconvertibilidad se incrementó en 9,8 puntos porcentuales
la participación media de las empresas de la cúpula en las exportaciones
totales, aumento que fue de 10,8 puntos porcentuales en la significación de la
elite fabril en el total de las industriales.
Así, puede afirmarse que este núcleo acotado del poder
económico doméstico se ha constituido en uno de los soportes fundamentales de la
considerable expansión exportadora (estas compañías explican, de conjunto,
aproximadamente el 70% del aumento en las ventas externas totales y de
productos manufacturados que se verificó entre 2002 y 2009); fenómeno que ha
asumido un rol decisivo en su creciente significación en la producción agregada
y, como se analiza más adelante, en su aporte al superávit comercial.
La gravitación de los mercados externos en la explicación
de la exitosa performance de las corporaciones líderes de la Argentina también
queda de manifiesto cuando se analiza la evolución del coeficiente de
exportación.
La
información que brinda el Gráfico Nº 3 permite visualizar cómo, más allá de las
naturales fluctuaciones, entre la convertibilidad y la posconvertibilidad tuvo
lugar una suba importante en el coeficiente correspondiente al conjunto de la
economía y al sector manufacturero (de 6,0 puntos porcentuales en el primer
caso, y de 12,1 en el segundo). Este comportamiento fue mucho más marcado en el
ámbito de las grandes compañías, que entre los períodos mencionados
incrementaron su grado de apertura exportadora en 17,8 puntos porcentuales (las
firmas exportadoras del panel de las 9 200 más grandes) y en 22,3 puntos
porcentuales (las que vendieron al exterior dentro de las 100 fabriles de mayor
tamaño).
En consecuencia, a favor de la nueva paridad cambiaria, el
mantenimiento de un “dólar alto”, la vigencia de bajos costos salariales a
escala mundial y un escenario internacional expansivo, muchas de estas empresas
se fortalecieron aún más como sólidas plataformas productivas orientadas
preferentemente hacia los mercados del exterior. Entre otras cosas, ello se
pone de manifiesto en sus altos y crecientes (vis-à-vis la convertibilidad)
coeficientes de exportación (mucho más elevados que los correspondientes a los
totales nacionales), y en que han tenido un rol protagónico en el “boom
exportador” que experimentaron en los años recientes la economía y la industria
argentinas. En su
mayoría, son firmas controladas por capitales extranjeros y por unos pocos
grupos económicos nacionales con inserción en los sectores productivos más
favorecidos en la posconvertibilidad: la agroindustria (Cargill, Bunge,
Louis Dreyfus Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata, Nidera,
Vicentín, A. Toepfer, ADM Argentina, Oleaginosa Moreno, Noble y Arcor), la
producción de aluminio y derivados del hierro y el acero (Aluar, Siderca y Siderar),
la armaduría automotriz (Toyota, Ford, Volkswagen, Peugeot-Citroen, General Motors,
Fiat Auto y Renault), la minería (Minera Alumbrera y Minera Argentina Gold), la
actividad petrolera (YPF, Pan American Energy, Petrobras Argentina, Refinor,
Shell, Sipetrol, Vintage Oil y Esso) y la elaboración de productos químicos
(Compañía Mega y Dow Argentina).
No sólo se trata de un número limitado de grandes compañías que
asumen un papel protagónico en la generación de riquezas sino que, en ese
escenario, son los actores centrales y decisivos en cuanto a la obtención de
divisas; aspecto no desdeñable si se atiende al rol que le ha correspondido al
superávit comercial en la construcción de los nuevos senderos macroeconómicos
de la posconvertibilidad.
En realidad, el poder económico que resulta del alto y
creciente grado de concentración que exhiben en el plano agregado se ve
potenciado por su presencia determinante, también creciente, en cuanto a la
generación de divisas por la vía del comercio exterior. Estas
últimas consideraciones remiten al comportamiento reciente del saldo comercial
de la cúpula y a su cotejo con el desenvolvimiento del correspondiente al
conjunto de la economía argentina y al resto de los segmentos empresarios. De
los datos aportados por el Gráfico Nº 4 se corrobora que en la
posconvertibilidad las firmas de la elite registraron, en conjunto, abultados
superávit comerciales (crecientes hasta 2008), mientras que el “resto de la
economía” operó con desbalances muy acentuados (también crecientes hasta dicho
año). A tal punto que en el último año de la serie las firmas líderes tuvieron
un saldo superior a los 27.000 millones de dólares y el “resto” registró un
déficit algo mayor a los 10.000 millones de dólares. Se trata de una dicotomía
para nada menor y decisiva en muchos aspectos. Indudablemente, el principal
elemento explicativo de semejante cuadro de heterogeneidad estructural se
asocia al hecho de que la mayoría de las firmas de la cúpula se integra a
grandes unidades económicas que cuentan con claras posibilidades y perspectivas
en materia financiera y un ciclo de acumulación
fuertemente transnacionalizado (en el plano interno muchas de ellas
tienen una inserción determinante en ámbitos productivos asociados a la
explotación de ventajas comparativas naturales).
Dicho perfil estructural y de especialización contrasta
marcadamente con el de los restantes segmentos empresarios, los que en su
mayoría presentan una debilidad manifiesta, desarrollan sus actividades en
rubros mucho más expuestos a la competencia de productos importados y deben
hacer frente a variados, complejos y adversos “factores de contexto interno”
(institucionales, normativos, financieros, etc.) en escenarios de apertura
económica como los que caracterizan a la actual fase del capitalismo a escala
mundial. En definitiva, en la posconvertibilidad tuvo
lugar un nuevo salto de nivel en la concentración económica global a favor de
la elite empresaria, tendencia en la que ocupó un lugar relevante el
fortalecimiento de muchas de las corporaciones que integran ese núcleo selecto
del poder económico doméstico como verdaderas plataformas exportadoras. A raíz
de ello, este conjunto reducido de grandes agentes económicos, además de pasar
a detentar porciones crecientes del ingreso nacional, afianzó aún más su
control sobre un “bien” clave y, en muchos sentidos, crítico para una economía
con las características estructurales de la Argentina (las divisas). Esto
reforzó la ya de por sí considerable capacidad de veto de estas fracciones del
capital concentrado interno sobre el funcionamiento del aparato estatal
y, más precisamente, sobre la formulación de las políticas públicas. Dada su
inserción sectorial y sus formas de vinculación con el mercado internacional,
para estas empresas y grupos económicos los salarios constituyen mucho más un
costo de producción (que, como tal, debe reducirse tanto cuanto resulte
posible), que un factor dinamizador de la demanda interna, lo cual constituye
un dato del régimen económico en curso.
CAPÍTULO
2. LA EXTRANJERIZACIÓN EN LA POSCONVERTIBILIDAD
La
consolidación del proceso de extranjerización de la economía argentina. Aun
cuando la radicación de firmas extranjeras dista de ser un fenómeno reciente en
el país, el ritmo y la intensidad que asumió la afluencia de tales empresas en
la década de 1990 y, posteriormente, la consolidación de estos agentes en el
plano económico durante la posconvertibilidad constituyen suficientes elementos
de juicio como para afirmar que se trata de una instancia superior en lo
concerniente a la extranjerización de la estructura económica argentina.
Si bien el capital foráneo siempre ocupó un lugar destacado
en el funcionamiento económico local y en el bloque de clases dominante, hacia
fines del decenio de 1950, particularmente entre 1958 y 1962, con el fin de
reemplazar por producción local las importaciones de muchos insumos de uso
difundido y bienes durables, se alentó la radicación de nuevas compañías
extranjeras bajo la hipótesis de que el financiamiento requerido para
desarrollar esas industrias e incorporar tecnologías excedía las posibilidades
del ahorro interno. En esta etapa los capitales extranjeros se asentaron en el
aprovechamiento de las potencialidades ofrecidas por un mercado interno
protegido y con altas demandas insatisfechas, y se concentraron en unas pocas
ramas oligopólicas como las industrias química y petroquímica, los derivados
del petróleo, el sector automotor y de autopartes, la metalurgia y la industria
de maquinarias eléctrica y no eléctrica. Otra referencia insoslayable en estas
breves digresiones respecto al sendero evolutivo que asumió la inversión
extranjera directa (IED) en el país, es la profunda alteración del esquema
regulatorio para este tipo de inversiones que tuvo lugar en 1973. Éste se tornó
mucho más restrictivo y provocó un retraimiento de las inversiones (de hecho,
no se incorporaron nuevas empresas de envergadura), aunque no ocurrió lo propio
respecto a ciertas ampliaciones de capital. Seguramente, la inversión foránea
estaba expectante ante el rumbo que asumiría la economía argentina a partir de
la última dictadura militar.
Así, en lo que atañe estrictamente al tratamiento de las
corporaciones transnacionales, la sanción de una
nueva legislación de inversiones extranjeras en 1976 (Ley Nº 21.382) fue, sin
lugar a dudas, un hito fundacional en el derrotero que asumirá la presencia del
capital extranjero en la economía doméstica, en tanto que dicha norma, aún
vigente, procuró eliminar cualquier posibilidad de tratamiento diferencial
entre el capital de origen nacional y el proveniente del exterior. (…)
Fue recién en la década de 1990, con el mismo andamiaje
normativo pero articulado con variados factores domésticos de atracción, cuando
la intensidad y el ritmo de las inversiones foráneas configuraron un nuevo
estadio en el proceso de extranjerización de la estructura económica local. Así
fue que, tras el agotamiento del programa de privatizaciones (en el que el
capital extranjero tuvo un rol destacado en alianza con los principales grupos
económicos locales), en la segunda mitad del decenio se asistió a una marcada
desnacionalización del entramado empresario, que se manifestó en prácticamente
la totalidad de los sectores de actividad. A diferencia de otras etapas
históricas, como bajo la segunda sustitución de importaciones,
la creciente injerencia del capital extranjero en el
marco de las políticas del neoliberalismo no trajo aparejados aportes
relevantes en materia de expansión del acervo de capital, ni mucho menos una
redefinición del perfil de especialización productivo-industrial, ni “efecto
derrame” alguno. La IED se orientó, en cambio, a la adquisición total o parcial
de empresas y conglomerados de origen nacional (centralización económica).
Como resultado de estos procesos, a comienzos de este siglo el capital
extranjero ocupaba un lugar protagónico en la dinámica de acumulación doméstica
(con su consecuente gravitación en la definición de variables de ostensible
significación económica y social), así como en el interior del bloque de poder
económico. (…)
Tal como
fue anticipado, esta consolidación del proceso de extranjerización de la
economía doméstica durante la posconvertibilidad, y su correlato en un
creciente poder económico del gran capital internacional radicado en el país,
guarda correspondencia con dos fenómenos que interesa destacar.
- En primer lugar, durante este período se registró una serie de “cambios de mano” a favor del capital extranjero en varias compañías en cuya propiedad participaban accionistas locales y que, por su generalizada condición de oligopolios en un mercado interno reactivado y/o por su inserción exportadora a favor del “dólar alto” y de la demanda mundial de commodities, contaban -y cuentan- con amplias potencialidades de crecimiento. Tales son los casos, entre otros, de Acindar, Alpargatas, Cervecería Quilmes, Loma Negra, Moflino Hermanos, Pecom Energía, Peñaflor, Quickfood, Swift Armour y Trigaglia. Además, ante el considerable nivel de extranjerización prevaleciente en muchos sectores de la actividad económica local, se verificó otro proceso relevante: la transferencia de empresas y tenencias accionarias entre capitales extranjeros, particularmente en sectores que han devenido claves en el actual proceso económico, como las actividades mineras y petroleras (tales son los casos de Minera Alumbrera, Minera Aguilar, Agua Rica y Cerro Vanguardia en el primer caso, y de Oxy-Vintage, Apache-Pioneer y Apache-PAF en el segundo).
- En segundo lugar, la búsqueda de mercados con ventajas comparativas que les garanticen cuotas de ganancia elevadas (sean de carácter estático y/o institucionales de privilegio), ha tenido un rol singular en la estrategia de radicación de las empresas transnacionales en la posconvertibilidad, y, por ende, en el patrón de comportamiento que asumirá la consolidación del predominio económico de tales agentes. Al respecto, como surge del Cuadro Nº 1, apenas 13 actividades dieron cuenta del 90,0% del incremento del acervo de inversión transnacional entre 2004 y 2009, con una participación destacada de ramas asentadas en el procesamiento de recursos básicos y la armaduría automotriz, es decir, las principales “ganadoras” de las considerables modificaciones en la estructura de precios y rentabilidades relativas de la economía que tuvieron lugar tras la “salida devaluatoria” del esquema convertible.
Una
mención especial merece el caso de la explotación minera en la Argentina, cuyo
liderazgo en el incremento del stock de capital extranjero entre 2004 y 2009
corresponde, principalmente, a la puesta en actividad de diversos yacimientos
de minerales metalíferos operados por empresas transnacionales. Si bien el
plexo normativo sectorial y, especialmente, la ley de inversiones mineras, que
combina estabilidad fiscal con una “sobreabundancia” de exenciones impositivas,
fue aprobado en el decenio de 1990, la maduración de distintos proyectos de
inversión exploratoria dio lugar a la apertura de nuevos yacimientos entre los
años aludidos. Así, a la puesta en actividad de Minera Alumbrera, Cerro
Vanguardia, Minera Aguilar y Minera Altiplano a fines de la convertibilidad, se
sumó en los años más recientes la explotación de Minera Argentina Gold, Minera
Santa Cruz, Coeur Argentina, Minas Argentinas y Minera Titrón. Todo hace
presumir que tal proceso se intensificará en los próximos años. Sin embargo,
ello no es más que un ejemplo de la forma en la que se insertan los capitales
externos en el medio doméstico.
(…)
El
acelerado proceso de extranjerización del entramado productivo local, y su
consolidación durante la posconvertibilidad, lejos de haber contribuido a
alterar el vector de especialización y de inserción de la Argentina en el
mercado mundial, ha contribuido a afianzarlo aún más (lo cual expresa las
insuficiencias y las limitaciones de las políticas estatales, así como la
funcionalidad de éstas con ciertas estrategias de las empresas extranjeras). De
modo tal que en la actualidad las transnacionales que se desenvuelven en el
país tienen una suerte de “doble” inserción estructural. Por un lado, están
aquellas vinculadas con la “vieja” división internacional del trabajo:
producciones estructuradas sobre la base de ventajas comparativas estáticas,
principalmente materias primas abundantes (agroindustria, minería, petróleo y
algunos commodities industriales). Por otro, están aquéllas ligadas a la
“nueva” fase de internacionalización de los procesos productivos: desverticalización
de procesos a escala regional y/o mundial, siendo un ejemplo emblemático el que
brinda el sector automotor, en el que Brasil juega un indudable rol dinamizador
en el nivel regional y Argentina ocupa el lugar de “furgón de cola” asociado a
una creciente desintegración de la actividad en el marco de estrategias
corporativas definidas en el ámbito subregional y/o a escala internacional. No
resulta difícil afirmar que todo ello contrasta con lo sucedido bajo la
importante oleada de IED que se verificó a partir de fines de la década de
1950, como resultado de las políticas del llamado “desarrollismo”. En aquel
entonces, con limitaciones e impactos negativos variados en lo económico y lo
social, la radicación de capital foráneo contribuyó a incrementar el stock de
capital existente (primaron, entonces, los procesos de inversión en nuevas
plantas y las ampliaciones por sobre las compras de empresas nacionales) y a
redefinir el perfil de la economía doméstica, sobre todo en el ámbito de la
industria manufacturera. En la posconvertibilidad la IED reforzó el statu quo
productivo existente, al tiempo que fue sumamente exigua su contribución a la
expansión de las capacidades productivas domésticas o la misma se materializó
en enclaves exportadores (como la minería). (…)
En
suma, los diferentes desarrollos analíticos de este capítulo permiten concluir
que, luego del intenso proceso de extranjerización acaecido en la década de
1990, en la posconvertibilidad se consolidó el predominio transnacional en la
economía argentina. Se trata de un actor que cuenta con un considerable poderío
económico y variadas capacidades de veto que se reforzaron en los últimos años
en el marco de múltiples acciones y omisiones estatales.
Tales capacidades se desprenden no sólo del origen de estos grandes capitales
en el marco de un capitalismo dependiente, sino también de que han acaparado
porciones crecientes de la riqueza nacional y de su inserción en los núcleos
productivos más dinámicos del nuevo régimen económico y que delinean la
inserción del país en el mercado mundial. Todo ello comporta una serie de
aspectos críticos que hasta el momento, por desconocimiento, desidia o
complacencia, no han merecido la debida atención de los “hacedores de política”
y diversos ámbitos académicos, políticos e, incluso, sindicales. Al
respecto, cabe recuperar tres cuestiones.
-
En primer lugar, el hecho de que las compañías transnacionales que se desenvuelven en el nivel local sean relativamente poco generadoras de empleo por unidad producida y que en su interior se manifieste una distribución funcional del ingreso sumamente regresiva, constituye un aspecto estructural que plantea numerosos interrogantes en cuanto a que el 42 poder económico realmente existente pueda oficiar de vector conductor de un “modelo de acumulación con inclusión social”.
-
En segundo lugar, es importante reparar en los riesgos que sobre las cuentas externas se derivan de que los actores que controlan una proporción muy considerable y creciente del ingreso nacional sean fuertes demandantes de divisas por distintos motivos: altos coeficientes de importación (con su correlato en el plano interno en débiles grados de articulación e integración productiva y tecnológica y el consiguiente afianzamiento del carácter trunco de la estructura manufacturera), remisión al extranjero de utilidades y dividendos, pago de honorarios y royalties por la compra y/o la utilización de tecnologías y/o patentes, fijación de precios de transferencia en sus transacciones intracorporativas, intereses devengados por el endeudamiento con el exterior, etc.. A ello debería agregarse la reticencia inversora del capital extranjero, así como la de los segmentos nacionales del poder económico y su tradicional “vocación” por la fuga de capitales.
-
En tercer lugar, el predominio económico que experimenta la fracción extranjera de la elite empresaria involucra diversos sesgos para la profundización y/o la complejización de la estructura productiva, puesto que estos capitales, en procura de minimizar sus costos absolutos en el nivel mundial, suelen carecer de interés real para ello. Seguramente de allí pueda desprenderse la baja tasa de reinversión de utilidades de las compañías foráneas en un escenario de apropiación de elevados márgenes de ganancia, de vigencia de una distribución funcional del ingreso altamente regresiva, de ampliación de la demanda local e internacional y de ausencia de cambio estructural en el perfil de especialización y de inserción internacional de la Argentina.
Se
trata de cuestiones que, de no mediar políticas activas que las contrarresten,
pueden acarrear efectos negativos sobre la dinámica socio-económica y
profundizar el señalado poder de veto de estos grandes capitales y la pérdida
de autonomía relativa del Estado en sus distintos estamentos. Ahora bien, los
análisis que anteceden y las evidencias disponibles también sugieren que la
notable extranjerización de la economía doméstica es indicativa de la
ostensible debilidad del capital nacional. Se trata de una fracción que, ante
su incapacidad de competir con el capital extranjero, ha venido desplegando una
estrategia que la ha llevado a resignar porciones importantes de la estructura
económica en un contexto de repliegue hacia ámbitos productivos ligados al
procesamiento de recursos básicos relacionados con la “vieja”, pero sumamente
actual inserción del país en la división internacional del trabajo, la que, vale
enfatizar, tiene en los salarios bajos un dato estructural. Así,
en su internacionalización subordinada, estos sectores han
renunciado a encarar un proyecto susceptible de impulsar la reindustrialización
sobre la base del desarrollo y el control de nuevas capacidades productivas que
puedan recrear y/o potenciar las ventajas dinámicas de la economía local, como
mecanismo para hacer viable una sociedad más inclusiva e igualitaria. De allí
que se encuentren en las antípodas de lo que constituiría una genuina burguesía
nacional.(…)
REFLEXIONES FINALES
(…) Creo
que es un deber de los economistas contribuir a esclarecer a fondo los términos
del problema”. Ahora bien, los desarrollos que anteceden quedarían inconclusos o
parecerían una suerte de diagnóstico sin posibilidad de resolución, si no
incluyeran algunas reflexiones que, en el actual contexto nacional, regional e
internacional, podrían contribuir a morigerar o eliminar sus actuales o
potenciales efectos perniciosos sobre el comportamiento de la economía y la
sociedad argentinas, particularmente si se procura consolidar un modelo de
acumulación que priorice el desarrollo económico con una creciente inclusión
social. De allí que en las líneas que siguen, con el propósito de evitar caer
en la mencionada política del avestruz, se plantea, para la discusión, una
serie de lineamientos que podrían aportar al tratamiento de las problemáticas
de la concentración y la extranjerización, sin que ello suponga
una transformación radical e integral de una sociedad capitalista que busca
alcanzar estadios de desarrollo nacional nuevos y mucho más equitativos, así
como romper con muchas de las pesadas herencias del neoliberalismo en
diferentes planos (no sólo económicos). Naturalmente, la
definición de políticas públicas de tratamiento a la concentración y la extranjerización
de la economía local ordenadas a partir de los ejes que se presentan a
continuación, debería ser uno de los nudos principales de un plan nacional de
desarrollo, en el cual, además de definirse prioridades estratégicas en
diversos aspectos, se deberían fijar distintos tipos de metas de desempeño a
cumplir por los diferentes actores (sobre todo los de mayor poderío
económico y los más transnacionalizados), así como también un sistema de
“premios y castigos” lo suficientemente explicitado y de cumplimiento efectivo.
Ejes de intervención vinculados con la concentración
económica En primer lugar, teniendo en cuenta el notable grado
alcanzado por la concentración económica y la centralización del capital, surge
como una necesidad imperiosa la de equilibrar las relaciones entre los
distintos tipos de empresas mediante una aplicación adecuada e integral de la
legislación vigente en materia de defensa de la competencia (Ley Nº 25.156);
incluyendo la dilatada conformación del Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia. Esto debería involucrar, en toda su complejidad, los dos grandes
campos de acción que habilita la legislación (incluso de oficio, sin que exista
denuncia al respecto): el control riguroso de las fusiones y adquisiciones y,
también, la identificación de prácticas distorsivas de la competencia y/o de
abuso de posición dominante y/o de conductas desleales. En segundo lugar,
atendiendo a la propia intensidad del proceso de concentración del capital en
general, y en la industria en particular, el análisis de la formación de precios
en mercados oligopólicos u oligopsónicos y la identificación de posibles
prácticas desleales (con su correspondiente penalización), deberían ser un
objetivo ineludible de la política económica. En tercer lugar, a partir de la
“institucionalización” de la figura del grupo económico, cabría establecer
ciertos límites a su expansión, así como definir nuevas relaciones entre el
capital oligopólico y las firmas de menores dimensiones. Se trata de un
instrumento estratégico que, profundizando las acciones que brinda la
legislación vigente en la materia, permitiría acotar fuertemente los
comportamientos oligopólicos u oligopsónicos. No se trata únicamente de
establecer los límites a las transferencias de paquetes accionarios y a las
estrategias de integración vertical, horizontal y de conglomeración de los
grandes capitales nacionales y extranjeros, sino de fijar normas que reglen las
relaciones entre los mismos y las compañías de menor envergadura que sean
proveedoras de insumos o competidoras. En otros casos, la intención es evitar
que un conglomerado económico subsidie una estrategia de expansión en alguna
actividad a partir de su participación en algún mercado que se caracterice por
presentar un elevado grado de concentración y/o una baja sensibilidad de la
demanda ante variaciones en los precios. El proclamado “desarrollo de
proveedores” por parte de las grandes firmas, así como el fortalecimiento de
las “cadenas de valor”, perderían gran parte de sus potencialidades de no ser
acompañados por un 45 seguimiento y un control efectivos de las prácticas
anticompetitivas que se pudieran ir manifestando en su interior. En cuarto
lugar, en estrecha vinculación con lo anterior, se encuentra la necesidad de
formular e implementar un régimen de “compre nacional” (o símil) que, en el
marco de las máximas posibilidades tecno-productivas existentes, establezca la
obligación de las grandes empresas que reciben algún tipo de subvención estatal
de formar proveedores locales y demandarles sus insumos y bienes de capital a
esos productores.
Cabe recordar que uno de los efectos más discriminatorios contra los sectores productivos locales generados por la apertura importadora y el proceso de extranjerización acaecidos desde la década de 1990 ha sido la profunda desintegración vertical de la producción nacional. Tal es su gravedad que ello se expresa en un rasgo que no hace muchos años era un hecho excepcional en la producción industrial: la creciente importancia del armado de productos en base a insumos y partes importadas, que determina un avance casi nulo en materia de investigación y desarrollo local y una gran rigidez en el nivel de las importaciones y el consiguiente impacto en la necesidad de disponer de las divisas que las hagan posible (lo cual, a su vez, fortalece el poder de veto de los grandes agentes exportadores). Por ejemplo, ello debería involucrar la revisión del régimen preferencial del sector automotor, particularmente en su relación con los autopartistas nacionales y, es más, con un severo control sobre la operatoria comercial de las terminales. Al respecto, las restricciones cuantitativas a las importaciones puede ser una política de paliativo coyuntural pero debería apuntarse a las propias bases estructurales que, pese al “dólar alto” en la posconvertibilidad, no han sido revertidas en materia de funciones de producción con un alto componente importado de insumos y tecnologías. Esto resulta particularmente importante en términos de los actores que han pasado a constituirse en dominantes en la cúpula empresaria del país: las compañías extranjeras.
Ejes de intervención vinculados con la extranjerización de
la economía
En
primer lugar, sería sumamente auspicioso que se implementara un registro de
inversores y empresas foráneas, atento a la ostensible permisividad de la
legislación vigente en lo que se refiere a la remisión de utilidades y la
repatriación de capitales, y de un conjunto de medidas tendientes a reducir lo
más posible la considerable propensión importadora que caracteriza a las firmas
de capital extranjero radicadas en el país, así como el constante drenaje de
divisas que realizan (giro de utilidades, pago de royalties e intereses, etc.).
Entre otras modalidades de intervención, lo señalado se podría implementar a
partir del establecimiento de limitaciones al giro de utilidades, la imposición
de niveles mínimos de las ganancias que deben reinvertirse en el país con
vistas a la generación de superiores capacidades productivas (priorizando el
abastecimiento de equipos, insumos y conocimientos generados en el ámbito
local) y la garantía de cumplimiento del régimen de “compre nacional”. Al
respecto, más allá de su inserción en un escenario interno y mundial muy disímil
del presente, y en vistas de la necesidad de modificar el marco normativo
actual, algunas de las disposiciones de la Ley de Inversiones Extranjeras
sancionada durante el último gobierno de Perón invitan a la reflexión, más aún
si se tienen en consideración las que fueran, en ese entonces, más que precisas
prospectivas en la materia.
En
segundo lugar, dado que una de las formas tradicionales con las que las empresas
extranjeras reasignan el excedente a nivel de la corporación de la cual forman
parte está vinculada con la fijación de precios de transferencia, el
establecimiento de un estricto control sobre tal tipo de prácticas debería
constituir un objetivo central de la política económica. Más aún cuando tales
conductas conllevan importantes efectos negativos sobre las cuentas fiscales y
el sector externo (fuga de capitales encubierta).
En
tercer lugar, en tanto las empresas extranjeras que actúan en el país conservan
en sus países de origen una proporción abrumadoramente mayoritaria de sus
gastos e inversiones en materia de Inversión y Desarrollo (I y D), deben
contemplarse medidas que se orienten a incrementar los -hoy insignificantes-
niveles de inversión en I y D en el país. En este punto se debería abrir un
espacio de necesaria y mucho mayor confluencia entre las empresas y los
distintos organismos de promoción científico-tecnológica que existen en el país,
en un marco de reforma, control y gran reforzamiento de los mismos (ello, con
la finalidad de evitar, como es habitual, su cooptación, fundamentalmente por
parte de las grandes firmas).
En
cuarto lugar, dado el elevado grado de extranjerización del aparato productivo
local, y considerando que, por ejemplo, buena parte de la inversión extranjera
directa se dirigió hacia rubros que se ubican en las primeras etapas del
procesamiento (con escasas articulaciones con el resto del entramado
económico), se debería estimular la inversión en actividades de mayor
agregación de valor como vía inductora de un nuevo perfil de especialización
productiva menos ligado al aprovechamiento de recursos naturales y más
vinculado con actividades ubicadas en las fases finales del proceso
productivo. A modo de ejemplo sobresale el caso de una de las actividades
productivas que más ha crecido en los últimos años a punto tal de emerger casi
como una nueva rama de actividad: la minería metalífera (como se señaló, en los
hechos se trata de un enclave exportador controlado por empresas
transnacionales).
Si bien
es una temática compleja, hay ciertos aspectos que deberían ser tomados
particularmente en consideración como la revisión de incentivos fiscales y
cambiarios que son redundantes ante los holgados beneficios obtenidos por tales
firmas (potenciados por el “dólar alto” y un escenario internacional en fuerte
expansión), la revisión de los parámetros establecidos para el pago de regalías
(muy distantes de los tributados en otros países), un mayor control
medio-ambiental, de las propias declaraciones juradas de producción y
exportación, de las condiciones laborales (particularmente en lo relativo a la
seguridad del trabajo), y explorar las posibilidades tecnológicas de
incrementar sustancialmente el grado de elaboración local de la producción (por
caso, en el ámbito de la refinación). Ahora bien, es
indudable que la posibilidad de redefinir con los criterios aludidos el accionar
estatal en materia de tratamiento al capital extranjero (tanto el ya radicado,
como sobre las nuevas inversiones), se vincula necesariamente con la
posibilidad de derogar una de las tantas normas legales sancionadas durante la
dictadura militar que aún permanecen vigentes (la Ley Nº 21.382 de 1976 y su
texto ordenado por el Decreto Nº 1.853/93) y reemplazarla por un nuevo régimen
en la materia. En este sentido, algunas de sus disposiciones, como las
del artículo 9º, parecen casi un despropósito que atenta contra la propia
lógica económica. De todas maneras, el tema más significativo a resolver es el
que se relaciona con las disposiciones de su artículo 1º: “Los inversores
extranjeros que inviertan capitales en el país tendrán los mismos derechos y
obligaciones que la Constitución y las leyes acuerdan a los inversores
nacionales” (véase el Recuadro 2). En realidad, tal como quedó demostrado con
las demandas interpuestas por muchas de las empresas privatizadas durante la
década de 1990, esa “igualdad de derechos” no es tal en tanto todas aquellas
compañías foráneas provenientes de algunos de los tantos países con los que la
Argentina firmó Tratados de Protección y Promoción de la Inversión Extranjera (TBIs)
(…)
Leer
