Que consiguió impunidad por nuestro Estado promotor de biocombustibles, IIRSA e hipermercados.
La refuerza con el PEA2
y la Ley de semillas o Ley Monsanto
Partamos de la realidad concreta: hubo expansión del monocultivo de soja entre 2003 y
2012 que ocupó, respectivamente, 12 millones de hectáreas (38% de las
cultivadas) y 19,8 millones de hectáreas (56% de las cultivadas). Y el PEA2 persigue extender esta invasión desertificadora.
Argentina: el Plan
Estratégico Agroalimentario y
Agroindustrial 2020.
6 de septiembre de 2011
6 de septiembre de 2011
Por
Guillermo Almeyra
(…)En tercer lugar, los objetivos dejan intocado el papel de los pools de
siembra sojeros y de los grandes monopolios graneros así como el poder de los
terratenientes. Plantea, simplemente, lograr más de lo mismo y de la misma
manera.
La producción de biocombustibles a partir de cereales secundarios y trigo aumentaría del 10 al 14 por ciento y del 9 al 16 por ciento [1] la de biocombustibles provenientes de oleaginosas, con lo cual el campo, cada vez más, produciría para calmar la sed de combustibles de los automóviles y no el hambre de la gente en un proceso donde la producción para las máquinas reducirá la oferta de los alimentos populares y los encarecerá.
El PEA plantea, además, elevar la actual producción de 100 millones de toneladas de granos a 157 millones y extender la superficie sembrada hasta 42 millones de hectáreas. Esto se haría, evidentemente, a costa de nuevas tierras, que son frágiles como las del Chaco y Formosa, Santiago del Estero o Jujuy, de la expulsión de unidades familiares campesinas, de la deforestación y de todos los desastres ambientales (inundaciones, deslaves, agotamiento de los suelos) resultantes de esta extensión de la frontera agrícola. No calcula los posibles efectos del cambio climático (temperaturas más extremas, sequías, disminución de las fuentes hídricas) ni la competencia por el agua con la industria minera que el gobierno quiere fomentar a toda costa, atraído por el alto precio de la onza de oro. Las verduras, frutas y hortalizas y legumbres, vitales para una alimentación sana, quedan en la sombra ante la promoción del modelo sojero de producción y de exportación que deja concentrada en pocas manos –de los pools de siembra como Grobocopatel y otros- o de los oligopolios transnacionales la producción de las divisas necesarias para el desarrollo del país pues el PEA calcula que las exportaciones totales del sector agroalimentario y agroindustrial aumentarían en un 145 por ciento pasando a casi 100 mil millones de dólares.
Las exportaciones agroalimentarias y agroindustriales deberían dar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria y en cambio, con el PEA, no aseguran una provisión abundante de alimentos buenos y baratos a la población ni la producción en el país de lo que ésta necesita.
El PEA mantiene el actual modelo de extracción “minera” de la tierra para beneficio de unos pocos que exportan sus ganancias o exportan ilegalmente capitales. El gobierno “progresista” ni piensa en tocar la renta parasitaria ni planifica el desarrollo demográfico, energético, productivo, industrial, tecnológico para encarar el futuro próximo. Parte de mantener la industria del automotor sobre la base del petróleo y de los biocombustibles, de hacer el trazado de los transportes en función de esa industria saturada, obsoleta y en poder del capital extranjero, no preserva los suelos sino que fomenta la soja y la deforestación, no busca cómo hacer que la producción agrícola fomente el desarrollo de las energías no contaminantes (solar, las mareas de la Patagonia, los vientos australes), mantiene las contaminantes usinas a carbón o las peligrosas usinas atómicas, o las atrasadas usinas termoeléctricas como únicas posibles, no legisla sobre cómo preservar las fuentes de agua.
La producción de biocombustibles a partir de cereales secundarios y trigo aumentaría del 10 al 14 por ciento y del 9 al 16 por ciento [1] la de biocombustibles provenientes de oleaginosas, con lo cual el campo, cada vez más, produciría para calmar la sed de combustibles de los automóviles y no el hambre de la gente en un proceso donde la producción para las máquinas reducirá la oferta de los alimentos populares y los encarecerá.
El PEA plantea, además, elevar la actual producción de 100 millones de toneladas de granos a 157 millones y extender la superficie sembrada hasta 42 millones de hectáreas. Esto se haría, evidentemente, a costa de nuevas tierras, que son frágiles como las del Chaco y Formosa, Santiago del Estero o Jujuy, de la expulsión de unidades familiares campesinas, de la deforestación y de todos los desastres ambientales (inundaciones, deslaves, agotamiento de los suelos) resultantes de esta extensión de la frontera agrícola. No calcula los posibles efectos del cambio climático (temperaturas más extremas, sequías, disminución de las fuentes hídricas) ni la competencia por el agua con la industria minera que el gobierno quiere fomentar a toda costa, atraído por el alto precio de la onza de oro. Las verduras, frutas y hortalizas y legumbres, vitales para una alimentación sana, quedan en la sombra ante la promoción del modelo sojero de producción y de exportación que deja concentrada en pocas manos –de los pools de siembra como Grobocopatel y otros- o de los oligopolios transnacionales la producción de las divisas necesarias para el desarrollo del país pues el PEA calcula que las exportaciones totales del sector agroalimentario y agroindustrial aumentarían en un 145 por ciento pasando a casi 100 mil millones de dólares.
Las exportaciones agroalimentarias y agroindustriales deberían dar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria y en cambio, con el PEA, no aseguran una provisión abundante de alimentos buenos y baratos a la población ni la producción en el país de lo que ésta necesita.
El PEA mantiene el actual modelo de extracción “minera” de la tierra para beneficio de unos pocos que exportan sus ganancias o exportan ilegalmente capitales. El gobierno “progresista” ni piensa en tocar la renta parasitaria ni planifica el desarrollo demográfico, energético, productivo, industrial, tecnológico para encarar el futuro próximo. Parte de mantener la industria del automotor sobre la base del petróleo y de los biocombustibles, de hacer el trazado de los transportes en función de esa industria saturada, obsoleta y en poder del capital extranjero, no preserva los suelos sino que fomenta la soja y la deforestación, no busca cómo hacer que la producción agrícola fomente el desarrollo de las energías no contaminantes (solar, las mareas de la Patagonia, los vientos australes), mantiene las contaminantes usinas a carbón o las peligrosas usinas atómicas, o las atrasadas usinas termoeléctricas como únicas posibles, no legisla sobre cómo preservar las fuentes de agua.
El PEA
confunde crecimiento con desarrollo y mayor exportación a cualquier costo social
o ambiental (en el caso, siempre, de que la logre) con desarrollo humano.
Incluso si los resultados del PEA fuesen alcanzados se habrían perdido diez años
cruciales en los que la crisis mundial permite buscar alternativas y los suelos
y el ambiente, que presentan signos de deterioro, estarían mucho más
comprometidos por un tipo de extracción salvaje.
NOTA: [1] Cifras de Página 12: ”Un plan de diez años APRA agrandar el campo”, 5/09/11, págs 2-3
Guillermo Almeyra es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso.
NOTA: [1] Cifras de Página 12: ”Un plan de diez años APRA agrandar el campo”, 5/09/11, págs 2-3
Guillermo Almeyra es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso.
Fuente:http://argentina.indymedia.org/news/2011/09/791958.php
Frente a este proceso de acaparamiento económico territorial (no
circunscrito al agro y propio de todo el capitalismo mundializado), hallamos relatos del autodenominado "campo
profundo" que
colaboran en concretar la impunidad de esa acumulación oligopólica e imperialista al
tergiversar la realidad de la agricultura industrial durante la deKada e
ilusionar sobre:
La Ley de
Agricultura Familiar tiene media sanción
14 de noviembre de 2014
14 de noviembre de 2014
Por
Gerardo Roberto Martínez,
referente de Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO), Presidencia de la
Plaza (Chaco)
En la sesión del pasado miércoles se dio media sanción a la primera
ley de agricultura familiar en la historia
argentina. Esta ley reivindica al sector
productivo de la familia agraria, históricamente
postergado y en algunos lugares casi en
extinción pero que representa la gran
mayoría de las explotaciones agropecuarias del país, ya que el
65% de los productores argentinos son
agricultores familiares. Para los
pequeños y medianos productores, para las familias campesinas e
indígenas, para quienes hemos hecho de nuestra
profesión un compromiso de vida con los
sectores más desprotegidos de la ruralidad, no puede menos que alegrarnos esta
decisión que representa la continuidad de
las políticas nacionales de Néstor y Cristina Kirchner, que hizo
visible, creó estructuras y financiamiento para
el apoyo a la agricultura familiar,
logros y procesos de sostenimiento que hoy
tienen institucionalidad con el dictado de esta
ley.
Cabe resaltar que esta ley fue elaborada y consensuada por las propias
organizaciones campesinas nucleadas en la
Federación de Organizaciones
Nucleadas de la Agricultura Familiar, el Movimiento Nacional Campesino e Indígena - Vía Campesina, Asamblea Campesina e Indígena del Norte
Argentino y el Frente Nacional Campesino.
Por el compromiso asumido en llevar adelante este proyecto, hay que remarcar el trabajo realizado por los diputados Carlos Gustavo Rubín, Gladys Beatriz Soto, Araceli Ferreyra, Juan Fernando Marcopulos y Diana Beatriz Conti, quienes firmaron el proyecto de ley. Se debe agradecer también al diputado Gustavo Martínez Campos por el acompañamiento en la sanción de la ley. Personalmente y de manera especial se agradece al diputado José Mongeló, quien comprometiera su apoyo para que este proyecto sea una realidad en oportunidad de realizar la presentación de la ley en la provincia del Chaco, en una jornada de trabajo realizada en Presidencia de la Plaza el pasado mes de junio. En dicha oportunidad, el diputado Mongeló expresó: “Comprometo todo mi esfuerzo para que esta iniciativa, que es el fruto de las aspiraciones legitimas y necesarias de los productores campesinos que hicieron y hacen grande al Chaco y al país, pueda ser sancionada antes de fin de año. Será una reparación histórica, pero será también un significativo paso en la reconstrucción de un modelo agrario inclusivo en el marco de la nueva ruralidad y la ampliación de derechos que iniciáramos una década atrás”.
Fuente: http://www.eschaco.com/vernota.asp?id_noticia=34725
Nucleadas de la Agricultura Familiar, el Movimiento Nacional Campesino e Indígena - Vía Campesina, Asamblea Campesina e Indígena del Norte
Argentino y el Frente Nacional Campesino.
Por el compromiso asumido en llevar adelante este proyecto, hay que remarcar el trabajo realizado por los diputados Carlos Gustavo Rubín, Gladys Beatriz Soto, Araceli Ferreyra, Juan Fernando Marcopulos y Diana Beatriz Conti, quienes firmaron el proyecto de ley. Se debe agradecer también al diputado Gustavo Martínez Campos por el acompañamiento en la sanción de la ley. Personalmente y de manera especial se agradece al diputado José Mongeló, quien comprometiera su apoyo para que este proyecto sea una realidad en oportunidad de realizar la presentación de la ley en la provincia del Chaco, en una jornada de trabajo realizada en Presidencia de la Plaza el pasado mes de junio. En dicha oportunidad, el diputado Mongeló expresó: “Comprometo todo mi esfuerzo para que esta iniciativa, que es el fruto de las aspiraciones legitimas y necesarias de los productores campesinos que hicieron y hacen grande al Chaco y al país, pueda ser sancionada antes de fin de año. Será una reparación histórica, pero será también un significativo paso en la reconstrucción de un modelo agrario inclusivo en el marco de la nueva ruralidad y la ampliación de derechos que iniciáramos una década atrás”.
Fuente: http://www.eschaco.com/vernota.asp?id_noticia=34725
En la explicación
ningunea
el crecimiento que maximiza la concentración-centralización gran
capitalista durante la deKada. También asume el papel del INDEC porque falsifica el cuadro de situación de los productores. Consideremos:
Agricultura familiar, agronegocios y transformación del campo
Identificar al
sujeto agrario
31
de agosto de
2014
Existe una
idealización de un 70 por ciento del campo como “agricultura familiar”, como
destacan dependencias oficiales. Ha habido cambios en ese sector agrario en la
expansión de la matriz productiva denominada agronegocio y cuyo paradigma es la
soja.
Por Norma
Giarracca *
Trabajar sobre la estructura social agraria nunca fue tarea fácil, pues siempre
supuso un campo de conflictos y tensiones. Los abundantes estudios históricos y
de la sociología rural destacaron siempre el papel importante de los sectores
productores capitalistas pequeños y medianos, que estuvieron en condiciones de
introducir innovaciones tecnológicas y acumular capital, y que pudo convivir con
la gran propiedad terrateniente por una serie de arreglos institucionales que el
Estado fue llevando a cabo durante las primeras décadas del siglo XX.
Hoy escuchamos y leemos de fuentes oficiales que ese sector que conceptualizan como “agricultura familiar” puede asimilarse a amplios tipos de pobladores del campo. Dice un informe destinado al registro nacional de agricultura familiar producido por esa Secretaría: “El concepto amplio de agricultura familiar comprende las actividades agrícolas, ganaderas o pecuarias, pesqueras, forestales, las de producción agroindustrial y artesanal, las tradicionales de recolección y el turismo rural. El término agricultores familiares incluye a lo que se nombra en distintas provincias o contextos como pequeño productor, minifundista, campesino, chacarero, colono, mediero, productor familiar y también los campesinos y productores rurales sin tierras, y las comunidades de pueblos originarios”. Para rematar diciendo que es una “forma de vida” y una cuestión cultural.
Es decir,
lo define
como un concepto tan amplio que no se sabe bien qué es, ya que incluye múltiples
sujetos sociales del campo que muy poco tienen que ver unos con los otros.
A todo ese amplio conjunto lo ubican como categoría censal en el estrato de
productores de “hasta 200 hectáreas”, y Emilio Pérsico mismo, secretario de
Agricultura Familiar, afirma que después de un fuerte proceso neoliberal de
apropiación de tierra han quedado en el país “unos 250.000 productores de la
agricultura familiar y unos 100.000 de la de mercado”; en otras oportunidades el
funcionario insiste en que representa el 70 por ciento de la unidades
productivas del Censo.
En este punto es necesario poner luz para comprender las profundas transformaciones del sector agrario argentino y, sobre todo, el cambio que supuso en este sector pasar de colono, chacarero a sojero, procesos ampliamente estudiados. En efecto, dentro de este sector ocurrieron muchas cosas –endeudamientos, pérdidas de campos, multiactividad familiar–, pero muchos de los que lograron permanecer se transformaron en productores sojeros o de otros agronegocios, que más allá de su escala de producción han quedado muy lejos de cualquier definición de agricultura familiar. Los cambios ocurrieron no sólo con los que entraron en la expansión del agronegocio sino con casi todo el sector. Esas características atribuidas a una “agricultura familiar” ya no las encontramos en los chacareros concretos de las distintas regiones del país. El trabajo ya no es familiar, se gestiona de otro modo; contratistas y otro tipo de tercerizaciones ya no viven en la explotación sino en los pueblos y ciudades como Rosario y se autoidentifican generalmente con los sectores capitalistas (recuérdese el conflicto con el gobierno en 2008).
No hace falta más que viajar al sur de Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos
Aires o simplemente escucharlos a ellos a través de excelentes trabajos que
describen la diferenciación social del sector, “los exitosos” y los que quedaron
en el camino o se convirtieron en rentistas, estudios que los fueron a buscar
adonde se mudaron y les hicieron contar sus historias. Y todos estos trabajos,
así como los nuestros, coinciden en buscar la comprensión de todos estos cambios
en el nivel de este sector agrario en la expansión de la matriz productiva que
denominamos agronegocio y cuyo paradigma es la soja.
El sector al que van dirigidos los documentos de la Secretaría de Agricultura Familiar y el importante anteproyecto de ley de agricultura familiar son grupos emergentes en las últimas décadas organizados en “movimientos campesinos”, y está muy bien que así sea, pues ha sido un sector arrinconado y maltratado por los nuevos inversores en los últimos años. Ahora es importante señalar que la producción de alimentos de este sector tiene impacto familiar o local pero nada nos dice del verdadero problema del productor de alimentos, que siempre estuvo localizado en aquel otro sector chacarero. Esta cuestión es básica para pensar el futuro agrario y alimentario del país y no está involucrado en estas políticas públicas emergentes en el año internacional de la “agricultura familiar”.
Con todo respeto consideramos que existe una idealización de un 70 por ciento
del campo como “agricultura familiar” y corre riegos la interpretación del
anteproyecto de la ley de semillas. Todo esto necesita un debate urgente, con
información actualizada, con voces oficiales y críticas, representante de los
actores así como de los técnicos y de las universidades públicas para discutir
qué agricultura y qué alimentación requerimos para el país y qué políticas se
necesitan para los productores agrarios de alimentos. Se trata de conocer qué
alternativas serias y viables existen más allá del agronegocio, sobre todo ahora
que las variables económicas de rentabilidad están cambiando mucho y se presenta
la oportunidad de pensar nuevamente qué agricultura de alimentos necesitan el
país, la tierra, las poblaciones y la alimentación sana de la población.
* Socióloga. Titular de Sociología Rural. FCSUBA
Con la lógica capitalista se centran en soluciones de su
sector y sus necesidades financieras. Sobre todo, las descontextualizan de que nuestro Estado
se subordina a Monsanto y a China que demandan, ambos, intensificación
del modelo de soja transgénica. Constatemos:
Las
organizaciones del campo profundo del país
manifiestan su profunda preocupación por la
media sanción sin presupuesto de la
ley de la agricultura familiar.
En el día de ayer la Cámara de Diputados de la Nación, en sesión ordinaria,
trató el Proyecto de Ley denominado: “Régimen de Reparación Histórica de la
Agricultura Familiar”.
En estos últimos años el Gobierno Nacional ha avanzado a paso firme en la
institucionalización de sector, creando la Subsecretaria y luego la Secretaria
de Agricultura Familiar.
Nuestras organizaciones desde el primer momento reconocemos los importantes
avances, sintiéndonos parte de este proyecto nacional y popular, pero al mismo
tiempo creemos que es necesario mayor presupuesto para el Sector.
Es por ello que al hacer nuestros aportes al Proyecto de Ley, propusimos la
creación de un presupuesto propio de 1.500 millones de pesos para atender las
legitimas demandas de nuestro sector, que representa las mayorías en el campo
argentino, sector que solo puede avanzar con una inversión importante del
Estado. Este aporte fue consensuado además con la comisión de Agricultura y de
Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. Festejamos con más de 400
compañeros y compañeras movilizados la media sanción en el Congreso, pero
lamentablemente, a ultimo momento los diputados votaron la media sanción
de la ley sin tener el cuenta el tema central: el presupuesto para atender
nuestras legitimas demandas de manera integral en todo el territorio del
País, en un acto que contradice los intereses de las los sectores
populares que hacemos y construimos la ruralidad. No existe diseño de
Políticas Publicas que logren mejorar la calidad de vida de nuestros compañeros
y compañeras sino se avanza en la firme decisión de aportar Recursos
genuinos para que eso suceda.
Una Ley de Agricultura Familiar sin Presupuesto Propio, es sólo una
Declaración de Principios.
Exigimos entonces que la cámara de senadores incorpore el tema presupuestario
asignando los 1500 millones de pesos para el sector.
Convocamos a una Conferencia de Prensa para el día miércoles de la semana que
viene en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Convocan:
ASAMBLEA
CAMPESINA INDIGENA DEL NORTE ARGENTINO (ACINA),Jose Luis Castillo
MOVIMIENTO
NACIONAL CAMPESINO INDIGENA – MNCI – VIA CAMPESINA, Angel Strapazzon,
FRENTE
NACIONAL CAMPESINO (FNC), Benigno
Lopez
FRENTE AGRARIO EVITA, Miguel Angel Gómez
GRITO DE ALCORTA, Pedro Peretti
MOVIMIENTO CAMPESINO DE LIBERACION (MCL), Jose
Livolti
MOVIMIENTO AGRARIO MISIONES (MAM) Salvador
Torres
Fuente: "Foro
Hacia Otra Economía" de Grupos de Google.
-- HABITAR ARGENTINA
CONTACTO: habitarargentina@gmail.com
habitarargentina.blogspot.com
facebook.com/habitarargentina
Las organizaciones del campo profundo hacen este pronunciamiento en momentos en que hay
tres campañas contra la Ley de
Semillas o de Monsanto (impulsada desde el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca atendiendo a esa corporación de Estados Unidos) por implicar agravación de la transnacionalización
del país; desaparición forzada de productores pequeño-medianos,
campesinos e indígenas; y destrucción de la soberanía alimentaria, de las
biodiversidades y de las posibilidades de buen vivir abajo. Aún más,
esas campañas pluralistas y multisectoriales comparten reclamos de derechos con las
luchas contra todo el modelo extractivista exportador como se señala en:
"No
nos patenten la vida.
Campaña contra la privatización
de las semillas en Argentina":
"El avance de la frontera sojera representa el correlato territorial de una ofensiva extractivista general a nivel local y latinoamericano. Así, la Argentina, con sus fuerzas políticas tradicionales como administradores de un modelo colonial, profundiza las actividades extractivas en todas sus variantes: continúa la devastación del corredor andino con la megaminería contaminante; la cementación urbana con fines de especulación inmobiliaria; se multiplican los monocultivos forestales y las papeleras y la industria pesquera sigue depredando nuestros mares. El gobierno nacional, además, a contramano de la necesidad imperiosa de construir una matriz energética alternativa -dadas las imprevisibles consecuencias del cambio climático- prioriza irresponsablemente, como respuesta a la crisis energética, la construcción de represas hidroeléctricas y nuevas centrales nucleares. Incluso profundiza la explotación de hidrocarburos no convencionales o fracking, cuyo andamiaje legal y orientación estratégica fijara el acuerdo de YPF con la transnacional Chevron el año pasado. (...)Leer
Es decir, las organizaciones del campo profundo no sólo se atribuyen la
representación completa de este último y lo subordinan al gobierno CFK por
reconocerlo "nacional-popular", desconociendo así su gestión del
extractivismo o mejor del capitalismo local. Sino también entran en fragante
contradicción con los intereses de campesinos e indígenas. Tengamos en
cuenta a:
Algunas reflexiones sobre
la coexistencia de
sistemas agrarios (“agronegocio”
y agricultura familiar)
en la Ley de Semillas
16 octubre 2014
16 octubre 2014
Por Patricia Langlais y Norma Giarracca
Introducción
Nos interrogamos si se comprende cabalmente lo que implica la aceptación de
convivencia entre modelos agropecuarios que son antagónicos. Lo que predomina
desde el debate público es la cuestión de la contaminación biológica. Por cierto
ésta no es poca cosa, sin embargo quienes defienden el modelo la minimizan
planteando, como solución, límites a las fumigaciones, simplemente.
Es preciso remarcar que en el caso de los OGM’s, no sólo es preocupante la
contaminación biológica sino la genética y la erosión de saberes, de
conocimientos. No es posible decir no al modelo de los agronegocios y al mismo
tiempo aceptar la coexistencia. No sólo por lo que sucede en el terreno concreto
(contaminación, erosión genética, secado de vertientes, de agua, de tierras,
reducción de la producción de alimentos, avance de la frontera agropecuaria,
disminución de explotaciones familiares…) sino en el “terreno” conceptual, en el
conocimiento: en este debate aceptar la privatización de la vida, las patentes,
es legalizar su apropiación.
Aceptación de los epistemicidios
A la incompatibilidad territorial y sus luchas, debemos sumarle la
incompatibilidad filosófica, epistemológica, abriéndose un denso campo de
debate.
Aceptar la coexistencia de estos modelos es renunciar al derecho al conocimiento
ya que sabemos del predominio del enfoque de la ciencia “biotecnológica” sobre
la construcción de saberes campesinos. La propiedad intelectual anula otras
formas de construcción y acceso al conocimiento.
Junto al creciente corrimiento de la frontera agropecuaria, no exento de
frecuentes violencias a quienes habitan esos territorios, otra frontera se
corre: la del conocimiento. El predominio de la biotecnología y de monocultura
de la tecno-ciencia se impone en detrimento de la ciencia (otros paradigmas
científicos) y las culturas, los saberes que campesinos crearon y recrearon
durante siglos de agricultura, como el de las semillas, las técnicas y las
tecnologías apropiadas. Se suma así, otro modo de violencia, la epistémica
ligada al modelo hegemónico de conocimiento; en palabras de Boaventura de Sousa
Santos, se produce un epistemicidio, el exterminio de miradas, conocimientos
generados durante siglos y probados incluso durante la “modernidad”. Siguiendo
con el autor, la desaparición de esos conocimientos (semillas, por ejemplo),
trae aparejada la subalternización de los grupos sociales cuyas prácticas se
asentaban en tales conocimientos. La colonialidad del saber, “la violencia
civilizadora”, caló hondo, e incluso en muchos casos, llegó a convencer de que
es mejor la semilla comprada. Para decolonizar es necesario visibilizar esas
violencias, siguiendo a Santos, desnaturalizarlas.
La ley se semillas habilitará el crecimiento de los OGM. El hambre y la inseguridad alimentaria se encuentran en relación directa con la pérdida de diversidad cultural y biológica de semillas y del campesinado que la recrea y son consecuencias de dicho modelo homogeneizador. Por ello, sabemos que el problema del hambre no se resuelve con producciones transgénicas, tecnología fallida (Vandana Shiva), insustentable en todos los órdenes.
La propuesta de convivencia es una falacia
Pareciera
que quienes acuerdan con la convivencia están aceptando la propiedad
intelectual, el patentamiento de las semillas y los transgénicos. Enorme
contradicción dado que la soberanía alimentaria supone diversidad y la
imposibilidad lógica de convivir con la monocultura. ¿Pueden organizaciones
campesinas estar de acuerdo con la convivencia?
Con esta aceptación no sólo la defensa del territorio quedará anulada sino la
defensa del conocimiento propio sobre las semillas y fundamentalmente la defensa
de la forma de vida campesina. ¿Cómo se puede elevar la bandera de la Soberanía
alimentaria junto a la de los agronegocios con sus monocultivos transgénicos? En
el anteproyecto de ley de semillas queda implícita la convivencia ya que habría
agricultores familiares “exceptuados” de las exigencias de la ley.
La propiedad intelectual sobre las semillas, la legalización del patentamiento, implicará que los agricultores se transformen en arrendatarios del germoplasma. Por lo tanto criminalizará las prácticas de uso de las semillas que los campesinos detentan desde los comienzos de la agricultura: el derecho al libre almacenamiento, selección, mejoramiento, preservación e intercambio, o sea el derecho al “uso propio” de las mismas. Y esto es una afectación central en el anteproyecto que estamos discutiendo. Sólo aquellos que estén registrados podrán continuar con las prácticas enunciadas en el párrafo anterior.
En todo el
mundo tenemos ejemplos de las dificultades de convivencia del campesinado y el
agronegocio pero estas leyes de semillas las acentúan ya que mediante un sistema
policial aseguran
que las disposiciones se observen y permiten el decomiso y embargo de los
cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley. En
relación con el ejemplo de Brasil, en los comienzos del gobierno del presidente
Lula Da silva, se intenta una política de convivencia con dos instituciones
involucradas: El Ministerio de Agricultura que se ocupa del avance de
“agronegocios” y el Ministerio de la Reforma Agraria y el INCRA que es el órgano
ejecutor. Durante el gobierno de Lula se paraliza el reparto de tierra y
comienza una etapa de mejoramiento en la infraestructura de los asentamientos de
campesinos ya logrados como política central. En nombre del “consenso” se
paraliza la lucha del Movimiento Sin Tierra que había logrado un reparto
importante en los gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque con el “agronegocios”
el consenso, el diálogo, la convivencia significa la subordinación de los
actores subalternos a sus propios intereses de expandirse territorialmente y
conseguir ganancias y rentas.
Volviendo al tema del anteproyecto de ley de semillas en la Argentina, el régimen de “excepción” a sus exigencias nunca puede ser ventajoso para el campesinado ya que su correlato es la pérdida de autonomía, exponiéndose no sólo a sanciones sino a rupturas de lazos comunitarios con quienes no estén registrados o sea los “no exceptuados”. Esto producirá un serio daño en los mecanismos de reciprocidad y solidaridad que los campesinos sostienen en sus formas de vida rural y la continuidad de los saberes de producción y cuidados de la alimentación en su amplia acepción, en definitiva de la vida. Al perderse soberanía sobre el uso de las semillas se acentuará el riesgo de la seguridad alimentaria.
Violencia, conflictos y coexistencia de modelos
Como decimos en nuestro documento básico, “la
llamada “coexistencia” orientó a los principales actores a conformar una “Mesa
de Diálogo” convocada por el Estado (a través de la cartera de Agricultura
Familiar) que reunió a las corporaciones del agronegocio con algunas de las más
importantes organizaciones campesinas (entre ellas, el Movimiento Nacional
Campesino Indígena) y representantes de la Iglesia. Este encuentro fue resultado
de un nuevo clima cultural y político que habilita a través del diálogo (entre
actores de muy distinta capacidad económica y poder político), el “consenso” y
la “pacificación”. La historia está plagada de ejemplos que muestran la
imposibilidad de estos encuentros pacificadores cuando lo que está en juego es
la tierra y su “limitud”, las ganancias y abultadas rentas”.
Por las razones expresadas, si la ley se implementase, los conflictos se
acentuarían. El cercenar el “uso propio”, dará lugar a una violencia (ej. casos
de decomiso) aún mayor hacia el campesinado y ninguna legislación los amparará
ya que, frente a la Justicia, prevalecerá la que favorece a la de los
agronegocios.
Desde el siglo XX, con la crisis de la ingeniería social de la modernidad el
concepto de “representación” quedó seriamente cuestionado. Nadie puede hablar
por otro o como dicen los zapatistas “representar no es suplantar”. Quienes
hablan hoy en nombre del campesinado parecen olvidar lo que la soberanía
alimentaria significa y su incompatibilidad con la mentada convivencia.
El proceso que más conflictos genera es el avance de la frontera agropecuaria. La mejor manera de prevenir la violencia es acotar la producción de monocultivos transgénicos. ¿Pasa esto hoy en el país? Más bien todo lo contrario si recordamos las metas de producción sojera del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA2). Más bien se tiende al despoblamiento del campo y a la homogeneidad productiva.
Por eso resulta paradójico que en el anteproyecto aparezca la palabra soberanía
alimentaria, vaciándola del sentido original vinculado a la autonomía, a las
decisiones campesinas de qué y cómo producir y alimentarse. Recordemos además
que junto a las producciones violentadas se pierden culturas alimentarias y se
impone el “malcomer” que analizó Soledad Barruti en su libro.
Resistencias
La defensa de formas de vida campesina se expresa en las actuales resistencias
en distintos territorios y en propuestas de otros modos de vida, de producción y
consumo, de otra alimentación, al considerarla como hecho social y cultural
además de nutricional. Quienes resisten saben bien que no es posible la
convivencia con los agronegocios. Por esa conciencia, en países como Colombia,
Chile, Costa Rica, Guatemala, México también resisten a las leyes de semillas
que instalan los transgénicos.
Y en Perú hay una moratoria, ya que se supone que los OGM afectarían la
agrobiodiversidad. (a confesión de partes…) O sea, el principio precautorio es
tenido en cuenta. Por ello, hasta los cocineros se oponen (recordemos que la
cocina peruana se ha posicionado internacionalmente) ¿Cómo se podría avalar una
ley que da por sentada la inocuidad de los OGM? (Recordamos que en Europa
tampoco los quieren).
En nuestro país, desde distintos ámbitos surge un No a la ley de semillas, sin
embargo no podemos dejar de remarcar que a diferencia de aquellos, en que los
campesinos tuvieron un claro protagonismo, tal vez los encuentros de
coexistencia mencionados hicieron su efecto sobre la población campesina.
Sabemos de sus sufrimientos, por eso escribimos esto y decimos no a dichos
acuerdos promesantes ya que nadie podrá cuidarlos de los avasallamientos
mercantiles devastadores, salvo ellos mismos y con los apoyos de quienes
defiendan realmente la vida. ¿La ley, sellaría los mencionados pactos de
coexistencia?
¿Cómo se podría avalar una ley que contradice los objetivos de la soberanía
alimentaria, de la autodeterminación de los pueblos en cuanto a una producción y
alimentación nutricional y culturalmente adecuada? ¿No nos encontraríamos
entonces, ante una imposición alimentaria?
En las ciudades se hace oír cada vez más el apoyo a esos otros modos de producir
respetuosos de la vida, desde la semilla hasta el modo de llegar a la mesa. Por
eso, al reclamar la libertad de las semillas, la autonomía de los campesinos,
defendemos la continuidad de las formas vida elegida y de la alimentación
adecuada, diversa y cultural en un país que supo tenerla y la está perdiendo. Un
país que puede recuperar saberes, tradiciones actualizándolas y producir
verdaderos y suficientes alimentos (no transgénicos) para garantizar nuestra
soberanía alimentaria nuestra y la de las futuras generaciones.
Patricia Langlais y Norma Giarracca
Adherentes a la campaña “No nos patenten la vida”
Adherentes a la campaña “No nos patenten la vida”
Fuente: http://nonospatentenlavida.org/algunas-reflexiones-sobre-la-coexistencia-de-sistemas-agrarios-agronegocio-y-agricultura-familiar-en-la-ley-de-semillas-por-patricia-langlais-y-norma-giarracca/
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