De ahí el desafío de
construir el Nunca Más al
capitalismo.
Nosotros, los de abajo, debemos y
podemos decidir qué país necesitamos.
Comencemos por:
Mirar la realidad de frente
para cambiarla
7 de febrero de 2015
7 de febrero de 2015
Por Raúl Zibechi (La Jornada)
Aunque resulta indudable que vivimos un periodo
turbulento y, por tanto, opaco y confuso, la diversificación de los puntos de
observación y análisis necesarios para comprenderlo no debería dejar de lado
principios éticos sin los cuales la actividad para cambiar el mundo pierde
sentido. Las modas intelectuales, así como las ilusiones en la evolución gradual
del sistema, poco ayudan para guiarnos en la turbulencia.
Una de esas modas es la geopolítica. No son
pocos los que buscan atajos que nos evitarían los inevitables dolores de esta
etapa. Los BRICS forman parte de la nueva realidad multipolar y caótica,
llamados como están a desplazar a las potencias del Norte (Estados Unidos, Unión
Europea y Japón) como centros excluyentes del sistema-mundo.
Sin
embargo, los países llamados emergentes encarnan formas y modos de gestión del
capitalismo diferentes al modelo anglosajón, pero tan capitalistas como éste.
Si nos congratulamos de la transición en curso
hacia un mundo multipolar, es en la convicción de que el caos sistémico y la
multiplicidad de poderes son caldo de cultivo para la
lucha antisistémica. Ni más ni menos.
Las miradas gradualistas no toman en serio que vivimos bajo varias
guerras. Los 70 años transcurridos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial
parecen haber convencido a muchos analistas de que las guerras se han
extinguido,
cuando son el modo habitual del capitalismo en su fase extractiva
y de acumulación por despojo/robo.
El análisis zapatista
sobre la cuarta guerra mundial del
capital contra los pueblos ayuda a comprender las agresiones que sufren los de
abajo en todo el mundo,
desde las
guerras de aniquilación abiertas, como en Medio Oriente, hasta las guerras
silenciosas, que el modelo extractivo descarga sobre los pueblos para instalar
minas a cielo abierto, monocultivos y represas hidroeléctricas, por mencionar
los casos más frecuentes.
Hay guerras económicas, monetarias, por el
control de las fuentes de agua; guerras contra las mujeres y los niños y niñas,
en fin, el más diverso tipo de agresiones sistemáticas y sistémicas contra los
más diversos pueblos y sectores sociales.
José Luis Fiori, profesor de política económica
en la Universidad Federal de Río de Janeiro y coordinador del grupo de
investigación Poder Global y geopolítica del capitalismo, esboza una mirada
distinta de la economía actual. Debemos
comenzar por el análisis y comprensión de cómo funcionan los mercados
internacionales, que se parecen más a una guerra de movimientos entre fuerzas
desiguales que a un intercambio entre unidades iguales y bien informadas (página13.org.br,
30/1/15).
Inspirado en el historiador Fernand Braudel,
Fiori considera que estados y capitales actúan en esa guerra asimétrica como grandes
predadores en la lucha por el
control monopólico de posiciones de mercado, innovaciones tecnológicas y lucros
extraordinarios.
Las consideraciones anteriores (mercados como guerras de
posiciones, estados/capitales como predadores)
son más consistentes que considerarlos
herramientas casi neutrales que pueden ser utilizadas por clases, razas, géneros
y etnias en su beneficio. Posiciones de este tipo tienden a desarmar a los de
abajo en este periodo en el que
no
pueden ni deben confiar en otra cosa que no sean sus propias fuerzas y
capacidades.
Quisiera agregar tres ideas que Fiori viene
esbozando en sus artículos periodísticos y en las que se explaya en su último
libro História, estratégias e
desenvolvimiento: para una geopolítica do capitalismo (Boitempo,
São Paulo, 2014).
-
La primera se relaciona con China, pero puede aplicarse a todos los BRICS. “El poder es siempre expansivo (….) Fue así en cualquier tiempo y lugar, durante toda la historia de la humanidad, independiente de la existencia de economías de mercado, y mucho antes de la existencia del capitalismo” ( Outraspalavras, 25 /4/13). Nos alerta sobre la creencia de que Rusia, o China, puedan ser y hacer algo muy distinto de lo que ya conocemos. No son fuerzas anticapitalistas.
-
La segunda se relaciona con la economía; dice que ésta se subordina a los objetivos de larga duración de los estados. Las políticas económicas de los países varían en el espacio y en el tiempo, y su éxito o fracaso depende de factores externos a la propia política económica, y no a la verdad o falsedad de sus premisas teóricas (Carta Maior, 27/11/14).
Afirma que es inútil buscar políticas económicas de izquierda. Se trata de tener en cuenta los objetivos en función de los cuales los estados adoptan diversos lineamientos económicos. Tiene la virtud que nos aleja del economicismo dominante en las izquierdas, los progresismos y muchos movimientos sociales. En todo caso, esa premisa no debería ser adoptada al pie de la letra por los movimientos antisistémicos, porque es la ética la que preside su accionar. -
Por último, tiene una mirada muy clara de la política de Estados Unidos. Recuerda que fue Nicholas Spykman el teórico geopolítico que tuvo mayor influencia en la política exterior estadounidense en el siglo XX. Dividía el subcontinente latinoamericano en dos partes. La parte norte incluye hasta Centroamérica, el Caribe, Venezuela y Colombia, que deben permanecer en absoluta dependencia de Estados Unidos.
El resto de Sudamérica cuenta con tres estados, como Brasil, Argentina y Chile, que pueden amenazar la hegemonía imperial si actúan en común, amenaza que debe ser respondida a través de la guerra. Fiori considera que el problema no es el imperio, sino en este caso la región y, muy en concreto, su propio país: Brasil. Estos son los términos de la ecuación y la posición estadunidense fue siempre muy clara. Lo mismo no se puede decir de la política exterior brasileña ( Sin Permiso, 30/03/14).
Nada ganamos culpando al imperio de nuestras debilidades.
Es imposible cambiar al enemigo. La pelota está en nuestro campo y sólo nos
sirve mirar la realidad de frente.
Emprendamos, luego, el rumbo de ir creando el hermanamiento tan imprescindible a nuestra emancipación del capitalismo. Nos exige deconstruir nuestro sentido de autoridad y hábito de reverenciarla. Esta ruptura cultural con el capitalismo no sólo nos sitúa en diálogo con los otros sino también nos permite resignificar conceptos tergiversados por el sistema como "pobreza".
Félix Díaz: “todo sector que no quiere ser manipulado
sufre la persecución que el Estado hace contra los luchadores”.
21 de febrero de 2015
21 de febrero de 2015
Mientras una parte de la comunidad Potae
Napocna Navogoh se
encuentra cortando la ruta provincial 86, en la provincia de Formosa,
Félix Díaz, qarashe Qom La Primavera, realiza un acampe en la Avenida 9 de Julio y
Avenida de Mayo, de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para visibilizar sus necesidades. En el programa de la RNMA,
Enredando las mañanas,
tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y nos dejó su verdad acerca del
conflicto que mantienen con el Gobierno formoseño.
Por
RNMA
ELM: ¿Que sentiste ayer (por el 18F), cuando viste pasar tanta gente?
Félix
Diaz: Para mi es algo normal, cuando viajo al exterior la gente
siempre me pregunta, que te pareció Washington? Nunca me doy cuenta del paisaje
de los países, porque no voy a ver la belleza o la cultura de un país sino que
voy con el objetivo siempre de transmitir la desesperación de un pueblo que
quiere ser visto, escuchado. Todas las movilizaciones que se hacen a pesar que
muchas veces acompañamos, en el caso del mes de marzo, el recordatorio de la
dictadura.
La movilización de ayer es un tema que está fuera de nuestra existencia porque nosotros entendemos que es la misma justicia la que tendría que garantizar la vida de todos los habitantes. Si los fiscales generales de nuestro país están pidiendo justicia, ¿donde estamos? ¿En qué lugar estamos?. Nosotros que somos los indígenas reconocidos preexistentes, ¿donde estuvieron estos fiscales cuando hicimos las denuncias?. Cuando han hecho una movilización para los pueblos indígenas o para otras culturas. Esto no quiere decir que estamos en contra ni a favor, lo que no sabemos es de que se trataba. Nosotros estamos en una situación que no te deja pensar, cuando uno tiene miedo que le pueda pasar algo a tus hijos a su familia, sus hermanos que están cortando la ruta hace un mes, que están sufriendo hambre, llovía y están al aire libre, la noche a veces no se come, entonces ese pensamiento constante no me hace ver esa movilización, a pesar que algunos de los manifestantes se acercaba a la carpa para solidarizarse con nosotros. A mi me da pena, que cuando la gente viene y se ofrece, "¿puedo colaborar en algo?, tengo ropa que no uso más y quiero dársela a ustedes, entonces ese pensamiento minimiza la figura del ser humano y siempre nos ven como los pobrecitos, necesitan ropa". Lo que tratamos de hacer visible es la exigencia la aplicación de los derechos indígenas acá en la Argentina para que estas cosas no sucedan más, para que no se sigan matando indígenas, porque este es un genocidio que se está haciendo y no es solamente con este gobierno, muchos gobiernos que han pasado nunca tuvieron la posibilidad de ir hablar con los nosotros, eso es lo difícil y que no va a entender nadie. Cuando escuché al jefe de gabinete (Capitanich) que es un caso aislado, la diputada Conti (Diana), cuando decía que es culpa del liderazgo indígena que no acepta la ayuda, yo decía entre mi, visiten nuestras comunidades, compartan con nosotros por lo menos un día, deja tu celular haber si podes aguantar tomando tereré todo el día, porque es lo único que se tiene, si hay algo para compartir, una torta frita, haber si pueden pasar un día con nosotros. Esa realidad que nadie conoce, solamente nosotros porque lo vivimos día a día y nos morimos cada día por falta de acceso a la salud, acceso al agua, montones de recursos que el Estado quiere justificar, dicen, nosotros levantamos hermosas viviendas, hermosas escuelas, centros de salud, buenos caminos, energía eléctrica, pero no es la totalidad de los pueblos indígenas, a algunos punteros políticos se les dan, ellos que son nuestros hermanos, ellos no son culpables, el enfrentamiento entre indígenas, es producto de la manipulación del Gobierno de darle un sueldito y es lo que obliga a defender algo que ni siquiera sabe.
La movilización de ayer es un tema que está fuera de nuestra existencia porque nosotros entendemos que es la misma justicia la que tendría que garantizar la vida de todos los habitantes. Si los fiscales generales de nuestro país están pidiendo justicia, ¿donde estamos? ¿En qué lugar estamos?. Nosotros que somos los indígenas reconocidos preexistentes, ¿donde estuvieron estos fiscales cuando hicimos las denuncias?. Cuando han hecho una movilización para los pueblos indígenas o para otras culturas. Esto no quiere decir que estamos en contra ni a favor, lo que no sabemos es de que se trataba. Nosotros estamos en una situación que no te deja pensar, cuando uno tiene miedo que le pueda pasar algo a tus hijos a su familia, sus hermanos que están cortando la ruta hace un mes, que están sufriendo hambre, llovía y están al aire libre, la noche a veces no se come, entonces ese pensamiento constante no me hace ver esa movilización, a pesar que algunos de los manifestantes se acercaba a la carpa para solidarizarse con nosotros. A mi me da pena, que cuando la gente viene y se ofrece, "¿puedo colaborar en algo?, tengo ropa que no uso más y quiero dársela a ustedes, entonces ese pensamiento minimiza la figura del ser humano y siempre nos ven como los pobrecitos, necesitan ropa". Lo que tratamos de hacer visible es la exigencia la aplicación de los derechos indígenas acá en la Argentina para que estas cosas no sucedan más, para que no se sigan matando indígenas, porque este es un genocidio que se está haciendo y no es solamente con este gobierno, muchos gobiernos que han pasado nunca tuvieron la posibilidad de ir hablar con los nosotros, eso es lo difícil y que no va a entender nadie. Cuando escuché al jefe de gabinete (Capitanich) que es un caso aislado, la diputada Conti (Diana), cuando decía que es culpa del liderazgo indígena que no acepta la ayuda, yo decía entre mi, visiten nuestras comunidades, compartan con nosotros por lo menos un día, deja tu celular haber si podes aguantar tomando tereré todo el día, porque es lo único que se tiene, si hay algo para compartir, una torta frita, haber si pueden pasar un día con nosotros. Esa realidad que nadie conoce, solamente nosotros porque lo vivimos día a día y nos morimos cada día por falta de acceso a la salud, acceso al agua, montones de recursos que el Estado quiere justificar, dicen, nosotros levantamos hermosas viviendas, hermosas escuelas, centros de salud, buenos caminos, energía eléctrica, pero no es la totalidad de los pueblos indígenas, a algunos punteros políticos se les dan, ellos que son nuestros hermanos, ellos no son culpables, el enfrentamiento entre indígenas, es producto de la manipulación del Gobierno de darle un sueldito y es lo que obliga a defender algo que ni siquiera sabe.
ELM: ¿Como está la situación en la ruta 86, continua el corte?
FD: Sigue como estaba, por esta razón estoy acá para hacer
visible la problemática de la comunidad. Ayer tuve un problema, me llevaron al
hospital Argerich, me detectaron una infección en los pulmones. Mucha gente me
decía, cuídate Félix que te necesitamos. Cuando uno es pobre no puede elegir,
que comida comer, o que medicamentos tomar, volves a casa y sino tenes nada no
podes elegir. Lo que nosotros sufrimos, esa cruda realidad, me gustaría cumplir
con lo que me dice el médico pero no puedo, cuando uno está metido en esta carpa
con temperatura alta en medio del sol, entonces tienen que ponerse en nuestro
lugar para saber como se sufre, como podemos llevar adelante, trato de ser
coherente, discreto. A veces no se como transmitir esta situación, los medios
grandes manipulan. Los que tienen que resolver el problema no es la comunidad,
es el Gobierno es el que tiene que poner los recursos, no se trata de algo
complicado, el Estado tiene los recursos para solucionar los problemas sociales
de los pueblos indígenas. Debe aplicar los derechos indígenas que están en la
Constitución Nacional.
ELM: ¿Ustedes están denunciando que el gobierno de Formosa está invadiendo con
maquinaria parte de su territorio y no saben lo que quieren hacer, cual es el
proyecto?
FD: Nosotros estamos preocupados que el Gobierno invade nuestro
territorio a la fuerza, porque hacen entrar maquinaria supuestamente, para
mejorar el camino, la comunidad lo que está reclamando es el arreglo de los
caminos, rellenados no perfilados, colocar tubos, el Gobierno cuando tomó la
decisión no consultó a los manifestantes, le dio la tarea para los punteros
políticos que siempre están defendiendo el modelo provincial, cuando dice que no
hay problemas. Cuando nosotros logramos las cosas, estos hermanos nuestros se
quedan con los beneficios y a nosotros nos dejan de lado. Las empresa que están
dentro de la comunidad Potae Napocna Navogoh, están hace 4 años, a cargo de la
construcción de las viviendas y no sabemos cuantas van a ser destinadas a
nuestra comunidad, tampoco manejamos el listado de los beneficiarios y por
cuanto tiempo, que presupuesto se destinó a la obra, esos pedidos que hace la
comunidad, el acceso a las carpetas técnicas de cada obra, porque se está por
levantar un hermosos hospital, sin embargo el CIC (Centro integrador
Comunitario) que fue construido por el Gobierno Nacional a través del ministerio
de Desarrollo Social, está ahí con una sala de primeros auxilios pero no
funciona, no hay médicos, no hay medicamentos, pero se bajan los programas,
Nacer, Remediar y otros programas nacionales, pero no se sabe a donde se
destina, no sabemos quien administra porque cuando va un medio periodístico a la
comunidad, ellos traen todas las cajas de medicamentos exhiben y cuando se van,
se llevan todo a Laguna Blanca. Cuando denunciamos la falta de conexión de
energía eléctrica hay un tendido de cablerios, hace mas de 4 años.
El tema de los caminos que son intransitables, cuando llueve es imposible que entre la ambulancia, los maestros, los médicos lo una como escusa para no ir a la comunidad, pueden pasar dos o tres meses si llueve mucho, estamos aislados, de la ruta al centro de salud serán unos 5 Km. un medico no tiene la voluntad de ir caminando ni a cabalo ni en moto, ni en ningún medio. Entonces los indígenas tienen que ir a Laguna Blanca, el hospital más cercano, nos dicen vayan al CIC que están los médicos y medicamentos para ustedes.
El tema de los caminos que son intransitables, cuando llueve es imposible que entre la ambulancia, los maestros, los médicos lo una como escusa para no ir a la comunidad, pueden pasar dos o tres meses si llueve mucho, estamos aislados, de la ruta al centro de salud serán unos 5 Km. un medico no tiene la voluntad de ir caminando ni a cabalo ni en moto, ni en ningún medio. Entonces los indígenas tienen que ir a Laguna Blanca, el hospital más cercano, nos dicen vayan al CIC que están los médicos y medicamentos para ustedes.
En ese ida y vuelta, muchos de nuestros hermanos han muerto dentro de sus casas, esperan que la enfermedad los lleve, no quieren estar en el hospital y esto es muy grave.
Lo que estamos denunciando que la responsabilidad es del Gobernador, porque quiere ocultar esto, pero como desmentirlo, si los médicos avalan este genocidio, sacrificando la muerte natural, paro cardiaco, o cuando matan a un indígena dicen, suicidio o cuando nos atropellan en las rutas, pasa como homicidio culposo, eso lo firman los jueces, el forense, los médicos, la policía y la gendarmería, entonces como das vuelta esa figura legal, cuando viene del Estado es imposible por la carencia de recursos.
Cuando el Gobierno no quiere escuchar nuestra voz, es ahí donde se agrava la situación y nos ponen como los malos de la película, que no queremos dialogar, buscan argumentos, porque son muchos y manejan los medios, la justicia, todos los recursos para desacreditar estas denuncias que realizamos.
ELM: ¿Como te fue en esta tarea de visibilizar el conflicto?, porque sólo te
escuchamos por los medios comunitarios y alternativos.
FD: La verdad nunca le doy importancia porque a pesar que soy
una persona pública, dicen que soy importante, pero no tengo la solución para
poder cambiar esta historia. Mañana puedo desaparezca físicamente y esto queda
en la nada. He conocido líderes, el caso un Pilagá, un gran líder, Manuel
Chascoso, que dio su vida por esta causa, consiguió la ley integral del
aborigen, la 426, por falta de un asesoramiento jurídico nos ponen una trampa,
nos conformamos cuando nos hablan los abogados. El instituto de comunidades
aborigen, tiene que estar administrado por una persona electa por los pueblos
indígenas. Cuando nos dimos cuenta que la ley cuando se decretó, el Gobierno
decía, el poder ejecutivo de la provincia designará su hombre de confianza, ahí
nace la manipulación, porque el Gobierno elige su gente de confianza para poder
ocultar esta realidad, porque el blanco no va a sentir el dolor de un indígena
porque no la vive, no vive en las comunidades. Van a decir que conocen,
entienden pero nunca sabrán lo que sufre un indígena. Por eso es importante que
los gobiernos y la autoridades legislativas, porque supuestamente Argentina
tiene tres organismos que son independientes, poder Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, que deberían ser los garantes de asegurar que nuestra existencia tenga
protección que se apliquen los derechos humanos como corresponde, pero
lastimosamente los gobiernos manejan esos organismos que antes mencioné, esto
pasa porque la mayoría de los legisladores oficialistas no van tomar una
denuncia de esta clase, porque afecta la imagen a su partido. La sociedad sabe
perfectamente esta situación que pasamos y que es solo a los indígenas les pasa
esto, al campesinado, a los gremios, todo sector que no quiere ser manipulado
sufre la persecución que el Estado hace contra los luchadores de diferentes
sectores
Hermanarnos exige, en simultáneo, enfrentar a los poderes que nos criminalizan por ser pobres o mejor dicho desposeídos por ellos, también nos judicializan e incluso nos reprimen como si fuésemos terroristas a causa de organizamos y luchar:
Informe sobre
criminalización de la protesta
Marzo
2012
Asociación de Ex-Detenidos
Desaparecidos - AEDD Asociación de Profesionales en Lucha - APEL Centro de
Abogados por los Derechos Humanos -CADHU Centro de Profesionales por los
Derechos Humanos - CEPRODH Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del
Pueblo - CADEP Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional -
CORREPI Liberpueblo
Presentación del
Informe
Desde el
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia siempre hemos sostenido la lucha contra la
impunidad de ayer y de hoy, y contra el avasallamiento de los derechos básicos y
por eso venimos realizando una intensa campaña contra la criminalización de la
protesta y la persecución y asesinatos de luchadores populares. Este primer
informe que aquí presentamos es el resultado de la sistematización de la
situación de causas abiertas en todo el país entre el 2001 y el 2012 contra los
sectores populares movilizados: contra organizaciones sindicales, de derechos
humanos, partidarias, contra movimientos de trabajadores desocupados,
territoriales, estudiantiles, contra comunidades indígenas y grupos
ambientalistas, entre otros. Actualmente existen en nuestro país más de 4000
personas criminalizadas y judicializadas, y el número de víctimas asesinadas por
luchar desde el año 2001 asciende a más de 70.
En la coyuntura actual entendemos que es fundamental insistir en la defensa y reivindicar el legítimo derecho a la protesta, ya que es la base para la preservación de todos los demás derechos. Si este derecho nos falta, todos los demás derechos están en riesgo. ¿Qué entendemos por criminalización de la protesta? La criminalización de la protesta es una estrategia política que presenta ante la sociedad a la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes. La protesta por lograr conquistas favorables a diferentes sectores populares, es un derecho que no requiere permiso ni acepta censura. A lo largo de nuestra historia, nuestro pueblo se ha manifestado en las calles, se ha organizado de diversas maneras para hacer escuchar su voz y defender sus reclamos. La criminalización de las luchas es una de las formas que asume la represión para inmovilizar a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquéllos que se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de sus necesidades. En algunos casos es utilizada como paso previo a la represión abierta, directa, y en otros, articuladamente con ésta.
Son diferentes mecanismos con el mismo fin de dominación y
control social. Como exponemos en este informe la criminalización de las luchas
es un instrumento que ha sido utilizado con diferentes intensidades por todos
los gobiernos de turno y que hoy aplica el gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner para intentar disciplinar y amedrentar a todos
aquellos que cuestionan la miseria y la opresión, y para frenar la organización
y las luchas desplegadas por los trabajadores y por los diferentes movimientos
populares. Hoy se pretende sancionar a las organizaciones populares a
través de la persecución penal de sus integrantes y dirigentes, y el
encarcelamiento es utilizado como “castigo ejemplificador”.
¿Qué se busca con la criminalización
de la protesta? Con la criminalización de la protesta el Estado apunta a
varios objetivos al mismo tiempo. Por un lado, frenar el conflicto social,
acallando, disciplinando, atomizando y domesticando las disidencias. Por otro,
correr el eje de la injusticia denunciada por diferentes
sectores movilizados hasta plantear que lo que está sucediendo es un “delito”,
una “amenaza para el orden legal”, una “violación a la ley”, deslegitimando la
lucha. Esa operación mediática y política sobre la opinión pública es más
intensa cuanto más lejos se está de querer resolver la situación que dio origen
a la protesta.
Las metodologías para criminalizar la protesta varían pero los objetivos se mantienen. A partir del repudio popular a los asesinatos de Darío y Maxi en junio de 2002, y de las condiciones políticas heredadas del 2001, el gobierno de Néstor Kirchner se vio obligado a apelar a un abanico de metodologías: desde la cooptación hasta la judicialización, y desde la vía libre al accionar de las patotas hasta la represión estatal directa, para quebrar las redes y lazos de solidaridad que se habían desarrollado entre las organizaciones movilizadas. Se acentuó la criminalización política y mediática de las organizaciones independientes del Estado. Innumerables manifestaciones de la protesta popular se han desarrollado durante estos años: puebladas; movilizaciones; cortes de ruta; huelgas; escraches a genocidas; acampes; piquetes; ocupaciones de fábricas, de tierras y de edificios públicos, han sido distintas expresiones de la protesta de nuestro pueblo. En las fábricas y empresas avanza un proceso de organización independiente del Estado y las patronales, que pone en pie las asambleas y cuerpos de delegados en oposición a las burocracias de los sindicatos. Por su parte el Ministerio de Trabajo es una correa de transmisión de esta política a través de conciliaciones obligatorias, declaración de ilegalidad de las huelgas, desconocimiento de los cuerpos de delegados y de los nuevos sindicatos a favor de la burocracia sindical y los intereses empresariales.A casi nueve años de la asunción de Kirchner y ya atravesando el segundo mandato de Cristina Fernández, afirmamos que la impunidad, la represión y la persecución a los luchadores sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado, porque la criminalización de la protesta social es una herramienta necesaria para sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares. Denunciamos por eso que este gobierno, que se presenta como defensor de los derechos humanos y dice condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en los hechos descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social del presente. Al día de hoy solamente hay 850 genocidas procesados, y más de 4000 luchadores criminalizados.
Desde
junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores populares y estos crímenes
permanecen impunes.
En los
últimos años existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras
penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y
luchadores, cuestionando derechos como el derecho a la huelga y a la
movilización popular.
El
Gobierno Nacional impulsa esta política de criminalización como lo demuestran
las declaraciones de sus funcionarios: Aníbal Fernández con su amenaza “a los
que saquen los pies del plato los perseguiremos con el código penal en la mano”,
la ministra Garré acusando de “desestabilizadores” a los desocupados que se
oponen al clientelismo, y la misma presidenta calificando de extorsivos los
reclamos y las huelgas de los trabajadores. Ha quedado al descubierto en la
causa Kraft el espionaje de este gobierno sobre las organizaciones populares a
través del Proyecto X de Gendarmería y de otros organismos de Inteligencia con
el reconocimiento de la Ministra de Seguridad, y ha quedado demostrado que se
utiliza ese espionaje para armar las causas judiciales con las que son
perseguidos numerosos trabajadores y luchadores.
Desde diciembre de 2011, la ampliación de la Ley
Antiterrorista que había sido sancionada en 2007, representa un peligro que
merece el más enérgico repudio y torna urgente la exigencia de su derogación. La
mayoría oficialista que ha votado en tiempo record los tratados internacionales
contra el terrorismo y dos leyes antiterroristas, se ha negado sistemáticamente
en los últimos nueve años a tratar los diferentes proyectos de ley contra la
criminalización de la protesta.
La profundización de la represión intenta frenar el proceso
de organización de los sectores populares en un año que se presenta con topes
salariales, aumento de tarifas y ajuste. Este informe pretende ser un aporte a
la plena vigencia del derecho a luchar, a la conquista de todas las
reivindicaciones populares y al juicio y castigo a todos los responsables de los
crímenes contra el pueblo. Por todo ello decimos:
·
Cierre de las
causas y anulación de las condenas a los más de 4000 luchadores populares
procesados.
·
Derogación de
la ley antiterrorista.
·
Castigo a todos
los responsables políticos y materiales de los asesinados por luchar.
·
Basta de
espionaje a los luchadores obreros y populares.
Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD Asociación de Profesionales en
Lucha - APEL Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU Centro de
Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH Coordinadora Antirrepresiva por
los Derechos del Pueblo - CADEP Coordinadora contra la Represión Policial e
Institucional - CORREPI Liberpueblo
Preguntémonos cuál es el modelo de producción y desarrollo que imponen (con criminalización y leyes antiterroristas) tanto los poderes establecidos mediante terrorismo de estado como su Estado 'democrático'. Restrinjámonos al modelo como componente de la civilización petrolera. Esto nos bastará para comprender porqué construir el Nunca Más al capitalismo.
♣ Nueva Ley de Hidrocarburos:
Argentina merece una nueva página en materia de energía.
Publicado por
OPSur
/ 29 de octubre de 2014
Por Silvia Ferreyra*
Hace dos
años, al “nacionalizar” YPF S.A. se destacó la creación del Consejo Federal de
Hidrocarburos, integrado por las provincias y la ciudad de Buenos Aires, entre
otras cosas para la “fijación de
la política hidrocarburífera de la República Argentina, que el Poder Ejecutivo
Nacional someta a su consideración”. No
sólo nunca fue convocado por el gobierno, sino que la nueva ley de hidrocarburos
fue producto del acuerdo con gobernadores de diez provincias, las “petroleras”.
Sólo un ejemplo de la brecha entre el discurso kirchnerista y los hechos que
luego plasma en la realidad.
Reforma “modelo Chevrón”
La fuerza
motora de la reforma a la ley de hidrocarburos tiene nombre: Vaca Muerta, y un
antepasado inmediato que aporta el apellido:
el acuerdo firmado entre
YPF y Chevrón un año atrás.
La ley incorpora los principales puntos del decreto presidencial que le dio
marco al acuerdo, pero sobre una base de inversión cuatro veces menor: 250.000
millones de dólares para los primeros tres años, en lugar de los 1.000 millones
a cinco años del convenio original. Se amplían los plazos de concesión para los
nuevos contratos, de 50 años vigentes -prórrogas incluidas- para la exploración
y explotación convencional a casi 60 años para la no convencional.
Permite a los actuales concesionarios de petróleo o gas convencional que tengan en sus áreas yacimientos de no convencionales la posibilidad de subdividir el área e iniciar su exploración y posterior explotación con los nuevos plazos mencionados, sin necesidad de licitación previa, con sólo presentar un plan de trabajo y abonar un bono adicional. Así sucedió el año pasado con la renovación de la concesión a YPF del área Loma La Lata – Loma Campana en Neuquén, maniobra que garantizó a Chevrón su permanencia hasta el año 2048. Beneficiando de paso a empresas que desde hace años vienen “haciendo la plancha”, priorizando la liquidación de dividendos antes que las inversiones prometidas, como es el caso del Grupo Petersen de Eskenazi, dueño de la cuarta parte de la YPF “nacional”.
A pesar de
que importamos gas para lograr el autoabastecimiento, se habilita a las empresas
la exportación de hasta un 20% del total de la producción, sin retenciones y con
libre disponibilidad de divisas; 60% en el caso de explotación marítima.
-
Se favorece la concentración, al eliminar de la ley vigente el tope de cinco permisos de exploración y explotación, en forma directa o indirecta para cada concesionario. Se excluye expresamente a las empresas estatales en la reserva de nuevas áreas: “Las Provincias y el Estado Nacional, cada uno con relación a la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos de su dominio, no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica”, iniciativa vinculada a las restricciones fijadas para el “acarreo” o tipo de sociedad con empresas privadas realizado por petroleras estatales provinciales. Ambas medidas destinadas a promover la expansión de YPF S.A., pero también del conjunto de operadoras privadas.
-
Se plantea un límite del 12% de regalías, reducibles hasta un 5% según ubicación y productividad, un 15% para la primera prórroga y hasta el 18% para las siguientes. Muy por debajo de lo cobrado por la mayoría de países productores de Latinoamérica: Brasil, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, todos con porcentajes cercanos o superiores al 20%. Bolivia, luego de un referéndum de amplia participación ciudadana, nacionalizó la producción de hidrocarburos, estableciendo que “el Estado retendrá el 50% del valor de la producción de gas y del petróleo” distribuido un 18% en concepto de regalías -11% para los departamentos y 7% para el Estado central- y el 32% restante en un impuesto directo a los hidrocarburos, de base imponible idéntica a las regalías.
En Brasil se
encuentran alrededor del 40% del valor del crudo extraído; a partir de la
reforma impulsada por Dilma Rousseff en el 2013 la distribución entre estados
productores y no productores es más equitativa; el 75% se destina a la educación
y el 25% a la salud. La ley de hidrocarburos de Colombia, con un gobierno de
manifiesta amistad con las empresas, contempla hasta un 25% de regalías. En Perú
el cobro se hace en base a dos mecanismos, de acuerdo a la productividad o a los
costos, pero en ambos el límite supera al 20%.
En nuestro
caso, además, las inversiones de explotación no convencional que ingresen en los
primeros tres años a partir de la sanción de la ley, podrán reducir hasta un 25%
las regalías durante los diez años siguientes a la presentación del “plan
piloto”. Las provincias además se comprometen a un tratamiento fiscal uniforme,
fijando un tope del 3% para el cobro de Ingresos Brutos. Las empresas a cambio
abonarán el 2,5% de la inversión inicial en concepto de Responsabilidad Social
Empresaria, fondos destinados generalmente a desarrollo comunitario. En Neuquén
la ley vigente establece un tope del 10,25%.
Ausentes con aviso
A pesar de
la pantomima realizada meses antes y después de la expropiación de Repsol YPF
por el enorme pasivo ambiental dejado por la empresa, que sólo en ese caso
superaba según autoridades nacionales y provinciales los 6.000 millones de
dólares, la nueva norma omite la gestión ambiental de la actividad. Simplemente
señala que las provincias deberán establecer normas uniformes para aplicar las
“mejores prácticas”.
Son
conocidos los enormes riesgos que conlleva la actividad hidrocarburífera
convencional, especialmente para fuentes de agua superficial y subterránea,
potenciados ahora con la tecnología del fracking para no convencionales, que en
muchos casos implica el corrimiento de la frontera petrolera hacia regiones que
nunca desarrollaron la actividad. A la fecha más de 25 municipios del país
sancionaron ordenanzas restringiendo el fracking, otros 10 aguardan su
tratamiento. A diferencia de otras experiencias latinoamericanas, tanto el
gobierno nacional como las provincias se resisten a implementar –incluso
obstaculizan vía judicialización- mecanismos institucionales de participación
directa de la población, como referéndums o consultas populares previstos por la
Constitución, herramientas idóneas para librar este tipo de debates.
Tampoco hace
referencia a los derechos de pueblos originarios cuyos territorios se encuentran
en áreas de concesión, ni de la responsabilidad del gobierno de cumplir con
convenios internacionales, como el 169 de la OIT, ratificado por Ley 24.071 que
obliga a realizar en las comunidades procesos de consulta y consentimiento
previo informado antes de otorgar o prorrogar concesiones, o aprobar planes de
trabajo.
Una
nueva página
La Ley
26.741, de “nacionalización” de YPF S.A. amplió la participación del Estado en
la actividad hidrocarburífera del país, expropiando sólo el paquete accionario
de Repsol, a pesar de que abundaban razones para obrar en igual sentido con el
25,46% correspondiente al Grupo Petersen-Ezquenazi, incluido en la sociedad a
pedido de la administración kirchnerista. El marco normativo de la actual YPF
S.A. es el régimen de sociedades comerciales; tal como está planteada, la
empresa no está incluida en la órbita de la Ley Nº 24.156, de Administración
Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
Hoy
iniciamos una nueva etapa en la producción de petróleo y gas con una mayor
participación estatal pero con fuertes limitaciones para controlar, monitorear y
decidir en definitiva con quiénes, cómo y a qué costos resolvemos los enormes
desafíos por delante. El contrato YPF – Chevron, cuyos términos precisos se
desconocen a la fecha, es una muestra de ello.
YPF debe
volver a ser una empresa cien por ciento nacional. La política petrolera
aplicada durante el menemismo y continuada por la actual administración, la dejó
a cargo de sólo un 30% de la producción total del país, quedando el resto en
manos de empresas privadas, en su mayoría extranjeras. YPF debe jerarquizar y
recomponer su rol, pero con una participación mayoritaria en su capital del
Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin que
puedan renunciar, delegar o transferir a públicos o privados la administración
de la empresa. El Consejo Federal de Hidrocarburos debe empezar a cumplir sus
funciones e incorporar una representación parlamentaria de acuerdo a la
proporción que cada sector político detenta.
Las
actividades de la empresa deben ser monitoreadas por los organismos de control
del Estado Nacional y no por la Comisión Nacional de Valores. El Estado debe
tener acceso a los contratos que se suscriban y no estar amparados bajo secreto
comercial como sucede en la actualidad. Para evaluar el funcionamiento y
garantizar una gestión acorde a su carácter público, necesitamos mecanismos de
control que incluyan a trabajadores, empresarios, asociaciones de defensa de
usuarios, consumidores y de protección al ambiente. Con acceso a la
documentación, respetando el principio de confidencialidad cuando el contenido
así lo requiera. Debe estar sometida además al control de la Auditoría General
de la Nación y demás normas que promuevan la transparencia de la gestión.
Necesitamos
incorporar la gestión ambiental a la actividad, haciendo énfasis en la
protección del agua, recurso vital para los territorios. Implementar mecanismos
de participación de la población en el control y en la decisión de esta
problemática, que involucra su futuro y el de las generaciones venideras.
También implementar los derechos por siempre postergados de las comunidades de
pueblos originarios, hacer realidad la consulta y consentimiento previo
informado, entre otros.
Debemos
aumentar la participación del Estado en la renta petrolera, cuanto menos
equipararnos al 20% de regalías promedio que hoy cobran varios de nuestros
países hermanos. Utilizar parte importante de esos fondos para contribuir a la
transformación de nuestra matriz energética, haciéndola menos dependiente de los
recursos no renovables, recomponer la infraestructura ferroviaria a lo largo del
territorio, ampliar derechos básicos de nuestra población como salud, educación
y vivienda.
No se trata
de sueños afiebrados ni de propuestas testimoniales. Son medidas posibles y
necesarias que nuestra Argentina se merece.
*Instituto de
Investigación Social Económica y Política Ciudadana
isepci.org.ar
isepci.org.ar
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El futuro
del petróleo no convencional
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¿Energía
para qué?
16 de febrero de 2015
16 de febrero de 2015
Por Diego di Risio y Diego Pérez Roig (Página 12)
Desde mediados de 2014 se registra una estrepitosa caída del precio
internacional del petróleo y de otros hidrocarburos y derivados. Luego de
superar los 110 dólares entre junio y julio, la cotización del barril de crudo
Brent descendió sin cesar hasta situarse entre los 50 y 65 dólares. Aunque el
precio parece haberse fijado en esa franja, al día de hoy nadie se animaría a
apostar en favor de una estabilización en el corto plazo.
La tendencia al alza de precios de la última
década y esta caída abrieron un debate acerca de la viabilidad económica de
explotar hidrocarburos no convencionales en Argentina. Se trata de una discusión
que, sin embargo, no debe reducirse a la simple ecuación costo/beneficio. Desde
el punto de vista ambiental y sanitario, la utilización a gran escala de las
técnicas de fractura hidráulica y perforación horizontal en formaciones de
lutitas acumula numerosas denuncias y prohibiciones. En Estados Unidos, el
Departamento de Salud del Estado de Nueva York acaba de publicar un informe en
el que señala que “la ciencia en torno a
la fractura hidráulica es limitada o muy reciente (...) los estudios existentes
generan dudas sustanciales sobre si los riesgos inherentes a la fractura
hidráulica son lo suficientemente comprendidos para su manejo adecuado”.
¿Cuáles son algunos de
estos riesgos?
Impactos en el aire y potenciales afecciones
respiratorias, cambio climático, contaminación superficial y de los acuíferos
(por migración de metano y/o químicos utilizados en la técnica), sismicidad
inducida e impactos en la forma y calidad de vida de las comunidades urbanas y
rurales afectadas. El informe sintetizó cuatro años de estudios realizados con
el objetivo de asesorar acerca del desarrollo a gran escala de estas
explotaciones. El resultado fue la recomendación de su prohibición, finalmente
implementada, como ya había sucedido en otros estados (Vermont) y países
(Francia y Bulgaria).
En Argentina, el
incipiente desarrollo de los combustibles no convencionales lleva casi 1.000
pozos perforados, de las decenas de miles necesarios para lograr el
autoabastecimiento energético. Sin embargo, esta ínfima proporción ya es
suficiente para tener una idea de los riesgos en relación con los posibles
accidentes (como la pérdida de pastillas radiactivas en pozos de Total e YPF),
violaciones de los derechos de los pueblos originarios, la ocupación de zonas
protegidas y el deterioro de tierras dedicadas al cultivo.
Recordemos que en los últimos meses más de 40 municipios del país han prohibido
la técnica en su término municipal al priorizar el principio precautorio en
materia ambiental.
Finalmente, más allá de la incertidumbre en torno a los precios y las técnicas, no pueden obviarse las consideraciones políticas del tema. La producción y el consumo de energía no son algo “externo” a las relaciones sociales predominantes en la sociedad capitalista, sino que guardan con ellas un vínculo indivisible. La explotación económica y de la naturaleza que sostiene la acumulación capitalista supone una periódica reestructuración de los procesos productivos bajo la premisa del crecimiento infinito, que opera como arma del capital frente a la continua insubordinación laboral. Este es el secreto más recóndito de las revoluciones tecnológicas que han caracterizado el funcionamiento del capitalismo en sus más de dos siglos de existencia. La reducción de los trabajadores a mero apéndice de la máquina y la inevitable aceleración en el transporte y el consumo de mercancías, implican crecientes costos energéticos y ambientales, como fielmente atestigua el desbocado proceso de mundialización de las relaciones capitalistas de las últimas décadas. Gracias a su inigualable densidad energética, los hidrocarburos son prácticamente insustituibles para esta forma de reproducción social. Proyectos como el de Vaca Muerta se insertan en esta matriz de relaciones, y, por lo tanto, carecen de todo tipo de “neutralidad” en términos de clases. Su cuestionamiento pues, lejos de ser retrógrado, se encuentra grávido de una pregunta sumamente enriquecedora que amerita el mayor debate público posible: ¿energía para quiénes y para qué?
Diego di Risio es
politólogo, integrante del Observatorio Petrolero Sur (OPSur) y Diego Pérez Roig
es politólogo, integrante del Centro de Estudios para el Cambio Social (CECS).
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-266238-2015-02-16.html
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Fracking 2015: El experimento
continúa.
Entrevista a Roberto Ochandio.
30 de Enero de 2015
30 de Enero de 2015
Por Demián Morassi
A continuación usted leerá una entrevista a
Roberto Ochandio coautor del libro 20
Mitos y realidades del fracking (Ed. El colectivo, 2014). Roberto tiene el extraño perfil
de haberse licenciado en Geografía en una Universidad de Texas (Estado petrolero
si los hay), trabajado en YPF y otras compañías del sector (como Hughes Services,
hoy llamada Baker-Hughes) y hoy es miembro de la Unión de Asambleas Patagónicas.
Veamos que tiene para decir sobre...
A partir
de este dibujo de Txer y Txino, me gustaría que me diga por qué utiliza el
término experimental a la técnica del fracking teniendo
en cuenta que ya se hicieron decenas de miles de pozos...
Creo que la explicación se puede describir en
la siguiente lista:
Ø
La
fracturación de pozos es un método creado en 1947 para pozos convencionales
Ø
Volúmenes relativamente bajos dado el menor espesor de las formaciones
convencionales
Ø
Las
formaciones no-convencionales se extienden por cientos o miles de metros por lo
tanto los volúmenes son miles de veces mayores.
Ø
Uso
de gran volumen de productos químicos, algunos desconocidos
Ø
No
se conocen los efectos sinérgicos de estos productos químicos
Ø
Grandes pérdidas de metano con efecto invernadero
Ø
exposición de la población a agua y aire contaminado
Ø
enfermedades desconocidas o inexplicables
Ø
constituye un experimento a escala industrial al aire libre
Ø
la
explotación de hidrocarburos no-convencionales sólo lleva unos 15 años desde su
primera implementación. Puede llevar muchos años más para que tengan efecto los
cambios globales en el medio ambiente y en el clima en general.
Ø
sólo el paso del tiempo podrá decirnos el impacto total de estos métodos
extractivos
Ø
el
efecto invernadero que creamos hoy seguirá creciendo por varios años aun si
paramos hoy mismo de contaminar. Esto es debido al proceso llamado inercia
térmica.
Al
Frankenstein de la novela le faltaba energía propia y le aplicaron electricidad
de un rayo... El fracking ¿puede
autosustentarse energéticamente o depende de energías de otras fuentes?
El movimiento de maquinarias y materiales
requerido por el fracking sólo
puede hacerse usando gasoil. Sería inconcebible tender líneas de electricidad
hacia cada nuevo pozo antes de saber si ese pozo puede ser productivo. En otras
palabras, las operaciones de fracking consumen
parte del petróleo o el gas que se extraiga de cada pozo.
Sin embargo otros procesos tales como la
preparación de productos químicos, o la construcción de equipos petroleros,
consumen enormes cantidades de energía y agua. Esta energía generalmente tiene
forma de electricidad, la cual generalmente proviene de usinas térmicas a gas o
carbón.
Un poco de investigación (1) da cuenta de los problemas en North Dakota,
el Estado de los EEUU donde está el famoso yacimiento de shale
oil 'Bakken Field'. Además de
petróleo este Estado también es conocido por su producción agrícola. Últimamente
tuvieron escasez de gasoil para la agricultura porque lo que había disponible lo
consumió la industria del petróleo, incluyendo al fracking.
Este informe nos dice dos cosas:
Por un lado las destilerías locales son capaces
de fraccionar el gasoil a partir del shale
oi l(petróleo de esquistos). Si no fueran capaces de procesarlo entonces
transportarán el petróleo a otras destilerías e importarán gasoil para sus
operaciones.
Además pone de manifiesto el otro gran problema
que tiene la explotación de hidrocarburos no-convencionales: la cantidad
irracional de pozos que hacen falta para mantener la cuota de producción. Por
ejemplo, en Bakken Field hacen falta 1500 pozos nuevos todos los años para
mantener su producción.
Es decir que la explotación de estos recursos, en todas sus fases, implica el consumo de grandes cantidades de energía, entre otras la misma energía que contribuye a extraer.En el caso de Bakken Field, operar los 200 equipos de perforación de la zona implica el consumo de 95 millones de litros de gasoil por mes, esto sin tener en cuenta el consumo durante la operación de fractura hidráulica en sí misma.
¿Habría
alguna posibilidad que el Frackingstein crezca y se desarrolle sin dañar la
sociedad? ¿O matará a su creador?
Imposible. El fracking es
inherentemente contaminante y devastador de recursos.
En todas sus etapas: planeamiento (preparación
de equipos, materiales y productos químicos), ejecución (transporte, inyección
de inmensos volúmenes de fluidos), post-fractura (purga de fracturas,
eliminación de fluidos de desecho, transporte de residuos y equipamientos),
procesamiento en superficie del gas y petróleo extraído. Todas estas etapas son
nocivas para el medio ambiente y la salud.
-
Recordemos que el fracking sólo fue posible cuando se eliminaron en los EEUU todos los controles sobre la calidad del aire y el agua y el transporte de productos químicos (Enmienda Halliburton).
-
Explotar yacimientos no-convencionales sólo es posible mediante la financiación ilimitada por parte de fondos especulativos, que dependen de un precio del petróleo y gas lo suficientemente alto como para justificar la inversión.
La realidad muestra que el esperado retorno de inversión no se puede concretar dado los precios bajos y el exceso de producción de los yacimientos no-convencionales, por lo tanto las compañías petroleras están ahora endeudadas por sumas superiores a los 200.000 millones de dólares.
Consecuencia: ya comenzaron a quebrar las
compañías petroleras chicas, y las grandes están reconsiderando si les conviene
seguir invirtiendo.
Chesapeake, la segunda compañía de gas más
grande de los EEUU ya está liquidando sus activos fijos (2).
De tus
observaciones sobre el fracking en EEUU y México ¿qué similitudes y diferencias
encontrás con Argentina? ¿Pueden nuestros países tener un momento de esplendor
como en EEUU?
Creo que la implementación en los EEUU es un
caso único. El norteamericano medio está adoctrinado desde la escuela primaria
para asumir que la naturaleza está a su disposición, y que es lícito hacer plata
de cualquier manera. Más aún, al ser ellos no solamente superficiarios sino
también dueños de los minerales en el subsuelo, también tienen la oportunidad de
beneficiarse con esta extracción.
La realidad en nuestros países es diferente.
Grandes zonas de Argentina muestran la misma escasez de agua que México. Los
superficiarios tienen todo para perder y nada para ganar, salvo algunos trabajos
marginales. La conciencia ambiental de los pueblos originarios incluye un
respeto hacia la tierra que no tienen en los EEUU.
Similitudes: igual contaminación y destrucción
de recursos, la misma corrupción de funcionarios y políticos, las mismas
consecuencias ambientales y en la salud.
No creo que se llegue al mismo esplendor en nuestros países. La caída de los precios del petróleo está desinflando la burbuja del fracking y les costará cada vez más justificar las inversiones escandalosas que se hicieron en los EEUU.Sin embargo, nuestros gobiernos están dispuestos a financiar a las compañías petroleras, tal como lo demostró la suba de 3 dólares por barril que les dio recientemente el gobierno argentino.En un ambiente donde prive la lógica del mercado (si esto fuera posible), las compañías dejarían de extraer en cuanto caiga su margen de ganancia. Sin embargo, con un gobierno corrupto como el nuestro se da el caso que las compañías seguirán explotando total el pueblo les garantiza sus ganancias.
Vayamos a
la Argentina: Vaca Muerta me hace acordar a esas historietas ambientadas en el
desierto donde sólo aparece un cráneo de una vaca... Loma la lata da la
sensación de un sitio donde hay restos oxidados y ya no queda ni el loro... el
pueblo de Añelo suena a "añejo", cinco viejitos esperando su hora... ¿vive
alguien donde se está fracturando en Argentina?
Por
supuesto que vive gente. El gobierno les hace creer a los porteños que Vaca
Muerta está en medio de un desierto, pero les oculta que absolutamente toda la
Argentina está habitada por pueblos originarios.
Reconocer
que vive gente implica reconocer sus derechos, y esto a su vez implica
justificar lo que se hace y conseguir licencia social, lo cual es un estorbo
para cualquier plan de extracción.
¿Es cierto
que el fracking ha logrado enfrentar a dos pueblos originarios de América: el
mapuche y el apache? ¿O es que leí el libro muy rápido y no lo capté bien?
Efectivamente, la
compañía Apache violentó los derechos de la población Mapuche de Neuquén. No
sólo los priva del agua en una región con características de estepa, sino que
también los está matando con las enfermedades relacionadas al fracking.
Un caso emblemático es la muerte de Cristina
Lincopan, quien vivía justo al lado del primer pozo no-convencional de
Latinoamérica, Anticlinal Campamento Oeste No. 1, en Gelay Co (“Sin agua” en
lengua mapuche).
La Patagonia se caracteriza por el elevado
número de personas con problemas respiratorios. Cristina ya tenía problemas y
respirar la contaminación proveniente del pozo con seguridad no la ayudó a
sobrellevar sus problemas de salud.
Problemas equivalentes se están reportando en
la zona de Allen, Río Negro, donde la misma compañía Apache explotaba pozos en
arenas compactas, que requieren fracking,
en medio de plantaciones de frutales. Sus desechos tóxicos se riegan alrededor
de los frutales o se tiran al Río Negro.
El año pasado Apache fue comprada por YPF y
ahora se llama YSUR (Yacimientos del Sur).
Los problemas que tenía Apache los heredó YPF y
sigue con las mismas prácticas inseguras: en el último año ya tuvo pérdidas de
gas y dos explosiones en pozos de Allen.
El libro
“20 mitos…” fue publicado en junio de 2014, antes de la caída del precio del
petróleo ¿Cambió algo desde entonces? ¿El fracking se
resquebraja en 2015?
Con la caída del precio del petróleo le será
cada vez más difícil al gobierno nacional justificar los subsidios que les da a
las compañías petroleras.
La rentabilidad de Vaca Muerta todavía no está
demostrada por YPF. Ante el ocultamiento manifiesto de datos de producción, es
posible pensar que Vaca Muerta es solo otra burbuja especulativa de poca
duración.
Si el fracking no
es una opción ¿Podemos pensar en un futuro sin las energías tradicionales?
Más que 'podemos' yo diría que 'debemos' pensar
en un futuro cercano en el cual nuestras sociedades deberán adaptarse a vivir
sin las formas clásicas de energía. Lo que hace años era opcional ahora ya es
imperativo.
Como ciudadanos debemos demandar al gobierno planes de acción concretos que nos
permitan mirar a un futuro más limpio y seguro para nuestras familias. Poner
todos los huevos en la canasta del fracking lo
único que hace es prolongar la agonía y agotar los últimos recursos energéticos
disponibles.
Hay ciudades que ya están planeando una
transición ordenada hacia un futuro sin petróleo, sin gas y sin uranio.
Ejemplos: Portland (EEUU), Totnes (Gran Bretaña), Kinsale (Irlanda), más una
larga lista de pueblos en transición que podríamos tomar como ejemplos.
Teniendo
al Frackingstein de un lado y del otro asumir el declive energético ¿cómo está
reaccionando la sociedad civil en Argentina, México y EEUU?
Creo que tanto en los EEUU como en México y Argentina, la sociedad todavía está adormecida pensando en los modelos de desarrollo que se nos formula a través de la propaganda oficial, la televisión y medios en general. No hay mucha conciencia, salvo en grupos limitados, de la realidad energética en que se encuentra el mundo. Aparentemente todavía existe la creencia de que esta crisis es pasajera y 'ya vendrán tiempos mejores'.
La pelota está de nuestro lado y debemos
trabajar para explicar a la gente que esta crisis, que dura desde antes del
2008, parece ser la crisis final del modelo de desarrollo permanente. Es una
lucha cuesta arriba y la gente reacciona bastante mal cuando uno trata de
convencerlos que debemos cambiar nuestro estilo de vida, pero no podemos
esquivar el bulto. Asumo que la responsabilidad está de nuestro lado.
Muchas
gracias Roberto por tu tiempo y la “energía” con la que te implicás en estos
asuntos. Te invito junto a los lectores a seguir analizando y haciendo aportes
sobre este tema en el Foro
Crashoil.