Es ir contra el Estado asociado al
saqueo a nuestro país que
realizan los grandes capitales locales e imperialistas.
Evaluemos que este contubernio es posible por las bases de reestructuración argentina para la acumulación de
riquezas de la alianza de los capitales y Estados imperialistas con los
locales que ésta implantó mediante estado terrorista fundamentado en la
Doctrina de Seguridad Nacional proveniente de Estados Unidos. Desde fines de
1983 hasta hoy comprobamos que el proceso de concentración y
transnacionalización se viabilizó por intervención cada vez más mafiosa del
Partido Justicialista (menemista/kirchnerista)
como integrante fundamental del pasado bipartidismo o de la actual transversalidad.
Es crucial desenmascarar al Partido Justicialista. Implica desarmar su poder de estar perfeccionando la democracia restringida por capacidad de seducir e inculcar obediencia debida a mayorías y por despliegue de todas las posibilidades estatales para garantizar el acaparamiento gran burgués que recibe multimillonarios subsidios directos e indirectos, además de reforzar constantemente la criminalización tanto de los desposeídos de todo como de quienes resisten el avasallamiento de derechos.
Apreciemos cómo el
más lúcido representante actual del contubernio PJ-poder económico
imperialista, el kirchnerismo, hace
posible que la optimización de la transnacionalización de Argentina sea
creída mayoritariamente proyecto nacional-popular y no haya reacción masiva
contra la existencia y multiplicación de zonas de sacrificio:
Maristella Svampa::
Argentina, una década después del
«que se vayan todos» a la
exacerbación de lo nacional-popular.
Este
artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad No 235,
septiembre-octubre de 2011, ISSN: 0251-3552.
Maristella Svampa: socióloga. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, profesora de la Universidad Nacional de La Plata (unlp) y directora del Programa de Estudios Críticos del Desarrollo (pecs).
Maristella Svampa: socióloga. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, profesora de la Universidad Nacional de La Plata (unlp) y directora del Programa de Estudios Críticos del Desarrollo (pecs).
A
diez años de los acontecimientos de 2001 –que se conmemorarán en diciembre
próximo–, Argentina parece distante de los días de
crisis generalizada, acciones populares callejeras y nuevos ethos militantes por fuera del Estado. También parecen lejanos los días de «corralito» bancario y caos económico. En este marco, el artículo plantea una lectura de la década procurando superar los esquemas binarios y ponderando rupturas y continuidades, una discusión acerca del modelo de desarrollo y un retrato de las ambivalencias propias del retorno de lo nacional-popular, de la mano del peronismo, consolidado en el poder y capaz de interpelar a nuevas generaciones de militantes. (…)
crisis generalizada, acciones populares callejeras y nuevos ethos militantes por fuera del Estado. También parecen lejanos los días de «corralito» bancario y caos económico. En este marco, el artículo plantea una lectura de la década procurando superar los esquemas binarios y ponderando rupturas y continuidades, una discusión acerca del modelo de desarrollo y un retrato de las ambivalencias propias del retorno de lo nacional-popular, de la mano del peronismo, consolidado en el poder y capaz de interpelar a nuevas generaciones de militantes. (…)
Como es sabido, la tradición nacional-popular remite, para el caso argentino, al Movimiento Justicialista, fundado por Juan D. Perón en 1946. Pero lo «nacional-popular» es una categoría que reenvía a elaboraciones de Antonio Gramsci . En nuestros análisis, retomamos en parte los aportes de Emilio de Ípola y Juan Carlos Portantiero –publicados originariamente en 1986– respecto de su inflexión en América Latina, ligada a la alternativa populista. Para estos autores, el doble proceso que propone el populismo (constitución del pueblo y construcción de un orden estatal) requiere la inclusión de tres niveles de análisis: el de las demandas y tradiciones nacional-populares, el del populismo como movimiento de nacionalización y ciudadanización de las masas, y el populismo como forma particular del compromiso estatal. En este marco, nos interesa hacer énfasis en la tradición nacional-popular que definimos como una matriz político-ideológica que se inserta en la «memoria mediana» (las experiencias populistas de los años 30, 40 y 50) y tiende a sostenerse sobre el triple eje de la afirmación de la nación, el Estado redistributivo y conciliador, y el liderazgo carismático junto con las masas organizadas –el pueblo–. Asimismo, si bien en términos generales la dinámica de lo nacional-popular se instala en la tensión entre un proyecto nacionalista revolucionario, conducido por el pueblo junto con su líder, y el proyecto de la participación controlada, bajo la dirección del líder y el tutelaje estatal, es esta última la forma histórica que suele adoptar lo nacional-popular en los diferentes casos latinoamericanos, y muy especialmente en su versión argentina.
Ahora bien, desde nuestra perspectiva, en la Argentina de la última década pueden establecerse tres momentos políticos, que se abren con acontecimientos de fuerte impacto social: el primer momento, la rebelión de 2001, caracterizada por una crisis generalizada y un nuevo ciclo de movilización social, cuyo punto de inflexión es la represión del Puente Pueyrredón (2002); el segundo momento, la asunción presidencial de Néstor Kirchner (2003), que generó un nuevo escenario político, interpelando fuertemente a la sociedad y a las organizaciones sociales movilizadas (la vuelta a la «normalidad», la emergencia de un discurso progresista «desde arriba» y el retorno tímido de lo nacional-popular); y por último, el tercer momento, que se abre con el conflicto entre el gobierno nacional y lo sectores agrarios (2008) y encuentra una doble inflexión con la aprobación de la Ley de Comunicación Audiovisual (2009) y la muerte repentina del ex-presidente Néstor Kirchner (2010). Caracterizamos este tercer momento (2008-2010) como el de la exacerbación de lo nacional-popular y la tentativa de construcción de una hegemonía.(...)
Discursos binarios y exacerbación de lo nacional-popular
El conflicto que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tuvo con los productores agrarios apenas asumió, en 2008, fue la piedra de toque para actualizar de manera plena el legado nacional-popular. Recordemos que el enfrentamiento se originó a raíz de un aumento de las retenciones a las exportaciones agrarias, que pasaron de 35% a 44%. De manera inédita, el frente agrario agrupó tanto a las grandes organizaciones (entre ellas, la tradicional Sociedad Rural Argentina, que nuclea a los grandes propietarios), como a aquellos representantes de los pequeños y medianos productores (Federación Agraria Argentina), quienes llevaron a cabo una serie de bloqueos de rutas (paros agrarios y lock-outs), que dejaron al país al borde del desabastecimiento durante 100 días.
Este conflicto puso de manifiesto la importancia de las transformaciones agrarias ocurridas en la última década y el lugar del modelo sojero en la actual estructura económica argentina. Arrojó a la arena política a los diferentes actores del nuevo modelo agrario, develando su entramado complejo y sus rasgos mayores (manifiestos en la tendencia al monocultivo de soja). Otorgó visibilidad a algunos de los socios «menores» (los pequeños productores, que sostenían los cortes de ruta), al tiempo que iluminó parcialmente la situación de los excluidos del modelo, esto es, las comunidades campesinas e indígenas, que sufren el desplazamiento y despojo de sus tierras a causa de los desmontes y plantaciones de cultivos transgénicos, en especial en el Norte argentino.
El conflicto que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tuvo con los productores agrarios apenas asumió, en 2008, fue la piedra de toque para actualizar de manera plena el legado nacional-popular. Recordemos que el enfrentamiento se originó a raíz de un aumento de las retenciones a las exportaciones agrarias, que pasaron de 35% a 44%. De manera inédita, el frente agrario agrupó tanto a las grandes organizaciones (entre ellas, la tradicional Sociedad Rural Argentina, que nuclea a los grandes propietarios), como a aquellos representantes de los pequeños y medianos productores (Federación Agraria Argentina), quienes llevaron a cabo una serie de bloqueos de rutas (paros agrarios y lock-outs), que dejaron al país al borde del desabastecimiento durante 100 días.
Este conflicto puso de manifiesto la importancia de las transformaciones agrarias ocurridas en la última década y el lugar del modelo sojero en la actual estructura económica argentina. Arrojó a la arena política a los diferentes actores del nuevo modelo agrario, develando su entramado complejo y sus rasgos mayores (manifiestos en la tendencia al monocultivo de soja). Otorgó visibilidad a algunos de los socios «menores» (los pequeños productores, que sostenían los cortes de ruta), al tiempo que iluminó parcialmente la situación de los excluidos del modelo, esto es, las comunidades campesinas e indígenas, que sufren el desplazamiento y despojo de sus tierras a causa de los desmontes y plantaciones de cultivos transgénicos, en especial en el Norte argentino.
La dinámica virulenta que adquirió el conflicto económico hizo que este adoptara claras dimensiones políticas: tanto la respuesta inflexible del gobierno (llamándolos «piquetes de la abundancia») como la rápida reacción de sectores de la clase media porteña, que salieron a la calle a apoyar a los sectores agrarios, cuestionando el estilo político autoritario del gobierno, sirvieron para reactualizar viejos esquemas de carácter binario, que atraviesan la historia argentina y han anclado fuertemente en la tradición nacional-popular: civilización o barbarie; peronismo o antiperonismo; pueblo y antipueblo. No importa ya si el gobierno mostró escasa flexibilidad para negociar con las diferentes partes, cimentando de este modo el carácter monolítico del bloque opositor, o si las clases medias volvieron a manifestar inveterados prejuicios racistas y clasistas en relación con las bases populares peronistas. El conflicto fue un parteaguas: en ese marco, el gobierno logró la adhesión activa de un grupo amplio de intelectuales y académicos de corte progresista, llamado Carta Abierta, que salió en defensa de la institucionalidad y realizó una lectura de las movilizaciones agrarias en términos de «conflicto destituyente».
Meses después, el gobierno recobró iniciativa y
el esquema binario de lectura se
reforzó notoriamente con el conflicto generado por la Ley de Medios
Audiovisuales, que esta vez lo enfrentó de forma directa con el multimedios
Clarín
(que hasta antes de la disputa con los sectores agrarios había sido
beneficiado por las políticas del kirchnerismo). Los debates en torno de la
nueva ley, en 2009, suscitaron también la adhesión entusiasta de numerosos
periodistas, artistas y sectores educativos, que hasta ese momento habían
mantenido más bien una relación de apoyo tácito o de consenso pasivo en relación
con el kirchnerismo. Como consecuencia de ello, Argentina comenzó a transitar un
escenario de polarización político-social, comparable al de otros países
latinoamericanos (como es el caso de Venezuela).
Finalmente, la muerte repentina de Néstor Kirchner terminó de abrir por completo las compuertas a lo nacional-popular en su clásica versión estatalista. La conmoción que produjo la pérdida del político que marcó la escena argentina de la última década, así como el temor, por parte de ciertos sectores sociales, de ver desvanecidas las conquistas llevadas a cabo por el gobierno, constituyeron un punto de inflexión. Este fenómeno conllevó dos consecuencias mayores:
Finalmente, la muerte repentina de Néstor Kirchner terminó de abrir por completo las compuertas a lo nacional-popular en su clásica versión estatalista. La conmoción que produjo la pérdida del político que marcó la escena argentina de la última década, así como el temor, por parte de ciertos sectores sociales, de ver desvanecidas las conquistas llevadas a cabo por el gobierno, constituyeron un punto de inflexión. Este fenómeno conllevó dos consecuencias mayores:
-
Por un lado, consolidó el discurso binario como «gran relato» refundador del kirchnerismo, sintetizado en la oposición entre un bloque popular y sectores de poder concentrados (monopolios, corporaciones, «gorilas», antiperonistas). Como en otras épocas de la historia argentina, los esquemas dicotómicos, que comenzaron siendo principios reductores de la complejidad en un momento de conflicto, terminaron por funcionar como una estructura de inteligibilidad de la realidad política.
-
Por otro lado, se amplió el arco de alianzas, a partir de la incorporación explícita de la juventud –que tuvo notoria presencia en las exequias de Kirchner–. Agrupaciones pequeñas como «La Cámpora» (fundada por Máximo Kirchner, hijo del matrimonio presidencial) tuvieron un enorme crecimiento, y otras similares comenzaron a multiplicarse por todo el país, al compás de una doble militancia: tanto desde altos puestos del aparato del Estado como desde las bases, marcadas por un activismo virtual antes que territorial, desde blogs, Twitter y otras redes sociales.
El fenómeno no deja de ser llamativo si lo miramos comparativamente, pues no son
menores las diferencias que separan este ethos militante del de la generación de
2001. Aunque ambas se reivindiquen herederas de la generación del 70, la
militancia kirchnerista apunta a la revaloración del rol del Estado y combina
una buena dosis de pragmatismo político con las clásicas apelaciones a lo
nacional-popular (en las que se incluye la defensa del líder como expresión y
condensación del proyecto político); mientras que la generación de 2001
reivindica el carácter más genuino del trabajo basista y territorial, y en los
casos de la narrativa autonomista, continúa manteniendo una relación conflictiva
(aunque no exenta de debates) con la visión de una construcción política desde
el Estado. Tampoco podemos asegurar que esta juventud politizada se convierta en
una «nueva generación política», dado su carácter incipiente y el impulso que
encuentra desde la cima del Estado. El rol que la propia presidenta tiende a
otorgarle, tanto en términos discursivos (en nombre de un «trasvasamiento
generacional» ), como prácticos (puestos importantes en las listas de
legisladores, que implicaron un desplazamiento de sindicalistas y de
representantes de organizaciones sociales), ha contribuido a resaltar su
importancia. No es casual que ellos mismos se piensen como «soldados» de
Cristina y a la vez como «cuadros técnicos» del gobierno, cuya función es
custodiar y asegurar la continuidad del proyecto.
La
ampliación de las fronteras de los conflictos sociales.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner perdió la pulseada política con los sectores agrarios en el Parlamento, en julio de 2008, y atravesó un periodo de zozobra, visible en la derrota en las elecciones parlamentarias de 2009. Sin embargo, la recomposición política fue rápida, gracias a una conjunción de políticas activas llevadas a cabo desde el Estado, entre ellas, la nueva Ley de Comunicación Audiovisual, la Ley de Matrimonio Igualitario (que incluye a personas del mismo sexo), la nacionalización del sistema previsional y, sobre todo, la Asignación Universal por Hijo, una medida promovida desde hacía muchos años por partidos y organizaciones sociales progresistas opositoras, que la presidenta sancionó por decreto.
En segundo lugar, las acciones del nuevo sindicalismo de base –ligado a la matriz clasista– encontraron un punto de inflexión dramático. En octubre de 2010, la puja intersindical se cobró una víctima fatal: Mariano Ferreyra, un militante de izquierda perteneciente a un partido trotskista (Partido Obrero) fue asesinado en el marco de una protesta que exigía la incorporación con plenos derechos de sectores tercerizados de los servicios ferroviarios. Este crimen, que llevó al encarcelamiento del secretario general de la Unión Ferroviaria, uno de los más poderosos gremialistas de la CGT, puso al descubierto la oscura trama existente entre precarización, lógica empresarial, patotas sindicales y apoyos del gobierno nacional y abrió fuertes interrogantes sobre la calidad y la extensión del modelo laboral promovido por el gobierno. A ello se sumó la ruptura de la CTA: el pluralismo ideológico de la central encontró escollos insalvables en la creciente división interna entre sectores oficialistas y aquellos opositores al gobierno.
Por otro lado, aunque las estadísticas de la protesta suelen subrayar que, a diferencia de los años 90, en los ocho años que lleva en el poder el kirchnerismo disminuyeron las impugnaciones al modelo económico y volvieron a emerger los pedidos típicos de la movilización obrera por salarios y mejoras en las condiciones de trabajo, esta lectura es parcial. Se ha visto interpelada por la explosión de conflictos territoriales vinculados a la disputa por la tierra y la vivienda, así como por las luchas en defensa del territorio.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner perdió la pulseada política con los sectores agrarios en el Parlamento, en julio de 2008, y atravesó un periodo de zozobra, visible en la derrota en las elecciones parlamentarias de 2009. Sin embargo, la recomposición política fue rápida, gracias a una conjunción de políticas activas llevadas a cabo desde el Estado, entre ellas, la nueva Ley de Comunicación Audiovisual, la Ley de Matrimonio Igualitario (que incluye a personas del mismo sexo), la nacionalización del sistema previsional y, sobre todo, la Asignación Universal por Hijo, una medida promovida desde hacía muchos años por partidos y organizaciones sociales progresistas opositoras, que la presidenta sancionó por decreto.
En segundo lugar, las acciones del nuevo sindicalismo de base –ligado a la matriz clasista– encontraron un punto de inflexión dramático. En octubre de 2010, la puja intersindical se cobró una víctima fatal: Mariano Ferreyra, un militante de izquierda perteneciente a un partido trotskista (Partido Obrero) fue asesinado en el marco de una protesta que exigía la incorporación con plenos derechos de sectores tercerizados de los servicios ferroviarios. Este crimen, que llevó al encarcelamiento del secretario general de la Unión Ferroviaria, uno de los más poderosos gremialistas de la CGT, puso al descubierto la oscura trama existente entre precarización, lógica empresarial, patotas sindicales y apoyos del gobierno nacional y abrió fuertes interrogantes sobre la calidad y la extensión del modelo laboral promovido por el gobierno. A ello se sumó la ruptura de la CTA: el pluralismo ideológico de la central encontró escollos insalvables en la creciente división interna entre sectores oficialistas y aquellos opositores al gobierno.
Por otro lado, aunque las estadísticas de la protesta suelen subrayar que, a diferencia de los años 90, en los ocho años que lleva en el poder el kirchnerismo disminuyeron las impugnaciones al modelo económico y volvieron a emerger los pedidos típicos de la movilización obrera por salarios y mejoras en las condiciones de trabajo, esta lectura es parcial. Se ha visto interpelada por la explosión de conflictos territoriales vinculados a la disputa por la tierra y la vivienda, así como por las luchas en defensa del territorio.
Estos conflictos reenvían tanto a una demanda acumulada de viviendas, como al creciente desplazamiento que sufren masas rurales y urbanas, pueblos originarios y campesinos, a raíz de la implementación de modelos productivos ligados al agronegocio, megaemprendimientos turísticos y minería a cielo abierto, entre otros, que exigen el acaparamiento de tierras. Estas problemáticas adoptan dimensiones más dramáticas si hacemos referencia a las organizaciones y pueblos indígenas (como la comunidad Qom, en la provincia de Formosa), que han protagonizado en años recientes una sostenida resistencia a los desalojos y han sufrido diferentes formas de criminalización y represión, incluyendo el asesinato.
Asimismo, ligada a estos procesos recientes, ya hemos mencionado la emergencia de asambleas de vecinos autoconvocados en contra de la megaminería transnacional. Al igual que en otros países latinoamericanos, como Perú, Ecuador y Guatemala, este tipo de movilizaciones socioambientales se localizan en pequeñas y medianas localidades de la zona cordillerana y precordillerana. Pese a las asimetrías existentes, entre 2003 y 2008 estos movimientos han logrado la sanción de leyes de prohibición de la minería a cielo abierto (con algún tipo de sustancia contaminante) en siete provincias argentinas . En este campo, uno de los avances más importantes fue la sanción de una Ley de Protección de Glaciares, en septiembre de 2010, luego de que fuera vetada por la presidenta en 2008, lo cual puso de manifiesto la influencia de los grandes intereses mineros (entre ellos, de la compañía canadiense Barrick Gold, cuya actividad se vería comprometida por la aplicación de la ley) .
El
peronismo como hegemonía
Varias hipótesis recorrían el escenario político en los primeros años del siglo xxi argentino. Para algunos, era previsible que las formas políticas que se multiplicaron a partir de diciembre de 2001 no podrían sostener un eterno estado de efervescencia y fracasarían en su intento de recomposición política desde abajo. Como hemos señalado, parte de ese fracaso se debió tanto a la tentación hegemonista de la izquierda clasista como a la escasa aspiración de construir una nueva institucionalidad estatal que expresaba el ethos autonomista.
Aun así, en medio de la crisis, pocos auguraban una rápida recomposición política desde arriba. Aunque el sistema político partidario no había estallado, frente a la aguda crisis de representación se apuntaba a un cierto recambio de las elites políticas. Esto no sucedió finalmente, pero tanto el colapso de la coalición gobernante en 2001 (la alianza entre la tradicional Unión Cívica Radical y sectores progresistas) como la resolución posterior de la crisis fortalecieron la hipótesis de que el peronismo es el único partido político que puede asegurar gobernabilidad, en medio de una sociedad atravesada por múltiples conflictos. Sin embargo, en los primeros años del nuevo siglo, bien podía pensarse que mucha agua había corrido bajo el puente peronista y que el neoliberalismo había dejado marcas indelebles en la memoria militante de los argentinos. Más simple: parecía inconcebible que luego del notable giro neoliberal del peronismo en los años 90, que se tradujo en una profunda crisis de la militancia política y en un gran desdibujamiento en términos de contracultura política, éste pudiera reactualizar y potenciar los componentes nacional-populares, visibles en la revaloración del Estado, la centralidad del líder y el rearmado de un aparato militante (sindical, social, político y cultural).
Varias hipótesis recorrían el escenario político en los primeros años del siglo xxi argentino. Para algunos, era previsible que las formas políticas que se multiplicaron a partir de diciembre de 2001 no podrían sostener un eterno estado de efervescencia y fracasarían en su intento de recomposición política desde abajo. Como hemos señalado, parte de ese fracaso se debió tanto a la tentación hegemonista de la izquierda clasista como a la escasa aspiración de construir una nueva institucionalidad estatal que expresaba el ethos autonomista.
Aun así, en medio de la crisis, pocos auguraban una rápida recomposición política desde arriba. Aunque el sistema político partidario no había estallado, frente a la aguda crisis de representación se apuntaba a un cierto recambio de las elites políticas. Esto no sucedió finalmente, pero tanto el colapso de la coalición gobernante en 2001 (la alianza entre la tradicional Unión Cívica Radical y sectores progresistas) como la resolución posterior de la crisis fortalecieron la hipótesis de que el peronismo es el único partido político que puede asegurar gobernabilidad, en medio de una sociedad atravesada por múltiples conflictos. Sin embargo, en los primeros años del nuevo siglo, bien podía pensarse que mucha agua había corrido bajo el puente peronista y que el neoliberalismo había dejado marcas indelebles en la memoria militante de los argentinos. Más simple: parecía inconcebible que luego del notable giro neoliberal del peronismo en los años 90, que se tradujo en una profunda crisis de la militancia política y en un gran desdibujamiento en términos de contracultura política, éste pudiera reactualizar y potenciar los componentes nacional-populares, visibles en la revaloración del Estado, la centralidad del líder y el rearmado de un aparato militante (sindical, social, político y cultural).
En contraste con Eduardo Duhalde y su fórmula «default más represión», Néstor Kirchner, el presidente inesperado, propuso una fórmula viable y atractiva que combinaba el reciente progresismo latinoamericano con apelaciones tradicionales (pragmatismo político, concentración de poder, subordinación de los actores al líder, entre otros), en un contexto económico favorable. Cabe observar en retrospectiva que, desde el retorno a la institucionalidad democrática, en 1983, el peronismo gobernó 20 sobre 28 años, y que ha sido sucesivamente neoliberal –en los 90, bajo las dos gestiones de Carlos Menem–, progresista y tendencialmente nacional-popular –desde 2003, con Néstor Kirchner como presidente– y exacerbadamente nacional-popular desde 2008 –bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner–. Como afirma Juan Carlos Torre, en realidad el peronismo es un sistema político en sí mismo, pues reúne a la vez gobierno y oposición. Un ejemplo reciente ilustra lo dicho: en las primeras elecciones generales primarias, realizadas en agosto de 2011, las corrientes que se reivindican dentro del campo peronista reunieron en total 70% de los votos válidos emitidos. 50,4% votó por la actual presidenta, anticipando su reelección. Este fenómeno tiene su contracara también en la creciente división de la oposición, tanto dentro del peronismo más conservador, de los sectores de derecha, como en la volatilidad de los proyectos alternativos de centroizquierda. En 2011, el único triunfo que la oposición puede mostrar como incontestable es la reelección del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien se perfila como el candidato de los sectores de derecha para las elecciones de 2015.
Por primera vez en la historia argentina, el partido peronista (en su versión kirchnerista) gobernará por 12 años consecutivos, algo que ni el mismísimo Juan D. Perón logró, ya que gobernó entre 1946 y 1955, año en que fue derrocado por un golpe militar. Mucho menos podía esperarse tal continuidad en los años 70, cuando la inestabilidad institucional y la violencia política eran parte del clima de época.
Nuevamente, y mucho más que otros populismos latinoamericanos, el peronismo probó ser capaz de contener las más diversas corrientes político-ideológicas en su seno, así como volvió a dar pruebas de una gran productividad política. No es extraño entonces que, debido a una combinación de lógica política y estrategia adaptativa, propia de la amplitud y la plasticidad de su marco ideológico, las mismas personas que fueron fervorosamente neoliberales en una etapa pudieran devenir nacional-populares en la siguiente. Con los años, el éxito económico del gobierno y la posterior ampliación de un sistema de alianzas en clave nacional-popular (no sólo desde el sindicalismo tradicional, sino también desde el ámbito de la cultura y la educación, y la nueva militancia política juvenil), con la consiguiente reducción y simplificación del espacio político, terminaron por ensanchar las espaldas del proyecto político gubernamental, con ingentes bases provenientes de las clases medias urbanas. Asimismo, por primera vez en su historia, desde el poder, el peronismo parecería superar la oposición entre pueblo y cultura, entre masas e intelectuales, que tanto ha sobrevolado como maldición sobre anteriores experiencias nacional-populares.
En
el orden de los «populismos realmente existentes», la actualización de lo
nacional-popular, realizada a través de la profundización de los antagonismos y
la activación de estructuras de inteligibilidad binarias, se halla más cerca de
las clásicas versiones organicistas de la hegemonía que de una visión pluralista.
No obstante, aunque la matriz nacional-popular puede reclamar hegemonía
(asentada sobre todo en una construcción cultural-mediática), se muestra incapaz
de aglutinar y contener todos los frentes de conflicto y todas las formas de
expresión de lo popular. La explosión de una conflictividad ligada a las
políticas de mercantilización de las tierras, en la que se mezclan fenómenos
como la urbanización forzada con la concentración de la tierra, la expansión del agronegocio y la minería transnacional, revelan algo más que el
costado «débil» del gobierno: en realidad,
estas políticas forman parte del
sistema de dominación; son sostenidas y promovidas desde el aparato estatal y
marcan la profundización de una lógica de desposesión, en una perturbadora
continuidad con lo sucedido en los años 90.
Una particularidad que afianza la construcción hegemónica es que, en el campo de las luchas, la coexistencia actual entre modelos de desarrollo diferentes (industrial/servicios; agronegocio/minero) se expresa a través de una gran desconexión: así, existen pocos puentes entre las actuales luchas sindicales y las disputas por la tierra y el territorio. Entre otros, uno de los factores que agrava la desconexión es la acentuación de una retórica nacional-popular, en clave desarrollista, que potencia los rasgos corporativos de los sindicatos y acentúa la incomprensión hacia aquellos sectores que cuestionan los modelos minero y de agronegocio. En este marco, no es casual que los sectores intelectuales kirchneristas y la nueva juventud política militante tiendan a mantener «blindado» el discurso frente al carácter nodal de estas problemáticas, negando la responsabilidad gubernamental respecto de la lógica de desposesión que caracteriza determinadas políticas de Estado, y a subrayar, en contraste, el peso de las políticas sociales y la revitalización de institutos laborales, como la negociación colectiva, entre otros.(…)
Fuente: http://www.psocialista.org/?p=2246
Una particularidad que afianza la construcción hegemónica es que, en el campo de las luchas, la coexistencia actual entre modelos de desarrollo diferentes (industrial/servicios; agronegocio/minero) se expresa a través de una gran desconexión: así, existen pocos puentes entre las actuales luchas sindicales y las disputas por la tierra y el territorio. Entre otros, uno de los factores que agrava la desconexión es la acentuación de una retórica nacional-popular, en clave desarrollista, que potencia los rasgos corporativos de los sindicatos y acentúa la incomprensión hacia aquellos sectores que cuestionan los modelos minero y de agronegocio. En este marco, no es casual que los sectores intelectuales kirchneristas y la nueva juventud política militante tiendan a mantener «blindado» el discurso frente al carácter nodal de estas problemáticas, negando la responsabilidad gubernamental respecto de la lógica de desposesión que caracteriza determinadas políticas de Estado, y a subrayar, en contraste, el peso de las políticas sociales y la revitalización de institutos laborales, como la negociación colectiva, entre otros.(…)
Fuente: http://www.psocialista.org/?p=2246
Prestemos atención a
las izquierdas peronistas y
marxistas con identificación subordinada al kirchnerismo. Este
posicionamiento significa que:
1.
Menosprecian el perfeccionamiento del Estado y el
sistema político en su carácter antipopular por corrupción, cesión de
soberanía en tribunales extranjeros, ley para impunidad del Estado,
criminalización tanto de los desposeídos como de quienes resisten
avasallamiento de derechos, aplicación de leyes antiterroristas y ecocidios-etnocidios.
Corrupción y capitalismo (1)
2 de mayo de 2013
2 de mayo de 2013
Por Rolando Astarita
(…)En
cuanto Argentina, todo indica que buena
parte del dinero proveniente de la corrupción sale del país y se
integra a las tenencias de argentinos en el exterior, que algunos calculan en
unos 202.000 millones de dólares.
Posiblemente, solo una pequeña fracción vuelve al país. Un ejemplo sería la
compra de la gráfica Ciccone por el oscuro Old Fund (no es casual que los
legisladores hayan estatizado la empresa sin averiguar el origen de esos
fondos).
Vinculación con el capital financiero
Lo anterior
demuestra la íntima relación entre las llamadas “burguesías nacionales” (y los
gobiernos “nacionales y populares”) con el capital financiero internacional. No
sólo porque la colocación en activos financieros internacionales es un destino
favorito de muchos fondos, sino también por la misma naturaleza de las
operaciones involucradas en hacer “productivos” los flujos de dinero sucio. Es
que entre el atesoramiento de los flujos líquidos, y su lanzamiento al circuito
de acumulación, debe mediar el lavado. Como es conocido, el lavado es el proceso
por el cual el dinero recibido por una acción criminal, que no ha pagado
impuestos, etc., se convierte en dinero aceptable legalmente, borrando las
vinculaciones con su origen. Puede realizarse al interior del país, o en el
exterior, y se realiza de diversas maneras, que involucran, en diferentes
grados, la colaboración del Estado y del sistema bancario. Por ejemplo, se
montan negocios que mueven mucho líquido; la mafia norteamericana, por caso,
operaba con restaurantes, lavanderías y similares para blanquear dinero.
Naturalmente, los órganos de recaudación y fiscalización, hacen “la vista
gorda”. También se lava dinero mediante la confección de facturas apócrifas.
Otra forma de lavado se da cuando los gobernantes aumentan sustancialmente, año
tras año, sus declaraciones patrimoniales, en la seguridad de que la Justicia no
averiguará sobre el asunto, o desestimará cualquier denuncia. Apuntemos que
todas estas operaciones implican sumas destinadas a actividades
improductivas; desde ese punto de vista, y contra lo que afirma Chang, se
trata de un factor negativo para el desarrollo de las fuerzas productivas.
A su vez,
cuando se trata del blanqueo en el exterior, es imprescindible la cooperación de
las instituciones financieras internacionales, tanto para abrir cuentas, como
para mover el dinero. Es que una de las operaciones más usuales consiste en
mover el dinero muchas veces entre diferentes países y cuentas, a fin de que se
pierda su rastro. Dado que en la actualidad el sistema financiero está altamente
conectado, el dinero puede ser transferido a través de muchas jurisdicciones en
cuestión de minutos. Los lavadores de dinero explotan la complejidad de estas
interconexiones, así como las diferencias entre las leyes nacionales sobre
lavado de dinero. Evidentemente, no
es posible el lavado de esas siderales sumas de dinero sin el concurso de
grandes bancos de las principales potencias. Al respecto, existen múltiples
investigaciones y denuncias. Por ejemplo, Global Witness ha denunciado muchas
veces la renuencia de los grandes bancos de EEUU a rechazar fondos sospechosos.
Un caso representativo es lo sucedido con el HSBC. Según Global Witness, entre
2007 y 2008 la sucursal de México introdujo 7.000 millones de dólares en EEUU,
que solo podían provenir de los negocios de la droga. En 2012 un subcomité del
Senado de EEUU llegó a la conclusión de que el HSBC había permitido a lavadores
de dinero, traficantes de drogas y terroristas mover sus dineros a través del
sistema financiero estadounidense. La Justicia probó que por lo menos había
lavado 880 millones de dólares para el cartel de Sinaloa, y fue condenado a
pagar 1.900 millones de dólares en multas.
Global
Witness también ha dado una lista de otros bancos que operan en grandes centros
financieros y hacen negocios con funcionarios corruptos de Nigeria, Angola,
Turkmenistán, Liberia, Guinea Ecuatorial y República del Congo. A su vez, en
2011 un estudio realizado por las autoridades reguladoras del sistema financiero
británico encontró que los bancos de Gran Bretaña sistemáticamente no realizaban
los controles anti lavado, en especial cuando se trataba de cuentas sospechosas.
El sistema también colabora para que capitalistas de todo el mundo estén a salvo
de los impuestos de sus países. Por ejemplo, en 2011 los miembros de la
Delegación Florida de la Cámara de Representantes sostuvieron que, debido a las
leyes de privacidad vigentes en el país, habría depósitos de no residentes en
instituciones financieras estadounidenses por unos 1,3 billones de dólares.
Indudablemente, con la extensión de las relaciones mercantiles, “todo se vuelve
venal y adquirible” (Marx), y afecta incluso a las almas más puras y santas: en
2012 el economista Gotti Tedeschi, al frente del banco del Vaticano (el
Instituto para las Obras de la Religión), encontró que detrás de algunas de las
cuentas cifradas del banco se ocultaba dinero sucio de empresarios, políticos y
jefes de la mafia. Entre estos últimos, estaba Matteo Denaro, jefe de jefes de
la Cosa Nostra. Como vemos, no se trata solo de los paraísos fiscales, o de
Suiza.
En cualquier caso, y con lo visto en este punto, se hace insostenible el argumento “nacional” de que la corrupción contribuye a las fuerzas “progresistas antiimperialistas”. Más bien parece tratarse de un intento de fracciones de burguesías atrasadas, y sus agentes y representantes, de insertarse en la mundialización financiera. Desde el punto de vista de la acumulación global, los fondos que salen del país -que no se destinan a ampliar la infraestructura productiva, la obra pública, etc.- constituyen una sangría de excedente.
Acumulación “primitiva”, corrupción y la deidad del dinero
La
persistencia y extensión de la corrupción, y sus conexiones con el crimen,
obligan a pensar en las razones del fenómeno. Como hemos señalado antes, desde
el punto de vista de la teoría marxista, la explotación del trabajo y la
acumulación de lo producido, no exigen, necesariamente, el fraude y la
corrupción. Tampoco se puede sostener que las grandes orientaciones económicas
son regidas por la corrupción, como piensa una parte del progresismo
izquierdista argentino (véase aquí).
Esta tesis (aunque aplicada sólo al menemismo) constituye el reverso de la que
sostiene que “el” problema del país es la corrupción. (…)
Pero también la envergadura que adquiere la corrupción debería vincularse a la
extensión y profundidad de las relaciones mercantiles y capitalistas. Nunca
debería perderse de vista que la sociedad capitalista tiende a la
mercantilización de todas las relaciones. Por eso, en última instancia, las
virtudes y la decencia, incluidos votos de parlamentarios, y sentencias
judiciales, se compran y venden, como cualquier otra mercancía. Detrás de las
promesas de “nos preocupamos por la gente”, está el contenido de toda política
burguesa (esto es, de toda política que defiende la propiedad privada y la
explotación). Y el dinero, la encarnación misma del valor y del poder social, es
el centro de la atracción. “La triste esclavitud en que el dinero mantiene al
burgués se trasluce claramente en el mismo lenguaje de la burguesía. Es el
dinero el que da valor al hombre. … Quien tiene dinero es respetable, figura en
la “mejor clase de gentes”, escribía Engels en una de sus obras juveniles (1981,
p. 513). Y por la misma época Marx, inspirado en Shakespeare, anotaba que “el
dinero es la deidad visible que se encarga de trocar todas las cualidades
generales y humanas en lo contrario de lo que son, la confusión y la inversión
general de las cosas…. el dinero es la ramera universal, la alcahueta universal
de los hombres y los pueblos” (1987, p. 643).
Ante esta “deidad-ramera-alchahueta” todo se sacrifica. ¿Qué importa que no se hagan obras para evitar inundaciones? ¿Qué importa que se desvíen fondos destinados a mejorar los ferrocarriles? ¿Qué importa que se utilicen subsidios para afianzar mi poder? ¿Qué me importan los muertos por inundaciones, por accidentes ferroviarios? ¿Qué me importa la gente sin trabajo ni recursos? ¿Qué me importa todo esto, si yo me enriquezco de la noche a la mañana? ¿Qué me importa si “el dinero convierte la lealtad en felonía, el amor en odio y el odio en amor, la virtud en vicio y el vicio en virtud, el siervo en señor y al señor en siervo, a la estupidez en talento y al talento en estupidez”? Ésta es la civilización burguesa “en acto”; y es la razón última de la corrupción generalizada.
Corrupción y capitalismo (2)
8 de mayo de 2013
8 de mayo de 2013
Por Rolando Astarita
(…)Hoy
podríamos hablar de lumpen burguesía estatal para significar esa capa de altos
funcionarios del estado,
que no sólo recibe plusvalía bajo la forma de salario, sino también se apropia
de otra tajada en tanto intermedia y habilita el enriquecimiento, o la
formación, de nuevos capitalistas, sin transformarse por eso en explotadora
directa del trabajo. Por lo general, estos sectores acumulan en los mercados
financieros internacionales (bonos, acciones, depósitos en cuentas externas), o
en propiedad residencial (en Miami, por caso). Tienen una lógica especulativa,
que ni siquiera es la del prestamista que gana en el circuito “dinero – más
dinero”; aquí es “dinero que surge de la nada” y se reproduce de la nada, para
blanquearse y fundirse luego con el capital financiero internacional. Se trata
de una lumpen burguesía estatal y
financiera, que no pasa al
estatus de capitalista productivo; es una especie particular de parásito, un
tipo humano desfachatado y dilapidador sin límites, habituado a realizar todo
tipo de fraudes y engaños, en combinación con fracciones del capital privado,
interno o externo. Es curioso cómo un amplio abanico de la izquierda K
(peronismo de izquierda, militantes y ex militantes del PC, intelectuales estilo 6,7,8 y
similares) disimulan, o incluso justifican, con las más diversas excusas, la
existencia de este fenómeno.
Corrupción, clase obrera y movimientos sociales
Si bien los
marxistas rechazamos la idea de que la corrupción es la principal causa del
atraso económico, o de los sufrimientos de la clase trabajadora, en el
socialismo siempre existió una aguda conciencia de sus efectos negativos sobre
la clase obrera y los movimientos revolucionarios, o incluso democrático
reformistas. La preocupación ya estaba en Marx y Engels. Por ejemplo Marx, en
carta a Liebknecht del 11 de febrero de 1878, decía que la clase obrera inglesa
había sido “la más corrompida desde 1848 y había terminado por ser el furgón del
gran partido Liberal, es decir, lacayos de los capitalistas. Su dirección había
pasado completamente a manos de los corrompidos dirigentes sindicales y agentes
profesionales”. Marx y Engels también estaban convencidos de que la clase obrera
británica se beneficiaba de la explotación que realizaba Gran Bretaña en el
resto del mundo, lo que daba lugar a un “proletariado burgués” (carta de Engels
a Marx del 7 de octubre de 1858). Y Marx se refirió incluso al rol negativo de
las cooperativas obreras sostenidas por el gobierno prusiano; en carta a Engels,
del 18 de febrero de 1865, decía que “el apoyo del gobierno real prusiano a las
sociedades cooperativas… carece de valor alguno como medida económica, pero en
cambio extiende el sistema de la tutela, corrompe a un sector de los obreros, y
castra el movimiento”.
La idea de
que la corrupción es un factor de dominio de la burguesía, y de desmoralización
y desorganización de la clase obrera, también está presente, incluso de manera
más aguda, en Lenin y en Trotsky. Este último, por ejemplo, llegó a decir que
la
burocracia sindical
“es la columna vertebral del imperialismo británico”, y
“el principal
instrumento de la opresión del estado burgués”;
pensaba que en los países atrasados el capitalismo creaba “un estrato de
aristócratas y burócratas obreros”, y que los sindicatos se transformaban (era
el caso de México) “en instituciones semiestatales” que asumían “un carácter
semitotalitario” (véase Trotsky, 1977). En un texto de los años 1920 sostenía
que la burguesía norteamericana, como antes había hecho la británica, “engorda a
la aristocracia obrera para mantener maniatado al proletariado” (1975, p. 67).
Todo esto es
aplicable a la actualidad argentina (y sospecho, a la actualidad de la mayoría
de los países capitalistas). Históricamente, la clase dominante -a través del
capital privado, o del estado- ha buscado dividir, desmoralizar, desorganizar a
los movimientos sociales o críticos. Es conocida la historia de los sindicatos.
Hoy la
burocracia sindical es socia del capital y del estado, a través de múltiples
conexiones, como el manejo de obras sociales, la administración del ingreso de
trabajadores a las empresas, la participación directa en negocios capitalistas,
con colaboración, o no, de instancias estatales, y otras vías. La
burocratización trae aparejadas, inevitablemente, las prácticas burguesas y
represivas al interior de las organizaciones obreras.
Pero el mal se
extiende también a los movimientos de desocupados, a organismos defensores de
derechos humanos, y de cualquier tipo.
Por ejemplo, actualmente las cooperativas de desocupados opositoras del gobierno
K son discriminadas en la asignación de recursos, en tanto las adictas son
recompensadas de múltiples formas. De esta manera, se consolida un sistema de
tutelaje y corrupción de dirigentes sociales, a cargo del estado. Los casos son
muy conocidos, y no hace falta abundar en ello.
Señalemos
también el rol de la corrupción para convertir a intelectuales críticos en
apologistas del sistema, o defensores de alguna fracción de la clase dominante.
En esta vena, es frecuente encontrar esos sujetos en los cuales, y al decir de
Marx, “el charlatanismo en la ciencia y el acomodo en la política son
inseparables”. Como es costumbre, estos intelectuales “progres” dirán
-sesudamente, faltaba más- que no hay que denunciar esta corrupción porque “le
hace el juego a la derecha” o porque “desprestigia a los sindicatos, a los
movimientos sociales, o a la política”. Según esta tesis, no habría que
denunciar la corrupción y la represión de la burocracia sindical, aunque son
principales factores del debilitamiento de los sindicatos, para no debilitar a
los sindicatos. Y lo mismo se aplicaría al resto de las organizaciones; y a
ellos mismos. Es, por supuesto, un razonamiento absurdo (aunque acomodaticio).
Los marxistas son conscientes de que la emancipación de la clase obrera no se
logrará ocultando los problemas y las contradicciones. La crítica debe ir hasta
la médula, y el principio de toda crítica es el rigor.
Textos citados:
(…)
Fuente:
https://rolandoastarita.wordpress.com/2013/05/08/corrupcion-y-capitalismo-2
----
Gatillo fácil, represión y década K
1 de octubre
de 2013
Por
Rolando Astarita
En el día de
ayer, en el barrio de Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires, Eric Milton
Ponce fue baleado por un miembro de la policía bonaerense, David Cavaleiro. Al
momento de escribir esta nota, Eric se encuentra en terapia intensiva, y su
estado es grave.
El motivo
“de superficie” del acto criminal, fue la discusión por una cuestión banal; por
lo que los medios se apresuraron a calificar la acción de Cavaleiro de
“irracional”. La razón de fondo, sin embargo, es otra. Se trata de un caso más
de gatillo fácil, que se inscribe en una lógica de larga data, y en su
profundización (ver aquí y aquí).
El endurecimiento del discurso del gobierno CK, el nombramiento de Milani como
jefe del Ejército, de Marambio al frente del Servicio Penitenciario Nacional, de
Granados como ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, la
represión en Neuquén a los que protestaban por el acuerdo de Chevron, o la
propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores, no son hechos
aislados.
Para comprender el significado de lo que está ocurriendo, es importante ir a los datos y a la historia de la década K. Con este objeto, reproduzco en lo que sigue algunos de los datos y conclusiones más relevantes del “Informe de la situación represiva 2003-2013”, de la CORREPI (consultar http://www.correpi.lahaine.org/).Recomiendo a los lectores del blog leer completo este informe. Aquí van entonces algunos datos.
Balance
de una década
Según el
informe, entre el 25/05/2003 y el 25/05/2013, esto es, durante la década de
gobierno del matrimonio Kirchner, fueron asesinadas con el gatillo fácil, las
desapariciones y la tortura en cárceles y comisarías 2280
personas. Aclaremos que se trata sólo de los casos
denunciados a la CORREPI.
“Ningún
gobierno, desde diciembre de 1983, exhibe un índice semejante”. Existen tres
modalidades básicas: por un lado, el gatillo fácil, responsable del 38% de las
muertes. En segundo término, los fusilamientos realizados por las fuerzas de
seguridad, que se presentan como enfrentamientos. En tercer lugar, la detención
legal o ilegal de personas, las torturas en comisarías, seguidas de muerte y la
desaparición de las víctimas. En este último respecto, CORREPI contabiliza unos
200 casos de desapariciones. En muchos casos, los asesinatos se presentan como
suicidios o peleas entre internos. “Muchas veces, luego de detenerlos y
torturarlos, para deshacerse de los cuerpos los tiran a un río, a un basural, o
los dejan cerca de las vías de un tren para simular un accidente”. Jonathan
Lezcano, Ezequiel Blanco, Alejandro Flores, Luciano Arruga, Jorge Julio López,
Iván Torres, Adolfo Garrido, Raúl Baigorria, son algunos de los desparecidos.
CORREPI dice
que se trata de las tres modalidades básicas de una forma represiva que tiene
por objetivo imponer el control social sobre las grandes mayorías, que deben ser
disciplinadas para que acepten, como natural, su subordinación a la clase
dominante. La forma represiva está por eso dirigida principalmente a los
sectores más pobres y oprimidos de la sociedad, y dentro de ellos, a los
jóvenes. En este contexto, la presidenta Kirchner envía su mensaje de aliento y
amparo a las fuerzas de seguridad: “no puede ser que la policía detiene, detiene
y detiene, y la Justicia libera, libera y libera”.
A lo
anterior, debe sumarse:
El proyecto
X, de espionaje sobre las organizaciones políticas de izquierda y populares,
instrumentado por la Gendarmería.
La
infiltración de la Policía Federal en organizaciones populares, como la Agencia
Walsh.
La sanción
de siete leyes anti-terroristas desde 2003.
Las
condiciones infrahumanas en que son mantenidos los presos, con aplicación
sistemática de torturas y vejaciones de todo tipo.
La
intervención militarizada, con Gendarmería o Prefectura, en la represión de
luchas sindicales o populares. Como ejemplos: prefectura contra trabajadores de
la industria pesquera en Mar del Plata, Gendarmería contra petroleros en Santa
Cruz, Prefectura en el conflicto del Casino Flotante, en la ciudad de Buenos
Aires; la ocupación por Gendarmería del Hospital Francés, también durante el
conflicto sindical; la represión permanente a los trabajadores del INDEC.
El
hostigamiento, persecución y amenazas a militantes y activistas sindicales y
sociales, o defensores de derechos humanos, por el Gobierno Nacional, los
gobiernos provinciales (muchos de ellos aliados y amparados por el gobierno K),
incluidos los militantes de la CORREPI.
La
tercerización de la represión con patotas. “Con una frecuencia superior a sus
antecesores, el gobierno ha recurrido a grupos de choque paraestatales para
intervenir en los conflictos que por su magnitud, apoyo popular o perseverancia,
necesita resolver con urgencia sin manchar el nombre de la gestión ni contribuir
a la deslegitimación de las fuerzas represivas: la patota”. Existen para este
fin grupos integrados por organizaciones afines al gobierno. En otros casos,
interviene en la represión -por ejemplo, de conflictos laborales- personal de
agencias privadas de seguridad, o patovicas, contratados por las patronales, que
tienen vía libre para actuar.
Estos hechos están en correspondencia lógica con un “modelo de desarrollo con inclusión social” en que el 15% de la fuerza laboral está desocupada o subocupada; en que más del 35% tiene trabajos precarizados e informales; en que un millón de jóvenes no estudia ni trabaja; en un país en que más de 8 millones de personas carecen de agua de red, y 21 millones no tienen cloacas. Esto en un país que ha crecido, según los datos oficiales, “a tasas chinas”. Más en general, los datos que presenta el informe CORREPI deberían servir para la reflexión acerca de la naturaleza de clase del Estado, y del gobierno que lo encabeza.
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Winkul Newen:
“existe un estado que diseña estrategias dirigidas a
desplazar
del territorio ancestral al pueblo mapuche”.
8 de mayo de 2015
8 de mayo de 2015
Tres integrantes de la comunidad Mapuche Winkul Newen alojada en
la provincia de Neuquen, entre la ciudad de Zapala y Cutral-Co, están siendo
enjuiciados bajo el cargo de “Tentativa de homicidio con alevosía”. Las razones
de esta carátula de la causa se remiten a la defensa de la comunidad originaria
ante el avance petrolero de la multinacional norteamericana Apache sobre sus
territorios ancestrales. Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) es quién hoy
maneja los activos de la petrolera en Argentina. Por Federico Paterno
Los imputados por la justicia neuquina son: Relmu Ñamku, Martin Maliqueo y Mauricio Rain. Acusados por agresión a la oficial de justicia Verónica Pelayes. El 28 de Diciembre del 2012 integrantes de la fuerzas de seguridad junto a miembros de Apache se acercaron hasta la comunidad Winkul Newen con una orden de supuesto desalojo de sus tierras. Ante la respuesta de miembros de la comunidad para evitar el desalojo devino la causa que hoy se afirma con un pedido de 15 años de cárcel. Hay que destacar que la justicia de esta provincia se basó en la Ley 26.734 llamada “Ley Antiterrorista”.imagen
Llevan 15 años de apremio por parte de las petroleras para poder quedarse con las tierras Mapuche. La comunidad Winkul Newen resistió varios desalojos y aún hoy continúa la pelea por el cumplimiento del derecho indígena que los defiende en la Constitución Nacional.
Vienen por todo
La Comunidad Newen ya había sufrido presiones y agresiones por parte de la petrolera antes mencionada. Dentro de las tierras Mapuche se encuentran nueve pozos que la multinacional aspira obtener y darle amplitud hasta obtener 40 de estos.
Apache intentó en reiteradas oportunidades invadir las tierras lo que generó la respuesta de los dueños de este territorio. Hubo frenos a desalojos de la multinacional. Las fugas de gas, la lluvia de petróleo y las pinchaduras de caños denunciadas por Relmu Ñamku, son causales del problema para entender el problema serio de contaminación que vive la comunidad, sin ningún tipo de reparo por parte de los funcionarios de la provincia.
Se realizaron varios cortes en los caminos por parte de la comunidad para evitar que sigan con el trabajo extractivista y contaminante. La respuesta política fue la militarización de la zona donde viven los Mapuche afectados.
La madrugada del 28 de diciembre del 2012 la “justicia” neuquina sorprendió a la comunidad mapuche tras una gran cantidad de topadoras que se acercaron a su territorio, junto con el apoyo de las camionetas de la multinacional norteamericana Apache. Se resistió el desalojo que los invadió, la principal defensa para echarlos fueron las piedras que estaban al alcance para evitar perder lo que les corresponde. Este desenlace es el que hoy cae sobre los originarios Mapuches. Relmu Ñanku recibió la acusación de homicidio agravado en grado de tentativa y daño agravado. Martin Maliqueo y Mauricio Rain están acusados de daño agravado.
La comunidad había sufrido la agresión de una patota mafiosa que los golpeó dentro de sus tierras. Los sicarios fueron pagados por la empresa Apache para amedrentar la resistencia que venían manteniendo. Como saldo de esta apriete un menor de la comunidad resulto herido de bala en una pierna.
El testimonio
“Mi madre de 75 años fue arrastrada por el suelo con su cabeza casi fracturada por los machetazos que le dieron con gente mandada por la empresa (Apache)”, explicó Martin Maliqueo hace pocos días, werken (vocero) de la comunidad, la declaración fue en el marco del juicio que está transcurriendo. Y agregó “La justicia existe solo para el poder y no es justo. Nosotros solo nos defendimos, no atacamos a nadie. Vivimos desprotegidos, las tierras fueron rematadas por la jueza Ivonne San Martin de Zapala a favor de Eduardo Badano. Como pretenden que no defienda el derecho a la vida a un ambiente sano, sin petroleras, sin contaminación ni minería” (este testimonio A.N.C.A.P lo recogió de”Cartago Otra Televisión es Posible”)
Eduardo Badano fue destituido en 2008 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y fue sometido a juicio político por mal desempeño de sus funciones (coimas). Este Vocal fue designado por el ex Gobernador Sobisch. En 2008 Badano aprovecho el cargo político y compró tierras de la comunidad Mapuche.
Uno de los desalojos que padeció la comunidad fue el 27 de Diciembre del 2012 tras el entierro de una beba de la comunidad que había nacido con malformaciones. El día posterior llegaron autos de Apache, la petrolera en cuestión, con el intento de despojo de las tierras ancestrales que corresponden al pueblo Mapuche. Una nueva agresión.Fuera-apache-720x400
Antecedente contaminante
En el mes de octubre del 2012 la comunidad Winkul Newen ya había sufrido un derrame en el yacimiento “Potenzuelo Norte” que responde a la petrolera Apache. La denuncia queda radicada por parte de los afectados y el comunicado publicado en ese entonces refería: “El sábado 13 de octubre se ha producido un nuevo derrame el cual la empresa pretende remediar con parches a través de simple soldadura. Se trata de un oleoducto de más de 15 km de largo. No es la primera vez que ocurre un hecho similar ya que todo el yacimiento se encuentra en mal estado, la empresa ha optado por simples parches que no garantizan la seguridad humana, menos la del medio ambiente”.
El reclamo por parte de los integrantes Mapuches de la zona era bajo la consigna que hacía mención el acta presentada en el 2011. La misma fue establecida en conjunto por la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos de la Provincia de Neuquen. Su contenido hacía referencia a los continuos desperfectos del gasoducto ubicado en el yacimiento “Potenzuelo Norte”.
El referente del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) Adolfo Pérez Esquivel hizo llegar al Gobernador de Neuquen, Jorge Sapag, una carta en la que pide “Tener justicia sin ningún tipo de discriminación”.
Un comunicado de la comunidad Winkul Newen afirma: “Detrás de esto, existe un Estado que diseña estrategias dirigidas a desplazar del territorio ancestral al pueblo mapuche, dando continuidad al histórico avasallamiento y exterminio del que ha sido víctima, pero al que siempre se ha puesto resistencia”.
YPF-APACHE-CAMPO MARIPE
Algunos datos que pueden contribuir al lector a entender este conflicto son por ejemplo que la petrolera Apache pertenece a YPF, yacimientos que tienen la mitad de las ganancias el Gobierno Nacional. La empresa estatal compró a esta petrolera activos locales por valor de 800 millones de dólares y creo Yacimientos del Sur para su posterior administración. A partir de esta decisión tomada el año pasado YPF pasó a ser la principal operadora argentina de gas. Esto sumado a los 46.800 barriles de petróleo diarios que incorporó.
Otro punto de inflexión en este negocio petrolero que expulsa a las comunidades originarias de sus tierras por la contaminación ambiental que se genera son los 12 KM2 en el yacimiento “Vaca Muerta” (Neuquen). Cuestionado por las 27 comunidades Mapuche invadidas con su “labor” petrolera. La principal comunidad afectada es ”Lof Campo Maripe” ubicada en esta provincia, tanto YPF como el Gobierno Nacional no los reconoce como poseedores ancestrales de esas tierras. Violando de esta manera la ley 26.160.
Entre el año 2000 y 2011 las empresas petroleras con concesiones de Petrobras e YPF contaminaron la cuenca del rio Colorado que cruza cinco provincias (Mendoza, Neuquén Río Negro, Buenos Aires y La Pampa). La cantidad de litros de petróleo vertidos sobre el rio fueron de 4,6 millones. La contaminación alcanzada de agua fue de 54,5 millones de litros.
La reforma que se busca de la ley de hidrocarburos generaría mayores regalías y menos regímenes impositivos. Esta no habla de la participación de las comunidades Indígenas que son las principales afectadas por las tareas del fracking.
Vaca Muerta es una de las principales razones para dar vía libre a esta reforma.
Gran cantidad de pozos explorados a través de la fractura hidráulica más conocida como Fracking invadió zonas de Lof Campo Maripe, lo que generó derrames de petróleo y una posterior contaminación de las tierras donde viven los originarios Mapuche.
Hoy el derecho Indígena es violado sistemáticamente por el poder político y judicial que lo avala. El juicio en el que están siendo juzgados integrantes de Winkul Newen marca un antecedente muy claro de la criminalización de la defensa de la tierra.
--
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac
(pdf cuadernillo uac:) --> http://go4.es/0aJa
Los imputados por la justicia neuquina son: Relmu Ñamku, Martin Maliqueo y Mauricio Rain. Acusados por agresión a la oficial de justicia Verónica Pelayes. El 28 de Diciembre del 2012 integrantes de la fuerzas de seguridad junto a miembros de Apache se acercaron hasta la comunidad Winkul Newen con una orden de supuesto desalojo de sus tierras. Ante la respuesta de miembros de la comunidad para evitar el desalojo devino la causa que hoy se afirma con un pedido de 15 años de cárcel. Hay que destacar que la justicia de esta provincia se basó en la Ley 26.734 llamada “Ley Antiterrorista”.imagen
Llevan 15 años de apremio por parte de las petroleras para poder quedarse con las tierras Mapuche. La comunidad Winkul Newen resistió varios desalojos y aún hoy continúa la pelea por el cumplimiento del derecho indígena que los defiende en la Constitución Nacional.
Vienen por todo
La Comunidad Newen ya había sufrido presiones y agresiones por parte de la petrolera antes mencionada. Dentro de las tierras Mapuche se encuentran nueve pozos que la multinacional aspira obtener y darle amplitud hasta obtener 40 de estos.
Apache intentó en reiteradas oportunidades invadir las tierras lo que generó la respuesta de los dueños de este territorio. Hubo frenos a desalojos de la multinacional. Las fugas de gas, la lluvia de petróleo y las pinchaduras de caños denunciadas por Relmu Ñamku, son causales del problema para entender el problema serio de contaminación que vive la comunidad, sin ningún tipo de reparo por parte de los funcionarios de la provincia.
Se realizaron varios cortes en los caminos por parte de la comunidad para evitar que sigan con el trabajo extractivista y contaminante. La respuesta política fue la militarización de la zona donde viven los Mapuche afectados.
La madrugada del 28 de diciembre del 2012 la “justicia” neuquina sorprendió a la comunidad mapuche tras una gran cantidad de topadoras que se acercaron a su territorio, junto con el apoyo de las camionetas de la multinacional norteamericana Apache. Se resistió el desalojo que los invadió, la principal defensa para echarlos fueron las piedras que estaban al alcance para evitar perder lo que les corresponde. Este desenlace es el que hoy cae sobre los originarios Mapuches. Relmu Ñanku recibió la acusación de homicidio agravado en grado de tentativa y daño agravado. Martin Maliqueo y Mauricio Rain están acusados de daño agravado.
La comunidad había sufrido la agresión de una patota mafiosa que los golpeó dentro de sus tierras. Los sicarios fueron pagados por la empresa Apache para amedrentar la resistencia que venían manteniendo. Como saldo de esta apriete un menor de la comunidad resulto herido de bala en una pierna.
El testimonio
“Mi madre de 75 años fue arrastrada por el suelo con su cabeza casi fracturada por los machetazos que le dieron con gente mandada por la empresa (Apache)”, explicó Martin Maliqueo hace pocos días, werken (vocero) de la comunidad, la declaración fue en el marco del juicio que está transcurriendo. Y agregó “La justicia existe solo para el poder y no es justo. Nosotros solo nos defendimos, no atacamos a nadie. Vivimos desprotegidos, las tierras fueron rematadas por la jueza Ivonne San Martin de Zapala a favor de Eduardo Badano. Como pretenden que no defienda el derecho a la vida a un ambiente sano, sin petroleras, sin contaminación ni minería” (este testimonio A.N.C.A.P lo recogió de”Cartago Otra Televisión es Posible”)
Eduardo Badano fue destituido en 2008 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y fue sometido a juicio político por mal desempeño de sus funciones (coimas). Este Vocal fue designado por el ex Gobernador Sobisch. En 2008 Badano aprovecho el cargo político y compró tierras de la comunidad Mapuche.
Uno de los desalojos que padeció la comunidad fue el 27 de Diciembre del 2012 tras el entierro de una beba de la comunidad que había nacido con malformaciones. El día posterior llegaron autos de Apache, la petrolera en cuestión, con el intento de despojo de las tierras ancestrales que corresponden al pueblo Mapuche. Una nueva agresión.Fuera-apache-720x400
Antecedente contaminante
En el mes de octubre del 2012 la comunidad Winkul Newen ya había sufrido un derrame en el yacimiento “Potenzuelo Norte” que responde a la petrolera Apache. La denuncia queda radicada por parte de los afectados y el comunicado publicado en ese entonces refería: “El sábado 13 de octubre se ha producido un nuevo derrame el cual la empresa pretende remediar con parches a través de simple soldadura. Se trata de un oleoducto de más de 15 km de largo. No es la primera vez que ocurre un hecho similar ya que todo el yacimiento se encuentra en mal estado, la empresa ha optado por simples parches que no garantizan la seguridad humana, menos la del medio ambiente”.
El reclamo por parte de los integrantes Mapuches de la zona era bajo la consigna que hacía mención el acta presentada en el 2011. La misma fue establecida en conjunto por la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos de la Provincia de Neuquen. Su contenido hacía referencia a los continuos desperfectos del gasoducto ubicado en el yacimiento “Potenzuelo Norte”.
El referente del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) Adolfo Pérez Esquivel hizo llegar al Gobernador de Neuquen, Jorge Sapag, una carta en la que pide “Tener justicia sin ningún tipo de discriminación”.
Un comunicado de la comunidad Winkul Newen afirma: “Detrás de esto, existe un Estado que diseña estrategias dirigidas a desplazar del territorio ancestral al pueblo mapuche, dando continuidad al histórico avasallamiento y exterminio del que ha sido víctima, pero al que siempre se ha puesto resistencia”.
YPF-APACHE-CAMPO MARIPE
Algunos datos que pueden contribuir al lector a entender este conflicto son por ejemplo que la petrolera Apache pertenece a YPF, yacimientos que tienen la mitad de las ganancias el Gobierno Nacional. La empresa estatal compró a esta petrolera activos locales por valor de 800 millones de dólares y creo Yacimientos del Sur para su posterior administración. A partir de esta decisión tomada el año pasado YPF pasó a ser la principal operadora argentina de gas. Esto sumado a los 46.800 barriles de petróleo diarios que incorporó.
Otro punto de inflexión en este negocio petrolero que expulsa a las comunidades originarias de sus tierras por la contaminación ambiental que se genera son los 12 KM2 en el yacimiento “Vaca Muerta” (Neuquen). Cuestionado por las 27 comunidades Mapuche invadidas con su “labor” petrolera. La principal comunidad afectada es ”Lof Campo Maripe” ubicada en esta provincia, tanto YPF como el Gobierno Nacional no los reconoce como poseedores ancestrales de esas tierras. Violando de esta manera la ley 26.160.
Entre el año 2000 y 2011 las empresas petroleras con concesiones de Petrobras e YPF contaminaron la cuenca del rio Colorado que cruza cinco provincias (Mendoza, Neuquén Río Negro, Buenos Aires y La Pampa). La cantidad de litros de petróleo vertidos sobre el rio fueron de 4,6 millones. La contaminación alcanzada de agua fue de 54,5 millones de litros.
La reforma que se busca de la ley de hidrocarburos generaría mayores regalías y menos regímenes impositivos. Esta no habla de la participación de las comunidades Indígenas que son las principales afectadas por las tareas del fracking.
Vaca Muerta es una de las principales razones para dar vía libre a esta reforma.
Gran cantidad de pozos explorados a través de la fractura hidráulica más conocida como Fracking invadió zonas de Lof Campo Maripe, lo que generó derrames de petróleo y una posterior contaminación de las tierras donde viven los originarios Mapuche.
Hoy el derecho Indígena es violado sistemáticamente por el poder político y judicial que lo avala. El juicio en el que están siendo juzgados integrantes de Winkul Newen marca un antecedente muy claro de la criminalización de la defensa de la tierra.
--
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
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http://twitter.com/prensauac
(pdf cuadernillo uac:) --> http://go4.es/0aJa
2. Coinciden
con la burguesía en promover el crecimiento económico de esta última o de su concentración
y transnacionalización económico territorial a través del extractivismo
exportador. Lo hacen en nombre del Estado distribucionista y del progreso.
Por cierto, no averiguan causas de catástrofes socioambientales ni se
sienten interpelados por las resistencias al avasallamiento de derechos.
Menos aún, enfocan a toda Nuestra América descubriendo que los países con
gobiernos neoliberales prueban la tendencia al predominio del estado
terrorista o del narcoestado
sobre el estado
benefactor a consecuencia del extractivismo exportador.
Sin embargo, abajo hay
reconocimiento y comunicación sobre:
“El agua vale mucho más que el
oro”
8 de noviembre de 2008
8 de noviembre de 2008
Con una
carpa frente al Congreso, ayer terminó la semana de protesta y difusión sobre
los efectos sociales, económicos y ambientales de la industria extractiva.
Organizaciones sociales piden derogar las leyes mineras y proteger los recursos
naturales.
Por Darío Aranda
Argentina
cuenta con cinco mil kilómetros de cordillera, una decena de yacimientos mineros
metalíferos en explotación y 50 emprendimientos a gran escala en exploración.
También existen innumerables denuncias por contaminación, un centenar de pueblos
que rechazan la actividad y una carpa blanca, frente al Congreso, con una
certeza: “El agua vale mucho más que el oro”. Impulsado por la Unión de
Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio de articulación de 300 organizaciones,
militantes de todo el país ayunaron toda la semana y escracharon al Seminario
Internacional Argentina Oro 2008, una ronda de negocios que reúne a empresas
internacionales, gobiernos provinciales y funcionarios nacionales que impulsan
la actividad. “El 70 por ciento del agua dulce del país proviene de la
cordillera, esas montañas son la fábrica del recurso más indispensable que
necesitamos para vivir. Esas montañas, y esa agua, están siendo contaminadas por
la minería”, advierten desde la UAC.
Ya no existe
la clásica imagen de túneles oscuros en las montañas, con mineros, picos, palas
y pepitas de oro. Para extraer metales se utiliza maquinaria de última
tecnología, gigantes palas mecánicas, monumentales explosiones y enormes
piletones con sopas químicas. Además de la utilización de inmensas cantidades de
agua, siempre en zonas semidesérticas. Testigos de esa situación, los pueblos
cercanos a los yacimientos trajeron esa realidad a la ciudad de Buenos Aires.
Con la consigna “Contra el saqueo y la contaminación”, carpas, carteles,
banderas, ayunantes y mucha información; cartillas, trípticos, videos, audios,
libros y charlas con especialistas. “Se cumplió con el objetivo de dar
visibilidad a una lucha silenciada en las grandes ciudades. Se pudo comprobar,
con información, que la minería a gran escala no produce trabajo, no genera
riqueza para el país, derrocha millones de litros de agua y contamina”, explicó
a modo de balance Cristina Mandale, ayunante mendocina e integrante de la UAC.
Las
exportaciones mineras del país se multiplicaron en la última década. Según datos
oficiales de la Secretaría de Minería, en 1993 Argentina exportaba 15,8 millones
de dólares. Después de aprobada la nueva legislación de la actividad, durante el
menemismo y aún vigentes, el cambio fue drástico: en 2007 se exportaron 3500
millones de dólares. Al amparo de las leyes, las empresas no pagan impuestos a
los combustibles (el que todos pagan cuando cargan nafta), ni sellos ni tasas
para la importación. En los primeros cinco años no pagan impuestos nacionales,
provinciales ni municipales.
Durante toda la semana, las Asambleas Ciudadanas también denunciaron que las mineras no pagan impuestos a las Ganancias ni Ingresos Brutos, no pagan IVA ni impuestos por ingreso de maquinarias y gozan de estabilidad fiscal por treinta años (cualquier modificación, por ejemplo el impuesto al cheque, que pagan todos los argentinos, o el corralito de 2001, no los afecta). Las empresas no tienen retención a las exportaciones (como sí tienen, por ejemplo, los productos agropecuarios), por lo cual mayores exportaciones no significan mayores ingresos a las arcas del Estado. Al paquete de normas beneficiosas, el sector minero lo llama eufemísticamente “régimen minero confiable”.Paras las mismas leyes, las UAC utilizan otra definición: “Saqueo”. Y lo gritaron el miércoles en la puerta del lujoso hotel Emperador, sede de la ronda de negocios Argentina Oro 2008, auspiciada por Barrick Gold (la empresa mundial del sector), Minera Alumbrera (caso testigo de minería en Argentina, con innumerables acusaciones de contaminación) y las embajadas de Canadá y Suecia. El escrache incluyó pintadas, radio abierta y máscaras que representaban la muerte producto de la contaminación. El comité ejecutivo del seminario internacional está encabezado por el presidente de Alumbrera, Julián Rooney, procesado por el presunto delito de contaminación. Y el presidente honorario del encuentro es el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, férreo impulsor de la actividad en la provincia, con el yacimiento Veladero en explotación y el binacional Pascua Lama en construcción.
En el
encuentro se explicitó que Argentina es sindicada como una de las vedettes del
sector. Con 75 por ciento de sus recursos inexplorados y regalías de sólo el
tres por ciento, empresas de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia,
Suiza, Sudáfrica y China huyen de sus países por los controles ambientales e
impositivos estrictos, y señalaron a Argentina y la región como el destino de la
década. En el seminario, el gobierno nacional festejó que tiene en carpeta 59
proyectos metalíferos y augura que, para 2015, habrá 18 proyectos de gran escala
en plena explotación.
“El Gobierno
afirma que las AFJP son un saqueo. ¿Y por qué no dicen lo mismo de la minería,
donde el robo es más evidente?”, resaltan los ayunantes en Plaza Congreso, y
equiparan industrias extractivas: “La soja, las pasteras y mineras son parte de
un mismo modelo que privilegia ganancias por sobre las personas y la
naturaleza”.
El
secretario de Minería, Jorge Mayoral, se mostró locuaz en el seminario Argentina
Oro. “El crecimiento sostenido de la producción nacional de oro, sumado a la
puesta en marcha de nuevos emprendimientos productivos, insertará a nuestro país
en el club de los nueve mayores productores auríferos del mundo en los próximos
cinco años”, festejó en su discurso al cierre del encuentro aurífero. Mayoral
también remarcó que la producción del metal aumentó 70 veces en los últimos
años, aseguró que Argentina es el segundo productor de oro de Sudamérica (y 14
en el mundo) y precisó que las principales provincias productoras son Catamarca,
San Juan y Santa Cruz.
El caso
testigo de la minería metalífera en Argentina es el yacimiento Bajo la
Alumbrera, en Catamarca, donde remueve 340 toneladas de roca por día. Por cada
tonelada de roca obtiene seis gramos de oro y seis kilogramos de cobre. Datos de
la misma empresa se ufanan de que Alumbrera utiliza en un solo mes la misma
cantidad de explosivos que se requiere por año en toda la Argentina. Los
especialistas advierten que la remoción de las montañas acelera la producción de
sulfuros, que con el aire y el agua producen drenajes y lluvias ácidas, con su
contaminación a cuestas.
Un aspecto
fundamental es el uso de un bien escaso como el agua. Alumbrera cuenta con un
permiso de extracción de 1100 litros por segundo, casi cuatro millones de litros
por hora en una zona semidesértica. El agua utilizada es irrecuperable. No hay
tratamiento posible para que vuelva a ser aprovechable. Otras cifras del emblema
minero nacional: cuatro derrames tóxicos comprobados y una decena de denuncias
por contaminación.
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Las
espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos
11 de septiembre de 2014
Por Emiliano Terán Mantovani
(…)
c) Extractivismo, «capitalismo delincuencial» y guerra mundial por los
recursos
El
impresionante despliegue de diversas formas de violencia y guerras a lo
largo y ancho del planeta en la actualidad, hacen parte, o se encadenan,
a un mismo conflicto geopolítico de orden global, que responde no sólo a
la propia crisis mundial del sistema capitalista, sino a una guerra por
los llamados “recursos”, que determina la hegemonía o la supervivencia,
siendo uno de
sus objetivos centrales el control del territorio.
En este sentido, no sólo hablamos de una progresiva ampliación de la
militarización de los territorios, sean de origen estatal o formas
privadas paraestatales; del establecimiento de mecanismos policiales de
represión y satanización social de la protesta
‒todos podemos ser potenciales sospechosos de “terrorismo”‒; sino también de la forma en la que la política tradicional se ha
articulado creciente y alarmantemente con formas delincuenciales
instituidas y en expansión; de cómo las disputas y soberanías
territoriales que desbordan a los Estados son afrontadas por complejas
corporaciones mafiosas transnacionalizadas que tienen cada vez más
incidencia en estas dinámicas de poder y dominación del espacio
geográfico.
Como ya lo
hemos expuesto en otro momento, el modelo de acumulación de capital en
el siglo XXI va tomando la forma de un capitalismo delincuencial, como
lo ha planteado Ana Esther Ceceña. Dispositivos como estos en México y
Centroamérica, Colombia y muy evidente en tiempos recientes en
Venezuela, Brasil y en muchos territorios de toda la región, dan cuenta
de una estrategia sumamente preocupante, que podría apuntar a una
intensificación de la relación entre extractivismo y violencia,
apuntando a la expansión de formas de extractivismo delincuencial, o
bien de delincuencia extractiva articulada a redes más amplias de poder.
Estas tendencias suponen que la crítica al extractivismo no se dirigiría únicamente al poder de los Estados y las compañías transnacionales, sino a todo un entramado corporativo profundamente mafioso que puede reconfigurar la forma tradicional como se constituyen las correlaciones de fuerza y las disputas políticas en las luchas territoriales. Creemos que es importante analizar bien esta situación, y preguntarnos qué supone este escenario de feudalización mafiosa en la resistencia de los pueblos ante el extractivismo.(…) Leer
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México hoy (3 de 3): Las
luchas por la vida
6 de abril de 2015
6 de abril de 2015
Por Raúl
Romero/@cancerbero_mx
¡Que
muera la muerte que el capitalismo impone!
¡Que viva la vida que la resistencia crea!
Subcomandante Insurgente Moisés
¡Que viva la vida que la resistencia crea!
Subcomandante Insurgente Moisés
En la primer
entrega señalamos que el capitalismo
criminal se caracteriza porque las corporaciones
criminales adquieren una importancia relevante en el
funcionamiento del sistema. En la segunda
entrega dijimos que si las
corporaciones criminales son la materialización económico-financiera del
capitalismo criminal, en lo jurídico-político es el Estado
criminal el que lo encarna. De este modo,
caracterizamos a un
Estado que borra las fronteras entre lo institucional y lo delictivo, que
criminaliza la protesta social y que busca controlar a la sociedad por medio del
miedo y del terror.
Ahora bien,
frente al capitalismo criminal y su Estado criminal, las luchas de los pueblos,
comunidades y colectivos que reivindican la vida han cobrado enorme importancia.
Es sobre este tema que profundizaremos en las siguientes líneas.
En el
pasado, grupos conservadores usaron la expresión «en defensa de la vida» para
oponerse a la legalización del aborto o a las relaciones entre personas del
mismo sexo. Un uso «moralino», patriarcal y heteronormativo se escondía tras
este argumento. En este trabajo, no son de nuestro interés estas «luchas» por
preservar el statu
quo. Por el contrario,
nos ocupamos de las luchas que reivindican la
vida como una forma de denuncia y oposición
a la muerte que impone la reproducción del capital.
Es quizá el
Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y Contra el
Neoliberalismo [1] –convocado por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
en 1996– el momento en que la defensa de la vida tomó una connotación subversiva
y anticapitalista. En el discurso de bienvenida, el Comandante David, a nombre
del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN,
señaló que el capitalismo es un «sistema de muerte y no de vida, porque es de
opresión y explotación», y añadió que el neoliberalismo «es un proyecto de
destrucción y muerte para los pobres del mundo, porque con este proyecto
tratarán de acabar de destruir y saquear la riqueza de los nuestros».
Desde
entonces y hasta la fecha, la defensa de la vida se ha vuelto una bandera de
diferentes organizaciones sociales en México, pero también en otros lugares del
planeta. Son de muchos tipos y se organizan de diversas formas, pero entre sus
resistencias hay dos que las definen: 1) los
movimientos socioambientales que
luchan contra el despojo territorial y los mega proyectos, en una defensa a los
derechos de la madre tierra; y 2) los movimientos
de víctimas, organizaciones de personas que han enfrentado el
asesinato o la desaparición de algún familiar o ser querido. Una de las
características más emblemáticas de la lucha por la vida es que reivindica
la vida de la humanidad entera y del planeta; a los seres
humanos y a su entorno, es decir, reclama la vida
en el sentido más amplio del término, no sólo como organismos vivientes, sino
como culturas vivas (el
mundo donde quepan muchos mundos).
Los movimientos socioambientales son la respuesta de los pueblos y comunidades al despojo de tierras y territorios que luego serán concesionados a las corporaciones criminales para explotar minas, construir complejos habitacionales o turísticos, o comercializar maderas preciosas, entre otros muchos recursos naturales. Generalmente, los movimientos socioambientales están conformados por pueblos, tribus o naciones indígenas que han resistido más de 500 años de explotación y dominación. Entre sus filas también hay comunidades y pueblos campesinos. En todos los casos la fuerte tradición comunitaria prioriza el «nosotros» por encima del «yo». Se distinguen además por tener una cosmovisión en la que el «desarrollo» no depende de la destrucción de la madre tierra.
Cabe
precisar aquí que la categoría socioambiental es
de reciente utilización y devela una preocupación tanto social como académica:
la posibilidad del fin de la vida como consecuencia del cambio climático y el
agotamiento de los recursos naturales. Las resistencias de los pueblos indígenas
y campesinos son mucho más antiguas a esta preocupación y no responden
únicamente a ella; sin embargo, han sido más notorias ante la visibilidad que ha
cobrado esta problemática, al grado de convertirse en el principal sujeto
político de estas luchas por lo menos por todo el continente americano.
Ahora bien,
la guerra que se vive actualmente en México busca entre otras cosas generar lo
que Jorge Beinstein llama «sociedades-en-disolución»: poblaciones en una suerte
de indefensión absoluta convertidas en no-sociedades para
así poder saquear sus recursos naturales.
De esta forma, los
movimientos socioambientales se vuelven sujetos antagónicos clave en la lucha
contra el capitalismo y el Estado criminal.
Es por este motivo que mediante las guardias
armadas de las
corporaciones criminales, o mediante las fuerzas
públicas del Estado
criminal, los movimientos socioambientales se encuentran bajo constante acoso.
Para imponer su cultura individualista y mercantilista, el capitalismo criminal
necesita terminar de roer el tejido social y los pueblos indígenas y campesinos
representan el último reducto comunitario.
Por su
parte, los movimientos de víctimas en México comenzaron a florecer en el
contexto de la guerra sucia. Recordamos en esta etapa al Comité Eureka, y mucho
más tarde, aunque reivindicando a víctimas de la misma época, a Hijos por la
Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio – México (HIJOS). En la
década de los 90 la organización civil Las Abejas de Acteal fue víctima de un
nuevo crimen de Estado y esto permitió que la exigencia de memoria, verdad y
justicia reapareciera en el ideario político de los movimientos sociales.
Asimismo, por esos años pero en Ciudad Juárez, Chihuahua, organizaciones de
mujeres con hijas desaparecidas o asesinadas comenzaron a denunciar el fenómeno
que rápidamente atrajo las miradas internacionales. Como resultado de este
proceso, surgió en 2001 la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Durante la
primera década del siglo XXI, el movimiento de víctimas en México cobró nuevas
fuerzas. Bajo el discurso de la «inseguridad», distintos sectores empresariales,
apoyados por medios como Televisa y TV Azteca, convocaron a una movilización en
2008 para demandar seguridad al Estado mexicano. Isabel Miranda de Wallace y
Alejandro Martí se convirtieron en los principales voceros de aquel proceso
organizativo.
Desde sus orígenes este movimiento tuvo tintes profundamente elitistas: no sólo estaba encabezado por empresarios «víctimas de la inseguridad», sino que además demandaba al Estado «mano dura» contra el crimen organizado. Como era de esperarse, el Estado criminal adoptó provechosamente este discurso para desplegar a sus fuerzas policiacas y militares por todo el país y continuar con el proceso de despojo y represión. De cierta forma el discurso de la «inseguridad» tuvo la función de ocultar el papel criminal del Estado y reforzar su estrategia militarista y criminalizadora.
En 2011, el
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) logró dar un leve giro a
este discurso. El problema ya no era solamente la inseguridad, sino la forma en
cómo el Estado intentaba eliminarla.
Bajo la consigna de justicia para las
víctimas y un alto a la guerra, el MPJD logró romper el cerco mediático y
contrarrestar el discurso oficialista, al mismo tiempo que contribuía a una
explicación sistémica y regional del conflicto. Sin embargo, la complejidad del
fenómeno, la coyuntura electoral y los errores políticos propios del Movimiento
por la Paz le imposibilitaron continuar con la maduración de su comprensión y
discurso frente al capitalismo criminal.
Los
terribles sucesos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala,
Guerrero, contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y la
consecuente lucha que han emprendido los familiares y compañeros de los
estudiantes desaparecidos representa un nuevo momento del movimiento de
víctimas. Es en esta fase donde está presente una comprensión más acabada del
capitalismo criminal y del Estado criminal. La expresión «Fue el Estado» así lo
demuestra. Representa un acumulado histórico de saberes y resistencias.
Permite
mirar al Estado mexicano actual como el instrumento jurídico y criminalizador
del capitalismo criminal. El adversario ya no es difuso, se llama capitalismo y
utiliza al Estado para reproducirse y ampliarse.
México es hoy el país en donde el capitalismo criminal y el Estado criminal encuentran su expresión más avanzada. Ese sistema que merca con la muerte ha impuesto en nuestra nación un régimen de terror y miedo basado en asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, desplazamiento forzado, tortura, censura y mucho más; todo con el objetivo de continuar con el despojo y la acumulación y reproducción del capital. Afortunadamente los pueblos, comunidades y organizaciones que luchan por la vida siguen construyendo desde abajo proyectos emancipadores. Estos pueblos saben bien que no basta con disputar el Estado, que es necesario construir relaciones sociales diferentes donde la vida no sea reducida a una mercancía. Saben bien que luchar contra el capitalismo es hoy más que nunca cuestión de vida o muerte.
[1] Comandante David. Un mundo donde todos podamos caber. Palabras de
bienvenida del EZLN al Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el
Neoliberalismo en «EZLN. Crónicas
Intergalácticas». Chiapas: Planeta Tierra, 1996.
3. Se han
acomodado a vivir satisfechos en su subsunción al capitalismo e imperialismo. Tanto lo están que, negando sus saberes y militancias, hoy están
junto al sindicalismo empresario y a Carlos Tomada o sea están reforzando a
los principales instrumentos de opresión del Estado burgués sobre los
trabajadores. Tampoco se atreven a cuestionar el futuro del capitalismo
pese a su actual crisis estructural y a la creencia personal, al menos
durante su pasado, en el socialismo. Así se han sumado a viabilizar los:
MITOS DE LA ECONOMÍA BAJO EL KIRCHNERISMO
Precarización laboral: eso no se toca
9 de octubre de 2014
En esta primer entrega de “Mitos de la economía bajo el kirchnerismo” analizamos cómo la precarización laboral, lejos de ser una “deuda pendiente” que no se llegó a revertir, está en el corazón del funcionamiento del capitalismo argentino durante la última década.
Emiliano Trodler
En el balance oficial sobre la década que transcurrió bajo los tres gobiernos kirchneristas, el discurso contra el neoliberalismo suele ir acompañado de una comparación de los actuales indicadores económicos y sociales con los del 2003. No con los indicadores de los noventa, sino con el del último año de la crisis que comienza en 1998 y se extiende hasta el crack de la convertibilidad en 2002.
En el balance oficial sobre la década que transcurrió bajo los tres gobiernos kirchneristas, el discurso contra el neoliberalismo suele ir acompañado de una comparación de los actuales indicadores económicos y sociales con los del 2003. No con los indicadores de los noventa, sino con el del último año de la crisis que comienza en 1998 y se extiende hasta el crack de la convertibilidad en 2002.
En esos años
el desempleo rondaba el 25% de la PEA, la pobreza superaba el 50% de la
población argentina, y millones de personas eran condenadas a la indigencia.
La
devaluación del 40% que decretó el gobierno de Duhalde implicó una abrupta caída
de los salarios en beneficio de las patronales exportadoras, que por esos años
van a contar con un viento de cola de la economía internacional traccionado por
la recuperación norteamericana y las tasas de crecimiento de China. Un nuevo
ciclo de negocios con ganancias extraordinarias en algunos casos superiores a
los del menemismo.
La
contradicción en el discurso “antineoliberal” del gobierno salta a la vista al
constatar que la situación de los trabajadores cambió muy poco respecto de los
primeros años de la convertibilidad.
Es que la
“década ganada” se asentó sobre los pilares de la flexibilización y
precarización laboral iniciadadas durante la dictadura, impuestas de forma
extendida durante el menemismo, y consagradas bajo el gobierno K.
El piso alto del trabajo no registrado
La
precarización laboral puede adoptar las más diversas formas: informalidad,
tercerización del trabajo, trabajo bajo contratos a término, asalariados que
pasan a ser monotributistas, trabajo temporario, liquidación salarial bajo
distintas razones sociales, etc.
La
informalidad laboral, es decir el empleo no registrado o “en negro”, es una de
las formas más extendidas, y el aumento de su peso específico constituye una
tendencia de largo plazo en los últimos 30 años.
De acuerdo a
un informe de la OIT, “la incidencia del empleo asalariado no registrado aumentó
cerca de 10 p.p. [puntos porcentuales], entre mediados de la década de 1970 y
finales de la década de 1980; otros 10 p.p., en la década de 1990; y unos 7 p.p.
más, a principios de los años 2000. Evidentemente, en este lapso de casi treinta
años, el incremento del empleo asalariado no registrado fue sostenido, tanto en
períodos de crecimiento económico como en períodos recesivos”.
Para el
segundo trimestre de 2014 el trabajo en negro se ubicaba en un 33%, con un pico
de 41% en el NOA. Un nivel no tan inferior al 38% de 2001, y que todavía se
mantiene por encima por encima del 25,2% que había alcanzado en 1990.
El trabajo
en negro, a su vez, tiene mayor peso relativo en sectores como la construcción
(65%), textil (60%), o el trabajo rural (77%), con más de 300.000 trabajadores
golondrinas. Una cifra que triplica los niveles de hace una década.
A su vez, es en la juventud (58.7%) donde más golpea el trabajo en negro, con seis de cada diez jóvenes trabajadores de entre 18 y 24 años tiene un empleo informal. Y en las mujeres, donde el trabajo en negro llega al 35,5% (contra el 28% de incidencia en los hombres).
A su vez, es en la juventud (58.7%) donde más golpea el trabajo en negro, con seis de cada diez jóvenes trabajadores de entre 18 y 24 años tiene un empleo informal. Y en las mujeres, donde el trabajo en negro llega al 35,5% (contra el 28% de incidencia en los hombres).
El trabajo
en negro constituye un mecanismo de “amortiguación salarial” que se extiende por
las más diversas ramas: industria manufacturera (13,7%), construcción (12,6%),
comercio (15,4%), trabajo doméstico (22,8%), transporte (8,8%), etc. Contribuye
a deprimir los salarios del conjunto.
Durante la década kirchnerista el salario horario promedio de los trabajadores registrados fue un 63% mayor al de los no registrados, manteniéndose esta brecha prácticamente invariable durante todo este período.De esta manera se explica que la creación de 4 millones de puestos de trabajo estuvo asociada al surgimiento de los “asalariados pobres”, cuya incidencia en el primer quintil de la población más pobre, pasa del 3.2% al 10.4% entre 2003 y 2012.
Los “buitres” de la tercerización laboral
La ofensiva
neoliberal dio lugar al surgimiento y expansión sin precedentes de las empresas
multinacionales de “out sourcing”, es decir, empresas cuyo secreto comercial no
es otro que el de tercerizar el trabajo de cada vez más secciones de una misma
empresa para abaratar los costos laborales.
Este proceso se va a dar a escala mundial de la mano de empresas como Manpower (20.000 millones de dólares de facturación anual), ISS (13.300 millones de dólares anuales), o Eulen (1.336 millones de euros), etc., multinacionales controladas por fondos de inversión como el fondo buitre BlackRock, el Vanguard Group, y otros. A nivel local compiten aún con una infinidad de empresas y miniempresas de origen nacional regadas a lo largo de todo el país.
Este proceso se va a dar a escala mundial de la mano de empresas como Manpower (20.000 millones de dólares de facturación anual), ISS (13.300 millones de dólares anuales), o Eulen (1.336 millones de euros), etc., multinacionales controladas por fondos de inversión como el fondo buitre BlackRock, el Vanguard Group, y otros. A nivel local compiten aún con una infinidad de empresas y miniempresas de origen nacional regadas a lo largo de todo el país.
A diferencia del empleo en negro, que se concentra en los pequeños y medianos establecimientos, la tercerización laboral es una forma de flexibilización legal que ha sido adoptada por las grandes empresas y hasta el propio Estado.
Entre el 30
y 40% de los asalariados están involucrados en alguna forma de subcontratación.
Si en un
principio la tercerización abarcaba áreas como la limpieza, mensajería,
transporte, etc., hay empresas donde se va a dar un traslado de áreas enteras
del proceso productivo a la órbita de una empresa tercerizada. De esta manera
podemos encontrar que en una empresa alimenticia puede haber trabajadores bajo
convenio de comercio, petroleros que trabajan bajo convenio OUCRA, o
automotrices que trabajan bajo convenio UOM.
Esta
modalidad implica también la falta de representación gremial a nivel de fábrica
y mayores dificultades para la organización de los trabajadores.
Bajo el kirchnerismo la tercerización se ha extendido por todas las ramas de la economía protegida por las mismas reglamentaciones laborales que sancionó el menemismo en 1991.
Bajo el kirchnerismo la tercerización se ha extendido por todas las ramas de la economía protegida por las mismas reglamentaciones laborales que sancionó el menemismo en 1991.
Los contratos basura
Otra
modalidad de flexibilización es la del trabajo bajo contratos a término,
modalidad que también se extiende a todas las ramas y tamaños de empresa,
mediante la cual la patronal establece una negociación a nivel individual con el
trabajador, pasando por encima del convenio y de derechos tan elementales como
la antigüedad, indemnización, etc.
Si bien no
contamos con datos precisos sobre la incidencia de esta modalidad de
flexibilización, los datos sobre la evolución a largo plazo en la modalidad de
contratación de quienes ingresan al Sistema Integrado Previsional Argentino son
concluyentes.
Desde 2008
en adelante, un 32,6% en promedio de los trabajadores tiende a permanecer en un
empleo eventual; un 38% tiende a acceder a un empleo no eventual; y 29,6% sale
del sistema formal. Es decir que a largo plazo un 62% de la fuerza de trabajo
que ingresa con un contrato eventual, permanece en condiciones de inestabilidad.
El avance de
esta modalidad de contrato no se detuvo, sino que fue avanzando en la
fragmentación entre trabajadores de la planta y nuevas camadas de jóvenes
contratados en las mismas funciones.
La
precarización laboral está presente en el propio Estado, con un 12% de trabajo
informal, 10% de contratación, y un extendido plantel de empleados
monotributistas.
Política de Estado
La
fragmentación laboral constituye una gran conquista para el empresariado local.
Que le permite, aun cuando aumente la demanda de trabajo y se reduzca la tasa de
desempleo, tener garantizado el acceso a mano de obra barata. Para el
“capitalismo en serio” semicolonial argentino es, a su vez, una forma de
compensar sus debilidades productivas aumentando la tasa de explotación.
Es por eso que bajo el gobierno K todas las iniciativas orientadas a “combatir” el empleo informal o la precarización laboral más bien han tendido a preservar los pilares de la precarización.
Es por eso que bajo el gobierno K todas las iniciativas orientadas a “combatir” el empleo informal o la precarización laboral más bien han tendido a preservar los pilares de la precarización.
La
derogación en 2006 de la Ley Banelco, de los decretos que reglamentaban el
trabajo eventual, o la Ley del Peón Rural, fueron medidas más bien cosméticas.
El decreto 1694/2006 en vez de prohibir el régimen de contratación establece que
el plazo y la proporción entre empleados eventuales y permanentes deben ser
“razonables”.
La Ley de
Promoción de Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral promulgada este
año, reglamenta la creación de un Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL), y el establecimiento de nuevas penalidades (trabas para el
acceso a regímenes de promoción, subsidios, contratos con el Estado, líneas de
crédito con la banca pública), combinado con un régimen de exenciones
impositivas para fomentar el blanqueo de trabajadores en las PyMES.
Para la
mayoría de las patronales que trabajan con empleo en negro implicará que podrán
“optar” por el blanqueo si acceder a este régimen de promociones si les resulta
más favorable. Pero dudosamente se arriesguen a hacerlo cuando la economía se
precipita a la recesión.
La tan
mentada década “ganada”, lo ha sido ante todo para los empresarios que pudieron
garantizarse la preservación de esta gran conquista noventista que es la
precariedad laboral. Es una cuestión urgente para toda la clase trabajadora
pelear por terminar con los contratos “basura”, con el empleo no registrado y
las cláusulas de flexibilización. Objetivo inseparable de la pelea por expulsar
de los sindicatos a los burócratas y por conquistar la representación gremial en
todas las unidades productivas donde los sindicatos están ostentosamente
ausentes para ir contra la “triple alianza” de patrones, Estado y burocracia que
sostiene la precarización.
Fuentes
consultadas:
Esteban Mercatante, Mundo Grúa, Ideas de Izquierda N°5, noviembre 2013.
OIT, Informalidad Laboral en Argentina (2013).
Boletín de Estadísticas Laborales (Ministerio de Trabajo)
Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Precarizacion-laboral-eso-no-se-tocaEsteban Mercatante, Mundo Grúa, Ideas de Izquierda N°5, noviembre 2013.
OIT, Informalidad Laboral en Argentina (2013).
Boletín de Estadísticas Laborales (Ministerio de Trabajo)
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Empleo informal: 10 de sus
consecuencias y desventajas
22 de julio de 2013
22 de julio de 2013
El
60% de la población económicamente activa en México labora en el
sector informal de
la economía.
Al respecto el
secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso
Navarrete Prida, señaló que no hay reforma que haga posible que
México sea un país viable dentro de la economía del Siglo XXI con un 60% empleo
en el sector informal.
Consecuencias de la economía informal:
-México tiene
el nivel
más alto de empleo
informal entre las economías más importantes deAmérica
Latina con 60%,
seguido de Argentina con el 50% y de Brasil con 40%.
-60% de la
población económicamente activa trabaja en la informalidad, cuentan con bajo
salarios, poca
estabilidad laboral, escasa cobertura de la seguridad social,
incumplimiento de los derechos laborales y no
pagan impuestos.
-México tiene uno
de los niveles
más bajos de recaudación de impuestos de
la OCDE; sólo se recauda el 30% de lo que se podría captar.
-Casi 30
millones de personas
trabajan en el sector informal, mientras que sólo 20 millones laboran en el
sector formal.
-Los jóvenes son
quienes más se adhieren al sistema de empleo
informal, ya que 6 de
10 sólo consiguen empleo en ese rubro.
-La informalidad
vuelve inviables
los proyectos de modernización y
competitividad a escala global del país.
-La informalidad limita
el crecimiento económico lo
que imposibilita tener una sociedad más igualitaria; el PIB se ve afectado por
el empleo informal entre 3 y 4 puntos cada año.
-Una empresa
informal tiene 50% menos
capacidad de producción que
una empresa formal.
-El empleo
informal es considerado un problema
endémico de la
región, por no poder ofrecer trabajos bien remunerados y elevar la productividad
del país.
-Una consecuencia
de que no haya un sistema
público de prestaciones es
la ocupación informal, ya que al perder su empleo, muchas personas optan por la
primera oportunidad que se les presente y en muchas ocasiones es la informalidad.
Fuente:
http://www.vertigopolitico.com/articulo/18640/Empleo-informal-10-de-sus-consecuencias-y-desventajas
Cómo exigirles a las izquierdas K que
miren más allá de sus narices si han renunciado a encontrarse en el nosotros
rebelde frente a tanto avasallamiento de derechos y tanta muerte,
devastación. Enmarquemos la situación de Nuestra América en:
Diez rostros de la crisis
civilizatoria del sistema capitalista mundial
Por
Humberto Márquez Covarrubias
Fecha de
recepción: 31 de agosto de 2009. Fecha de aceptación: 7 de octubre de 2009.
Problemas del
Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía,
Vol. 40,
núm. 159, julio-septiembre / 2009
Depresión económica mundial:
destrucción y concentración de capital
La
convulsión del sector financiero y productivo y la bancarrota y caída de la
rentabilidad anuncian que la crisis general del capitalismo trae consigo una
enorme fuerza destructora de capitales considerados por la racionalidad del
sistema como sobrantes; lo cual significa que
está en marcha un proceso de
reconcentración de capital, con el auxilio del Estado y sus programas de
“rescate”, en manos de los monopolios y oligopolios transnacionales que
señorean la globalización neoliberal2 . Estas depurativas aguas anegan la
dinámica económica, pero también responden a la necesidad de abaratar capitales.
-La
fuerza destructora de la crisis atrofia el crecimiento económico mundial.
El Fondo
Monetario Internacional (FMI) augura que la economía mundial sufrirá un desplome
generalizado en 2009, con un crecimiento global de apenas 0.5%, la peor tasa
registrada desde la Segunda Guerra Mundial. En conjunto, las llamadas economías
industrializadas se contraerán un 2% (EFE, El universal, 28/I/09). Mientras
tanto, la depuración de capitales no tiene reposo. Se registran importantes
quiebras de grandes bancos e industrias, emblemáticos del capitalismo mundial.
En el sector bancario, suman 77 los bancos de los Estados Unidos que se han
declarado en quiebra, incluso se vaticina que podrían cerrar hasta 1 000 bancos
en los años venideros (La jornada, 16/VIII/09). Los grandes bancos, como
Citigroup, han sido rescatados por el Estado y otros han sido devorados por sus
competidores. También grandes empresas del sector automotor, como General Motors,
han tenido que ser rescatadas.
-La vorágine destructora arrasa con empleos en todo el mundo.La Organización Internacional del Trabajo (OIT), tomando como referente los pronósticos del FMI, pronostica un aumento de 50 millones en el número de desempleados para 2009, con lo que el índice de desempleo mundial puede situarse en 7.1%, en tanto que la cifra total alcanzaría los 230 millones (OIT, 2009)5 . Debido a que la crisis destruye capital, empleos e infraestructura, el gran capital reclama la participación del Estado para que transfiera recursos públicos a las grandes corporaciones, las cuales ejecutan, a su vez, una reconcentración de capital. Más que una política keynesiana, se trata de un rescate del neoliberalismo por el Estado, bajo la conocida fórmula de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.
-Profundización del desarrollo desigual centro/ periferia
Un proceso
paulatino, pero inexorable, de destrucción surge de los mecanismos del
desarrollo desigual, que destruyen las bases nacionales de acumulación en la
periferia y transfieren excedentes, recursos naturales y humanos en beneficio de
la acumulación centralizada. El desarrollo desigual se refiere al
proceso histórico de polarización económica, social y política entre regiones,
países y clases, derivado de la dinámica de acumulación capitalista
centralizada, la división del trabajo, la estructura de poder y la lucha de
clases en distintos ámbitos espaciales y niveles jerárquicos.
El resultado más evidente es la expansión de las desigualdades sociales expresada por la concentración de capital, poder y riqueza en manos de una pequeña élite capitalista confrontada a un abundante proceso de despojo, explotación y pobreza que constriñe paulatinamente las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población. En el ámbito del sistema capitalista mundial acontece una diferenciación sintomática entre países imperialistas, centrales o desarrollados y países periféricos, subdesarrollados o dependientes.
-La expansión capitalista neoliberal ha prohijado una modalidad de acumulación
centralizada bajo el comando de los monopolios y oligopolios transnacionales y
el respaldo político de los estados imperialistas y los organismos
internacionales.
Las
grandes corporaciones (capital monopolista) han acrecentado su supremacía
gracias a ingentes procesos de fusión, aunque también actúan por separado, entre
el capital productivo, financiero y comercial; ello nos remite a un colosal
proceso de concentración y centralización de capital. Sin embargo, bajo esta
modalidad no se está creando nuevo capital, ni un gran proceso de innovación
tecnológica, ni una gran masa de plusvalor, sino que se amasa capital muerto
bajo mecanismos de apropiación privada (Petras, 2005). En este caso, la
inversión extranjera directa (IED) actúa como fuerza motora o caballo de Troya,
aunque está investida de una mitología que le confiere atributos de motor del
desarrollo, cuando realmente actúa como una colosal fuerza extractora de
excedentes. Las grandes entidades transnacionales se presentan ahora como un
ente abstracto, despersonalizado, junto al capital ficticio, que pareciera
desprenderse de la órbita de la economía real y actuar con independencia.
El punto central es que estas corporaciones acceden a grandes ganancias o a ganancias extraordinarias en la periferia, lo cual a su vez obra en contra de las posibilidades de acumulación de la periferia. Entre otros, podemos destacar la transferencia de excedentes derivados de los pagos por deuda externa, las ganancias corporativas de la IED, los pagos por derechos de propiedad y patentes, el deterioro de los términos de intercambio, las ganancias obtenidas por la inversión financiera de corto plazo, además de los derivados de las transferencias de recursos naturales y la transferencias de fuerza de trabajo.
-La deuda externa es un rasgo de dependencia ancestral de
los países poscoloniales ante los centros financieros mundiales.
Ésta constituye un mecanismo neocolonial que somete a poblaciones y países enteros. Pasando por episodios como la crisis de la deuda, los programas de ajuste estructural y los programas de rescate ante las crisis recurrentes, los organismos financieros internacionales, con el FMI a la cabeza, dictan las políticas neoliberales que socavan la posibilidad de impulsar el desarrollo nacional y se abren a los requerimientos del gran capital. Merced a ello, el subdesarrollo, desempleo y pobreza perviven en vastas regiones del planeta, sin importar la dotación de recursos naturales y humanos.
Ésta constituye un mecanismo neocolonial que somete a poblaciones y países enteros. Pasando por episodios como la crisis de la deuda, los programas de ajuste estructural y los programas de rescate ante las crisis recurrentes, los organismos financieros internacionales, con el FMI a la cabeza, dictan las políticas neoliberales que socavan la posibilidad de impulsar el desarrollo nacional y se abren a los requerimientos del gran capital. Merced a ello, el subdesarrollo, desempleo y pobreza perviven en vastas regiones del planeta, sin importar la dotación de recursos naturales y humanos.
Por tanto, la deuda externa es un mecanismo lacerante que, en principio, subsana la necesidad de exportar capitales de los centros capitalistas, lo cual redunda en asimetrías y, a final de cuentas, es un poderoso instrumento de dominación del gran capital transnacional que pende sobre la periferia y que perpetúa la transferencia de recursos de la periferia al centro. Según estimaciones de Millet y Toussaint (2009), para 2007 la deuda externa de los países periféricos ascendía a US$ 3.36 billones, con México, Brasil y Turquía a la cabeza. Asimismo, se calcula que, hasta 2007, los países subdesarrollados habían pagado el equivalente a 102 veces lo que debían en 1970, no obstante que su deuda sólo se había multiplicado 48 veces.
-Las transferencias de ganancias derivadas de la
penetración de la IED representan una fuente fabulosa de riqueza para el centro.
Según
estimaciones de Caputo (2009), estas remesas de ganancias transferidas por las
transnacionales desde América Latina crecieron de US $ 32 000 millones en 1980 a
US $ 126 000 millones en 2006. Estos recursos habrían compensado las pérdidas
derivadas de la crisis en los sectores como la construcción, producción de
bienes durables y comercio. Las corporaciones transnacionales hacen uso
monopólico de las patentes, lo que les permite el control por 20 años sobre
invenciones, productos y procedimientos, y les reporta beneficios derivados del
pago de derechos de propiedad y patentes. Además del gasto y la dependencia
tecnológica, las patentes subordinan a los productores. El mercado global de la
semilla está controlado por Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow AgroSciences y Dupont,
y los acuerdos internacionales favorecen los grandes intereses comerciales,
obstruyen la transferencia de tecnología hacia los países subdesarrollados,
restringen el acceso a técnicas de producción menos perjudiciales al medio
ambiente y privatizan ámbitos que deberían ser de propiedad pública, como
patentes sobre seres vivos y materia viva, práctica monopólica que representa
una forma de privatización de la vida (Mora, 2004).
-La transferencia de fuerza de trabajo calificada es un
mecanismo que atrae el conocimiento adquirido por profesionistas,
investigadores, artistas, intelectuales y otro tipo de personal altamente
calificado que emigra de la periferia al centro. Entre 1990 y 2007,
la migración calificada aumentó un 111.3%. En este tenor, América Latina y el
Caribe se ubican como la región que experimentó el mayor crecimiento relativo de
migrantes calificados entre 1990 y 2007 (Lozano y Gandini, 2009). Otro problema
importante es el intercambio ecológico desigual, referido a la transferencia
neta de recursos naturales que representa severos daños ambientales en la
economía periférica. Bajo los tratados de libre comercio centro-periferia, se
omiten los costos ambientales y sociales, no obstante que se estimula un mayor
uso de energía de combustibles fósiles, la sobreexplotación de recursos
naturales y el deterioro de la biodiversidad. Además, dicha modalidad de
intercambio desigual expropia recursos genéticos, destruye ecosistemas, degrada
el ambiente y, en conjunto, viola los derechos humanos de las generaciones
presentes y futuras (Mora, 2004).
-La reincorporación de la periferia a la dinámica de
acumulación centralizada profundiza el desarrollo desigual e incrementa las
ganancias del capital transnacional. Estos países participan como
proveedores de materias primas y fuerza de trabajo barata según las necesidades
de las cadenas globales de producción, a cambio de vulnerar sus capacidades
internas de acumulación.
-Elevada explotación laboral
y exclusión social
La globalización
neoliberal da origen a la economía mundial del trabajo barato que convierte a
los países subdesarrollados en exportadores de gente. La expansión de la fuerza
de trabajo, acompañada de la política de precarización laboral, significa una
sobreoferta de trabajo a disposición del gran capital11. Los países periféricos
se convierten en abastecedores de trabajo barato en aras de la reestructuración
capitalista. El régimen de superexplotación del trabajo barato, amén de basarse
en la destrucción de medios de producción y subsistencia, pone en entredicho la
reproducción social y convierte a los trabajadores en personas desechables.
La periferia pierde soberanía laboral, entendida como la capacidad para generar suficientes fuentes de trabajo formal de calidad para su población (Márquez, 2008)12. El trabajo informal representa una expresión de la exclusión económica, pero también un mecanismo de inclusión a la esfera de la explotación del capital bajo mecanismos indirectos. La OCDE estima que 1.8 billones de personas, es decir 60% de la fuerza de trabajo mundial, se desempeña sin un contrato laboral formal ni seguridad social13. El trabajo infantil se acrecienta como un cáncer del capitalismo. Según la OIT, en la actualidad trabajan en el mundo 218 millones de niños. De ellos, 126 millones, uno de cada 12, está expuesto a las peores formas de trabajo infantil; con la actual crisis, se prevé un incremento (Europa Press, 27/II/08). Algo similar ocurre con el trabajo forzoso o “nueva esclavitud”. En el mundo hay al menos 12.3 millones de personas atrapadas en el trabajo forzoso. Hoy en día, cerca de 12 millones de personas en el mundo siguen trabajando bajo coerción en situaciones de trabajo forzoso, esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud (Andrees y Belser, 2009). En conjunto, la explotación del trabajo alcanza varias formas bajo el capitalismo neoliberal, no sólo el asalariado, sino que también subsume al sector campesino, femenino, informal, improductivo, infantil y forzado. En la dimensión del trabajo productivo, explota de manera exhaustiva el trabajo directo, y de manera formal, el trabajo científico-tecnológico (Mora, 2009). (...)
Evaluemos que la creciente superexplotación del trabajo y de
la naturaleza por el capitalismo mundializado continuará, en la Argentina,
siendo legitimada mientras no haya desquicio del partido justicialista por
acción de la diversidad de abajo. Las diferentes luchas de estos últimos a
lo largo y ancho del país contienen -en potencia- modos de desestabilizar
los poderes del PJ: territorial, sindical, estatal, cultural e ideológico.
Ante todo porque crean relaciones sociales e internacionales de
hermanamiento contra el extractivismo y su correlato la criminalización
tanto de los desposeídos como de quienes organizan su resistencia al
avasallamiento de derechos. Pero, al mismo tiempo, plantean el imperativo de
viabilizar otro sistema mundo con fundamento en la autodeterminación de
todos los pueblos planetarios.
Ahora el PJ tiene esos poderes no sólo
por su ejecución e interpretación pluridimensional tanto del Consenso de
Washington y en el siglo XXI del consenso de commodities sino también por lo
que destaca Ronald Denis sobre el Estado desde el sentido común de
los de abajo y desde "la corporación burocrática de poder". Que nos señala:
Más toda la búsqueda libertaria sigue abierta, más allá de ellos y ellas como ideologías, para concretarse en el ejercicio concreto y material del pueblo, en su parte luchadora y consciente, del ejercicio de gobernar su destino colectivo. Esa es, consideramos, la política emancipatoria que nos toca abordar. Llena de dilemas, ya que nunca se ha pensado a fondo como desde “otro lugar” que no es el Estado burgués, el ejercicio colectivo de la decisión y de sus retos concretos de liberación, la defensa de su proceso.
Dilema concreto del Gobierno
Popular:
¿Podremos
acabar con el “Estado Mágico”?
20 de mayo
de 2015
Por Roland Denis
(Rebelión)
Para concluir esta serie de “Gobierno Popular”
que como Asamblea de Militantes esperamos poder establecer como punto de debate
estratégico con todo el vasto movimiento autogobernante que ha podido
desplegarse a lo largo del territorio nacional, hagamos la última pregunta:
¿aunque sea para iniciar el recorrido nacionalmente, será posible acabar con esa
nefasta maquinaria rentista que por casi un siglo ha “deshuesado” este país?
El Estado
Mágico de Cabrujas y Coronil
Ya en un breve artículo Cabrujas lo dibujaba en
los términos de: “El estado es un brujo magnánimo, el petróleo es fantástico y
por tanto induce a lo “fantasioso”....la Gran Venezuela de Pérez no era un
presidente. Era un mago.”...Punto de partida para que Gustavo Coronil
reconstruyera todo lo que ha sido la historia “fantasiosa” del “Estado Mágico”
(nombre de su obra) desde Gómez hasta Chávez, asumiendo que no sólo somos hijos
de un imperialismo que tomó el mundo en una relación de explotación
trabajo-capital que le permitió monopolizar el mecado, de acuerdo a las premisas
marxistas. Somos igualmente el fruto de una repartición territorial global en
donde la naturaleza y sus derivados -el petróleo en nuestro caso- son el punto
de apoyo para nosotros mirarnos en esa expansión descomunal de capitalismo y el
papel fundamental de lo que ha sido el papel de la lucha por la apropiación de
la naturaleza, de las culturas y las conciencias humanas.
Lo cierto es que el Estado en nuestro caso,
como agente rentista y tenedor primario de la renta del subsuelo (capitalista
primario sobretodo desde la nacionalización del petróleo) que se ha repartido
con las transnacionales, ha hecho del extractivismo no sólo una economía sino
una cultura del poder. El Estado está por encima de todas las cosas (el Estado y
Nicolás Maduro en este caso determinarán, como decíamos en el punto sobre los
fundamentos de Gobierno Popular, si somos o no capaces de tomar como
trabajadores las riendas de la economía, como no es así -así lo determinó su
conciencia- lo hará él, el Estado y detrás de “El” los grandes expropiadores
privados de la renta del subsuelo, dueños a su vez de la economía).
El Estado aparece como mágico y magnánimo en su versión democrática, militarista
o socialista. Agente de determinación de todo cuanto nos
toca hacer y definir en nuestro destino común de nación. No es sólo un el
gerente de un renta fiscal, el típico Estado burgués, el consejo superior de
poder de las clases dominantes según Marx,
que
fascista o democrático según estén las condiciones de quienes se disciplinan o
insubordinan a esa relación de dominio,
es también el padre despótico que lo tiene todo, lo hace todo y lo define todo.
Y más concretamente, el gobierno de Estado, un típico agente bonapartista que
gobernará lo que ni la burguesía ni el pueblo están en capacidad supuestamente
de hacer por su debilidad respectiva. Desde el último Gómez hasta Diosdao
Cabello son personajes síntesis de esa típica gobernabilidad del Estado mágico
mágico y rentista:
el gobierno (y el sistema
de partidos que maneja) es una corporación burocrática de poder en manos del
grupito que lo toma en nombre de toda la nación.
El proyecto chavista reconociendo una realidad
que ya uno de sus progenitores originales Kleber Ramírez, muchos años antes de
Coronil había ubicado este dilema, nombrándolo como esquema de la IV República,
propuso la construcción de una “V República”, rompería esta tragedia con
“Ciencia, Trabajo y Dignidad”. De allí en adelante se genera todo el discurso
soberanista, participacionista y finalmente socialista del chavismo,
sustentándose en la inmensa experiencia de lucha del movimiento popular y su
articulación desde los años ochenta como poder popular. 16 años después de la
toma del poder podemos decir que estamos ante un desastre,
no sólo ha sido imposible la democracia
y el socialismo prometido sino que ese “Estado magnánimo”, mágico y rentista, es
hoy una máquina de desfalco nacional en favor de los viejos grupitos de poder y
de los nuevos agentes privados que privilegia.
El desarrollo productivo socializante y no
estatizante superando las relaciones de explotación capitalista, una cultura
política que desconcentre todo el poder del Estado y lo vierta sobre los
espacios de participación de base, la equidad en el reparto de la riqueza, la
reconstrucción de una verdadera institucionalidad de servicios, educación, salud
conducida desde el poder popular,
el desbaratamiento de todo el andamiaje
civil-militar-empresarial que sostiene el “Estado mágico-rentista”, la
reubicación de nuestro papel en el mundo como centro de soberanía y democracia
profunda, no ha sido posible.
A la izquierda y el bloque socio-político que tomó el poder junto a
Chávez se la comió el Estado-mago, hasta llevarla hoy en día -lo que quedó de
ella en la cúpula de gobierno- a tener que gerenciar un desastre que no pueden
superar ya de él están bebiendo los agentes económicos y burocráticos que
sostienen el propio gobierno; desfalco abierto de divisas cuyas consecuencias ya
llegan a la dolarización ampliada y la hiperinflación. De la inmensa fortaleza
que probó tener el chavismo en sus primeros años, hoy en día sus representantes
son una casta terriblemente autocrática cada vez mas aislada, no-querida y
debilitada.
Dilemas del Gobierno Popular.
Por supuesto no somos los únicos que estamos
hablando de esto. Los gritos, las secuelas económicas, salariales, laborales y
represivas, respecto a las consecuencias de lo que ha ocurrido, se oyen todos
los días, así como las síntesis críticas de pensamiento que lo analizan en todos
sus flancos se multiplican. Pero hay un problema de orden político que es un
reto muy dilemático. Pareciera que esto no tuviese salida y una nueva
insurrección popular, con todo el jacobinismo -vanguardismo del grupo dirigente
insurreccional- que esto supone, se ve lejos dado el dominio de los agentes de
base. Si no se pudo en los años noventa hoy en día es mucho mas lejana.
La protesta, la movilización, la huelga, absolutamente legítimas dada la
situación, son duras de emprender ante los chantajes de gobierno y su amarre
“yo-revolución, otro contrarevolución”, “el que no este conmigo está contra la
revolución”.
Eso todavía funciona, mientras el desespero finalmente le gane al desencanto y
el miedo. Por tanto, los esquemas políticos tradicionales, y los agentes que se
mueven en él, ante una probable victoria de la derecha, se mueven en el mismo
campo hacia la opción electoral alternativa, subjetivamente para evitarla,
objetivamente para favorecerla. El Polo Patriótico perdió la posibilidad de
generar desde sí mismo toda opción disidente y polarizante frente al PSUV, por
oportunismo y sumisión de sus actores, pero ya a estas alturas se empiezan a ver
los descuartizamientos internos y la disidencia interna -caso de Marea
Socialista- buscando futuros propios como alternativas democratizantes de la
izquierda chavista. Seguramente vendrán otras.
Digamos de una vez que esa posibilidad es repetir una historia que
puede convenir a los intereses grupales pero no le da ninguna salida a la
revolución en sí. De hecho la ley electoral está construida desde una
perspectiva absolutamente bipartidista, donde no cabe por ningún lado la
representación de minorías.
Ambos toletes (Gobierno-oposición) lo aceptaron así para
que no exista posibilidad alguna de quiebres y disidencias internas. Un acuerdo
tácito que empuja hacia un supuesto bipartidismo oficializado a futuro.
Pero aún así, sea cual sea el argumento que se
esgrima desde una posición electoral, más allá de tácticas y conveniencias
grupales, o de circunstancias particulares donde regional o localmente tenga
sentido entrar a la batalla electoral tradicional, el hecho es que la izquierda
histórica en su casi totalidad -incluido éste que se anota en lo que desde hace
unos buenos años llamamos corriente histórico-social-, ha fracasado desde el
poder del Estado. A pesar de la enorme presión de un renovado pensamiento
libertario, de base, del poder popular, a la
final como izquierda que no terminó de hacer el corte necesario con todo el
morral estatista y de ilusiones burocráticas de las “transiciones socialistas”
derivadas de la historia perdida del siglo XX, terminó fracasando. El
mesianismo, el caudillismo, el patrioterismo militarizado, “el estado mágico” su
rentismo y su corrupción, pusieron el resto.
Por tanto si de revolución social hablamos,
asumiendo que la gesta del 27 de febrero del 89 marca un hito histórico de
suficiente potencia y verdad como para seguir ahondando dentro de una
alternativa revolucionaria ligada a esa memoria, al pensamiento y la praxis
política que le han seguido todos estos años, el problema fundamental es
cómo resolvemos,
no “la revolución final”, no el “mundo final de la salvación”, mucho menos un
especie de “comunismo en un solo país”, sino
una conducción cierta hacia senderos de liberación que todavía siguen planteados.
El dilema de lo que hemos llamado “Gobierno Popular” dentro del
concepto genérico de “república autogobernante”, ajustada
al ejercicio
desde abajo de “otra política” (el ejercicio concreto, territorial, organizado y
expansivo de la gobernabilidad de la “parte de los sin parte”, del “pueblo en
lucha”, fuera del Estado), es el de cómo acometer tareas históricas de
liberación desde otro lugar de la política que no sea el Estado, estando
conscientes que el Estado burgués y su tejido global de hoy, le falta mucho para
deshacerse por completo.
Posiblemente este esquema “para salir de la
dependencia y el subdesarrollo”, para “sembrar el petróleo en ruptura con el
capitalismo”, más todo un conjunto de aportes de pensamiento que mucho tienen
que ver con los movimientos sociales y su batalla en favor de la descolonización
cultural, la ecología, la igualdad de género, el buen vivir, la soberanía
tecnológica y alimentaria, el regreso a la tierra, la sociedad comunal, la
educación liberadora, la democracia de base, resulten insuficientes. Y no porque
sean sean falsos o regresivos, o no suficientes, algunos en su nostalgia
neostalinista lo llamarán “anarco-populismos” e insistirán en la gran tarea
revolucionaria de los auténticos funcionarios -los viejos comisarios soviéticos-
de la burocracia de izquierda. Otros sólo les interesará el desarrollismo
tradicional, se quedarán observando el mundo desde el crecimiento económico e
industrial y seguirán pensando en resolver la tragedia del desarrollo:
pensamientos tecnocráticos de gestión. Mientras que los últimos ilusos esperarán
que el Estado y sus magias le entregarán la libertad.
Consideramos, a la hora de hablar de Gobierno
Popular, que todo ello sigue siendo un inmenso morral de angustias y de retos, a
los cuales se le pueden sumar cualquier cantidad de temas, cuya resolución, su
manera de nombrarlos, abordarlos y lucharlos, es muy poco lo que se ha hecho
mientras no se logre romper con la falasia del Estado, de su lógicas de mando
(síntesis de la sociedad capitalista y de sus dimensiones delirantes globales) y
no se construya y organice una estrategia por fuera del Estado, sin renunciar al
poder, es decir, a la construcción de gobierno.
En Venezuela al menos esa alternativa es una
necesidad que los hechos y experiencias la imponen. Pareciera que el anarquismo
a la final le gana el camino al marxismo. Pero no es así, la desesperación
puramente anarquista no les permitió concretar caminos abiertos que lo llevaron
a sus propias contradicciones y limitaciones. Más toda la búsqueda libertaria
sigue abierta, más allá de ellos y ellas como ideologías, para
concretarse en el ejercicio concreto y material del pueblo, en su parte
luchadora y consciente, del ejercicio de gobernar su destino colectivo. Esa es,
consideramos, la política emancipatoria que nos toca abordar. Llena de dilemas,
ya que nunca se ha pensado a fondo como desde “otro lugar” que no es el Estado
burgués, el ejercicio colectivo de la decisión y de sus retos concretos de
liberación, la defensa de su proceso. Si hemos hablado de fundamentos, principios, preguntas y método
de Gobierno Popular, es solo para pensar un camino indefinible que ya la
práctica del poder popular autónomo ha comenzado. El “Estado Mágico” perdurará
mientras nos de la gana o no rompamos nuestra impotencia.
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