Es la toma generalizada de
conciencia sobre la incompatibilidad
del
bloque dominante
con el buen vivir abajo.
Es darse cuenta de nuestras
incongruencias al tranquilizarnos por calles con amplia presencia del Estado
represor y por enrejados varios. Es reparar en que naturalizamos esa condición
de presos en cárceles a cielo abierto y que, al mismo tiempo, sabemos sobre:
“La policía, socio y árbitro de los negocios criminales”.
Así
Marcelo Fabián Sain
titula su nota en El Dipló de julio de
2010.
Leer
Es
rechazo a rateros y tolerancia a crecientes robos de los de arriba en forma de
corrupción, fraudes, y saqueos. Pero esta incoherencia e irracionalidad se basa
en desconocer la posibilidad e imprescindibilidad de romper con la obediencia
debida a los poderes económico, imperialistas y político.
Es
aclararnos acerca de:
“La
última dictadura tenía un beneficiario muy preciso”
25 de mayo de 2012
Por Manuel Barrientos
Debate
El ensayista Alejandro Horowicz analiza la significación política y moral de las causas en las que se investiga a las corporaciones empresarias por su participación en crímenes de lesa humanidad.
El caso Blaquier es alucinante, porque fue la primera vez que un intendente intentó cobrarle impuestos. Y una de las ventajas tradicionales del bloque dominante es no pagar impuestos. Esa prerrogativa es lo que aún hoy defiende el ruralismo en la provincia de Buenos Aires y en todo el país”, dispara Alejandro Horowicz, ensayista y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires.
Autor del libro Las dictaduras argentinas. Historia de una frustración nacional, publicado de forma reciente por Edhasa, Horowicz reflexiona sobre los efectos políticos, morales y culturales que podría tener el avance de los juicios en los que se investigue la vinculación del sector empresario con el terrorismo de Estado desatado bajo la última dictadura. También explica quiénes fueron los grandes beneficiarios del plan económico implementado a partir de 1975, bajo el liderazgo de José Alfredo Martínez de Hoz, que corrió el eje de la economía argentina de la producción y el fortalecimiento del mercado interno a la valorización de los activos financieros y el pago de la deuda externa.
¿Cómo interpreta el llamado a indagatoria de Carlos Pedro Blaquier, el presidente del Ingenio Ledesma, que se suma a otros pedidos de la Justicia de investigar la complicidad empresaria con la represión de la última dictadura?
En muchos casos, el vínculo no se refiere a una complicidad política general sino a la participación en la realización de actos delictivos específicos. Así que muchos van a tener problemas serios, porque la naturaleza legislativa que se impuso hace que sea muy difícil eludir ese proceso judicial. Además, son crímenes imprescriptibles. Entonces, estamos frente a un fenómeno absolutamente inédito. En ese sentido, conviene recordar, simplemente, que los Juicios de Nüremberg se hicieron según el criterio que luego siguió Raúl Alfonsín, que dictaba que la responsabilidad máxima les incurría sólo a algunos. A ésos, se los juzgó; y al resto no se los molestó nunca más. Pero también hay que comprender que la política de Adolf Hitler concluye en 1945; en cambio, la política de este bloque de clase dominante argentino no termina en 1983.
En ese sentido, ¿qué efectos políticos, morales y culturales puede tener el avance de estas causas?
En primer lugar, uno todavía ve que los sectores populares hacen política con muchísimo cuidado, porque quedó muy claro que no es para cualquiera y que el precio de hacer política es la amenaza de muerte. En consecuencia, la primera cuestión que la dictadura terrorista se propuso fue impedir que la política fuera una actividad general de la sociedad. Así, se convirtió en una actividad atinente sólo a profesionales dedicados a eso. Entonces, el primer efecto que genera es romper esa barrera, que ya se empezó a quebrar con el ingreso de los muy jóvenes a la política. Al mismo tiempo, supone el restablecimiento de las relaciones entre las palabras y las cosas.
¿Cómo define ese restablecimiento?
Cuando se rompe la estructura de punición, se quiebra la estructura de significación. Las diferencias, el debate, la polémica se vuelven imposibles, porque los aterrados no polemizan. Entre otras cosas, porque saben que cualquier diferencia que se manifieste pone en peligro su propia vida. Las diferencias abren el curso a la represión. En consecuencia, esta voluntad de punición restablece el imperio de la ley, que deja de ser una proclama hueca para ser un extremo que organiza la vida de la sociedad. Así, los pactos existentes vuelven a tener valor y, por tanto, pueden ser modificados en diversas direcciones. Al mismo tiempo, la política vuelve a ser un instrumento posible y deja de ser un camino que representa la continuación de los negocios por otros medios. La sociedad vuelve a ser política.
¿Por qué en su último libro define al régimen iniciado en 1976 como una “dictadura burguesa terrorista unificada y contrarrevolucionaria”?
En primer lugar, porque tradicionalmente se suele hablar de dictadura a secas, como si fuera una especie de institución romana, cuando en rigor fue una dictadura de clase, que tiene un beneficiario muy preciso y que quedó absolutamente claro cuando terminó el Proceso. En el libro El nuevo poder económico, Eduardo Basualdo, Miguel Khavisse y Daniel Aspiazu demuestran que, al final de la dictadura, poco más de treinta grupos económicos globalizados financieramente transan el setenta por ciento del producto bruto de la Argentina. Es decir, se trató de una etapa de altísima concentración económica.
¿Qué aspectos emblemáticos permiten evidenciar esa concentración?
Si uno mira ese modelo empresarial y lo compara con el de 1960, se puede observar que el fenomenal proceso de crecimiento de las PyMES -el más importante de América Latina- había sido totalmente destruido. Además, ese rango de concentración no sólo es excepcional en la historia argentina, sino que tiene ramas aun más concentradas que la economía norteamericana. Entonces, se observa un proceso de concentración que se hizo con intencionalidad previa y que no es el resultado de una situación azarosa. Se produjo a partir de la valorización de activos financieros que permitieron conformar -deuda externa mediante- una especie de sociedad anónima que reemplaza el conflicto que había anteriormente entre campo y ciudad.
¿Cómo se integra esa sociedad?
La valorización de los activos financieros permitió transformarlos en activos líquidos y colocarlos en el mercado financiero internacional. Y esa política que ejecutó José Alfredo Martínez de Hoz convirtió al bloque de clase dominante en rentistas financieros a perpetuidad, y volvió mucho mayor la significación de los activos radicados en el exterior que los radicados en territorio argentino. En consecuencia, el eje de la economía argentina pasó de la producción y el mercado interno al pago de la deuda externa. Esa lógica que se desarrolla entre 1975 y 1983 es la lógica que tiene como resultado un nuevo ciclo económico político que recién estalló en 2001. El derecho de tener derechos se canceló. El único derecho legítimo era el de propiedad y, todos los demás, estaban sometidos a éste. Y el derecho de propiedad era, simplemente, el derecho de la burguesía a transformar en capital líquido aquéllo que había estado encerrado en los límites del mercado interno. Eso explica por qué es una dictadura de clase, por qué es burguesa y por qué es unificada, porque los conflictos que antes dirimían sus diferencias desaparece. Y es unificada no de cualquier forma sino bajo un método de política terrorista.
Debate
El ensayista Alejandro Horowicz analiza la significación política y moral de las causas en las que se investiga a las corporaciones empresarias por su participación en crímenes de lesa humanidad.
El caso Blaquier es alucinante, porque fue la primera vez que un intendente intentó cobrarle impuestos. Y una de las ventajas tradicionales del bloque dominante es no pagar impuestos. Esa prerrogativa es lo que aún hoy defiende el ruralismo en la provincia de Buenos Aires y en todo el país”, dispara Alejandro Horowicz, ensayista y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires.
Autor del libro Las dictaduras argentinas. Historia de una frustración nacional, publicado de forma reciente por Edhasa, Horowicz reflexiona sobre los efectos políticos, morales y culturales que podría tener el avance de los juicios en los que se investigue la vinculación del sector empresario con el terrorismo de Estado desatado bajo la última dictadura. También explica quiénes fueron los grandes beneficiarios del plan económico implementado a partir de 1975, bajo el liderazgo de José Alfredo Martínez de Hoz, que corrió el eje de la economía argentina de la producción y el fortalecimiento del mercado interno a la valorización de los activos financieros y el pago de la deuda externa.
¿Cómo interpreta el llamado a indagatoria de Carlos Pedro Blaquier, el presidente del Ingenio Ledesma, que se suma a otros pedidos de la Justicia de investigar la complicidad empresaria con la represión de la última dictadura?
En muchos casos, el vínculo no se refiere a una complicidad política general sino a la participación en la realización de actos delictivos específicos. Así que muchos van a tener problemas serios, porque la naturaleza legislativa que se impuso hace que sea muy difícil eludir ese proceso judicial. Además, son crímenes imprescriptibles. Entonces, estamos frente a un fenómeno absolutamente inédito. En ese sentido, conviene recordar, simplemente, que los Juicios de Nüremberg se hicieron según el criterio que luego siguió Raúl Alfonsín, que dictaba que la responsabilidad máxima les incurría sólo a algunos. A ésos, se los juzgó; y al resto no se los molestó nunca más. Pero también hay que comprender que la política de Adolf Hitler concluye en 1945; en cambio, la política de este bloque de clase dominante argentino no termina en 1983.
En ese sentido, ¿qué efectos políticos, morales y culturales puede tener el avance de estas causas?
En primer lugar, uno todavía ve que los sectores populares hacen política con muchísimo cuidado, porque quedó muy claro que no es para cualquiera y que el precio de hacer política es la amenaza de muerte. En consecuencia, la primera cuestión que la dictadura terrorista se propuso fue impedir que la política fuera una actividad general de la sociedad. Así, se convirtió en una actividad atinente sólo a profesionales dedicados a eso. Entonces, el primer efecto que genera es romper esa barrera, que ya se empezó a quebrar con el ingreso de los muy jóvenes a la política. Al mismo tiempo, supone el restablecimiento de las relaciones entre las palabras y las cosas.
¿Cómo define ese restablecimiento?
Cuando se rompe la estructura de punición, se quiebra la estructura de significación. Las diferencias, el debate, la polémica se vuelven imposibles, porque los aterrados no polemizan. Entre otras cosas, porque saben que cualquier diferencia que se manifieste pone en peligro su propia vida. Las diferencias abren el curso a la represión. En consecuencia, esta voluntad de punición restablece el imperio de la ley, que deja de ser una proclama hueca para ser un extremo que organiza la vida de la sociedad. Así, los pactos existentes vuelven a tener valor y, por tanto, pueden ser modificados en diversas direcciones. Al mismo tiempo, la política vuelve a ser un instrumento posible y deja de ser un camino que representa la continuación de los negocios por otros medios. La sociedad vuelve a ser política.
¿Por qué en su último libro define al régimen iniciado en 1976 como una “dictadura burguesa terrorista unificada y contrarrevolucionaria”?
En primer lugar, porque tradicionalmente se suele hablar de dictadura a secas, como si fuera una especie de institución romana, cuando en rigor fue una dictadura de clase, que tiene un beneficiario muy preciso y que quedó absolutamente claro cuando terminó el Proceso. En el libro El nuevo poder económico, Eduardo Basualdo, Miguel Khavisse y Daniel Aspiazu demuestran que, al final de la dictadura, poco más de treinta grupos económicos globalizados financieramente transan el setenta por ciento del producto bruto de la Argentina. Es decir, se trató de una etapa de altísima concentración económica.
¿Qué aspectos emblemáticos permiten evidenciar esa concentración?
Si uno mira ese modelo empresarial y lo compara con el de 1960, se puede observar que el fenomenal proceso de crecimiento de las PyMES -el más importante de América Latina- había sido totalmente destruido. Además, ese rango de concentración no sólo es excepcional en la historia argentina, sino que tiene ramas aun más concentradas que la economía norteamericana. Entonces, se observa un proceso de concentración que se hizo con intencionalidad previa y que no es el resultado de una situación azarosa. Se produjo a partir de la valorización de activos financieros que permitieron conformar -deuda externa mediante- una especie de sociedad anónima que reemplaza el conflicto que había anteriormente entre campo y ciudad.
¿Cómo se integra esa sociedad?
La valorización de los activos financieros permitió transformarlos en activos líquidos y colocarlos en el mercado financiero internacional. Y esa política que ejecutó José Alfredo Martínez de Hoz convirtió al bloque de clase dominante en rentistas financieros a perpetuidad, y volvió mucho mayor la significación de los activos radicados en el exterior que los radicados en territorio argentino. En consecuencia, el eje de la economía argentina pasó de la producción y el mercado interno al pago de la deuda externa. Esa lógica que se desarrolla entre 1975 y 1983 es la lógica que tiene como resultado un nuevo ciclo económico político que recién estalló en 2001. El derecho de tener derechos se canceló. El único derecho legítimo era el de propiedad y, todos los demás, estaban sometidos a éste. Y el derecho de propiedad era, simplemente, el derecho de la burguesía a transformar en capital líquido aquéllo que había estado encerrado en los límites del mercado interno. Eso explica por qué es una dictadura de clase, por qué es burguesa y por qué es unificada, porque los conflictos que antes dirimían sus diferencias desaparece. Y es unificada no de cualquier forma sino bajo un método de política terrorista.
¿Por qué fue Martínez de Hoz el encargado de poner
en marcha el plan económico de la última dictadura? ¿Qué sectores económicos
permitía anudar su figura?
Martínez de Hoz sintetiza a los sectores tradicionales. Cuando uno mira los debates que se dan entre 1971 y 1975, ve que los integrantes del bloque de clases dominantes -a través de las cámaras empresarias- modifican su postura en esos años. En 1971 se planteó el Plan Gelbard, entre la Confederación General Económica (CGE) y la CGT. En ese programa, José Ber Gelbard arrastraba detrás al movimiento obrero encabezado por José Rucci y las 62 Organizaciones, sobre todo porque ellos habían quedado fuera de la cancha política ya que los sectores dinámicos del movimiento obrero -que son los que encabezan las luchas populares- no eran exactamente ellos. Al mismo tiempo, el general Alejandro Agustín Lanusse respaldó esa idea y, siendo él el caudillo azul del Ejército, se lo planteó como el nuevo plan para el conjunto de bloques de la clase dominante y el sustrato del Gran Acuerdo Nacional, con la idea de que Juan Domingo Perón también respaldara ese plan. Pero Perón les hizo un terrible corte de manga y les dijo que de ninguna manera lo iba a acompañar.
¿Cuál fue la postura de los grupos empresarios?
La Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina y la Acción Coordinadora de las Instituciones Empresarias Libres (Aciel), el grupo empresario encabezado por Martínez de Hoz, rechazaron airadamente el plan porque era estatista y socializante. Sin embargo, cuando Héctor Cámpora ganó las elecciones, el 11 de marzo de 1973, quedó claro que el peronismo iba a ser el pivote de esa nueva versión del Plan Pinedo. Y, en el marco de la CGE, la UIA se fusionó con la Confederación General de la Industria. Por su parte, la Sociedad Rural firmó, ni bien asumió Héctor Cámpora, un acta de compromiso por la que aceptaba que los valores de la producción tenían que incrementarse en un quantum determinado para acercar las divisas requeridas por el programa industrial. Pero cuando murió Perón, el programa estalló; en especial, porque el mercado negro había liquidado el funcionamiento de la gran paritaria nacional. Esto es, el acuerdo de mantener los precios de bienes intermedios, los precios finales y los salarios.
¿Por qué se rompió el pacto?
Por un lado, porque la presión sindical exigía un reparto mayor. Por otro, porque la vida real de la economía argentina imponía que las cajas registradoras no aceptaran los precios máximos y el mercado negro se devoraba el mercado formal. Desaparecían cosechas enteras. Los precios que figuraban en las facturas y los que se pagaban efectivamente estaban disociados. Ahí se produjo la construcción de una nueva entidad empresarial, que es una especie de institución clandestina, porque nunca terminó de fundarse, que fue la Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege), que reunió la vieja base de la CGE, la UIA y la Aciel, capitaneados por Martínez de Hoz. Este grupo elaboró un programa de conjunto que fue el que presentó el ingeniero Celestino Rodrigo en 1975. En otras palabras, el plan Rodrigo no es simplemente el proyecto que se le ocurrió a un seguidor sectario de López Rega, sino que fue el nuevo plan del bloque dominante que había sido rehecho por el conjunto de las clases dominantes bajo la fórmula de Martínez de Hoz. Y ese nuevo programa económico va de la mano de la puesta en marcha del Operativo Independencia en Tucumán.
Es decir, que la puesta en marcha del plan económico va de la mano de la ejecución de las políticas terroristas por parte del Estado.
Si bien hay una orden legal de reprimir, en realidad, es ilegal, porque no es una atribución del Poder Ejecutivo intervenir militarmente una provincia, sino que representa una atribución exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación. Sin embargo, esa orden no fue considerada ilegal en el Juicio a las Juntas, ni por la fiscalía ni por los jueces. Y la Conadep también estableció como límite de la investigación el 24 de marzo de 1976. Por si fuera poco, se sancionó una ley especial para que Isabel Martínez de Perón no pudiera ser juzgada, ya que había sido destituida por un golpe de Estado. Entonces, queda claro que hay una impunidad claramente organizada, que no es una maniobra de un militar autoritario, sino una política orgánica de clase que se ejecuta con diversos instrumentos, sea el Estado de excepción de la dictadura o, luego, los gobiernos parlamentarios que comienzan con Alfonsín y culminan con De la Rúa en 2001.
¿Cómo se podría dimensionar el cambio de mentalidad que produjo el plan Martínez de Hoz, al que caracteriza como la “mayor vuelta de campana en la historia del pensamiento económico en la Argentina”?
Es una especie de regreso a las concepciones anteriores a 1930.
¿Por qué se presenta esa necesidad de volver al modelo de la Argentina como “granero del mundo”?
El modelo de desarrollo de la economía argentina está directamente enfrentado con el desarrollo de la lucha de clases y con una dirección obrera que se planteó un conjunto de otras cosas que, al bloque de clase dominante, le produjo sencillamente un gran terror social. Es decir, apareció la amenaza del socialismo en el horizonte. Y ésa fue la forma en la que se respondió.
¿Por qué, en su libro, destaca como un caso especialmente relevante la represión en la fábrica de Acindar en Villa Constitución?
Villa Constitución permite entender, en clave de laboratorio, ese gran esquema terrorista. En primer lugar, se observa la victoria de una corriente socialista revolucionaria, encabezada por Alberto Piccinini, en una regional muy importante de la Unión Obrera Metalúrgica. En segundo término, se ve la respuesta de la UOM, que impulsa la intervención. En tercer lugar, la reacción del sistema político a través de Ricardo Balbín, que habla de la “guerrilla fabril”. Y, en cuarto lugar, se registra una estructura represiva montada específicamente en la fábrica que, si bien fracasa en su intento de aplastar al movimiento, provoca que éste no logre salir de los límites de Villa Constitución. Por tanto, la sociedad argentina aísla esta situación gremial y construye el escenario para el 24 de marzo de 1976, en el que la compacta mayoría estuvo alineada detrás del nuevo gobierno. A partir de ese momento, no se admitió ninguna forma de oposición legal y ése fue el estado de excepción. Por otra parte, también se observan, en la tapa de los diarios de 1975 sobre Villa Constitución, los mismos argumentos que luego se repitieron a partir de marzo de 1976. Entonces, no hay nadie que puede decir que no se sabía qué iba a suceder, porque había sido anticipado a voz en cuello.
¿Qué nudos gordianos del sistema económico establecido en la última dictadura aún se mantienen vigentes?
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, por ejemplo, se concretó hace muy pocas semanas. Esa estructura garantizaba la Convertibilidad y era una política monetaria que estaba al servicio de la conformación del bloque único de la dictadura burguesa terrorista, porque configuraba un sistema que tenía como único objeto el pago de la deuda externa. Por otra parte, el hecho de que un pool de siembra no pague impuestos, a la vieja usanza de los Blaquier, muestra de qué estamos hablando. Un cálculo muy conservador demuestra que la renta agraria paga 1 a 9 en relación a lo que debiera pagar. Entonces, esa estimación muestra que la desfinanciación de los gobiernos -en especial, de los provinciales- es el resultado de un reparto disparatado de la carga fiscal. El IVA sigue siendo del 21 por ciento, mientras que los poderosos no pagan nada. Es decir, en la Argentina se paga impuestos por trabajar y ser pobre. Son cuestiones pendientes y elementales.
RESISTENCIAS PERSONALES
Si bien señala que se trató de una dictadura unificada, ¿se ocasionaron conflictos al interior de la clase dominante?
Hubo empresarios que se opusieron personalmente a la represión, y me consta que existieron dueños de fábricas que avisaron a sus comisiones internas de lo que iba a pasar, a riesgo propio. Pero no era una cuestión de diferenciación con la política económica sino de sensibilidad personal.
Es decir, ¿no representaban a un sector en particular?
No, eran empresarios que entendían que iban a desaparecer obreros y no querían tener sobre la conciencia semejante responsabilidad y semejante cargo. Hay que poder bancarse lo que pesa sobre los gerentes de Mercedes Benz o de la Ford, el hecho de saber exactamente que, por orden de ellos, la comisión interna fue a parar al fondo del río. Y hubo gente que no quiso hacer eso. No es que tenían un plan económico distinto, pero no querían tener una responsabilidad personal semejante. Y, de hecho, no la tuvieron.
¿Qué caso recuerda?
En una empresa metalmecánica muy importante de la Zona Sur, Hierromat, el dueño era un señor muy conservador pero era un tipo derecho. La comisión interna respondía al Poder Obrero. Pero el empresario se ocupó de avisar e indemnizó, según marcaba la ley, a la Comisión para que se fuera. Hubo un obrero que decidió quedarse, pero lo secuestraron en la propia fábrica y lo mataron, aunque el empresario intentó hasta último momento hacerlo zafar y no pudo porque el trabajador no se lo permitió.
Martínez de Hoz sintetiza a los sectores tradicionales. Cuando uno mira los debates que se dan entre 1971 y 1975, ve que los integrantes del bloque de clases dominantes -a través de las cámaras empresarias- modifican su postura en esos años. En 1971 se planteó el Plan Gelbard, entre la Confederación General Económica (CGE) y la CGT. En ese programa, José Ber Gelbard arrastraba detrás al movimiento obrero encabezado por José Rucci y las 62 Organizaciones, sobre todo porque ellos habían quedado fuera de la cancha política ya que los sectores dinámicos del movimiento obrero -que son los que encabezan las luchas populares- no eran exactamente ellos. Al mismo tiempo, el general Alejandro Agustín Lanusse respaldó esa idea y, siendo él el caudillo azul del Ejército, se lo planteó como el nuevo plan para el conjunto de bloques de la clase dominante y el sustrato del Gran Acuerdo Nacional, con la idea de que Juan Domingo Perón también respaldara ese plan. Pero Perón les hizo un terrible corte de manga y les dijo que de ninguna manera lo iba a acompañar.
¿Cuál fue la postura de los grupos empresarios?
La Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina y la Acción Coordinadora de las Instituciones Empresarias Libres (Aciel), el grupo empresario encabezado por Martínez de Hoz, rechazaron airadamente el plan porque era estatista y socializante. Sin embargo, cuando Héctor Cámpora ganó las elecciones, el 11 de marzo de 1973, quedó claro que el peronismo iba a ser el pivote de esa nueva versión del Plan Pinedo. Y, en el marco de la CGE, la UIA se fusionó con la Confederación General de la Industria. Por su parte, la Sociedad Rural firmó, ni bien asumió Héctor Cámpora, un acta de compromiso por la que aceptaba que los valores de la producción tenían que incrementarse en un quantum determinado para acercar las divisas requeridas por el programa industrial. Pero cuando murió Perón, el programa estalló; en especial, porque el mercado negro había liquidado el funcionamiento de la gran paritaria nacional. Esto es, el acuerdo de mantener los precios de bienes intermedios, los precios finales y los salarios.
¿Por qué se rompió el pacto?
Por un lado, porque la presión sindical exigía un reparto mayor. Por otro, porque la vida real de la economía argentina imponía que las cajas registradoras no aceptaran los precios máximos y el mercado negro se devoraba el mercado formal. Desaparecían cosechas enteras. Los precios que figuraban en las facturas y los que se pagaban efectivamente estaban disociados. Ahí se produjo la construcción de una nueva entidad empresarial, que es una especie de institución clandestina, porque nunca terminó de fundarse, que fue la Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (Apege), que reunió la vieja base de la CGE, la UIA y la Aciel, capitaneados por Martínez de Hoz. Este grupo elaboró un programa de conjunto que fue el que presentó el ingeniero Celestino Rodrigo en 1975. En otras palabras, el plan Rodrigo no es simplemente el proyecto que se le ocurrió a un seguidor sectario de López Rega, sino que fue el nuevo plan del bloque dominante que había sido rehecho por el conjunto de las clases dominantes bajo la fórmula de Martínez de Hoz. Y ese nuevo programa económico va de la mano de la puesta en marcha del Operativo Independencia en Tucumán.
Es decir, que la puesta en marcha del plan económico va de la mano de la ejecución de las políticas terroristas por parte del Estado.
Si bien hay una orden legal de reprimir, en realidad, es ilegal, porque no es una atribución del Poder Ejecutivo intervenir militarmente una provincia, sino que representa una atribución exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación. Sin embargo, esa orden no fue considerada ilegal en el Juicio a las Juntas, ni por la fiscalía ni por los jueces. Y la Conadep también estableció como límite de la investigación el 24 de marzo de 1976. Por si fuera poco, se sancionó una ley especial para que Isabel Martínez de Perón no pudiera ser juzgada, ya que había sido destituida por un golpe de Estado. Entonces, queda claro que hay una impunidad claramente organizada, que no es una maniobra de un militar autoritario, sino una política orgánica de clase que se ejecuta con diversos instrumentos, sea el Estado de excepción de la dictadura o, luego, los gobiernos parlamentarios que comienzan con Alfonsín y culminan con De la Rúa en 2001.
¿Cómo se podría dimensionar el cambio de mentalidad que produjo el plan Martínez de Hoz, al que caracteriza como la “mayor vuelta de campana en la historia del pensamiento económico en la Argentina”?
Es una especie de regreso a las concepciones anteriores a 1930.
¿Por qué se presenta esa necesidad de volver al modelo de la Argentina como “granero del mundo”?
El modelo de desarrollo de la economía argentina está directamente enfrentado con el desarrollo de la lucha de clases y con una dirección obrera que se planteó un conjunto de otras cosas que, al bloque de clase dominante, le produjo sencillamente un gran terror social. Es decir, apareció la amenaza del socialismo en el horizonte. Y ésa fue la forma en la que se respondió.
¿Por qué, en su libro, destaca como un caso especialmente relevante la represión en la fábrica de Acindar en Villa Constitución?
Villa Constitución permite entender, en clave de laboratorio, ese gran esquema terrorista. En primer lugar, se observa la victoria de una corriente socialista revolucionaria, encabezada por Alberto Piccinini, en una regional muy importante de la Unión Obrera Metalúrgica. En segundo término, se ve la respuesta de la UOM, que impulsa la intervención. En tercer lugar, la reacción del sistema político a través de Ricardo Balbín, que habla de la “guerrilla fabril”. Y, en cuarto lugar, se registra una estructura represiva montada específicamente en la fábrica que, si bien fracasa en su intento de aplastar al movimiento, provoca que éste no logre salir de los límites de Villa Constitución. Por tanto, la sociedad argentina aísla esta situación gremial y construye el escenario para el 24 de marzo de 1976, en el que la compacta mayoría estuvo alineada detrás del nuevo gobierno. A partir de ese momento, no se admitió ninguna forma de oposición legal y ése fue el estado de excepción. Por otra parte, también se observan, en la tapa de los diarios de 1975 sobre Villa Constitución, los mismos argumentos que luego se repitieron a partir de marzo de 1976. Entonces, no hay nadie que puede decir que no se sabía qué iba a suceder, porque había sido anticipado a voz en cuello.
¿Qué nudos gordianos del sistema económico establecido en la última dictadura aún se mantienen vigentes?
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, por ejemplo, se concretó hace muy pocas semanas. Esa estructura garantizaba la Convertibilidad y era una política monetaria que estaba al servicio de la conformación del bloque único de la dictadura burguesa terrorista, porque configuraba un sistema que tenía como único objeto el pago de la deuda externa. Por otra parte, el hecho de que un pool de siembra no pague impuestos, a la vieja usanza de los Blaquier, muestra de qué estamos hablando. Un cálculo muy conservador demuestra que la renta agraria paga 1 a 9 en relación a lo que debiera pagar. Entonces, esa estimación muestra que la desfinanciación de los gobiernos -en especial, de los provinciales- es el resultado de un reparto disparatado de la carga fiscal. El IVA sigue siendo del 21 por ciento, mientras que los poderosos no pagan nada. Es decir, en la Argentina se paga impuestos por trabajar y ser pobre. Son cuestiones pendientes y elementales.
RESISTENCIAS PERSONALES
Si bien señala que se trató de una dictadura unificada, ¿se ocasionaron conflictos al interior de la clase dominante?
Hubo empresarios que se opusieron personalmente a la represión, y me consta que existieron dueños de fábricas que avisaron a sus comisiones internas de lo que iba a pasar, a riesgo propio. Pero no era una cuestión de diferenciación con la política económica sino de sensibilidad personal.
Es decir, ¿no representaban a un sector en particular?
No, eran empresarios que entendían que iban a desaparecer obreros y no querían tener sobre la conciencia semejante responsabilidad y semejante cargo. Hay que poder bancarse lo que pesa sobre los gerentes de Mercedes Benz o de la Ford, el hecho de saber exactamente que, por orden de ellos, la comisión interna fue a parar al fondo del río. Y hubo gente que no quiso hacer eso. No es que tenían un plan económico distinto, pero no querían tener una responsabilidad personal semejante. Y, de hecho, no la tuvieron.
¿Qué caso recuerda?
En una empresa metalmecánica muy importante de la Zona Sur, Hierromat, el dueño era un señor muy conservador pero era un tipo derecho. La comisión interna respondía al Poder Obrero. Pero el empresario se ocupó de avisar e indemnizó, según marcaba la ley, a la Comisión para que se fuera. Hubo un obrero que decidió quedarse, pero lo secuestraron en la propia fábrica y lo mataron, aunque el empresario intentó hasta último momento hacerlo zafar y no pudo porque el trabajador no se lo permitió.
Marco
Giommi
Fuente:
http://elobservadormarco.blogspot.com.ar/2012/05/la-ultima-dictadura-tenia-un.html
Cabe, por tanto, la comprensión mayoritaria que no puede
haber conciliación con el bloque dominante. Sin embargo, CFK hizo cuanto
pudo por la subordinación popular a los poderes establecidos con terrorismo
de estado y con la estatización de sus deudas externas. Aún más realizó un
potente despliegue de aparatos financieros e ideológicos para ilusionar, a
los de abajo, sobre el futuro venturoso bajo la conducción de esos
saqueadores e impunes. Recordemos la advertencia de Malcom X:
"Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar
al opresor y odiar al oprimido".
“Que no se vean como enemigos”
15 de mayo de 2012
Luego del
extenso conflicto por el subte, la Presidenta habló ayer largamente sobre la
importancia de una buena relación entre los empresarios y los trabajadores.
Reclamó que existan “discusiones racionales”.
La
presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a defender la generación de
valor agregado como principal instrumento para el desarrollo del país y puso
énfasis en la importancia de la formación de los trabajadores y de un vínculo
fluido entre ellos y los empresarios para poder hacer frente al contexto
internacional adverso. “Lo más importante que tenemos que lograr es crear un
vínculo entre empresas y trabajadores, que los trabajadores no sientan al
empresario como un enemigo ni que el empresario vea a los trabajadores como
alguien que es un problema”, destacó la mandataria en un acto por el lanzamiento
de una nueva línea de producción de tractores y cosechadoras (ver página 7), en
el que también defendió los controles comerciales como herramienta para regular
la economía: “En definitiva, es cuidar los intereses de quienes trabajan en la
República Argentina y de quienes invierten en la Argentina”, aseguró.
En su
discurso, la mandataria destacó el trabajo realizado para modificar la matriz
económica de forma tal que “no se atranque la Argentina como se atrancó el
mundo”. El camino, indicó, es “más trabajo, más inversión, más industria, más
valor agregado, más ciencia y tecnología, y lo que hay que hacer es perseverar
en esa línea, meterse en la cabeza”. CFK también destacó la importancia que tuvo
la refundación de la educación técnica que se llevó a cabo por iniciativa de
Néstor Kirchner, pero destacó que “no solamente es formación capacitar a alguien
con las manos, porque si no tenés nada en la cabeza no tenés dónde meter las
manos o por ahí las metés en algún lado que no corresponde”. “Ese es el camino
en el que hay que perseverar, para que nadie nunca más les venga a decir a
nuestros jóvenes que algo producido en la Argentina es una porquería que se
rompe y que es mucho mejor lo que se produce afuera”, apuntó.
Luego,
Fernández de Kirchner realizó un llamado a que empresarios y trabajadores
cooperen para salir adelante: “No hay empresas sin trabajadores capacitados y
contentos que se sientan parte de la empresa, ni tampoco trabajadores que crean
que la empresa no tiene nada que ver con su suerte personal y que es indistinto
lo que le pase a la empresa de lo que les pase a ellos como trabajadores
–insistió CFK–. Esto no es fácil lograrlo, porque hay intereses y cuando los hay
siempre hay choques y discusiones, pero esas discusiones de lado y lado deben
ser lo suficientemente racionales como para comprender que los unos sin los
otros no terminan en ninguna parte.” En ese sentido, hizo una referencia al
conflicto por el subte cuando sostuvo que “puede ser que algún conflicto dure
más, pero finalmente se termina cayendo, como ya vimos”.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-201088-2012-08-15.html
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-201088-2012-08-15.html
En el año
2008, el gobierno CFK consigue que la Mesa de Enlace sea el principal y
exclusivo enemigo,
encubriendo:
La
ofensiva del capital en la agricultura
Por
Rebelión
La
Asamblea Continental de la CLOC-VC se realiza en un momento histórico para
el futuro de la clase campesina y trabajadora del mundo, señaló Roberto
Baggio, militante del Movimiento Sin Tierra de Brasil al iniciar el debate
en la mesa de la Ofensiva del Capital en la Agricultura. Hoy nuestro
continente campesino, indígena y negro tiene la tarea fundamental en este
periodo de defender los intereses de la agricultura popular, soberana desde
una perspectiva socialista, afirmó.
Breve
recorrido histórico de los cambios en la agricultura
Con el
nacimiento del capitalismo en la agricultura, se organiza una forma de
producción en el mundo. Durante la fase inicial, el capitalismo comercial,
utilizaba el trabajo esclavo y exportación de materias primas. Durante la
fase industrial la agricultura se torna dependiente y subordinada a la
industria, en esta fase los campesinos podían tener pequeñas propiedades
pero siempre subordinadas a la gran industria.
A
partir de los años 90, con la hegemonía del capital financiero, éste
controla toda la economía. Ahora el movimiento del capital en la agricultura
entra en una nueva fase, usando los bancos que compran las acciones de las
grandes empresas transnacionales y monopolizan toda la producción. El origen
de esta acumulación y de esta riqueza no viene de la producción, sino de la
especulación. En esta fase del capitalismo la economía se dolarizó y
hay precios únicos de los commodities que son determinados por la bolsa de valores
y por los grandes centros de comercio. Antes del capital financiero, los
estado-nación de los países definían sus políticas públicas en la
agricultura, ahora los instrumentos son la OMC, el Banco Mundial, la FAO, entre
otros.
Este modelo del capital en la agricultura depende de insumos de las empresas transnacionales y de los créditos bancarios. Los bancos pasan los recursos a las empresas transnacionales y éstas a su vez pasan a los campesinos, es un modelo hegemónico conocido como agronegocio, un proyecto de dominio de toda la agricultura, de apropiación de la naturaleza.
Según,
denuncia Roberto Baggio,
la ofensiva del capital
en la agricultura es resultado de una alianza de clase, en torno a un
proyecto de clase, que involucra al sistema bancario internacional, las
grandes empresas transnacionales que son propietarias de los paquetes
tecnológicos y los insumos, los capitalistas locales que aplican este
modelo, los medios de comunicación social que reproducen esa ideología y
este proyecto, y los aparatos de los estados nacionales al servicio de este
modelo agrícola.
Las
áreas prioritarias de expansión del capitalismo en la agricultura son: el
monopolio de las semillas, las nuevas leyes de patentes a escala
internacional, el control de la tierra, por eso en este momento histórico no
hay espacio para hablar de reforma agraria popular, el control del agua, de
los ríos, de las fuentes, de los bosques, los minerales y la celulosa.
El
modelo del agronegocio genera contradicciones, por eso debemos estar
atentos, porque en la medida que se acumule fuerzas podemos disputar las
contradicciones que este modelo tiene.
Entre
las principales contradicciones que se identifica desde los movimientos
sociales son: la poca generación de trabajo, pues no requiere mano de obra,
una alta dependencia de químicos que son importados, el control de las
empresas de semillas transgénicas que tienen control de los países
centrales. Los precios de los commodities agrícolas son muy caros. Además,
hay una contracción pues genera un desequilibrio con el medio ambiente y no
desarrolla las economías municipales, locales.
En
este contexto histórico, compete a la CLOC y Vía Campesina desarrollar un
proyecto político con la perspectiva de construir un modelo de agricultura
soberano y popular en todo el continente, afirma Baggio.
En ese
sentido señala una serie de tareas:
-
Construir grandes jornadas de lucha contra nuestros enemigos estratégicos
como las grandes empresas transnacionales del agronegocio, los bancos.
Jornadas masivas y prolongadas.
Sólo las luchas alteran
la correlación de fuerzas.
- Dar
ritmo y velocidad en la construcción de este proyecto popular y soberana,
organizando la producción, organizando la educación sólo la educación nos
emancipa, transformando la matriz productiva en agroecología.
-
Articular el apoyo y construir alianzas políticas con la clase trabajadora y
los pobres de la sociedad, construir una práctica internacionalista de los
pueblos.
Fuente:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=157975
Cabe, por tanto, deconstruir la conciliación con los poderes
establecidos mediante terrorismo de estado que falsea la democracia hasta le
quita sustento en las elecciones porque el:
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Council of
Americas y la Bolsa
tomaron examen a presidenciables
2 de septiembre de 2015
2 de septiembre de 2015
Por
Emilio Marín (La Arena)
El Council of Americas hizo su reunión anual en Buenos Aires y tomó
examen a los presidenciables. Los tres principales dijeron presentes y trataron
de sacar la más alta nota ante el lobby de
las trasnacionales y bancos extranjeros.
El Council of Americas es el poderoso lobby que
nuclea a las empresas y bancos multinacionales con asiento en Estados Unidos e
inversiones en Latinoamérica. Su sede está en Nueva York, en relación directa
con la bolsa de Wall Street y los negocios financieros. No por nada el alma mater del Consejo es el grupo Rockefeller, que dominó antes Nelson Rockefeller y
luego su hermano David. Por cuestiones etáreas la Chief Executive Officer del lobby es
Susan Segal, también rockefelleriana, del JP Morgan Chase.
El origen de ese banco, hoy el mayor de EEUU,
fue el Chase Manhattan, luego que deglutiera a otros competidores, hasta
fusionarse en 2000 con el JP Morgan, para adquirir su actual denominación.
Aunque algunos admiradores del sistema financiero imperial rindan pleitesía a
Segal y hasta la contraponen a los "fondos buitres", los Rockefeller y sus
colegas han sido los mayores bandidos de la historia. Fueron causantes y
beneficiarios de la crisis financiera de 2007-2008; Paul Singer es un poroto al
lado suyo. El Council realiza sus reuniones en Nueva York y recibe a presidentes
y aspirantes argentinos; y también baja al VIP Alvear Palace Hotel de Buenos
Aires para sus convenciones con monopolistas, banqueros y políticos domesticados
(perdón, domésticos).
Eso volvió a ocurrir este el 26 de agosto, bajo el título de
"Perspectivas económicas y políticas de la Argentina" (poco imaginativos, lo
repiten año a año). El ladero porteño de Segal, y siempre presente en las
reuniones, es Carlos de la Vega, titular de la
Cámara Argentina de Comercio,
donde se nuclea la burguesía burocrática de exportación e importación. La CAC en
los 90 fue integrante del Grupo de los 8, neoliberal a ultranza, con la Unión
Industrial, la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos, la Cámara de la
Construcción y otras cámaras de los monopolios.
Allí fueron a exponer Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa,
más Horacio Rodríguez Larreta, Aníbal Fernández, Alejandro Vanoli y el cierre a
cargo de Axel Kicillof.
Macri sintetizó su propuesta presidencial en reducir la desigualdad
y la pobreza, mejorar la calidad institucional y de la justicia y otros
conceptos que saliendo de su boca tienen otros significados. Una ciudad tan
desigual como la Capital Federal estuvo a poco de costarle caro a su sucesor
Rodríguez Larreta en el reciente ballottage...
El simpático Daniel
Scioli viene marcando tarjeta con Segal en
Buenos Aires y en Nueva York, donde un par de años atrás fue a decir que la
provincia que gobierna demandaba inversiones por 15.000 millones de dólares. No
parecen haber llegado.
El miércoles quiso presentarse ante ese
empresariado como el presidente confiable y de negocios seguros para el gran
capital e inversionistas. "Estoy apoyado por el partido gobernante y los
gobernadores de provincias", dijo, aunque la mancha de lo ocurrido con la
elección de Tucumán no daba para reivindicarla tanto.
El candidato del FPV se hizo el simpático con el establishment empresarial y en un par de breves pasajes habló en inglés. Lo hizo para recordar que cuando era ministro de Turismo, en 2001, fue a hablar con el secretario de Estado Colin Powell para pedirle que levantara alertas de peligro para ciudadanos norteamericanos que viajaban al país, por la crisis de aquel año. Y siempre en inglés, refirió que también charló con Ted Turner en su estancia de la Patagonia, en 2002, para pedirle que la CNN no diera tanta cobertura a situaciones de violencia en Argentina. Si hay violencia, que no se note...
El sábado 29 Scioli se entrevistó con un
personaje de escasa relevancia internacional y numerosas acusaciones en su país
por financiación ilegal y corrupción, Nicolas Sarkozy. Como el visitante ya
había recibido a Macri en el hotel Four Seasons de Retiro, el bonaerense no
quiso ser menos y también fue. En su crónica del encuentro, Página/12 contó que
en parte del mismo Scioli habló en francés con el ex presidente galo.
¿Querrá dar imagen de políglota el compañero de
fórmula de Carlos Zannini?
Lo importante no es tanto el idioma en que se
hable sino las cosas que se piensan y se hacen. El discurso suyo, como el de los
otros dos competidores, fue perfectamente en línea con lo que esperaban Segal y
los sponsors del
Council, entre otros la agroquímica Monsanto, la minera Barrick Gold, el
Citibank, la petrolera Panamerican Energy, Coca, Telefónica, etc.
Memoria, desmemoria
La confusión política del peronismo respecto al
grupo Rockefeller no es privativa de su candidato presidencial.
En junio de 2012
Cristina Fernández de Kirchner fue agasajada por ese lobby neoyorquino
y allí anunció muy feliz que Monsanto había confirmado la inversión en la planta
de semillas en Malvinas Argentinas, Córdoba. "Ya tiene la folletería y cuando
eso ocurre es porque la decisión de inversión ha sido confirmada", dijo.
Por suerte para los vecinos de esa localidad,
la fuerte resistencia popular logró paralizar hasta ahora la construcción de esa
planta que puede ser peligrosa para la salud y el ambiente.
Con motivo de los aniversarios de la revolución
de Mayo y otras fechas históricas, el Gobierno nacional impulsó actividades
culturales y políticas. Es muy bueno tener memoria, pero si se recuerdan tan
vívidamente acontecimientos de casi doscientos años atrás, con tanta mayor razón
podrían tenerse en cuenta cosas que sucedieron en fechas más cercanas.
Por ejemplo, que Nelson Rockefeller, el notorio jefe de esa dinastía, en junio de 1969 vino en gira de inspección virreinal a Buenos Aires. Eran tiempos del dictador Juan C. Onganía y a la salida de una de las manifestaciones de protesta fue asesinado por balas policiales el periodista y militante Emilio Mariano Jáuregui. ¿De eso ya se olvidó el oficialismo para bendecir al Council of Americas?El JP Morgan es el mismo banco que en 2001 confeccionaba el índice de "Riesgo País", que agitaba hacia la crisis, el default y la devaluación. Eso incentivó la deuda externa y llevó a la solución represiva de los 39 muertos del 19 y 20 de diciembre de ese año. ¿Eso también fue olvidado por el gobierno kirchnerista? Este 26 de agosto envió al Alvear Palace Hotel como oradores al jefe de Gabinete, el candidato presidencial, el titular del Banco Central y el ministro de Economía, para el evento organizado por ese banco.
La Bolsa o la vida
Tras disertar ante Segal, Scioli salió apurado
rumbo a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde la presidenta concurría como
invitada al acto del 161 aniversario.
CFK reafirmó la política aplicada por el
kirchnerismo en estos doce años, no siempre coincidente con los reclamos de los
dueños de casa, encabezados en varios de estos fastos por el recurrente titular,
Adelmo Gabbi.
Respondiendo a algunas críticas actuales y la
presión para devaluar, la jefa del Ejecutivo acudió al ejemplo de Brasil que
viene devaluando el real y de todos modos tiene déficit de la balanza comercial,
un rojo que aquí no se repite. La oradora deslizó su fuerte sospecha de que
quienes plantean esa solución devaluatoria no están preocupados por mejorar la
balanza comercial sino por apreciar sus depósitos en dólares, acá y en el
extranjero.
La nota de Alfredo Zaiat (Página/12, 30/8),
titulada "Adelmo", recordó que este personaje es "uno de los 204 contribuyentes
argentinos que figuran como titulares de cuentas no declaradas en el HSBC de
Ginebra que fueron citados a declarar por la jueza María V. Straccia". Allí hay
una cuenta de la Caja de Valores, por 17 millones de dólares, donde varios
directivos de la Bolsa, entre ellos Gabbi, figuran como apoderados.
La presidenta, en ese contrapunto con esos
directivos, expresó: "la verdad es que debo confesar que me encanta venir
siempre a la Bolsa porque es uno de los pocos lugares donde uno siempre escucha
lo mismo". Lo suyo fue irónico, pues en medio de dificultades internacionales no
se pueden tener las mismas recetas, pero para la Bolsa lo importante fue que la
jefa de Estado dijo presente.
Con esas presencias, más allá de los controles
del Banco Central, la entidad se blanquea como decana de los pulpos
parasitarios. Salvando las distancias, es la Wall Street de Buenos Aires, un
antro de la timba financiera y de financiamiento para las "empresas líderes"
(léase monopólicas).
Según Wikipedia, la Sociedad Rural, fundada en
1866, es "la entidad gremial (patronal) más antigua del país".
Es raro que los agentes de bolsa e inversionistas en el HSBC no hayan reclamado
la rectificación de ese dato, pues la Bolsa fue fundada en 1854 y celebró su 161
aniversario.
Asegura tener 4000 socios pero en abril sólo
votaron 518 para elegir a 12 miembros, un tercio de su Comisión Directiva, que
luego, entre cuatro paredes, eligió presidente y demás cargos. Su forma elitista
y poco democrática no le impide dictar cátedra de economía, finanzas, política y
relaciones exteriores.
Gabbi y los suyos saben bien lo que quieren.
Una pena que los referentes del proyecto "nacional y popular" también se hinquen
a rezar en el templo financiero en vez de correr a latigazos a los mercaderes.
Fuente
original: http://www.laarena.com.ar/opinion-council_of_americas_y_la_bolsa_tomaron_examen_a_presidenciables-145581-111.html
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=202799
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=202799
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"Los
candidatos que van al coloquio de IDEA
se postulan para gerenciar los grandes
negocios".
14 de octubre de 2015
14 de octubre de 2015
Lo consideró el candidato presidencial del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Nicolás del Caño, quien señaló que desde su espacio “sólo se le rinden cuentas a los asalariados”.
"En el coloquio de IDEA están los grandes empresarios; los que verdaderamente
deciden. Los candidatos que van allí se van a postular para gerenciar los negocios de esos grupos capitalistas", sostuvo el diputado
nacional, se informó en un comunicado partidario.
"Nosotros, a lo únicos que les rendimos cuentas es a los trabajadores”, señaló del Caño durante una visita por la localidad mendocina de San Rafael.
En ese sentido, el dirigente del FIT indicó que en IDEA se reúnen “los empresarios que en los años '80 se enriquecían como contratistas del Estado" y "en los 90 festejaron las reformas neoliberales”.
“Son quienes la juntan en pala mientras la mitad de los trabajadores no llega a ganar 6.000 pesos por mes, y un tercio se encuentra en la informalidad", fustigó.
"Nosotros, a lo únicos que les rendimos cuentas es a los trabajadores”, señaló del Caño durante una visita por la localidad mendocina de San Rafael.
En ese sentido, el dirigente del FIT indicó que en IDEA se reúnen “los empresarios que en los años '80 se enriquecían como contratistas del Estado" y "en los 90 festejaron las reformas neoliberales”.
“Son quienes la juntan en pala mientras la mitad de los trabajadores no llega a ganar 6.000 pesos por mes, y un tercio se encuentra en la informalidad", fustigó.
El
gobernador y candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel
Scioli, participará esta tarde de la apertura del Coloquio
de IDEA, el tradicional encuentro de empresarios que se realiza
año a año en Mar del Plata. Luego, será el turno de visitar a los emprendedores
del resto de los postulantes, Sergio
Massa, Margarita Stolbizer y Mauricio Macri en
ese orden.
Se trata
de la 51
edición del Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la
Argentina (IDEA). El encuentro se desarrollará hasta el viernes
bajo la consigna “Tiempo de Acordar y Hacer”, con los cupos agotados en el año
electoral.
Según
explicaron desde la organización, el titular de IDEA, Ignacio
Stegmann, hablará esta noche en un reconocido hotel de la zona
de Alem, en compañía del gobernador Scioli. Mañana, será el turno de Massa y
Stolbizer, y por último, el viernes cerrará el encuentro el jefe de Gobierno
porteño, Mauricio Macri.
Fuente:
http://10ahora.com.ar/2015/10/ahora/local/se-inicia-el-coloquio-de-idea-y-vienen-cuatro-candidatos-a-presidente
Cabe, por tanto, que posibilitemos a una creciente mayoría
dejar de creer en las
elecciones como modo de cambiar la situación del país.
Se
trata que facilitemos la toma generalizada de conciencia sobre
significados e implicancias del acampe QOPIWINI y sobre razones para la unión en
diversidad, abajo y a la izquierda, con raíces en las disputas por
territorio(rural, urbano, laboral, cultural, comunicacional, etc.). Necesitamos compartir:
a.
Que el capitalismo imperialismo nos está
arrasando:
Territorialidad, subsistencia y vida digna
Documento de contexto general de las denuncias ante el Tribunal Permanente de los Pueblos/ Capítulo México
Documento de contexto general de las denuncias ante el Tribunal Permanente de los Pueblos/ Capítulo México
San Isidro, Jalisco, 27 de junio, 2013
Qué despojo más brutal puede haber que el que arranca la vida de alguien y la
tira a la basura. La famosa acumulación originaria fue el despojo de la tierra
—pero a la vuelta de la historia la gente fue despojada de los frutos de sus
esfuerzos, fue exprimida en su fuerza laboral y hoy el acaparamiento de miles de
ámbitos de lo humano es continuo e imparable.
Con los siglos, las corporaciones (reforzadas por las políticas neoliberales y
dotadas de instrumentos gubernamentales de maniobra, como los tratados de libre
comercio que legalizan y potencian estas políticas y las tornan inamovibles),
han intentado arrancarnos de nuestras fuentes de subsistencia —de la tierra, el
agua, los bosques, las semillas—, es decir, de nuestro territorio. Nos erosionan
y nos arrebatan los medios de subsistencia (nuestras estrategias y saberes) con
los que las comunidades logramos por siglos buscar y defender nuestro centro de
referencia, nuestra vida, nuestra historia, la justicia y nuestro destino como
comunidades y pueblos. La embestida corporativa y gubernamental ha logrado
durante periodos impedir y criminalizar justo el núcleo de los cuidados
ancestrales que las comunidades atesoramos en aras de ser independientes y
autónomas.
Las corporaciones tienen desatada una invasión perpetua de los territorios y
buscan someternos con sus modelos autoritarios de producción y distribución,
pretendiendo expresamente impedirnos el ejercicio de una producción
independiente de alimentos, el cuidado y aprovechamiento (a nuestro modo) de
nuestros lugares de origen y vida comunitaria y eso destruye el significado de
nuestro espacio compartido, de nuestros lugares de origen.
Como afirma Ivan Illich y nos recuerda Jean Robert, “la era moderna es una
guerra sin tregua que desde hace cinco siglos se lleva a cabo para destruir las
condiciones del entorno de la subsistencia y remplazarlas por mercancías
producidas en el marco del nuevo Estado-nación. A lo largo de esta guerra, las
culturas populares y sus áreas de subsistencia —los dominios vernáculos— [los
territorios] fueron devastados en todos los niveles”.
La
gente migra (en busca de una vida en otra parte), porque perdió sentido lo que
lograba en su lugar de origen. Y el poder lucra con esa fragilidad impuesta a
los expulsados. La gente que es expulsada, engrosa el ejército de obreros
precarizados, aumenta la población urbana y el crecimiento de las ciudades con
sus problemas, mientras los territorios son invadidos para servir a la
agroindustria, el extractivismo (sobre todo la minería), la especulación
inmobiliaria y financiera, la bioprospección, la economía verde, el desarrollo
turístico, la economía criminal o el destino de los desechos tóxicos. La
devastación extrema resultante es la suma de las crisis que esto desencadena.
Éste es el agravio principal: reclamamos que las condiciones impuestas entre el Estado y las corporaciones nos impiden resolver por nosotros mismos lo que nos atañe fundamentalmente, nuestro sustento, y todo lo que nos da sentido personal y común. Nos impiden defender eso que reivindicamos como territorio: el entorno vital para recrear y transformar nuestra existencia: ese espacio al que le damos pleno significado con nuestros saberes compartidos. Sin esos saberes, como dicen bien los viejos de las comunidades, los territorios no serían sino sitios, serían paisaje nomás.El ataque entonces es que nos quieren impedir la relación con nuestra historia de entendimiento cercano con un espacio, con nuestras tierras, con el agua, con el bosque, con nuestras semillas, con nuestros modos de nacer y parir y cuidar el nacimiento, con nuestras formas de cultivo, con nuestros modos de curación, con nuestro entendimiento de la alimentación, con nuestras formas de trasladarnos y convivir en comunidad.
Es
un ataque integral contra nuestras relaciones y nuestra vida entera. Debería ser
tipificado como un delito de lesa humanidad, pues el despojo no es sólo total en
un momento determinado, sino acumulativo en tiempo, y en ocasiones es, incluso,
irreversible. Es un delito que crece en la historia propia de los pueblos y las
regiones. No hablamos de actos aislados, ni azarosos. Son acciones sistemáticas,
perpetradas con conocimiento previo, y en los que median la corrupción, el
tráfico de influencias, la omisión y el desvío de poder: que el Estado
privilegie los intereses corporativos mientras obstruye los canales legales para
que la gente busque y logre la justicia.
Hay mucha gente a la que se le ha impuesto una devastación extrema. El círculo vicioso de su condición es rotundo. Fragilizar en extremo a la gente la hunde en la escasez y la necesidad. A muchos no parece quedarles otra que aceptar las condiciones de trabajo, vivienda y explotación que las empresas imponen. La relación creativa entre la gente y su territorio —que implica cuidados detallados para producir los alimentos— se trastoca en trabajo asalariado en condiciones de sumisión semi-esclavizada para conseguir dinero con el cual comprar alimento para tener fuerzas suficientes para mantener su trabajo y ganar dinero para conseguir comida, y así al infinito.Otros más pueden terminar trabajando una tierra rentada, que antes tal vez era suya. Tal vez en realidad lo que la gente renta es su posibilidad de trabajar. Dejar de producir los propios alimentos, dejar de gestionar con medios propios nuestro entorno de subsistencia, ha ocasionado a lo largo de la historia catástrofes tremendas en todas aquellas poblaciones que no han podido impedirlo. La guerra contra la subsistencia impone dependencia, ignorancia y olvido, sumisión, fragmentación, encono, privatización y desarraigo.
Dependencia porque para que el sojuzgamiento sea eficaz, requiere grados de
precariedad y fragilidad nunca antes vistos.
Hoy incluso toda la actividad de
las empresas semeja un nuevo feudalismo (con la agricultura por contrato, los
paquetes tecnológicos y las semillas de patente). Todo está preparado para
promover el imperio de las corporaciones erradicando la agricultura
independiente.
Ignorancia y olvido porque a lo largo de siglos se siguen erosionando
expresamente los saberes y la confianza de las comunidades en nuestra memoria.
La misma memoria de haber tenido una relación creativa con el entorno puede
desaparecer, pues se promueve el olvido de que la gente podemos apelar a
nuestros propios mecanismos de sustentabilidad, por lo que no tenemos otra que
trabajar para otros, y no podemos sino apelar a un pensamiento industrializado,
con remiendos ajenos, de expertos o de quienes detentan el poder. Existe un
ataque contra los cuidados propios de la integridad moral de las comunidades.
El ataque se vuelca contra la cosmovisión, cual si fuera meramente una superstición o un conjunto de rituales vacíos, cuando que todas las razones que hoy se invocan como “culturalistas” (el maíz es nuestra madre, nuestra hermana o hija, por ejemplo) son demostración de la relevancia y pertinencia de un ser como el maíz (por ejemplo) y de la trascendencia de todos los cuidados y estrategias antiguas que le resultaron a los pueblos por milenios.
Sumisión,
porque a quienes trabajan en esclavitud o en un trabajo asalariado, se les
dificulta romper el círculo y sólo buscan condiciones menos peores.
Fragmentación y encono,
porque la gente precarizada es propensa a desconocer a sus vecinos, amigos y
hasta a su familia traicionando en ocasiones su sentido más profundo de ética y
respeto. Envileciéndose al punto de perpetrar actos de violencia innombrables.
En su versión cotidiana y leve, la gente se vuelve propensa a aceptar los
programas de gobierno, programas que, de nuevo, promueven divisionismo,
dependencia y sumisión.
Privatización y más fragmentaciones,
porque la gente se ve impedida de ejercer los ámbitos comunes (incluso al punto
de la criminalización, como ahora con las
semillas). Todo se privatiza: de las fuentes de agua a la educación y la
religión, pasando por los espacios públicos en las ciudades, o la velocidad de
circulación permitida. Las madres son condenadas a parir en condiciones ajenas,
impuestas, cuya artificialidad fragmenta la relación estrecha con sus recién
nacidos en el amamantamiento, y se ven obligadas a recurrir a la alimentación
nociva de las leches en polvo. Todo esto nos termina dislocando de nuestro
entorno inmediato.
Desarraigo,
porque las corporaciones requieren que haya personas fuera de sus límites
naturales de su entorno y su casa: gente fuera de su hogar, es decir, de su
territorio. No importa si se les expulsa o simplemente se les extrema al
punto de irse para engrosar el ejército de obreros precarizados. Esto recrudece
las condiciones generales del empleo, el salario y la justicia laboral en su
región. Se recrudecen las condiciones de la ciudad o el poblado al que
migra. Se extrema la urbanización salvaje.
Las nuevas generaciones son producto del desarraigo y el despojo. Y son un
eslabón frágil a punto de romperse. Los adultos y ancianos encargados de
transmitir todos los saberes y valores que sustentaban las culturas propias son
atacados y devaluados. Los valores que se promueven sólo se pueden alcanzar en
el consumo excesivo y escindidos de los centros de origen de nuestra
creatividad. Las referencias de los jóvenes carecen historia y perspectiva
suficientes para la comprensión del espacio donde vivimos. O se nos criminaliza
en nuestro intento de cambio o se nos empuja a las filas de la delincuencia como
modo concreto de evadir las condicionantes mencionadas. Esta compleja situación
de los jóvenes es un ataque directo a la continuidad de un pueblo, a su derecho
a existir.
Expulsar a la gente de sus territorios logra que éstos se queden vacíos; que la
gente ya no esté en el lugar donde nació para que no haya vínculos, para que la
historia también se fragmente. Que el futuro sea un “adónde sea”, el ser obreros
en algún lugar, que ya no seamos la gente que desde su propio centro cuidó el
mundo mediante todo lo que era la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca,
la recolección. Lo que quieren es que nos quitemos de los lugares que,
casualmente, son los más ricos en recursos y biodiversidad, justamente porque
las comunidades los han cuidado por milenios.
Dejar vacíos los territorios permite la invasión de los mismos con proyectos de minería, petróleo, agrocombustibles, presas, carreteras, casas, ciudades, fábricas, enclaves turísticos, tiraderos de basura y desechos tóxicos, Los dejan vacíos y nosotros no tendremos ya nada qué ver. Desde fuera seremos unos más y que no seremos quien reivindique el lugar dónde nació. Les molesta muchísimo que haya comunidades campesinas y comunidades indígenas que desde milenios reivindican su propia manera. Entonces, nos escinden, nos separan, nos arrancan del centro, de todo lo que siempre supimos que es importante. Nos roban las maneras de cuidar y les cambian el sentido.Un último agravio que se desprende de los anteriores es que si la gente se ve impedida de producir sus alimentos, si la gente es forzada a la dependencia, si la gente tiene que ganar dinero para comprar la comida, entonces las corporaciones nos podrán imponer todo el tramado de la vida: alimentos, formas de relación, rearticulación del espacio, de vivienda, de tránsito y circulación, y formas de sujeción e imposición inaceptables. Nadie podrá ser libre si no controla, en alguna medida, la forma de producir los alimentos y distribuirlos.
Esta visión se deriva de aquella que compartimos desde el primer esbozo de
nuestra denuncia general donde planteamos cinco tesis que para nosotros siguen
siendo válidas.
-
La primera es que al momento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, el Estado mexicano profundizó el desmantelamiento jurídico de leyes que promovían derechos colectivos y protegían ámbitos comunes, en particular los territorios, de los pueblos indígenas y campesinos, sus tierras, aguas, montañas, y bosques. Recrudeció el desmantelamiento de muchos programas, proyectos y políticas públicas que apoyaban la actividad agrícola, en detrimento de los pequeños y medianos agricultores mexicanos y en beneficio de la agricultura industrial estadounidense de las corporaciones.
-
La segunda tesis es que las corporaciones no descansarán hasta erradicar la producción independiente de alimentos, al punto de proponer el despojo, la erosión y la criminalización de una de las estrategias más antiguas de la humanidad, que es el resguardo y el intercambio libre de semillas nativas ancestrales; propugnan atentar contra los saberes propios de la agricultura tradicional campesina y agroecológica, y promover sus semillas de laboratorio (híbridos, transgénicos y más), mediante leyes expresas que le abren espacio a las grandes corporaciones para lograr sus fines. Los dos ejemplos más contundentes son la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, o “Ley Monsanto” y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
-
Una tercera tesis es que parte de esta devastación son los transgénicos para inevitablemente contaminar las 62 razas y las miles de variedades que existen en México. Los regímenes de propiedad intelectual y los registros y certificaciones terminarán despojando de su diversidad a las semillas nativas. Esto atenta directamente contra las fuentes de subsistencia.
-
La cuarta tesis es central a la demanda que presentamos: atentar contra los sistemas de agricultura campesina ancestral y sus variantes agroecológicas modernas, atentar contra bienes comunes tan cruciales como las semillas nativas, devasta la vida en el campo y debilita las comunidades, agudiza la emigración y la urbanización salvaje, favorece la invasión de los territorios campesinos e indígenas para megaproyectos, explotación minera, privatización de agua, monocultivos, deforestación y apropiación de territorios en programas de mercantilización de la naturaleza, como REDD y servicios ambientales y más.
-
Una quinta tesis es que todo el sistema que está en el fondo de este desmantelamiento jurídico, de este intento por erradicar la producción independiente de alimentos y por monopolizar la rentabilidad de un cultivo tan versátil —eliminando así toda la gama de sembradores que no sean corporaciones, desde pueblos indígenas hasta agricultores de mediana o pequeña escala—; todo el sistema que está en el fondo de los encarecimientos desmedidos en los precios de los alimentos y de la crisis alimentaria generalizada, es responsable de una buena parte de la crisis climática.
Según datos de
GRAIN, la paradoja es que las comunidades en el mundo entero, con
menos del 30 por ciento de la tierra, siguen produciendo más del 60 por ciento
de la comida que alimenta la humanidad. El sistema agroalimentario nos quiere
promocionar el 40 por ciento restante como “la totalidad” y cacarea que alimenta
al mundo con su basura. Quedar en sus manos, tragándonos el cuento de que ellos
nos alimentan, provocará devastaciones, mayor fragmentación y una sumisión
planetaria inaceptable.
Fuente:
b. Que
abajo debemos involucrarnos en las:
Disputa agraria, disputa integral,
disputa globalMovimiento Sin Tierra
19 de febrero de 2014
19 de febrero de 2014
Por Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate (Rebelión)
El pasado viernes 14 de febrero concluyó en Brasilia el 6º Congreso
Nacional del MST, que presentó públicamente el resultado de los intensos debates
desarrollados por el movimiento a lo largo de estos dos últimos años. De esta
manera, más de 15.000 militantes, acompañados por unos 300 delegados y delegadas
internacionales, tuvimos la oportunidad de debatir en torno al gran eje
estratégico propuesto por los y
las sin tierra para los próximos años: la «reforma agraria popular».
Este concepto hace referencia no sólo a la prioridad de que los y las campesinas brasileñas -quienes realmente alimentan al mundo- accedan a una tierra que históricamente se les niega, sino que además incide en la necesidad de avanzar en un modelo social, económico, político y cultural alternativo basado en la soberanía alimentaria y en la agroecología. En este sentido, se apuesta por la alimentación como un derecho y no como una mercancía; por la capacidad democrática del pueblo para decidir qué y cómo producir, atendiendo en primer lugar a sus propias necesidades; por las economías campesinas como sujeto de producción; por el control social de los bienes naturales; y por una alimentación sostenible, sana y culturalmente apropiada.
Lamentablemente,
esta apuesta por la reforma agraria popular choca frontalmente
con la realidad actual de la alimentación, tanto en Brasil como en todo el
mundo, dominada por el agronegocio.
En un ejercicio de síntesis podríamos decir
que la alimentación se ha convertido globalmente en una mercancía en vez de en
un derecho, controlada por la alianza entre el capital especulativo, las
empresas transnacionales y los grandes productores capitalistas. Así, el agronegocio se caracteriza por la primacía absoluta de la ganancia como
principio regulador; por la prioridad del mercado global capitalista frente a lo
local y frente a las necesidades humanas; por la intensificación productiva,
incluyendo el uso de químicos y transgénicos; por el acaparamiento y
privatización de los bienes naturales; por la explotación laboral; y por el
ataque a los campesinos y campesinas en defensa de la tierra y del territorio.
Lamentablemente también para el MST,
Brasil es uno de los máximos exponentes
mundiales de este modelo, produciendo para el mercado global soja, maíz, caña
-tanto para producir azúcar como agrocombustibles-, eucalipto o carne, en base a
monocultivos que acaparan el 85% de la tierra cultivada, intensificando la
propiedad en manos de empresas transnacionales (en torno a 30 millones de
hectáreas), y generando un modelo brasileño de desarrollo basado en la
apropiación privada de bienes naturales -agua, tierra, minerales, etc.- y en la
producción de commodities.
El
resultado del mismo, además de la vulnerabilidad directamente vinculada a una
apuesta estratégica por la explotación de materias primas, es el ahondamiento de
las desigualdades sociales, la imposibilidad de acceso al mercado de tierra por
parte de los y las campesinas, el control privado y no popular de los bienes
naturales, la destrucción y pauperización del empleo agrario, y la incapacidad
de Brasil para alimentar a su población.
Precisamente este modelo de intensificación del agronegocio
y de privatización de los bienes naturales se ha producido bajo los gobiernos
progresistas de Lula y Dilma Roussef. Éstos han aprovechado la crisis de
reproducción del capital en el Norte Global desde 2008, atrayendo a los
capitales especulativos para la inversión en el sector primario brasileño -como
han hecho otros países de la región, como Argentina o Uruguay-. De esta manera,
se favoreció al agronegocio con todo tipo de políticas públicas, a la vez que se
paralizó completamente el acceso campesino a la tenencia de la tierra, y se negó
la posibilidad de poner en marcha política integral de apoyo a las economías
campesinas.
Esta realidad de un gobierno cercano por un lado, pero a su vez favorecedor del
enemigo de la economía campesina -el agronegocio-, ha generado intensos debates
en el MST, y le plantea una serie de desafíos estratégicos para este nuevo
período:
hasta qué punto concertar o confrontar con el gobierno actual; hasta qué punto
retomar o no la ocupación como lógica de acción política; hasta qué punto
priorizar el papel de lobby e incidencia política o el trabajo interno de
movilización y formación. Estos han sido algunos de los nudos de este 6º
Congreso, y veremos en el futuro cómo el MST consigue avanzar en su apuesta por
la reforma agraria popular en este contexto tan complejo y adverso.
En
todo caso, lo que sí es seguro que el MST iniciará esta nueva etapa sostenido
sobre tres de sus principales señas de identidad.
·
En primer lugar, sale fortalecido del Congreso
por su renovado compromiso por la dinámica colectiva y comunitaria, demostrada
en la histórica movilización del 12 de febrero a lo largo de Brasilia.
·
En segundo lugar, el MST seguirá incidiendo en
la necesidad de ampliar la agenda de la reforma agraria popular a la
integralidad de la clase trabajadora, del campo y de la ciudad, prestando
especial atención a esta alianza así como a las diferentes formas de
movilización social que se vienen desarrollando últimamente en Brasil, como el Passe
Livre y muchos otros.
·
En tercer lugar, el MST entiende que su lucha
es una lucha global y que los parámetros que definen al agronegocio precisan de
una lucha articulada globalmente. En este sentido, no cejarán en su apuesta
internacionalista, como ya han demostrado por ejemplo en brigadas a Palestina o
Haití, en su liderazgo en la ALBA Movimientos Sociales o en su apertura de la
Escuela Nacional Florestán Fernandes para militantes de movimientos de todo el
mundo.
Estas tres señas de identidad del MST nos ofrecen la principal enseñanza que nos
llevamos los y las delegadas internacionales presentes en el Congreso: la
necesidad de articular la lucha integral y globalmente. El agronegocio es un
fenómeno global que nos impacta a todos y todas, en diferentes intensidades pero
bajo los mismos parámetros, y la lucha por la soberanía alimentaria no es por
tanto ni un asunto campesino ni exclusivo de los países empobrecidos.
Por ello,
nuestra mayor aportación a la reforma agraria
popular del MST es luchar por la soberanía alimentaria en nuestros pueblos y
territorios, y articularnos con éste en dicha lucha. En este sentido, en 2017 se
celebrará en Euskal Herria la 7º Conferencia Internacional de la Vía Campesina,
principal impulsor de la propuesta por la soberanía alimentaria. Aprovechamos
estos tres años, al igual que ha hecho el MST con su Congreso, para ampliar la
base social y política de la agenda de la soberanía alimentaria, apoyando al
movimiento campesino vasco, favoreciendo su articulación con el resto de
movimientos, incidiendo en la derogación de la PAC, impidiendo la
mercantilización de la tierra, el agua y las semillas, construyendo agroecología
desde la práctica. Contextos diferentes, agendas comunes, ese es el camino. Como
corea el MST, la lucha prevalece, aquí y allá, es el momento.
Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, internacionalista vasco.
c.
Que derrotar al sistema
global de
agronegocios exige confrontar con el gobierno aun cuando nos
parezca el mejor porque lo cierto es que gestiona la expansión local de
aquél. Es por identificarse K que el Movimiento Nacional Campesino Indígena perdió consecuencia.
No tuvo en cuenta que el Estado es capitalista y como tal privilegia e impulsa
la acumulación oligopólica y transnacionalizadora. En el siguiente artículo se
refleja la antinomia a prestar atención:
Soberanía alimentaria y agricultura familiar
Oportunidades y desafíos del caso argentino*
Por
Mabel Manzanal
**
y Fernando González***
(…)Analizamos cómo se origina y plantea la relación entre seguridad alimentaria
y agricultura familiar en el ámbito del Mercosur, específicamente en la Reunión
especializada de agricultura familiar (REAF) por su ingerencia en estas
temáticas. (…)
(...)Soberanía
alimentaria
Las limitaciones que muchas
organizaciones encontraron en la definición de los problemas de la alimentación
realizada por la FAO, condujo al surgimiento de una nueva idea-fuerza: la
soberanía alimentaria. El término surge mediante el impulso de Vía Campesina (VC)8
, que ya en la cumbre de FAO de 1996 plantea miradas alternativas para
reencauzar la producción de alimentos y para enfrentar las crisis alimentarias.
Luego de aquel evento, VC impulsó junto a otros actores los Foros por la
Soberanía Alimentaria, que se instituyeron como cumbres paralelas a las
realizadas por FAO. En 2001, en La Habana, se organizó el primero de ellos. En
él definieron qué soberanía alimentaria es: “el derecho de los pueblos a definir
sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y
consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la
población, con base sobre la pequeña y mediana producción, respetando sus
propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas
de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios
rurales”. Es notorio el quiebre que esta definición introdujo en relación con
las políticas que la anterior definición de FAO pretendía instituir. Lo
fundamental es que tal propuesta ya no postula que para garantizar la
alimentación sea necesario proveer de alimentos a bajos precios (muchas veces a
través de grandes empresas de alimentación que monopolizan el mercado), sino que
hace hincapié en otras cuestiones. Las que corresponde analizar detenidamente
porque implican modificaciones importantes para toda formulación de políticas y
prácticas de desarrollo en general que pretenda reconocer o incorporar en sus
planteamientos la soberanía alimentaria Esto se profundiza más aún en el
siguiente Foro realizado en Roma durante el año 2002. Allí los movimientos
sociales participantes definen el término con más amplitud. Se habla ahora del
derecho a definir “políticas agrarias, de empleo, pesqueras, alimentarias y de
tierra”.10 Ahora, en esta nueva delimitación se trasciende la mera producción de
alimentos y se pone mayor énfasis en la necesidad de que las comunidades locales
puedan controlar las políticas y los recursos. Entonces, en este contexto y
subrayando sus principales alcances,
la soberanía alimentaria se caracteriza
porque: a) es un derecho de los pueblos; b) son los pueblos y comunidades
locales los que deben definir y controlar sus propias estrategias sustentables
de producción, distribución y consumo; c) se fundamenta sobre la diversidad de
los modos de producción local; d) la base de la alimentación está en la pequeña
y mediana producción agropecuaria (lo cual implica cuestionar el consumo de
alimentos proveniente de las agroindustrias); e) respeta la diversidad de las
prácticas alimentarias de cada cultura, es decir se plantea un consumo que siga
las pautas alimenticias propias de las diferentes comunidades, regiones, ámbitos
territoriales (no masivo, ni normalizado, ni regulado por el modelo dominante);
f) promueve que los actores locales encaren procesos de autogestión en sus
territorios, controlando sus políticas y recursos para en definitiva poder
fortalecer y consolidar sus propios modos de producción, comercialización y
gestión en cada ámbito rural en cuestión Sin lugar a dudas, esta postura se
contrapone con muchas políticas de seguridad alimentaria que, con frecuencia,
dependen de recursos provenientes de organismos internacionales. En estos casos
dichos organismos fijan los criterios a aplicar y dejan escaso margen para la
decisión desde los actores y desde los ámbitos locales.
En América latina el término
viene teniendo mayor relevancia por el impulso que los movimientos sociales le
han dado. Lo cual ha llevado a que algunos Estados lo han empezado a tomar como
propio. Un ejemplo de ello aparece en los países miembro del bloque de Alianza
Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) que en 2008 reunió en la
ciudad de Managua a sus mandatarios en una Cumbre Presidencial sobre Soberanía
Alimentaria.11 De todos modos,
el sentido que le dan los Estados al término
difiere del de las organizaciones sociales. En general, para los Estados la
soberanía alimentaria refiere a que el país pueda garantizar la alimentación de
su población sin necesidad de importar alimentos de otros países. No pone el
acento en el rol de las comunidades planteado por las organizaciones. Bajo esta
concepción, los productores familiares cumplen a lo sumo la función de
proveedores de los alimentos para que el Estado garantice la alimentación de la
población en general En el caso argentino, esta concepción estatal también quedó
plasmada en las palabras de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández,
quien al momento de lanzar la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura
Familiar, el 9 de octubre de 2009, sostuvo que los agricultores familiares son
aquéllos que “contribuyen todos los días a construir soberanía alimentaria para
el pueblo argentino”. Esta afirmación no expresa exactamente la postura del
Foro Nacional de Agricultura Familiar (FONAF), que considera que la soberanía alimentaria es un derecho a ejercer por
las propias comunidades. Es necesario comprender esta divergencia en toda su
dimensión para analizar las consecuencias y las disputas que pueden gestarse en
torno de las políticas públicas vinculadas con la problemática alimenticia y con
la AF. Ya que estamos observando que en el presente en la Argentina aparecen
políticas, proyectos, programas y propuestas dirigidos tanto a los agricultores
familiares, como al sistema agroalimentario en su conjunto14, y que postulan
diferentes acciones en nombre de la soberanía alimentaria.
Debemos tener en cuenta que las diferentes concepciones de soberanía alimentaria conllevan distintas prácticas. Por ejemplo, si nos ubicamos en el contexto predominante de lo que podemos denominar la “concepción estatal”, podrían postularse políticas sustentadas sobre el abastecimiento del mercado interno a partir de productos masivos elaborados por grandes empresas agroalimentarias locales a precios accesibles. En este caso, aun cuando la materia prima (carne, leche, trigo) sea adquirida a los productores familiares, no se estará sosteniendo el tipo de modelo y de transformación productiva, cultural y social, hacia la que apunta la soberanía alimentaria para las organizaciones sociales que la sostienen. Porque para éstas importa la autogestión, el control de los recursos, de modo de garantizar el fortalecimiento de los productores y actores locales. Es decir, en cada territorio se está apuntando a una disputa de poder, a una transformación del modelo actual de producción, consumo y comercialización, que en definitiva requiere modificaciones en la estructura de tenencia de la tierra y en el control de los recursos a favor de las actores y comunidades locales. (...)
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* Este
artículo se enmarca en el contexto de los proyectos: PICT 0188 (FONCyT-Agencia),
UBACyT F056 y PIP 1879 –CONICET, todos ellos dirigidos por Mabel Manzanal. Una
primera versión de este trabajo fue presentada al VIII Congreso Latinoamericano
de Sociología Rural, Porto de Galinhas, Brasil, 2010. ** Economista,
investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas -CONICET-, profesora titular de la UBA y directora del Programa de
Economías Regionales y Estudios Territoriales (PERT, Instituto de Geografía,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires -UBA). ***
Licenciado en Sociología de la UBA e investigador asistente del PERT (FFyL-UBA).
d. Que el Plan Estratégico Agroalimentario y agroindustrial 2010-2020 del gobierno CFK se centra en intensificar monocultivos transgénicos a lo largo y ancho del territorio de Argentina para exportar. No le importa desertificar en todos los sentidos del proceso.
Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA)
♣
El modelo sojero versus
La soberanía alimentaria
La soberanía alimentaria
El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEA) anunciado por la
Presidenta de la nación en septiembre del año pasado, plantea “transformar a la
Argentina en un líder agroalimentario mundial”. Para ello propone, entre otras
cosas, aumentar las 100 millones de toneladas de granos que se producen
actualmente para llegar a 160 millones de toneladas en el año 2020.
Llegar a esa cantidad de toneladas implica sembrar unas 10 millones de hectáreas
más de granos, principalmente soja, es decir implica pasar de las 33 millones de
hectáreas de cultivo actuales, a 42 millones en ocho años.
Esto sólo se podrá lograr avanzando sobre los montes y bosques nativos,
avanzando sobre los territorios campesinos indígenas, a través de desmontes y
desalojos. Muy lejos quedó la idea de un plan estratégico que incluya la
soberanía alimentaria, bajo una producción campesina y de pequeños productores.
El PEA tampoco plantea quien va a producir esa cantidad de granos. No es lo mismo si lo hacen miles de productores o si lo hacen un grupo de empresas o pooles de siembra. Así sucedió entre los años 2001 y 2010, se aumentó también la producción y las hectáreas sembradas, pero fueron expulsados del campo más de 100.000 productores. El avance del frente sojero y granarío conlleva también el uso de semillas transgénicas, fertilizantes y agroquímicos que dañan a la tierra y a las personas. En otras palabras el incremento de la producción de granos multiplicará las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias debido a los desalojos, los desmontes, el mayor uso de agrotóxicos.
La profundización del modelo del agronegocio trae como consecuencia que el
modelo de desarrollo productivo del país se distancie de las necesidades de las
poblaciones locales y se ponga en peligro el acceso de las personas a los
alimentos por encarecimiento de los precios y por escasez.
Las producciones y exportaciones récords de soja no inciden directamente en la
disminución de la pobreza rural, ni en el mejoramiento de la calidad de vida de
las poblaciones rurales u originarias y repercuten negativamente en el trabajo
rural; por el contrario se incrementan los procesos violentos de expulsión de
campesinos y pueblos originarios debido a las presiones para la incorporación de
tierras en la producción.
A través de la formulación del PEA el estado argentino asumió explícitamente
como no lo había hecho hasta ahora la necesidad de continuar y profundizar el
modelo extractivista de explotación de todos los bienes naturales, no sólo la
tierra para la soja, si no también la minería, el agua y el petróleo.
“Aumentar a 160 millones de toneladas de granos, forrajeros y no alimentarios, es sumar otras diez millones de hectáreas a las 20 millones que se cultivan de soja transgénica. Y no tiene otra forma de hacerse que a partir de los desalojos de las familias campesinas”.“Plantear que debemos redoblar las exportaciones en el marco del modelo actual genera claras contradicciones con las aspiraciones de un desarrollo industrial armónico con justicia social y con las políticas de derechos humanos”.“El modelo agroexportador, tal como está dado hasta ahora, es excluyente, genera desigualdad, desarraigo y expulsión de las familias campesinas y de las comunidades indígenas. Tenemos que marcar un nuevo modelo productivo, con nuevas matrices industriales. Nuestra producción territorial tiene y debe hacerse fuerte, pero esto no se visualiza en el nuevo plan agroalimentario anunciado el año pasado por el Gobierno Nacional”. Afirmamos en la Red Puna.Fuente: http://redpuna.jimdo.com/
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Argentina: desertificación, lado escondido del boom granario
19 de junio de 2013
Por Comunicación Ambiental
"En
forma simultánea al incremento de los rendimientos, la frontera agrícola se ha
desplazado hacia zonas más frágiles, tradicionalmente mixtas o ganaderas, en
muchos casos ocupadas por montes nativos. Es por ello que las más de 200 mil
hectáreas por año que se quedan sin su cobertura natural de bosques donde sufren
grave riesgo de desertificación."
Hoy 17 de junio se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación,
un problema del que poco se habla, a pesar de que amenaza la sustentabilidad en
la producción de alimentos. En Argentina, por el imaginario del país "granero
del mundo", se trata también de un tema oculto, subordinado al éxito del modelo
agroexportador. Asimismo, un problema relacionado es la degradación de los
suelos fértiles, porque también afecta la capacidad de producir. En tal sentido,
un reciente estudio del INTA, difundido por la Secretaría de Ambiente de la
Nación, concluye que el suelo pierde nutrientes. Incluso contabiliza esta
pérdida en casi 4 mil millones de dólares, para la campaña 2010- 2011.
El
trabajo "Extracción y balance de nutrientes en los suelos agrícolas de la
Argentina", elaborado por Gustavo Cruzate y Roberto Casas del Instituto de
Suelos del INTA fue publicado por el Observatorio Nacional de la Degradación de
Tierras y Desertificación, una iniciativa de la Secretaría de Ambiente de la
Nación. Allí se alerta:
"Se registra una elevada extracción de nutrientes no
repuestos en igual magnitud, que provoca un deterioro progresivo en la
fertilidad de los suelos poniendo en peligro la sustentabilidad de los sistemas
productivos".
Desde la visión de la Economía Ecológica, siempre se cuestionó la rentabilidad del modelo agroexportador. Incluso el biólogo Raúl Montenegro de FUNAM, lo llama una "agricultura minera" puesto que extrae minerales sin reponerlos. Por lo cual, un recurso renovable como el suelo, se está convirtiendo en no renovable. De esto se trata el proceso de desertificación, el fenómeno por lo cual los suelos no pueden volver a ser fértiles que sucede en tierras áridas, semiáridas o subhúmedas secas. Sin embargo, en las zonas húmedas, la degradación también es un problema grave."Las cifras correspondientes al balance entre la extracción de nutrientes por los principales cultivos y los aportes por fertilización, continúan siendo deficitarias en los suelos agrícolas de la Argentina", así describe la situación el trabajo. En tal sentido, detalla que para la campaña 2010/11 se extrajeron 3.93 millones de toneladas de nitrógeno, fósforo, potasio, sodio y calcio, de los cuales sólo se repusieron 1.26 millones de toneladas. Esto representa un 34.6 por ciento de reposición, es decir, un déficit de casi el 65 por ciento.
El
informe detalla además que el fósforo disminuye a razón de 1 a 2 partes por
millón por año. Del mismo modo, la materia orgánica del área núcleo (Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe) sufrió un descenso de 0,5 por ciento en las últimas
tres décadas. Y destaca: "Esta especie de “subsidio” que la riqueza natural de
nuestros suelos otorga al usuario de la tierra y al estado, en realidad no es
otra cosa que una pérdida paulatina del capital suelo".
Así entonces, haciendo bien las cuentas, el negocio no es tan negocio. "En
términos económicos, se observa que la exportación neta de nutrientes en grano,
correspondiente a la campaña agrícola 2010/11, fue de alrededor de 2.57 millones
de toneladas, lo que representa una cifra de U$S 3.63 mil millones", cuantifican
los investigadores del INTA. No estaban tan equivocados entonces los movimientos
sociales que plantean de la soja: "Pan para hoy, hambre para mañana".
Es
decir, como bien analizan los autores:
"Si en los márgenes brutos de las
explotaciones agropecuarias se incluyeran los costos de reposición de nutrientes
extraídos por las cosechas, la rentabilidad de los cultivos sufriría variaciones
en función del sistema de rotación elegido. Serviría además para demostrar la
dificultad de obtener planteos sustentables tanto desde el punto de vista físico
como económico, cuando la visión es estrictamente cortoplacista".
La
problemática de la pérdida de fertilidad es más aguda con el avance de la
deforestación. Según aclaran los investigadores: "En forma simultánea al
incremento de los rendimientos, la frontera agrícola se ha desplazado hacia
zonas más frágiles, tradicionalmente mixtas o ganaderas, en muchos casos
ocupadas por montes nativos". Es por ello que las más de 200 mil hectáreas por
año que se quedan sin su cobertura natural de bosques donde sufren grave riesgo
de desertificación.
Y la gran responsable allí es la sojización, que cuadriplicó
la superficie en las últimas dos décadas.
Según los investigadores del INTI: “La situación descripta indica la existencia
de sistemas productivos que no son sostenibles, afectando negativamente los
niveles de fertilidad e incrementado los procesos de degradación de los suelos
y, por ende, limitando el crecimiento de la producción agrícola nacional".
La discusión
superada.
Por Eduardo Soler
En
medio del conflicto por la resolución 125, los efectos perjudiciales de la
sojización fueron puestos en debate por actores sociales ligados al kirchnerismo.
Esto, aunque la
Presidente de la Nación acuñó la
frase "la soja es en términos científicos un yuyo, porque crece prácticamente
sin cuidados". Lo cierto es que crece sin cuidados, con poca mano de obra, por
el paquete tecnológico del cultivo transgénico, preparado para ser resistente al
glifosato, otro término técnico divulgado en la época.
En aquel tiempo, caracterizábamos al conflicto como apropiación de la renta agraria, no discusión del modelo. En la palabra del ingeniero agrónomo Walter Pengue, investigador universitario: "El gobierno sólo se basa en una política coyuntural de altos precios y rentabilidad interna, pero debería analizar el tema con una visión de sustentabilidad de los recursos, y manejar estos fondos para ello y no para su propia caja". Por ello mismo proponía instaurar "retenciones ambientales".
Así, el tiempo pasó, y el conflicto por las retenciones fue superado en gran
medida, a pesar de la insistencia esporádica de dirigentes de la Mesa de Enlace,
como registramos en la actualidad. En
el cambio al agrobierno,
la propia Presidente se convirtió en una de los mayores defensores de la biotecnología, apoyada explícitamente por el
Estado Nacional a través del Ministerio de Ciencia. Al mismo tiempo, también
cerró filas con la corporación Monsanto, sobre todo con las nuevas inversiones
en Córdoba.
Hoy mismo, la Presidente, junto con los Ministros de Agricultura, de Industria y de Economía, recibió la visita oficial del empresario Gustavo Grobocopatel, quien anunció una inversión de 400 millones, que serán destinadas en buena medida a la compra de una empresa de agroquímicos. El así llamado "Rey de la Soja" es uno de los símbolos del sistema de agronegocios en el país. El comunicado destaca que de esta forma "la compañía vuelve a nacionalizarse".
No es noticia para
quienes siguen de cerca las novedades del sector la cercanía del empresario con
el gobierno nacional. Ambos trabajan en conjunto en la "creación" del primer
trigo transgénico en el país, a través de un acuerdo entre el CONICET, el
organismo científico estatal, junto con la compañía privada Bioceres, fundada
por Grobocopatel. EL CEO es Federico Trucco, hijo de un dirigente de AAPRESID,
quien fue uno de los impulsores de la introducción de la soja transgénica en
Argentina, en la década de los noventa.
Fuente original: Comunicación
Ambiental
e.
Que
la
“coexistencia” del agronegocio con la agricultura familiar que sostienen el
MNCI y otras organizaciones de campesinos en Argentina( por subordinación al
gobierno CFK) es inviable y tramposa porque encubre la contrarreforma
agraria del sistema global de agronegocios y su constante agravamiento del
ataque al desarrollo rural y a la soberanía alimentaria. Lo comprobamos con
el fomento gubernamental a los agrocombustibles y la contienda gubernamental
por imponer el patentamiento de las semillas.
No nos patenten la Vida: Campaña contra
la privatización de las semillas en Argentina
Gacetilla de Prensa Buenos
Aires, Argentina 4 de Septiembre, 2014.
Una
nueva amenaza de las corporaciones agro-biotecnológicas se cierne ante la
sociedad: la modificación de la legislación vigente en materia de semillas. Se
trata de un anteproyecto para la reforma de la Ley de Semillas y Creaciones
Fitogenéticas (Ley N° 20.247/1973) que está siendo impulsado por intereses
concentrados del agronegocio. Su versión preliminar ya estaría en manos del
Poder Ejecutivo para su última revisión, a la espera de ser enviado al Congreso
Nacional para su tratamiento. En un contexto mundial marcado por un fuerte
embate del neoliberalismo -que incide sobre la producción y el comercio global
de alimentos (transformados en commodities)-, la expansión del extractivismo
agrario, el aflojamiento de controles ambientales y la desaparición de pequeños
agricultores, componen una ofensiva corporativa estratégica que aquí
denunciamos. Las modificaciones en la ley de semillas forman parte de este
conjunto de políticas.
Diversas estrategias tendientes al patentamiento de las semillas han sido
ensayadas a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe. Tales
iniciativas, promovidas en los últimos años por los gobiernos de turno y
corporaciones transnacionales como Monsanto, fracasaron en muchos casos gracias
al accionar de las resistencias sociales. A pesar de la crisis económica y del
cambio climático, el modelo sojero -paradigma del extractivismo agrario-
continúa profundizándose en nuestro país. La devaluación del peso argentino
impulsada por el Gobierno nacional a principios de este año permitió que el
complejo agroexportador volviera a obtener ganancias exorbitantes. Los
productores sojeros celebraron que la superficie sembrada con soja transgénica
superara, por primera vez en la historia, las 20 millones de hectáreas. En
tanto, las corporaciones del agronegocio y sus socios especulan con una nueva
devaluación para su beneficio; hecho que se explicaría en buena medida por la
crisis financiera internacional, la actual brecha cambiaria y el proceso
inflacionario que incide sobre los ingresos de los sectores populares.
Mientras este paradigma avanza, las funestas consecuencias sociales y ecológicas
de los agronegocios también se profundizan.
El llamado “crecimiento económico” celebrado por el gobierno y las
corporaciones, representa la “expresión amable” de un modelo
agro-minero-exportador basado en el sacrificio de los pueblos, el despojo de sus
territorios y la devastación de la naturaleza. Para corroborarlo, basta con
destacar que durante los últimos años la expansión de la frontera agrícola
devastó más de 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos; las fumigaciones
masivas con agrotóxicos, asociadas con gravísimos problemas sanitarios en la
población (tales como cánceres y malformaciones), superaron la barrera de los
300 millones de litros anuales; el agotamiento de los suelos y sus nutrientes
continúa agudizándose como consecuencia del monocultivo y la siembra directa con
su paquete tecnológico (glifosato). Todo ello conduce al desplazamiento
compulsivo de las poblaciones, consecuencia de la ampliación de la frontera
agrícola que continúa desestructurando economías regionales, destruyendo
culturas ancestrales y desarraigando formas de vida comunitaria, obligando a
millones de personas a migrar hacia las ciudades en busca de sustento para sus
familias, lugares en los que pasan a engrosar los cordones periurbanos de
hacinamiento y de miseria.
A pesar de semejante escenario, los cuestionamientos existentes y la evidencia
de sus impactos negativos, el gobierno nacional apuesta al afianzamiento del
modelo de los agronegocios, con la anuencia de gran parte de la oposición. Así,
la institucionalización progresiva del Plan Estratégico Agroalimentario y
Agroindustrial 2020 (PEAA 2020) diseñado por el Ministerio de Agricultura, cuyo
objetivo fundamental consiste en alcanzar una producción de 160 millones de
toneladas de granos (fundamentalmente soja) en un plazo de seis (6) años,
supone
un
incremento brutal de la superficie cultivada, que pasaría de las actuales 34
millones de has. a las 42 millones de has. Las implicancias de una expansión de
tales magnitudes redundarían en el agravamiento de las actuales consecuencias
socio-ambientales derivadas de un sistema productivo que se inscribe dentro de
los modelos extractivistas imperantes en América Latina. Otros datos dan cuenta
de la orientación asumida por el gobierno nacional en aras de profundizar el
modelo de los agronegocios: Desde la aprobación de la soja RR en el año 1996
hasta la fecha, el Estado -a través de la Comisión Nacional de Biotecnología
Agropecuaria (CONABIA)- emitió autorizaciones comerciales para 30 eventos
transgénicos (en soja, maíz y algodón) y tuvo como beneficiarios a corporaciones
tales como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Pioneer, AgrEvo, Basf,
Nidera, Novartis y Ciba-Geigy. Lo ilustrativo es que sobre el total de estos
eventos transgénicos, 23 fueron aprobados entre 2003 y 2014 por los gobiernos de
Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y fue Monsanto el principal beneficiario
del otorgamiento de dichas autorizaciones. Además, las aprobaciones se
realizaron mediante simples resoluciones ministeriales, sin controles ni debates
públicos y sin tener en cuenta el principio precautorio. Asimismo, las
evaluaciones sanitarias y ambientales de dichos eventos transgénicos se siguen
efectuando en base a estudios proporcionados por las propias empresas. En este
contexto general, luego de aprobar las nuevas semillas transgénicas de soja y
maíz desarrolladas por Monsanto, el gobierno nacional estaría buscando una
reforma de la ley de semillas para favorecer a las corporaciones biotecnológicas
en su objetivo de apoderarse por completo de la producción de los alimentos y
del control de las cadenas alimentarias.
El
anteproyecto para reformar la ley de semillas
El gobierno nacional y las corporaciones
agro-biotecnológicas buscan armonizar criterios comunes en materia de semillas,
patentamientos y cobro de regalías.
De esta manera lograron condensar en un anteproyecto las expectativas de los
intereses del agronegocio para reformar la antigua Ley de Semillas y Creaciones
Fitogenéticas, con el fin de adecuarla a los parámetros internacionales que
regulan la protección de las obtenciones vegetales (semillas) conforme a los
sistemas de propiedad intelectual. En nuestro país contamos con dos sistemas de
propiedad intelectual: 1) la protección de la propiedad de las creaciones
vegetales mediante el Derecho del Obtentor (DOV) establecido en la actual ley de
Semillas, y 2) el sistema de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
(establecido por Ley 24.572). Esta última excluye expresamente el patentamiento
de plantas. Es importante destacar que los Derechos del Obtentor también se
aplican para variedades que se descubren, dado que no exigen exclusivamente una
invención. Conforme esta premisa, aquel que descubre o inventa una variedad
puede tener derechos sobre la misma sin que el agricultor que la cultiva pierda
su derecho al uso propio, es decir, la libertad de utilizar parte de su cosecha
para una nueva siembra. Esto cambiaría sustancialmente en caso de adoptarse el
sistema de patentes tal y como lo establece, casi de modo encubierto, el
anteproyecto para modificar la ley de semillas. El uso propio se vería
seriamente restringido y además, actividades ancestrales como el libre
almacenamiento, selección, reproducción, mejoramiento, preservación e
intercambio de semillas provenientes de la cosecha, resultarían coartadas o, en
el peor de los casos, criminalizadas. Por otra parte, el anteproyecto propone la
creación de sistemas de registro y control (habilitando, por ejemplo, el
intercambio de semillas sólo entre usuarios registrados ante el Estado) así como
la configuración de un sistema de penalización para aquéllos que no se adecuen a
las exigencias establecidas. Asimismo, se propone el apuntalamiento de un poder
de policía para facilitar el decomiso de semillas, suspensiones,
inhabilitaciones, etc. Además, se anularía la posibilidad de que otros
obtentores puedan reproducir nuevas variedades vegetales.
Cabe destacar que las políticas de patentamiento forman
parte de las prioridades del gobierno nacional en materia productiva, lo que
explica que varios órganos estatales hayan estado promoviendo, en los últimos
años, iniciativas de apropiación y privatización de saberes y semillas.
Un ejemplo de esto es que las asociaciones de carácter prebendario entre
empresas agro-biotecnológicas y organismos del Estado hayan llegado a
desarrollar patentamientos propios. Tal es el caso de la soja HB4 resistente a
la sequía, un desarrollo conjunto entre el CONICET, la Universidad Nacional del
Litoral y Bioceres, esta última una empresa agro-biotecnológica en cuyo
directorio se encuentran Víctor Trucco y Gustavo Grobocopatel, dos de los
responsables del despliegue del modelo sojero en la Argentina. Dicho evento
transgénico, declarado de interés estratégico por el Senado de la Nación y cuyo
lanzamiento está previsto para el año 2015, será un negocio de propiedad
intelectual a partir del cobro de regalías compartidas.
Frente a estos escenarios es importante recordar que
históricamente, desde que se inventó la agricultura hace diez mil años, los
productores agropecuarios reproducen su propia semilla y, en algunos casos,
tienden a experimentar formas de mejoramiento genético mediante los cruces de
las diversas semillas de una misma especie. Como consecuencia, surgió un
consenso mundial para defender ese potencial del productor agropecuario y, por
ende, su existencia como tal.
En efecto, se impulsó la prerrogativa del productor de reproducir su semilla,
estableciéndose que ésta debería ser considerada patrimonio de la humanidad.
Antes de los años treinta, la mayor parte de los proveedores de la semilla
comercial eran pequeñas empresas familiares. La investigación genética era
realizada por las agencias de los Estados y otras instituciones tales como
cooperativas. Las empresas semilleras tenían por finalidad primordial
multiplicar y vender las variedades de semillas desarrolladas en el dominio
público. En 1936 se establece en nuestro país la primera iniciativa para
instituir una protección legal de las variedades de plantas. Ya en ese período
en muchos países en desarrollo, más del 80% de las semillas requeridas por los
agricultores era provisto por la semilla almacenada de la propia cosecha u
obtenida por canales no oficiales. A partir de entonces surgió una legislación
tendiente a restringir estas formas de provisión de la semilla e inducir a los
productores a abastecerse año tras año en las semilleras privadas. De allí que
en los últimos años, en especial a partir de la generación de los híbridos y los
transgénicos, comienzan a tener una enorme primacía las grandes empresas
semilleras transnacionales, que combinan su producción o difusión de la semilla
con la de los agroquímicos producidos por ellos mismos.
La
“coexistencia” del agronegocio y la agricultura familiar
Otra de las particularidades del anteproyecto tiene que ver con la propuesta de integrar los agronegocios y la pequeña agricultura territorializada (campesinos, indígenas, huerteros, minifundistas y otros pobladores del campo). De este modo, dos paradigmas, dos visiones del mundo antagónicas, dos modelos difícilmente compatibles desde el punto de vista social, cultural, territorial y ecológico, se amalgaman de manera espuria en el texto de la pretendida reforma. El planteo de la convivencia/coexistencia de los agronegocios y la llamada “agricultura familiar” forma parte del discurso que el gobierno nacional y las empresas asumieron como nueva estrategia de legitimación del modelo agro-biotecnológico. Dicho planteo está presente de manera explícita en el anteproyecto para modificar la ley de semillas vigente, y su principal expresión consiste en la “excepción” de las obligaciones tributarias para con los denominados “agricultores familiares”, un concepto muy amplio con confusas referencias empíricas a actores muy diferentes, como “el chacarero” y “el trabajador sin tierra”. De cualquier modo en la ley aparece como una suerte de concesión del Estado tendiente a dotar la iniciativa de cierta “apariencia contemplativa” hacia quienes han sido hasta ahora, junto a los Pueblos Originarios, las principales víctimas de la expansión del agronegocio. Basta recordar los asesinatos perpetrados por el Estado o por privados, en situaciones de arrinconamiento, para despojarlos de sus tierras. La llamada “coexistencia” orientó a los principales actores a conformar una “Mesa de Diálogo” convocada por el Estado (a través de la cartera de Agricultura Familiar) que reunió a las corporaciones del agronegocio con algunas de las más importantes organizaciones campesinas (entre ellas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena) y representantes de la Iglesia. Este encuentro fue resultado de un nuevo clima cultural y político que habilita, a través del diálogo (entre actores de muy distinta capacidad económica y poder político), el “consenso” y la “pacificación”. La historia está plagada de ejemplos que muestran la imposibilidad de estos encuentros pacificadores cuando lo que está en juego es la tierra y su “limitud”, las ganancias y abultadas rentas. Estos nuevos humores culturales que circulan en el mundo de los agronegocios (y lamentablemente, en algunas organizaciones sociales) se expresan internacionalmente, y buscan integrar la agricultura de base campesina y de pequeños productores a las lógicas de los agronegocios. No es un hecho menor que la FAO haya declarado al presente año como el “Año de la Agricultura Familiar” y que, repentinamente, haya reconocido la “importancia de la agricultura campesina” en términos similares y afines a las lógicas de mercado. Esto se hizo más evidente todavía, con el entendimiento de cooperación suscrito por la Vía Campesina y la FAO en Roma (Octubre, 2013). Así, las necesidades de “responsabilidad social” y de “maquillaje verde” del capital concentrado de la agro-biotecnología, fueron satisfechas mediante entendimientos que hasta hace poco parecían imposibles. Los propios documentos de la Vía Campesina denunciaban a la FAO como un organismo que actuaba monolíticamente junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio en la ejecución de las medidas económicas necesarias para la expansión global de los agronegocios. Pareciera que todo ello forma parte del pasado. Estos mandatos internacionales se articulan nacionalmente con nuevos roles asumidos por las instituciones que rodean la problemáticas: Universidades Públicas, Agencias Científicas, el INTA, etcétera.
Otra de las particularidades del anteproyecto tiene que ver con la propuesta de integrar los agronegocios y la pequeña agricultura territorializada (campesinos, indígenas, huerteros, minifundistas y otros pobladores del campo). De este modo, dos paradigmas, dos visiones del mundo antagónicas, dos modelos difícilmente compatibles desde el punto de vista social, cultural, territorial y ecológico, se amalgaman de manera espuria en el texto de la pretendida reforma. El planteo de la convivencia/coexistencia de los agronegocios y la llamada “agricultura familiar” forma parte del discurso que el gobierno nacional y las empresas asumieron como nueva estrategia de legitimación del modelo agro-biotecnológico. Dicho planteo está presente de manera explícita en el anteproyecto para modificar la ley de semillas vigente, y su principal expresión consiste en la “excepción” de las obligaciones tributarias para con los denominados “agricultores familiares”, un concepto muy amplio con confusas referencias empíricas a actores muy diferentes, como “el chacarero” y “el trabajador sin tierra”. De cualquier modo en la ley aparece como una suerte de concesión del Estado tendiente a dotar la iniciativa de cierta “apariencia contemplativa” hacia quienes han sido hasta ahora, junto a los Pueblos Originarios, las principales víctimas de la expansión del agronegocio. Basta recordar los asesinatos perpetrados por el Estado o por privados, en situaciones de arrinconamiento, para despojarlos de sus tierras. La llamada “coexistencia” orientó a los principales actores a conformar una “Mesa de Diálogo” convocada por el Estado (a través de la cartera de Agricultura Familiar) que reunió a las corporaciones del agronegocio con algunas de las más importantes organizaciones campesinas (entre ellas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena) y representantes de la Iglesia. Este encuentro fue resultado de un nuevo clima cultural y político que habilita, a través del diálogo (entre actores de muy distinta capacidad económica y poder político), el “consenso” y la “pacificación”. La historia está plagada de ejemplos que muestran la imposibilidad de estos encuentros pacificadores cuando lo que está en juego es la tierra y su “limitud”, las ganancias y abultadas rentas. Estos nuevos humores culturales que circulan en el mundo de los agronegocios (y lamentablemente, en algunas organizaciones sociales) se expresan internacionalmente, y buscan integrar la agricultura de base campesina y de pequeños productores a las lógicas de los agronegocios. No es un hecho menor que la FAO haya declarado al presente año como el “Año de la Agricultura Familiar” y que, repentinamente, haya reconocido la “importancia de la agricultura campesina” en términos similares y afines a las lógicas de mercado. Esto se hizo más evidente todavía, con el entendimiento de cooperación suscrito por la Vía Campesina y la FAO en Roma (Octubre, 2013). Así, las necesidades de “responsabilidad social” y de “maquillaje verde” del capital concentrado de la agro-biotecnología, fueron satisfechas mediante entendimientos que hasta hace poco parecían imposibles. Los propios documentos de la Vía Campesina denunciaban a la FAO como un organismo que actuaba monolíticamente junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio en la ejecución de las medidas económicas necesarias para la expansión global de los agronegocios. Pareciera que todo ello forma parte del pasado. Estos mandatos internacionales se articulan nacionalmente con nuevos roles asumidos por las instituciones que rodean la problemáticas: Universidades Públicas, Agencias Científicas, el INTA, etcétera.
A modo
de conclusión
De aprobarse esta ley, no sólo estaríamos suturando un
campo de disputas en relación con la agricultura, la alimentación y modos de
vida, sino que marcaríamos un fracaso para América Latina, que está logrando
parar esta iniciativa de privatización de la vida en muchos países. En
definitiva, el avance de la frontera sojera representa el correlato territorial
de una ofensiva extractivista general a nivel local y latinoamericano.
Así, la Argentina, con sus fuerzas políticas tradicionales como administradores
de un modelo colonial, profundiza las actividades extractivas en todas sus
variantes: continúa la devastación del corredor andino con la megaminería
contaminante; la cementación urbana con fines de especulación inmobiliaria; se
multiplican los monocultivos forestales y las papeleras y la industria pesquera
sigue depredando nuestros mares. El gobierno nacional, además, a contramano de
la necesidad imperiosa de construir una matriz energética alternativa -dadas las
imprevisibles consecuencias del cambio climático- prioriza irresponsablemente,
como respuesta a la crisis energética, la construcción de represas
hidroeléctricas y nuevas centrales nucleares. Incluso profundiza la explotación
de hidrocarburos no convencionales o fracking, cuyo andamiaje legal y
orientación estratégica fijara el acuerdo de YPF con la transnacional Chevron el
año pasado. Afortunadamente, no todo es desazón. A lo largo y a lo ancho del
continente se multiplican las resistencias de los pueblos que optan por la
dignidad de la vida y defienden nuestros territorios y bienes comunes de la
depredación neocolonial del capitalismo. Las formidables resistencias de las
asambleas cordilleranas contra las corporaciones megamineras; las campañas
contra las fumigaciones; la resistencia indígena en defensa de sus territorios
contra el avance sojero; el ejemplo mundial de las Madres de Ituzaingó, la
Asamblea de Malvinas Argentinas y de las organizaciones sociales que impidieron
la radicación de Monsanto en Córdoba; la irreductible lucha de la Asamblea de
Gualeguaychú en contra de las papeleras transnacionales; la emergencia de nuevas
voces en la academia que se inspiran en el legado de Andrés Carrasco para
cuestionar un sistema científico colonizado por las corporaciones; la juventud
que lucha por volver a la tierra para construir una nueva ruralidad basada en el
arraigo y recuperar la libertad de producir el propio alimento, nos siguen
inspirando para continuar resistiendo a pesar de las adversidades, con la
esperanza de edificar una nueva sociedad basada en la igualdad y profundamente
identificada con la naturaleza. Por lo tanto, frente a este cuadro de situación manifestamos:
– No a la privatización de las semillas. Las semillas son patrimonio de los pueblos del mundo, símbolos de saberes y culturas. La vida no se patenta.
– No al avance del agronegocio y en particular al anteproyecto para reformar la ley de semillas en todas sus versiones.
– No la tramposa operación política desmovilizadora que defiende la “coexistencia de la agricultura familiar con el agronegocio”.
– Nos pronunciamos por un modelo alternativo de país libre de agronegocios, megaminería, fracking, cementación urbana, energía nuclear, represas hidroeléctricas, depredación marítima, bosques artificiales y papeleras.
– Con transgénicos no hay Soberanía Alimentaria. Prohibición de la modificación genética de alimentos. Por el repoblamiento del territorio actualmente en manos del agronegocio, la recuperación de los ecosistemas y la producción de alimentos sanos para los pueblos.
– Por encima de cualquier ley estará siempre la responsabilidad de los pueblos para garantizar su Soberanía Alimentaria y la de las generaciones venideras. Con espíritu amplio y diverso nos convocamos, junto a las personas, organizaciones sociales, ambientales, campesinas, sindicales, estudiantiles y políticas que compartan esta lucha para desplegar una intensa movilización y todas las acciones necesarias para impedir el avance del extractivismo capitalista en nuestro territorio. Nos declaramos en alerta y movilización autoconvocándonos al Congreso Nacional al momento de discutirse e intentar aprobarse este proyecto de Ley de Semillas.(...)
Fuente: http://nonospatentenlavida.org/
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♣
Los
agrocombustibles y
la sostenibilidad global
la sostenibilidad global
25 de marzo
de 2014
Por
Lucía Díez
(Blog
Tiempo de Actuar)
En los últimos años los agrocombustibles (también llamados
biocombustibles) como el bioetanol –producido a partir de caña de azúcar, melaza
o maíz entre otros cultivos– y el biodiesel –procedente sobre todo de palma
aceitera o soja– han experimentado un importante auge, convirtiéndose en un tema
clave en el debate sobre la sostenibilidad de nuestro sistema económico. Los
agrocombustibles se ofrecen como solución a diversas cuestiones: I) a la crisis
energética debida al cada vez más próximo agotamiento del petróleo barato, II)
como forma de reducir la dependencia energética respecto de los países de
Oriente Medio y zonas conflictivas, evitando la fluctuación de precios, y III)
final y principalmente, como medio hacia la consecución de un sistema energético
sostenible.
En base a estos argumentos, y dada la facilidad de su uso mezclado con combustibles tradicionales sin necesidad de introducir cambios en los motores de los vehículos (si la mezcla tiene un porcentaje pequeño de agrocarburantes), Estados Unidos y la Unión Europea (UE) establecieron en 2007 unas políticas de objetivos mínimos de uso de biocombustibles, que deberían alcanzarse para la segunda década de este siglo. El impulso a la producción de biocombustibles que originaron estas políticas ha hecho que en los últimos años se hayan puesto de manifiesto una serie de considerables efectos imprevistos, que cuestionan la optimalidad de este recurso energético.
Por un lado, ante la previsión de un considerable aumento de la demanda, se
pusieron en marcha grandes inversiones en proyectos agrícolas destinados a la
producción de agrocombustibles.
Tales proyectos han generado en algunos casos
conflictos relacionados con el acaparamiento
de tierras [1], resultando en un
empeoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de estas regiones y/o
deforestación de territorios de selva para la plantación de este tipo de
cultivos (palma, jatrofa, caña de azúcar…). Si se tienen en cuenta los cambios
en los usos de la tierra, en contra del objetivo inicial de la UE de reducir las
emisiones de CO2, estas aumentan en términos netos. Esto ha llevado a la UE a
plantearse modificar su política de biocombustibles reduciendo sus objetivo de
consumo y estableciendo unos criterios de impacto ambiental, así como el uso de
cultivos o recursos (como la paja o deshechos) no competidores con cultivos
alimentarios . Los agrocombustibles de segunda generación pueden ayudar a
aliviar parcialmente algunos de estos problemas, como la rivalidad con cultivos
alimentarios; sin embargo, no suponen una mejora en cuanto a la presión sobre la
tierra, la extensión de monocultivos o, como veremos más adelante, las bajas
tasas de retorno energético.
Los agrocombustibles de segunda generación no están aún suficientemente
desarrollados, pero, por otro lado, aunque lo estuviesen seguirían existiendo
una serie de problemas más esenciales que requieren un desarrollo cauteloso de
las tecnologías y políticas relacionadas con esta fuente energética.
Aunque inicialmente se defendió que los agrocombustibles son una fuente de energía sostenible, se ha demostrado que esto no es del todo cierto. Efectivamente, su procedencia agrícola hace que los agrocombustibles sean una fuente de energía renovable, pero sus resultados en cuanto a contaminación y ahorro de recursos no son del todo favorables. La emisión de gases de efecto invernadero de estos recursos no es neutra (el CO2 que la planta absorbe durante su crecimiento no compensa la emisión de gases de efecto invernadero originados por su producción y uso). Si se tienen en cuenta los efectos de la liberación de óxido nitroso (un gas de efecto invernadero más potente que el CO2, liberado por el uso de fertilizantes nitrogenados y la quema de cosechas) y de los cambios directos e indirectos en los usos de la tierra, los agrocombustibles no ayudan a la lucha contra el cambio climático, sino que lo aceleran [2]. Además, tampoco la tasa de retorno energético de los biocombustibles (la cantidad de energía necesaria para su producción en comparación con la cantidad de energía que los mismos proporcionan) presenta resultados suficientemente favorables. Para conseguir los agrocombustibles, se requieren recursos fósiles en todo el proceso, desde los empleados en la agricultura intensiva, a los del procesamiento y el transporte. Esto hace que la tasa de retorno energético de la mayoría de los agrocombustibles esté alrededor de 1:1 (tanta energía aportada como consumida) o un poco más alta.Por último, el cultivo de agrocombustibles supone también peligros para la biodiversidad, debidos a la extensión de la agricultura a gran escala y el empleo de cultivos transgénicos entre otros; asimismo la producción de agrocombustibles amenaza la disponibilidad de recursos hídricos, y conlleva problemas de contaminación del agua y el aire.
Finalmente, a nivel político los biocombustibles no suponen una mejora en la
balanza de poder global, sino una profundización de la asimetría ecológica entre
el Norte global y el Sur global, mediante la administración internacional de los
recursos naturales mundiales basada en el paradigma de mercado (la
mercantilización de los recursos naturales), convirtiendo los biocombustibles en
una mercancía internacional en manos de grandes corporaciones y dejando de lado
objetivos de soberanía energética y reproducción de la biodiversidad. De este
modo quedan excluidos esquemas alternativos de producción y usos de energía y
alimentos que podrían contribuir en mayor medida a la sostenibilidad y equidad
del sistema socioeconómico.
Por lo tanto, con el actual desarrollo y expansión de los agrocombustibles se da
una respuesta insuficiente a los retos de la crisis global multidimensional
(ecológica, económica y social), ya que no se solucionan los desequilibrios de
poder, las desigualdades económicas y el ingente consumo de recursos y
generación de gases nocivos que nuestra estructura energética y económica
conlleva. Para que los agrocombustibles puedan ayudar a mejorar la
sostenibilidad de nuestra sociedad, deben ser abordados desde una visión
integral, teniendo en cuenta la diversidad y complejidad de sus dimensiones y de
los efectos que conllevan; el debate en torno a los biocombustibles debe ir
acompañado de una discusión acerca de los principios básicos que sostienen la
economía mundial actual.
Notas:
[2]
Ver el informe de Oxfam Internacional “Otra verdad incómoda. Cómo las políticas
de biocombustibles agravan la pobreza y aceleran el cambio climático” (junio de
2008)
Fuente
original: http://tiempodeactuar.es/blog/los-agrocombustibles-y-la-sostenibilidad-global/
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=182449
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=182449
Cabe, por tanto, una síntesis de lo desarrollado que
intente abrir debate sobre cómo constituir la unión en diversidad abajo y a
la izquierda. Volvamos al
Documento de contexto general de las denuncias ante el Tribunal Permanente
de los Pueblos/ Capítulo México:
Territorialidad, subsistencia y vida digna
San Isidro, Jalisco, 27 de junio, 2013
San Isidro, Jalisco, 27 de junio, 2013
Qué despojo más brutal puede haber que el que arranca la vida de alguien y la
tira a la basura. La famosa acumulación originaria fue el despojo de la tierra
—pero a la vuelta de la historia la gente fue despojada de los frutos de sus
esfuerzos, fue exprimida en su fuerza laboral y hoy el acaparamiento de miles de
ámbitos de lo humano es continuo e imparable.
Con los siglos, las corporaciones (reforzadas por las políticas neoliberales y
dotadas de instrumentos gubernamentales de maniobra, como los tratados de libre
comercio que legalizan y potencian estas políticas y las tornan inamovibles),
han intentado arrancarnos de nuestras fuentes de subsistencia —de la tierra, el
agua, los bosques, las semillas—, es decir, de nuestro territorio. Nos erosionan
y nos arrebatan los medios de subsistencia (nuestras estrategias y saberes) con
los que las comunidades logramos por siglos buscar y defender nuestro centro de
referencia, nuestra vida, nuestra historia, la justicia y nuestro destino como
comunidades y pueblos. La embestida corporativa y gubernamental ha logrado
durante periodos impedir y criminalizar justo el núcleo de los cuidados
ancestrales que las comunidades atesoramos en aras de ser independientes y
autónomas.
Las corporaciones tienen desatada una invasión perpetua de los territorios y
buscan someternos con sus modelos autoritarios de producción y distribución,
pretendiendo expresamente impedirnos el ejercicio de una producción
independiente de alimentos, el cuidado y aprovechamiento (a nuestro modo) de
nuestros lugares de origen y vida comunitaria y eso destruye el significado de
nuestro espacio compartido, de nuestros lugares de origen.
(...)
Destaquemos:"hoy
el acaparamiento de miles de ámbitos de lo humano es continuo e imparable".
He aquí a nuestro rumbo emancipador: recuperar los
ámbitos de lo humano. Consideremos
cuántos y diversos conflictos vitales se dan como resultado de esa
desterritorialización y reterritorialización que ejecuta el capitalismo no sólo
en forma de extractivismo exportador y de mega emprendimientos turísticos,
comerciales e inmobiliarios sino también mediante narcotráfico, trata de
personas, prostitución, contaminación ambiental por empresas y criminalización
tanto de los desposeídos como de quienes se organizan para resistir el
avasallamiento de derechos humanos.
Aún más, es una recreación de las relaciones sociales y los
convivires que los diferentes empleos o profesiones están exigiendo como cambio
hacia buenos vivires de cada uno y de todos.
