Es asumir la realidad e impunidad
del capitalistalismo de desarrollar:
narcotráfico, trata de personas y prostitución, barras bravas,
industria bélica e injusticia social.
Es romper con los tramposos
relatos K que ocultan el despliegue de esas principales fuentes de riqueza y
poder de los oligopolios locales e imperialistas con socios menores en nuestros
altos funcionarios. Es desprenderse de su embaucamiento en base a
aprovechar nuestro facilismo de confiar en líderes, en soluciones sectoriales e
individuales de corto plazo pero sobre todo en un Estado árbitro y redentor.
Implica atrevernos a comenzar otra sociedad.
En primer lugar se trata de contextualizar los proyectos de nuestros respectivos colectivos
e interrelaciones inmediatas en el hacer posible el proceso de autoorganización
emancipadora de una creciente mayoría. Para concretar tal objetivo es
prioritario juzgar al "gobierno de derechos humanos" empezando por debatir
significados de las segunda y tercera desapariciones forzadas de Jorge Julio
López. Ambas nos interpelan, a los de abajo y a la izquierda, a involucrarnos en
el cambio de correlación de fuerzas que sustituya la autoridad de CFK por la de
Memoria Verdad y Justicia en su lucha contra la impunidad de ayer y hoy.
Es compromiso mayoritario
con la consecuencia de los juicios contra la impunidad de genocidio del Estado
en representación de intereses pertenecientes a la actual alianza de los
capitales y estados imperialistas con los locales. Es compartir el reclamo de
apertura de los archivos de la dictadura y de la 'democracia' respecto a la
Triple A y a las masacres en la AMIA, en Río Tercero, en el Puente Pueyrredón.
También es fundamental arraigar la actual criminalización y judicialización de
los pueblos-naciones indígenas en los genocidios del pasado.
Es tener en cuenta las
conversiones que hubo dentro del movimiento de derechos humanos durante más de
deKada y apreciar qué nos señalan:
HIJOS LA
PLATA SIEMPRE EN UN MISMO CAMINO
27 de marzo de 2015
27 de marzo de 2015
(...)Como hace años venimos expresando, creemos
que el movimiento de Derechos Humanos en Argentina está atravesando una de sus
peores crisis históricas, que si bien no es la única, esta vez muestra una
profundidad política inusitada.
Durante los peores
años de la dictadura y desde la recuperación de la institucionalidad
democrática, los organismos más antiguos tuvieron sendos acuerdos sobre cómo
luchar por la aparición con vida de los compañeros, sobre la gran respuesta que
la sociedad organizada debía dar a los intentos de eternizar el olvido y la
impunidad. Pero también hubo grandes divergencias sobre cómo calificar al plan
genocida, sobre la utilidad de participar de procesos judiciales fragmentados,
parciales y perezosos, y sobre si reivindicar a los desaparecidos como simples
víctimas o como luchadores revolucionarios.
En los ’90, el
surgimiento de nuevas organizaciones, entre ellas HIJOS, aportó aires
generacionales renovadores en los modos de expresar la resistencia y de
reconstruir las herramientas de la lucha por Justicia. En esos momentos, en la
ciudad de La Plata, la figura de Hebe de Bonafini era un ejemplo ético, una
enseñanza permanente en la práctica de lucha y un norte coherente en las
posiciones de independencia e intransigencia respecto del Estado y los
gobiernos. Con ella hemos compartido la calle en la batalla contra la represión
a los estudiantes, contra los intentos de legislar la impunidad, denunciando en
sus guaridas a los genocidas impunes, y hasta presenciando cómo Hebe le
arrancaba de las garras policiales a jóvenes detenidos por luchar. Cabe
preguntarse qué cosas sucedieron entre la justeza de aquellas posturas y los
negociados que hoy denunciamos sobre los organismos cooptados. Sobre esto somos
claros:
nada
de nuestra historia nos exime de la responsabilidad sobre los hechos que
producimos,
y desde el “caso Meldorek-Schoklender”, nos permitimos visualizar la esencia de
la respuesta a aquella pregunta. Gobiernos como el de los Kirchner generan, no
sin saberlo, fracturas que debilitan al campo popular, vía las políticas de
doble discurso en materia de Derechos Humanos y la cooptación política para
repartir prebendas. Algunos de los que hace unos años estaban juntos en la
calle, que luchaban por juicio y castigo a todos los genocidas y no por juicios
recortados, que fueron parte de las gloriosas jornadas del 19 y 20 de diciembre,
se ven hoy como si estuvieran a años luz de la lucha.
Estamos
convencidos de que es imposible que esta administración K, con su política
meramente testimonial, haga florecer en la realidad el país con el que soñamos,
con el que soñaban los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y todos los
caídos en la lucha. Principalmente porque no creemos que el proyecto K sea la
construcción que torcerá los destinos de la historia, ya que hoy mismo continúa
vigente en ella la lógica de responder con todo el “peso de la legalidad” a la
legitimidad incontestable de los reclamos populares, porque la pugna
distributiva continúa inclinando el contrapeso de la balanza hacia los que más
tienen, y porque las mayorías estaremos de una u otra manera allí cuando el paso
transformador se construya genuinamente en serio.
Este año HIJOS
cumple 20 años como organización independiente del Estado y los gobiernos. Estos
años nos han hecho madurar como organización y han servido para reafirmar
nuestra posición sobre el rol que debe tener un organismo de Derechos Humanos en
la contienda social. Y como el único que puede violar los Derechos humanos es el
Estado, que ejerce el monopolio de la fuerza legal y administra el andamiaje
legal a través de una gestión de gobierno,
sabremos que ninguna organización que nace para
denunciar esos atropellos puede trabajar ni con un gobierno ni desde el Estado,
sin caer en una contradicción fundante sobre sus propios objetivos. Mantener la
independencia para poder seguir denunciando la impunidad de la represión estatal
es una premisa básica de la sociedad dividida en clases que no todos parecen
aceptar.
Mucho más cuando
de lo que estamos hablando, y lo que quisimos representar en la plaza San Martín
de La Plata,
es la afronta a la lucha de todos estos años que significa haber
visto a Hebe Pastor de Bonafini abrazada, reporteando, sosteniendo y
justificando al genocida César Milani, partícipe del Genocidio en el caso del
colimba Alberto Ledo, en el Operativo Independencia, en el caso de los Olivera
(padre e hijo) y en tantos otros casos que están surgiendo y que lo muestran
como activo partícipe del plan genocida.
El sostenimiento
del represor Milani al frente del Ejército no hubiera sido posible sin esta
operación política de reconciliación con las Fuerzas Armadas.
Que Hebe Pastor de
Bonafini y su Asociación, quienes nos decían hace años que “quien cobra la
indemnización del Estado se prostituye”, quienes vaciaron su “Universidad
Popular” de los mejores intelectuales de izquierda cuando viraron a la derecha,
y quienes entraron a la Plaza este 24 en un colectivo estrechados en un
hipócrita abrazo con Aníbal Fernández y Carlos Tomada, sean los que hoy se
sientan horrorizados porque mostramos en un acto simbólico lo que TODA la
sociedad sabe, nos mueve a proponer un debate que, lamentamos, deba darse sólo
por la quema de un muñeco. A los cuatro vientos, y de derecha a izquierda, hace
años venimos denunciando la cooptación, así como hoy denunciamos el intento de
reconciliación. Así que no aceptamos que nos demonizen, de izquierda a derecha,
cuando lo que estamos queriendo hacer es promover el debate.
¿El pañuelo blanco,
por más símbolo de lucha que efectivamente sea, otorga inmunidad para abrazarse
con los verdugos de nuestro pueblo?
No creemos en la
sacralidad abstracta del pañuelo blanco, mucho menos cuando lo vemos al lado del
verde oliva del Ejército genocida de ayer y de hoy. Sí respetamos
la lucha de las Madres y las Abuelas, pero de aquellas que no han transado a sus
principios fundantes, como Chicha Mariani, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia
Espen, Rosaria Isabella Valenzi, María Esther Tello y tantas otras compañeras de
lucha a las que hoy seguimos reivindicando por su coherencia a través de los
años.
Y si la sociedad
no está dispuesta a reconocer esta posición, invitamos a debatirla.
HIJOS La Plata concluye aportando al imperativo de deconstruir:
El
discurso de los DD.HH., que ha calado profundo en la población, ha sido muy útil
para lograr esa conciliación de la sociedad con el Estado, produciendo un relato
en el que no se cuestionan las instituciones sino algunos de sus miembros.
Esta manera de pensar torna caótica e
ininteligible la razón de ser de la inédita violencia desatada antes, durante y
después de la última dictadura militar. Violencia organizada desde el Estado que
tiene un solo nombre: Represión. Y que está indisolublemente ligada a una
necesidad del capital: disciplinar a quienes trabajan.
El
discurso oficial de los Derechos Humanos
esconde la extensión y la profundidad de los
fines que busca concretar la violencia desatada como medio.
Los centros clandestinos de
detención, la desaparición de personas, las torturas de todo tipo, parecen
permanecer (hasta con la quema de un miserable muñeco de papel) en el plano de
lo moral individual, evadiendo y ocultando la
dimensión social y política de la cuestión: el sometimiento de la producción
social a la explotación capitalista, la acumulación incesante del capital a
expensas del trabajo, el genocidio de nuestros jóvenes a quienes solo se les
ofrece estar delante o detrás de una bala policial, como víctima o victimario.
Queda en evidencia con esto la profunda maleabilidad de la Memoria. Parece que
un muñeco de papel ardiendo es más grave, de derecha a izquierda, que abrazarse
con los asesinos de nuestro pueblo. Por debajo de esta polémica de baja estofa,
queda oculta la dimensión fundamental de los DD.HH. oficialistas: la operación
de abstracción que encubre bajo el velo liberal la explotación capitalista. Por
eso puede entenderse por qué asistimos simultáneamente a la reactivación de los
procesos judiciales contra los genocidas mientras se promueven políticas de
impunidad, la desaparición de Julio Lopez, el asesinato Silvia Suppo, los más de
4300 asesinados a manos del aparato represivo del Estado desde 1983, la
naturalización de las más de 200 desapariciones forzadas en “democracia”, el
espionaje a los que luchan, la criminalización de la pobreza y la eliminación de
todo aquel que no entra en los estrechos cánones del “Proyecto Nacional” de
crecimiento con exclusión.
Por todo esto, el debate sobre las tareas del movimiento de DDHH no escapa a su planteamiento en términos antagónicos: o se legitima a la clase dominante, que retribuye generosamente con cargos y prebendas, o se sostiene una crítica del orden establecido. Pero la crítica no se hace desde los despachos ministeriales, ni respondiendo con un pequeño comunicado escrito a las apuradas, sino que emerge desde la exploración teórica y práctica de cómo inscribirse en el campo de la liberación humana. Aquella liberación que no puede ser contenida en los estrechos marcos de la caricatura de la realidad en que la obsecuencia kirchnerista pretende encerrar a los luchadores sociales.Aunque arda en la Plaza y en nuestros pechos.
En fin, es importante una toma generalizada de conciencia sobre el cuadro de
situación presente e histórica que sintetiza el Encuentro
MVJ.
Documento del Encuentro
Memoria Verdad y Justicia – 24 de marzo de 2015
27 de marzo de 2015
27 de marzo de 2015
Hoy, a 39 años
del 24 de marzo de 1976, estamos en esta plaza para repudiar el golpe genocida
más brutal en la historia de nuestro pueblo, para
reivindicar las banderas de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y
para ratificar nuestro compromiso en la lucha contra la impunidad de ayer y de
hoy.
Repudiamos a la dictadura que buscó destruir todas las formas de organización de los trabajadores y el pueblo para profundizar la entrega y el endeudamiento, la explotación y el hambre al servicio de un régimen económico y político a beneficio de los monopolios y las potencias imperialistas.30.000 detenidos-desaparecidos, asesinatos cotidianos de militantes, más de 600 campos de concentración, miles de presos políticos, exilio, secuestro, tortura y robo de niños, constituyó el genocidio racional y planificado desarrollado contra nuestro pueblo.
El terror
dictatorial tuvo el objetivo de aniquilar el gigantesco despliegue del
movimiento obrero y popular que, desde los tiempos del Cordobazo, se proponía
terminar con la opresión y la explotación.
A pesar del
terror y del silencio impuesto, nuestro pueblo resistió. Las Madres de Plaza de
Mayo fueron la avanzada, y se convirtieron en el símbolo de esa resistencia que
armó lazos de solidaridad y que llegó a expresarse en paros generales y
movilizaciones realizadas en las peores condiciones de la represión genocida.
Esa lucha tuvo su
continuidad en estos casi 40 años de presencia en las calles, en los que varias
generaciones expresamos nuestra voluntad inquebrantable de conseguir castigo a
los genocidas y terminar con la impunidad de ayer y de hoy.
Nuestro pueblo
luchó incansablemente contra las infames leyes de impunidad de Alfonsín y los
indultos de Menem.
La
rebelión popular del 19 y 20 de diciembre, y la lucha inclaudicable de tantos
años contra la impunidad, fueron factores fundamentales para conseguir la
anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, que permitió la
reapertura de las causas contra los genocidas.
Lo decimos una
vez más con orgullo:
los juicios a los
genocidas son un logro histórico de nuestro pueblo.
Denunciamos
también en esta plaza, como lo venimos haciendo todos estos años, las enormes
limitaciones de estos juicios, que se desarrollan a cuentagotas. Cientos de
represores mueren antes de ser juzgados.
El Poder
Ejecutivo tuvo y tiene la posibilidad de impulsar las medidas necesarias para
acelerar los juicios y no lo hace. Los genocidas que hoy son juzgados son
solamente aquéllos que formaban parte de la cadena de mandos o los pocos que
fueron reconocidos por los sobrevivientes a pesar de sus condiciones de
detención.
El Estado no ha
entregado hasta ahora las listas de los genocidas que actuaron en cada Campo de
Concentración. El Poder judicial no investiga ni aporta pruebas para juzgarlos.
Sólo las víctimas,
familiares y organismos de derechos humanos que luchamos contra la impunidad
presentamos pruebas e impulsamos las causas para que los represores sean
juzgados por el delito que cometieron: genocidio.
No hay 900
condenados como dijo la Presidenta en su discurso del 1º de marzo. La realidad
es que existen, hasta hoy, sólo 538 condenas, de las cuales muchas corresponden
a un mismo procesado.
Hay menos de un condenado
por campo de concentración.
Apenas el 20% de esas sentencias se encuentran firmes.
El
68% de los condenados y la mitad de los procesados cumplen prisión domiciliaria,
que además violan sistemáticamente.
Los cómplices
civiles y empresarios del genocidio gozan de absoluta impunidad. Lo mismo ocurre
con los dirigentes sindicales colaboracionistas y entregadores, y con los jueces
y fiscales que fueron cómplices del genocidio y que aún continúan en funciones.
Repudiamos los fallos que en las últimas semanas beneficiaron, entre otros, al
latifundista Pedro Blaquier –dueño del Ingenio Ledesma-, a Vicente Massot, dueño
del diario La Nueva Provincia y a Alejandro Bottinelli, del staff editorial de
Atlántida.
Exigimos:
Exigimos:
¡¡¡CARCEL
YA A TODOS LOS GENOCIDAS!!!
¡¡¡APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA!!!
¡¡¡RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS JOVENES APROPIADOS!!!
¡¡¡APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA!!!
¡¡¡RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS JOVENES APROPIADOS!!!
El
nombramiento del genocida Milani al frente del Ejército revela, definitivamente,
hasta donde llega la hipocresía del gobierno K en materia de derechos humanos.
Milani ya había
sido denunciado en 1984, en el informe de la Conadep de La Rioja. Las pruebas
contra él por su participación en el Operativo Independencia, en la desaparición
del conscripto Alberto Ledo, en el secuestro y tortura de Pedro Adán Olivera y a
su hijo, Ramón Alfredo, en el secuestro y tortura de Verónica Matta y el
periodista Schaller, son abrumadoras. Denunciamos al juez Bejas, de Tucumán, que
se negó a llamar a indagatoria a Milani, bajo los argumentos de la obediencia
debida. También denunciamos al juez federal de La Rioja Daniel Herrera
Piedrabuena por declarar nula la causa Olivera.
Milani es un
ejemplo paradigmático de los miles de represores que permanecen en las fuerzas
de seguridad sin ser juzgados por sus crímenes durante la dictadura.
El empeño del
gobierno en sostener a Milani, a pesar de las contundentes evidencias en su
contra, se explica por su rol en la reorganización de un aparato de inteligencia
dirigido al espionaje interno. La nueva ley de inteligencia le otorga un poder y
un presupuesto fenomenales.
La presidenta,
por cadena nacional, y en presencia de Milani, llamó a superar los prejuicios
hacia los militares. Su objetivo es naturalizar la ingerencia de las fuerzas
armadas en la seguridad interior. Mostró, una vez más, su política de
reconciliación con los genocidas.
¡¡FUERA MILANI!!
Desde esta plaza
denunciamos la política de entrega y ajuste del gobierno nacional y de los
gobiernos locales, respaldada por las grandes patronales y la burocracia
sindical, que descarga la crisis sobre los trabajadores y el pueblo.
Repudiamos el
pago de la fraudulenta e ilegítima deuda externa, la megaminería a cielo
abierto, la presencia de Monsanto, los acuerdos con Chevrón y con China y la
instalación de una base militar china en nuestro territorio.
Denunciamos el
ataque cotidiano a los derechos básicos a la vivienda, al trabajo, a salarios y
jubilaciones acordes a la canasta familiar, a la salud y la educación. Nos
solidarizamos activamente con todas las luchas populares, con los obreros
industriales, con los docentes, con los trabajadores de la salud, con los
desocupados y con los jubilados.
El asesinato de
numerosos luchadores populares, la sanción de la ley antiterrorista, la
criminalización de la protesta, con presos políticos y miles de procesados, los
trabajadores de Las Heras condenados a cadena perpetua y la persecución a los
pueblos originarios que luchan en defensa de sus territorios ancestrales y de su
cultura; el espionaje a las organizaciones y militantes obreros, estudiantiles y
populares, la represión a las movilizaciones de desocupados, la militarización
de los barrios y la criminalización de la pobreza, como en el desalojo del
Barrio papa Francisco, y la complicidad del Estado con los distintos grupos
narcos que operan en el país, han sido la marca de la política en materia de
libertades democráticas del gobierno kirchnerista.
Con Berni al frente de la represión, durante el último año se agudizó la militarización de los conflictos obreros que comenzó con Gestamp, continuó en Emfer y se profundizó con las 18 represiones en la Panamericana contra los obreros de Lear. Este avance represivo es producto del acuerdo entre el gobierno, estas patronales y la burocracia sindical.
La masacre de
Cromañón, la tragedia de Once y el incendio intencional de Iron Mountain
desenmascararon los grandes negociados y la corrupción que atraviesa impunemente
al Estado y que pagamos con la vida de cientos de jóvenes y hombres y mujeres
trabajadores. Denunciamos la complicidad de todos los estamentos del Estado con
el narcotráfico y la trata de personas. Centenares de mujeres permanecen
desaparecidas víctimas del negocio de la trata.
La muerte
de miles de jóvenes a manos del gatillo fácil y de la represión policial y de
todas las fuerzas de seguridad, la tortura y muerte en cárceles y comisarías,
con la complicidad de jueces y fiscales, marcan también dolorosamente la
impunidad del presente.
Son más de 4350
los jóvenes asesinados desde 1983.
El crimen de
Luciano Arruga puso de manifiesto con claridad la red de encubrimiento y
complicidades entre el poder político, la justicia y la policía. Luciano fue
encontrado después de seis años de lucha, durante los cuales la policía de
Scioli, Casal y Granados se dedicó a espiar y amedrentar a sus familiares y
amigos. No fue un accidente. A Luciano lo mató la policía y lo desapareció el
Estado.
BASTA DE CRIMINALIZAR LA PROTESTA Y LA POBREZA
FUERA BERNI
FUERA BERNI
Como cada 24 de
marzo, denunciamos la represión y la impunidad promovida por los gobiernos
provinciales y el gobierno de Macri. Estos gobiernos, a pesar de sus disputas,
coinciden en dar una respuesta represiva a las luchas obreras y populares.
Denunciamos la
responsabilidad del gobierno nacional y los gobiernos de las provincias de
Buenos Aires y Santa Fe, en el encubrimiento de la bonaerense y en la impunidad
de los responsables de la segunda desaparición de Julio López y del asesinato de
Silvia Suppo.
APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LÓPEZ
ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO DE SILVIA SUPPO
ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO DE SILVIA SUPPO
La muerte
del fiscal Nisman confirmó lo que venimos denunciando hace años: la impunidad es
política de Estado. Sacó a la luz la feroz disputa entre diferentes sectores del
aparato represivo, los servicios de inteligencia y de las clases dominantes.
La muerte de
Nisman es una muerte política, inscripta en los 21 años de encubrimiento y
manipulación, por parte del Estado y la justicia, de la causa que investiga la
masacre de la Amia.
El gobierno
nacional no puede negar su relación y colaboración directa durante más de 10
años con Stiusso y Nisman, que operaban con la CIA y el MOSSAD, y con los
servicios que hoy cuestiona.
En su discurso
del 1º de marzo, la Presidenta mostró que el Estado argentino sigue poniendo el
atentado a la AMIA al servicio de las políticas de las grandes potencias
imperialistas. Pretende desligar la responsabilidad del Estado Nacional en la
masacre y en la trama de impunidad y encubrimiento de la conexión local,
sostenida desde el mismo momento del atentado por los diferentes gobiernos y la
justicia cómplice.
La apertura de
los archivos anunciado por la presidenta es una farsa.
Los
archivos permanecen cerrados. Para arribar a la verdad, es imprescindible la
formación de una Comisión Investigadora Independiente con plenos poderes y que
se abran todos los archivos secretos de la causa. De los 21 años de impunidad,
doce corresponden a los gobiernos kirchneristas.
La orientación
que los distintos gobiernos postdictadura dieron a los servicios de inteligencia
fue dirigirlos hacia la infiltración y el espionaje interno.
Lejos de ayudar al
esclarecimiento del atentado a la AMIA o de la voladura de la fábrica de armas
de Río Tercero, han contribuido a su encubrimiento. Estos mismos servicios
estuvieron activamente involucrados en la masacre de La Tablada, de Puente Pueyrredón, en la desaparición de Julio López y en tantos otros crímenes contra
el pueblo.
El gobierno de
los Kirchner continuó y profundizó esas prácticas, con las leyes antiterroristas
y el proyecto X con el que espió e infiltró a obreros en lucha, con el espionaje
a estudiantes secundarios, a militantes de derechos humanos y de diferentes
movimientos sociales y partidos políticos y a todos los que luchan en defensa de
los derechos populares.
Exigimos:
Desmantelamiento del aparato represivo y de espionaje. ni side – ni afi.
No al
proyecto x -no a la ley antiterrorista.
Basta de
manipulación y encubrimiento del estado y la justicia en la causa AMIA. Comisión
investigadora independiente
Existe una
disputa entre el gobierno y sectores de la oposición tradicional por el control
de un aparato judicial que siempre utilizaron contra los trabajadores. Esta
pelea fracturó como nunca el poder judicial. Seamos claros: el poder judicial
está dividido entre un sector dirigido por el gobierno y otro hegemonizado por
jueces y fiscales involucrados también con la impunidad y la criminalización de
la protesta, apoyados por sectores reaccionarios como Macri -que fundó la
Metropolitana con el Fino Palacios y creó su propio servicio de espionaje- y por
Massa, cuyo jefe de campaña es Juan José Álvarez, uno de los responsables de la
masacre de Puente Pueyrredón y hombre de los servicios de inteligencia.
Sin ningún rubor,
la presidenta denunció la existencia de un partido judicial cuando muchos de los
funcionarios y jueces que denuncia le fueron funcionales durante estos doce años
de gobierno e incluso fueron nombrados a iniciativa del Ejecutivo. El gobierno
no dudó en manipular jueces y fiscales a su antojo para frenar causas que lo
involucraban en hechos de corrupción.
Más que nunca, hoy es evidente para millones de argentinos aquello que desde hace años venimos reclamando desde el Encuentro MVJ: la necesidad de liquidar los aparatos de inteligencia heredados de la dictadura y la apertura de todos sus archivos secretos.Sólo se ha abierto un número mínimo, de contenido casi inocuo, de aquellos archivos. Esto es particularmente grave, porque con ellos sería posible conocer el destino de nuestros compañeros desaparecidos y recuperar la identidad de sus hijos nacidos en cautiverio y apropiados. También sería posible descubrir infiltrados en el movimiento popular, como se demostró con los agentes del Batallón 601 Gerardo Martínez y Raúl Tarifeño de Neuquén.
Apertura
de todos los archivos de inteligencia
La recuperación
de la identidad de los hijos de desaparecidos es una necesidad y un derecho del
presente. Es una responsabilidad del Estado y no puede depender de la voluntad
individual de cada joven.
El traslado del Banco Nacional de datos genéticos del Hospital Durand y su privatización no sólo abre la puerta a un gran negociado sino que además acota el acceso al derecho a la identidad.
El traslado del Banco Nacional de datos genéticos del Hospital Durand y su privatización no sólo abre la puerta a un gran negociado sino que además acota el acceso al derecho a la identidad.
Del mismo modo,
afirmamos: la memoria popular es una construcción colectiva y por eso
denunciamos la manipulación del gobierno nacional sobre los sitios de memoria,
manipulación que resulta coherente con su política de reconciliación con los
genocidas, como lo demuestra su cerrada defensa del genocida Milani.
Compañeras y
compañeros:
En esta marcha
popular, queremos repudiar la brutal amenaza del imperialismo yanqui a Venezuela
y expresamos toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano.
La dictadura
genocida que estamos repudiando en esta plaza se propuso terminar con la lucha
de los trabajadores y el pueblo por conquistar un país con pan, trabajo, tierra,
salud, educación, vivienda para todos, por una niñez y una vejez protegidas, por
una juventud con futuro.
Hoy, luchando
contra la impunidad de ayer y de hoy y contra las distintas formas de represión
y persecución a los trabajadores y el pueblo afirmamos que las banderas por las
que lucharon nuestros 30000 compañeros detenidos desaparecidos están vigentes
cada día más. Ratificamos nuestro compromiso de continuar la lucha por
conquistar una Argentina sin opresión, sin represión y sin explotación.
30.000 compañeros
detenidos desaparecidos ¡¡¡Presente!!!
En Venezuela se plantea lo que es prioritario organizar abajo y a la
izquierda en Argentina:"Es hora de comenzar el proceso constitutivo de
“Gobierno Popular” desde un espacio externo al Estado pero al mismo tiempo
con fundamentos y principios universales y propios que lo proyecte en un
futuro como un espacio transversal y multidimensional, con capacidad de
disputarle todo el poder al Estado del capital".
Preguntas y principios de Gobierno
Popular
14 de marzo de 2015
14 de marzo de 2015
Por Roland Denis (Rebelión)
El documento que presentamos, es un texto para
su discusión colectiva. Aquí proponemos algunas ideas y conceptos de lo que ha
venido fraguándose como Gobierno Popular y su potencial hoy en nuestras tierras,
sin entender esto como un utopismo abstracto sino la concreción de una tendencia
social liberadora que comenzó a abrirse paso desde la misma revuelta del 27 de
febrero del 89.
La creación, constitución y expansión del poder popular ha sido
desde su nacimiento un propósito unificador de la lucha popular, y un eje
transversal de toda la revolución bolivariana y socialista, en su vertiente más
radical. Su historia con todos los tropiezos, represiones, perversiones internas
y saboteos, aún así sigue adelante, siendo esto una gran victoria política de
nuestro pueblo.
Sin embargo, muchos nubarrones tenemos por
delante, primero un mundo que se acopla imperialmente desde sus costados
occidentales y orientales mundiales y para los cuales somos un blanco
importante, frente a lo cual tenemos que prepararnos “desde abajo”. Luego, por
sus costados internos, donde la decadencia y desastre económico del
Estado-nacional burocrático, rentista, corrupto, es cada vez mas crítica,
deshaciéndose la legitimidad de sus instituciones y la funcionalidad de sus
partidos y cúpulas que han polarizado la historia política en los últimos años,
fenómeno que crea las condiciones para el fortalecimiento de autocracias
internas y cualquier cantidad de desbordes reaccionarios.
Ya no basta entonces con hablar de gobierno
nacional y por otro lado del poder popular. En nuestra consideración es imprescindible un
paso de avance que permita acelerar ante de que sea tarde la “pulverización del
estado burgués” pedida por Chávez.
Es hora de comenzar el proceso constitutivo de “Gobierno Popular” desde un
espacio externo al Estado pero al mismo tiempo con fundamentos y principios
universales y propios que lo proyecte en un futuro como un espacio transversal y
multidimensional, con capacidad de disputarle todo el poder al Estado del
capital. Una revolución social y libertaria como la que
nos hemos planteado no tiene ninguna salida sin esta ruptura, para lo cual
debemos a nuestro modo de ver preparar las condiciones políticas desde ahora
para este salto.
Nuestras preguntas y nuestras repuestas:
-¿Qué quiere decir «pueblo» cuando hablamos de
Gobierno Popular? No estamos definiendo al
«pueblo» como una sustancia abstracta de
soberanía, bajo el entendido liberal o populista. Siguiendo la definición
recordada por Jodi Deam, en su libro “el horizonte comunista”, referimos
«pueblo»
como “la parte de los sin parte”, el pueblo como esa fuerza dividida y divisiva
que hace parte de un “resto del nosotros” que quebrado, desposeído pero a la vez
generador de esa “parte” o ese resto del todo social, es capaz de optar por otra
vida y luchar por ella y darle forma; el
«pueblo»
es el que está en lucha, es la vanguardia
colectiva de una sociedad quebrada y fragmentada.
Se trata de diferenciarse completamente de
toda aquella simbología popular tan utilizada por cualquier demagogia del Estado
protector y redentor que se autolegitima en una “soberanía popular” que todos
los días expropia. Aunque comience en su parte de los sin parte, aquí
sólo
el pueblo salva y emancipa al pueblo.
-¿Quién es el
Gobierno Popular?
Obviamente estamos hablando de un gobierno de muchos y muchas, que en su parte
rompen las relaciones de sumisión y explotación,
pero no de un “todos” inmediato y además imposible de juntar por la propia
desigualdad social y los miedos infundidos a unirse a los procesos de
liberación.
Desde el principio del no-Estado (un gobierno que no es un Estado-nacional), una
parte de ese todo social que es el pueblo al que nos referimos, desencadena
nuevas formas políticas de gobierno donde no media la externalidad del Estado,
el “desde arriba” de las tradicionales cúpulas que asumen la representación de
la sociedad civil. Se derrumba el viejo poder de élites de cualquier tipo y se
provoca el espacio posible autogobernante, constituyente, originario. Muchos y
muchas irán
dándole forma sin predeteminación otra que no sean amplio
consenso o contratos sociales de autogobierno, como en efecto lo estamos
haciendo. No es un gobierno que se instala desde una o varias cúpulas políticas,
sino que se va haciendo, que va sumando, que va integrando y mediando
diferencias, hasta irrumpir por completo.
-¿Qué es lo que gobierna el Gobierno Popular?. Pongamos en claro que al no estar
determinados por la lógica del Estado-Nación, tal gobierno no gobierna personas (principio
del despotismo puro) ni instituciones en sí (principio del estado
liberal-democrático).
Se trata de constituir gobierno desde los procesos concretos donde
se constituyen espacios de gobernabilidad común. Gobierna por tanto procesos de
liberación que pueden llegar a ser infinitos en el tiempo, determinados
espacialmente por
la territorialidad del fenómeno de insubordinación que se
es capaz de generar dentro y más allá de la nación, extensos de manera impredecible en las formas institucionales que
adopte, hasta convertirse en una hierba transversal a todos los tiempos y
espacios de la vida nacional y más allá de la nación, capaz de provocar el
nacimiento de “otra política y otra gobernabilidad”, radicalmente contraria a la
forma-Estado creada históricamente por las burguesías emergentes europeas.
-¿De qué tipo de gobierno o democracia se
trata?. Se
entiende que al
no ser un gobierno representativo de nada, es un gobierno básicamente
asambleario, delegativo-funcional, rotativo, absolutamente transparente, de
plena y continua rendición de cuentas, que no posee ninguna burocracia propia
sino personales que se avocan a trabajar libremente para sus necesidades,
funciones y metas específicas internas.
No es una simple democracia formal, como se dijo en aquellos días del 27F es una
“democracia de la calle” -o también diríamos del saber- que supone una fusión
libre de voluntades cada vez mayores bajo formas de convivencia y libertad cada
vez más avanzadas y complejas, para lo cual no hay modelo preestablecido de
soberanía (“no hay calco ni copia” siguiendo las enseñanzas de Mariátegui y
Simón Rodríguez), sino invención concreta de una verdadera República
autogobernante.
-¿Cuál es el lugar del Gobierno Popular?. No se trata de un gobierno que reside en ningún lado específico como es el caso de los gobiernos de Estado en sus dimensiones nacionales, regionales y locales. Su residencia es el lugar de su convocatoria y donde se resuelve a decidir y trabajar. No es posible “tomarlo” por tanto, simplemente se ejerce donde se es necesario y posible, así sea un “rancho” perdido o un “palacio” expropiado, en combinación con otros espacios. No se trata entonces de un “lugar” de gobierno sino de una estrategia de poder, ejercida donde se decida y pueda hacerlo. Cada espacio de Gobierno Popular va construyendo un centro o centros propios, con poderes que se acrecientan y que van “pulverizando el Estado burgués” como pedía Chávez.-¿Quién autoriza al Gobierno Popular?. Se trata de un gobierno de muchos y muchas que no tienen parte en el festín de la acumulación capitalista, por tanto se autoriza a sí mismo teniendo como base los principios constituyentes, los contratos sociales, las cartas de lucha, que se vayan acordando y dándole legitimidad territorio por territorio emancipado, todo lo contrario de lo que supone una autocracia democrático-liberal o despótica. De esa manera, no está determinado por un régimen exterior a él sino por la inmanencia de su propio proceso. Cada ejercicio real de gobierno popular va determinando sus formas y regímenes internos donde se explaye la creatividad popular, incluidas las formas de votación y organización necesarias. Podríamos decir en ese sentido que el Gobierno Popular es “la dictadura de la máxima democracia posible” (Marx lo llamaba “la dictadura del proletariado”, el filósofo Spinoza “la democracia absoluta” los anarquistas “el comunismo libertario”, nuestros indígenas del sur “el Aylú”, son términos que suponen esencialmente lo mismo en su definición, mas allá de sus matices doctrinarios e históricos. Incluso aquí en Venezuela de forma mas ambigua se le ha llamado “Estado comunal”) .
-¿Qué es lo que gobierna un Gobierno Popular?. Desde el principio del Estado-Nación, su gobierno es único,
representativo (representa a la nación y al pueblo) e insustituible. Es la
condición para la sobrevivencia y reconocimiento de un Estado. Aquí,
por el contrario, estamos hablando de formas de gobierno que el pueblo del que
hablamos se va dando en un proceso constitutivo complejo donde el ejercicio de
poder propiamente (la capacidad de imponer su decisión) será más “única” (en su
forma no-estatal, es decir, “único” mas no en régimen único) en la medida en que
vayan implosionando la viejas formas del poder de Estado y la hegemonía de un
gobierno popular aumente. Esto se dará en un tiempo y espacio regional y
planetario imposible de prever, y ninguna certeza de que va a vencer. Para los
momentos como el que vivimos en este espacio del planeta, podemos decir que
estamos en la capacidad de multiplicar por todo el territorio formas de Gobierno
Popular donde el ejercicio concreto del poder popular se ejerza autónomamente de
acuerdo a la ley, o se amplíe esta capacidad más allá de ella hasta superarla
por completo, y por otro lado, de acuerdo a la capacidad de movilización y
legitimidad alcanzada, “ponga contra la pared” a los poderes fácticos del
capital y los poderes legales del Estado hasta sustituirlo, cumpliendo los
propósitos liberadores que determine cada comunidad. De esta manera el colectivo
tendrá cada vez más poder para ir planificando y ejerciendo efectivamente un
horizonte igualitario para una nueva vida, creación de nuevas relaciones de
producción, destrozar las divisiones de trabajo, status social y saberes que nos
ahogan bajo la opresión capitalista. Cada situación determinará la formas de
esta confrontación, sus avances y retrocesos, su paz como su
violencia inevitable.
-¿Que ejercicio de ley y de derecho es posible
desde el Gobierno Popular?. La
ley burguesa no se impone por su misma razón y la representatividad de los
individuos que la dictan, tal como lo quisieron y formularon los creadores
originales del modelo del Estado-nación. La ley en definitiva se impone por la
fuerza, imponiendo la esencia de ella bajo la sociedad capitalista que es la
propiedad. El avance revolucionario nos ha permitido valernos de una
constitución que puede se usada en primera instancia, allí donde se afirma que
la soberanía popular es intransferible y por otro lado haciendo de la asamblea
popular (“de ciudadanos”) un lugar vinculante de obligada obediencia por parte
del Estado. Si no hay ni la fuerza ni la hegemonía cultural suficiente para
hacer valer del todo la ley revolucionaria, sí es posible no obstante ir creando
mecanismos normativos y legales cada vez mas amplios desde donde el pueblo se
dote de su propia ley y obligue al poder constituido a acatarlas y reconocerlas,
sosteniéndose en premisas constitucionales.
El juego de las bases constitucionales del poder
popular y la fuerza del Gobierno Popular como estrategia y movimiento
multiplicándose, permitirá generar formas parlamentarias de decisión y
tribunales propios donde el pueblo al cual aludimos le vaya quebrando el
espinazo a la esencia de la ley burguesa que es la propiedad y la represión al
desobediente frente a ella. No se trata de caotizar el mundo sino de crear un
orden totalmente distinto y variado, donde la decisión por ley aprobada en lo que
respecta a la propiedad, los derechos sociales, las formas de convivencia,
ordenamiento institucional del Gobierno Popular, castigos al delito, etc., tenga
su raíz en decisiones de ley aprobadas por nuestros propios espacios de
gobierno, y con la fuerza para imponerlas.
La ley revolucionaria frente a la ley burguesa
es un espacio por excelencia de correlación de fuerzas que tenemos que abordar
con toda la creatividad e inteligencia necesaria, entendido como dicen muchos
que lo que no es posible por acuerdo y negociación será por la insurrección.
-¿A qué se enfrenta el Gobierno Popular?. Por supuesto
se enfrenta al Capital y al Estado como entidades universales de
dominio capitalista, pero dentro de un orden mundial que rebasa el ejercicio
nacional y los obliga en su lógica económica o política a convertirse en
pequeños cónsules de un mundo aún conflictuado por los grandes intereses
imperiales, y lleno de poderes paralelos y “microfisicos”, por lo general
privados, mafiosos, a estas entidades legales. Pero hay que advertir que no estamos en
posibilidad de ninguna batalla final. Podemos apostar a una estrategia de poder
dual -equivalencia de poderes en pugna estatistas y no estatistas- dentro de
espacios que si todo va bien podemos abarcar el espectro nacional, suscribiendo
los principios libertarios de la revolución bolivariana.
Se comenzará con
acabar con los despotismos regionales tradicionales,
con las desgraciadas formas del colonialismo
sobreviviente, con las nuevas formas de la criminalidad y opresión mafiosa, con
las entidades monopólicas que absorben todas las economías locales y regionales.
Pero también es perfectamente posible ir acabando con las entidades
institucionales del Estado burgués como
escuelas, hospitales, cárceles, policías, y ser
sustituidas por entidades liberadas por el Gobierno Popular que tengan que ver
con la salud, la educación, los servicios públicos, el ambiente, la seguridad,
la justicia, etc, dándonos una nueva estructura pública en manos de los pueblos.
Y por supuesto todo ello va ligado nuevos espacios de defensa frente al monstruo
imperial y sus tentáculos locales, como a la generación de nuevas formas de vida
soportadas materialmente en nuevas relaciones de producción, distribución,
comercialización.
La relación entre defensa y producción es básica para una nueva soberanía, es la
comunalidad autogestionaria preparada para enfrentar cualquier agresión externa
o interna bajo los principios de la “guerra de todo el pueblo” por la conquista
de la mayor felicidad colectiva.
-¿Qué puede hacer el Gobierno Popular frente a
la hegemonía del mercado y la economía capitalista?.
Siguiendo la misma lógica de la confrontación con el Estado, aquí tampoco se
trata de acabar por decreto con el mercado y la propiedad, hablando de elementos
inscritos en la vivencia cotidiana global, una dialéctica de lucha muy compleja
que debe mantener su capacidad de ir destruyendo la lógica capitalista de la
explotación, el saqueo a los pueblos y la depredación natural.
De lo que se trata es de socializar en las
formas más avanzadas y participativas elementos que están totalmente
privatizados y monopolizados y que el Gobierno Popular debe propugnar su
socialización de incorporando la sabiduría dispersa entre toda a complejidad
social. Pero se trata así mismo de tomar medidas contundentes y universales
empezando por la propiedad de la tierra que debe ser socializada y la propiedad
común del conocimiento.
Hay mucho que expropiar al Estado burocrático y la empresa monopólica que solo
sirven al incremento de la pobreza, cuando no abandonadas fábricas y materiales
por nuestra inútil burocracia. Tenemos en nuestro caso el problema de la Renta
Petrolera, que debemos ir apropiándonos de ella' ”desde abajo” hasta llegar a
una alianza de gobernabilidad conjunta entre los trabajadores petroleros con
cada vez mas control democrático sobre la industria, sus instancias de decisión
y los espacios autogobernantes del Gobierno Popular, poniendo al Estado-nacional
“contra la pared” en lo que respecta a su uso y distribución, sacándole de las
manos por completo la apropiación histórica del gran capital sobre ella. Pero al
mismo tiempo, muchos más allá de la renta,
es imprescindible generar formas de planificación
participativas y de mercado donde prive el control social sobre ellos y la
conciencia colectiva sobre el objetivo común a alcanzar para garantizar el
bienestar igualitario. El Gobierno Popular es en ese sentido un gobierno
plenamente socialista, antiestatista y anticapitalista, avocado a la generación
de una colectividad con capacidad de engendrar una economía, es decir, formas de
producción, distribución y consumo, no-capitalistas y altamente colectivas,
sanas y solidarias, hasta desmoronar por completo el Estado rentista del
capital.
-¿Cuáles son las formas de autogobierno a las
cuales apuesta el Gobierno Popular?
Obviamente las formas de autogobierno no son
predecibles, cada pueblo inventará las suyas. Ahora si todo esto tiene sentido
es porque efectivamente hemos construido las bases mínimas para un Gobierno
Popular de “las partes sin parte” de un “resto del nosotros” que no se acopla a
ningún orden preestablecido que no hay sido el suyo producto de su lucha. Esa es
la revolución lo otro es pacotilla discursiva.
En ese sentido
desde los Consejos Comunales-Comunas, los corredores comunales establecidos, el
control obrero y el movimiento de ello, más la cantidad de formas movimientales
y de control social a nivel de salud, comunicación, educación, ecología y
derechos sociales, establecen en sí la premisas de ese gobierno popular y los
sujetos constitutivos del mismo. Y ahora es que falta, la articulación y
potenciación productiva, comunicacional y política de ello será la expresión
propiamente del Gobierno Popular en Venezuela.
-¿Cómo se constituye el Gobierno Popular?
Ésta siempre será la pregunta pendiente. Sin duda todo tendrá que
ver con los niveles de lucha y organización que se alcancen, algo que puede
acelerarse o detenerse de acuerdo al avance del poder popular en los próximos
tiempos. Estimamos posible en todo caso
un movimiento que vaya hacia el debate y más
adelante la construcción de una primera carta constitutiva, o contrato social,
que pueda ser la base para que muchos espacios autogobernantes o con la
potencialidad de serlo, se sumen a este movimiento conjunto constitutivo.
Si se logra, es perfectamente posible llegar a una verdadera asamblea
constitutiva de un primer Gobierno Popular y la determinación de los principios
de su contrato social a nivel nacional. De todas formas si pretensiones
nacionales inmediatas se considera que no son posibles alcanzar por ahora, este
avance puede darse regionalmente de la misma forma. En una suerte de suma
geométrica de las mejores voluntades dispuestas a ello que se conformen en la
vanguardia primera del Gobierno Popular diseminado por diferentes espacios en el
país, buscando su integración nacional progresiva.
-¿Cuál es la relación entre el Gobierno-Estado
y el Gobierno Popular? De acuerdo a lo que venimos exponiendo ésta es una relación
básicamente contradictoria cuando no antagónica, pero que dependerá del mismo
devenir político del proceso y la nación. Desde los comienzos de la revolución
bolivariana, hablando de poder popular y de proceso popular constituyente, esa
relación entre poderes de Estado y del no-Estado se entendió como una relación
de apoyo y “devolución del poder al pueblo”. Ahora,
la buena voluntad política se convirtió en paternalismo, en burocratización y
cooptación del poder popular, en intento de administración vertical del mismo
hasta llegar a pervertirse y corromperse en muchos casos. Sería ideal un “cambio de timón” como pidió Chávez para regresar
al punto de principio y sanear esta situación bajo una profunda autocrítica.
Pero la tendencia no va hacia allá, sino a un juego de discurso, de generación
de formas artificiales de Gobierno Popular desde Miraflores, y reafirmación
autocrática al interno de partidos y el poder constituido. Por ello se tensa
cada vez esta situación, aunque se siga apoyando al gobierno constituido. Si
triunfa la derecha en los próximos tiempos esa situación será sin lugar a dudas
antagónica y muy probablemente violenta. Por ello mismo, la relación entre uno y
otro es imposible de definir a priori, fuera del contexto real en que se viene
dando. Desde el amor hasta la guerra todo es posible. Ahora, ya a estas alturas,
dada la experiencia recorrida, y las circunstancias mundiales en que estamos
envueltos, lo que es imprescindible es la existencia y reconocimiento de la
estrategia constitutiva de Gobierno Popular como principio unitario de base que
formalice definitivamente el paralelismo de poderes dando un salto cualitativo
imprescindible al proceso revolucionario, y así estar algún día en condiciones
de exigir “todo el poder al Gobierno Popular”.
-¿Cómo puede ser reconocido un Gobierno
Popular entre nosotros?. No se puede esperar reconocimientos inmediatos de algo
que no hace parte de la lógica de dominio del mundo que vivimos. Será reconocido
en la medida en que el gobierno popular gobierne y se pida su reconocimiento,
algo muy parecido a lo que pasa con la revolución en Rajova del Kurdistán Sirio,
con las espirales de “buen gobierno” en Chiapas; formas de no-Estado donde el
ejercicio de gobierno colectivo entran en otra lógica y cultura totalmente
distintas, en una suerte de “constituyente originaria”, y por tanto se adelantan
a un mundo realmente diferente del cual apenas estamos viviendo sus primeras
expresiones, muy difíciles de reconocer. Que el gobierno venezolano empiece por
aceptarlo sin querer absorberlo ya sería un paso, pero muy difícil en este
contexto de polarización, corrupción y burocratización avanzadas, a lo cual nos
referimos. Otros movimientos en el mundo lo podrían hacer y también hay que
pedírselos. Pero el primero en que se debería buscar reconocimiento es en el
pueblo “del todos” o al menos del “muchos mas”, independientemente de las formas
y expresiones propias “de la parte” involucrada. Lográndolo hacia abajo
estaremos venciendo, lo demás, hacia arriba, hacia el mundo, viene solo.
Roland Denis
Asamblea de Militantes
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