d.
La lucha por los «derechos de la naturaleza» significa
arraigar la autodeterminación de todos
los
pueblos planetarios
desde las diversas resistencias a
las
distintas modalidades del extractivismo.
27 de marzo
de 2016
Indaguemos porqué la disputa por territorios de los
pueblos indígenas y de las organizaciones de autoconvocados para anteponer la
vida por sobre los negocios (megamineros, petroleros, sojeros, inmobiliarios,
etc.) abre caminos a buenos vivires-convivires de los de abajo. Al
estar en "zonas de sacrificio" se rebelan contra lo establecido y el sentido
común cuyo mandato es priorizar las necesidades de trabajo y de progreso sin que
importe destruir tanto las comunidades como los ecosistemas.
Derechos de la Naturaleza:
globales pero también locales
17 de abril de 2010
Por
Eduardo Gudynas
Es necesario un cambio radical en la forma de valorar el ambiente que nos rodea
y a los recursos naturales que alberga la Naturaleza.
La persistente crisis ecológica no es sólo el resultado de fallas técnicas o
incapacidades en el monitoreo ambiental, sino que sus raíces profundas se
encuentran en valorar a todo lo que nos rodea según su utilidad o rentabilidad.
Por lo tanto, la discusión sobre los derechos de la Naturaleza, tal como se
propone en el encuentro de Cochabamba (Bolivia), es un paso adelante hacia una
postura ética que reconoce los valores propios en el ambiente, independientes de
su beneficio o utilidad para las personas. Si bien esto puede parecer muy
sencillo, en realidad implica un cambio radical en cómo se asignan los valores,
con implicaciones que van desde la economía a las prácticas políticas.
Los derechos de la Naturaleza se expresan en múltiples escalas. Es tanto un
asunto global, tal como se observa en el énfasis del encuentro de Cochabamba
sobre cambio climático, pero también tiene implicancias y urgencias a nivel
continental, nacional y local.
Sin embargo, en los últimos tiempos, la insistencia en los cambios del clima
planetario ha servido de excusa para dejar de lado esas otras escalas. No recibe
toda la atención que merecen los evidentes problemas ambientales a escala
continental. Entre ellos, en América del Sur, el avance de la deforestación en
las zonas andino amazónicas está cambiando la dinámica climática regional, y
parecería que es uno de los factores que explican los cambios en el régimen de
lluvias en la vertiente atlántica del Cono Sur.
Tampoco deben olvidarse los problemas ambientales a escala nacional y local. No
es posible desatender serios impactos como la deforestación, el incremento
vertiginoso en el uso de agrotóxicos o las serias limitaciones en manejar los
residuos urbanos.
De esta manera, cada escala está estrechamente enlazada con las otras, y en todas ellas está presente la problemática de la ética ambiental. El utilitarismo que está detrás de la deforestación o la expansión de los monocultivos, tienen clarísimos efectos locales, pero también son las principales fuentes de emisión de gases con efecto invernadero desde América del Sur. Por lo tanto, si en Cochabamba se va a discutir el cambio climático global en serio, el debate también debe abarcar a nuestros propios países, nuestra propia Madre Tierra. La ética ambiental global va de la mano con una local, y se deben discutir asuntos como el manejo de los suelos, la pérdida de bosques o el papel de las agroexportaciones. Una nueva mirada a los derechos del ambiente planetario no puede generarse desde una ceguera ecológica local.
A ese nivel, los grupos ciudadanos siguen siendo los mejores y más atentos
vigilantes de la situación en el ambiente que les rodea.
Ellos
detectan las contradicciones ecológicas, y permiten crear los necesarios puentes
entre las escalas local y nacional, con la planetaria. Un
ejemplo de esos vínculos está en la insistencia del Consejo de Ayllus y Markas
del Qullasuyu (CONAMAQ) de Bolivia, quienes juntos a otras organizaciones
ciudadanas, buscan debatir en Cochabamba asuntos como los impactos de la
minería, las prospecciones petroleras o los planes de construir represas
hidroeléctricas en la Amazonia. En esos y otros casos está en juego la
construcción de los derechos de la Naturaleza.
Abandonar la vieja ética de la apropiación y el uso, para incorporar una mirada
ambiental, no es fácil para muchas corrientes políticas y allí se generan muchas
resistencias. Eso explica que sea más sencillo enarbolar un discurso ambiental
a escala global, pero no se logra aplicar ese espíritu a escala nacional y
local. La insistencia de la sociedad civil, como los planteos de organizaciones
indígenas como CONAMAQ de Bolivia o CONAIE de Ecuador, obligan a reconectar la
problemática ambiental local con la global.
Pero las resistencias son tales, que el presidente Evo Morales frente a esas
demandas optaba por advertir sobre la “utilización” de los indígenas a manos del
capitalismo global, hasta que finalmente su gobierno decidió excluir los temas
nacionales de los debates en Cochabamba. Afirmar que ese tipo de organizaciones
y otros grupos ciudadanos estén al favor de un capitalismo depredador o sean
partícipes de algún tipo de complot internacional, es insostenible. La propia
historia de lucha de esas organizaciones deja en claro que sus objetivos son
otros.
Aún más, en esta fase del cambio político bajo gobiernos progresistas, está
claro que las demandas ambientales deben ser respondidas con argumentos y
medidas efectivas, y no simplemente con slogans mientras persiste la destrucción
del ambiente.
El resultado es contraproducente, ya que como no aparecen argumentos
convincentes para mantener las estrategias extractivistas del pasado ni
fructifican otros ensayos más allá de ellas, parecería que se termina dándole la
razón a los sectores conservadores que insisten en decir que la izquierda
gobernante realmente carece de una propuesta de desarrollo diferente a la de
generar múltiples programas de asistencia y bonos sociales.
También parecería que es más sencillo cuestionar los impactos ambientales de las políticas mineras o petroleras en el Perú de Alan García o bajo el gobierno de Alvaro Uribe en Colombia, pero se hace más difícil debatirlas en el caso de Evo Morales, Lula da Silva en Brasil o Rafael Correa en Ecuador.No faltan quienes sostienen que a los ambientalistas nada les conforma, criticando a todos, y no reconocer los cambios sustanciales generados desde el progresismo. Muchos de esos cambios políticos son reales, y no son pocos los que se lograron con el concurso efectivo del ambientalismo como parte de los movimientos sociales volcados al cambio. Pero la advertencia ecológica, y en especial las implicancias de reconocer los derechos de la Naturaleza, van más allá de los programas de gobierno, ya que son más profundas en tanto apuntan a un estilo de desarrollo que defiende valoraciones antropocéntricas y utilitaristas.
La
ética de la Naturaleza ataca las raíces del imaginario del progreso material, y
esa crítica verde desata muchas resistencias. En ese punto es oportuno apelar a
parafrasear un conocido manifiesto, señalando que el fantasma de la crisis
ecológica recorre el mundo, donde
la radicalidad de los derechos de la Naturaleza es de tal envergadura que los
creyentes en los viejos estilos de desarrollo se están uniendo para acosarlo,
sean presidentes de la antigua política o líderes de nuevos gobiernos.
Hay muchos ejemplos donde unos y otros atacan al ambientalismo, calificándolo
unas veces de ser demasiado radical, otras veces de ser conservador, allí lo
tildan de utópico, aquí lo denuncian como una barrera al progreso.
Esto deja en claro que la discusión sobre los derechos de la Naturaleza implica desafíos mucho más profundos de lo que usualmente se acepta, involucrando una redefinición de la justicia social para ampliarla al campo ambiental, apuntando a un desarrollo post-extractivista bajo nuevas prácticas políticas.
En este debate no se pueden acallar las voces de las organizaciones ciudadanas.
Específicamente en el caso del encuentro en Cochabamba,
cualquier discusión real sobre los derechos de la Naturaleza no sólo debe
profundizar su enfoque planetario, sino que también debe nutrirse de las alertas
locales, ya que desde ellas también se genera una nueva ciudadanía ecológica.
Esos
y otros debates desatarán incomodidades, y no hay que temerles, ya que el
alumbramiento de una nueva ética pasa por romper con viejas ideologías que están
profundamente arraigadas en todos nosotros.
Los derechos de la Naturaleza implican un cambio radical sobre los estilos de desarrollo, tanto en sus escalas globales como locales. Ignorar una de esas escalas hace imposible no sólo abordar a las otras, sino que imposibilita una verdadera transformación de nuestra relación con la Naturaleza.
Eduardo
Gudynas es analista de información en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología
Social) – www.ambiental.net
Repasemos porqué defender los «derechos de la naturaleza» es mirar por las condiciones esenciales a la vida presente-futura y los medios de trabajo.
Ecuador
tiene la Constitución más verde
Redacción BBC Mundo
7 de octubre
de 2010
Ecuador se ha convertido en el primer país del mundo que reconoce
en su Constitución derechos inalienables a la naturaleza, convirtiéndola de esta
manera en sujeto de derecho.
La nueva Carta Magna
ecuatoriana, aprobada en referendo hace una semana, está inspirada en la
filosofía del "buen vivir", que promueve la convivencia en armonía con la
naturaleza o Pacha Mama, mediante el cuidado de la biodiversidad, de los
recursos naturales, de la biósfera y del patrimonio natural.
Pero el texto constitucional va
un paso más allá y consagra uno de sus capítulos a otorgar a la naturaleza
derechos exigibles jurídicamente. (Vea
los principales artículos)
"La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la
vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y
procesos evolutivos", reza el artículo 71 de la Constitución, incluido en el
capítulo denominado "Derechos de la naturaleza".
Tras conocerse la intención de
consagrar derechos a la naturaleza en uno de los países más biodiversos del
mundo, que cuenta con ecosistemas únicos como la selva amazónica o el
archipiélago de las Galápagos, surgieron dudas.
¿Puede la naturaleza tener
derechos? ¿Quien va reclamarlos? ¿Dónde se van a procesar los reclamos?
"Justicia
ambiental"
"En realidad lo que se quería
era hacer justicia a la naturaleza y reconocer que si la justicia social fue en
el siglo XX el eje de las luchas, la justicia ambiental va a serlo en el siglo
XXI", le explicó a BBC Mundo Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea
Constituyente y uno de los impulsores de los derechos de la naturaleza.
Según Acosta, el objetivo era
"buscar un mecanismo para proteger a la naturaleza y a partir de esa visión,
abrir la puerta a un nuevo régimen de desarrollo en Ecuador".
En cuanto a la manera en que
esos derechos podrán ser ejercidos, Acosta recuerda que la Constitución otorga a
"toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad" la potestad de
"exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la
naturaleza".
Pero además del derecho a
existir, en la nueva Constitución se le reconoce al medio natural el derecho a
la restauración y se determina que "el Estado aplicará medidas de precaución
y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de
especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos
naturales".
Y agrega que "se prohíbe la
introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar
de manera definitiva el patrimonio genético nacional".
Para la redacción de este
articulado, la Asamblea Constituyente contó con el asesoramiento de la
organización estadounidense Community Environmental Legal Defense Fund (CELDF).
Liderazgo y
dudas
Según le dijo a BBC Mundo Mari
Margil, directora adjunta de la CELDF, con la aprobación de su nueva
Constitución "Ecuador está liderando el camino para cambiar de manera
fundamental la forma en que se protege la naturaleza".
Pese al optimismo que ha
despertado entre los grupos ambientalistas la adopción de los derechos del medio
natural, existe escepticismo sobre la manera en que serán ejercidos.
La economía de Ecuador sigue dependiendo en gran medida de la extracción de recursos naturales como el petróleo o los minerales, y en las últimas décadas las compañías estatales y multinacionales encargadas de explotar dichos recursos han contribuido enormemente a la degradación del medioambiente del país.
"Ahora tenemos que construir
la jurisprudencia adecuada para que la naturaleza pueda ser sujeto de derechos y
no quede sólo en un discurso lírico", señala Alberto Acosta.
Tomás Ciuffardi, colaborador de
BBC Mundo en Ecuador, señala que "aunque sectores conservacionistas opinan
que la Constitución da un gran paso en materia de protección medioambiental,
también hay preocupación por ciertas contradicciones entre artículos que dejan
espacio para interpretaciones ambiguas".
Un ejemplo, según Ciuffardi, es
el artículo 407, en el que se "prohíbe la actividad extractiva de recursos no
renovables en las áreas protegidas", aunque más adelante se incluye como
excepción a la regla de explotación "la petición fundamentada de la
Presidencia de la República, previa declaratoria de interés nacional".
Nuestro colaborador explica que
"eso quiere decir que es facultad del presidente decidir si conviene explotar
recursos valiosos como el petróleo, el oro o el cobre en áreas protegidas o
mantener la riqueza natural de selvas y bosques como proclama la Constitución".
Régimen de
desarrollo
Para Alberto Acosta este asunto
tiene que ver con el régimen de desarrollo del país.
Según el ex presidente de la
Constituyente, el problema reside en que "en Ecuador, como sucede en Bolivia,
Venezuela o Brasil, y de algún modo en Chile y Argentina, todavía no se ha
tomado una dirección que no busque prioritariamente la explotación de recursos
primarios, sean agrarios o minerales".
En cualquier caso, Acosta
recuerda que "en la Constitución anterior se daba la potestad a cualquier
funcionario del gobierno para impulsar la explotación de los recursos naturales,
incluso en las zonas protegidas, mientras que en la nueva se establece que sea
el presidente de la república en casos excepcionales el que presente una
solicitud a la Asamblea Nacional para que ésta mayoritariamente apruebe o no el
pedido presidencial".
Otro asunto objeto de disputa
ha sido la no inclusión del consentimiento expreso de las comunidades afectadas
por cualquier proyecto de explotación de recursos naturales.
"Debería haberse incluido
ese consentimiento junto con disposiciones que prohibieran cualquier actividad
minera o de extracción de petróleo que impacte en los hábitats en peligro o en
el suministro de agua", le indicó a BBC Mundo Cyril Mychalejko, editor de la
publicación de internet UpsideDownWorld.org, dedicada a política y activismo en
América Latina.
Según Mychalejko, "si se
hubiese hecho así mucha más gente estaría satisfecha".
Por su parte, Alberto Acosta
recuerda que ése fue uno de los temas más debatidos y complejos, no sólo en la
asamblea sino también en Acuerdo País, el partido del gobierno.
"No se pudo conseguir su
aprobación, aunque hay la posibilidad de la consulta previa con una gran ventaja
con respecto a lo que había antes, ya que no será la empresa privada interesada
en la explotación de los recursos la que realizará esa consulta previa, sino que
tendrá que ser el Estado quien organice esa consulta entre las comunidades que
podrían verse afectadas", señala.
Intereses
privados
Otros grupos también aseguran
que el reconocimiento de los derechos del medio natural colisionará con los
interés de las compañías que trabajan en la extracción de recursos
naturales del país.
Según Mari Margil "los
intereses de las grandes corporaciones chocan frontalmente con los ecosistemas,
ya que sólo buscan el negocio, extrayendo recursos y externalizando los costes
al medioambiente".
"Ello ya ha dejado a Ecuador
con una terrible degradación medioambiental", señala.
Además, algunas organizaciones
ambientalistas consideran que el modelo económico del presidente Correa,
sustentado en parte en los beneficios obtenidos de la explotación de los
recursos naturales, también choca con los derechos de la naturaleza.
Según Cyril Mychalejko, el
gobierno ecuatoriano "ha hecho comentarios contradictorios sobre la
definición de desarrollo sostenible y el tipo de relación que el país va a tener
con el capital extranjero".
Alberto Acosta, por su parte, cree que la única solución para evitar la colisión entre el modelo económico y los derechos del medio natural "es la búsqueda seria y responsable de un nuevo régimen de desarrollo"."Seguir haciendo más de lo mismo va a generar tensiones, no sólo con la naturaleza sino también con las comunidades. Y acentuará la paradoja de la abundancia: el hecho de que Ecuador es un país pobre porque es rico en recursos naturales", señala Acosta.
Punto de
inflexión
En cualquier caso, el ex
presidente de la Constituyente comparte el optimismo de muchos grupos
ambientalistas en el mundo, que ven la nueva Constitución de Ecuador como un
punto de inflexión en la defensa del medio natural.
"Si bien somos el primer
país del mundo que establece que la naturaleza tiene derechos, no estamos solos.
Poco a poco se va gestando una conciencia de que sin
naturaleza respetada no hay vida del ser humano asegurada", asegura
Acosta.
Mari Margil, de la CELDF, se
muestra incluso más contundente.
"A aquellos que dicen que es
absurdo dar derechos a la naturaleza les recordaría que hace siglos a los
abolicionistas se les tachaba de locos por querer dar derechos a los esclavos".
"Creo que lo que sucede ahora
es lo mismo. Algo fundamental tiene que cambiar en la manera en la que tratamos
a la naturaleza", asegura Margil.
Ejemplifiquemos en qué consiste bregar por los «derechos de la naturaleza»:
El largo
recorrido de los derechos de la naturaleza
31 de octubre de 2012
31 de octubre de 2012
Por Eduardo
Gudynas
Considerando
que la ética es el terreno en el cual se discuten distintas formas de
valoración, está claro que enfrentamos dos posturas muy distintas: una insiste
en que solamente los seres humanos son capaces de otorgar valores, y por lo
tanto lo no-humano siempre será, y sólo podrá ser, sujeto de valor. Otra
reconoce los valores intrínsecos, donde éstos son independientes y permanecen
más allá de las personas. La primera debe ser entendida como una forma de
antropocentrismo, en tanto el ser humano es el origen de toda valuación; la
segunda corresponde a un biocentrismo, ya que su énfasis está en todas las
formas de vida.
Frente
al bosque
¿Cómo entender un bosque? Algunos dirán que es un conjunto de árboles. Otros
agregarán que no son solamente árboles, porque también se encuentran helechos,
orquídeas, arbustos y muchas otras especies vegetales. Algunos dirán que los
animales, sean pequeños como escarabajos o sapos, o grandes, como tapires o
jaguares, también son parte de ese ambiente, y que sin ellos no estamos frente a
un verdadero bosque. De esta manera un bosque se entiende, e incluso se siente,
a partir de la vida que éste cobija. El bosque es ese conjunto de elementos,
pero también es más que un simple agregado, e incluso habrá quienes afirmarán
que puede expresar sus humores, enojándose o aquietándose. Bajo esta mirada, el
bosque tiene atributos propios, que son independientemente de la utilidad o de
las opiniones que nosotros, humanos, pudiéramos tener. Es en esta sensibilidad
donde se encuentran las raíces de los derechos de
la Naturaleza.
En efecto, cuando se admite ese tipo de derechos inmediatamente
se reconoce que el ambiente, sea ese bosque o cualquier otro, posee valores que
le son propios e independientes de los humanos; también conocidos como “valores
intrínsecos”. Se rompe con la postura clásica por la cual sólo las personas son
capaces de otorgar valoraciones, y por lo tanto la Naturaleza está
encadenada a ser un objeto de derecho.
La mirada que reconoce al ambiente con sus valores propios está muy cercana a lo
que podría llamarse el sentido común.
Pero esa sensibilidad ha sido manipulada y transformada desde hace mucho tiempo.
El bosque fue apartado de nuestra cercanía, colocándolo más allá del mundo de
los humanos; después fue fragmentado en distintos componentes que permitieran
ser manipulados; y más recientemente fue mercantilizado.
En efecto,
bajo el
desarrollo convencional, el bosque, como conjunto de vida entrelazado, fue
suplantado por un conjunto desarticulado de recursos naturales, o bien se
convirtió en proveedor de bienes y servicios ecosistémicos.
La alta tasa de apropiación de recursos naturales que sostiene el crecimiento
económico latinoamericano sólo es posible después de ese desmembramiento. Para
poder tolerar esas amputaciones en la Naturaleza,
es necesario alejarla y entenderla como un mero agregado de recursos a ser
aprovechados. Esta es la postura hoy prevaleciente, donde los bosques ya
no tienen valores en sí mismos, sino que éstos son asignados por los humanos.
Eso es lo que sucede cuando, por ejemplo, el árbol se desvanece y es reemplazado
por la idea de “cinco pies cúbicos de madera, que valen cien dólares”.
Por supuesto que una Naturaleza-objeto
está a tono cono la petulancia humana. Los bosques sólo
serán importantes si son útiles, y esto ocurre cuando proveen materias primas, o
pueden ser protegidos por mecanismos de mercado que sean rentables. En cambio,
si se aceptan los valores intrínsecos, el ser humano es sólo uno más en el
ambiente, abandonando su sitial privilegiado.
Dos perspectivas éticas
Considerando que la ética es el terreno en el cual se discuten distintas formas
de valoración, está claro que enfrentamos dos posturas muy distintas: una
insiste en que solamente los seres humanos son capaces de otorgar valores, y por
lo tanto lo no-humano siempre será, y sólo podrá ser, sujeto de valor. Otra
reconoce los valores intrínsecos, donde éstos son independientes y permanecen
más allá de las personas. La primera debe ser entendida como una forma de
antropocentrismo, en tanto el ser humano es el origen de toda valuación; la
segunda corresponde a un
biocentrismo, ya que su énfasis está en todas las formas de vida.
Estas dos perspectivas han estado una y otra vez en tensión, por lo menos en los
últimos ciento cincuenta años. En más de una ocasión han logrado emerger las
miradas que defienden los valores intrínsecos, pero por ahora no han conseguido
imponerse.
Los primeros casos se encuentran a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX,
y entre ellos se destaca Henry David Thoreau. Además de promover la
desobediencia civil, su estancia a las orillas del Lago Walden (Estados Unidos),
entre 1845 y 1849, desembocó en unas exquisitas reflexiones sobre su intensa
compenetración con la Naturaleza. Tiempo después, John Muir lanza en 1897 sus
campañas para la instalación de áreas protegidas apelando a su belleza y otros
valores, una postura que se oponía a la conservación utilitarista liderada por
Glifford Pinchot.
Con esto queda en claro un hecho importante: la postura utilitarista también puede estar interesada en conservar el ambiente. Aunque en algunos casos puede hacerlo por una preocupación moral, por ejemplo compasión hacia las ballenas u osos panda, en realidad su foco está en la utilidad real o potencial de la Naturaleza, y sus medidas de protección son necesarias para asegurar la funcionalidad de las economías. Aquí no hay un lugar para los derechos de la Naturaleza, sino que priman criterios de eficiencia, gestión técnica y aprovechamiento.
La otra perspectiva, en cambio, se basa en los valores propios que se encuentran
en la Naturaleza. A fines del siglo XIX, ese tipo de sensibilidad era criticada
como romántica o trascendentalista. Su propósito era proteger lo que nos rodea,
no por razones utilitaristas, sino por su defensa de la vida.
En forma independiente a aquellos debates que desde Estados Unidos se expandían
a otros países del norte, en América del Sur también hubo algunos ejemplos
tempranos. En el Brasil del siglo XIX tuvo lugar una temprana conservación
utilitarista, alarmada porque en la extracción forestal mucho se desperdiciaba.
Pero también encontramos la otra postura. El mejor ejemplo es el escritor
boliviano Manuel Céspedes Anzoleaga, conocido por su seudónimo Man Césped. Este
pionero consideraba que la tierra no debía tener dueños, y defendía la vida más
allá de cualquier utilitarismo. Cuando escribía, por ejemplo, que “toda
planta es una vida fácil y bella, cuya rusticidad no debe ser motivo de
indeferencia o maltrato”, sin duda estaba reconociendo los valores
intrínsecos.
Avances y retrocesos
Aquellas primeras posturas biocéntricas se apagaron poco a poco. Retornan al
primer plano en la década de 1940, gracias a Aldo Leopold. Aunque fue muy
conocido por ser ingeniero forestal, y uno de los fundadores del llamado “manejo
de vida silvestre” (una perspectiva casi tecnológica de gestionar la fauna),
Leopold cambió sustancialmente. Esto se debió a circunstancias tales como un
viaje a México entre 1936-37, donde observó las interacciones entre campesinos e
indígenas con los bosques,
o el reconocimiento de los impactos negativos de la intensificación agrícola.
Leopold terminó rompiendo con la petulancia de una gestión propia de los
ingenieros y pasó a ser un promotor de lo que llamaba “ética de la tierra”.
Leopold defendió las intervenciones mínimas en el ambiente, donde los humanos debían adaptarse a los ecosistemas. Los criterios de qué es correcto o incorrecto se determinaban desde la Naturaleza; aquello que servía para protegerla era bueno. Esta es una ética que, según Leopold, sólo es posible desde el amor, respeto y admiración con la Naturaleza. Pero a pesar de este empuje, sus ideas casi cayeron en el olvido.La mirada biocéntrica retornó en la década de 1980, y desde varios frentes. Por un lado, las ideas de Leopold se articularon a la llamada “ecología profunda”, una corriente que reconoce los valores intrínsecos, y los coloca en una plataforma ética más amplia. Su principal exponente fue el filósofo noruego Arne Naess.
Paralelamente, entre los practicantes de la conservación surgió un nuevo
agrupamiento que reclamaba acciones militantes más enérgicas, fundamentadas
tanto en la ciencia como en una ética biocéntrica. Esta postura, conocida como
“biología de la conservación”, defendía que la Naturaleza poseía valores en sí
misma (específicamente en el sentido de la ecología profunda de Naess).
Por si fuera poco, algo muy obvio se puso sobre la mesa:
el reconocimiento de los valores propios no era un invento occidental, sino que
estaba presente en muchos pueblos indígenas. Esa postura podría recibir otros
nombres o expresarse de manera diversa, pero correspondía a posturas
biocéntricas. Se rescataron muchos ejemplos, y se tejieron nuevas alianzas entre
ambientalistas, conservacionistas y las organizaciones indígenas.
Pero a pesar de este nuevo empuje, una vez más la mirada biocéntrica quedó en
segundo plano, opacada por la avalancha de una gestión ambiental cada vez más
mercantilizada. Precisamente en esos años comenzaron a desarrollarse nuevos
instrumentos económicos, como los pagos por bienes y servicios ambientales, los
que sólo son posibles bajo una ética utilitarista.
El ejemplo andino
La renovación política que ocurrió en los últimos años en los países andinos, y
la creciente preocupación por problemas ambientales, tanto locales como
globales, explican la más reciente reaparición de la ética biocéntrica. El
ejemplo más contundente se encuentra en la aprobación de los derechos de
la Naturaleza en la nueva Constitución de Ecuador de 2008.
El proceso ecuatoriano tiene una importante cuota de autonomía, con aportes sustanciales desde los movimientos sociales, y eso posiblemente explica varias de sus particularidades. El texto constitucional es muy claro, tanto en reconocer a la Naturaleza como sujeto, como en redefinirla en forma ampliada y en clave intercultural, al incorporar la categoría Pachamama. Da otro paso novedoso, al indicar que la restauración de los ambientes degradados también es un derecho de la Naturaleza.
Esta
nueva formulación permite señalar otra particularidad clave.
Los derechos de la Naturaleza son siempre los de una Naturaleza localizada,
arraigada en un territorio. Son propios de ambientes concretos, como pueden ser
la cuenca de un río, el páramo andino o en las praderas del sur. Esta
particularidad siempre se la debe tener presente para saberla diferenciar de
otras propuestas que pueden asemejarse, pero que en realidad son muy distintas,
como son las invocaciones que hacen voceros del gobierno boliviano a los
derechos de la Madre Tierra.
Sin duda que ese llamado puede mover a adhesiones, ya que está asociado a una
crítica al capitalismo, lo que es comprensible y necesario. Pero un examen
atento muestra que, en realidad, la postura boliviana se enfocaba en unos
derechos a escala planetaria. Esta es una diferencia sustancial, ya que no son
lo mismo los derechos de la Naturaleza que los derechos del planeta o de la
biósfera. Tampoco son iguales las implicancias políticas, ya que se pueden
salvaguardar funcionalidades ecológicas globales mientras se destruyen nuestros
ambientes locales.
Los nuevos avances en los derechos de la Naturaleza vuelven a estar, una vez
más, amenazados por la mirada utilitarista convencional. La insistencia en una
“economía verde” para relanzar la globalización es un claro ejemplo.
Frente
a esta situación, la respuesta sigue estando en volver a aprender a mirar el
bosque como un igual, donde la vida que alberga es un valor en sí mismo, y es
nuestro compromiso asegurar su supervivencia. -Ecoportal.net
Eduardo Gudynas es
investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES),
Montevideo.
Este texto
es parte de la revista América
Latina en Movimiento No.479,
en coedición con la CoordinadoraAndina de Organizaciones Indígenas, CAOI, sobre
el tema " El horizonte de los
derechos de la naturaleza"
ALAI
http://alainet.org Fuente: http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Politica/El_largo_recorrido_de_los_derechos_de_la_naturaleza
http://alainet.org Fuente: http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Politica/El_largo_recorrido_de_los_derechos_de_la_naturaleza
----
Derechos de la Naturaleza frente a la imposición de la minería a gran escala en Ecuador.
Más allá de las ilusiones
constitucionalistas
20 de febrero de 2015
20 de febrero de 2015
Por Lina Solano Ortiz*
Por motivos de tiempo mi presentación se limitará al caso de la resistencia a la
mega minería en Ecuador, primer país en introducir en su Constitución Derechos
de la Naturaleza, para evidenciar cómo la movilización social impulsó el
reconocimiento jurídico de dichos derechos, y cómo su aplicación se ve
restringida y limitada por contradicciones en el propio texto constitucional,
por la legislación posterior a su aprobación y por los intereses económicos de
las grandes corporaciones transnacionales, correspondiendo nuevamente al
movimiento popular luchar para que estos derechos se hagan efectivos.
Sectores organizados y comunidades campesinas e indígenas en varias provincias
de Ecuador han venido resistiendo a la minería desde hace décadas, pero a partir
del 2005 comienza un proceso que llevará, a mediados del 2007, a las más grandes
protestas contra la imposición de la mega minería, y a generar un verdadero
movimiento de las comunidades en exigencia de la salida de las compañías y la
anulación de sus concesiones entregadas en forma inconsulta.
En 2006 Ecuador va a un proceso electoral luego de un período de gran
conflictividad social que llevó al derrocamiento sucesivo de 3 gobiernos. El
partido Alianza País, apoyado por el centro y la izquierda, triunfa en las
elecciones con la propuesta de instalar una Asamblea Constituyente para
“refundar la nación” reformando la Constitución. Rafael Correa es electo
Presidente con la promesa de que la “larga noche neoliberal” llegaba a su fin y
de recoger las demandas populares, entre ellas las del movimiento contra la mega
minería que había tomado dimensiones nacionales cuando varios campamentos
mineros fueron desalojados por las comunidades campesinas e indígenas a finales
de 2006, en especial en el sur de la Amazonia ecuatoriana.
En enero de 2007 surge la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la
Soberanía CNDVS, coincidiendo con el inicio del gobierno de Correa, cuyo primer
ministro de Energía y Minas fue el Alberto Acosta, quien conocía muy de cerca el
conflicto entre las comunidades y las transnacionales mineras, por lo que se
esperaba que hiciera algo frente a la demanda de nulidad de las concesiones,
pero él más bien priorizó los intereses del gobierno.
En junio de 2007 se realiza un Levantamiento Nacional contra la minería que fue
brutalmente reprimido, iniciándose además decenas de juicios penales contra los
manifestantes, mostrando claramente cuál iba a ser la línea a seguir por parte
del gobierno de Rafael Correa.
Para finales del 2007 se instala la Asamblea Constituyente presidida por Alberto
Acosta y con una amplia mayoría gubernamental, mientras la Coordinadora Nacional
por la Defensa de la Vida y la Soberanía, y otros sectores, continuaban
movilizados. En el caso de la CNDVS a través de los denominados Diálogos por la
Vida, con lo que se logró colocar el tema minero como uno de los centrales en la
Asamblea Constituyente, a tal punto que entre los Mandatos que emitió estuvo el
No. 6 conocido como Mandato Minero, que fue expedido en abril de 2008 frente a
la presión de nuevas medidas de hecho que las comunidades reunidas en CNDVS
realizaron.
Este denominado Mandato Minero se constituye en un importante antecedente del
reconocimiento de los derechos de la Naturaleza, no sólo porque es un
instrumento jurídico de una Asamblea instalada con plenos poderes, sino porque
jamás fue aplicado a los mega proyectos de minería como era la aspiración de las
comunidades.
El Mandato Minero establecía
claramente que los proyectos que no hubieran tenido proceso de Consulta Previa,
que se encontraran dentro de Áreas Protegidas, Bosques Protectores o sus zonas
de amortiguamiento, sitios de nacimiento de agua, entre otras causales, quedaban
extinguidas “sin compensación económica alguna”. En cumplimiento de este
Mandato, el Ministerio de Energía y Minas debió proceder contra todos los
proyectos de mega minería, cosa que jamás sucedió, al contrario el gobierno
declara de interés nacional los proyectos: Mirador, Pananza-San Carlos, Fruta
del Norte, Quimsacocha y Río Blanco.
Posterior al desacatado Mandato Minero, se aprueba la Constitución en la que se
reconocen los Derechos de la Naturaleza y otras importantes demandas como el
derecho humano al Agua, que han quedado lamentablemente como letra muerta,
debido a que la propia Constitución limita y restringe los derechos reconocidos
al dar al Estado central competencias exclusivas sobre los Recursos Naturales,
en especial sobre aquéllos determinados como “sectores estratégicos”, entre los
que están las minas. En la práctica esto ha significado que las comunidades sean
excluidas completamente de las decisiones sobre sus territorios.
Si bien en el artículo 398 de la Constitución se mantiene la obligación de
consultar a las comunidades sobre toda decisión o autorización estatal que
afecte al ambiente -más todavía si se trata de comunidades indígenas-, sin
embargo, en este mismo artículo se añadió que “Si del referido proceso de
consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la
decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente
motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con
la ley”, es decir, la decisión de las comunidades no es vinculante.
Otro ejemplo de cómo en la misma Constitución existen contradicciones que
limitan y restringen los derechos reconocidos a la Naturaleza es
lo relacionado con las Áreas Protegidas. En el Art. 407 se establece: “Se
prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas
protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación
forestal" Pero: "Excepcionalmente dichos
recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la
República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea
Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.” A
través de este subterfugio es que el gobierno aprobó el año pasado, con la
mayoría de asambleísta de su partido, la explotación de los campos petroleros en
el Parque Nacional Yasuní, uno de los sitios de mayor biodiversidad del planeta
y territorio de pueblos indígenas amazónicos no contactados.
Estos son sólo algunos ejemplos, de una Constitución plagada de bonitas palabras
como Pachamama (Madre Tierra) o Sumak Kawsay (Buen Vivir), pero también de
contradicciones destinadas a impedir la exigencia y ejercicio de los derechos
que dice reconocer.
Luego de que fue aprobada la Constitución a finales del 2008, inmediatamente se
aprobaron leyes declaradas como urgentes, entre ellas la de Minería en enero de
2009 en medio de la protesta de las comunidades y la represión y judicialización
de los manifestantes como respuesta del gobierno.
La ley de minería aprobada, entre otras cosas, la declara de interés nacional,
dando con ello todas las garantías a las empresas mineras, las
cuales pueden, por ejemplo, disponer del agua no sólo que esté dentro de su área
de concesión sino en sectores aledaños. Según esta ley también se puede hacer
actividades mineras en cuerpos de agua y en zonas protegidas.
A la nefasta ley de minería se suman otros instrumentos legales que hacen
impracticables los derechos constitucionales reconocidos a la Naturaleza,
como son la ley de Aguas, que declara, entre otras cosas, como autoridad única
del agua a la instancia estatal denominada Secretaria Nacional del Agua SENAGUA,
así una empresa minera puede solicitar concesiones de agua directamente a este
organismo y no se requieren consultar a las comunidades. Y para evitar la reacción
popular, se aprobó un nuevo Código Orgánico Integral Penal que endurecen las
sanciones contra la protesta social, a pesar de que el artículo 98 de la
Constitución reconoce el derecho a la resistencia.
Para completar este nefasto marco legal, en los últimos días de diciembre de
2014 se aprobó la Ley Orgánica de Incentivo a la Producción, mediante la cual,
entre otros “estímulos” a la inversión minera, se congelarán las tarifas
tributarias a la fecha de firma de los contratos con el Estado, y, para captar
mayores inversión en el sector, se establece que las nuevas inversiones no
pagarán impuesto a la renta por 10 años.
De esta manera, a pesar del reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en
la Constitución, las corporaciones continúan haciendo su voluntad. Ya han
obtenido enormes ganancias sin haber siquiera empezado la explotación de los
minerales, gracias al negocio de la especulación, compra y venta en las bolsas
de valores en Canadá. Varios de los proyectos declarados de interés nacional
fueron vendidos por compañías canadienses a otras empresas de ese país o a
consorcios chinos, como el caso de los proyectos de cobre Mirador y Pananza-San
Carlos, ubicados en el sur de la Amazonía. De todas estas millonarias
transacciones en las bolsas de valores de Canadá, Ecuador no ha recibido un solo
dólar.
Otra muestra de cómo el reconocimiento de Derechos de la Naturaleza no impide el
saqueo minero son los procesos de aprobación de los Estudios de Impacto
Ambiental (EsIA) y licenciamiento por parte el Ministerio de Ambiente. En el
caso del proyecto de oro Río Blanco de la empresa china Junfield, ubicado en una
zona de páramo, el año pasado fue aprobado su EsIA y ni siquiera se cuenta con
estudios serios, confiables y actualizados sobre el agua superficial y
subterránea del área que será impactada. La preocupación aumenta más al
conocerse que la empresa está pidiendo en concesión a SENAGUA 3 veces más agua
de la que consta en el EsIA aprobado. Y hay que subrayar que en aplicación del
Mandato Minero las concesiones de este proyecto debieron ser revertidas al
Estado en el 2008. Cabe entonces preguntar ¿dónde quedan los principios como el
de precaución, así como el “interés nacional”de proteger el ambiente
establecidos en la Constitución ecuatoriana?
Todo este panorama preocupa si se piensa que el mayor porcentaje de inversión en
minería actualmente es de corporaciones de China, país con el que Ecuador se ha
venido endeudando en forma vertiginosa en los últimos años. Hace pocos días
Rafael Correa regresó de una gira por ese país con el ofrecimiento de nuevos
préstamos por 7 mil millones de dólares para inversión, esto en medio del
desplome de los precios del petróleo, principal producto de exportación de
Ecuador, que además en gran parte está ya comprometido a China a través del
mecanismo de venta anticipada de crudo.
En conclusión, ha sido fundamentalmente con la movilización social que se ha
logrado hasta el momento detener el avance de los mega proyectos mineros,
ninguno de los cuales ha iniciado su fase de explotación. Más allá del
reconocimiento jurídico-formal de los derechos de la Naturaleza en la
Constitución, ha sido la acción legítima y directa de las comunidades y
organizaciones la que ha frenado el saqueo minero. Pero el costo ha sido alto:
heridos e incluso muertos durante las protestas o en las áreas de conflicto;
cientos de encarcelamientos, juicios por terrorismo organizado, sabotaje y otros
delitos contra la seguridad del Estado; múltiples violaciones de derechos
humanos que han quedado en la impunidad.
Luego de esta brevísima síntesis de un proceso tan complejo quisiera, para
finalizar, invitarles a que recordemos que “la Pachamama existió y podría seguir
existiendo sin los seres humanos, pero nosotros jamás podríamos existir sin la
Pachamama”. Gracias.
------------------------------------------
* Luchadora
social, defensora de la Pachamama (Madre Tierra) y activista de los Derechos
Humanos y de las Mujeres. Cofundadora de la Coordinadora Campesina Popular CCP
(2005), de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía
CNDVS (2007), del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama (2008), entre
otras importantes organizaciones de Ecuador. Cofundadora y actual Presidenta de
la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM, red que agrupa mujeres en resistencia
a la minería en varios países de la Región.
Desde hace más
de una década ha sido parte del movimiento de resistencia a los mega proyectos
de minería, en especial en el sur de Ecuador, siendo por ello blanco de
persecución, judicialización y criminalización por parte de las corporaciones
mineras, el Estado y gobierno de ese país Sudamericano.
Ha participado
en foros y eventos internacionales para denunciar la imposición de la mega
minería en Ecuador y la criminalización, en especial de las Mujeres Defensoras
de Derechos en conflictos socio-ambientales por la minería.
En mayo-junio
de 2014 fue invitada en calidad de experta para la audiencia del Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP) sobre violaciones de derechos y daños
ambientales cometidos por compañías mineras canadienses en América Latina, que
se desarrolló en Montreal, donde hizo una presentación sobre “Impactos de la
industria minera en los derechos de las Mujeres”.
Es Socióloga,
Magíster en Sociología y Desarrollo por la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Cuenca, y candidata a Magíster en Salud con Enfoque de
Ecosistemas por la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca. (SITAC
XII).
"El
otorgar derechos a la Naturaleza no sólo
supone abandonar una idea de conquista, de colonización y de
explotación de la Madre Tierra, sino que nos conmina a replantear el
actual modelo de acumulación, que “vive
de sofocar a la vida y al mundo de la vida”, como nos recordaba
el filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría. Los Derechos de la
Naturaleza, por lo tanto, nos plantean un cambio civilizatorio
profundo, que cuestiona todas aquellas lógicas antropocéntricas
dominantes. Cuestiona el capitalismo que en esencia aceleró el
divorcio de los seres humanos con la Naturaleza. Y nos obliga a
pensar en otras opciones de vida que impliquen, para empezar, la
desaceleración del patrón de consumo actual, al tiempo que se
construyen democráticamente sociedades más humanas y sustentables".
La Madre Tierra tiene sus derechos.
Primer tribunal para
defenderlos
Febrero 2014
Febrero 2014
“Este
Tribunal, como una semilla, ofrece un potencial para poder cambiar nuestros
caminos. Como un proceso continuo para reflexionar, redefinir, cambiar los
paradigmas. Porque el camino actual es, predeciblemente, el camino de la
extinción. El Tribunal nos permite reflexionar sobre otras posibilidades de la
supervivencia humana en este planeta”. Vandana
Shiva
Por Enrique Viale, Horacio
Machado, Alberto Acosta
Hacia un cambio civilizatorio
El concepto jurídico de otorgar derechos a los seres humanos, en un momento de
la historia, vino acompañado de algunas consideraciones como el individualismo.
Un paso revolucionario para enfrentar los absolutismos. Era el individuo el
sujeto de derechos. Sin embargo, esto
condujo a despojar al individuo de su comunidad y de su entorno. Los seres
humanos se colocaron -figurativamente hablando- al margen de la Naturaleza. Y
desde esa posición asumieron el papel de conquistadores y dominadores de la
Naturaleza. Los derechos sobre la propiedad privada completaron este proceso. Y
con esta concepción se consolidó a la par el capitalismo.
Es por eso que el otorgar derechos a la Naturaleza no sólo
supone abandonar una idea de conquista, de colonización y de explotación de la
Madre Tierra, sino que nos conmina a replantear el actual modelo de acumulación,
que “vive de sofocar a la vida y
al mundo de la vida”, como nos recordaba el filósofo ecuatoriano Bolívar
Echeverría. Los Derechos de la Naturaleza, por lo tanto, nos plantean un cambio
civilizatorio profundo, que cuestiona todas aquellas lógicas antropocéntricas
dominantes. Cuestiona el capitalismo que en esencia aceleró el divorcio de los
seres humanos con la Naturaleza. Y nos obliga a pensar en otras opciones de vida
que impliquen, para empezar, la desaceleración del patrón de consumo actual, al
tiempo que se construyen democráticamente sociedades más humanas y sustentables.
En línea con la propuesta del buen vivir o sumak kawsay, que emerge desde los países andinos, se trata de construir una sociedad sustentada en la armonía de las relaciones de los seres humanos con la Naturaleza, de los seres humanos consigo mismos y de los seres humanos con los otros seres humanos. Eso no implica una visión milenarista de un paraíso armónico. Este proceso no excluye las luchas sociales. Luchas que son múltiples y diversas, como son múltiples y diversas las formas de explotación, dominación y exclusión provocadas por el capitalismo.
Lo que debe quedar claro es que la relación armoniosa con la Naturaleza es un
aspecto clave en la construcción del buen vivir. Esta es una postura biocéntrica
que se basa en una perspectiva ética alternativa, al aceptar valores intrínsecos
en el entorno. Todos los seres tienen un valor aún cuando no sean de utilidad
para los humanos.
A lo largo de la historia del derecho, cada ampliación de los derechos fue
anteriormente impensable. La emancipación de los esclavos o la extensión de los
derechos a los afros, a las mujeres y a los niños y niñas fueron una vez
rechazadas por ser consideradas como un absurdo. Se ha requerido que a lo largo
de la historia se reconozca “el derecho de tener derechos” y estose ha
conseguido siempre con un esfuerzo político para cambiar aquellas visiones,
costumbres y leyes que negaban esos derechos. Es
curioso que muchas personas, que se han opuesto a la ampliación de estos
derechos, no tienen empacho alguno en que se
entregue derechos casi humanos a las personas jurídicas… una de las mayores
aberraciones del derecho.
Desde esa perspectiva, aceptar que la Naturaleza tenga derechos -propios, por lo
demás- se enmarca en la lucha de la Humanidad por la ampliación permanente de
los derechos. Por lo tanto no debería sonar extraño que los humanos busquemos
garantizar nuestra existencia en el universo a partir de una legislación que
empiece por favorecer a quien proporciona nuestro sustento, nuestra Madre Tierra
o Pachamama.
Mirar al agua, a la tierra, a los ecosistemas, en suma a todos los seres vivos
como sujetos de derechos, supone un cambio civilizatorio. Y ese cambio, en
realidad, propugna un reencuentro de los seres humanos con la razón. Bien
anotaba uno de los grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, el
holandés Baruch de Spinoza (1632-1677), quien, en contraposición con la posición
teórica sobre la racionalidad de la modernidad, reclamaba que “cualquier
cosa que sea contraria a la Naturaleza lo es también a la razón, y cualquier
cosa que sea contraria a la razón es absurda”.
Entre los Derechos de la Naturaleza consagrados tanto en la Constitución del Ecuador del año 2008, como en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, adoptada por 35.000 personas en la Conferencia Mundial en Cochabamba, el 20 de abril de 2010, se encuentran: el derecho de la Naturaleza a existir y ser respetada; a mantener sus ciclos vitales y procesos evolutivos; a la regeneración y restauración integral e inmediata; a que no se afecten sus estructuras genéticas, entre otros.
Para empezar a hacer realidad esos derechos, en el marco de un proceso de
profundo cambio civilizatorio, el viernes 17 de enero del presente año, se
instaló el primer Tribunal Ético Permanente por los Derechos de la Naturaleza y
de la Madre Tierra. Su sesión inaugural fue en Quito, en Ecuador, el país en el
que se reconocieron por primera vez estos derechos a nivel Constitucional.
La iniciativa surgió y fue la expresión de la acción coordinada de un amplio
conjunto de movimientos y organizaciones sociales de distintos rincones del
planeta, todos movilizados por la voluntad de hacerse eco de los Gritos de la
Tierra ante las agresiones que la Madre Naturaleza viene sufriendo desde los
últimos cinco siglos, sistemáticamente y cada vez con más intensidad, en nombre
del “progreso”. Este Tribunal, pionero en la búsqueda de construir caminos de
Justicia Global frente a los delitos contra la Vida en sus fuentes, se
constituyó como una plataforma permanente para escuchar y juzgar casos de
violación a los derechos de la Madre Tierra sucedidos alrededor del mundo.
Vandana Shiva, reconocida física, ecofeminista, activista ambiental y autora de
un sinnúmero de publicaciones, presidió este histórico Tribunal junto con otros
nueve jueces y juezas provenientes de siete países y cinco continentes. El
Tribunal escuchó nueve casos contundentes que solicitaban su admisión debido a
las violaciones a la mencionada Declaración Universal de los Derechos de la
Madre Tierra. Para los casos de Ecuador, los presentadores también resaltaron
las violaciones a la Constitución del Ecuador; cabe señalar que la universalidad
de los Derechos de la Naturaleza, tal como sucede con los Derechos Humanos,
permite recuperar los derechos de la Constitución ecuatoriana para proyectarlos
a nivel de todo el planeta.
Un proceso expedito y profundamente documentado
El fiscal especial de la Tierra, Ramiro Ávila, de Ecuador, dio inicio al
Tribunal. Este se abrió convocando el testimonio de dos expertas sobre la
importancia fundamental de los Derechos de la Naturaleza. Al estrado pasaron las
indígenas del Abya-Yala: Casey Camp-Horinek, Ponca de Oklahoma, EEUU, y Patricia
Gualinga, representante del pueblo indígena kichwa de Sarayaku de la Amazonía
ecuatoriana. Sus alegatos ratificaron la necesidad del reencuentro de los seres
humanos con la Naturaleza desde las vivencias y prácticas de las comunidades
indígenas, que asumen cotidianamente su pertenencia con y en la Naturaleza, en
suma que aceptan formar parte de ella.
A continuación, se avocó al tratamiento de casos considerados emblemáticos en la
violación a los Derechos de la Naturaleza. Se presentaron seis casos puntuales:
la contaminación del caso Chevron-Texaco (Ecuador); el derrame de la British
Petroleum (BP) en la plataforma Deep Horizon (EEUU); el proyecto de extracción
de petróleo en el Yasuní-ITT (Ecuador); la amenaza contra el Gran Arrecife de
Coral debido a la minería de carbón (Australia); la minería metálica a cielo
abierto en la cordillera del Cóndor, el caso del yacimiento Mirador (Ecuador);
los casos de fractura hidráulica (EEUU). Se admitieron además dos casos de
escala global que representan violaciones sistémicas de los Derechos de la Madre
Tierra: la amenaza de los organismos genéticamente modificados o transgénicos y
el cambio climático.
Como corolario de estas presentaciones, Pablo Solón, director ejecutivo de Focus
on the Global South, que presentó magistralmente el caso
del
Cambio Climático Global destacó que éste afecta prácticamente a todas las áreas
de la vida en el planeta y que es preciso iniciar un proceso en contra de los
principales responsables de tanta devastación ambiental y social, que afecta a
los Derechos de la Naturaleza y a los Derechos Humanos. Solón
insistió en llevar a juicio a los gobiernos de los países industrializados, a
las grandes corporaciones transnacionales, e inclusive a Naciones Unidas, como
representantes del capitalismo tendrán que sentarse en el banquillo de los
acusados.
Igualmente se conoció sobre la persecución contra los defensores de la
Naturaleza en Ecuador, como un caso de preocupante actualidad en muchas partes
del planeta.
Terminadas las presentaciones por parte de profundos conocedores de cada uno de
los casos, el fiscal especial de la Tierra, Ramiro Ávila, nos recordó que los
sistemas vivos de la Tierra, incluyendo a la Humanidad, estamos pasando crisis
múltiples evidenciadas por el creciente cambio climático, la extinción masiva de
especies, la deforestación, la desertificación, el colapso de la pesca, los
contaminantes tóxicos, con consecuencias trágicas que afectan todas las formas
de vida. Cambios que son atribuibles, como lo demostró el Panel de Cambio
Climático, a la acción de los propios seres humanos, sobre todo organizados
dentro de la civilización capitalista.
En los sistemas legales mundiales, la Naturaleza es considerada un objeto, una cosa susceptible de propiedad, en la que se otorga a su dueño el derecho a destruirla para obtener ganancias económicas. Los Derechos de la Naturaleza reconocen que los animales, las plantas, el suelo y los ecosistemas no pueden ser simplemente objetos de propiedad sino que son seres con el derecho inherente a existir. Las personas, pueblos, comunidades y autoridades tienen la responsabilidad de garantizar estos derechos en el nombre de la Naturaleza. Esta visión jurídica es consistente con los conceptos de los pueblos indígenas sobre las leyes naturales, las instrucciones originales, así como con reconocer que los seres humanos somos parte de la Naturaleza, y sobre todo somos uno en el ciclo de la vida. Otorgar derechos a la Naturaleza, como se anotó antes, supone garantizar nuestra propia existencia. El fiscal de la Tierra, al concluir su profunda y sentida intervención, argumentando sostenidamente en derecho, solicitó al Tribunal que se admitan estos casos en nombre de los ecosistemas afectados, así como de los pueblos que dependen de ellos.
Los primeros miembros del Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza y la
Madre Tierra fueron: Alberto Acosta, economista y ex presidente de la Asamblea
Constituyente del Ecuador; Blanca Chancoso, lideresa kichwa y educadora de
Cotacachi, Ecuador; Cormac Cullinan, abogado y autor (Ley Salvaje, Wild Law),
Earth Democracy Coop, Cape Town, South Africa; Tom Goldtooth, Dine’/Dakota
director de Indigenous Environmental Network de Minnesota, EEUU; Julio César
Trujillo, abogado constitucionalista representante de Yasunidos, Ecuador; Elsie
Monge, activista de Derechos Humanos y Presidenta de CEDHU y FIDH, Ecuador;
Atossa Soltani, fundadora y directora de Amazon Watch, EEUU; Enrique Viale,
abogado ambientalista y activista de Argentina; y Tantoo Cardinal, actriz (Danza
con Lobos) y activista contra las arenas bituminosas, Canadá.
En esta primera sesión del Tribunal Ético Permanente de los Derechos de la
Naturaleza participaron representantes de Australia, Suiza, Sudáfrica, Estados
Unidos, España, Canadá, India, Rumania, Bolivia, Argentina e Inglaterra,
Colombia, Alemania, Francia, así como de Ecuador.
Un reconocimiento oportuno
Resultó coherente que el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza se origine en
Ecuador, primer país en reconocer estos derechos en su Constitución. Es irónico,
sin embargo, que Ecuador haya abandonado su liderazgo y su compromiso de
respetar los Derechos de la Naturaleza establecidos en su Constitución, que
fuera aprobada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano en las urnas.
El Gobierno de Ecuador actualmente promueve la ampliación de la explotación petrolera y la minera a gran escala amenazando tres millones de hectáreas de sus bosques amazónicos remanentes, mientras activa una sistemática campaña contra aquellas personas y organizaciones que defienden los derechos de la Madre Tierra. La criminalización de la resistencia popular -derecho consagrado en la Constitución- es la herramienta gubernamental para seguir ampliando el extractivismo: megaminería, petróleo, agrocombustibles, etc.
Durante su sólida argumentación para admitir al caso Yasuní-ITT y debido a las
amenazas urgentes, el Tribunal aceptó establecer una sala especial para procesar
inmediatamente ese tema y el caso del hostigamiento a los defensores de la
Naturaleza, incluyendo a los recolectores de firmas para la consulta popular,
con la que se quiere frenar la explotación del crudo en el Yasuní-ITT.
Adicionalmente habría que considerar la suspensión de las actividades
extractivistas en el bloque 31 y en el 43 (ITT) y una auditoría general para
todas las actividades en el Parque Nacional Yasuní.
Vandana Shiva, presidenta del Tribunal, recogiendo el sentir de todo el
Tribunal, condenó las acciones de la empresa petrolera Chevron-Texaco y se
solidarizó
con las comunidades indígenas que ganaron el caso contra dicha transnacional;
igualmente reitero su posición de apoyo a mantener el crudo en el subsuelo del
Yasuni-ITT: “Todo el mundo puede
explotar petróleo pero Ecuador puede soñar y ser más ambicioso al tener Derechos
de la Naturaleza en la Constitución y crear la visión del Yasuní-ITT”,
concluyó.
Al cerrar el Tribunal, la doctora Shiva pidió que todos los casos que fueron
admitidos por el Tribunal se profundicen “hasta
que los derechos de la madre tierra se conviertan en el marco que gobierne
nuestras vidas.” Y para finalizar
señaló que actualmente, en muchas partes, “quienes
viven en relación con la Madre Tierra son calificados como primitivos. Reconocer
los derechos de la Madre Tierra permite reconocer que aquéllos
que viven en relación con ella son las civilizaciones más avanzadas del
planeta”.
Después de todo un día de sesión, con presentaciones y deliberaciones, el
Tribunal, que contó con una asistencia de más de 400 personas, tomó la decisión
unánime de admitir los nueve casos. Además estableció la fecha para la siguiente
sesión del Tribunal para diciembre de 2014 en Lima, Perú, en ocasión de la XX
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático.
De esta manera, con la puesta en marcha de este Tribunal se empieza a cambiar la
historia.-
"El modelo de desarrollo que está enfermando la Madre Tierra tiene nombre y apellido, se llama capitalismo del siglo XXI, y aquí en el Abya Yala tiene un rostro perverso de largo aliento llamado extractivismo, extracción de riqueza y expropiación de territorios a favor del capital global, a favor de la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y despojo de territorios para los pueblos indígenas. Nos están despojando de nuestro Vivir Bien y Vida Plena que implica vivir en armonía con la naturaleza".
"Los
gobiernos progresistas de nuestra región, los que acuñaron el
horizonte del socialismo del siglo XXI, en realidad se han
convertido en hacedores e impulsores del capitalismo del siglo XXI".
"La defensa de la Madre Tierra y sus derechos es también la defensa de los pueblos y la vida. La acumulación de riquezas a cambio del despojo de nuestros territorios es la agenda de las grandes corporaciones financieras y económicas que están metidas dentro de los Estados"."Llamamos a persistir en nuestro camino de la autodeterminación de los pueblos, de la sociedad civil organizada, como la alternativa principal que nos permitirá encontrar salidas al problema estructural del Cambio Climático. Consolidar y reconstituir nuestra Territorialidad y titularidad integral de nuestros territorios y el control de todos sus recursos".
Pueblos del Abya Yala frente
a los desafíos climáticos
LOS
PUEBLOS INDIGENAS
TE LLAMAN A LA ACCION
10 de diciembre de 2014
10 de diciembre de 2014
Nosotros,
representantes de los pueblos indígenas del Abya Yala y del mundo, reunidos en
la Maloca del Pabellón Indígena de la COP20, desde el 2 de diciembre para
discutir y reflexionar las causas del Cambio Climático en el mundo y aportar a
los caminos de solución que se deben asumir en las Cumbres Mundiales, elevamos
nuestra voz para decir:
1° El
Cambio Climático está enfermando nuestra Madre Tierra, está interrumpiendo la
unidad entre humanos y naturaleza que durante siglos ha permitido la vida sobre
el planeta. Esta situación nos provoca un sentimiento profundo de tristeza
porque impacta en la relación que los pueblos indígenas hemos desarrollado con
la naturaleza; una naturaleza viva que la comprendemos como totalidad de la que
formamos parte. Así, si se enferma la Tierra, los pueblos indígenas también
nos enfermamos.
2° Los
jefes de Estados están reunidos para discutir este problema, para buscar
soluciones al desastre que se viene produciendo con la Madre Tierra. Sin
embargo, vemos con
gran preocupación que las salidas que se están buscando no hablan del verdadero
problema, y por lo tanto no cambiarán el destino de desastre en el cual
estamos. Estamos afectando la Madre Tierra y no se está encontrando soluciones
verdaderas que reviertan el proceso, que protejan y defiendan la integridad de
la naturaleza.
3° Para
nosotros, los pueblos indígenas del Abya Yala y del mundo, el desastre que se
está produciendo con la Madre Tierra tiene un origen, una causa estructural;
tiene que ver con un modo de desarrollo que se ha instaurado y generalizado en
el mundo, un modo de vida que busca incansablemente crear nuevas necesidades,
aunque éstas sean fugaces. Estamos ante un modelo de desarrollo que tiene como
centro la producción de riqueza y la distribución profundamente desigual de
ella.
4° El
modelo de desarrollo que está enfermando la Madre Tierra tiene nombre y
apellido, se llama capitalismo del siglo XXI, y aquí en el Abya Yala tiene un
rostro perverso de largo aliento llamado extractivismo, extracción de riqueza y
expropiación de territorios a favor
del capital global, a favor de la concentración de la riqueza en unas cuantas
manos y despojo de territorios para los pueblos indígenas. Nos están despojando
de nuestro Vivir Bien y Vida Plena que implica vivir en armonía con la
naturaleza.
5° El
extractivismo del Abya Yala se muestra en todas las iniciativas que toman los
gobiernos de nuestra región y que implican: ampliación de la frontera
hidrocarburífera, priorización de las actividades mineras y de hidroeléctricas
respecto de las necesidades de los pueblos, crecimiento de la deforestación para
la conversión de los bosques en zonas con cultivos agroindustriales. Lo más
triste de esta situación es que los gobiernos de izquierda y de derecha se
comportan de manera similar ante la acumulación por despojo como característica
fundamental del capital global, cuyas principales víctimas somos los pueblos
indígenas
6° Los
gobiernos progresistas de nuestra región, los que acuñaron el horizonte del
socialismo del siglo XXI, en realidad se han convertido en hacedores e
impulsores del capitalismo del siglo XXI. Usando frases populares como
Revolución Ciudadana o Revolución Democrático Cultural, redistribuyendo riqueza
de manera menos asimétrica y componiendo sus gobiernos con algunos sectores
sociales que en un pasado formaron parte de las luchas, hoy en día pretenden
mostrarse como alternativos sin modificar las claves y los compases de ese
rostro reverso de larga data del capitalismo global que en nuestra región del
Abya Yala se llama extractivismo
7°
Nosotros, los pueblos indígenas del Abya Yala, hemos resistido y luchado a lo
largo de nuestra historia con este modelo de desarrollo, con este modelo de
colonización, con este modelo de acumulación de riqueza fundamentado en el
despojo de nuestros territorios y recursos naturales. Con nuestras luchas hemos
buscado dignificar el nacimiento colonizado de los Estados y Naciones que
conforman el Abya Yala, que conforman la región de América Latina, por eso no
nos sorprende que un derecho tan fundamental como es el de Consulta para el
consentimiento libre e informado, hoy día sea utilizado como una herramienta que
antes que proteger el Derecho de Consulta, lo desnaturaliza y usan a su antojo.
8° Este panorama nos lleva a convocar a todos los pueblos del mundo, y a quienes se congregan en la Cumbre de los Pueblos en Lima-Perú, a tomar caminos alternativos que nos acerquen a las verdaderas soluciones del Cambio Climático, a las verdaderas soluciones que reviertan los impactos que está sufriendo la Madre Tierra. La defensa de la Madre Tierra y sus derechos es también la defensa de los pueblos y la vida. La acumulación de riquezas a cambio del despojo de nuestros territorios es la agenda de las grandes corporaciones financieras y económicas que están metidas dentro de los Estados.9º Llamamos a persistir en nuestro camino de la autodeterminación de los pueblos, de la sociedad civil organizada, como la alternativa principal que nos permitirá encontrar salidas al problema estructural del Cambio Climático. Consolidar y reconstituir nuestra Territorialidad y titularidad integral de nuestros territorios y el control de todos sus recursos. Detener los grandes motores del calentamiento global como son las operaciones extractivas y agroindustriales. Exigir el acceso directo de los fondos climáticos, y en especial de las mujeres indígenas en las estrategias de adaptación. Detener la criminalización y judicialización de la libre determinación porque es imposible defender a la madre tierra persiguiendo a los que la defienden.
Ni despojo colonial ni desarrollismo extractivista.
Solución climática global.
Territorialidad y libre determinación de los pueblos indígenas
para el buen vivir y vida plena para el enfriamiento global.
No hay comentarios:
Publicar un comentario