Es
percibir que el gobierno CFK no fue distinto a sus predecesores,
sacrificó "trabajo,
dignidad y cambio social" en aras de garantizar súper negocios
al poder
económico e imperialista y al político.
Estamos, los de abajo y a la izquierda, en una situación que nos interpela a
cambiar de raíz nuestra percepción de los desafíos a afrontar. Implica ante todo
atender a quienes se han autoorganizado y luchan por recuperar
“
«lo político»: ese ámbito en el que una comunidad decide cómo vivir con otros y
otras, y realiza aquello que decidió. Entonces, lo político remite a todas las
actividades, espacios, actores, tiempos y mecanismos a través de los cuales
decidimos cómo queremos vivir –o cómo no queremos vivir– con otros y otras".
Argentina: Los despojos políticos de la megaminería en el país
16 de junio de 2016
Por
Candela de la
Vega y Débora Cerutti
Primera parte de las conclusiones de las
jornadas que apuntan a la Megaminería y el rol de la Universidad Pública,
realizadas en La Rioja. En estas líneas, las decisiones de las universidades
respecto de los fondos y la composición de las luchas socioambientales.
El pasado 1, 2 y 3 de junio se realizaron en la
ciudad de La Rioja las “Primeras Jornadas sobre Megaminería, Bienes Comunes y el
Rol de la Universidad Pública”, convocadas por la Asamblea Riojana Capital y el
Foro Ambiental Universitario (FAU), con el objetivo de abrir un debate abierto,
interdisciplinario y plural que instale en la agenda pública, en general, y la
agenda universitaria, en particular, la discusión sobre los fondos que provienen
de la explotación de los Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), en la
Provincia de Catamarca.
Por la ley nacional 14.771, sancionada en 1958,
YMAD debe distribuir parte de sus utilidades entre las universidades nacionales.
Si bien la fase de explotación de La Alumbrera comenzó en 1997, la distribución
anual de utilidades de YMAD al sistema universitario nacional empezó recién en
2008 y, desde entonces, al menos siete universidades nacionales y más de veinte
Facultades han rechazado los fondos. En la provincia de La Rioja, fue en 2013,
durante el contexto de toma de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR) que
realizaron sus estudiantes cuando este tema apareció fuertemente visibilizado,
acompañando a las demandas de autonomía, democracia y calidad académica que se
levantaron en ocasión de la toma. En tal contexto, la UNLAR rechazó los fondos
de los años 2013, 2014 y 2015.
En una provincia con casi 10 años de lucha y
problematización por asamblea y otros colectivos organizados de la actividad
extractiva minera a gran escala, la centralidad de estas “Primeras Jornadas
sobre Megaminería, Bienes Comunes y el Rol de la Universidad Pública” radicó en
la renovada apuesta por denunciar en el espacio público las condiciones
complejas de las diversas consecuencias e impactos del avance de proyectos
extractivos en la región, en ocasión del debate abierto para la aceptación o
rechazo de los fondos de 2016 hacia esta universidad. En un escenario donde
las
y los representantes de los gobiernos nacionales y provinciales han reforzado su
postura de favorecer la explotación minera, el aporte de nuestra intervención en
estas Jornadas se orientó a reconocer lo que creemos son consecuencias
propiamente políticas de
la instalación –posible o de hecho– de proyectos megamineros y de su
articulación en el sistema universitario.
Ello supone delimitar, en primer lugar, qué
entendemos exactamente cuando decimos “lo político”: es ese ámbito en el que una
comunidad decide cómo vivir con otros y otras, y realiza aquello que decidió.
Entonces, lo político remite a todas las actividades, espacios, actores, tiempos
y mecanismos a través de los cuales decidimos cómo queremos vivir –o cómo no
queremos vivir– con otros y otras.
Esta noción de lo político está asociada a
una idea positiva del poder en tanto esa posibilidad efectiva de poder tomar
esa decisión y de poder contar
con los recursos para crear aquello que decidimos. Aquí también aparece una
vieja idea de autonomía, de autogobierno, de autodeterminación, de poder sobre
nuestras vidas-en-común que amplía ciertamente el difundido reclamo del “derecho
a la vida”.
Por supuesto, la definición de cómo, con quién
o dónde queremos vivir, no está exenta de conflictos. En una época donde el
“diálogo” y el “consenso” se presentan eclipsando los horizontes y las promesas
de la vida política en nuestras comunidades, esta posición pretende resaltar que
el conflicto y el disenso no son sólo parte integrante del mundo de lo político,
sino que son justamente lo propio de este ámbito. Por ello, resulta inadmisible
que quienes manifiestan el disenso y el conflicto sean acusados de “violentos”,
“incivilizados”, o “fundamentalistas”, cuando no hacen más que expresar y
actualizar esa condición inocultable de lo político.
El Estado y el sistema
representativo-democrático forman parte de este mundo, pero no lo acaban ni lo
representan en su totalidad. Más aun,
algunos apuntamos que estas formas de
organización del poder, antes que traducir formas de autonomía y autogobierno,
llevan consigo instancias heterónomas en donde otros deciden sobre los destinos
de nuestras vidas o nos expropian los medios y recursos para crear y
materializar lo que queremos. Aquí el diagnóstico no es muy alentador:
vivimos
en sociedades donde los requisitos mínimos para la vida están apresados dentro
de los mecanismos dispuestos por la lógica mercantilizadora del mercado.
Por eso uno de los grandes logros de la lucha de
las asambleas socioambientales y otros colectivos organizados fue justamente
mostrarnos formas otras de
hacer política. La lucha que sostienen estas organizaciones en defensa de los
bienes naturales han actualizado la condición política de la vida en sociedad y
por ello, los conflictos y tensiones que mantienen con el Estado –incluyendo los
estamentos universitarios de gobierno– y con los sectores empresariales pueden
ser entendidos como instancias en donde esta condición de lo político es negada,
recortada, invisibilizada o reprimida.
"Vivimos
en sociedades donde los requisitos mínimos para la vida están apresados
dentro de los mecanismos dispuestos por la lógica mercantilizadora del mercado".
Quienes están siendo desposeídos de todo son los pueblos indígenas y los
pueblos fumigados. Pese a tamaña criminalidad hubo partidos, fuerzas
sociales e intelectuales de izquierda que promovieron al gobierno K como
nacional-popular y de derechos humanos. Reflexionemos sobre:
Derechos torcidos
18 de mayo de 2016
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos confirmó lo que denuncian los pueblos
indígenas: el extractivismo condena a las comunidades originarias a la pobreza,
desalojos y muerte. La responsabilidad de empresas y Estados que violan las
leyes.
Por
Darío Aranda/
lavaca
“En 1492 los
pueblos indígenas eran expulsados de sus territorios. En 2015, también”, señala
el cartel de Amnistía Internacional que empapeló Buenos Aires en octubre pasado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mayor órgano
continental en la materia, acaba de publicar un informe que va en el mismo
sentido: confirma que los gobiernos de América (de derecha a izquierda) violan
los derechos humanos de los pueblos indígenas y lo hacen para avanzar con
proyectos extractivos: minería, petróleo, agronegocios, represas.
En Argentina hay más de 180 conflictos territoriales.
500 años
“Aquella violenta marea de codicia, horror y bravura no se abatió sobre estas
comarcas sino al precio del genocidio nativo. Desterrados de su propia tierra,
condenados al éxodo eterno, los indígenas de América Latina fueron empujados
hacia las zonas más pobres. Las matanzas de los indígenas que comenzaron con
Colón nunca cesaron”, explica Eduardo Galeano en el histórico libro Las venas abiertas de América Latina, publicado en 1970.
Casi medio siglo
después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicó el informe Pueblos
indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de
derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y
desarrollo. Son 190 páginas con lenguaje técnico-jurídico y diplomático, muy
crítico sobre la situación actual de gobiernos y empresas, y su relación con la
violación de derechos humanos: “La llegada del siglo XXI trajo consigo un
aumento significativo de las extracciones mineras y petroleras en el continente
y, más específicamente, en América Latina y el Caribe. Igualmente, ha aumentado
significativamente la presencia de monocultivos de exportación que cubren
amplios territorios, con altos impactos ambientales, y suman enormes volúmenes
de producción”, señala el informe. Y cita como ejemplo las amplias superficies
con soja, caña de azúcar y palma aceitera.
Y cuestiona: “Junto
con la ampliación e intensificación de actividades de esta naturaleza, la
Comisión ha podido observar que se han producido serios impactos en los derechos
humanos de las poblaciones en donde tienen lugar”. Alerta:
“Es reiterada y consistente la información recibida con relación a impactos
negativos ambientales, sociales, culturales y humanos que generan estas
actividades”.
CIDH
La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos es el ámbito de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el
continente. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan
en forma personal y tiene su sede en Washington (Estados Unidos). Fue creada por
la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de
protección de los derechos humanos.
Como todo espacio
diplomático, no se caracteriza por definiciones tajantes. A lo largo del informe
sobresalen detalles de legislaciones vigentes, tratados internacionales de
derechos humanos, convenciones internacionales, recomendaciones a los Estados,
pero también definiciones claras: “Con alarmante frecuencia (se ejecutan) planes
y proyectos de carreteras, canales, represas, hidroeléctricas, puertos,
complejos turísticos, parques eólicos o similares que tienen lugar en afectación
a tierras y territorios indígenas y tribales. La tecnología moderna permite
intervenciones en zonas hasta ahora remotas, provocando un desplazamiento
significativo y daños irreparables a la tierra y los recursos naturales de los
pueblos indígenas”.
La Comisión
confirma los “graves impactos sociales y culturales” que acarrean las
actividades extractivas y denuncia que los pueblos indígenas sufren “impactos
profundos”. Detalla: “Afectaciones
en la salud, alteración en las relaciones comunitarias, la calidad de vida,
migraciones, desplazamiento de comunidades, cambios en patrones tradicionales de
economía”. Y asegura que los más afectados son los niños, las mujeres y los
adultos mayores.
Minería
El informe de la
CIDH señala que la minería produce destrucción de ecosistemas donde se ubican
las canteras, afectación del sistema hidrológico, contaminación del agua y
emisiones de polvo, entre otros. Algunos tipos de minería tienden a concentrar y
liberar contaminantes en el medio ambiente. Sostiene que, en la minería a
pequeña escala, es clara la contaminación por mercurio. Y en la minería a gran
escala (por ejemplo, de oro), alerta sobre el uso de cianuro en el proceso de
lixiviación.
“La
implementación de este tipo de proyectos puede suponer una seria contaminación
por el vertimiento de sustancias en el medio ambiente, bosques y ríos
tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas. Estas afectaciones pueden
llegar a ser devastadoras en casos de proyectos mineros a gran escala o cuando
se otorga un gran número de concesiones de pequeña escala sobre territorios
indígenas”, advierte la CIDH y señala “efectos nocivos en la salud” de los
pueblos indígenas.
Recuerda el
informe que, tras la culminación de la extracción minera, “se carece de planes
de cierre y remediación ambiental adecuados que aseguren la superación de los
pasivos ambientales generados”. Define como “alarmante” la información recibida
sobre la actividad minera en Perú, con más de 8.600 pasivos ambientales en 21
regiones del país.
Afirma que la
minería genera “un intenso ritmo de deforestación y contaminación de suelos y
aguas”.
Hidrocarburos
La Comisión señala que la explotación de hidrocarburos implica la apertura de
trochas y la contaminación por derrames o pérdidas en la extracción. “La CIDH ha
recibido información sobre derrames en la selva amazónica (Ecuador) debido a la
rotura de oleoductos o tuberías generando, entre otros efectos, la presencia de
cadmio en el agua. Se ha documentado ampliamente que la exposición al petróleo y
a los compuestos químicos vinculados al mismo petróleo provoca efectos nocivos
para la salud y la vida del ser humano”.
También advierte
que la explotación petrolera genera a su vez subproductos y desechos tóxicos en
todas las etapas de las operaciones: perforaciones de exploración, producción,
transporte y refinación. Todo esto produce hechos de contaminación y afectación
de derechos indígenas.
Agronegocios
La producción extensiva de palma africana, caña de azúcar y soja provoca
“impactos desproporcionados” dice la CIDH. Cita ejemplos de Honduras y Perú. “Los monocultivos
tienen también efectos ambientales agudos como la pérdida de la biodiversidad y
la seguridad alimentaria, el aumento del uso de agroquímicos, el avance de la
frontera agrícola sobre áreas naturales, entre otros”.
La Comisión
cuestiona la “autorización del uso de semillas transgénicas, acción estatal que
desconoce las formas propias del manejo y gestión de los territorios indígenas”.
Recuerda que se autorizaron semillas transgénicas de soja, maíz y algodón en
contra de la decisión de los pueblos indígenas de contar con un territorio libre
de transgénicos. Precisa que los transgénicos “afectan las prioridades de
desarrollo” de los pueblos indígenas en torno al uso propio de las semillas
originarias y perjudicando su seguridad alimentaria.
Entre las principales consecuencias, la CIDH denuncia el “poco apoyo económico a la agricultura indígena
o campesina, la negación de la soberanía alimentaria, la desarticulación de
prácticas e instituciones de cooperación comunitaria, el despojo de tierras”.
También explica que los estados fomentan conflictos intracomunitarios para
debilitar la organización indígena, y permiten -por acción u omisión- la
migración forzosa y la contaminación de flora, fauna, suelo y agua.
Otra relación de
causas y efectos: “Dicho tipo de agricultura propone el monocultivo a partir de
semillas transgénicas que exigen altas cantidades de agrotóxicos. Se produciría
la aspersión de sustancias tóxicas en comunidades adyacentes a los cultivos,
afectando su salud y contaminando el medioambiente”. Destaca que así se
contaminan las fuentes de aguas de campesinos y comunidades originarias.
Y afirma que las
semillas representan, para los pueblos indígenas “recursos vitales para su
subsistencia”. Cuestiona que, mediante el patentamiento de transgénicos, se
prohíba el uso propio y la libre circulación de semillas criollas.
El informe señala
que el agronegocio y los monocultivos “amenazan la soberanía y seguridad
alimentaria”. Y sostiene que los pueblos indígenas deben tener acceso a fuentes
de alimentación en base a sus propias actividades de subsistencia, tales como la
caza, la pesca y la agricultura. Denuncia que las actividades extractivas
“tienen un impacto en el derecho a la alimentación de tales pueblos y puede
colocar en riesgo su existencia misma”.
Represas
Las grandes obras
hidroeléctricas tuvieron su auge en la segunda mitad del siglo XX y suelen
publicitarse como “energías limpias”. Pero desde hace décadas acarrean
cuestionamientos sociales y ambientales.
La CIDH precisa
que las represas en tierras indígenas acumulan denuncias por interrumpir el
cauce natural de los ríos e impactan en las formas propias que tienen las
comunidades de utilizar sus aguas, generalmente para la agricultura y sus
cosechas. Y vincula a las represas con los datos sobre aumento de enfermedades.
“En el caso de la construcción de represas se ha informado sobre el aumento de
enfermedades como dengue, malaria, diarrea y problemas de la piel”, precisa el
informe.
Derechos
Los pueblos
originarios del continente tienen
frondosa legislación que protege sus derechos y territorios, pero esas leyes no
se cumplen por el accionar de los Estados, empresas extractivas y,
fundamentalmente, el propio Poder Judicial.
“Los Estados no
pueden otorgar concesiones para la exploración o explotación de recursos
naturales que se encuentran en los territorios que no han sido delimitados,
demarcados o titulados, sin consulta efectiva y sin el consentimiento informado
de los pueblos indígenas”, destaca la Comisión. Refiere al “derecho a la
consulta” y al “consentimiento libre, previo e informado” que debe tener toda
acción que pudiera afectar a los pueblos indígenas, derecho vigente en distintas
leyes nacionales y tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT.
“Los Estados
tienen una obligación específica de consultar, y garantizar su participación
efectiva”, reitera la CIDH, y resulta taxativa con respecto a los pueblos
originarios: si no se cumple el consentimiento, habrá violación de sus derechos
humanos.
La Comisión considera que la implementación efectiva del derecho a la consulta y
consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y tribales
“sigue siendo una tarea incompleta en la mayor parte de los Estados del
continente”.
En Argentina existen más de 25 millones de hectáreas con cultivos transgénicos, 800 proyectos mineros en estudio (una decena en explotación) y amplias regiones con extracción petrolera (Vaca Muerta está en tierras de 27 comunidades indígenas), pero nunca se aplicó el derecho al consentimiento de las comunidades.La CIDH resume: “Los Estados reconocen el derecho a la consulta en el plano normativo, pero no lo aplican en la práctica”.
Violencia
La Comisión afirma que cada vez que las comunidades indígenas se organizan y
resisten el avance de proyecto extractivos sobrevienen “actos de hostigamiento,
amenazas y agresiones”. Se repiten persecuciones penales en contra de
autoridades, líderes y miembros de comunidades; presiones, secuestros y
asesinatos. El extractivismo vulnera “el derecho a la vida” de miembros de
pueblos indígenas. “La CIDH observa con preocupación que se han presentado
asesinatos de líderes, lideresas o miembros de estos pueblos y comunidades en
contextos de oposición a proyectos de esta naturaleza”.
El marzo último fue asesinada Berta Cáceres, líder indígena de Honduras, referente en la lucha contra las megarrepresas. Se sumó a la larga lista de indígenas y campesinos asesinados por defender el territorio.La CIDH afirma que en la mayoría de los casos no se llega a determinar a los responsables. Y focaliza cuáles son las causas: “Existe una grave situación de impunidad en el continente con respecto a las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de proyectos de extracción. No debe perderse de vista que determinadas empresas o grupos empresariales suelen ser agentes económicos influyentes, sobre todo en economías altamente dependientes de las actividades que estas empresas realizan y carecen de voluntad política para asegurar un debido acceso a la justicia”, plantea el informe.Dos casos emblemáticos de Argentina son el diaguita Javier Chocobar, quien fue asesinado en 2009 en Tucumán, y el qom Roberto López muerto por balas policiales en 2010, en Formosa. No hay detenidos y aún no hubo juicio.
Argentina
La ONG de
derechos humanos Amnistía Internacional realizó en 2015 un mapa de conflictos
indígenas. Detectó en dicha investigación un piso de 183 casos.
“Son sólo un
número representativo de los conflictos presentes en Argentina en los que
comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos
(municipales, provinciales, nacional), empresas (agropecuarias, mineras,
petroleras, de turismo, entre otras), y ante jueces y fiscales del Poder
Judicial que desoyen las normativas vigentes”, explica Amnistía en el sitio web
territorioindigena.com.ar, donde se pueden chequear y sumar nuevos casos.
El mapa es una
herramienta colaborativa de diversas organizaciones, abierta, de actualización
periódica y a disposición de todas las comunidades que lo requieran.
Participaron el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), la Asociación de
Abogados de Derecho Indígena (AADI), la Defensoría del Pueblo de la Nación, la
ONG Abogados de Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes), la Fundación
Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a
la Tierra (Gajat).
“La población indígena en Argentina fue sistemáticamente negada y excluida a lo largo de la historia del país. Durante la época de la colonización, y especialmente con la serie de campañas militares llevadas a cabo, se produjo el exterminio de una gran parte de los pueblos indígenas, perpetrando un literal genocidio. Por la usurpación de sus territorios a partir del siglo XIX y el despojo de sus tierras y recursos, los indígenas fueron condenados a vivir en situaciones de extrema pobreza, lo que derivó en otras formas de exclusión social”, señala Amnistía Internacional.Y, en línea similar a la CIDH, informa: “Existe en Argentina una significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación. La Argentina debe asumir su historia para poder transformar las prácticas que siguen reafirmando patrones de discriminación y exclusión.Tal como graficó Félix Díaz, autoridad de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh, en un mensaje que interpela a toda la sociedad: ‘Los derechos humanos aún no llegaron a los pueblos indígenas’”.
Ganadores
La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos cuestiona el relato dominante, que lleva cinco siglos, que
plantea que la explotación de recursos naturales supone un beneficio local: “Si
bien es común referirse al ‘desarrollo’ como base para favorecer la explotación
de recursos naturales, varios de los países ricos en estos recursos naturales y
que privilegian su extracción presentan bajos niveles de desarrollo humano. Es
preocupante notar que si bien los pueblos indígenas y comunidades
afrodescendientes son comúnmente los más afectados, la vasta mayoría de los
beneficios derivados de tales proyectos suelen recaer sobre otros. Y, con
frecuencia, las zonas donde se llevan adelante proyectos de extracción presentan
cifras bajas de desarrollo socioeconómico”.
Con otro estilo,
Eduardo Galeano lo había resumido en 1970: “El
subdesarrollo de América Latina
proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo”.
Destapemos
a quienes desde la concentración K de medios de comunicación social
promovieron el relato de “capitalismo serio” y gobierno nac&pop pese a la
realidad de maximización del poder de transnacionales. El gobierno K
procedió en contra de:
Los derechos
humanos, laborales y/o medioambientales, no pueden formar parte de las ventajas
comparativas del capitalismo
Controlar
las cadenas mundiales de suministros
18 de junio de 2016
Por
Juan Hernández
Zubizarreta y Pedro Ramiro (La
Marea)
Hablar de las cadenas mundiales de suministros es hacer referencia
a las diversas fases que cubren todo el ciclo de vida de un producto o servicio,
desde que es creado hasta que es consumido. Es un proceso que vincula a muchas
empresas, que se inicia con materias primas no procesadas y termina con el
producto en manos de la persona consumidora. En el sector textil, por ejemplo,
abarca la logística, la distribución en tienda y la labor en sede, por un lado,
así como la obtención de materias primas y el hilado, tejido, tinte y
confección, por otro.
Las empresas transnacionales buscan, en el proceso descrito,
maximizar los beneficios y la productividad a costa de minimizar los costes y
obtener tasas de ganancia cada vez más elevadas. Para ello, vulneran
sistemáticamente los derechos humanos, sociales, laborales, medioambientales y
reducen, entre otras cosas, el pago de impuestos. Prueba de ello es la evasión
fiscal por medio de la manipulación de los precios de transferencia: las casas
matrices suelen reducir formalmente los beneficios obtenidos en una filial
situada en un país que impone impuestos más altos, mientras al mismo tiempo los
incrementan en otro que cobra impuestos más bajos. Así, la empresa matriz va
vendiendo productos a precios diferentes, concentrando la facturación en el país
que dispone de una fiscalidad más baja; es lo que se ha venido a denominar
ingeniería fiscal.
La empresa
Inditex,
por ejemplo, logró en 2015 unos beneficios de casi 3.000 millones de euros, un
15% más que el año anterior. Su presidente y consejero delegado, Pablo Isla, vio
aumentar su retribución el 53,4% hasta llegar a los 12,2 millones anuales. Y
todo eso se combina con la posible reducción de un 20% en los gastos de cada uno
de los departamentos de la empresa, es decir, el pago de bajos precios a
proveedores y, en su caso, a contratistas y subcontratistas por sus productos o
servicios, al margen de las condiciones laborales que tengan los trabajadores y
trabajadoras de la cadena de producción. Además, Inditex dispone de 34
sociedades instrumentales en territorios de nula o baja tributación.Esos beneficios tan desproporcionados chocan con las palabras de Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos, en la Cumbre sobre Fiscalidad Laboral Mundial celebrada en la sede de la OIT el año pasado otoño: “Las leyes que rigen la fiscalidad corporativa internacional fueron escritas en los años veinte, antes de que se inventaran el bolígrafo y la fotocopiadora. Cuarenta años después de que el ser humano pusiera el pie en la luna, aún no podemos lograr que un cargamento de gas pague los impuestos adecuados para financiar las escuelas de nuestros hijos e hijas”. Y es que el capitalismo permite acumular riqueza de manera inmediata y sin límites de ningún tipo, mientras los derechos humanos y ambientales se convierten en meros recursos al servicio de la acumulación de capital.
Los trabajadores y trabajadoras que venden su fuerza de trabajo en
las cadenas mundiales de suministros forman parte de los circuitos
productivos del capitalismo global y
son funcionales al sistema económico dominante, ya que sus bajos salarios y sus
precarias condiciones de trabajo —como es el caso del sector textil— permiten
niveles de consumo aceptables para los sectores populares de los países
enriquecidos, cuyos salarios se encuentran congelados y en continua recesión. No
obstante, todavía son muchos los especialistas que consideran que las cadenas de
valor han abierto a la modernidad a numerosos países y pueblos: entienden que el
comercio genera crecimiento y progreso, con las corporaciones transnacionales
jugando un papel fundamental.
Sobre los límites físicos del planeta, las condiciones de vida de
las trabajadoras y la acumulación por parte de una minoría de la riqueza
generada en todo el proceso productivo, sin embargo, no dicen ni una palabra. Y
aunque la propia UNCTAD suele aceptar que la inserción en los mercados globales
contribuye a aumentar el PIB de los países, reconoce al mismo tiempo que, a
cambio, las economías más débiles se exponen a menudo a sufrir fuertes impactos
negativos sobre el medio ambiente, la precariedad laboral, la salud y a los
riesgos que plantea la alta movilidad de las empresas transnacionales, que
aumenta la vulnerabilidad de las economías más débiles hacia posibles shocks externos.
¿Hay
propuestas para controlar la cadena de suministros?Por supuesto que sí. Con una premisa central: hay que impedir que los derechos humanos, y en su caso los derechos laborales y medioambientales, formen parte de las ventajas comparativas del capitalismo. Y, a partir de aquí, se trata nada menos que de organizar de manera efectiva la protección de los mismos, lo que implica evitar suplantar el sistema internacional de los derechos humanos por la retórica del soft law o la “responsabilidad social”.
Así, debe generarse una responsabilidad solidaria de las grandes corporaciones con sus filiales (de iure o de facto), así como con la cadena de proveedores, subcontratistas y licenciatarios, ya que comparten la responsabilidad por las violaciones de los derechos civiles, políticos sociales, económicos, culturales y medioambientales —al estar conectadas mediante las prácticas económicas— con las empresas transnacionales. Dicha responsabilidad solidaria es una cuestión esencial, teniendo en cuenta la práctica habitual de las grandes compañías de externalizar los costes, los riesgos y las consiguientes responsabilidades —que asumen casi exclusivamente las filiales, proveedores, subcontratistas y licenciatarios— al mismo tiempo que obtienen grandes beneficios.
Las empresas transnacionales son inmunes a las demandas judiciales, tanto en el país huésped como en el de la casa matriz, si las vulneraciones de derechos las ha cometido un proveedor con una regulación contractual con la transnacional. Hay muy pocas disposiciones jurídicas obligatorias que responsabilicen a las multinacionales; en el marco de la RSC suele hablarse de “diligencia debida no obligatoria en la cadena de suministros”. Respecto a la concreción de la responsabilidad, los legisladores franceses han previsto en una primera propuesta de ley la prevención de impactos, de posibles riesgos medioambientales, sanitarios o en relación con los derechos fundamentales. Es un mecanismo de regulación conjunta para garantizar la prevención y reparación de daños, que permite a las empresas implicadas quedar exentas si prueban que han aplicado las medidas necesarias y razonables para prevenir los daños; es una obligación de vigilancia.
Esta alternativa puede completarse por la regla clásica de la
responsabilidad dolosa o culposa, que implica que es el demandante quien debe
probar el daño, lo que es complejo en la cadena de valor. No obstante, la
responsabilidad se dirige a los integrantes del grupo de sociedades y de toda la
cadena de valor. Se podrá explorar la responsabilidad por falta de vigilancia y
la responsabilidad dolosa y culposa, en todo caso, debe comprender sanciones
penales y civiles de los directivos de las empresas transnacionales.
Además, se debe regular la extraterritorialidad en los regímenes
penal y civil, lo que implica autorizar las reclamaciones sobre la base de la
nacionalidad o el lugar de constitución de la empresa, independientemente del
lugar en el que se hayan vulnerado los derechos. Y, junto a ello, las empresas
transnacionales tendrían que hacer públicos los países en los que llevan a cabo
sus prácticas comerciales y/o financieras de cualquier tipo, la identificación
de sus filiales, proveedores, subcontratistas y licenciatarios, y la forma
jurídica con la que participan en otras empresas o entidades con personalidad
jurídica.
Se deben
respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras a lo largo de toda la
cadena de producción, incluidos los de las personas migrantes, las trabajadoras
informales y de las zonas francas. La referencia deben ser los convenios de la
Organización Internacional del Trabajo y no solo los derechos fundamentales en
el trabajo. Además, hay que exigir que las empresas transnacionales paguen un
precio adecuado a los proveedores y regular los programas de producción rápida a
precios reducidos, que vulneran los derechos laborales y medioambientales en
toda la cadena de producción, tanto en la obtención de las materias primas como
en la fabricación.Por lo que se refiere al apoyo a las inversiones directas y las prácticas comerciales, las administraciones públicas deben asegurar mecanismos de control por medio de evaluaciones de impactos sociales, medioambientales, procesos de consultas con las comunidades afectadas, sistemas de transparencia… En la contratación pública, los gobiernos deberían incorporar cláusulas sociales, laborales y medioambientales en las licitaciones y evitar los servicios, productos y obras que provengan de empresas transnacionales o de cadenas de valor donde se vulneran los derechos humanos. En definitiva, se trata de establecer fórmulas que incorporen a las inversiones privadas la filosofía de los derechos humanos.
Las cadenas mundiales de suministros no pueden quedar al margen del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de las legislaciones de los países de origen. La impunidad de las corporaciones transnacionales debe terminar. Y la profunda asimetría que existe entre la defensa de sus derechos y la desregulación de sus obligaciones no puede quedar legitimada por las prácticas de responsabilidad social corporativa.
Juan Hernández Zubizarreta (@JuanHZubiza)
y Pedro Ramiro (@pramiro_)
son autores de “Contra la ‘lex mercatoria’” (Icaria, 2015).
Veamos
porqué solidarizarnos con los pueblos, comunidades en vez de dejarnos
embaucar por los gobiernos de turno.
Denuncian que Cristina
firmó dos decretos secretos para favorecer a la Barrick Gold
26 de junio de 2010
El diputado
Miguel Bonasso denunció en diálogo con LPO, que Cristina Kirchner firmó dos
decretos secretos para otorgar beneficios impositivos a la minera, superiores a
los que tenía en los 90. La Presidenta reservó hoy varias horas de su agenda en
el G 20, para almorzar con Peter Munk, el dueño de la multinacional que explota
en San Juan el megaproyecto Pascua Lama. "Van a dejar un dique de agua lleno de
cianuro, será un desastre ambiental", advirtió.
El diputado Miguel Bonasso, denunció que
Cristina Kirchner le otorgó beneficios impositivos especiales a la minera
canadiense Barrick Gold, para que lleve a cabo la explotación en la zona Pascua
Lama, extendida entre San Juan y la Tercera Región de Chile, tarea que, según
legislador, contaminaría con cianuro las inmediaciones de la zona.
La buena sintonía entre la jefa de Estado y
Barrick Gold quedó demostrada una vez más este mediodía, cuando la presidenta
asistió a un almuerzo organizado por el dueño de la compañía, el magnate Peter
Munk, quien recibió un trato de jefe de Estado.
Cristina Kirchner acudió al encuentro con todos sus funcionarios y cuatro gobernadores de las provincias "mineras", encabezados por el sanjuanino José Luis Gioja uno de los principales lobbystas de la Barrick Gold en el país, junto al empresario Santiago Soldati.
La Presidenta no tuvo ningún problema en posar toda sonrisas junto a Munk y las banderas de Barrick, una minera denunciada de contaminar los suelos argentinos con cianuro. Sonreían también para las fotos el salteño Juan Manuel Urtubey, el riojano Luis Beder Herrera, el jujeño Walter Barrionuevo y el santiagueño Gerardo Zamora. Además del secretario de Minería Jorge Mayoral, quien compite con Gioja por los favores de la minera. Ese es el poder de lobby de la Barrick Gold, una compañía que tuvo como asesor al ex presidente de Estados Unidos George Bush padre.
Cristina Kirchner acudió al encuentro con todos sus funcionarios y cuatro gobernadores de las provincias "mineras", encabezados por el sanjuanino José Luis Gioja uno de los principales lobbystas de la Barrick Gold en el país, junto al empresario Santiago Soldati.
La Presidenta no tuvo ningún problema en posar toda sonrisas junto a Munk y las banderas de Barrick, una minera denunciada de contaminar los suelos argentinos con cianuro. Sonreían también para las fotos el salteño Juan Manuel Urtubey, el riojano Luis Beder Herrera, el jujeño Walter Barrionuevo y el santiagueño Gerardo Zamora. Además del secretario de Minería Jorge Mayoral, quien compite con Gioja por los favores de la minera. Ese es el poder de lobby de la Barrick Gold, una compañía que tuvo como asesor al ex presidente de Estados Unidos George Bush padre.
La reunión de Cristina con Munk fue una de las
últimas gestiones que hizo Mariana Llorente, cuñada y jefa de Gabinete del ex
canciller Jorge Taiana, quien logró que la Presidenta reservara horas de su
cargada agenda en el G20 para reunirse con el magnate minero.
Pero lo cierto es que los compromisos de los Kirchner con esta minera, que le genera enormes contradicciones con los sectores progresistas que los apoyan, viene de tiempo atrás. Y no son pocos los favores que les han hecho.
Bonasso intentó hace dos años restringir las explotaciones mineras mediante un proyecto que además de proteger los glaciares hacía lo propio con las zonas periglaciares. Pero luego de ser sancionado fue vetado por la presidenta, fue el punto en el que se hizo inevitable la ruptura entre este diputado y sus antiguos amigos.
Hace un mes Bonasso insistió con una iniciativa similar que ya obtuvo despacho de comisión para ser otra vez tratada en el recinto.
“El emprendimiento de Barrick Gold (en referencia a la mina binacional Pascua Lama enclavada entre San Juan y Chile) deja poco beneficio para Argentina y acarrea un peligro de un desastre ambiental”, alertó Bonasso en diálogo con LPO y precisó: “Va a quedar una especie de dique donde se hace la mezcla entre la roca molida y grandes cantidades de agua, que se mezclan con cianuro para conseguir oro. O sea, nos va a quedar el dique con cianuro”.
El diputado denuncio además que la minera de Munk “recibió beneficios impositivos mayores a los que ya le otorga la ley de minería de los 90, porque se han acordado dos decretos secretos. La presidenta no contestó ninguno de mis reclamos porque sabe que tengo razón”.
Bonasso adelantó que recorrerá los despachos de los senadores oficialistas y opositores para que apoyen su proyecto en caso de que, como se prevé, pase el filtro de Diputados. Uno de los senadores kirchneristas, Daniel Filmus, fue el autor de la iniciativa oficial que sólo apunta a proteger de las explotaciones mineras las zonas glaciares. Es decir, salva los intereses de la Barrick y acaso de sus jefes políticos, los Kirchner.
Pero lo cierto es que los compromisos de los Kirchner con esta minera, que le genera enormes contradicciones con los sectores progresistas que los apoyan, viene de tiempo atrás. Y no son pocos los favores que les han hecho.
Bonasso intentó hace dos años restringir las explotaciones mineras mediante un proyecto que además de proteger los glaciares hacía lo propio con las zonas periglaciares. Pero luego de ser sancionado fue vetado por la presidenta, fue el punto en el que se hizo inevitable la ruptura entre este diputado y sus antiguos amigos.
Hace un mes Bonasso insistió con una iniciativa similar que ya obtuvo despacho de comisión para ser otra vez tratada en el recinto.
“El emprendimiento de Barrick Gold (en referencia a la mina binacional Pascua Lama enclavada entre San Juan y Chile) deja poco beneficio para Argentina y acarrea un peligro de un desastre ambiental”, alertó Bonasso en diálogo con LPO y precisó: “Va a quedar una especie de dique donde se hace la mezcla entre la roca molida y grandes cantidades de agua, que se mezclan con cianuro para conseguir oro. O sea, nos va a quedar el dique con cianuro”.
El diputado denuncio además que la minera de Munk “recibió beneficios impositivos mayores a los que ya le otorga la ley de minería de los 90, porque se han acordado dos decretos secretos. La presidenta no contestó ninguno de mis reclamos porque sabe que tengo razón”.
Bonasso adelantó que recorrerá los despachos de los senadores oficialistas y opositores para que apoyen su proyecto en caso de que, como se prevé, pase el filtro de Diputados. Uno de los senadores kirchneristas, Daniel Filmus, fue el autor de la iniciativa oficial que sólo apunta a proteger de las explotaciones mineras las zonas glaciares. Es decir, salva los intereses de la Barrick y acaso de sus jefes políticos, los Kirchner.
Por el contrario:
“Movimos montañas”
Más de veinte asambleas y colectivos ambientales se reunieron una vez más para
celebrar un nuevo encuentro de la UAC. Esta vez los anfitriones fueron los
integrantes de la Asamblea “Jáchal no se toca”, vecinos del pueblo sanjuanino
que se mantiene en alerta desde que, en septiembre de 2015, se produjo un
derrame de cianuro en Las Taguas. Tres días de debate, organización y trabajo en
red para seguir potenciando la lucha a lo largo y a lo ancho de nuestros
territorios.
El encuentro número 26 de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) coincidió con el 40º aniversario del Golpe Militar de 1976, por lo que el encuentro estuvo signado por un clima reflexivo vinculado a la memoria, la verdad y la justicia, y también por la necesidad de solidarización colectiva con el pueblo de Jáchal, que viene sufriendo la contaminación con cianuro. En septiembre de 2015 se produjo un derrame de miles de litros de agua cianurada que se hallaba en la pileta de lixiviación de la minera Veladero, ubicada en el departamento de Iglesia, que contaminó los ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas. Esta situación fortaleció la lucha de la comunidad jachallera contra la megaminería.
“Estamos
tomando agua contaminada, sin embargo el derrame generó más conciencia y
organización, podemos decir que movimos
montañas. Tenemos muchos frentes;
el legal, la carpa que mantenemos desde hace seis meses para difundir nuestra
lucha, los cortes que realizamos y ahora estamos a al borde de un plebiscito.
Sin el apoyo de las asambleas no podríamos haber sostenido tanto tiempo la lucha
contra una multinacional que tiene más empleados que gente en este pueblo”, expresaron
desde la Asamblea de Jáchal, dando la bienvenida y agradeciendo la solidaridad
de más de 100 asambleístas que se acercaron y construyeron el encuentro.
Gran parte del encuentro se realizó en la plaza principal del
pueblo, con el objetivo de visibilizar las banderas y luchas de la UAC y de
contagiar a los vecinos que no están aún movilizados. La presentación y apertura
estuvo a cargo de la asamblea anfitriona, Jáchal No se toca y la Asamblea
Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo, que colaboró con la organización
del encuentro.
Las actividades de debate en comisiones se desarrollaron durante
el día viernes y sábado. En principio se trabajó por temáticas: megaminería,
fracking, agronegocios y contaminación urbana, para luego discutir
transversalmente sobre el estado de situación en los territorios, la coyuntura
política actual y las formas de coordinación y organización de las regionales.
El final, un momento importante, el plenario donde en círculo se celebra la
deliberación de las líneas futuras de la lucha socio-ambiental.
La presencia de compañeros de Chile y Uruguay, de las asambleas
Campesinos por el Valle del Huasco y de la Asamblea Pachamama, respectivamente,
enriquecieron los debates, ya que se acercaron a intercambiar experiencias y
fortalecer las luchas borrando las fronteras políticas, del otro lado del río,
del otro lado de la montaña insistían, teniendo en cuenta muchos de los
emprendimientos en la zona cordillerana son binacionales y que muchas
actividades atraviesan territorios y fronteras. Hubo una gran cantidad de
asambleas del NOA-Cuyo y también presencia de asambleas y colectivos del
Litoral, Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Patagonia.
Tras tres días de debate, construcción y diálogo, se determinaron
acciones conjuntas para realizar en apoyo a la situación que está enfrentando el
pueblo de Jáchal. Además, se definió que el próximo encuentro de la UAC se
realizará en la ciudad de La Rioja y la asamblea anfitriona será Asamblea La
Rioja Capital.
Uno de los momentos más emocionantes para la comunidad de
jachalleros y para todos los que viajaron miles de kilómetros para apoyar la
lucha contra toda forma de extractivismo fue la marcha que dió la vuelta al
pueblo. Por calles de tierra y embarradas atronaban los cánticos a favor de la
vida y en contra del saqueo y la contaminación. El pueblo atónito y agradecido
al mismo tiempo.
Jáchal – Iglesia: Veneno en el agua
La Asamblea “Jáchal no se toca” surgió en el año 2004 a partir de
la noticia de la instalación de la minera Veladero, concedida a explotación a la
empresa canadiense Barrick Gold, ubicada en el departamento de Iglesia.
“Perdimos la partida desde el punto en que las leyes mineras, para que existiera
la megaminería, el ex gobernador Gioja hizo un trabajo estratégico impecable, ya
que en los años 90 impulsó, mientras estaba de diputado, como 20 leyes de la
vergüenza sobre la megaminería, después llegó a ser senador nacional en donde
logró que fueran sancionadas y aplicadas, y a partir de eso la instalación de la
megaminería en nuestro territorio, así que a partir de 2005 Veladero empieza a
funcionar”, describió Silvina de los Santos, integrante de la Asamblea.
“A cada paso que damos, tenemos que ser conscientes de lo que estamos perdiendo. Nosotros estamos perdiendo montones de espacios, estamos perdiendo el pueblo. Acá en Jáchal, en un pueblo de 20 mil habitantes, en estos últimos años hemos perdido más de 1400 puestos de trabajo, molinos, bodegas, plantaciones de olivos (cientos de hectáreas), hemos perdido servicios; teníamos clínicas sanatorios, ahora no existe nada; una usina propia, generábamos energía propia. Antes había fábricas donde se elaboraban tomates, zapallos, aceitunas”, relató un ex trabajador de la mina. “Esta lucha es dura. Yo como trabajé 12 años en la megaminería, ahora me quedé sin salud, sin futuro para mis hijos, sin esperanza. Entonces tenemos que tomar la decisión de decir ya basta”.
El día 12 de septiembre de 2015 se produjo el derrame de
aproximadamente un millón de litros de agua cianurada en el río Jáchal, producto
de la rotura de un caño. Los vecinos de Jáchal conocieron la noticia del derrame
a través de un mensaje de WhatsApp que hizo circular la familia de un operario
de la planta para advertir a sus vecinos de que no consumieran agua corriente.
Tras la viralización del mensaje, los vecinos se congregaron en la plaza para
exigirle a las autoridades respuestas. El por entonces intendente de Jáchal,
Jorge Barifusa, intentó tranquilizarlos explicando que el derrame ya había sido
remediado, pero, ante la desconfianza que generó sus respuestas, los jachalleros
marcharon hacia el río donde ex trabajadores detectaron el mismo olor que existe
en los piletones de lixiviación de la minera.
"Hay
una contaminación sociocultural que viene desde antes del 2013, la contaminación
del agua ha comenzado en el 2001, desde que un supervisor de Barrick encontró
sapos y bagres muertos en el río, se lo comunicó a su jefe y lo tuvieron
contando sapos y bagres muertos hasta que finalmente él hizo la denuncia y lo
despidieron. La membrana se rompió cuando la pusieron en el 2003 y desde
entonces se vienen produciendo derrames sistemáticamente. Este derrame ha sido
escandaloso”, subrayó Nani Varela, vecina de la localidad de Iglesia. Además
resaltó la forma en que la empresa y el Estado fueron impulsando el imaginario
de que el impulso económico y el desarrollo venían únicamente de la mano de la
megaminería. “Al principio se alentó la pérdida de lo que es la economía
regional, que es la producción de semillas, Iglesia es uno de los lugares de
semillas y de frutales de calidad de exportación, así como del turismo aventura
y cultural, se desalentaron este tipo de emprendimientos, a la gente se la
empezó a estimular para la producción creyendo que el futuro estaba en la
minería”.
Tras el derrame que afectó varias localidades, entre ellas Jáchal
e Iglesia, se inició una causa que quedó en manos de la Segunda Circunscripción
judicial, Pablo Oritja, quien determinó el procesamiento de nueve directivos de
la empresa. Frente a esto, el gobierno de la provincia estableció una multa a la
compañía de 145.696.000 pesos. Sin embargo, desde la Asamblea consideran que la
multa, así como los procesamientos, son insuficientes. “Los verdaderos
responsables son el ex gobernador, José Luis Gioja, el ex titular de hidráulica,
el señor Jorge Eduardo Millón, y el ex secretario de minería de la provincia,
Felipe Saavedra, entre otros, hay muchos otros responsables, pero ellos ni
siquiera figuran en la causa, él tomó una decisión para nosotros muy
equivocada”, afirmó de los Santos.
Alta representación de Asambleas y Colectivos.
Las asambleas y colectivos que participaron del encuentro (no
exhaustivo): Asamblea Jáchal No se Toca, Asamblea Sanjuanina contra la
contaminación y el saqueo, Iglesianos Por la Vida (San Juan), Productores de
Tambería (San Juan), Asamblea Malvinas Lucha por la Vida Línea Fundadora
(Malvinas, Córdoba), Autoconvocados contra Monsanto (Córdoba), Asamblea el
Algarrobo (Andalgalá), Colectivo Sumaj Kawsay (San Fernando del Valle,
Catamarca) Pro-Eco Grupo Ecologista (Tucumán), Asamblea del Valle del Yocavil
(Catamarca), Asamblea Popular Por el Agua (Mendoza) Pueblo Jachallero en
Mendoza, Radio Comunitaria La Lechuza (San Juan), Proyecto Doce Cine (Córdoba),
Campesinos Independientes de la Meseta (Chubut) Asamblea la Riojana Capital,
Asamblea el Retamo (Nonogasta), Asamblea de Chilecito Por la Vida (La rioja)
Asamblea Unidos Por el Río (Vte López, Bs As) Foro por la Salud y el Ambiente (Vte.
Lopez, Bs. As), Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda (Bs.
As), Colectivo Tinta Verde (La Plata), Campaña Paren de Fumigar las Escuelas –
Agmer (Entre Ríos), Asamblea Ciudad de Concordia (Entre Ríos) Asamblea Villa
Giardino (Córdoba), Asamblea Rosario es un Pueblo Fumigado, FLIA Rosario,
Asamblea de los Pueblos Fumigados (Rosario), Grupo Autonomía AudioVisual
(Rosario), Asamblea Pachamama (Montevideo), Colectivo del Buen Vivir (San Luis)
y de Asambleas y Campesinos por el Valle del Huasco (Chile). Investigadores y
cineastas de Ecuador y Canadá.
Esta cobertura del encuentro se realizó en forma colectiva e
impulsado por @prensaUAC comisión de prensa y comunicación de la UAC de cuál
forman parte varias asambleas y colectivos. Se sumaron a este trabajo algunas
radios como La Lechuza de San Juan, Proyectos de Cine Ambulante (Proyecto Doce),
Cooperativa Madeja (Video), audios por Radio la Minga, Fotos que salieron en la
cobertura del Colectivo Manifiesto, entre otros muchxs autores que confiaron el
material para una comunicación propia. El Spot de presentación se emitió en la
plaza de Jáchal para toda la comunidad el 24 de marzo y fue realizado por la
radio comunitaria La Montonera de la ciudad de Jáchal
“No estamos comprometidos nunca a obedecer estas leyes injustas de las semillas, porque hay que obedecer leyes superiores como habitantes de esta Tierra, leyes que nos enseña nuestra cultura, y es que en nuestra cultura todos somos familia, la biodiversidad no es nuestra propiedad, no es nuestra invención y no obedeceremos ninguna ley que se interponga con nuestro deber superior con la Tierra, la biodiversidad y las generaciones futuras”.
Entrevista a Vandana Shiva: Semillas de Verdad
16 de junio de 2016
"A
cualquiera que le importe la libertad y la vida, le es imperativo resistir a los
transgénicos, porque en ellos se concentran cada una de las formas históricas de
opresión. Primero, porque los OGM nos quitan nuestro legado, nuestro
conocimiento, nuestros saberes, nuestra cultura, y los declaran propiedad
privada de quienes los robaron. Colón lo hizo con la tierra y el oro. Monsanto
lo hace hoy con nuestra biodiversidad. El hurto se perpetra mediante patentes.
Los transgénicos son el camino para el proceso de patentes de las semillas, de
la vida."
Por Alberto Betancourt y Verónica Villa
• EN ENTREVISTA, VANDANA SHIVA HABLA DE LA
AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS
• ¿CINCO COMPAÑÍAS QUIEREN HACER ILEGAL QUE LOS CAMPESINOS MANTENGAN SUS SEMILLAS? ES LA MÁS TERRIBLE DE LAS DICTADURAS
• ¿CINCO COMPAÑÍAS QUIEREN HACER ILEGAL QUE LOS CAMPESINOS MANTENGAN SUS SEMILLAS? ES LA MÁS TERRIBLE DE LAS DICTADURAS
Vandana Shiva afirmó alguna vez en la Facultad de Ciencias de
la UNAM: “la defensa de las semillas autóctonas y la lucha contra los
transgénicos implica defender nuestro derecho a decidir: qué queremos sembrar,
cómo queremos producir, qué queremos comer, y cómo queremos vivir, pero esa
lucha implica también, defender nuestro derecho a la libertad y a la
autodeterminación”, lo que representa una continuación de la lucha de Gandhi. El
pasado 3 de junio, Vandana Shiva visitó nuevamente México para reunirse con las
organizaciones que están preparando la defensa de los saberes tradicionales y
los derechos indígenas, dentro y fuera de la XIII Conferencia de las Partes, del
Convenio sobre Diversidad Biológica que se realizará en Cancún del 4 al 16 de
diciembre.
En medio de un torrente de actividades aceptó
respondernos cuatro preguntas: Por qué es importante la lucha contra los
transgénicos, cómo logró el movimiento social prohibir los transgénicos en
India, de qué manera esa lucha continúa el esfuerzo de Gandhi, qué ejemplos de
triunfos recientes son importantes. Habla Vandana Shiva:
“A cualquiera que le importe la libertad y la
vida, le es imperativo resistir a los transgénicos, porque en ellos se
concentran cada una de las formas históricas de opresión. Primero, porque los
OGM nos quitan nuestro legado, nuestro conocimiento, nuestros saberes, nuestra
cultura, y los declaran propiedad privada de quienes los robaron. Colón lo hizo
con la tierra y el oro. Monsanto lo hace hoy con nuestra biodiversidad. El hurto
se perpetra mediante patentes. Los transgénicos son el camino para el proceso de
patentes de las semillas, de la vida. El sistema de Monsanto ha sido terrible
para los campesinos. India es la tierra del algodón, y los agricultores que lo
cultivan ahora son esclavos de Monsanto. El 95 por ciento de las semillas de
algodón, un cultivo crucial para nuestra economía, es controlado por Monsanto,
porque es algodón transgénico BT propiedad de la empresa. Monsanto ya destruyó
los reservorios de semillas campesinas de algodón, engatusó a las empresas
locales a que firmaran contratos de uso y destruyó el sistema público de
fitomejoramiento”.
La física egresada de la Universidad del Punjab y doctora en física por la Universidad
de Ontario Occidental explica: “Monsanto entró en India ilegalmente con el
algodón BT. Nosotros, que habíamos participado en la redacción de las leyes de
bioseguridad en nuestro país, demandamos a dicha empresa porque sabíamos que
había infringido la ley al momento de introducir sus semillas transgénicas. El
gobierno se vio obligado a hacer valer la ley. Aunque Monsanto se las arregló
para lograr que se aprobara su algodón BT, cuando quiso introducir otro cultivo
BT, la berenjena —de la que somos centro de diversidad pues tenemos 4 mil 500
variedades en India—, nos movilizamos en gran escala. El gobierno se vio
obligado a organizar siete audiencias públicas, a partir de las cuales con los
testimonios obtenidos en diálogo abierto con científicos, agricultores y
consumidores, reconoció lo que muchísima gente insistía: “no queremos este
veneno”. Hace un año hubo el intento de imponer la mostaza transgénica. De la
mostaza derivamos un aceite comestible sumamente importante para India. Lo
detuvimos. Cada año, sistemáticamente, intentan que se apruebe la siembra
comercial de algún cultivo. Cada introducción de cultivos transgénicos, sea en
México o en India, comete alguna violación en algún nivel de las previsiones
legales. Porque nuestras leyes están diseñadas para proteger la biodiversidad,
están diseñadas para proteger a los agricultores. La introducción de
transgénicos implica la aceptación del monopolio, rompe las reglas de la
competencia, exacerba la explotación de nuestros agricultores”.
“Asistí a una reunión, en 1987, de los líderes
mundiales de las corporaciones químicas que discutían cómo hacer más armas
químicas”, continúa Vandana Shiva para explicar la vitalidad de la tradición
gandhiana. “Y lo único que siguen haciendo son químicos para matar. Y decían:
‘ya no ganamos lo mismo que antes fabricando químicos. Necesitamos ingeniería
genética para patentar las semillas y nuestras nuevas fuentes de ganancias, a
nivel global, serán las regalías’. Debemos establecer en nuestros acuerdos
mundiales derechos de propiedad intelectual para establecer que la semilla es
nuestra invención, y por lo tanto nuestra propiedad’. Ese día decidí que debía
sumarme a la defensa de las semillas. Me dio escalofrío cuando pensé ¿cinco
compañías quieren apropiarse de toda la vida en la Tierra y hacer ilegal que los
campesinos mantengan sus semillas y las conserven? Ésta es la más terrible de
las dictaduras. Es el peor imperialismo y tenemos que resistirlo, pero no sabía
cómo, así que miré hacia atrás, hacia Gandhi. Tomamos los principios Navdanya,
que es el equivalente a la milpa, que significa las 9 semillas juntas, los 9
cultivos, la diversidad reunida”.
La activista continúa: “Este movimiento se fundó en dos principios de la lucha de
Gandhi: primero, una profunda idea de la libertad, que en una de sus acepciones
políticas se refiere a liberarnos de los colonizadores. Eso lo logramos en 1947,
pero esa libertad se convirtió en poder centralizado en manos del Estado, porque
los imperios así lo organizaron. No era aún libertad de los pueblos. Gandhi
definió la verdadera libertad como autogobierno, autodeterminación, lo cual
significa que gobiernas al servicio de tu comunidad. Así que tomamos eso para
las semillas, semillas en libertad le
decimos en nuestra lengua, que implica que no solamente las vamos a cuidar, sino
que nos opondremos a cualquier regla que haga imposible que las cuidemos. El
segundo principio que Gandhi nos brindó como país, que también es algo para todo
el mundo, fue su lucha por la verdad que puede traducirse como la no cooperación
con leyes injustas, que a su vez se ha interpretado como desobediencia civil.
Gandhi vino a India en 1915 —cuando aún éramos parte del Imperio Inglés y nos
obligaban a cultivar algodón e índigo en condiciones de esclavitud—, y fue a
hablar con los campesinos que morían de hambre trabajando para enviar todo el
algodón y el índigo a Inglaterra. En 1917 (será un siglo el próximo año) habló
con los sembradores de índigo, hasta el punto de que todos decidieron dejar de
sembrarlo. A ese episodio le llamamos “la satyagraha del
índigo”, un movimiento de negación pacífica, (parecida a una huelga). Fue el fin
del cultivo del índigo en India. En 1930, el imperio, a la usanza de Monsanto,
cuya estrategia es monopolizar las semillas y forzar a los agricultores a la
hambruna para asegurar todas las ganancias, dijo, bueno, haremos ahora el
monopolio de la sal. Y escribió la ley de la sal. Gandhi fue a la playa, levantó
un puño de sal y dijo: la naturaleza nos la regala, nosotros la necesitamos para
vivir, seguiremos produciéndola. E inició lasatyagraha de
la sal”.
La defensora de las 3 mil variedades de arroz
existentes en India, fundadora de 60 bancos de semillas, prosigue su relato en
la actualidad: “Dado que las corporaciones de semillas y agroquímicos se están
fusionando nuevamente, consolidando mayor poder, nosotros como pueblos debemos
unir las resistencias contra el poder abusivo que están acumulando. Cuando la
unidad es posible nuestros logros son enormes. En India se intentó imponer una
ley para evitar que los agricultores tuvieran sus semillas, e iniciamos una satyagraha en
todo el país que logró la derogación de esa ley. También hemos redactado leyes
para proteger la biodiversidad y los derechos de los campesinos. Hace dos años,
en 2014, los europeos nos contaron de una ley que prohibía las semillas locales,
y ayudamos a movilizar muchos lugares en Europa, trabajamos con los
parlamentarios europeos y logramos mil 200 enmiendas a esa ley. Cuando la
Comisión Europea la tuvo en sus manos decidió no aprobarla”.
Defender las semillas es también defender la libertad. Cuando Vandana habla de
semillas de verdad, habla también de encontrar en nosotros mismos la fuerza que
nos permita resistir la opresión.
“En Colombia, cuando se hizo el Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos, se les dijo a los agricultores colombianos
que no podrían conservar sus semillas, y nos pusimos a trabajar con ellos y esa
ley se echó para atrás. Actualmente, en Estados Unidos muchas iniciativas
independientes de conservación de semillas están siendo llamadas ‘actos de
terrorismo agrario’. Y hay leyes como la de California o Pensilvania donde está
prohibida la conservación de semillas propias. En ese país es importante que
emprendan sus propiassatyagraha de
semillas, que luchen contra las injustas leyes. Cuando nos dimos cuenta en India
que las corporaciones querían patentar la vida, las semillas, comenzamos lasatyagraha de
las semillas, incluso antes de que se escribieran leyes favorables a las
corporaciones. Y dijimos: nosotros no estamos comprometidos nunca a obedecer
estas leyes injustas de las semillas, porque hay que obedecer leyes superiores
como habitantes de esta Tierra, leyes que nos enseña nuestra cultura, y es que
en nuestra cultura todos somos familia, la biodiversidad no es nuestra
propiedad, no es nuestra invención y no obedeceremos ninguna ley que se
interponga con nuestro
deber
superior con la Tierra, la biodiversidad y las generaciones futuras”.
Ojarasca Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Entrevista_a_Vandana_Shiva_Semillas_de_Verdad
Nos urge
no personalizar en Macri y ver “una progresiva sofisticación del
capitalismo, una carrera en la cual el empresariado mundial intenta
convertir en mercancía, en lo posible, todo y establecer un control
prácticamente omnímodo sobre la vida de las comunidades, o sea, sobre el uso
de sus recursos y su jurisprudencia.
Chile: TPP y Sistemas de Arbitraje Inversor-Estado,
la soberanía de los pueblos retrocede ante las transnacionales
19 de junio de 2016
Por
Alfred-Maurice de Zayas
Un gobierno que pone en peligro su facultad de
defender y proteger los intereses de las personas que viven bajo su jurisdicción
traiciona su propia razón de ser y pierde su legitimidad democrática.
El Acuerdo
Transpacífico o TPP representa un sofisticado instrumento jurídico orientado a
maximizar los beneficios de empresas transnacionales que operen en los países
adheridos a él. Si bien, las conversaciones respecto a sus condiciones
concluyeron el 5 de octubre de 2015, recién el 26 de enero de 2016 y el 8 de
febrero de 2016, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales [DIRECON],
publicó sus versiones en inglés y en castellano, respectivamente [1].
Antes de estas fechas, ni siquiera la clase política conocía su contenido. No
obstante, ello no fue impedimento para que el 19 de mayo de 2015, la Cámara de
Diputados rechazara la siguiente moción:
“La Cámara de
Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, previo a
la decisión sobre la suscripción del Acuerdo de Asociación Transpacífico (más
conocido como TPP), acredite públicamente que traerá beneficio económico
concreto a nuestro país, que no provocará perjuicio en el ámbito de la cultura,
que no habrá alzas de precio en productos farmacéuticos ni cesiones de soberanía
regulatoria a otros países u organismos internacionales sobre nuestra
legislación interna, y que se lleve a cabo un debate público sobre las
consecuencias que podría traer la suscripción del mismo.”
Finalmente, el 4
de febrero de 2016, el Estado de Chile, a través de su Ministro de Relaciones
Exteriores, Heraldo Muñoz, firmó el Acuerdo [2],
junto a los representantes de los 11 países involucrados, Australia, Brunei
Darussalam, Canadá, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú,
Singapur y Vietnam. Desde esa fecha, sólo falta que el Congreso Nacional, junto
a los del resto de naciones, aprueben o rechacen la adhesión de éstas a este
convenio, para lo cual se ha establecido un plazo de dos años.
Por su parte, el
Gobierno chileno ha declarado de manera inverosímil que ha abierto espacios de
“participación ciudadana”, expresados en las sucesivas sesiones de lo que la
DIRECON llamó Cuarto Adjunto. A pesar de que ninguna de éstas se realizó con un
público informado sobre el contenido del Acuerdo por canales institucionales, la
institución declaró que “las
reuniones incluyeron temas generales y específicos y fueron de gran ayuda para
afinar y fortalecer la posición de Chile en la negociación de los capítulos más
complejos del acuerdo” [3].
La
amenaza de los Sistemas de Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado:
El secretismo y
la ausencia de instancias de intervención vinculante en el proceso de
elaboración de este Acuerdo se explica sólo por el nefasto contenido del mismo.
Uno de los elementos constitutivos de éste es la obligación del Estado chileno a
obedecer los dictámenes de Sistemas de Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado
en una gama de circunstancias, mucho más amplia de la que ahora lo afecta.
En el capítulo 9,
se establecen las condiciones impuestas en lo referido a “Inversión” [4].
En él se consigna que un Acuerdo de Inversión, se establece entre una empresa y
un Estado,
“(a) con
respecto a recursos naturales que una autoridad nacional controla, tales como
petróleo, gas natural, minerales de tierras raras, madera, oro, mineral de
hierro y otros recursos similares, incluyendo para su explotación, extracción,
refinamiento, transporte, distribución o venta;
(b) para
suministrar servicios a nombre de la Parte para el consumo del público general
para: la generación o distribución de energía, tratamiento o distribución de
agua, telecomunicaciones, u otros servicios similares suministrados a nombre de
la Parte para consumo del público general 5 ; o
(c) para
llevar a cabo proyectos de infraestructura, tales como la construcción de
carreteras, puentes, canales, presas o tuberías u otros proyectos similares;
siempre que, no obstante, la infraestructura no sea para uso y beneficio
exclusivo o predominante del gobierno;”
Es decir, un
sinnúmero de negocios podrán estar bajo las condiciones del TPP, el cual fija un
“Nivel Mínimo de Trato”, asentando la obligación de los Estados adscritos a
entregar un “trato justo y equitativo” y una “protección y seguridad plenas” a
las inversiones cubiertas por el Acuerdo.
En palabras del
documento:
“trato
justo y equitativo” incluye
la obligación de no denegar justicia en procedimientos penales, civiles o
contencioso administrativos, de acuerdo con el principio del debido proceso
incorporado en los principales sistemas legales del mundo;
“protección
y seguridad plenas” exige
a cada Parte otorgar el nivel de protección policial exigido conforme al derecho
internacional consuetudinario.
De este modo, el
“trato justo y equitativo” y la “protección y seguridad plenas” constituyen
obligaciones a las cuales el Estado chileno suscribe, a riesgo de que los
inversionistas, amparados en el TPP, puedan exigir el resarcimiento de lo que
consideren pérdidas a causa de su incumplimiento. Para ello, se establece al
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI),
a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI),
entre otros, como sistemas de arbitraje ante eventuales disconformidades.
¿Cómo
funcionan?
En el capítulo de
Inversión, se indican los pasos para que una empresa demandante solicite los
oficios, específicamente del CIADI, luego de haber comunicado al Estado
respectivo la violación de alguna cláusula del TPP y no haber recibido una
respuesta satisfactoria de parte de éste.
El CIADI es una
institución integrante del Banco Mundial y fue fundada en 1966. En 2015 ya tenía
159 Estados signatarios de su Convenio [entre ellos Chile] y una cantidad
creciente de casos bajo su tramitación, que en 2012 llegaron a 50 [5].
Es probable que el protagonismo de ésta y otras instituciones con la misma
función seguirá incrementándose, pues en los tratados bilaterales de comercio y
en los Acuerdos similares al TPP, como el TTIP [6] y
el CETA [7], también
son integradas en los capítulos de resolución de controversias entre Inversor y
Estado.
Los árbitros a
cargo del procedimiento serán siempre tres. Dos de ellos elegidos por cada parte
contendiente y el tercero por el Secretario General del CIADI. Cuando una o las
dos partes no hayan elegido al árbitro correspondiente en un plazo de 75 días,
el Secretario General podrá hacerlo a discreción.
Los tribunales
destinados a dirimir sobre las reclamaciones hechas por los inversores se
conforman exclusivamente para emitir un fallo respecto a una reclamación en
particular, luego de lo cual se disuelven. Arbitrariamente, estos mismos
tribunales deciden sobre su competencia para fallar respecto a una controversia
determinada. También deciden sobre la validez de las peticiones de revisión y
anulación de los laudos.
En el caso de una
solicitud de anulación, el Reglamento del CIADI [8],
establece:“cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del laudo
mediante escrito dirigido al Secretario General… Al recibo de la petición, el
Presidente procederá a la inmediata constitución de una Comisión ad hoc
integrada por tres personas seleccionadas de la Lista de Árbitros”.
O sea, el propio
CIADI actúa como juez y parte sobre sus propias decisiones. No hay ninguna
institución por sobre la autoridad de este tribunal y, en consecuencia, cuando
se confirma un laudo, éste es inapelable. De hecho, sin ambages, el mismo
Reglamento consigna: “Todo Estado
Contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este Convenio carácter
obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones
pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de una sentencia firme
dictada por un tribunal existente en dicho Estado”.
Ahora bien, junto
con emitir la sentencia sobre la reclamación en cuestión, el Tribunal también
determina los gastos en los cuales se incurrió durante el procedimiento,
decidiendo el monto, la forma de pago y la parte contendiente obligada a
hacerlo. Al respecto, el Reglamento establece que“tal fijación y distribución
formarán parte del laudo”.
La situación de
Chile tiene una excepcionalidad, consignada en el ANEXO 9-F del Capítulo
“Inversión”, donde se establece que “las
obligaciones y compromisos contenidos en este Capítulo no aplican al Decreto Ley
600, Estatuto de la Inversión Extranjera… y a la Ley 18.657, Ley de Fondos de
Inversión de Capital Extranjero”. No
obstante, esta excepción no parece relevante si se considera que ante las
inversiones extranjeras, el Estado chileno no ha implementado medidas de
resguardo significativas en beneficio de la población.
La parcialidad en
favor del inversor promovida por estos tribunales y por Acuerdos como el TPP, ha
sido expresada por el propio árbitro del CIADI, el español Juan Fernández-Armesto,
quien ha afirmado: “Cuando me
despierto por la noche y pienso en el arbitraje, nunca deja de sorprenderme que
Estados soberanos hayan aceptado el arbitraje de inversiones […]. A tres
particulares se les concede el poder de revisar, sin ningún tipo de restricción
o procedimiento de apelación, todas las acciones del Gobierno, todas las
decisiones de los tribunales y todas las leyes y reglamentos que emanan del
Parlamento” [9].
En caso
de nacionalización o expropiación:
Seguramente, para
nosotros es bastante difícil imaginarnos al Estado nacionalizando o expropiando
alguna inversión cubierta por el TPP. Sin embargo, para sus autores es una
posibilidad que requiere ser reglamentada, afirmando:
Ninguna Parte
expropiará ni nacionalizará una inversión cubierta, sea directa o indirectamente
mediante medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización (expropiación)
salvo:
(a) por causa
de propósito público [de
acuerdo al derecho internacional consuetudinario];
(b) de una
manera no discriminatoria;
(c) mediante
el pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva… y
(d) de
conformidad con el principio del debido proceso legal.
En el caso en que
se hiciera una expropiación, la indemnización deberá:
(a) ser pagada
sin demora;
(b) ser
equivalente al valor justo de mercado de la inversión expropiada inmediatamente
antes que la expropiación se haya llevado a cabo;
(c) no
reflejar ningún cambio en el valor debido a que la intención de expropiar se
conoció con antelación a la fecha de expropiación; y
(d) ser
completamente liquidable y libremente transferible.
Además de las
condiciones referidas al cálculo y pago de la consecuente indemnización, llama
la atención la ambigüedad de las excepciones legitimadoras de una expropiación,
pues la “causa de propósito público”, de acuerdo a la interpretación del derecho
internacional consuetudinario, está sujeta a una percepción igual de antojadiza
que la determinación sobre si hubo o no “discriminación” en la forma de la
expropiación. El derecho internacional consuetudinario consiste en normas que,
sin estar codificadas, se consideran válidas por su práctica acostumbrada en los
Estados. Es decir, las normas que respaldarían una eventual expropiación a
“causa de propósito público”, están sujetas a la consideración de quienes tengan
el poder de reconocerlas como válidas para el caso.
Informe
ONU:
En julio de 2015,
el Experto Independiente, Alfred-Maurice de Zayas, publicó el informe “sobre la
promoción de un orden internacional democrático y equitativo” [10],
a petición del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas
(ONU). En él se abordan los “efectos adversos para los derechos humanos de los
acuerdos internacionales de inversión, los tratados bilaterales de inversión y
los acuerdos multilaterales de libre comercio”, los cuales consideran la
resolución de controversias entre inversores y Estados, a través de Arbitrajes
dirigidos por organismos como el CIADI.
En el parágrafo
15 del Informe se expone: “Los
tribunales para la solución de controversias entre inversores y Estados están
integrados por árbitros mercantiles cuya independencia se ha puesto en
entredicho repetidamente a causa de sus conflictos de intereses. Es obvio que
los árbitros mercantiles no son los guardianes naturales del interés público,
sino de los intereses comerciales y de una nueva “industria” que, como muestra
la experiencia, ha privilegiado a los inversores en perjuicio del público”.
Por otra parte, la inexistencia de organismos controladores de estos tribunales “lleva
a pensar en la pregunta de Juvenal: quis custodiet ipsos custodes (“¿quién
guardará a los guardianes?”).
Según el jurista, “se
han dado a términos como “inversión”, “expropiación” y “trato justo y
equitativo” interpretaciones cada vez más amplias y difíciles de conciliar con
las normas de interpretación que figuran en los artículos 31 y 32 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados” [a
la cual está suscrito Chile, desde 1981]. Junto a ello, también señala que“muchos
procesos de arbitraje… son completamente confidenciales y solo se dispone de
información en relación con aproximadamente 608 sentencias”.
Respecto al
secretismo con el cual se llevaron a cabo las tratativas para el TPP, de Zayas
es contundente. En el párrafo 35 menciona a la “participación en los asuntos
públicos” como un derecho que debe ser garantizado por todos los Estados, y en
los siguientes apartados establece que“el acceso a la información es una
condición esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y
expresión estipulado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. La consulta y la participación tienen el valor añadido de
crear un consenso que reduce la probabilidad de que se produzcan litigios
onerosos. Los parlamentos tienen una gran responsabilidad de examinar
minuciosamente los tratados bilaterales de inversión
y los acuerdos de libre comercio para asegurar que se lleven a cabo las
evaluaciones de su impacto en los derechos humanos y en el medio ambiente.”
Ante esto,
concluye que “el hecho de
llevar en secreto las negociaciones comerciales (pese a no tratarse de un asunto
de seguridad nacional) y de excluir a interesados decisivos entraña prima facie [a
primera vista] violaciones
de los artículos 19 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos… Los representantes democráticamente elegidos no tienen carta blanca
de quienes les han votado sino que deben consultar con su electorado y actuar de
conformidad con sus deseos.”
En el capítulo
quinto, donde el autor explica aspectos de una eventual reforma del andamiaje
jurídico amparador de violaciones a los derechos humanos, plantea que“los
paroxismos antidemocráticos de la solución de controversias entre inversores y
Estados pueden neutralizarse con la revisión o la terminación de dicho
procedimiento. Si los Estados pueden adoptar medidas extraordinarias como
rescatar bancos insolventes, a fortiori [con
mayor motivo] pueden
adoptar medidas para proteger el bienestar de la población”. Contrariamente
a lo estipulado por el TPP y el resto de los Acuerdos de su tipo, los cuales
sólo pueden aprobarse o rechazarse por los Congresos de cada país, de Zayas
declara que “en la medida en que
los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio den lugar
a violaciones de los derechos humanos, esto será causa de su modificación o
terminación”.
Es llamativa la
propuesta del abogado respecto a la posibilidad de que los actos a través de los
cuales se han fraguado los Acuerdos como el TPP, puedan ser sancionados en
virtud de la aplicación del derecho penal internacional y la experiencia de los
Juicios de Núremberg. “Sería
apropiado comprobar si el concepto de “conspiración” para cometer actos contra
bonos mores[las buenas costumbres] …pueden
aplicarse al método aplicado para elaborar y negociar en secreto algunos
acuerdos internacionales de inversión”, especificando que “los
actos constitutivos de una conspiración de este tipo pueden incluir proporcionar
deliberadamente información falsa; publicar previsiones falsas de crecimiento
del PIB y del empleo; contratar a grupos de estudio, economistas, universidades
o fundaciones para que preparen “informes teleológicos”; y conspirar con grandes
empresas de medios de comunicación para asegurarse de que solo se presente la
parte positiva de los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre
comercio y se supriman o minimicen los aspectos polémicos”. Al
respecto, en la sección de la DIRECON dedicada al TPP abundan muestras de lo
descrito y las subsecciones “TPP EN LOS MEDIOS” [11] y
“TPP y PYMEs” [12] son
elocuentes en tal sentido.
Otro elemento a
considerar del Informe es el planteamiento sobre la necesaria obligación de las
empresas transnacionales de someterse a la legislación del país donde operan y,
en consecuencia, a sus tribunales. Desde este punto de vista, los Tribunales de
Arbitraje no tendrían legitimidad alguna, pues sus marcos jurídicos no se basan
ni tienen como referencia la legislación de los Estados donde han ocurrido los
hechos motivantes de las reclamaciones.
Laudos
del CIADI y los casos de Bolivia, Uruguay y Ecuador:
Los laudos
establecidos por los sistemas de arbitraje pueden caracterizarse como
unidireccionales, en tanto surgen a partir de reclamos hechos por parte de
inversores. A continuación, podemos apreciar en un gráfico elaborado por el
propio CIADI el registro de laudos hasta el 30 de junio de 2015. En solo 1% de
los laudos se ha establecido que “las reclamaciones carecen manifiestamente de
mérito jurídico” y en un 25% de los casos el CIADI se ha reconocido como
incompetente, inhibiéndose de intervenir. No obstante, en el restante 74% de los
casos, la institución ha emitido laudos favorables a los inversores, dando lugar
a algunas o todas sus reclamaciones.
El caso del reclamo de la empresa Bechtel
contra Bolivia fue paradigmático y también lo es la situación del país, respecto
a los sistemas de Arbitraje. En 1996, el Banco Mundial condicionó el
otorgamiento de préstamos financieros al Estado boliviano para ampliar el
servicio de agua potable en El Alto [La Paz] y en Cochabamba, a cambio de su
privatización. En septiembre de 1999, se cerró el trato entre el Estado y a la
única empresa presente en la licitación, Aguas del Tunari, filial de Bechtel, a
la cual se le entregó la administración del suministro hasta el año 2039.
En un año de operación, el costo del servicio
de agua potable se había encarecido un 50%, desatándose, en abril del 2000, la
conocida “Guerra del Agua”. La protesta generalizada, sobre todo en Cochabamba,
que implicó el asesinato de un joven de 17 años y más de 170 heridos,
desembocaron en la retirada de Aguas del Tunari del negocio y el argumento para
emprender una reclamación al Estado boliviano, ante el CIADI, donde exigía el
pago de 50 millones de dólares como resarcimiento de la pérdidas de inversión y
utilidades futuras estimadas por ellos, aunque su inversión había sido solo de
un millón de dólares [13].
El inicio de este litigio comenzó en noviembre
de 2002 y fue abandonado en enero de 2006 por la empresa, luego de recibir
persistentes acciones de rechazo popular en diversas localidades del mundo, que
incluyeron manifestaciones en la propia sede de Behtel en Holanda.
Luego de recibir otras reclamaciones de
empresas afectadas por el proceso de nacionalizaciones, el presidente Evo
Morales determinó la salida de Bolivia del CIADI, argumentando, junto a los
presidentes de Venezuela y Nicaragua de entonces, [Hugo Chávez y Daniel Ortega,
respectivamente] que:
Los países miembros del ALBA-TCP [14] rechazan enfáticamente las presiones jurídicas,
mediáticas y diplomáticas de algunas empresas transnacionales, que habiendo
vulnerado normas constitucionales, leyes nacionales, compromisos contractuales,
disposiciones regulatorias, medioambientales y laborales se resisten a la
aplicación de decisiones soberanas de los países amenazando e iniciando demandas
de arbitraje internacional contra los Estados Nacionales en instancias como el
CIADI Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
En consecuencia, los Estados parte del ALBA-TCP
acuerdan retirarse y denunciar de manera conjunta la Convención del CIADI
garantizando el derecho soberano de los países a regular la inversión extranjera
en su territorio nacional [15].
A pesar de su retiro, las reclamaciones de
inversores contra Bolivia han continuado procesándose en el CIADI, como
consecuencia de sostener tratados bilaterales que obligan a su Estado a
someterse a ésta.
Junto con Bolivia, son múltiples los Estados
enfrentados a reclamaciones por decisiones que podrían calificarse como “de
propósito público”. El Estado de Uruguay, por ejemplo, se defiende ante el
reclamo de la tabacalera Philip Morris luego que el 2009 emitiera el Decreto
N°287/009, donde se dispuso “que
las advertencias sanitarias a ser utilizadas en los envases de productos de
tabaco… deberán ocupar el 80% inferior de ambas caras principales de toda
cajilla de cigarrillos y en general en todos los paquetes y envases de productos
de tabaco y en todo empaquetado y etiquetado de similar característica” [16].
Esto fue interpretado como una violación al Acuerdo de Protección de Inversiones
existente entre Uruguay y Suiza, en relación con los Derechos de Propiedad
Intelectual, argumentando que la cobertura del 80% de las cajetillas impide
mostrar las marcas, expropiando una inversión protegida por el Acuerdo. El caso
está siendo procesado por el CIADI y se espera su fallo para el año en curso.
El 2 de noviembre de 2015, el Estado de Ecuador
fue compelido a pagar mil millones de dólares a la norteamericana Occidental
Petroleum (OXY), luego que ésta presentara una reclamación ante el CIADI por su
determinación de caducar el contrato de explotación de un yacimiento petrolero
en el Amazonas. El motivo de esta medida fue el otorgamiento, por parte de OXY,
del 40% de sus derechos de explotación a otra empresa, sin informar de ello al
Estado. Por su parte, la empresa acusó que “la
caducidad del Contrato de Participación se declaró sin justa causa, es decir,
sin que mediaran fundamentos legales en función de lo dispuesto tanto en el
propio Contrato de Participación como en el derecho ecuatoriano”. Junto a lo
cual calificaron al decreto de caducidad como “injusto,
arbitrario, discriminatorio y desproporcionado”, según consigna el laudo [17].
Aunque, infructuosamente, el Estado ecuatoriano
intentó anular el fallo, al menos consiguió rebajar la condena que inicialmente
consistía en la cancelación de 1.769 millones de dólares.
Recientemente, en Chile, la empresa operadora
del Transantiago, FANALCA, controladora de Subus, ha interpuesto una reclamación
ante el CIADI, exigiendo al Estado el pago de 89 millones de dólares por las
pérdidas supuestamente sufridas debido a las condiciones en las cuales han
debido operar.
Perspectivas:
Si bien, hay voces anunciadoras del fracaso del
TPP, y del resto de Acuerdos similares, por el rechazo que concitan en la
población europea y estadounidense, además de la oposición a su ratificación por
parte de los precandidatos demócratas y republicanos de EE.UU., no es correcto
esperar “del contexto internacional” la salvación de esta imposición. Más allá
de los cálculos respecto a sus eventuales vicisitudes,
es necesario
tener claridad que este tipo de instrumentos son propios de una progresiva
sofisticación del capitalismo, una carrera en la cual el empresariado mundial
intenta convertir en mercancía, en lo posible, todo y establecer un control
prácticamente omnímodo sobre la vida de las comunidades, o sea, sobre el uso de
sus recursos y su jurisprudencia.
Es necesario dejar de ser nosotros para
detener ésta y las amenazas que vendrán. La idiosincrasia que nos caracteriza,
hasta ahora, se muestra como uno de los factores más determinantes para la
implantación de estos nuevos dispositivos. Se vuelve, cada vez, más urgente
emprender un camino de recuperación de soberanía, donde progresivamente se
recuperen garantías y facultades, y podamos ser protagonistas de un presente
construido cotidiana y colectivamente.
Leer
Comencemos
por plantearnos el postcapitalismo como la alternativa
verdadera al gobierno de Macri.
Cinismo K, militancia y el caso López
17 de junio de 2016
Por Rolando Astarita
Cinismo, cualidad o actitud del cínico. Cínico. Se aplica a la persona que
comete actos vergonzosos sin ocultarse y sin sentir vergüenza por ellos. Cínico.
Caradura. Desfachatado. Desvergonzado. Impúdico. Sinvergüenza (tomado
del María Moliner).
No iba a
escribir sobre el caso de José López (para los lectores del exterior: José
López, ex secretario de Obras Públicas del gobierno de Cristina Kirchner, fue
sorprendido y detenido en la madrugada del martes 14/06 cuando intentaba ocultar
en un convento bolsos con casi 9 millones de dólares
En otras notas
(aquí, aquí y aquí)
me
referí a la corrupción, su vinculación con el capitalismo y más específicamente
con esa lumpen burguesía de la que López es un típico exponente. Sin embargo,
hay algo que ahora quiero agregar a lo ya escrito, y se refiere al asco que
genera escuchar a ex altos funcionarios y dirigentes K decir que están
“indignados”, que dicen tener “bronca militante” y sentirse identificados con
“los miles y miles de pibes, compañeros y compañeras, que nada tienen que ver
con López, ni con millones de dólares, ni con bolsos”. Estamos ante un caso de
cinismo en su máxima expresión. Es que los “miles de pibes” seguramente no
tuvieron nada que ver con “millones de dólares ni con bolsos”, pero estos altos
ex funcionarios sí tuvieron que ver, y mucho que ver.
Hay que
decirlo con todas las letras: los altos ex funcionarios y los allegados a los
círculos de poder sabían perfectamente de qué se trataba el asunto. Algunos
pueden no haber participado directamente en el saqueo de los fondos públicos,
pero esto no los exime de responsabilidades. Fueron cómplices, porque si no
robaron, callaron y encubrieron. Por eso no tienen derecho a invocar la
militancia de los “miles de pibes”. La realidad es que esos pibes les importan
un bledo a estos “dirigentes y ex altos funcionarios”. Estos lo único que buscan
ahora es salvar la ropa. Pero es imposible tapar el sol con la mano.
¿O acaso
qué estaban mirando cuando los Kirchner compraban tierra pública por 50.000
dólares para revenderla en 2,4 millones al grupo chileno Cencosud? ¿Qué estaban
mirando cuando la Auditoría General de la Nación mandaba informe tras informe en
los que se denunciaba el entramado de corrupción y sobreprecios en la obra
pública? ¿O cuando por todos lados se evidenciaba la inmensa fortuna que
acumulaban los Baez, los Cristóbal López y semejantes, incluidos altos
funcionarios del gobierno? ¿O cuando se silenciaba a la SIGEN, a la Oficina
Anticorrupción y a las fiscalías de gestiones administrativas? ¿O cuando la UIF
cajoneaba todo reporte de operaciones sospechosas que involucrara a gente K? ¿O
cuando se informaba que los hoteles de los Kirchner estaban llenos de cuartos
vacíos alquilados por el principal contratista de la obra pública de Santa Cruz?
¿O cuando se hizo público que la financiera SGI (la Rosadita) era la cueva para
el lavado de dinero de los círculos del poder? ¿O cuando Cristina Kirchner viajó
a las islas Seychelles sin que se pudiera dar razón de semejante viaje? ¿O
cuando se daba libre entrada al país a la efedrina? ¿O cuando se conoció que los
que la importaban o estaban en la mafia de los medicamentos (Sanford,
Multipharma, Global Pharmacy), eran grandes aportantes a la campaña electoral de
Cristina Kirchner? ¿O cuando se otorgaban subvenciones sin control a los
Cirigliano y se destruían los ferrocarriles? ¿O cuando se suspendía y acusaba al
fiscal Campagnoli por meter las narices en la ruta del dinero K? ¿O cuando se
estatizaba Ciccone sin que se pudiera informar a la opinión pública a quién
pertenecía la empresa? ¿O cuando
Old Fund recibía, con el acuerdo de Boudou, 7,6 millones de pesos del gobierno
de Formosa por “asesorar” en la deuda provincial?
Por eso
mienten cuando dicen que ahora les indigna ver lo de José López. ¿Cómo los va a
indignar si convivieron alegremente con la mugre y la podredumbre? Invocan al
“proyecto”, a los “ideales”, ellos mismos se proclaman “militantes del pueblo”,
pero son unos miserables saltimbanquis, que hicieron del oportunismo su único
principio. Parafraseando a Marx, sus protestas de hoy no son más que disfraces y
caretas para ocultar lo más mezquino y miserable. Estos lúmpenes intelectuales y
cínicos sin límites solo pueden llevar a la desmoralización y al desánimo al
movimiento popular.
De hecho,
fueron funcionales para la llegada de Macri y Cambiemos al gobierno. Hablan de
la militancia de los 70, pero desarrollan una militancia burguesa y
acomodaticia, que nada tiene que ver con los 70, ni con la militancia de la
izquierda. Aunque les duela a los “miles de pibes por la liberación”: no hay
“liberación” ni “revolución” posible con esta calaña. Y López es sólo un
emergente de la misma sustancia humana y social.
