Es
percibir que éste se concretó y se está profundizando
como extractivismo,
por tanto destruye toda posibilidad de
"trabajo, dignidad y cambio social".
"trabajo, dignidad y cambio social".
Analicemos, abajo y a la izquierda,
porqué el extractivismo
destruye toda posibilidad de «trabajo,
dignidad y cambio social»
mediante la:
Entrevista a
Eduardo Gudynas
Consecuencias del
extractivismo
en América Latina
en América Latina
16 de mayo de 2016
Por
Sergio Flores (La Izquierda Diario)
Entrevistamos al ecólogo uruguayo y miembro del Centro Latino
Americano de Ecología Social (CLAES), Eduardo Gudynas, sobre el problema del
extractivismo y sus consecuencias.
Eduardo Gudynas es docente universitario, ex
secretario ejecutivo del CLAES y autor de una decena de libros sobre la
problemática ecológica y social, la cual viene abordando desde hace más de 20
años. En 2010 fue seleccionado para integrarse al Panel Intergubernamental para
el Cambio Climático. En esta entrevista nos centramos en el problema del
extractivismo y sus consecuencias ambientales, sociales, políticas y económicas.
Eduardo, a raíz de los accidentes y conflictos
con megamineras como la Barrick Gold o multinacionales petroleras como Chevron
comenzó a hablarse de un término del que muy pocas personas saben su
significado. ¿Podría explicarle a los lectores de LID qué es el extractivismo?
En
su sentido estricto, los extractivismos son la apropiación de grandes volúmenes
de recursos naturales, o bajo procedimientos muy intensivos, donde la mitad o
más son destinados a la exportación a los mercados globales. Se refiere a casos
como la megaminería a cielo abierto, las plataformas petroleras en la Amazonia,
o los monocultivos de soja. Digo en sentido estricto porque este uso del término
responde a su historia, a los usos de los movimientos sociales que reaccionaban
contra esos emprendimientos por sus impactos, y al dejar en claro que implican
una subordinación a la globalización.
¿Y cuál es su papel en una economía como la
Argentina?
Los
extractivismos por un lado producen adicción y por el otro generan los llamados
derrames, entre los cuales están los económicos. La adicción ocurrió bajo los
altos precios de las materias primas. Los gobiernos encontraron que la manera
más sencilla de hacer crecer las economías nacionales y captar excedentes era
promover todo tipo de exportaciones de minerales, hidrocarburos o agroalimentos.
Pero eso generó derrames tales como erosionar sus sectores industriales y
agroindustriales. Por ejemplo, Brasil se convirtió bajo los gobiernos de Lula y
Dilma en el primer exportador latinoamericano de minerales, mientras importaba
cada vez más productos de consumo, y con ello su industria nacional se debilitó.
El éxito exportador en muchos países significó pérdidas industriales que pasaban
desapercibidas por los altos precios de los commodities. Son economías de
enclave, atadas a la globalización.
¿Qué impacto tiene a nivel social y
medioambiental?
Los
efectos sociales y ambientales de los extractivismos son demoledores. Por
ejemplo, la megaminería a cielo abierto, con esas enormes canteras donde se
extraen millones de toneladas por año, son, en un sentido riguroso, amputaciones
ecológicas. No queda nada allí; la destrucción ecológica es total. La
explotación petrolera en Ecuador, Perú o Bolivia, ha dejado vastas áreas con
todas sus aguas contaminadas. Los monocultivos de soja están detrás de la
pérdida de bosques y praderas naturales, el deterioro del suelo o la
contaminación por agroquímicos. Paralelamente, estos tipos de actividades
desplazan comunidades locales, generan muy poco empleo, se implantan con
crecientes niveles de violencia y violando derechos. Toda la evidencia muestra
que no existen extractivismos de esta intensidad que sean amigables ni con la
sociedad ni con el ambiente.
¿Podría decirse que todos los gobiernos
sudamericanos son extractivistas?
Lo
impactante es que desde el 2000 todos los gobiernos sudamericanos han colocado a
los extractivismos en el centro de sus estrategias de desarrollo. Pero, la
organización de esos extractivismos, el papel del Estado, el uso de los
excedentes que se capturan, y la legitimación política, son diferentes entre los
gobiernos conservadores y los progresistas. Bajo presidencias conservadoras o de
derecha encontramos la invocación al simple crecimiento económico y dejar esos
sectores en manos de empresas transnacionales. En los gobiernos progresistas es
distinto. Todos invocan mayor presencia del Estado en el uso de los recursos
naturales, algunos buscaron captar más excedente, tal como ocurrió con el
petróleo en Bolivia, Ecuador y Venezuela, y los legitiman como necesario para
atacar a la pobreza. El problema es que a medida que
se los examina con detalle se encuentra que no todo el dinero captado a los
extractivismos va a los pobres, ni siquiera que sea el aporte fundamental para
sostener a las economías nacionales, y además, que en verdad el propio Estado
termina subsidiando esas actividades y a las empresas. Entonces, sea por la
senda conservadora o la progresista, todos terminan dependientes de la
globalización, porque es allí donde tienen que vender sus materias primas; se
subordinan cada vez más a la búsqueda de inversores extranjeros.
Al analizar los extractivismos usted insiste en
diferenciar izquierda y progresismo. ¿Podría explicar ese concepto?
Los
extractivismos se han fortalecido precisamente por esa divergencia entre
izquierda y progresismo.
Por izquierda me refiero a los movimientos y agrupamientos que
lograron detener los gobiernos neoliberales, y triunfaron en elecciones en
varios países. Era una izquierda abierta, plural, y que, por ejemplo, ponía en
discusión las estrategias de desarrollo, exploraba la radicalización de la
democracia o tenía íntimas relaciones con los nuevos movimientos sociales. La
izquierda que se ubicó dentro del Estado, dentro de los gobiernos, poco a poco
se convirtió en progresismo.El progresismo es otro bicho político, con cambios sustanciales en varios aspectos. No es una nueva derecha; no comparto acusaciones recientes que tildan por ejemplo a Evo Morales o Rafael Correa de nuevos neoliberales. Pero tampoco son fieles al espíritu de aquella izquierda original, y eso se observa, pongamos por caso, por su adhesión a los extractivismos que, más allá de todos los slogans, impone una dependencia a la globalización, o a la represión que hacen contra las comunidades locales u organizaciones sociales que denuncian sus impactos.
El progresismo, para decirlo muy resumido,
renunció a debatir sobre el desarrollo, insiste en un Estado compensador que
descansa en esquemas de asistencialismo, la lucha por la justicia quedó
encerrada en ayudar en dinero a los más pobres y el consumismo popular. Los
ensayos para radicalizar la democracia se detuvieron, muchos se conformaron con
el mero seguimiento a un líder que esperan se perpetúe en el poder.
Políticamente han hecho todo tipo de acuerdos y convenios con actores
conservadores.
El progresismo aparece ahora como agotado, en el
sentido de no poder generar nuevas ideas. A la vez, escala en conflictos con
organizaciones ciudadanas, sindicatos, campesinos o indígenas.
¿Qué posición debería tener una izquierda
consecuente ante el problema que implica el extractivismo?
Entiendo que el mejor antídoto al agotamiento
de los progresismos, y a la obsesión con los extractivismos, es recuperar muchas
de las posturas de aquella izquierda abierta, plural y democrática. Dicho de
otra manera: salir del progresismo por izquierda.
Mencionaré algunas cuestiones candentes que
muestran las contradicciones entre extractivismos, izquierdas y progresismos.
En el caso del sindicalismo, debemos observar
hacia Brasil. Allí, en las grandes empresas extractivistas, como la petrolera
Petrobras o la minera Vale, los sindicatos tenían papeles protagónicos en su
gestión, sea por vía directa o por ser accionistas desde sus fondos de pensión.
Esos actores sindicales cayeron en un progresismo extremo, y nada
decían de la brutal crisis de corrupción en la petrolera o de la pésima gestión
de la minera que desembocó en el más grave accidente ambiental en América Latina
en 2015. Cualquiera de esas dos crisis terminó afectando a la propia base de
trabajadores y al país. El antídoto a este tipo de posturas es recuperar un
sindicalismo que sea a la vez crítico, independiente y comprometido con los
trabajadores.
En el caso de los movimientos sociales, es
inocultable que los progresismos se han terminado peleando con muchas
organizaciones de base y movimientos populares, como pueden ser distintos
colectivos urbanos, actores que defienden la diversidad sexual, ambientalistas,
campesinos, indígenas, etc. Por ejemplo, Rafael Correa tiene disputas con los
grandes sindicatos, con la federación indígena, hostiga a las ONGs, reniega a
las demandas feministas, etc. La izquierda, por el contrario, tiene que recuperar una discusión
fraterna con todas esas tradiciones. Seguramente muchas de ellas serán
trabajosas, pero en eso está la propia esencia de la izquierda.
Otro frente tiene que ver con el papel de la propiedad. Es muy
común encontrarse con quienes sostienen que la alternativa a los extractivismos
es simplemente pasar todas las empresas mineras, petroleras o agropecuarias a
una propiedad estatal. Están muy equivocados y me parecen que no entienden el
fondo del problema, y por eso varios terminaron siendo progresistas.
Me explico: bajo la actual fase del capitalismo, el régimen no
predetermina el tipo de gestión en la apropiación de los recursos naturales. La
empresa extractivista, para ser exitosa y rentable, compite en exportar hacia
los mercados globales, y por lo tanto acepta la globalización, y busca en bajar
todo lo que pueda sus costos para elevar sus ganancias, y por ello externalizan
sus impactos sociales y ambientales. Así lo hacen, desde la estatal PDVSA, las
corporaciones chinas o las transnacionales de Wall Street. La disputa sobre el
capitalismo está hoy mucho más centrada en la estructura y función de las
cadenas de producción, antes que en la propiedad del primer eslabón, que es la
extracción del recurso natural. Es por eso que muchas transnacionales petroleras
aceptan que esa primera fase la hagan las compañías estatales, ya que de todas
maneras terminarán haciendo convenios y controlarán la comercialización de los
hidrocarburos.
Algo similar pasa en el agro. Por ejemplo, el
grupo agrícola Los Grobo se ufana de casi no tener tierras propias, pero queda
en claro que ellos controlan los paquetes tecnológicos, las superficies bajo
monocultivos, y la comercialización.
En fin, se pueden listar muchos ejemplos de
este tipo. Buena parte de ellos tienen que ver con algunos ejes, dentro de los
que destaco que
esa izquierda que imagino debe poner en discusión el desarrollo, el
papel del Estado, y sus ideas sobre la justicia. Por eso mismo debe ser plural,
abierta y democrática, ya que debe dialogar con una amplia diversidad de
actores.
¿Qué tipos de experiencias políticas pueden
reivindicarse como un buen precedente para luchar contra el extractivismo en
América Latina? ¿Qué limitaciones o déficits presentan en tu opinión?
El
continente está repleto de experiencias locales. Un gran conjunto corresponde a
reclamos de información, denuncias o resistencias frente a los extractivismos,
donde las comunidades aprenden sobre ese tipo de desarrollo, sus impactos
sociales y ambientales, y ensayan prácticas de organización.
Otro gran conjunto, posiblemente aún incipiente en Argentina, pero más potente
por ejemplo en los países andinos, ocurre cuando se articulan esas demandas
locales en reclamos nacionales o regionales, y en presentar alternativas al
extractivismo. O sea, son movimientos donde se discuten e imaginan cómo la
economía nacional podría dejar de ser dependiente de los extractivismos.
Entonces, encontramos pongamos por caso, las propuestas de moratoria petrolera
en Ecuador, que sería algo así como pensar una Argentina que no dependa
solamente del gas de Vaca Muerta u otros yacimientos.
Por lo tanto muchas de las limitaciones responden a poder cruzar
ese umbral de pasar desde la demanda local a una propuesta política nacional de
alternativas al desarrollo convencional.
Las alternativas a los extractivismos imponen salir de los
desarrollos convencionales por izquierda, en el sentido de estar comprometidos
con la justicia social, pero además sumándole un componente de justicia
ecológica, un ingrediente ineludible para una renovación de la izquierda en el
siglo XXI.
Esclarezcámonos
sobre cómo el extractivismo se profundiza y agrava nuestro subdesarrollo:
Auge minero y dominación
neocolonial en América Latina.
Ecología política de las
transformaciones socioterritoriales neoliberales.
XXVII
Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología.
VIII Jornadas de Sociología de
la Universidad de Buenos Aires.
Asociación Latinoamericana de
Sociología, Buenos Aires,
2009.
Por
Horacio Machado Aráoz
Universidad Nacional de Catamarca machadoaterreno@arnet.com.ar
(...)1.-
Neoliberalismo, transformaciones socioterritoriales y auge minero.
Lejos de
ser algo aislado y acotado, el gran auge de la megaminería transnacional en
América Latina en los ’90, constituye un fenómeno que se inscribe dentro del más
vasto y complejo proceso de transformaciones geoeconómica, socioambiental y
políticas impulsadas desde los centros del poder mundial desde el último tercio
del siglo pasado a través de la profunda reestructuración que el neoliberalismo
implicó a escala global. En el marco de la aguda crisis estructural del
capitalismo, el neoliberalismo cabe ser comprendido como una nueva estrategia
impulsada desde los nodos de poder de las sociedades centrales a fin de
reorganizar la dinámica de acumulación a escala global y recuperar sus
posiciones de dominio en el contexto de la agudización de la disputa geopolítica
por el control de los ‘recursos naturales’ desde el último tercio del siglo
pasado. Desde esta perspectiva, el gran auge de la minería transnacional en
América Latina emerge como resultado paradigmático del conjunto de
transformaciones verificadas en la región como consecuencia de la drástica
aplicación de la geopolítica imperial del neoliberalismo; expresa de modo cabal,
la lógica y características de la nueva fase de acumulación por desposesión del
capital (Harvey, 2004).
En el
caso de nuestra región, tras el luctuoso saldo de la fase represiva de las
políticas neoconservadoras aplicadas entre los años ’70 y ’80 (flagrantes
violaciones a los derechos humanos, desindustrialización, endeudamiento, y
pauperización generalizada de la población), las políticas de los ‘90
(impulsados coercitivamente por los organismos multilaterales de crédito)
involucraron la gravosa empresa de ‘reactivar el crecimiento económico’ abriendo
su vasta reserva de recursos naturales a un nuevo ciclo de explotación
intensiva. Como fase final de las transformaciones neoliberales, las políticas
del Consenso de Washington significaron la puesta en disponibilidad de la vasta
reserva de bienes naturales y biodiversidad de la región como proveedora
ecológica de las políticas de recuperación del crecimiento en las sociedades
centrales. A través de políticas fiscales preferenciales, provisión de servicios
básicos subsidiados, regímenes de desregulación, liberalización financiera,
cambiaria y comercial, garantías a sus ‘inversiones’ y libre disponibilidad de
sus divisas, flexibilización laboral y de los controles ambientales, 3 grandes
corporaciones transnacionales vieron expandir aceleradamente sus negocios sobre
la superficie territorial de la región.
En este marco, junto a las privatizaciones de los servicios básicos (agua potable y energía eléctrica), la expansión de los agronegocios, la creciente radicación de explotaciones forestales, el control sobre las reservas y la explotación de hidrocarburos, las fuentes de recursos hidroenergéticos y el avance de las industrias químicas y farmacéuticas sobre las reservas de biodiversidad de la región, el gran auge minero da cuenta de un fenomenal proceso de reconfiguración neocolonial de la economía, la población y el territorio regional, materializado a través de la desindustrialización, concentración y extranjerización de la economía regional y la reinstauración de un patrón exportador primario extractivo (Martins, 2004; Gandásegui, 2004). Se inaugura, así, un nuevo ciclo de valorización dependiente, estructurado en torno a la explotación extractiva de los recursos naturales de la región, ahora conectados a cadenas globalizadas de valor controladas por grandes corporaciones transnacionales. Simultánea y correlativamente a la naturalización de la ‘racionalidad de mercado’ estas políticas impusieron e impulsaron un creciente proceso de mercantilización de la naturaleza, del territorio y sus recursos. En el caso de la minería, el origen de las transformaciones estructurales tiene lugar en Chile. Dada su crucial relevancia histórica como ‘país minero’, el ‘Chile de Pinochet’ oficiaría como escenario social de experimentación e implementación paradigmática del conjunto de reformas institucionales que, a la postre, funcionarían como los dispositivos legales del nuevo gran saqueo minero de los ’90. El decreto Ley Nro. 600 que sanciona un nuevo Estatuto de Inversión Extranjera (1974), seguido de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (Ley Nro. 18.097, 1ª de diciembre de 1981) y la reforma del Código de Minería (1983), serían las reformas claves que no sólo permitirían la progresiva privatización encubierta de la gran minería del cobre en Chile (Caputo y Galarce, 2007), sino los marcos legales que se aplicarían luego como ‘modelo exitoso’ en los restantes países de la región.
Tres fueron los pilares
centrales que establecieron las bases políticas de estas reformas:
-Plena
seguridad jurídica sobre la propiedad de las concesiones mineras
(imprescriptibilidad y transabilidad de las concesiones mineras; preeminencia de
la propiedad minera sobre los derechos superficiarios; total garantía legal y
judicial de las inversiones extranjeras, hasta el extremo de reconocer la
competencia originaria de los juzgados de los países de origen de las
inversiones en caso de controversias). - Grandes beneficios fiscales y
comerciales (estabilidad jurídica por períodos de entre 25 y 30 años;
eliminación de tasas de importación y exportación; libre disponibilidad
comercial de productos; amortización acelerada de inversiones; desgravación de
impuestos internos y de regalías mineras o su limitación a tasas
insignificantes; libre disponibilidad de divisas y desregulación total sobre la
remisión de utilidades; concentración de impuestos por ‘resultados’ en base a
declaraciones juradas de las empresas, etc.). - Una legislación y sistema de
controles ambientales extremadamente laxos (entre los que se destaca la
supresión de fondos de garantías por impactos ambientales; vacíos legales en
relación a los procesos de cierre de minas y al tratamiento de los pasivos
ambientales mineros; estándares ambientales de calidad de agua, aire y suelo
sistemáticamente inferiores a las disposiciones de la Organización Mundial de la
Salud y a las regulaciones de los países del Norte; descentralización y
fragmentación de los organismos de control y fiscalización ambiental, etc.).
Estas
nuevas bases legales e institucionales convertirían al extenso territorio de la
región en una increíble ‘oportunidad’ para el desarrollo de los intereses
mineros globales. Las reformas señeras en el Chile de Pinochet se ‘exportarían
luego como ‘modelo exitoso’ a lo largo de todos los países de América Latina con
cierto potencial minero. El Banco Mundial ofrecería frondosos créditos para
agilizar la ‘modernización’ institucional y la reforma de los marcos legales
relativos a las explotaciones mineras. Así, sucesivamente Perú (1991), Bolivia
(1991), Ecuador (1991), México (1992), y más tarde Brasil (1996), Guatemala
(1997), Honduras (1998) y Colombia (2001), introdujeron sendas modificaciones en
sus legislaciones mineras adoptando uniformemente los nuevos criterios
impuestos. En Argentina, tales reformas se impusieron bajo el gobierno de Menem
con la Ley Nro. 24.196 (1993) y otras reformas complementarias. Mientras las
empresas transnacionales del sector afrontaban un fuerte proceso de
reconversión2 destinada a recuperar las tasas de rendimiento de sus inversiones,
estas reformas ponían a su disponibilidad el vasto patrimonio geológico de la
región para tales objetivos. Se verifica, en este marco, el ingreso masivo de
las grandes corporaciones mineras transnacionales a la región: las canadienses
Barrick Gold, Aur Resources, Placer Dome, Falcon Bridge, Yamana Gold; las
estadounidenses Phelps Dodge, Newmont, Exxon; Río Tinto (Inglaterra); BHP-Billiton,
de Australia; Sumimoto y Mitsubishi, de Japón; Anglo American Ashanti, de
Sudáfrica, y Xstrata Cooper de Suiza, entre las más importantes.
El ingreso de las transnacionales como los principales actores del ‘boom’ minero de los ’90 estuvo apalancado también por la acelerada privatización de grandes empresas mineras estatales, nacionalizadas precisamente en la ola de reivindicaciones de los ’603 . La eficacia de las políticas de ‘seducción’ de inversiones se puede visualizar no sólo a través del acelerado crecimiento de las mismas, sino también en función de la fuerte recomposición de las tasas de ganancias que las explotaciones en América Latina significaron para las grandes corporaciones mineras. De acuerdo a estimaciones de Rondón (1997: 67), a mediados de la década del ’90, las tasas medias de beneficio de las operaciones mineras en la región eran del 34 %, superando ampliamente el 5 % que eran los rendimientos promedio en los países mineros del Norte (Canadá y Estados Unidos).Asimismo, de la mano de la megaminería, los avances del capital sobre los territorios ha alcanzado dimensiones inusitadas, llegando a cubrir, al cabo de los ’90, más del 10 % de toda la región (Cifuentes Villarroel, 2006). En el caso de Chile, la superficie concesionada a grandes explotaciones mineras alcanzaba, en el año 2003, al 10,6 % de total del territorio nacional (unos 80.000 km2). En el Perú, los denuncios mineros aumentaron de 4 millones de hectáreas en 1992 a 22 millones de hectáreas en el año 2000, alrededor del 10 % de la superficie total (110.000 km2). En el caso de Ecuador, la superficie concesionada a grandes corporaciones mineras pasó del 5 % en el año 2000 al 16,7 % de la superficie territorial total en el 2004 (unos 46.000 km2). En Panamá, al cabo de la década, el 45 % de su territorio nacional estaba ya concesionado a empresas mineras; mientras que en Argentina, las exploraciones mineras llegaron a cubrir una superficie de más de 187.500 km2 (Guajardo, 2007; Bury, 2007; Cifuentes Villarroel, 2006; Prado, 2005). Se completa con ellas un ciclo de transformaciones en las que tiene lugar la recomposición de la estructura colonial del mundo, que va desde inicios de los ’70 hasta mediados de los ’90. En el marco de las transformaciones globales, el proceso de gestación, imposición y sostenimiento del ‘boom’ minero de los ’90 en la región tiene una importancia central para comprender la lógica y el modus operandi de los nuevos dispositivos de producción neocolonial de las desigualdades socioambientales entre países y regiones.
2.- Reorganización
neocolonial del mundo: nuevos dispositivos expropiatorios y nuevas desigualdades
socioambientales.
A través
de los procesos sucintamente descriptos, la geopolítica del neoliberalismo ha
provocado una drástica transformación de la organización neocolonial del mundo,
generando nuevos dispositivos de subalternización de territorios, poblaciones y
‘recursos’. El gran auge de la minería transnacional, constituye un capítulo
especialmente gravoso de dicho proceso, un caso emblemático desde cuyo análisis
es posible identificar las nuevas formas del saqueo. En efecto, dada la
naturaleza y características tecnológicas de las grandes explotaciones mineras
contemporáneas , la envergadura de los procesos expropiatorios que suponen e
implican va mucho más allá de la extensión de las superficies territoriales
intervenidas. En realidad, la megaminería pone de manifiesto de manera
paradigmática la complejidad e intensidad de los nuevos dispositivos
expropiatorios del presente. Muy esquemáticamente, se puede señalar que través
de la masiva relocalización y reconfiguración de las cadenas de valor a escala
mundial, las industrias extractivas han implementado un complejo dispositivo de
producción de desigualdades ambientales dentro del cual se pueden distinguir
tres principales modalidades expropiatorias: una expropiación geográfica; otra
estrictamente económica, y otra de tipo ecológica. La dimensión geográfica de la
expropiación tiene que ver tanto con la capacidad de disposición sobre los
territorios, como con las reconfiguraciones territoriales que la dinámica
globalizada del capital tiende a producir sobre los territorios locales.
Siguiendo los análisis de Harvey (2004) y de Santos (1996), la expropiación
geográfica opera fundamentalmente destruyendo la coherencia local de los
territorios, desarticulando los flujos socioproductivos endolocales y
rearticulándolos como fragmentos territoriales subordinados a procesos
productivos de alcance global, comandados a distancia bajo la dirección y el
control del capital transnacional concentrado que domina la respectiva cadena de
valor a escala mundial. La dimensión geográfica de la expropiación tiene que
ver, en consecuencia, con la desintegración productiva de los espacios locales y
su reconfiguración como fragmentos socioterritoriales económicamente subordinado
y tecnológicamente dependiente de cadenas mundializadas de valor, cuyas
consecuencias van mucho más allá de lo ‘estrictamente geográfico’, en tanto
implican una expropiación de la diversidad eco-territorial y sociocultural de
los lugares.
La
uniformización de los territorios convertidos en enclaves de exportación tiene
así, profundas consecuencias biopolíticas, en tanto productores de ámbitos
monoculturales del capital global. En cuanto a la dimensión estrictamente
económica de la expropiación, ésta tiene que ver tanto con las transformaciones
territoriales descritas, como con las reformas legales e institucionales
vinculadas a las políticas neoliberales, procesos mediante los cuales se opera
una fenomenal transferencia de recursos financieros desde las regiones
periferizadas hacia los centros de poder económico mundial. Por un lado, tales
transferencias se operan como resultado de la reestructuración territorial de
las cadenas productivas a escala global; tiene que ver con la masiva
transferencia de activos financieros y valores de cambio que las grandes
empresas transnacionales remiten a las sociedades centrales desde las
operaciones extractivas localizadas en los territorios periféricos. Los
territorios intervenidos, los dispositivos extractivos instalados en las
geografías nacionales a través de las mega-infraestructuras al servicio de los
flujos de materiales exportados (carreteras, hidrovías, electroductos,
mineraloductos, presas hidroeléctricas, etc.) operan como correas geográficas de
transmisión de grandes flujos financieros desde unas sociedades a otras, a
través de las tasas diferenciales de apropiación de la renta que implican estas
grandes explotaciones.
La
localización de las diferentes cadenas de valor en los distintos espacios
nacionales y regionales tiene una importancia fundamental como dispositivo de
apropiación diferencial de la renta. De allí que las reestructuraciones de las
cadenas globales de valor de las ‘industrias extractivas’ se hayan caracterizado
por localizar las fases productivas más contaminantes y ambientalmente
intensivas, de menor valor agregado, con menor incidencia en la generación de
empleos y en el desarrollo de innovación tecnológica en las sociedades re-periferizadas,
para dejar las fases de menor impacto ambiental, más intensivas en trabajo y
conocimiento, en las sociedades centrales. Por otro lado, los procesos de
expropiación económica están vinculados con las reformas políticas. En este
sentido, la recomposición de las tasas de ganancia de las grandes corporaciones
transnacionales y la producción política de la rentabilidad de las empresas a
través de las reformas neoliberales convierte a estas explotaciones en grandes
extractoras de renta que se producen en los territorios subordinados de la
periferia y se consumen en los mercados concentrados y sofisticados de las
sociedades dominantes. Las extraordinarias tasas de rentabilidad logradas en los
territorios del Sur –merced a los subsidios fiscales, socio-ambientales y
laborales que las ‘inversiones’ reciben- pasan a ser flujos financieros
decisivos para alimentar la dinámica consumista de las élites dominantes del
Norte. A la hora de estimar cuantitativamente la magnitud de este aspecto de los
procesos expropiatorios, un estudio sobre la situación de las empresas mineras
en Chile (Caputo y Galarce, 2007) consigna que las ganancias obtenidas por las
transnacionales mineras sólo en el año 2006 alcanzaban los 20.000 millones de
dólares. Esta cifra representa el doble del total de la inversión extranjera
neta realizada a lo largo de todo el período iniciado con las reformas de
Pinochet, que ha sido de 9.819 millones de dólares; es decir, que con sólo las
ganancias obtenidas en un año (2006) las corporaciones mineras duplicaron la
inversión neta total realizada a lo largo de un período de 32 años (1974-2005).
Por último, pasemos ahora a referirnos a la dimensión ecológica de los procesos
expropiatorios contemporáneos, probablemente el aspecto geopolíticamente más
relevante en el contexto presente.
Aunque
estrechamente vinculados a las transformaciones territoriales, los procesos de
expropiación ecológica tienen que ver con las dinámicas de apropiación
diferencial de bienes y servicios ambientales cristalizadas en la distribución
geográfica de los procesos de extracción y de consumo, y materializadas en la
división del trabajo a escala global. En el caso de las industrias extractivas,
como el de la minería a gran escala, los procesos de expropiación ecológica
revisten el carácter más gravoso tanto por la magnitud como por la naturaleza de
las modalidades involucradas. En primer lugar, esta dimensión tiene que ver con
la transferencia de recursos no renovables y al consumo desigual de los mismos.
En el caso de la minería, se da una clara diferenciación entre los países del
Sur y del Norte geopolítico, concentrándose los procesos extractivos en los
primeros y los mayores índices de consumo en los segundos. Esto es evidente en
el caso de América Latina, la que, al cabo de los ’90, ha vuelto a ser uno de
los principales proveedores de minerales a nivel mundial, cubriendo en promedio
más de un tercio de la demanda global; sin embargo los porcentajes de consumo de
minerales que representa la región a nivel mundial apenas se encuentran entre el
3 y el 6 % del total. Inversamente, los países centrales – salvo los
excepcionales casos de Estados Unidos, Canadá y Australia- casi no figuran como
‘productores’ de minerales, en tanto que concentran más de dos tercios del
consumo mundial de los mismos en promedio. Sin embargo, los aspectos más graves
de la expropiación ecológica son los usualmente menos evidentes y divulgados, y
tienen que ver con la apropiación y transferencia indirecta de bienes y
servicios ambientales consumidos como insumos de los procesos extractivos de los
productos objetos de las transacciones comerciales.
En
efecto, como ha sido analizado por varios autores para el caso del agua (Zimmer
y Renault, 2003; Allan, 2003; Pengue, 2006), la exportación no implica sólo –y a
veces, ni siquiera principalmente- la transacción (‘económica’) de la sola
mercancía objeto del comercio exterior, sino que implica también la
transferencia (‘ecológica’) una gran cantidad de bienes y servicios ambientales
del país productor que -insumidos en el proceso productivo y, por tanto,
incorporados en el ‘producto de exportación’-, son finalmente ‘consumidos’ en el
país de destino de tal exportación. En el caso de la megaminería metalífera a
cielo abierto, los principales bienes y servicios ambientales que son objetos de
transferencia ecológica, y, por tanto, de apropiación indirecta por parte de los
países importadores de tales recursos, son el agua, la energía y la capacidad de
sumidero. En efecto, como los procesos extractivos de la gran minería son
intensivos en agua y energía, por cada tonelada de mineral exportado, se
exportan también varias toneladas de agua y KWh de energía insumidas en el
proceso extractivo. A modo ilustrativo, en base a las estimaciones realizadas
por Borregaard (2001) y Cuenca Berger (2005) para el caso chileno, cabe tener
presente que cada tonelada de cobre exportada por Chile en los últimos años han
insumido también 40 m3 de agua, 3 MWh de energía y la ‘generación’ de
28 toneladas de relaves tóxicos. Tomando en cuenta la tabla de insumo/producto
del primer mega-emprendimiento minero en la Argentina, el de Minera Alumbrera,
que indica que ésta extrae anualmente 180.000 toneladas de concentrado de cobre,
para lo cual ‘procesa’ 480.000 toneladas de material rocoso por día, empleando
105.600 kg. de explosivos (ANFO) diarios, 100 millones de litros de agua
diarios, 92.500 litros de combustible diesel por día y 764,44 GWh de
electricidad anuales, tenemos que cada tonelada de concentrado de cobre
exportado por Alumbrera ‘le cuesta’ al territorio argentino 203.000 litros de
agua, 4,25 MWh de energía eléctrica, 973 toneladas de estériles tóxicos a
perpetuidad, y 188 litros de combustible aproximadamente (Machado Aráoz, 2009).
Sumado a ello, hay que contabilizar también la ‘capacidad atmosférica’ para
absorber las 1562,2 toneladas de gases nitrosos que anualmente son liberadas a
consecuencia de las voladuras (Vélez, 2008). Dada la taxativa e ineludible
finitud del ‘mundo natural’ –más allá de la miopía que al respecto tiene la
economía centrada en el dinero y en la creencia quimérica del desarrollo
tecnológico como superador de los ‘límites del crecimiento’-, los procesos de
expropiación ecológica tienen profundas consecuencias económicas y políticas;
implican inexorablemente que ‘lo que unos consumen’ es ‘lo que a otros les es
quitado’. El agua y la energía que consumen las mineras en los territorios de
nuestra región, es agua y energía que es negada y expropiada a las propias
poblaciones locales. (...)
Leer
"Apuntamos que estas formas de organización del poder, antes que traducir formas de autonomía y autogobierno, llevan consigo instancias heterónomas en donde otros deciden sobre los destinos de nuestras vidas o nos expropian los medios y recursos para crear y materializar lo que queremos. Aquí el diagnóstico no es muy alentador: vivimos en sociedades donde los requisitos mínimos para la vida están apresados dentro de los mecanismos dispuestos por la lógica mercantilizadora del mercado”.
Argentina: Los despojos políticos de la megaminería en el país
16 de junio de 2016
Por
Candela de la
Vega y Débora Cerutti
Primera parte de las conclusiones de las
jornadas que apuntan a la Megaminería y el rol de la Universidad Pública,
realizadas en La Rioja. En estas líneas, las decisiones de las universidades
respecto de los fondos y la composición de las luchas socioambientales.
El pasado 1, 2 y 3 de junio se realizaron en la
ciudad de La Rioja las “Primeras Jornadas sobre Megaminería, Bienes Comunes y el
Rol de la Universidad Pública”, convocadas por la Asamblea Riojana Capital y el
Foro Ambiental Universitario (FAU), con el objetivo de abrir un debate abierto,
interdisciplinario y plural que instale en la agenda pública, en general, y la
agenda universitaria, en particular, la discusión sobre los fondos que provienen
de la explotación de los Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), en la
Provincia de Catamarca.
Por la ley nacional 14.771, sancionada en 1958, YMAD debe distribuir parte de sus utilidades entre las universidades nacionales. Si bien la fase de explotación de La Alumbrera comenzó en 1997, la distribución anual de utilidades de YMAD al sistema universitario nacional empezó recién en 2008 y, desde entonces, al menos siete universidades nacionales y más de veinte Facultades han rechazado los fondos. En la provincia de La Rioja, fue en 2013, durante el contexto de toma de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR) que realizaron sus estudiantes cuando este tema apareció fuertemente visibilizado, acompañando a las demandas de autonomía, democracia y calidad académica que se levantaron en ocasión de la toma. En tal contexto, la UNLAR rechazó los fondos de los años 2013, 2014 y 2015.
En una provincia con casi 10 años de lucha y
problematización por asamblea y otros colectivos organizados de la actividad
extractiva minera a gran escala, la centralidad de estas “Primeras Jornadas
sobre Megaminería, Bienes Comunes y el Rol de la Universidad Pública” radicó en
la renovada apuesta por denunciar en el espacio público las condiciones
complejas de las diversas consecuencias e impactos del avance de proyectos
extractivos en la región, en ocasión del debate abierto para la aceptación o
rechazo de los fondos de 2016 hacia esta universidad. En un escenario donde las
y los representantes de los gobiernos nacionales y provinciales han reforzado su
postura de favorecer la explotación minera, el aporte de nuestra intervención en
estas Jornadas se orientó a reconocer lo que creemos son consecuencias
propiamente políticas de
la instalación –posible o de hecho– de proyectos megamineros y de su
articulación en el sistema universitario.
Ello supone delimitar, en primer lugar, qué entendemos exactamente cuando decimos “lo político”: es ese ámbito en el que una comunidad decide cómo vivir con otros y otras, y realiza aquello que decidió. Entonces, lo político remite a todas las actividades, espacios, actores, tiempos y mecanismos a través de los cuales decidimos cómo queremos vivir –o cómo no queremos vivir– con otros y otras. Esta noción de lo político está asociada a una idea positiva del poder en tanto esa posibilidad efectiva de poder tomar esa decisión y de poder contar con los recursos para crear aquello que decidimos. Aquí también aparece una vieja idea de autonomía, de autogobierno, de autodeterminación, de poder sobre nuestras vidas-en-común que amplía ciertamente el difundido reclamo del “derecho a la vida”.
Por supuesto, la definición de cómo, con quién
o dónde queremos vivir, no está exenta de conflictos. En una época donde el
“diálogo” y el “consenso” se presentan eclipsando los horizontes y las promesas
de la vida política en nuestras comunidades, esta posición pretende resaltar que
el conflicto y el disenso no son sólo parte integrante del mundo de lo político,
sino que son justamente lo propio de este ámbito. Por ello, resulta inadmisible
que quienes manifiestan el disenso y el conflicto sean acusados de “violentos”,
“incivilizados”, o “fundamentalistas”, cuando no hacen más que expresar y
actualizar esa condición inocultable de lo político.
El Estado y el sistema
representativo-democrático forman parte de este mundo, pero no lo acaban ni lo
representan en su totalidad. Más aun,
algunos apuntamos que estas formas de
organización del poder, antes que traducir formas de autonomía y autogobierno,
llevan consigo instancias heterónomas en donde otros deciden sobre los destinos
de nuestras vidas o nos expropian los medios y recursos para crear y
materializar lo que queremos. Aquí el diagnóstico no es muy alentador: vivimos
en sociedades donde los requisitos mínimos para la vida están apresados dentro
de los mecanismos dispuestos por la lógica mercantilizadora del mercado.
Por eso uno de los grandes logros de la lucha de
las asambleas socioambientales y otros colectivos organizados fue justamente
mostrarnos formas otras de
hacer política. La lucha que sostienen estas organizaciones en defensa de los
bienes naturales han actualizado la condición política de la vida en sociedad y
por ello, los conflictos y tensiones que mantienen con el Estado –incluyendo los
estamentos universitarios de gobierno– y con los sectores empresariales pueden
ser entendidos como instancias en donde esta condición de lo político es negada,
recortada, invisibilizada o reprimida.
"Unamos
nuestras luchas! Abracemos nuestras luchas!"
Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
20 de Junio de 2016
22 de
Julio de 2016: Día Mundial contra la Minería
Sexta
Jornada Internacional de Resistencia
Llamado a
los pueblos a manifestarse en defensa del agua y la vida
Basta ya!
Fuera mineras!
El pueblo
unido jamás será vencido!
Sumate en
tu comunidad. Esta lucha la ganamos entre tod@s.
EL AGUA Y
LA VIDA NO SE NEGOCIAN.
BASTA DE
COMPLICIDAD DE LOS ESTADOS CON LAS CORPORACIONES.
LA
DEMOCRACIA ES EL GOBIERNO DEL PUEBLO, POR EL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO.
LA MINERIA
NO TIENE LICENCIA SOCIAL.
Nuevamente
este año convocamos a la jornada internacional de lucha contra la megaminería en
defensa de la vida y del agua. Diremos alto y fuerte con nuestras actividades,
nuestras manifestaciones, concentraciones, festivales:
-
NO a la minería contaminante.
-
NO a la utilización de tóxicos que contaminan el agua, el aire y los suelos.
-
NO a las mega-minas que generan cada año centenares de millones de toneladas de desechos tóxicos cuyo impacto destructor se mide en siglos.
-
NO a la minería a tajo abierto que destruye ecosistemas, zonas agrícolas o de bosques, que arrasan con nuestra selva, que derriten los glaciares, que provocan patologías incurables y dejan en herencia paisajes lunares.
-
NO a las minas subterráneas que hacen brotar desde las entrañas de la tierra elementos radioactivos, tóxicos y cancerígenos y matan a fuego lento o vivo a miles de campesinos transformados en mineros por obligación.
-
NO a la violencia, a la miseria y a las desigualdades que acompañan la extensión sin fin de las “zonas de sacrificio”.
-
NO a la avidez por la ganancia, al productivismo a ultranza y al consumismo desaforado que nos hacen creer que no hay alternativa.
-
NO A LA MEGAMINERÍA, AL EXTRACTIVISMO Y A SU MUNDO.
Llamamos a
todos a unirse y realizar todo tipo de manifestaciones para atraer la atención
de nuestras poblaciones tantas veces mal informadas y desinformadas, para
defender también a todos los ambientalistas que arriesgan sus vidas por un deseo
común y de manera benévola y a todos los luchadores, para manifestar nuestra
solidaridad con las víctimas de la megaminería, aquí y allá. Manifestemos,
informemos, organicemos la resistencia.
Esta
convocatoria no porta bandera política y es profunda y esencialmente una muestra
de resistencia pacífica.
Las movilizaciones son autogestionadas.
Unamos
nuestras luchas! Abracemos nuestras luchas!
-----------
Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
Contra el Saqueo
y la Contaminación
Nos urge articular todas nuestras luchas
desde "una
conciencia y una acción ecológica vigorosas, anticapitalistas".
¿Extractivismo o ecología?
10 de febrero de 2014
Por Boaventura de Sousa
Santos *
Al inicio
del tercer milenio, las fuerzas de izquierda se debaten entre dos desafíos
principales: la relación entre democracia y capitalismo, y el crecimiento
económico infinito (capitalista o socialista) como indicador básico de
desarrollo y progreso. En estas líneas voy a centrarme en el segundo desafío
(sobre el primero, ver “¿Democracia o capitalismo?”, en Página/12 del 6 de enero
pasado).
Antes de la
crisis financiera, Europa era la región del mundo donde los movimientos
ambientalistas y ecologistas tenían más visibilidad política y donde la
narrativa de la necesidad de complementar el pacto social con el pacto natural
parecía tener gran aceptación pública. Sorprendentemente o no, con el estallido
de la crisis tanto estos movimientos como esta narrativa desaparecieron de la
escena política y las fuerzas políticas que más directamente se oponen a la
austeridad financiera reclaman crecimiento económico como la única solución y
sólo excepcionalmente hacen una mención algo simbólica a la responsabilidad
ambiental y la sustentabilidad. Y, de hecho, las inversiones públicas en
energías renovables fueron las primeras en ser sacrificadas por las políticas de
ajuste estructural. Ahora bien, el modelo de crecimiento que estaba en vigor
antes de la crisis era el blanco principal de las críticas de los movimientos
ambientalistas y ecologistas, precisamente, por ser insostenible y producir
cambios climáticos que, según los datos la ONU, serían irreversibles a muy corto
plazo, según algunos, a partir de 2015. Esta rápida desaparición de la narrativa
ecologista muestra que el capitalismo tiene prioridad no sólo sobre la
democracia, sino también sobre la ecología y el ambientalismo.
Pero hoy es evidente que, en el umbral del siglo XXI, el desarrollo capitalista toca la capacidad límite del planeta Tierra. En los últimos meses, varios record de riesgo climático fueron batidos en Estados Unidos, la India, el Artico, y los fenómenos climáticos extremos se repiten con cada vez mayor frecuencia y gravedad. Ahí están las sequías, las inundaciones, la crisis alimentaria, la especulación con productos agrícolas, la creciente escasez de agua potable, el desvío de terrenos destinados a la agricultura para desarrollar agrocombustibles, la deforestación de bosques. Paulatinamente, se va constatando que los factores de la crisis están cada vez más articulados y son, al final, manifestaciones de la misma crisis, que por sus dimensiones se presenta como crisis civilizatoria. Todo está vinculado: la crisis alimentaria, la crisis ambiental, la crisis energética, la especulación financiera sobre los commodities y los recursos naturales, la apropiación y la concentración de tierras, la expansión desordenada de la frontera agrícola, la voracidad de la explotación de los recursos naturales, la escasez de agua potable y la privatización del agua, la violencia en el campo, la expulsión de poblaciones de sus tierras ancestrales para abrir camino a grandes infraestructuras y megaproyectos, las enfermedades inducidas por un medioambiente degradado, dramáticamente evidentes en la mayor incidencia del cáncer en ciertas zonas rurales, los organismos genéticamente modificados, los consumos de agrotóxicos, etcétera. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible realizada en junio de 2012, Río+20, fue un rotundo fracaso por la complicidad mal disfrazada entre las élites del Norte global y las de los países emergentes para dar prioridad al lucro de sus empresas a costa del futuro de la humanidad.
En varios
países de América latina, la valorización internacional de los recursos
financieros permitió una negociación de nuevo tipo entre democracia y
capitalismo. El fin (aparente) de la fatalidad del intercambio desigual (las
materias primas siempre menos valoradas que los productos manufacturados), que
encadenaba a los países de la periferia del sistema mundial al desarrollo
dependiente, permitió que las fuerzas progresistas, antes vistas como “enemigas
del desarrollo”, se liberasen de ese fardo histórico, transformando el boom en
una ocasión única para realizar políticas sociales y de redistribución de la
renta. Las oligarquías y, en algunos países, sectores avanzados de la burguesía
industrial y financiera altamente internacionalizados, perdieron buena parte del
poder político gubernamental, pero a cambio vieron incrementado su poder
económico. Los países cambiaron sociológica y políticamente, hasta el punto de
que algunos analistas vieron la emergencia de un nuevo régimen de acumulación,
más nacionalista y estatista, el neodesarrollismo, sobre la base del
neoextractivismo.
Sea como fuere, este neoextractivismo se basa en la explotación intensiva de los recursos naturales y, por lo tanto, plantea el problema de los límites ecológicos (para no hablar de los límites sociales y políticos) de esta nueva (vieja) fase del capitalismo. Esto es tanto más preocupante en cuanto este modelo de “desarrollo” es flexible en la distribución social, pero rígido en su estructura de acumulación. Las locomotoras de la minería, del petróleo, del gas natural, de la frontera agrícola son cada vez más potentes y todo lo que se interponga en su camino y obstruya su trayecto tiende a ser arrasado como obstáculo al desarrollo. Su poder político crece más que su poder económico, la redistribución social de la renta les confiere una legitimidad política que el anterior modelo de desarrollo nunca tuvo, o sólo tuvo en condiciones de dictadura.
Por su
atractivo, estas locomotoras son eximias para transformar las señales cada vez
más perturbadoras de la inmensa deuda ambiental y social que generan en un costo
inevitable del “progreso”. Por otro lado, privilegian una temporalidad que es
afín a la de los gobiernos: el boom de los recursos naturales no va a durar para
siempre y, por eso, hay que aprovecharlo al máximo en el más corto plazo. El
brillo del corto plazo oculta las sombras del largo plazo. En tanto el boom
configura un juego de suma positiva, quien se interpone en su camino es visto
como un ecologista infantil, un campesino improductivo o un indígena atrasado, y
muchas veces es sospechado de integrar “poblaciones fácilmente manipulables por
Organizaciones No Gubernamentales al servicio de quién sabe quién”.
En estas
condiciones se vuelve difícil poner en acción principios de precaución o lógicas
de largo plazo. ¿Qué pasará cuando el boom de los recursos naturales termine? ¿Y
cuando sea evidente que la inversión de los recursos naturales no fue
debidamente compensada por la inversión en recursos humanos? ¿Cuando no haya
dinero para generosas políticas compensatorias y el empobrecimiento súbito cree
un resentimiento difícil de manejar en democracia? ¿Cuando los niveles de
enfermedades ambientales sean inaceptables y sobrecarguen los sistemas públicos
de salud hasta volverlos insostenibles? ¿Cuando la contaminación de las aguas,
el empobrecimiento de las tierras y la destrucción de los bosques sean
irreversibles? ¿Cuando las poblaciones indígenas, ribereñas y de los quilombos (afrobrasileños)
que fueron expulsadas de sus tierras cometan suicidios colectivos o deambulen
por las periferias urbanas reclamando un derecho a la ciudad que siempre les
será negado? Estas preguntas son consideradas por la ideología económica y
política dominante como escenarios distópicos, exagerados o irrelevantes, fruto
de un pensamiento crítico entrenado para dar malos augurios. En suma, un
pensamiento muy poco convincente y de ningún atractivo para los grandes medios
de comunicación.
En este contexto, sólo es posible perturbar el automatismo político y económico de este modelo mediante la acción de movimientos y organizaciones sociales con el suficiente coraje para dar a conocer el lado destructivo sistemáticamente ocultado del modelo, dramatizar su negatividad y forzar la entrada de esta denuncia en la agenda política. La articulación entre los diferentes factores de la crisis deberá llevar urgentemente a la articulación entre los movimientos sociales que luchan contra ellos. Se trata de un proceso lento en el que el peso de la historia de cada movimiento cuenta más de lo que debería, pero ya son visibles articulaciones entre las luchas por los derechos humanos, la soberanía alimentaria, contra los agrotóxicos, contra los transgénicos, contra la impunidad de la violencia en el campo, contra la especulación financiera con productos alimentarios, por la reforma agraria, los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales, los derechos indígenas y de los quilombos, el derecho a la ciudad, el derecho a la salud, la economía solidaria, la agroecología, el gravamen de las transacciones financieras internacionales, la educación popular, la salud colectiva, la regulación de los mercados financieros, etc.Tal como ocurre con la democracia, sólo una conciencia y una acción ecológica vigorosas, anticapitalistas, pueden enfrentar con éxito la vorágine del capitalismo extractivista. Al “ecologismo de los ricos” es preciso contraponerle el “ecologismo de los pobres”, basado en una economía política no dominada por el fetichismo del crecimiento infinito y del consumismo individualista, sino en las ideas de reciprocidad, solidaridad y complementariedad vigentes tanto en las relaciones entre los seres humanos como en las relaciones entre los humanos y la naturaleza.* Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal.El texto corresponde a la “Undécima carta a las izquierdas” del autor.Traducción: Javier Lorca.
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