Es percibir el empobrecimiento
mayoritario y
la desterritorialización-reterritorialización
por implantación de economías de
enclave.
Cuando hoy se achaca al gobierno de Mauricio Macri que los intereses lucrativos
de los oligopolios locales e
imperialistas rijan directamente sobre Argentina resulta fundamental la toma
generalizada de conciencia acerca
de cómo se instauró ese predominio. Salgamos de la inmediatez y apliquemos una
mirada histórico social.
Comprobemos cómo se impulsó el crecimiento económico a tasas chinas (que el
gobierno K nos hizo aplaudir
encubriendo
que pertenecía a los grandes capitales locales e imperialistas) mediante:
«Consenso de los Commodities»
y lenguajes de valoración en América Latina
Marzo - Abril 2013
Marzo - Abril 2013
El «Consenso de los Commodities» subraya el ingreso de América Latina en un nuevo orden económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes. Este orden va consolidando un estilo de desarrollo neoextractivista que genera ventajas comparativas, visibles en el crecimiento económico, al tiempo que produce nuevas asimetrías y conflictos sociales, económicos, ambientales y político-culturales. Tal conflictividad marca la apertura de un nuevo ciclo de luchas, centrado en la defensa del territorio y del ambiente, así como en la discusión sobre los modelos de desarrollo y las fronteras mismas de la democracia.
Introducción
En el último
decenio, América Latina realizó el pasaje del Consenso
de Washington, asentado sobre la valorización financiera, al «Consenso
de los Commodities»,
basado en la exportación de bienes primarios en gran escala. En este artículo
utilizamos el concepto de commodities en
un sentido amplio, como «productos indiferenciados cuyos precios se fijan
internacionalmente»1,
o como «productos de fabricación, disponibilidad y demanda mundial, que tienen
un rango de precios internacional y no requieren tecnología avanzada para su
fabricación y procesamiento»2.
Ambas definiciones incluyen desde materias primas a granel hasta productos
semielaborados o industriales. Para el caso de América Latina, la demanda decommodities está
concentrada en productos alimentarios, como el maíz, la soja y el trigo, así
como en hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata,
estaño, bauxita, zinc, entre otros)3.
Así, si bien es
cierto que la explotación y exportación de materias primas no son actividades
nuevas en América Latina, resulta claro que en los últimos años del siglo XX, en
un contexto de cambio del modelo de acumulación, se ha intensificado
notoriamente la expansión de megaproyectos tendientes al control, la extracción
y la exportación de bienes naturales, sin mayor valor agregado. Por ende, lo que
de modo general aquí denominamos «Consenso de los Commodities» subraya el ingreso en un nuevo orden, a la vez
económico y político-ideológico, sostenido por el boom
de los precios internacionales de las materias primas y los bienes
de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias
emergentes, lo cual genera indudables ventajas comparativas visibles en el
crecimiento económico y el aumento de las reservas monetarias, al tiempo que
produce nuevas asimetrías y profundas desigualdades en las sociedades
latinoamericanas.
En
términos de consecuencias, el «Consenso de los Commodities»
es un proceso complejo y vertiginoso que debe ser leído desde una perspectiva
múltiple, a la vez económica y social, política e ideológica, cultural y
ambiental. En razón de ello, para ilustrar esta problemática proponemos al
lector una presentación en tres partes.
-
En primer lugar, avanzaremos en una conceptualización de lo que entendemos por «Consenso de los Commodities» y las formas que asume el actual estilo de desarrollo neoextractivista.
-
En segundo lugar, proponemos un recorrido breve por lo que hemos denominado el «giro ecoterritorial», como expresión de los nuevos lenguajes de valoración que atraviesan las luchas socioambientales en el continente.
-
En fin, cerraremos con una referencia a los desafíos que hoy afronta gran parte de las organizaciones sociales y del pensamiento crítico latinoamericano.
Hacia
una conceptualización de la nueva fase
En primer lugar, desde el punto de vista
económico y social, la demanda de
commodities ha originado
un importante proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas, al
acentuar la reorientación de estas hacia actividades primarias extractivas o
maquilas, con escaso valor agregado4.
Esta dinámica regresiva se ve agravada por el ingreso de potencias emergentes,
como es el caso de China, país que de modo acelerado se va imponiendo como un
socio desigual en lo que respecta al intercambio comercial con la región5.
Asimismo, este proceso de reprimarización viene también acompañado por una
tendencia a la pérdida de soberanía alimentaria, hecho ligado a la exportación
de alimentos en gran escala cuyo destino es el consumo animal o, de modo
creciente, la producción de biocombustibles, lo cual comprende desde la soja
hasta los cultivos de palma o los fertilizantes.
En segundo lugar, desde el punto de vista de la
lógica de acumulación, el nuevo «Consenso de los Commodities» conlleva la profundización de la dinámica de
desposesión6 o
despojo de tierras, recursos y territorios y produce nuevas y peligrosas formas
de dependencia y dominación. Entre los elementos comunes de esta dinámica
podemos destacar la gran escala de los emprendimientos, la tendencia a la
monoproducción o la escasa diversificación económica y una lógica de ocupación
de los territorios claramente destructiva. En efecto, en función de una mirada
productivista y eficientista del desarrollo, se alienta la descalificación de
otras lógicas de valorización de los territorios, los cuales son considerados
como socialmente vaciables, o lisa y llanamente como «áreas de sacrificio», en
aras del progreso selectivo.(...)
Fuente: http://nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-de-valoracion-en-america-latina
Cuando hoy gravita,
entre los de abajo, la visión de los gobiernos progresistas como populares,
nacionales y por una integración sudamericana en confrontación con el
imperialismo: Es hora de reflexionar sobre que China
con EE.UU. impulsan el capitalismo mundializado y compiten en empobrecer a
los países periféricos tanto por desindustrializarlos como por vaciarlos de
recursos estratégicos. De este modo los amenazan en sus respectivas supervivencias.
Que este avance del subdesarrollo de Sudamérica de modo democrático fue
responsabilidad de los gobiernos neoliberales y de los progresistas.
Comprobemos que el progresismo
ha favorecido la acumulación gran capitalista de China y de los poderes locales a costa de desposeer totalitariamente a nuestros
pueblos.
¿Del
Consenso de Washington al Consenso de Beijing?
30 de marzo de 2014
30 de marzo de 2014
China
se ha consolidado durante las últimas décadas como la segunda economía y el
principal productor de manufacturas del planeta.
Adicionalmente a esta expansión económica, el país oriental viene incrementando
su poderío militar y áreas de influencia política en el globo.
Expone una relación simultáneamente tensa en lo geopolítico y simbiótica en lo
económico con EE.UU., su primer destino de exportaciones y de quien es su
principal prestamista.
El
crecimiento exponencial de su sector fabril, la acelerada tasa de urbanización y
las crecientes necesidades alimenticias de una población que supera los 1300
millones de habitantes han llevado a que la provisión de productos básicos como
minerales, alimentos e hidrocarburos resulte una cuestión estratégica.
En este
contexto, China ha resultado el socio comercial de América Latina cuya relación
comercial muestra los mayores índices de crecimiento durante la última década en
detrimento de EE UU y Europa. Al mismo tiempo se muestra como uno de los
emisores de IED más dinámicos hacia la región. China –que se ubica entre los
tres principales destinos de exportaciones de Brasil, Chile, Perú, Colombia
Argentina, Uruguay y Venezuela– es presentado por la mayoría de los gobiernos
del Cono Sur y organismos como CEPAL como un socio estratégico con quien es
posible entablar relaciones de mutuo beneficio y cooperación. Sin embargo,
un análisis detallado de los flujos de
intercambio comercial mantenidos con aquel país exponen, por el momento, una
profundización de la inserción de América Latina como proveedor global de
productos primario-extractivos con reducido contenido de valor agregado a partir
del incremento de las relaciones comerciales con China.
Al mismo
tiempo la IED recibida por los países de América Latina y Caribe del gigante
asiático se orienta casi exclusivamente al aseguramiento estratégico de
productos básicos por parte de aquel país o bien a actividades logísticas o
financieras que sirvan de apoyo a la extracción productos primaros.
China se presenta en la
región como una economía emergente, un país con el cual los de América Latina
podrán entablar relaciones simétricas a partir de la cooperación sur-sur. Sin
embargo, resultaría de suma importancia en la región que los gobiernos locales internalicen que China ya no es una economía emergente, sino una
potencia económica.
Fuente:
http://tiempo.infonews.com/nota/9768/del-consenso-de-washington-al-consenso-de-beijing
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Argentina y China: mitos y realidades del “consenso de Beijing”
7 de febrero de 2015
La visita a China y los veintidós convenios firmados suscitaron tantos elogios como críticas. ¿Cuáles son las implicaciones del peso creciente del gigante asiático en el país?
Por
Esteban Mercatante
@estebanm1870
En su visita a China, Cristina Fernández reforzó los lazos con el gigante asiático, y agregó nuevos acuerdos que junto con los que se habían concretado en julio pasado, cuando el presidente chino Xi Jinping visitó el país, suman ya 31 mil millones de dólares.
@estebanm1870
En su visita a China, Cristina Fernández reforzó los lazos con el gigante asiático, y agregó nuevos acuerdos que junto con los que se habían concretado en julio pasado, cuando el presidente chino Xi Jinping visitó el país, suman ya 31 mil millones de dólares.
Las
respuestas a los compromisos alcanzados suscitaron tantas críticas como elogios.
Están los sectores empresarios que se frotan las manos porque esperan participar
de alguna tajada de los negocios, y los que adelantaron preocupaciones por la
opacidad de las condiciones (o su alto grado de generalidad), y por las
consecuencias que tendrá la preferencia para el capital chino en las
licitaciones de los proyectos involucrados en los convenios. Estas últimas
pasarán a ser una mera formalidad, con garantías de que los prestamistas serán
los adjudicados.
No obstante
estas objeciones despertadas por las tratativas express realizadas por el
gobierno en sus últimos dos años de gobierno, con consecuencias que se sentirán
durante largo tiempo, e incluso las dudas sobre el grado en que puedan
concretarse las obras expresadas ayer por Clarín,
todos los sectores del empresariado y los partidos políticos que los
representan, coinciden con pequeños matices, en el carácter estratégico de la
relación con China.
Estratégico,
¿para quién? Nada más ni nada menos para que estas grandes empresas puedan
seguir llenándose los bolsillos. Durante esta semana, mientras reflejábamos en
La Izquierda Diario los actos de la presidenta y sus ministros con funcionarios
chinos (que pueden leerse
acá, acá y acá),
hemos discutido el rol de China en la economía mundial, y particularmente en
América Latina, contando con contribuciones de investigadores especializados.
Lejos del
entusiasmo que guía el “consenso de Bejing”, el nuevo paraíso prometido para los
países emergentes que sepan aprovechar sus “ventajas relativas” en su asociación
con la economía asiática, la asociación estratégica con China en las actuales
condiciones promete reforzar el carácter dependiente de las economías de la
región, que es el que desde el vamos dicta los términos en los que esta
asociación se viene desarrollando.
No puede
sorprender que esto sea así, ya que, como reflejan los artículos de Ideas
de Izquierda que
reproducimos como parte de esta sección especial, el ascenso de China no
pretende cuestionar el orden mundial capitalista trabajosamente forjado por las
grandes potencias imperialistas para asegurar las ventajas del capital
trasnacional. Lo que se propone China es traducir su creciente peso en un rol
más gravitante. Su avance en los países mal llamados “emergentes” es una pieza
central en ese objetivo.
A
continuación, entonces, los artículos que conforman esta sección especial de La
Izquierda Diario.(…)
Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Argentina-y-China-mitos-y-realidades-del-consenso-de-Beijing
Cuando hoy se difunde que CFK es la oposición y alternativa al gobierno de
Mauricio Macri recordemos que el gobierno CFK establece las bases y el
desarrollo en Argentina no sólo del sistema global de agronegocios
desarrollo en Argentina no sólo del sistema global de agronegocios
y de IIRSA sino sobre todo de la dictadura de petroleras en alianza con los
capitales financieros, las automotrices y la oligarquía agroindustrial,
farmacéutica...
capitales financieros, las automotrices y la oligarquía agroindustrial,
farmacéutica...
Es
reparar que los poderes establecidos y constituidos a partir del
desarrollo neoliberal desde los sesenta proyectan perforar todo el país sin importarles
desertificarlo
o volverlo inhabitable.
Te llevaré hasta el extremo
Los
excepcionales beneficios otorgados a proyectos para explotación de gas y
petróleo de yacimientos no convencionales y plataforma continental confirman que
los hidrocarburos fáciles de extraer se agotaron en el país. Ante esto, los
candidatos presidenciales con posibilidades de llegar a la Casa Rosada repiten
un discurso de diversificación energética en abstracto. Los escenarios que
buscan complementar a Vaca Muerta no son menos riesgosos que el fracking, tanto
en términos ambientales, sociales y financieros.
Por Hernán
Scandizzo*
A pesar del
relato épico que alimenta percepciones asociadas al bienestar y la abundancia,
el fin de los hidrocarburos fáciles de extraer es un hecho asumido por la
dirección de YPF y la secretaria de Energía, Mariana Matranga, al plantear que
los crudos pesados, los hidrocarburos de formaciones compactas y los de aguas
profundas son su horizonte de conquista. Por otra parte, a pesar de que los
candidatos con posibilidades de suceder a Cristina Fernández en la Casa Rosada
mencionan la diversificación de la matriz energética como una necesidad,
mantienen como norte la exploración y explotación de cuencas de frontera –onshore y offshore–
y no desplazan a Vaca Muerta de su sitial. Tampoco aclaran qué entienden por
diversificación, dado que por ejemplo, Franco La Porta, secretario de Servicios
Públicos de la provincia de Buenos Aires y referente de Daniel Scioli en materia
energética, promueve como alternativa la gasificación subterránea de carbón en
la Cuenca Claromecó.
La reforma a la Ley de Hidrocarburos en 2014 no sólo incorporó beneficios para el desarrollo de yacimientos no convencionales sino también para proyectos de recuperación terciaria, offshore y crudos extra pesados, en consonancia con la estrategia de producción y visión exploratoria diseñada por la conducción de YPF.[1] Estos cambios, que pueden ser interpretados como un intento de acelerar el lento desarrollo Vaca Muerta y la galaxia shale, atrayendo nuevos inversores, y promover vías rápidas para sostener los niveles de extracción, a través de proyectos de recuperación terciaria y de explotación de arenas compactas; en realidad anuncian el ingreso de Argentina al universo de la energía extrema. Un contexto donde la extracción de hidrocarburos entraña mayores riesgos geológicos, ambientales y sociales, debido a que no siempre se tiene un acabado conocimiento de las formaciones a intervenir, las técnicas que se aplican -generalmente- son experimentales y las condiciones operativas muy rigurosas. Además el costo financiero es más elevado y la tasa de retorno energético más baja, dado que la extracción de cada barril demanda más energía.[2]
Aunque tanto
desde la petrolera de bandera, ámbitos técnicos y políticos también se alimenten
expectativas en torno al descubrimiento de yacimientos convencionales en cuencas
productivas -fundando sus escenarios en campañas exploratorias más exhaustivas-,
el interés en estos remanentes, al igual que en el rejuvenecimiento de
yacimientos maduros (recuperación mejorada)[3],
radica más en la posibilidad de incorporarlos rápidamente al mercado -debido a
que existe la infraestructura y logística para hacerlo- que en la probabilidad
de que acontezcan importantes hallazgos. Por otra parte, tras la euforia de
2012, y a pesar de las políticas de estímulo al sector y reformas normativas, la galaxia
shale quedó reducida a
Vaca Muerta. Los avances sobre cuencas de frontera, como la Chaco-paranaense, e
incluso el promocionado lanzamiento de la formación de lutitas D-129 en Chubut,
con la televisación del inicio de la perforación del pozo El Trébol, pasaron a
un segundo plano. Lo mismo sucedió con el fugaz interés por los crudos extra
pesados de Llancanelo, en Mendoza. Si conseguir financiamiento para un rápido y
masivo desarrollo de la formación insignia constituye un obstáculo difícil de
sortear, mejor no puede ser la suerte de las otras, supeditadas al devenir de la
Cuenca Neuquina.
Pese a
reconocer estas dificultades, Miguel Galuccio, CEO de YPF, continúa aferrado a
la convicción de que el tight y
el shale representan
el futuro. “El desarrollo del primero está mucho más avanzado, pero el shale es
muy promisorio. Por eso prevemos que en 2020 el tight equivalga
al 28% de la producción de gas, el shale contribuya
con un 26% y la producción adicional de reservorios convencionales con otro 20%”
(Petroquímica, 26/05/2015 y El Inversor Online, 06/08/2015). En tanto las
empresas del sector consideran que la explotación de arenas compactas es el
puente entre los yacimientos convencionales en declinación y la explotación del shale gas,
mucho más costosa. Destacan que éstas cuentan con algunas ventajas: se trata de
formaciones conocidas -estudiadas para la explotación de reservorios
convencionales- y que el Plan Gas -que fija en 7,5 dólares el millón de BTU-
garantiza una rentabilidad que se acerca a la que buscan (Petroquímica,
26/05/2015). Este interés por el tight se
verifica en el Alto Valle de Río Negro y en la provincia de Neuquén, donde se
han incrementado los proyectos tanto de YPF y su subsidiaria YSUR como de Pan
American Energy (PAE), Total, Pluspetrol y Petrobras.
Un
mar de dudas
“La
exploración en aguas profundas en la Argentina tiene el potencial de ser el
único remanente en reservorios convencionales con grandes cantidades de petróleo
y gas. YPF iniciará la exploración en Cuenca del Colorado y del margen norte de
la Plataforma Continental Argentina. Además, nos proponemos relanzar la
exploración en las cuencas Austral y Malvinas”, asegura la petrolera de bandera
en la Visión
Exploratoria publicada en
su web.
Si bien lo presenta como un objetivo a largo plazo, el vicepresidente ejecutivo
de Upstream de
YPF, Jesús Grande, asegura que “el mar es la próxima frontera a la que hay que
tratar de aspirar”. Desde la conducción de la compañía afirman que la plataforma
continental ofrece un millón de kilómetros cuadrados sin explorar, de los cuales
600.000 probablemente sean prospectivos. “Estimamos recursos en el mar por
30.000 millones de barriles equivalentes de petróleo. Es decir, volúmenes de una
magnitud similar a la que encontramos en el No Convencional en la Argentina,
pero con un riesgo bastante más elevado por la falta de información absoluta”,
reconoció el ejecutivo de la petrolera de bandera (El Inversor Online,
11/05/2015 y Petroquímica, 26/05/2015 y 13/07/2015).
La visión
del mar como la Nueva
Frontera, con mayúsculas, está en sintonía con la tendencia global
que avanza sobre los crudos de las profundidades del presal o los de las gélidas
aguas del Ártico, entre otros horizontes
extremos.[4] En
el caso argentino, el objetivo es el área Colorado Marina, frente a las costas
bonaerenses, cuya concesión la compañía de mayoría estatal comparte con
Petrobras, Petrouruguay (subsidiaria de Ancap) y Enarsa. Cuando YPF todavía era
controlada por Repsol se proyectó la perforación de un pozo exploratorio cuya
profundidad final se estimaba en 3600 metros, de los cuales 1600 corresponderían
a la columna de agua. La iniciativa luego fue desestimada por las bajas
posibilidades de éxito y el alto costo: US$ 200 millones. Si bien para el
comienzo de esta nueva campaña debería resolverse primero la participación de
Enarsa en el consorcio, dado que a partir de la reforma de la Ley de
Hidrocarburos esta sociedad anónima controlada por el Estado debe revertir sus
permisos y concesiones en la plataforma continental, YPF apuesta a retomar la
exploración en 2016.
Respecto al promisorio horizonte que yacería bajo aguas profundas, el geólogo Daniel Kokogian, presidente de la consultora New Milestone, aseguró hace un lustro que el potencial exploratorio está enmarcado en un ambiente de alto a muy alto riesgo y “los posibles recursos, sumados a los datos existentes, no parecen ser tan obvios ni estar en los rangos que suelen discutirse en público”. “No parece prudente hacer descansar las expectativas de autosuficiencia energética en las supuestas bondades aún no descubiertas ni comprobadas del subsuelo del Mar Argentino”, afirmó en un extenso artículo publicado en la revista del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (Petrotecnia, diciembre 2010). Las campañas offshore en Argentina comenzaron en la década de 1960, sin embargo la producción se inició en 1989, a partir del desarrollo del yacimiento Hidra, por parte de Total, y se consolidó en 2005 con la puesta en producción de Carina y Aires, yacimientos también ubicados en la Cuenca Austral Marina, frente a las costas de Tierra del Fuego. Según datos de la Secretaría de Energía, los reservorios offshore actualmente aportan el 2,8% de la oferta total de petróleo y el 17,4% de la de gas.
El primer
pozo exploratorio en aguas profundas se perforó en la Cuenca Malvinas a fines de
2010, el cual superó los 2 mil metros, sin registrarse la presencia de
hidrocarburos. En aquella oportunidad se invirtieron más de 150 millones de
dólares. Un dato aportado por YPF y subrayado en las crónicas periodísticas fue
que los trabajos se realizaron bajo condiciones climáticas absolutamente
hostiles: con vientos de casi 180 kilómetros por hora y olas de 8 metros de
altura (MDZ, 06/07/2011). Por otra parte, y en relación a las cuencas
sedimentarias del extremo sur de América, si bien a principios de 2015 se
anunciaron importantes descubrimientos de crudo y gas en Malvinas Norte, en zona
de usurpación británica, éste sería el primer indicio del potencial que se le
adjudica a la plataforma continental. La información surgida de las restantes
campañas exploratorias realizadas en diferentes cuencas aledañas a las islas
lejos estuvo de certificar la existencia de un mega reservorio (Petrotecnia,
diciembre 2010).
Además del
interés en las aguas profundas, YPF evalúa el potencial en yacimientos someros
del Golfo San Jorge, en tanto la francesa Total y la chilena Enap Sipetrol
apuestan a ampliar sus proyectos en el Mar Argentino. La compañía europea apunta
a extraer en el bloque Vega Pléyade alrededor de 6 millones de metros cúbicos
diarios de gas -un 5% de la oferta nacional. La campaña de perforación incluye,
además, dos pozos de producción en el yacimiento Carina, a través del consorcio
que integra con PAE y Wintershall Energía. Mientras que Enap Sipetrol, que opera
en área Magallanes, al sur de Santa Cruz, está renegociando la prórroga de
concesiones que vencen en 2016 (El Inversor Online, 29/05/2015).
Proyectos offshore y
economías preexistentes
Así como la
explotación de formaciones de lutitas y arenas compactas ha despertado
movimientos de oposición tanto en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén como en
Comodoro Rivadavia, la campaña de exploración sísmica realizada por PAE en el
Golfo San Jorge, en 2009, dio lugar a un fuerte conflicto. Pescadores
artesanales de Santa Cruz denunciaron que con el inicio de esos trabajos y
durante más de un año y medio prácticamente habían desaparecido la centolla y la
merluza del caladero. En 2014 loshombres
de mar se declararon en
estado de alerta ante el anuncio de YPF de realizar exploraciones en aguas de
jurisdicción chubutense. La flota
amarilla de Caleta Olivia
teme que una nueva incursión en las aguas del Golfo tenga impactos similares y
ponga en peligro 1.500 puestos de trabajo (La Opinión Austral, 17/08/2014).
En julio de
2013, fruto de una sostenida movilización, los pescadores artesanales de Santa
Cruz lograron que se promulgue la ley provincial 3313 de Exploración de
Hidrocarburos, norma que prohíbe en aguas del dominio público provincial “la
exploración de hidrocarburos que utilicen detonaciones submarinas en las formas
2D y 3D por medio de prospecciones sísmicas, cuya intensidad supere los ciento
veinte (120) decibeles”. Mientras que autoriza la realizada por medio de
estudios que no afecten la biodiversidad marina, el lecho marino y las
actividades pesqueras. Cabe destacar que la explotación de hidrocarburos costa
afuera en el país no tiene un marco regulatorio específico, más allá de dos
resoluciones dictadas por la Secretaría de Energía -219/77 y 189/80- que
refieren al cuidado del ambiente (Petrotecnia, diciembre 2008).
El interés
por ampliar la frontera extractiva hacia aguas profundas, formaciones compactas,
crudos extra pesados e incluso yacimientos de carbón no sólo confirman el fin de
los hidrocarburos fáciles de extraer sino también la obstinación
de perpetuar la dependencia de los fósiles por el mayor tiempo posible sin
problematizar la alta y creciente demanda de energía. A
pesar de su importancia, el elevado riesgo ambiental y costo financiero son
variables que inciden en decisiones coyunturales pero no en políticas de fondo.
Por otra parte, más allá de los discursos corporativos que intentan transmitir
seguridad y certezas, todas estas
explotaciones se basan en técnicas experimentales, que se
prueban y perfeccionan sobre la marcha, y cuyos impactos en el mediano y largo
plazo se desconocen.
Claromecó, la frontera del carbón
A fines de
2014 el secretario de Servicios Públicos bonaerense, Franco La Porta, había
asegurado que el gobernador Daniel Scioli estaba interesado en explotar gas y
carbón de la cuenca Claromecó y sumar a Buenos Aires al grupo de provincias
petroleras nucleadas en la Ofephi. En esa oportunidad el funcionario aclaró que
era necesario realizar estudios complementarios de cuantificación y calificación
de recursos de los yacimientos para definir la primera etapa de extracción de
gas intersticial y proseguir la gasificación subterránea. También se anticipó el
interés de la provincia de participar en la explotación a través del esquema de
alianza público-privado, predominante en el desarrollo de no convencionales. Ya
en 2010, cuando PAE denunció el hallazgo de carbón mineral en dicha cuenca, el
Ministerio de Producción bonaerense ejecutó el Estudio de Tecnologías “Limpias”
para la Explotación y Utilización del Carbón Mineral, con el objetivo de
“desarrollar las políticas y fijar las normas y regulaciones de aplicación en la
explotación y utilización de carbón mineral de su propio territorio, con
tecnologías ‘limpias’ respetuosas del medio ambiente” (OPSur, 19/06/2015).
La
gasificación subterránea de carbón, presentada por sus promotores como la
alternativa limpia para el aprovechamiento de recursos de baja calidad, alojados
en mantos profundos, es, sin embargo, una técnica experimental y de alto riesgo.
Un estudio reciente del Departamento de Medio Ambiente del estado de Queensland,
Australia, señaló a la empresa Linc Energy, a cargo de un proyecto de
gasificación subterránea de carbón en Chinchilla, como responsable de la
contaminación de suelos utilizados para el cultivo de trigo, cebada y algodón y
pastoreo de ganado. Según el informe publicado por el diario ABC, de ese país,
el Gobierno del Estado impuso una “zona de exclusión de excavación” en una
superficie de 314 km2, debido a las filtraciones de hidrógeno y
metano liberado en el subsuelo. Los agricultores tienen prohibido cavar pozos de
más de dos metros de profundidad (ABC, 10/08/2015).
A principios
de este año trascendió que el grupo argentino australiano Delmo proyecta la
generación de electricidad en el centro/sur de la provincia de Buenos Aires a
partir de la gasificación subterránea del carbón de la Cuenca Claromecó. La
firma asegura que adquirió derechos de exploración sobre 600 mil hectáreas, sin
embargo, el ministro de Producción bonaerense, Cristian Breitenstein, aclaró que
están analizando los pedidos de prospección y cateo de las firmas Delmo Group
S.A., Claromecó Energy S.A. y Delmo PTI S.A, debido a que el Código de Minería
de la Nación no permite que una persona física o jurídica concentre más de 200
hectáreas, y el directorio de las tres empresas tiene miembros en común.
*Periodista
e investigador del OPSur, coordinador de Oilwatch Latinoamérica.
Fuentes consultadas: (…)
Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2015/09/17/te-llevare-hasta-el-extremo
Es aclarar
cómo gobiernos locales e imperialistas con Estado Unidos a la cabeza
posibilitan a las grandes petroleras la expansión del fracking en Nuestra
América.
Hidrocarburos y ajedrez
geopolítico
11 de septiembre de 2015
11 de septiembre de 2015
Acuerdos internacionales para el avance de la energía extrema
Lejos de ser una apuesta puramente corporativa, el avance de los no
convencionales ha sido fuertemente promovido por distintos gobiernos a nivel
global, con Estados Unidos a la vanguardia.
La más reciente de estas iniciativas es un informe pro-fracking
surgido en el seno del Eurolat.
El impulso global a la extracción de gas y
petróleo de lutitas (shale) ha
sido motorizado desde su inicio por el gobierno de EEUU.
Bajo el concepto de seguridad
energética la
administración Obama diseñó una política exterior fuertemente ligada a una
agenda de diversificación de fuentes de energía -nuclear, agro-combustibles,
entre otras alternativas- donde el shale tiene
un lugar central. Documentos filtrados por Wikileaks y publicados por la revista
norteamericana Mother Jones muestran cómo las autoridades de ese país, a través
del Departamento de Estado y su Programa para el Compromiso Técnico en Gas no
Convencional alentaron la aplicación del fracking por todo el mundo. La misma
Secretaria de Estado, Hillary Clinton (2009-2013), viajó por Rumania, Polonia y
Bulgaria buscando asegurar el desarrollo de los no convencionales y eliminar la
prohibición a la fracturación hidráulica en este último país (Mother Jones,
octubre 2014; OPSur, 05/12/2012). Similar situación ocurrió con la gira
latinoamericana del entonces Secretario Adjunto de Energía norteamericano,
Daniel Poneman, en mayo de 2014. Tras recorrer Chile y Colombia, visitó
Argentina para firmar un “convenio de cooperación energética”. Sus objetivos
fueron dejados en claro por el bloque de legisladores del Frente para la
Victoria en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados:
“El financiamiento
que ofrecen las empresas norteamericanas es uno de los principales intereses
detrás del acuerdo, por el ingreso de inversiones al país. (…) En este sentido,
el convenio se utilizará para el intercambio de experiencias y transferencia de
tecnología” (Cámara de Diputados de la Nación, 2014: 2). Aunque la intervención
estadounidense a favor del shale fue más activa en México, donde desplegó un
fuerte lobby en favor de la reforma energética (Sin Embargo, 13/09/2014).
Así, durante el último lustro se han desarrollado distintas iniciativas de fomento internacional del fracking -bilaterales o dentro de acuerdos de libre comercio, como el Acuerdo Transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos (Martin-Sosa y Rico, 2014)- en el marco de un delicado ajedrez geopolítico donde se busca asegurar el control de la mayor cantidad de recursos hidrocarburíferos en la perspectiva del agotamiento global de estos. Sin embargo la promoción pública de mayor envergadura multilateral del fracking es la que se intentó a través de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana. Creado en 2006, este espacio conocido como Eurolat reúne a legisladores de ambos continentes, los que buscan influir en políticas comerciales y sociales en ambas regiones. Definido por su co-presidente, el socialista español Ramón Jáuregui, como “el brazo parlamentario” de la relación birregional (EFE, 4/9/2014), su capacidad real de intervención se relaciona con los documentos de recomendaciones que emana, los que buscan ser utilizados como antecedente en los respectivos ámbitos nacionales.
En dicha instancia la diputada de la derecha
española Pilar Ayuso (Partido Popular) impulsó en la Comisión de Desarrollo
Sostenible el informe Sobre
Oportunidades y Desafíos del Gas de Esquisto, cuya
redacción compartió con el diputado colombiano Mauricio Gómez (Partido Liberal).
El documento se basa en la supuestamente exitosa experiencia norteamericana para
promover el aprovechamiento de estos recursos en ambas regiones, con foco en
América Latina.
El documento no sólo busca avanzar en una imposible replicación
de la experiencia estadounidense con el fracking -debido a los distintos
obstáculos económicos, geológicos y ambientales observados en el resto del mundo
(Amigos de la Tierra Europa, 2014)-, sino que además oculta las numerosas
controversias y oposiciones que ha tenido esta técnica, incluso en ese país. En
resumen, se hace eco del discurso corporativo para promover irrestrictamente el
desarrollo de yacimientos de lutitas como alternativa energética segura,
llamando a crear “las condiciones adecuadas para la atracción de inversiones”,
considerándolos una “fuente de independencia energética y crecimiento económico
y (…) elemento central de política energética de la Unión Europea para la
diversificación y la seguridad del abastecimiento” (Ayuso y Gómez, 2015).
En marzo de este año el informe recibió el
rechazo de más de 200 organizaciones ambientales, sociales, sindicales y
políticas de ambos continentes, las que a través de la
Declaración
internacional contra acuerdo euro-latinoamericano pro fracking alertaron
que la aprobación de la iniciativa se constituiría en el primer antecedente de
promoción pública birregional de esta técnica y
podría ser utilizado por los parlamentos nacionales como referencia para
despejar el camino a los no convencionales.
Dentro de numerosas críticas,
solicitaron una modificación en su redacción basándose en tres aspectos
centrales: la denuncia del doble estándar con que operan las petroleras en
América Latina, ausencia del requisito de consulta previa a las comunidades
locales y, finalmente, que el documento llame a una moratoria a la aplicación
del fracking basándose en el principio precautorio.
La fuerte oposición al informe del Eurolat también movilizó a los sectores pro-fracking del continente. La senadora argentina, María de los Ángeles Higonet (Partido Justicialista, La Pampa), invitó a varios miembros del Eurolat a visitar el área Loma Campana, en Neuquén, para “promover una mesa de trabajo sobre el proyecto de informe” previo a la presentación de enmiendas. La gira, que incluyó una cena con el gobernador neuquino Jorge Sapag, inspiró fuertemente al colombiano Mauricio Gómez, a juzgar por sus declaraciones durante la asamblea del Eurolat realizada en junio en Bruselas. Durante la discusión en comisión, Gómez repitió varios de los argumentos de la publicidad de YPF: como que los químicos utilizados durante la fractura se encuentran en la mesa de cualquier familia, que el fracking es seguro y que la operación se realiza en una zona “desértica”. Para luego agregar que después de viajar a la Argentina, lo habló con su gobierno: “porque a mi presidente le interesa avanzar con el tema del fracking ya que nosotros tenemos reservas de gas”.
La masiva oposición empantanó el desarrollo del
informe, que sus redactores buscaban aprobar durante 2015, debido a que 177
enmiendas presentadas obligaron a aplazar la votación para el próximo año. En su
mayoría estas apuntan en la misma dirección que las críticas realizadas por las
organizaciones de ambos continentes, llamando a aprobar una moratoria al
fracking, lo que constituye un giro en 180 grados en el debate. “El informe va
en la línea de promoción al fracking y por eso ha recibido más de 170 enmiendas,
porque debe ser cambiado de arriba a abajo”, señaló el eurodiputado Ernest
Urtasun, del partido ecosocialista catalán ICV, en diálogo con OPSur. Urtasún,
que es co-vicepresidente del Eurolat,
destacó la importancia que tienen estos
espacios multilaterales para que los parlamentarios y la sociedad civil sean
“capaces de poner cuestiones en la agenda que los gobernantes sino no pondrían”.
En tanto su par Florent Marcellesi, del partido ecosocialista español EQUO,
consideró que este debate se da en el marco de la disputa geopolítica por
promover el fracking. “Más que una cosa local, esto es una búsqueda loca por
tener algo de energía que nos permita seguir con el modelo energético. Y para
eso tienes detrás
un doble empujón: privado, de las multinacionales, y al mismo
tiempo uno muy fuerte de lo público. Porque lo público no siempre es lo
sostenible y eso lo podemos ver en América Latina, donde tienen un debate muy
importante en torno al extractivismo”, aseguró.
El empuje público internacional se hace presente en la especulación que busca el avance de la energía extrema en la región. Este va más allá de Estados Unidos, como demuestra la discusión en el Eurolat: los no convencionales también tienen aliados europeos y apoyos locales que los posibilitan. Igualmente el Eurolat es un precedente para la resistencia al fracking, que busca que la región no sea usada como peón del tablero energético internacional.
Referencias
Amigos de la Tierra Europa, 2014; Fracking
Frenzy.
Ayuso, Pilar y Gómez, Mauricio (02/03/2015); Proyecto
de Informe sobre Oportunidades y desafíos del gas de esquisto en los países ALC
y en los Estados miembros de la U.E.
Cámara de Diputados de la Nación (Comisión de Energía y
Combustibles), 15/07/2014.Sesiones
Ordinarias. Orden del Día Nº 393.
EFE (04/09/2014); El
socialista Ramón Jáuregui elegido presidente de Eurolat en el PE.
Martín-Sosa, Samuel y Rico, Luis (2014); El
TTIP, un espaldarazo al fracking, Revista El Ecologista nº 81.
Mother Jones
(Mariah Blake), Octubre 2014; How
Hillary Clinton’s State Department Sold Fracking to the World.
Observatorio Petrolero Sur (OPSur, 05/12/2012); Regulando
los mercados globales: EEUU y la promoción del shale.
Sin Embargo, 13/09/2014; De
cómo Washington impulsó el fracking por el mundo, y ahora su enviado especial da
bendición a reforma de EPN.
VV.AA., 16/03/2015; “Declaración
internacional contra acuerdo euro-latinoamericano pro fracking”.
Notas
relacionadas:(…)
Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2015/09/11/hidrocarburos-y-ajedrez-geopolitico
Cuando hoy, desde la oposición con mayor consenso mediático, nos quieren
convencer que el neoliberalismo nos
está atacando cuando es el capitalismo como lo podemos ver en el mundo. Frente
al falso dilema de
neoliberalismo o progresismo, nos urge instalar la deliberación y toma de
decisiones de los pueblos de
Argentina y Nuestra América sobre nuestros problemas fundamentales para no darle
nueva oportunidad al
sistema opresor represor. Nos exige el viraje desde nuestro hábito de
simplificar la reflexión sobre hechos o
problemas quedándonos en comprender su inmediatez hasta nuestro logro de enfoques diacrónicos
e
internacionalistas de los mismos.
1)
La política minera de Macri:
extractivismo recargado
23 de febrero de 2016
23 de febrero de 2016
El
anuncio por parte del gobierno de Mauricio Macri de quitar las retenciones a las
exportaciones mineras, además de garantizar un incremento sideral de la ya de
por sí millonarias ganancias de las empresas trasnacionales dedicadas a este
tipo de explotación, obliga a realizar un balance de los doce años de política
minero-energética dinamizada por el kirchnerismo, así como del papel que ha
jugado el Estado, e incluso el sistema científico nacional, en el sostenimiento
y agudización de este modelo. Para analizar en profundidad la nueva medida y las
raíces profundas del extractivismo en Argentina y en la región, desde Enredando
las Mañanas conversamos el viernes 19 de febrero con Horacio Machado, docente de
la Universidad Nacional de Catamarca e investigador del CONICET.
Por
RNMA
¿Cuál es tu lectura del decreto Nº 349 que quita retenciones al sector minero?
¿Qué viene a plantear de novedoso esta iniciativa macrista con respecto al
kirchnerismo en la materia?
En realidad
la quita de las retenciones es correr todavía más el umbral del despojo, porque
estamos ante un paquete tributario que fue pergeñado en la época de Martínez de
Hoz, después concretado con la ley Nº 2456 y sus correlativas con Menem, y eso
no fue tocado en absoluto durante los 12 años del kirchenirsmo. El antecedente
de esto es que en el año 2007, en un contexto de salto de la cotización
internacional de los minerales con ganancias extraordinarias, el gobierno de
Kirchner mediante resoluciones administrativas de la Secretaria de Minería,
impone retenciones del 5 al 10% a las mineras. Obviamente las mineras apelaron
esto, iniciaron un proceso judicial, porque afectaba los 30 años de “estabilidad
fiscal” que le garantiza la ley 24196. Lo que vino a hacer Macri es eliminar
esas retenciones, y lo que me llama mucho la atención es que esta medida fue
anunciada como un “estimulo” de apoyo a las economías regionales. Lo cual en
realidad es un disparate, ya que tiene efectos y consecuencias completamente
contrarias.
El modelo minero es un modelo de enclave, beneficia exclusivamente a empresas transnacionales, por lo tanto, resulta irrisorio y ofensivo para la inteligencia media que en el decreto se mencione que se quiere favorecer pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de que las exportaciones mineras esta 100% concentrada en grandes oligopolios de empresas transnacionales. Las empresas pequeñas y medianas que trabajan con la minería son minería de cantera, dedicada a la construcción y al mercado interno, y no tienen ningún tipo de exportación. No hay ninguna justificación más que granjearse la simpatía de los capitales. Nada mÁs que eso. Porque ni siquiera modifica significativamente la búsqueda que se pretende de atraer inversiones.
Si
tuvieras que hacer un balance o señalar los aspectos principales del modelo
minero de 12 años de kirchenirsmo, ¿qué nos dirías?
Una
cosa que resulta llamativa de este anuncio es cómo gobernadores de provincias
alineadas con el kirchnerismo estuvieron presentes apoyando y celebrando esta
quita de retenciones. Habría que preguntarse porqué esto. En realidad en el año
2004 el presidente Kirchner anuncia el Plan minero argentino. El mismo modelo de
saqueo ahí tiene una inflexión y empieza a tener una retórica de que la minería
podría aportar al desarrollo nacional, a la industrialización, y bajo esa
retórica se pretendió justificar la continuidad de un modelo que venía dentro de
los lineamientos del Consenso de Washington. Porque hay que decir que las leyes
mineras de los ’90 fueron impuestas por el Banco Mundial a nuestro país y a
otros 190 de toda América Latina, Asia y África. Tiene que ver con una
re-localización general de las grandes empresas mineras, que tenían fuertes
costos sociales, ambientales y tributarios en el norte, y empiezan a buscar
nuevas reservas de estos yacimientos en los países del sur. El Banco Mundial
impulsa entonces una transformación de todo el marco legislativo, con el objeto
principal de garantizar la rentabilidad de estas empresas. Este es el modelo que
no se tocó, no se vio afectado, de hecho el Secretario de Minería del
kirchnerismo, Jorge Mayoral, tiene fuertes vínculos con empresas mineras, él
mismo es un empresario minero, entonces esto de la “ceocracia” podemos decir que
ya tiene antecedentes en el modelo minero del kirchenirsmo. Con respecto a los
gobiernos provinciales, hay que decir que este modelo minero profundiza una
economía rentística. Los gobiernos provinciales no están interesados en el
desarrollo del aparto productivo de los sectores locales, la minería no genera
empleo.
Estamos ante una economía de enclave, no tiene ningún tipo de encadenamiento con la economía local, al contrario, tiene efectos negativos, porque se trata de una actividad que consume muchísimos recursos hídricos y energéticos, que producen el desplazamiento de otras actividades locales. Nosotros siempre decimos que más que generar empleos producen destrucción de empleos, y esto se puede constatar a lo largo de las investigaciones, no solo en nuestro país sino a lo largo de toda América Latina. Para que tengan un dato que ejemplifica esto, los casos de Chile y Perú, cuyas exportaciones mineras están alrededor del 70% del total de las exportaciones (un sector mucho más expandido), el empleo minero es menos del 1% del total de la población económicamente activa en estos países. De manera tal que se trata efectivamente de un modelo de saqueo, y volviendo a lo que decía con respecto a cuál es el interés que tienen los gobiernos provinciales para apoyar este tipo de medidas, es que captan una mínima renta que les permite profundizar un modelo asistencial-clientelar que es el que predomina en estas provincias.
Conversando hace un tiempo con Raúl Zibechi desde la radio nos decía que el
extractivismo no respeta a quien lo gestiona. Queríamos preguntarte por algo tan
incómodo para la izquierda latinoamericana, y tan angustiante para los pueblos
del continente, como es el dilema del extractivismo, que condiciona a países que
tienen una larga tradición en ese sentido, como Bolivia, donde el despojo ha
sido una constante desde Potosí hasta hoy con el auge del Litio, o Venezuela,
donde el rentismo petrolero le ha generado una encerrona al proceso bolivariano.
Sabiendo que no es una respuesta sencilla, y que incluso resulta todo un desafío
salir del extractivismo en esas economías tan ancladas forzosamente en la
extracción de bienes minerales o gasífero energéticos, ¿cuál es tu reflexión
respecto de la coyuntura que vivimos a nivel continental?
Creo que la fuerza de los movimientos populares y la izquierda comprometida con procesos emancipatorios tiene que reflexionar fuertemente sobre esto. Los procesos de transformación que se han dado han significado un avance importante, sobre todo si uno los compara con las políticas del Consenso de Washington. Tenemos que pensar qué es lo que se ha transformado. El extractivismo no es un rasgo aleatorio, sino que es la médula estructural constituyente del capitalismo periférico dependiente. Entonces, cómo pensar transformar una sociedad en términos de justicia, de sustentabilidad, de equidad, profundizando un aspecto medular del capitalismo periférico dependiente. Evidentemente hay acá una encerrona, que tiene que ver con el hecho de que en estos primeros momentos los gobiernos progresistas necesitaron reactivar la economía interna, generar puestos de trabajo, reactivar el consumo. Pero en un punto, nunca estuvo en agenda la transformación de la estructura productiva y la transformación del modelo de inserción periférico dependiente del país. El extractivismo no es solo un problema de nuestras economías, es una función metabólica del capitalismo a escala global. Es decir, se hace extractivismo acá, porque hay consumo sostenible en los modos de vida imperiales de los países dominantes. Mas allá de los flujos financieros y de las utilidades que se remiten desde el sur hacia el norte, nosotros ponemos mucho énfasis en los flujos materiales y los flujos de energía, quienes son en definitiva los que controlan, usufructúan y disponen de los territorios y las energías corporales de nuestras poblaciones.
En
ese sentido, ¿qué papel juegan los pueblos organizados, las asambleas ciudadanas
que vienen resistiendo todos estos años a este saqueo por parte de los malos
gobiernos y las multinacionales?
Yo creo
que el movimiento socio-territorial que ha venido tratando de batallar frente a
esto, configura un espacio de lucha política fundamental para nuevos procesos de
subjetivación política. Hay nuevos sujetos políticos que se empiezan a
constituir y se empiezan a sumar. Y el gran desafío es cómo articular y sumar
con sujetos políticos que tuvieron sus procesos de irrupción en otras épocas y
otras fases, como el movimiento obrero, el movimiento de desocupados, el
movimiento feminista, campesino y de pueblos originarios. El movimiento
socioterritorial que lucha contra el saqueo y la devastación de nuestros bienes
naturales, configura un proceso de subjetivación de nuevo tipo, y que viene a
dar nuevos contenidos a la idea de revolución. A la idea de un horizonte
socialista que no piensa que solamente se puede concebir la justicia en términos
de redistribución de la riqueza, sino que tenemos que pensar en una
re-significación de la riqueza y preguntarnos qué significa la idea de riqueza
más allá del velo del dinero y del velo de la mercancía.
Por
ultimo, siendo muy cercano a las luchas socio-ambientales en todo este tiempo,
pero también parte de la Universidad y de un sistema científico que, por lo
general, tiende a ser cómplice de esta política de despojo, saqueo y
colonialidad, ¿cuál es tu reflexión sobre el papel que ha cumplido la ciencia,
la universidad, la investigación, muchas veces acompañando y siendo cómplice,
como en el caso especifico de las universidades, que vienen recibiendo fondos de
ese mismo engranaje, sumamente aceitado, que se basa en el saqueo y la
contaminación constantes?
Es un tema muy interesante y estratégico. Los presuntos científicos y técnicos académicos, prestan un servicio muy importante a la política de saqueo, que tiene que ver con la legitimación bajo un halo presuntamente científico de estas políticas neocoloniales. Y la verdad es que estas políticas de saqueo y extractivismo, no solo en el tema minero sino sojero, petrolero, etc., ha partido a la comunidad académica, produciendo re-acomodamientos en términos de intereses. De un lado, podemos ver la oficialidad de las instituciones del sistema científico y universitario, que se han plegado mayoritariamente a estas políticas de legitimación del extractivismo. Por eso no es casual tampoco la continuidad de Lino Barañao, siendo ministro de Cristina Kirchner y continuando hoy con Macri. Por otro lado, también hay muchos otros científicos, docentes que han venido dando una batalla muy desigual y acompañando a lo que creemos como un aspecto estratégico para los procesos de emancipación: la reivindicación de una ciencia que tiene que estar al servicio de los intereses populares y no al servicio de las grandes transnacionales. No puedo deja de mencionar el caso emblemático de la lucha de Andrés Carrasco, denunciando los efectos letales del glifosato y que con toda su carrera académica ha sido completamente marginalizado por el CONICET.
También el extractivismo constituye al ámbito científico y de las universidades en un espacio de disputa, donde nosotros como sujetos activos de esto (me refiero a toda la comunidad académica: estudiantes, docentes e investigadores), tenemos que corrernos de esa pretensión ingenua de neutralidad. El conocimiento no es políticamente neutro, tiene efectos en términos de practicas, de legitimación de ordenes sociales, entonces tenemos que asumir cabalmente las consecuencias de nuestras investigaciones y del lugar donde nosotros estamos parados. Esto da mucho para hablar, pero simplemente quería remarcar con fuerza que hay pueblos que están movilizados.La política del extractivismo atraviesa las lógicas de los partidos, las izquierdas y las derechas, y nos lleva a pensar nuevos procesos de subjetivación política y horizontes para imaginar por dónde van los desafíos de la emancipación, de la transformación real de este capitalismo periférico dependiente; las cosas que están pasando hoy en Venezuela son indicativas de la complejidad del escenario y me parece que por ahí hay que buscar este tipo de alternativas. Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article11536
ENTREVISTA A EDUARDO GUDYNAS
2)
Consecuencias del extractivismo en América Latina
13 de mayo de 2016| Edición del día
Por Roberto Andrés
@RoberAndres1982
@RoberAndres1982
Eduardo Gudynas es docente universitario, ex secretario
ejecutivo del CLAES y autor de una decena de libros sobre la problemática
ecológica y social, la cual viene abordando desde hace más de 20 años. En 2010
fue seleccionado para integrarse al Panel Intergubernamental para el Cambio
Climático. En esta entrevista nos centramos en el problema del extractivismo y
sus consecuencias ambientales, sociales, políticas y económicas.
Eduardo, a raíz de los
accidentes y conflictos con megamineras como la Barrick Gold o multinacionales
petroleras como Chevron comenzó a hablarse de un término del que muy pocas
personas saben su significado. ¿Podría explicarle a los lectores de LID qué es
el extractivismo?
En su sentido estricto, los extractivismos son la
apropiación de grandes volúmenes de recursos naturales, o bajo procedimientos
muy intensivos, donde la mitad o más son destinados a la exportación a los
mercados globales. Se refiere a casos como la megaminería a cielo abierto, las
plataformas petroleras en la Amazonia, o los monocultivos de soja. Digo en
sentido estricto porque este uso del término responde a su historia, a los usos
de los movimientos sociales que reaccionaban contra esos emprendimientos por sus
impactos, y al dejar en claro que implican una subordinación a la globalización.
¿Y cuál es su papel en una
economía como la argentina?
Los extractivismos por un lado producen
adicción y por el otro generan los llamados derrames, entre los cuales están los
económicos. La adicción ocurrió bajo los altos precios de las materias primas.
Los gobiernos encontraron que la manera más sencilla de hacer crecer las
economías nacionales y captar excedentes era promover todo tipo de exportaciones
de minerales, hidrocarburos o agroalimentos. Pero eso generó derrames tales como
erosionar sus sectores industriales y agroindustriales.
Por ejemplo, Brasil se convirtió bajo los gobiernos de Lula y Dilma en el primer
exportador latinoamericano de minerales, mientras importaba cada vez más
productos de consumo, y con ello su industria nacional se debilitó. El éxito
exportador en muchos países significó pérdidas industriales que pasaban
desapercibidas por los altos precios de los commodities. Son economías de
enclave, atadas a la globalización.
¿Qué impacto tiene a nivel
social y medioambiental?
Los efectos
sociales y ambientales de los extractivismos son demoledores. Por ejemplo, la
megaminería a cielo abierto, con esas enormes canteras donde se extraen millones
de toneladas por año, son, en un sentido riguroso, amputaciones ecológicas. No
queda nada allí; la destrucción ecológica es total. La explotación petrolera en
Ecuador, Perú o Bolivia, ha dejado vastas áreas con todas sus aguas
contaminadas. Los monocultivos de soja están detrás de la pérdida de bosques y
praderas naturales, el deterioro del suelo o la contaminación por agroquímicos.
Paralelamente, estos tipos de actividades desplazan comunidades locales, generan
muy poco empleo, se implantan con crecientes niveles de violencia y violando
derechos. Toda la evidencia muestra que no existen extractivismos de esta
intensidad que sean amigables ni con la sociedad ni con el ambiente.
¿Podría decirse que todos
los gobiernos sudamericanos son extractivistas?
Lo impactante es que
desde el 2000 todos los gobiernos sudamericanos han
colocado a los extractivismos en el centro de sus estrategias de
desarrollo. Pero, la organización de esos
extractivismos, el papel del Estado, el uso de los excedentes que se capturan, y
la legitimación política, son diferentes entre los gobiernos conservadores y los
progresistas. Bajo presidencias conservadoras o de derecha encontramos la
invocación al simple crecimiento económico y dejar esos sectores en manos de
empresas transnacionales. En los gobiernos progresistas es distinto. Todos
invocan mayor presencia del Estado en el uso de los recursos naturales, algunos
buscaron captar más excedente, tal como ocurrió con el petróleo en Bolivia,
Ecuador y Venezuela, y los legitiman como necesario para atacar a la pobreza.
El problema es que a medida que se los examina con detalle
se encuentra que no todo el dinero captado a los extractivismos va a los pobres,
ni siquiera que sea el aporte fundamental para sostener a las economías
nacionales, y además, que en verdad el propio Estado termina subsidiando esas
actividades y a las empresas. Entonces, sea por la senda conservadora o la
progresista, todos terminan dependientes de la globalización, porque es allí
donde tienen que vender sus materias primas; se subordinan cada vez más a la
búsqueda de inversores extranjeros.
Al analizar los
extractivismos usted insiste en diferenciar izquierda y progresismo. ¿Podría
explicar ese concepto?
Los
extractivismos se han fortalecido precisamente por esa divergencia entre
izquierda y progresismo. Por izquierda me refiero a los movimientos y
agrupamientos que lograron detener los gobiernos neoliberales, y triunfaron en
elecciones en varios países. Era una izquierda abierta, plural, y que, por
ejemplo, ponía en discusión las estrategias de desarrollo, exploraba la
radicalización de la democracia o tenía íntimas relaciones con los nuevos
movimientos sociales. La izquierda que se ubicó dentro del Estado, dentro de los
gobiernos, poco a poco se convirtió en progresismo.
El progresismo es otro bicho político, con cambios
sustanciales en varios aspectos. No es una nueva derecha; no comparto
acusaciones recientes que tildan por ejemplo a Evo Morales o Rafael Correa de
nuevos neoliberales. Pero tampoco son fieles al espíritu de aquella izquierda
original, y eso se observa, pongamos por caso, por su adhesión a los
extractivismos que, más allá de todos los slogans, impone una dependencia a la
globalización, o a la represión que hacen contra las comunidades locales u
organizaciones sociales que denuncian sus impactos.
El progresismo, para decirlo muy resumido, renunció a debatir sobre el desarrollo, insiste en un Estado compensador que descansa en esquemas de asistencialismo, la lucha por la justicia quedó encerrada en ayudar en dinero a los más pobres y el consumismo popular. Los ensayos para radicalizar la democracia se detuvieron, muchos se conformaron con el mero seguimiento a un líder que esperan se perpetúe en el poder. Políticamente han hecho todo tipo de acuerdos y convenios con actores conservadores.El progresismo aparece ahora como agotado, en el sentido de no poder generar nuevas ideas. A la vez, escala en conflictos con organizaciones ciudadanas, sindicatos, campesinos o indígenas.
¿Qué posición debería
tener una izquierda consecuente ante el problema que implica el extractivismo?
Entiendo que el mejor antídoto al agotamiento de los
progresismos, y a la obsesión con los extractivismos, es recuperar muchas de las
posturas de aquella izquierda abierta, plural y democrática. Dicho de otra
manera: salir del progresismo por izquierda.
Mencionaré algunas cuestiones candentes que muestran las
contradicciones entre extractivismos, izquierdas y progresismos.
En el caso del sindicalismo, debemos observar hacia Brasil.
Allí, en las grandes empresas extractivistas, como la petrolera Petrobras o la
minera Vale, los sindicatos tenían papeles protagónicos en su gestión, sea por
vía directa o por ser accionistas desde sus fondos de pensión. Esos actores
sindicales cayeron en un progresismo extremo, y nada decían de la brutal crisis
de corrupción en la petrolera o de la pésima gestión de la minera que desembocó
en el más grave accidente ambiental en América Latina en 2015. Cualquiera de
esas dos crisis terminó afectando a la propia base de trabajadores y al país. El
antídoto a este tipo de posturas es recuperar un sindicalismo que sea a la vez
crítico, independiente y comprometido con los trabajadores.
El desastre de Minas Gerais, Brasil, en noviembre de 2015
En el caso de los movimientos sociales, es inocultable que los progresismos se han terminado peleando con muchas organizaciones de base y movimientos populares, como pueden ser distintos colectivos urbanos, actores que defienden la diversidad sexual, ambientalistas, campesinos, indígenas, etc. Por ejemplo, Rafael Correa tiene disputas con los grandes sindicatos, con la federación indígena, hostiga a las ONGs, reniega a las demandas feministas, etc. La izquierda, por el contrario, tiene que recuperar una discusión fraterna con todas esas tradiciones. Seguramente muchas de ellas serán trabajosas, pero en eso está la propia esencia de la izquierda.
Otro frente tiene que ver con el papel de la propiedad. Es
muy común encontrarse con quienes sostienen que la alternativa a los
extractivismos es simplemente pasar todas las empresas mineras, petroleras o
agropecuarias a una propiedad estatal. Están muy equivocados y me parecen que no
entienden el fondo del problema, y por eso varios terminaron siendo
progresistas.
Me explico: bajo la actual fase del capitalismo, el régimen no predetermina el tipo de gestión en la apropiación de los recursos naturales. La empresa extractivista, para ser exitosa y rentable, compite en exportar hacia los mercados globales, y por lo tanto acepta la globalización, y busca en bajar todo lo que pueda sus costos para elevar sus ganancias, y por ello externalizan sus impactos sociales y ambientales. Así lo hacen, desde la estatal PDVSA, las corporaciones chinas o las transnacionales de Wall Street. La disputa sobre el capitalismo está hoy mucho más centrada en la estructura y función de las cadenas de producción, antes que en la propiedad del primer eslabón, que es la extracción del recurso natural. Es por eso que muchas transnacionales petroleras aceptan que esa primera fase la hagan las compañías estatales, ya que de todas maneras terminarán haciendo convenios y controlarán la comercialización de los hidrocarburos.Algo similar pasa en el agro. Por ejemplo, el grupo agrícola Los Grobo se ufana de casi no tener tierras propias, pero queda en claro que ellos controlan los paquetes tecnológicos, las superficies bajo monocultivos, y la comercialización.En fin, se pueden listar muchos ejemplos de este tipo. Buena parte de ellos tienen que ver con algunos ejes, dentro de los que destacó que esa izquierda que imagino debe poner en discusión el desarrollo, el papel del Estado, y sus ideas sobre la justicia. Por eso mismo debe ser plural, abierta y democrática, ya que debe dialogar con una amplia diversidad de actores.
¿Qué tipos de experiencias
políticas pueden reivindicarse como un buen precedente para luchar contra el
extractivismo en América Latina? ¿Qué limitaciones o déficits presentan en tu
opinión?
El continente está repleto de
experiencias locales. Un gran conjunto corresponde a reclamos de información,
denuncias o resistencias frente a los extractivismos, donde las comunidades
aprenden sobre ese tipo de desarrollo, sus impactos sociales y ambientales, y
ensayan prácticas de organización. Otro gran conjunto, posiblemente aún
incipiente en Argentina, pero más potente por ejemplo en los países andinos,
ocurre cuando se articulan esas demandas locales en reclamos nacionales o
regionales, y en presentar alternativas al extractivismo. O sea, son movimientos
donde se discuten e imaginan cómo la economía nacional podría dejar de ser
dependiente de los extractivismos. Entonces, encontramos pongamos por caso, las
propuestas de moratoria petrolera en Ecuador, que sería algo así como pensar una
Argentina que no dependa solamente del gas de Vaca Muerta u otros yacimientos.
Por lo tanto muchas de las limitaciones responden a poder
cruzar ese umbral de pasar desde la demanda local a una propuesta política
nacional de alternativas al desarrollo convencional.
Las alternativas a los extractivismos imponen salir de los
desarrollos convencionales por izquierda, en el sentido de estar comprometidos
con la justicia social, pero además sumándole un componente de justicia
ecológica, un ingrediente ineludible para una renovación de la izquierda en el
siglo XXI.
Cuando el capitalismo ha hundido a la humanidad entera en crisis
civilizatoria, hay enormes posibilidades de seguir entrampándonos con la
continuidad del sistema. Es que se la ve como la única viable. De ahí el
desafío, abajo y a la izquierda, de elaborar enfoques diacrónicos a la vez
que integrales. Se trata de cuestionar que el capitalismo no prevenga
las consecuencias de intervenir un ecosistema para extraerle a gran escala
determinados componentes. Más precisamente no le preocupa nuestra vida,
entonces designa "externalidades" o "daños colaterales" e incluso "fenómenos
naturales" a catástrofes socioambientales como:
Crecidas e inundaciones, el extractivismo arrasa los territorios
4 de marzo de 2015
4 de marzo de 2015
Argentina/Resumen Latinoamericano/ La
Izquierda Diario
Por Leonardo Rossi, periodista especializado en extractivismo
Técnicos y organizaciones sociales habían advertido el impacto del desmonte y la avanzada inmobiliaria
Tal vez la definición de “Tsunami” del gobernador José Manuel de la Sota fue la
expresión que mejor sintetizó esa intención por negar los antecedentes que
podrían haber cambiado el cuadro frente a las recientes crecidas de ríos e
inundaciones en Córdoba. Las abundantes lluvias, entre 200 y 300 milímetros en
menos de doce horas según la zona, son un dato objetivo. También lo son la
cantidad de hectáreas desmontadas en determinada cantidad de años, la ubicación
geográfica de un loteo, los incendios y la capacidad de recuperación del monte
nativo, entre otros factores.
Organizaciones ambientales, técnicos e investigadores vuelven a expresar lo que
con poca repercusión manifestaron antes del ’tsunami’: la descontrolada
urbanización y avance de la frontera agro-empresaria tiene un alto costo social
y ecológico. “Estas crecidas no son mero producto de precipitaciones, sino fruto
de la acumulación de acciones extractivistas”, define el geógrafo Joaquín Deón,
quien realizó una extensa tesina de grado sobre el uso del suelo y el agua en
Sierras Chicas. “Lo que ocurrió estaba predicho, y en esta dirección se va a
agravar”, agrega la doctora en arquitectura Beatriz Giobellina, especializada en
planificación urbana.
Las
precipitaciones ocurridas entre el domingo 15 y el lunes 16, y su impacto social
(al menos ocho muertes) y en infraestructura (caída de puentes, rotura de
sistemas hídricos, anegamientos de calles, pérdida de viviendas) abrió la puerta
a una discusión amplia sobre la cuestión ambiental. Sin embargo eran varias las
alertas sobre hechos de este tipo. En las 287 páginas de su trabajo Deón realiza
un extenso repaso en torno a la gestión del agua y el territorio, cita
antecedentes internacionales, para luego ubicarse en las Sierras Chicas y
finalmente se adentra específicamente en la cuenca del Chavascate, donde se
ubican Agua de Oro, Cerro Azul, El Manzano, La Granja. Escasez y exceso de agua
son dos caras de una misma moneda, la falta de planificación estratégica,
abordada en el trabajo.
“Lo que motiva la presente investigación es analizar el creciente trabajo de
organizaciones que buscan revertir los procesos de ‘avance de la frontera urbana
y minera’ sobre el área de cuenca”,
apunta el investigador en su trabajo.
La investigación aporta un dato que cobra un rico sentido en estos días. Los principales municipios de las Sierras Chicas, que ocupan 1760 kilómetros cuadrados y albergan hoy más de 140 mil personas, “nacen el mismo año (1939) en que se producen las principales y más trágicas crecidas de arroyos e inundaciones asociadas a fuertes tormentas que precipitaron más de 130 milímetros en pocas horas”. Entre diferentes llamados de atención a este tema, Deón resalta las advertencias de vecinos de Villa Allende por las crecidas, y la falta de planificación urbana, realizadas ya en el año 1989. Justamente esta ciudad una de las más afectadas en las últimas semanas. Por si hace falta aclarar, la investigación del geógrafo no fue realizada en las últimas horas, está fechada en junio del año pasado, y recupera otros trabajos realizados en la misma línea. También recuerda que el 12 de marzo del 2000 “precipitaron entre 100 y 120 milímetros de agua en no más de dos horas”. “La inundación ocasionó la evacuación de más de 600 personas, la muerte de tres personas en La Calera, y la destrucción de varias viviendas.”
Desmontes y urbanización
Entrevistado
para esta nota,
Deón señala que
“incendios, urbanización y desmonte van de la mano” para desembocar en este tipo
de acontecimientos, o su reverso: la sequía.
El repaso histórico que realiza sobre el avance de los cambios en el uso del
suelo (de áreas de bosque a usos agrícolas, urbanos, e industriales), dice que
en las más de 93.500 hectáreas de cuenca media, se perdió un 40 por ciento entre
1940 y 1980; un 5 por ciento entre 1981 y 1990; más de 8 por ciento entre 1991 y
200; y un 9 por ciento en la última década. Los incendios muchas veces fueron la
antesala al cambio en el uso del suelo. Entre 2004 y 2013 llegan a 75.220
hectáreas quemadas acumuladas, un 40 por ciento menos que la década anterior,
pero “en áreas que se han incendiado más de dos veces en los últimos 20 años”.
Aunque Deón pone el foco en la zona del Chavascate, y los conflictos por el territorio entre 2007-2012, aporta varios datos que exceden ese recorte y sirven para analizar el cuadro en Sierras Chicas y alrededores. La no aplicación de legislación para gestionar cuencas, la falta de trabajo de los municipios entre sí y con organizaciones sociales, y como punto macro la ausencia de gestión participativa de los territorios salen a la luz a lo largo de todo el trabajo, y preanuncian situaciones como la de las últimas semanas.
Entre las
conclusiones, el geógrafo dice sin lugar a dobles interpretaciones:
“Los
aspectos que restringen la posibilidad de una gestión participativa e
intergubernamental de la cuenca del Río Chavascate, son los intereses
económicos, políticos y culturales puestos en juego por los diversos agentes del
subcampo económico empresarial y del subcampo político-cultural articulados a
diversas escalas con miembros del metacampo Estatal o formando ellos mismos
parte de este metacampo”. Y destaca que “las inversiones inmobiliarias y
turísticas en la cuenca han reconvertido a espacios loteados o chacrarizados
(subdivididos en chacras) las áreas de bosque ocioso”.
Es vasta la bibliografía sobre el rol fundamental del bosque nativo como regulador del escurrimiento del agua. Publicado a fines de 2014, un trabajo del Instituto Superior de Estudios Ambientales de la UNC, también referido al Chavascate, apunta que “la deforestación de toda la cuenca alcanza una tasa anual del 0,5 por ciento, mientras que el incremento de uso urbano-agrícola, un 2 por ciento anual (valor altamente significativo)”. El documento de 38 carillas, firmado por la agrónoma Alicia Barchuk, plantea que en esa zona “sería necesario recuperar 4617,3 hectáreas” de bosque. Como en otros textos académicos se dejó claro que es “esencial que mediante un ordenamiento territorial se limite el avance de la frontera urbana”.
Denuncia desde el territorio
Desde las
organizaciones sociales también se plantea la misma problemática. La Mesa del
Agua de La Granja añade que “los desmontes e interrupción de cursos naturales de
agua en la zona alta y media contribuyen a que la absorción de agua sea casi
nula y que el suelo se impermeabilice”. “Así el agua corre desde los acuíferos
como por avenidas asfaltadas transportando casi la totalidad de lo precipitado
provocando cuantiosos daños río abajo, muy superior al que podría haber
provocado de existir el monte de antaño”, describen. La mesa sostiene que “no
sólo los desmontes en la zona alta provocan daños” también
“la
invasión de los emprendimientos inmobiliarios en la línea de sirga de los ríos
que atraviesan los pueblos se convierten en principal foco de destrucción y caos
social”.
Desde la tesina de Deón se advierte técnicamente lo que gritan los vecinos:
“Deberá regularse la superficie de cubierta vegetal nativa y general que cada
propietario de inmueble en la zona ya loteada debe respetar, de lo contrario se
perderán alrededor de entre 50 y 130 hectáreas anuales de bosque en toda la
cuenca con el avance de la edificación”.
Desplazados
“Lo que
ocurrió es crónica de una muerte anunciada”, asegura Beatriz Giobellina. La
doctora en arquitectura, especializada en planificación urbana y su vínculo con
el ambiente, coincide con Deón en que “el crecimiento urbano no planificado,
muchas veces en zonas inundables, lleva a este tipo de situaciones”. “Esto se va
a agravar si no se limita el crecimiento urbano, se crean reservas, se frena el
desmonte, y se deja de lotear”, enumera. Para Giobellina debe analizarse la
cuestión del precio de la tierra. Más allá de que las crecidas golpearon en
zonas de casas de fin de semana, la peor parte la llevaron las familias pobres o
de clase media, que muchas veces se han ubicado en terrenos de las Sierras
Chicas o en la periferia de Córdoba no tanto por elección sino por falta de
recursos. “Conozco personas que están en zonas de Sierras Chicas sumamente
riesgosas porque han conseguido el terreno a un precio accesible, pero son
lugares donde tal vez no debiera haber población”, analiza. En este sentido
“aparece el concepto de desplazado ambiental, el tema es que al no tener
recursos y no haber políticas para esas personas, deben regresar a ese sitio”.
La lectura de Giobellina agrega otra arista más a la problemática de las últimas semanas y tiene que ver con la especulación inmobiliaria, que por un lado desplaza de forma indirecta poblaciones a costa del alto precio de la tierra, y por otro avanza sobre territorios frágiles no tanto por necesidad habitacional sino más bien para brindar inmuebles de lujo, incluso a veces deshabitados que sirven como mero bien especulativo. Para ilustrar esto vale repasar un interesante artículo del grupo académico Llano en Llamas (UNC y Universidad Católica), del año 2013, donde se apuntaba que “el área destinada al uso urbano aumentó entre 1991 y 2001 un 320 por ciento por encima del crecimiento poblacional”. Mientras que “el valor de los terrenos dentro del anillo de la Circunvalación de la ciudad de Córdoba subió en promedio -entre noviembre de 2007 y febrero de 2011- alrededor del 50 por ciento” y en algunas zonas llegó al ciento por ciento. Un dato que no puede soslayarse es que la Sierras Chicas son parte del área metropolitana de la segunda ciudad del país. De no regularse estos puntos, “el modelo de desarrollo de Córdoba es insustentable por donde se lo mire”, concluye la arquitecta.
Cambiar el rumbo
Como
propuesta, Deón sostiene que
“deberán acordarse y
establecerse los mecanismos necesarios, abiertos a la comunidad, para ordenar
estos territorios desde lo social y lo técnico”.
“El agua es fuente de vida y de poder, cuando está y cuando falta, pero la
tierra que la sostiene es también fuente de lucha y de poder; así, es la
voluntad política, la que debe empoderar a los gobernantes y vecinos para
cambiar el rumbo del uso del suelo en estas cuencas, en esta tierra y por esta
agua”, dice en uno de los últimos pasajes de su trabajo.
Entrevistado, Deón valora “el debate de los últimos días en torno a qué es
realmente desarrollo y crecimiento”. “El tema será quién termina decidiendo en
torno al ordenamiento territorial”, dice, y automáticamente da la respuesta: “La
comunidad debe dar la respuesta”.
*El autor ha colaborado con Página/12, Revista Acción (IMFC), Revista Marcha,
Noticias Aliadas y Latein Amerika (Alemania), entre otras.
Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/03/04/crecidas-e-inundaciones-el-extractivismo-arrasa-los-territorios
Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/03/04/crecidas-e-inundaciones-el-extractivismo-arrasa-los-territorios
Cuando el capitalismo expande la desertificación-prisión de Nuestra América,
es hora de adquirir mayoritariamente una mirada diacrónica que revise cómo
se concreta en países hermanos donde ese proceso está más avanzado.
Extractivismo, enclaves y destrucción ambiental
18 de agosto de 2014
18 de agosto de 2014
Por
Renán Vega Cantor
Revista CEPA
En las últimas décadas se impuso un modelo primario exportador,
similar al que conoció el país en la segunda mitad del siglo XIX, lo que ha
venido acompañado de la desindustrialización, la penetración renovada del
capital extranjero, principalmente de las multinacionales imperialistas, la
expropiación de bienes comunes y la imposición del dogma de las ventajas
comparativas, como criterio que justifica nuestra especialización en producir
bienes primarios. Cada uno de estos aspectos ameritaría un análisis detallado,
pero nos limitamos a mencionar los aspectos generales del capitalismo
extractivista que se consolidó en el país, y que se constituye en un factor
importante para explicar lo que acontece en Colombia en estos momentos.
Características
El extractivismo no se refiere solamente a la explotación de minerales o hidrocarburos, sino que incluye a diversas actividades económicas que se realizan en el país. El extractivismo se podría definir como el conjunto de actividades económicas –con sus correspondientes derivaciones militares, sociales, políticas, ideológicas y culturales– que posibilitan el flujo de materia, energía, biodiversidad y fuerza de trabajo desde un territorio determinado (en este caso Colombia) hacia los centros dominantes en el capitalismo mundial, donde se consumen a gran escala para garantizar la reproducción del capital. El extractivismo tiene características que lo identifican como modelo económico y social, con unos mecanismos particulares de funcionamiento político, como se describe brevemente a continuación.
Características
El extractivismo no se refiere solamente a la explotación de minerales o hidrocarburos, sino que incluye a diversas actividades económicas que se realizan en el país. El extractivismo se podría definir como el conjunto de actividades económicas –con sus correspondientes derivaciones militares, sociales, políticas, ideológicas y culturales– que posibilitan el flujo de materia, energía, biodiversidad y fuerza de trabajo desde un territorio determinado (en este caso Colombia) hacia los centros dominantes en el capitalismo mundial, donde se consumen a gran escala para garantizar la reproducción del capital. El extractivismo tiene características que lo identifican como modelo económico y social, con unos mecanismos particulares de funcionamiento político, como se describe brevemente a continuación.
En el extractivismo retornan las economías de enclave –un concepto que se creía enterrado en la historia latinoamericano y que hace unas décadas sonaba como un anacronismo–, en la medida en que las inversiones extranjeras de “tipo productivo” que se implantan en el territorio nacional (en las ciudades y en el campo) operan con la mirada puesta no en el mercado interno sino en el mercado mundial. En los enclaves no se efectúan procesos de acumulación de capital en el plano local y/o nacional –con los encadenamientos productivos que eso generaría– sino que las actividades se desenvuelven en consonancia con los intereses del capital transnacional, cuyo funcionamiento está ligado a los grandes mercados de los países centrales. Como enclaves operan los agronegocios, la minería pero también las zonas turísticas, los parques naturales, y los espacios urbanos que están vinculados el capitalismo mundial. Como economía de enclave de tipo extractivista funciona la producción de flores en la sabana de Bogotá, que supone el traslado de agua al mercado mundial. Son enclaves las maquilas, las zonas francas, los puertos y también los eslabones de la “economía ilegal” (una noción cada día más difícil de usar por la hibridación con lo legal), ligados a la trata de personas– al tráfico de especies animales, al comercio mundial de estupefacientes, al blanqueo de divisas…
Las relaciones laborales que se imponen en los enclaves borran los derechos de los trabajadores, puesto que anulan sus conquistas históricas e implantan la flexibilización y la precarización como norma dominante. Aparte de que generan poco empleo, y este es efímero, aumentan los niveles de explotación de la fuerza de trabajo, con la finalidad de incrementar la tasa de ganancia de las inversiones efectuadas. Los parámetros laborales que se imponen en toda la economía replican lo que sucede en los enclaves, que viene a ser la generalización de los salarios chinos, no importa si se trata de actividades propiamente primarias, o del sector servicios, o de lo que queda de industria. Al mismo tiempo, se eliminan los sindicatos y se obstaculiza la lucha colectiva de los trabajadores, a la par con el incremento del trabajo informal, la terciarización laboral, y la eliminación de los derechos de los hombres y mujeres que viven de su trabajo. La degradación laboral se convierte en una de las cartas de presentación que ofrece el Estado y las clases dominantes locales para atraer inversiones extranjeras, quienes argumentan que en este país existe una fuerza de trabajo barata, capacitada y sumisa dispuesta a dejarse explotar por los inversores extranjeros que quieran invertir su capital en nuestro territorio. El Estado es el garante de la imposición de estas condiciones laborales, las que se usan como un gancho que atrae a los emprendedores extranjeros. En lo esencial, el Estado es un peón al servicio del imperialismo y de sus empresas, y toda su política está destinada a presentarse como el “alumno más aventajado de la clase” a escala regional, es decir, el que está dispuesto a dar lo que sea sin contraprestación alguna e incluso pagándole a las multinacionales para que se llevan nuestras riquezas naturales. Al respecto, el estudio Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista afirma que entre el 2005 y el 2010 “las empresas mineras pagaron en promedio $878 mil millones anuales por concepto del impuesto a la renta”, pero en ese período “tuvieron deducciones, descuentos y exenciones que representaron un gasto tributario para el país de $1,78 billones. Es decir, por cada $100 efectivamente pagados por este concepto, las empresas mineras tuvieron descuentos que terminaron representando pérdidas para el Estado de más de $200. Esto significa que por cada peso que pagan esas empresas, el Estado les concede dos, que provienen de los dineros que los habitantes comunes y corrientes le cancelamos al Estado por concepto de impuestos. En síntesis, las ETN vienen a un territorio de Colombia, expulsan a las comunidades que allí habitan, destruyen los ecosistemas, contaminan las aguas, dejan luego de pocos años un tremendo cráter de miseria y destrucción, y aparte de todo les pagamos para que hagan todo eso.
Los enclaves vienen acompañados de la militarización de los territorios, porque el Estado se compromete a proteger las inversiones extranjeras, con el pretexto de que esa es la condición que garantiza la permanencia de esas inversiones. Por esto observamos que en los últimos años se ha presentado un crecimiento exponencial de las fuerzas represivas del Estado para resguardar las zonas de extracción de minerales e hidrocarburos, y los lugares donde se siembran los cultivos de exportación. La militarización no solamente la efectúan las fuerzas legales, sino los grupos paraestatales que son un componente esencial del modelo extractivista, creadas, financiadas y auspiciadas tanto por el Estado como por empresarios locales y transnacionales, como lo demuestran los ejemplos del banano en Urabá, del carbón en la costa caribe, de la palma aceitera en el Choco y en la costa pacífica. Los enclaves no generan modernización ni innovación tecnológica propia, sino que allí se implantan, cuando se hace, la tecnología que es producida y controlada por las multinacionales.
En concordancia la economía y el territorio colombianos se han convertido en una especie de basurero para la chatarra producida por las multinacionales, algo que se acentúa con los Tratados de Libre Comercio, que facilitan el ingreso de las tecnologías que ya se consideran obsoletas en esos lugares, como sucede, por ejemplo, con las armas, aviones y máquinas de guerra que el Estado colombiano le compra a Estados Unidos, la Unión Europea o a Rusia. Adicionalmente, nuestro territorio se convierte en el basurero de los residuos contaminantes que se exportan desde los centros imperialistas, lo cual se legitimó en términos legislativos en los últimos años con la Resolución 809 de mayo 10 de 2006, que autorizó el ingreso a Colombia de residuos tóxicos y peligrosos para la salud y el medio ambiente. Los Tratados de Libre Comercio rematan la arquitectura institucional en el plano interno del país, para consolidar la lógica extractivista, lo cual se fundamente con dispositivos jurídicos que protegen al capital transnacional. Estos tratados se sustentan en la teoría de las ventajas comparativas que revive el esquema de división internacional del trabajo del siglo XIX y que nos condenan irremediablemente a abandonar cualquier intento de construir una economía propia y autónoma y nos obligan a vivir prisioneros de la exportación de materias primas agrícolas y minerales.
En términos de la propaganda, adquieren fuerza el imaginario de enclave y la
mentalidad extractivista (propio del colonialismo interno) que se basa en el
prejuicio de pensar que el comercio internacional en sí mismo es la garantía de
acceder al progreso, la modernización y la prosperidad. Ese mentalidad
extractivista domina todas las actividades, como el deporte, la educación o la
salud, por lo que no sorprende que los padres quieren que sus hijos sean
exitosos futbolistas que conquistan el mercado europeo, o que el objetivo de los
dueños de las universidades sea la competitividad, para lo cual preparan fuerza
de trabajo barata y sumisa que le sirva al capitalismo transnacional en
distintos frentes. Con el imaginario de enclave se impone la idea que el modelo
exportador constituye la tabla de salvación del país, y quienes se oponen
–trabajadores, campesinos, indígenas y afrodescendientes- son considerados como
enemigos del progreso y del bienestar que se supone genera el libre comercio.
Consecuencias
El extractivismo tiene consecuencias nefastas en el ámbito social y ambiental. En el plano social destruye y desestructura a las comunidades locales, introduce nuevos hábitos y pautas de consumo, genera una mentalidad rentística y obliga a los habitantes de un territorio a subordinarse a los intereses de fracciones minoritarias de las clases dominantes que se articulan con el mercado internacional y se apropian de algunas migajas que les deja el libre comercio. El extractivismo aumenta la pobreza, la dependencia, la destrucción de los bienes comunes de tipo natural, que replican la eterna paradoja de la pobreza y la desigualdad en medio de la riqueza de recursos. Al mismo tiempo, se destruyen a las comunidades indígenas, y las que sobreviven son incorporadas brutalmente a la lógica extractivista, como acontece en Arauca, Boyacá, los Llanos Orientales, para mencionar algunos casos.
La destrucción de los ecosistemas por el extractivismo forma parte de la historia de la actual Colombia desde la época de la dominación española. Ahora, el extractivismo contemporáneo acelera esa destrucción en la medida en que involucra a todas las actividades económicas y cubre la totalidad del territorio nacional. La puesta en marcha de megaproyectos mineros y agrícolas altera en forma inmediata y, en la mayor parte de los casos, de manera irreversible la riqueza natural de nuestros suelos y subsuelos. Los ejemplos abundan, como se comprueba con el impacto negativo de desviar ríos, como en el Quimbo (Huila), en Ituango (Antioquia), o en la Guajira (con el río Ranchería), para satisfacer el apetito de las empresas que extraen bienes naturales.
Otro ejemplo de actualidad es lo que sucede en Paz de Ariporo (Casanare) –el segundo municipio más grande del país, con una extensión mayor que departamentos como Quindío. Risaralda, Atlántico y Sucre- en donde hace pocas semanas murieron miles de chigüiros, babillas, y otras especies de la fauna local, como resultado de la confluencia de diversas actividades depredadoras, entre ellas las de tipo extractivo. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) los acontecimientos trágicos de Casanare son un resultado de la combinación funesta de por lo menos “cinco pecados”: impacto destructivo en los páramos de alta montaña, donde nacen los ríos que surten al Casanare, por la introducción de cultivos y ganadería; una ganadería intensiva que compacta los suelos y obstruye la infiltración de aguas lluvias y escorrentía; una baja capacidad de retención de humedad debido a la textura arenosa de los suelos; una limitada capacidad productiva de los suelos; y, la utilización de aguas subterráneas por parte de las empresas petroleras, que agrava una situación local que ya se encuentra afectada por las modificaciones climáticas.
En cuanto al impacto de las actividades petroleras, debe recordarse que en el Departamento de Casanare operan las compañías Geopark, Perenco, Pacific Stratus Energy, Parex, New Granada Energy, Cepcolsa, Petrominerales, Ecopetrol, Canacol, Interoli, Adventage. En toda la Orinoquía colombiana estas empresas extraen diariamente 720 mil barriles de petróleo y 15 millones de barriles de agua, un dato que en sí mismo indica la magnitud del hidrocidio en marcha. En este contexto destructivo, resulta tragicómica la declaración del viceministro de Energía Orlando Cabrales, quien aseguró al conocer la magnitud del ecocidio del Casanare que las empresas petroleras no eran responsables y, en un verdadero oxímoron, aseguró que “agua y petróleo no son antagonistas. Son el futuro y el gran desafío que tiene este país para impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de todos los colombianos”.
La mortandad de animales, y la escasez de agua que se empieza a percibir en el territorio mencionado es el resultado de un desequilibrio en el ciclo hídrico, por la destrucción de paramos y humedales, el aumento en la demanda y consumo de agua para la exploración y explotación de petróleo, junto con la ganadería que seca los suelos y la demanda de agua por cultivos como el arroz y la palma aceitera. Según el profesor Orlando Vargas de la Universidad Nacional, “la sequía se origina en el mal manejo del suelo, la destrucción de las zonas de recarga acuífera y la falta de planificación del territorio”.
Dicha tragedia ambiental está ligada en forma directa al extractivismo y al libre comercio, un vínculo criminal del que se tienen nefastos antecedentes históricos a nivel mundial, tal y como aconteció en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se presentaron los holocaustos de la era victoriana, que en un determinado momento fueron considerados como una derivación inmediata de los cambios climáticos que produce el fenómeno meteorológico de El Niño. Pero estas alteraciones no se dan en el vacío sino en condiciones económicas y sociales específicas, que aumentan el impacto destructor en la medida en que la producción local, que permite la subsistencia de los pequeños productores, ya no se dedica a alimentarlos sino que se exporta al mercado mundial. O también que la utilización del agua para propiciar la exportación de productos al mercado mundial destruye las fuentes hídricas y los ecosistemas, con lo que se garantiza la muerte de plantas y animales nativos, como un resultado directo del imperialismo ecológico. En concreto, en el período mencionado se presentaron terribles hambrunas que dejaron, como mínimo, 32 millones de muertos en India, China, Brasil y otros lugares del mundo, como resultado de la vinculación directa, por la vía del libre comercio impuesto a sangre y fuego por Inglaterra, entre la producción local de alimentos y su destino al mercado mundial. Mientras que los campesinos morían de inanición, el trigo y otros cereales que habían producido con sus manos y en sus tierras llenaba las arcas de los exportadores mundiales de alimentos que iban con destino principal a Europa.
Esta referencia histórica sirve para recordar que hoy las condiciones climáticas son peores que hace un siglo y por lo tanto sus efectos son más destructores, porque un trastorno climático en marcha afecta al mundo entero, pero que impacta de manera inmediata a ciertas regiones. Investigaciones recientes recalcan que las zonas tropicales (en donde se encuentra Colombia) son las primeras afectadas, básicamente por su estabilidad climática y por su biodiversidad. El último informe del Panel Intergubernamental sobre el cambio climático señala que uno de los países más afectados es y va a ser Colombia, por la deforestación, la contaminación hídrica, la minería y la ganadería extensiva. Algunos hechos lo indican con preocupante contundencia. Por ejemplo, los glaciares están muriendo aceleradamente ante nuestros ojos y al ritmo actual los que quedan van a desaparecer en las próximas décadas: en los últimos 60 años el área de los glaciares se ha reducido en un 60% y de 19 glaciares que teníamos en nuestro territorio en 1900 hoy sólo existen 6. Así mismo, de los 34 paramos que posee el territorio de Colombia (donde se encuentra el 49% de todos los que existen en el mundo) 22 están en grave riesgo de destrucción, como resultado de la ganadería, las quemas, la explotación minera y la expansión de la frontera agrícola.
Hoy las condiciones son más adversas que en la época victoriana –un momento en que hasta ahora estaba despegando la explotación del petróleo, rodaban los primeros automóviles en algunas ciudades de los Estados Unidos, en el mundo existían 1.650 millones de personas y la mayor parte de la gente vivía en el campo–, a la hora de considerar la retroalimentación entre el trastorno climático a escala global (que está en marcha en forma acelerada e irreversible) y los fenómenos locales (como el de Paz de Ariporo), que están relacionados con el funcionamiento del capitalismo extractivista. Además, lo acontecido en Paz de Ariporo indica a nivel micro y por anticipado cómo van a ser las guerras climáticas, en las cuales la sed insaciable de materia y energía del capitalismo destruye los hábitats locales al tiempo que exacerba la lucha por la supervivencia de los más pobres, que ya no tienen acceso ni siquiera al agua, y condena a la extinción a especies animales y vegetales, junto con la destrucción de la biodiversidad y de los ecosistemas. En este sentido, lo que sucede en Casanare es una terrible advertencia de lo que nos espera con el trastorno climático. Luchas
En diversos lugares del territorio colombiano se han presentado protestas, resistencias y rebeliones contra el extractivismo y sus variantes. Según un estudio realizado para el Atlas Global de Justicia Ambiental, en estos momentos en Colombia se presentan 72 conflictos socio-ambientales. En Tolima, Santander, Cauca, los Llanos Orientales y otros lugares de Colombia se han desplegado notables protestas y la gente se organiza de múltiples formas para enfrentar la “locomotora minera” y los proyectos extractivistas. Entre esas luchas se destacan las libradas por los habitantes de Cajamarca y San Turban contra la minería del oro, y también las de los trabajadores petroleros en Puerto Gaitán contra la Pacific Rubiales., aunque tienen sentidos diferentes. Mientras los trabajadores petroleros están interesados en mejorar las condiciones de trabajo, sin cuestionar la misma extracción de petróleo, y las organizaciones laborales, como la Unión Sindical Obrera (USO) propenden por la nacionalización de los hidrocarburos y su explotación por parte del Estado, las comunidades locales, campesinas e indígenas, buscan que no sean extraídos esos bienes comunes de las entrañas de la tierra. Esto último se expresa en la lucha de los pobladores de El Tolima, que saben lo que implica la apertura de una descomunal mina de oro. Por eso, llevan años denunciando ese crimen social y ambiental, como lo ratificaron en la consulta de Piedras, donde el 99% de los votantes dijeron no a la AngloGold Ashanti.
La oposición al extractivismo en Colombia ha tenido un mayor calado en aquellas regiones en donde las comunidades locales sienten directamente afectadas sus condiciones de vida y de subsistencia y lo hacen, además, a partir de una defensa del territorio en donde entran en juego otras nociones de territorialidad, producidas por y para las mismas comunidades. Esto indica que, en contra de la propaganda de la globalización que nos anuncia el “fin de los territorios”, éstos adquieren una renovada fuerza para el capital y, por lo mismo, en esos lugares concretos es donde se ponen en juego las estrategias de lucha y de construcción de nuevas alternativas, desde abajo y desde el sur, como ha aflorado en los últimos años con los paros agrarios.
Gran parte de los conflictos ambientales se ubican en zonas habitadas por comunidades indígenas y pueblos afrocolombianos, como acontece en la Costa Atlántica en donde grupos étnicos soportan y se enfrentan al impacto negativo de la explotación de carbón, la expansión de la Ruta del Sol, la construcción de represas (Ranchería y Puerto Brisa) y los proyectos turísticos en el Parque Nacional Tayrona.
Aparte de los impactos económicos, sociales y ambientales del extractivismo en la vida cotidiana de las comunidades se despliegan un conjunto de antivalores (¿como cuáles?) que destruyen sus formas organizativas, sus tradiciones y sus relaciones ancestrales con sus territorios, tal y como lo demuestran los Awá, para quienes el petróleo es la sangre de la tierra y por lo tanto nunca debe ser extraído de las entrañas del suelo. Los conflictos socioambientales se constituyen en una respuesta de las comunidades al extractivismo, como se pone de presente con el hecho que hayan aumentado desde el momento en que se incrementó la concesión de títulos mineros durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.
Notas:
Luis Jorge Garay (Director), Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista, Contraloría General de la República, Bogotá, 2013.
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/U/uso_de_toxicos_aun_en_entredicho/uso_de_toxicos_aun_en_entredicho.asp
IGAC, Estos son los “cinco pecados” que podrían haber desencadenado la tragedia ambiental en El Casanare, en http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/
Orlando Cabrales, “Agua o petróleo: un falso dilema”, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13826183
Citado en http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/mala-planificacion- y-uso-del-suelo-atizan-sequia-en-los-llanos.html
Mike Davis, Los holocaustos en la era victoriana tardía. El Niño, las hambrunas y la formación del Tercer Mundo, Universidad de Valencia, Valencia, 2006.
Ver: “El alarmante informe sobre cambio climático”, Revista Semana, marzo 31 de 2014.
IDEAM, Glaciares de Colombia: más que montañas con hielo, Bogotá, 2012; Greempace Colombia, Cambio climático: Futuro negro para los páramos, Bogotá, noviembre de 2009.
Harald Welzer, Guerras climáticas. Por qué mataremos (y nos matarán) en el siglo XXI, Katz Editores, Buenos Aires, 2010.
Colombia es el país con más conflictos ambientales de América Latina, http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/mapa/30830
Consecuencias
El extractivismo tiene consecuencias nefastas en el ámbito social y ambiental. En el plano social destruye y desestructura a las comunidades locales, introduce nuevos hábitos y pautas de consumo, genera una mentalidad rentística y obliga a los habitantes de un territorio a subordinarse a los intereses de fracciones minoritarias de las clases dominantes que se articulan con el mercado internacional y se apropian de algunas migajas que les deja el libre comercio. El extractivismo aumenta la pobreza, la dependencia, la destrucción de los bienes comunes de tipo natural, que replican la eterna paradoja de la pobreza y la desigualdad en medio de la riqueza de recursos. Al mismo tiempo, se destruyen a las comunidades indígenas, y las que sobreviven son incorporadas brutalmente a la lógica extractivista, como acontece en Arauca, Boyacá, los Llanos Orientales, para mencionar algunos casos.
La destrucción de los ecosistemas por el extractivismo forma parte de la historia de la actual Colombia desde la época de la dominación española. Ahora, el extractivismo contemporáneo acelera esa destrucción en la medida en que involucra a todas las actividades económicas y cubre la totalidad del territorio nacional. La puesta en marcha de megaproyectos mineros y agrícolas altera en forma inmediata y, en la mayor parte de los casos, de manera irreversible la riqueza natural de nuestros suelos y subsuelos. Los ejemplos abundan, como se comprueba con el impacto negativo de desviar ríos, como en el Quimbo (Huila), en Ituango (Antioquia), o en la Guajira (con el río Ranchería), para satisfacer el apetito de las empresas que extraen bienes naturales.
Otro ejemplo de actualidad es lo que sucede en Paz de Ariporo (Casanare) –el segundo municipio más grande del país, con una extensión mayor que departamentos como Quindío. Risaralda, Atlántico y Sucre- en donde hace pocas semanas murieron miles de chigüiros, babillas, y otras especies de la fauna local, como resultado de la confluencia de diversas actividades depredadoras, entre ellas las de tipo extractivo. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) los acontecimientos trágicos de Casanare son un resultado de la combinación funesta de por lo menos “cinco pecados”: impacto destructivo en los páramos de alta montaña, donde nacen los ríos que surten al Casanare, por la introducción de cultivos y ganadería; una ganadería intensiva que compacta los suelos y obstruye la infiltración de aguas lluvias y escorrentía; una baja capacidad de retención de humedad debido a la textura arenosa de los suelos; una limitada capacidad productiva de los suelos; y, la utilización de aguas subterráneas por parte de las empresas petroleras, que agrava una situación local que ya se encuentra afectada por las modificaciones climáticas.
En cuanto al impacto de las actividades petroleras, debe recordarse que en el Departamento de Casanare operan las compañías Geopark, Perenco, Pacific Stratus Energy, Parex, New Granada Energy, Cepcolsa, Petrominerales, Ecopetrol, Canacol, Interoli, Adventage. En toda la Orinoquía colombiana estas empresas extraen diariamente 720 mil barriles de petróleo y 15 millones de barriles de agua, un dato que en sí mismo indica la magnitud del hidrocidio en marcha. En este contexto destructivo, resulta tragicómica la declaración del viceministro de Energía Orlando Cabrales, quien aseguró al conocer la magnitud del ecocidio del Casanare que las empresas petroleras no eran responsables y, en un verdadero oxímoron, aseguró que “agua y petróleo no son antagonistas. Son el futuro y el gran desafío que tiene este país para impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de todos los colombianos”.
La mortandad de animales, y la escasez de agua que se empieza a percibir en el territorio mencionado es el resultado de un desequilibrio en el ciclo hídrico, por la destrucción de paramos y humedales, el aumento en la demanda y consumo de agua para la exploración y explotación de petróleo, junto con la ganadería que seca los suelos y la demanda de agua por cultivos como el arroz y la palma aceitera. Según el profesor Orlando Vargas de la Universidad Nacional, “la sequía se origina en el mal manejo del suelo, la destrucción de las zonas de recarga acuífera y la falta de planificación del territorio”.
Dicha tragedia ambiental está ligada en forma directa al extractivismo y al libre comercio, un vínculo criminal del que se tienen nefastos antecedentes históricos a nivel mundial, tal y como aconteció en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se presentaron los holocaustos de la era victoriana, que en un determinado momento fueron considerados como una derivación inmediata de los cambios climáticos que produce el fenómeno meteorológico de El Niño. Pero estas alteraciones no se dan en el vacío sino en condiciones económicas y sociales específicas, que aumentan el impacto destructor en la medida en que la producción local, que permite la subsistencia de los pequeños productores, ya no se dedica a alimentarlos sino que se exporta al mercado mundial. O también que la utilización del agua para propiciar la exportación de productos al mercado mundial destruye las fuentes hídricas y los ecosistemas, con lo que se garantiza la muerte de plantas y animales nativos, como un resultado directo del imperialismo ecológico. En concreto, en el período mencionado se presentaron terribles hambrunas que dejaron, como mínimo, 32 millones de muertos en India, China, Brasil y otros lugares del mundo, como resultado de la vinculación directa, por la vía del libre comercio impuesto a sangre y fuego por Inglaterra, entre la producción local de alimentos y su destino al mercado mundial. Mientras que los campesinos morían de inanición, el trigo y otros cereales que habían producido con sus manos y en sus tierras llenaba las arcas de los exportadores mundiales de alimentos que iban con destino principal a Europa.
Esta referencia histórica sirve para recordar que hoy las condiciones climáticas son peores que hace un siglo y por lo tanto sus efectos son más destructores, porque un trastorno climático en marcha afecta al mundo entero, pero que impacta de manera inmediata a ciertas regiones. Investigaciones recientes recalcan que las zonas tropicales (en donde se encuentra Colombia) son las primeras afectadas, básicamente por su estabilidad climática y por su biodiversidad. El último informe del Panel Intergubernamental sobre el cambio climático señala que uno de los países más afectados es y va a ser Colombia, por la deforestación, la contaminación hídrica, la minería y la ganadería extensiva. Algunos hechos lo indican con preocupante contundencia. Por ejemplo, los glaciares están muriendo aceleradamente ante nuestros ojos y al ritmo actual los que quedan van a desaparecer en las próximas décadas: en los últimos 60 años el área de los glaciares se ha reducido en un 60% y de 19 glaciares que teníamos en nuestro territorio en 1900 hoy sólo existen 6. Así mismo, de los 34 paramos que posee el territorio de Colombia (donde se encuentra el 49% de todos los que existen en el mundo) 22 están en grave riesgo de destrucción, como resultado de la ganadería, las quemas, la explotación minera y la expansión de la frontera agrícola.
Hoy las condiciones son más adversas que en la época victoriana –un momento en que hasta ahora estaba despegando la explotación del petróleo, rodaban los primeros automóviles en algunas ciudades de los Estados Unidos, en el mundo existían 1.650 millones de personas y la mayor parte de la gente vivía en el campo–, a la hora de considerar la retroalimentación entre el trastorno climático a escala global (que está en marcha en forma acelerada e irreversible) y los fenómenos locales (como el de Paz de Ariporo), que están relacionados con el funcionamiento del capitalismo extractivista. Además, lo acontecido en Paz de Ariporo indica a nivel micro y por anticipado cómo van a ser las guerras climáticas, en las cuales la sed insaciable de materia y energía del capitalismo destruye los hábitats locales al tiempo que exacerba la lucha por la supervivencia de los más pobres, que ya no tienen acceso ni siquiera al agua, y condena a la extinción a especies animales y vegetales, junto con la destrucción de la biodiversidad y de los ecosistemas. En este sentido, lo que sucede en Casanare es una terrible advertencia de lo que nos espera con el trastorno climático. Luchas
En diversos lugares del territorio colombiano se han presentado protestas, resistencias y rebeliones contra el extractivismo y sus variantes. Según un estudio realizado para el Atlas Global de Justicia Ambiental, en estos momentos en Colombia se presentan 72 conflictos socio-ambientales. En Tolima, Santander, Cauca, los Llanos Orientales y otros lugares de Colombia se han desplegado notables protestas y la gente se organiza de múltiples formas para enfrentar la “locomotora minera” y los proyectos extractivistas. Entre esas luchas se destacan las libradas por los habitantes de Cajamarca y San Turban contra la minería del oro, y también las de los trabajadores petroleros en Puerto Gaitán contra la Pacific Rubiales., aunque tienen sentidos diferentes. Mientras los trabajadores petroleros están interesados en mejorar las condiciones de trabajo, sin cuestionar la misma extracción de petróleo, y las organizaciones laborales, como la Unión Sindical Obrera (USO) propenden por la nacionalización de los hidrocarburos y su explotación por parte del Estado, las comunidades locales, campesinas e indígenas, buscan que no sean extraídos esos bienes comunes de las entrañas de la tierra. Esto último se expresa en la lucha de los pobladores de El Tolima, que saben lo que implica la apertura de una descomunal mina de oro. Por eso, llevan años denunciando ese crimen social y ambiental, como lo ratificaron en la consulta de Piedras, donde el 99% de los votantes dijeron no a la AngloGold Ashanti.
La oposición al extractivismo en Colombia ha tenido un mayor calado en aquellas regiones en donde las comunidades locales sienten directamente afectadas sus condiciones de vida y de subsistencia y lo hacen, además, a partir de una defensa del territorio en donde entran en juego otras nociones de territorialidad, producidas por y para las mismas comunidades. Esto indica que, en contra de la propaganda de la globalización que nos anuncia el “fin de los territorios”, éstos adquieren una renovada fuerza para el capital y, por lo mismo, en esos lugares concretos es donde se ponen en juego las estrategias de lucha y de construcción de nuevas alternativas, desde abajo y desde el sur, como ha aflorado en los últimos años con los paros agrarios.
Gran parte de los conflictos ambientales se ubican en zonas habitadas por comunidades indígenas y pueblos afrocolombianos, como acontece en la Costa Atlántica en donde grupos étnicos soportan y se enfrentan al impacto negativo de la explotación de carbón, la expansión de la Ruta del Sol, la construcción de represas (Ranchería y Puerto Brisa) y los proyectos turísticos en el Parque Nacional Tayrona.
Aparte de los impactos económicos, sociales y ambientales del extractivismo en la vida cotidiana de las comunidades se despliegan un conjunto de antivalores (¿como cuáles?) que destruyen sus formas organizativas, sus tradiciones y sus relaciones ancestrales con sus territorios, tal y como lo demuestran los Awá, para quienes el petróleo es la sangre de la tierra y por lo tanto nunca debe ser extraído de las entrañas del suelo. Los conflictos socioambientales se constituyen en una respuesta de las comunidades al extractivismo, como se pone de presente con el hecho que hayan aumentado desde el momento en que se incrementó la concesión de títulos mineros durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.
Notas:
Luis Jorge Garay (Director), Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista, Contraloría General de la República, Bogotá, 2013.
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/U/uso_de_toxicos_aun_en_entredicho/uso_de_toxicos_aun_en_entredicho.asp
IGAC, Estos son los “cinco pecados” que podrían haber desencadenado la tragedia ambiental en El Casanare, en http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/
Orlando Cabrales, “Agua o petróleo: un falso dilema”, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13826183
Citado en http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/mala-planificacion- y-uso-del-suelo-atizan-sequia-en-los-llanos.html
Mike Davis, Los holocaustos en la era victoriana tardía. El Niño, las hambrunas y la formación del Tercer Mundo, Universidad de Valencia, Valencia, 2006.
Ver: “El alarmante informe sobre cambio climático”, Revista Semana, marzo 31 de 2014.
IDEAM, Glaciares de Colombia: más que montañas con hielo, Bogotá, 2012; Greempace Colombia, Cambio climático: Futuro negro para los páramos, Bogotá, noviembre de 2009.
Harald Welzer, Guerras climáticas. Por qué mataremos (y nos matarán) en el siglo XXI, Katz Editores, Buenos Aires, 2010.
Colombia es el país con más conflictos ambientales de América Latina, http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/mapa/30830
(*) Renán Vega Cantor es historiador. Profesor titular de la
Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia. Autor y compilador de los
libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá,
1998-1999; Gente muy Rebelde, (4 volúmenes), Ed. Pensamiento Crítico, Bogotá,
2002; Neoliberalismo: mito y realidad; El Caos Planetario, Ediciones
Herramienta, 1999; Capitalismo y Despojo, Ed. Pensamiento Crítico, Bogotá, 2013,
entre otros. Premio Libertador, Venezuela, 2008. Su último libro publicado es
Colombia y el Imperialismo contemporáneo, escrito junto con Felipe Martín Novoa,
Ed. Ocean Sur, 2014.
Artículo publicado en papel en la Revista CEPA No. 19, Bogotá 2014, que acaba de entrar en circulación. Rebelión lo ha difundido con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Artículo publicado en papel en la Revista CEPA No. 19, Bogotá 2014, que acaba de entrar en circulación. Rebelión lo ha difundido con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Reflexionemos
Pronunciamiento del Primer Congreso Internacional
de Comunalidad
8 de noviembre de 2015
El
Comité Organizador del “Primer Congreso Internacional de Comunalidad. Luchas
y estrategias comunitarias: horizontes más allá del capital”, que se llevó a
cabo en la ciudad de Puebla, México, durante los días 26, 27, 28 y 29 de
octubre de 2015, realizamos el siguiente pronunciamiento público en torno a
una serie de temas y preocupaciones que fueron abordados a detalle durante
estos días de discusión y reflexión:
- Ante los violentos procesos de despojo material y simbólico a los cuales se enfrentan los pueblos de América Latina y el mundo, desencadenados por la dinámica incesante del capitalismo global que trata de convertir toda relación social y toda relación humana con la naturaleza en un vehículo para la producción de ganancias para unos cuantos; es fundamental apuntalar las luchas sociales que emergen cotidianamente desde el sentido y la práctica común de los pueblos y colectivos por garantizar la reproducción colectiva de la vida. Estas luchas, que emergen desde saberes, conocimientos y haceres compartidos de mujeres y hombres que día a día reproducen su existencia, son la base de una emancipación siempre en curso.
- La comunalidad, lo comunitario, lo común, son nombres que refieren a una relación social en la cual el centro de la actividad humana es la reproducción de la vida compartida, a partir del establecimiento de una serie de tejidos colectivos que emergen desde la capacidad autónoma de las personas de autogobernarse, autorregularse. Desde la palabra que circula y acuerda, y desde los acuerdos en los que autónomamente nos obligamos, brota la capacidad y la habilidad para ocuparnos de los asuntos que en común nos atañen. Lo común, lo comunitario, la comunalidad no es una condición inalterada de la existencia humana, no es una esencia: es una producción sistemática a partir del trabajo de servicio, de faena, de tequio, de cax´qol, del trabajo en común que se teje colectivamente para materializar los acuerdos. Si bien son los pueblos indígenas, con profundas raíces históricas, los que más experiencia y práctica tienen en producir estas relaciones compartidas y comunes, eso no significa que éstas no estén permanentemente actualizadas y que puedan ser producidas en otros ámbitos, en otras latitudes, y en espacios tan duros como los urbanos. La comunalidad, lo común, lo comunitario es una relación social y una multiplicidad de prácticas que se materializan en una diversidad de presentes que apuestan y pugnan por la vida. No es, bajo ningún punto de vista, una mera etiqueta (de la cual intentan apropiarse los organismos internacionales de crédito o las organizaciones filantrópicas).
- Como profesorxs, estudiantes, luchadores e intelectuales de distintas latitudes y con diferentes temáticas de interés, planteamos la necesidad de producir un conocimiento que sea útil para las luchas por lo común y el cuidado de la vida. Es fundamental una reflexión epistémica que revise el sentido que asume el conocimiento que se elabora desde las ciencias sociales y que plantee y/o recupere formas de conocer que se articulen y se produzcan a la par del hacer de los pueblos, sus luchas y sus horizontes emancipadores, rompiendo con la presuntuosa, falaz y estéril aspiración de ser un conocimiento “superior”. Se deben propiciar debates fértiles en torno a la labor intelectual para potenciar un conocimiento que vaya más allá de la autoreferencialidad y la legitimación de la dominación.
- El panorama político de América Latina evidencia que si bien existen países en los que se ha dado continuidad a un programa neoliberal, mientras que en otros se han impulsado procesos de transformación estatal a los cuales se ha denominado como “progresistas”, el denominador común de ambos modelos es el despojo, el extractivismo y la intensificación de la explotación (que incluye novedosas formas financieras), que derivan en una agresión directa a las formas comunitarias y populares de organización de la vida. Bajo la égida del desarrollo, ya sea a través de un patrón de acumulación que gire en torno al mercado o a otro centrado en el control estatal, los gobiernos de la región han quedado insertos en una práctica que tiende a consolidar la necesidad capitalista de controlar la vida, que en realidad la niega y la deforma, imponiéndose casi siempre a través de la represión, la judicialización, la tortura y la muerte. Por tanto, es necesario repensar las posibilidades de acción política a partir de una clave que subvierta la política liberal estadocéntrica que fácilmente se conjuga con un “neodesarrollismo”, para volver a mirar, impulsar y entender la política que desde abajo se practica; esa otra política que busca todo el tiempo trastocar y subvertir las herencias de la modernidad capitalista apostando a veces por la construcción de modernidades alternativas.
- Puebla, México, sede del Primer Congreso Internacional de Comunalidad, es una ciudad y un estado parte de un país que durante estos últimos años ha vivido una escalada de violencia desgarradora. La política estatal en resguardo de los grandes capitales nacionales y transnacionales –legales e ilegales–, nos ha colocado en un estado de guerra. En esa guerra los “enemigos” del estado somos nosotros, los hombres, las mujeres y en general los pueblos que oponemos resistencia a los procesos de despojo de recursos comunes y luchamos contra la incrementada explotación del trabajo. El amedrentamiento, persecución y asesinato de miles de personas, la mayoría luchadoras y luchadores cotidianos, por parte del aparato represivo del estado o de organizaciones criminales, que en la mayoría de los casos asumen una función paraestatal represiva, se ha convertido en el mecanismo de contención de cualquier posibilidad de emancipación. Ante esta situación es fundamental, hoy en México, y también en cualquier otro país, reconstituir e impulsar los tejidos sociales que permitan resguardar la vida en torno a acciones colectivas que sean capaces de poner límites a la ofensiva de la dominación. Hace poco más de 13 meses, 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías municipales y miembros del grupo paramilitar Guerreros Unidos, con conocimiento de miembros del ejército y de la Policía Federal. Esta misma noche fueron vilmente asesinados 3 otros estudiantes de la Normal y 3 personas más, todxs a manos de fuerzas estatales. Los 43 se sumaron a más de 27 mil desaparecidxs, y lxs asesinadxs a más de 153 mil desde que inició el sexenio de Felipe Calderón, cuando empezó la guerra en contra del narcotráfico, que es, en realidad, una guerra contra el pueblo mexicano. La rabia y la indignación por estos hechos de barbarie, por los anteriores y por los que siguieron nos ha nutrido en este congreso, desde donde exigimos la aparición con vida de todxs lxs desaparecidos en México y ratificamos nuestro compromiso con la lucha contra la desaparición, el feminicidio, la tortura y la muerte. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
- Nos solidarizamos y manifestamos nuestro compromiso, también, con las distintas luchas por la defensa de lo común, del agua, del territorio; por trabajo digno y contra el despojo múltiple que ocurre en cada vez más lugares de México, de América Latina y del mundo.
