Lo verificamos en qué país
de enclaves dejaron los gobiernos del matrimonio Kirchner.
Al contrario, las luchas
abajo por
los derechos humanos de ayer y de hoy construyen
caminos hacia buenos
vivires convivires
desde el afirmarse de cada cual y de todos
en "el trabajo, la dignidad
y el cambio social".
Podemos conseguir una
visión en perspectiva e integral de la realidad de Argentina si comprobamos
cómo se desarrolló el extractivismo común a todos los países de Nuestra
América. Colombia nos muestra un mayor despliegue de ese acaparamiento
territorial pero, a la vez, una importantísima y esclarecedora lucha de la
diversidad de oprimidos contra el sistema de saqueo y contaminación
ambiental. También hallamos intelectuales que son fundamentales en la
imprescindible deconstrucción cultural e ideológica de la toma generalizada
de conciencia sobre cómo subvertir el orden capitalista.
Renán Vega
Cantor profundiza en qué sucede en su país y al mismo tiempo nos sitúa en
qué consiste el avasallamiento de todos nuestros derechos humanos que
realiza la acumulación gran capitalista por desposesión y compartida por el
continente entero e incluso el mundo.
Extractivismo, enclaves y destrucción ambiental
18 de agosto de 2014
18 de agosto de 2014
Por
Renán Vega Cantor
(Revista
CEPA)
En las últimas décadas se impuso un modelo primario exportador,
similar al que conoció el país en la segunda mitad del siglo XIX, lo que ha
venido acompañado de la desindustrialización, la penetración renovada del
capital extranjero, principalmente de las multinacionales imperialistas, la
expropiación de bienes comunes y la imposición del dogma de las ventajas
comparativas, como criterio que justifica nuestra especialización en producir
bienes primarios. Cada uno de estos aspectos ameritaría un análisis detallado,
pero nos limitamos a mencionar los aspectos generales del capitalismo
extractivista que se consolidó en el país, y que se constituye en un factor
importante para explicar lo que acontece en Colombia en estos momentos.
Características
El extractivismo no se refiere solamente a la explotación de minerales o hidrocarburos, sino que incluye a diversas actividades económicas que se realizan en el país. El extractivismo se podría definir como el conjunto de actividades económicas –con sus correspondientes derivaciones militares, sociales, políticas, ideológicas y culturales– que posibilitan el flujo de materia, energía, biodiversidad y fuerza de trabajo desde un territorio determinado (en este caso Colombia) hacia los centros dominantes en el capitalismo mundial, donde se consumen a gran escala para garantizar la reproducción del capital. El extractivismo tiene características que lo identifican como modelo económico y social, con unos mecanismos particulares de funcionamiento político, como se describe brevemente a continuación.
En el extractivismo retornan las economías de enclave –un concepto que se creía enterrado en la historia latinoamericano y que hace unas décadas sonaba como un anacronismo–, en la medida en que las inversiones extranjeras de “tipo productivo” que se implantan en el territorio nacional (en las ciudades y en el campo) operan con la mirada puesta no en el mercado interno sino en el mercado mundial. En los enclaves no se efectúan procesos de acumulación de capital en el plano local y/o nacional –con los encadenamientos productivos que eso generaría– sino que las actividades se desenvuelven en consonancia con los intereses del capital transnacional, cuyo funcionamiento está ligado a los grandes mercados de los países centrales. Como enclaves operan los agronegocios, la minería pero también las zonas turísticas, los parques naturales, y los espacios urbanos que están vinculados el capitalismo mundial. Como economía de enclave de tipo extractivista funciona la producción de flores en la sabana de Bogotá, que supone el traslado de agua al mercado mundial. Son enclaves las maquilas, las zonas francas, los puertos y también los eslabones de la “economía ilegal” (una noción cada día más difícil de usar por la hibridación con lo legal), ligados a la trata de personas– al tráfico de especies animales, al comercio mundial de estupefacientes, al blanqueo de divisas…
Las relaciones laborales que se imponen en los enclaves borran los derechos de los trabajadores, puesto que anulan sus conquistas históricas e implantan la flexibilización y la precarización como norma dominante. Aparte de que generan poco empleo, y este es efímero, aumentan los niveles de explotación de la fuerza de trabajo, con la finalidad de incrementar la tasa de ganancia de las inversiones efectuadas. Los parámetros laborales que se imponen en toda la economía replican lo que sucede en los enclaves, que viene a ser la generalización de los salarios chinos, no importa si se trata de actividades propiamente primarias, o del sector servicios, o de lo que queda de industria. Al mismo tiempo, se eliminan los sindicatos y se obstaculiza la lucha colectiva de los trabajadores, a la par con el incremento del trabajo informal, la terciarización laboral, y la eliminación de los derechos de los hombres y mujeres que viven de su trabajo. La degradación laboral se convierte en una de las cartas de presentación que ofrece el Estado y las clases dominantes locales para atraer inversiones extranjeras, quienes argumentan que en este país existe una fuerza de trabajo barata, capacitada y sumisa dispuesta a dejarse explotar por los inversores extranjeros que quieran invertir su capital en nuestro territorio.
El Estado es el garante de la imposición de estas condiciones laborales, las que se usan como un gancho que atrae a los emprendedores extranjeros. En lo esencial, el Estado es un peón al servicio del imperialismo y de sus empresas, y toda su política está destinada a presentarse como el “alumno más aventajado de la clase” a escala regional, es decir, el que está dispuesto a dar lo que sea sin contraprestación alguna e incluso pagándole a las multinacionales para que se llevan nuestras riquezas naturales. Al respecto, el estudio Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista afirma que entre el 2005 y el 2010 “las empresas mineras pagaron en promedio $878 mil millones anuales por concepto del impuesto a la renta”, pero en ese período “tuvieron deducciones, descuentos y exenciones que representaron un gasto tributario para el país de $1,78 billones. Es decir, por cada $100 efectivamente pagados por este concepto, las empresas mineras tuvieron descuentos que terminaron representando pérdidas para el Estado de más de $200. Esto significa que por cada peso que pagan esas empresas, el Estado les concede dos, que provienen de los dineros que los habitantes comunes y corrientes le cancelamos al Estado por concepto de impuestos. En síntesis, las ETN vienen a un territorio de Colombia, expulsan a las comunidades que allí habitan, destruyen los ecosistemas, contaminan las aguas, dejan luego de pocos años un tremendo cráter de miseria y destrucción, y aparte de todo les pagamos para que hagan todo eso.
Los enclaves vienen acompañados de la militarización de los territorios, porque el Estado se compromete a proteger las inversiones extranjeras, con el pretexto de que esa es la condición que garantiza la permanencia de esas inversiones. Por esto observamos que en los últimos años se ha presentado un crecimiento exponencial de las fuerzas represivas del Estado para resguardar las zonas de extracción de minerales e hidrocarburos, y los lugares donde se siembran los cultivos de exportación. La militarización no solamente la efectúan las fuerzas legales, sino los grupos paraestatales que son un componente esencial del modelo extractivista, creadas, financiadas y auspiciadas tanto por el Estado como por empresarios locales y transnacionales, como lo demuestran los ejemplos del banano en Urabá, del carbón en la costa caribe, de la palma aceitera en el Choco y en la costa pacífica. Los enclaves no generan modernización ni innovación tecnológica propia, sino que allí se implantan, cuando se hace, la tecnología que es producida y controlada por las multinacionales.
En concordancia la economía y el territorio colombianos se han convertido en una especie de basurero para la chatarra producida por las multinacionales, algo que se acentúa con los Tratados de Libre Comercio, que facilitan el ingreso de las tecnologías que ya se consideran obsoletas en esos lugares, como sucede, por ejemplo, con las armas, aviones y máquinas de guerra que el Estado colombiano le compra a Estados Unidos, la Unión Europea o a Rusia. Adicionalmente, nuestro territorio se convierte en el basurero de los residuos contaminantes que se exportan desde los centros imperialistas, lo cual se legitimó en términos legislativos en los últimos años con la Resolución 809 de mayo 10 de 2006, que autorizó el ingreso a Colombia de residuos tóxicos y peligrosos para la salud y el medio ambiente. Los Tratados de Libre Comercio rematan la arquitectura institucional en el plano interno del país, para consolidar la lógica extractivista, lo cual se fundamente con dispositivos jurídicos que protegen al capital transnacional. Estos tratados se sustentan en la teoría de las ventajas comparativas que revive el esquema de división internacional del trabajo del siglo XIX y que nos condenan irremediablemente a abandonar cualquier intento de construir una economía propia y autónoma y nos obligan a vivir prisioneros de la exportación de materias primas agrícolas y minerales.
Características
El extractivismo no se refiere solamente a la explotación de minerales o hidrocarburos, sino que incluye a diversas actividades económicas que se realizan en el país. El extractivismo se podría definir como el conjunto de actividades económicas –con sus correspondientes derivaciones militares, sociales, políticas, ideológicas y culturales– que posibilitan el flujo de materia, energía, biodiversidad y fuerza de trabajo desde un territorio determinado (en este caso Colombia) hacia los centros dominantes en el capitalismo mundial, donde se consumen a gran escala para garantizar la reproducción del capital. El extractivismo tiene características que lo identifican como modelo económico y social, con unos mecanismos particulares de funcionamiento político, como se describe brevemente a continuación.
En el extractivismo retornan las economías de enclave –un concepto que se creía enterrado en la historia latinoamericano y que hace unas décadas sonaba como un anacronismo–, en la medida en que las inversiones extranjeras de “tipo productivo” que se implantan en el territorio nacional (en las ciudades y en el campo) operan con la mirada puesta no en el mercado interno sino en el mercado mundial. En los enclaves no se efectúan procesos de acumulación de capital en el plano local y/o nacional –con los encadenamientos productivos que eso generaría– sino que las actividades se desenvuelven en consonancia con los intereses del capital transnacional, cuyo funcionamiento está ligado a los grandes mercados de los países centrales. Como enclaves operan los agronegocios, la minería pero también las zonas turísticas, los parques naturales, y los espacios urbanos que están vinculados el capitalismo mundial. Como economía de enclave de tipo extractivista funciona la producción de flores en la sabana de Bogotá, que supone el traslado de agua al mercado mundial. Son enclaves las maquilas, las zonas francas, los puertos y también los eslabones de la “economía ilegal” (una noción cada día más difícil de usar por la hibridación con lo legal), ligados a la trata de personas– al tráfico de especies animales, al comercio mundial de estupefacientes, al blanqueo de divisas…
Las relaciones laborales que se imponen en los enclaves borran los derechos de los trabajadores, puesto que anulan sus conquistas históricas e implantan la flexibilización y la precarización como norma dominante. Aparte de que generan poco empleo, y este es efímero, aumentan los niveles de explotación de la fuerza de trabajo, con la finalidad de incrementar la tasa de ganancia de las inversiones efectuadas. Los parámetros laborales que se imponen en toda la economía replican lo que sucede en los enclaves, que viene a ser la generalización de los salarios chinos, no importa si se trata de actividades propiamente primarias, o del sector servicios, o de lo que queda de industria. Al mismo tiempo, se eliminan los sindicatos y se obstaculiza la lucha colectiva de los trabajadores, a la par con el incremento del trabajo informal, la terciarización laboral, y la eliminación de los derechos de los hombres y mujeres que viven de su trabajo. La degradación laboral se convierte en una de las cartas de presentación que ofrece el Estado y las clases dominantes locales para atraer inversiones extranjeras, quienes argumentan que en este país existe una fuerza de trabajo barata, capacitada y sumisa dispuesta a dejarse explotar por los inversores extranjeros que quieran invertir su capital en nuestro territorio.
El Estado es el garante de la imposición de estas condiciones laborales, las que se usan como un gancho que atrae a los emprendedores extranjeros. En lo esencial, el Estado es un peón al servicio del imperialismo y de sus empresas, y toda su política está destinada a presentarse como el “alumno más aventajado de la clase” a escala regional, es decir, el que está dispuesto a dar lo que sea sin contraprestación alguna e incluso pagándole a las multinacionales para que se llevan nuestras riquezas naturales. Al respecto, el estudio Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista afirma que entre el 2005 y el 2010 “las empresas mineras pagaron en promedio $878 mil millones anuales por concepto del impuesto a la renta”, pero en ese período “tuvieron deducciones, descuentos y exenciones que representaron un gasto tributario para el país de $1,78 billones. Es decir, por cada $100 efectivamente pagados por este concepto, las empresas mineras tuvieron descuentos que terminaron representando pérdidas para el Estado de más de $200. Esto significa que por cada peso que pagan esas empresas, el Estado les concede dos, que provienen de los dineros que los habitantes comunes y corrientes le cancelamos al Estado por concepto de impuestos. En síntesis, las ETN vienen a un territorio de Colombia, expulsan a las comunidades que allí habitan, destruyen los ecosistemas, contaminan las aguas, dejan luego de pocos años un tremendo cráter de miseria y destrucción, y aparte de todo les pagamos para que hagan todo eso.
Los enclaves vienen acompañados de la militarización de los territorios, porque el Estado se compromete a proteger las inversiones extranjeras, con el pretexto de que esa es la condición que garantiza la permanencia de esas inversiones. Por esto observamos que en los últimos años se ha presentado un crecimiento exponencial de las fuerzas represivas del Estado para resguardar las zonas de extracción de minerales e hidrocarburos, y los lugares donde se siembran los cultivos de exportación. La militarización no solamente la efectúan las fuerzas legales, sino los grupos paraestatales que son un componente esencial del modelo extractivista, creadas, financiadas y auspiciadas tanto por el Estado como por empresarios locales y transnacionales, como lo demuestran los ejemplos del banano en Urabá, del carbón en la costa caribe, de la palma aceitera en el Choco y en la costa pacífica. Los enclaves no generan modernización ni innovación tecnológica propia, sino que allí se implantan, cuando se hace, la tecnología que es producida y controlada por las multinacionales.
En concordancia la economía y el territorio colombianos se han convertido en una especie de basurero para la chatarra producida por las multinacionales, algo que se acentúa con los Tratados de Libre Comercio, que facilitan el ingreso de las tecnologías que ya se consideran obsoletas en esos lugares, como sucede, por ejemplo, con las armas, aviones y máquinas de guerra que el Estado colombiano le compra a Estados Unidos, la Unión Europea o a Rusia. Adicionalmente, nuestro territorio se convierte en el basurero de los residuos contaminantes que se exportan desde los centros imperialistas, lo cual se legitimó en términos legislativos en los últimos años con la Resolución 809 de mayo 10 de 2006, que autorizó el ingreso a Colombia de residuos tóxicos y peligrosos para la salud y el medio ambiente. Los Tratados de Libre Comercio rematan la arquitectura institucional en el plano interno del país, para consolidar la lógica extractivista, lo cual se fundamente con dispositivos jurídicos que protegen al capital transnacional. Estos tratados se sustentan en la teoría de las ventajas comparativas que revive el esquema de división internacional del trabajo del siglo XIX y que nos condenan irremediablemente a abandonar cualquier intento de construir una economía propia y autónoma y nos obligan a vivir prisioneros de la exportación de materias primas agrícolas y minerales.
En términos de la propaganda, adquieren fuerza el imaginario de enclave y la mentalidad extractivista (propio del colonialismo interno) que se basa en el prejuicio de pensar que el comercio internacional en sí mismo es la garantía de acceder al progreso, la modernización y la prosperidad. Ese mentalidad extractivista domina todas las actividades, como el deporte, la educación o la salud, por lo que no sorprende que los padres quieren que sus hijos sean exitosos futbolistas que conquistan el mercado europeo, o que el objetivo de los dueños de las universidades sea la competitividad, para lo cual preparan fuerza de trabajo barata y sumisa que le sirva al capitalismo transnacional en distintos frentes. Con el imaginario de enclave se impone la idea que el modelo exportador constituye la tabla de salvación del país, y quienes se oponen –trabajadores, campesinos, indígenas y afrodescendientes- son considerados como enemigos del progreso y del bienestar que se supone genera el libre comercio.
Consecuencias
El extractivismo tiene consecuencias nefastas en el ámbito social y ambiental. En el plano social destruye y desestructura a las comunidades locales, introduce nuevos hábitos y pautas de consumo, genera una mentalidad rentística y obliga a los habitantes de un territorio a subordinarse a los intereses de fracciones minoritarias de las clases dominantes que se articulan con el mercado internacional y se apropian de algunas migajas que les deja el libre comercio. El extractivismo aumenta la pobreza, la dependencia, la destrucción de los bienes comunes de tipo natural, que replican la eterna paradoja de la pobreza y la desigualdad en medio de la riqueza de recursos. Al mismo tiempo, se destruyen a las comunidades indígenas, y las que sobreviven son incorporadas brutalmente a la lógica extractivista, como acontece en Arauca, Boyacá, los Llanos Orientales, para mencionar algunos casos.
La destrucción de los ecosistemas por el extractivismo forma parte de la historia de la actual Colombia desde la época de la dominación española. Ahora, el extractivismo contemporáneo acelera esa destrucción en la medida en que involucra a todas las actividades económicas y cubre la totalidad del territorio nacional. La puesta en marcha de megaproyectos mineros y agrícolas altera en forma inmediata y, en la mayor parte de los casos, de manera irreversible la riqueza natural de nuestros suelos y subsuelos. Los ejemplos abundan, como se comprueba con el impacto negativo de desviar ríos, como en el Quimbo (Huila), en Ituango (Antioquia), o en la Guajira (con el río Ranchería), para satisfacer el apetito de las empresas que extraen bienes naturales.
Otro ejemplo de actualidad es lo que sucede en Paz de Ariporo (Casanare) –el segundo municipio más grande del país, con una extensión mayor que departamentos como Quindío. Risaralda, Atlántico y Sucre- en donde hace pocas semanas murieron miles de chigüiros, babillas, y otras especies de la fauna local, como resultado de la confluencia de diversas actividades depredadoras, entre ellas las de tipo extractivo. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) los acontecimientos trágicos de Casanare son un resultado de la combinación funesta de por lo menos “cinco pecados”: impacto destructivo en los páramos de alta montaña, donde nacen los ríos que surten al Casanare, por la introducción de cultivos y ganadería; una ganadería intensiva que compacta los suelos y obstruye la infiltración de aguas lluvias y escorrentía; una baja capacidad de retención de humedad debido a la textura arenosa de los suelos; una limitada capacidad productiva de los suelos; y, la utilización de aguas subterráneas por parte de las empresas petroleras, que agrava una situación local que ya se encuentra afectada por las modificaciones climáticas.
En cuanto al impacto de las actividades petroleras, debe recordarse que en el Departamento de Casanare operan las compañías Geopark, Perenco, Pacific Stratus Energy, Parex, New Granada Energy, Cepcolsa, Petrominerales, Ecopetrol, Canacol, Interoli, Adventage. En toda la Orinoquía colombiana estas empresas extraen diariamente 720 mil barriles de petróleo y 15 millones de barriles de agua, un dato que en sí mismo indica la magnitud del hidrocidio en marcha. En este contexto destructivo, resulta tragicómica la declaración del viceministro de Energía Orlando Cabrales, quien aseguró al conocer la magnitud del ecocidio del Casanare que las empresas petroleras no eran responsables y, en un verdadero oxímoron, aseguró que “agua y petróleo no son antagonistas. Son el futuro y el gran desafío que tiene este país para impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de todos los colombianos”.
El extractivismo tiene consecuencias nefastas en el ámbito social y ambiental. En el plano social destruye y desestructura a las comunidades locales, introduce nuevos hábitos y pautas de consumo, genera una mentalidad rentística y obliga a los habitantes de un territorio a subordinarse a los intereses de fracciones minoritarias de las clases dominantes que se articulan con el mercado internacional y se apropian de algunas migajas que les deja el libre comercio. El extractivismo aumenta la pobreza, la dependencia, la destrucción de los bienes comunes de tipo natural, que replican la eterna paradoja de la pobreza y la desigualdad en medio de la riqueza de recursos. Al mismo tiempo, se destruyen a las comunidades indígenas, y las que sobreviven son incorporadas brutalmente a la lógica extractivista, como acontece en Arauca, Boyacá, los Llanos Orientales, para mencionar algunos casos.
La destrucción de los ecosistemas por el extractivismo forma parte de la historia de la actual Colombia desde la época de la dominación española. Ahora, el extractivismo contemporáneo acelera esa destrucción en la medida en que involucra a todas las actividades económicas y cubre la totalidad del territorio nacional. La puesta en marcha de megaproyectos mineros y agrícolas altera en forma inmediata y, en la mayor parte de los casos, de manera irreversible la riqueza natural de nuestros suelos y subsuelos. Los ejemplos abundan, como se comprueba con el impacto negativo de desviar ríos, como en el Quimbo (Huila), en Ituango (Antioquia), o en la Guajira (con el río Ranchería), para satisfacer el apetito de las empresas que extraen bienes naturales.
Otro ejemplo de actualidad es lo que sucede en Paz de Ariporo (Casanare) –el segundo municipio más grande del país, con una extensión mayor que departamentos como Quindío. Risaralda, Atlántico y Sucre- en donde hace pocas semanas murieron miles de chigüiros, babillas, y otras especies de la fauna local, como resultado de la confluencia de diversas actividades depredadoras, entre ellas las de tipo extractivo. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) los acontecimientos trágicos de Casanare son un resultado de la combinación funesta de por lo menos “cinco pecados”: impacto destructivo en los páramos de alta montaña, donde nacen los ríos que surten al Casanare, por la introducción de cultivos y ganadería; una ganadería intensiva que compacta los suelos y obstruye la infiltración de aguas lluvias y escorrentía; una baja capacidad de retención de humedad debido a la textura arenosa de los suelos; una limitada capacidad productiva de los suelos; y, la utilización de aguas subterráneas por parte de las empresas petroleras, que agrava una situación local que ya se encuentra afectada por las modificaciones climáticas.
En cuanto al impacto de las actividades petroleras, debe recordarse que en el Departamento de Casanare operan las compañías Geopark, Perenco, Pacific Stratus Energy, Parex, New Granada Energy, Cepcolsa, Petrominerales, Ecopetrol, Canacol, Interoli, Adventage. En toda la Orinoquía colombiana estas empresas extraen diariamente 720 mil barriles de petróleo y 15 millones de barriles de agua, un dato que en sí mismo indica la magnitud del hidrocidio en marcha. En este contexto destructivo, resulta tragicómica la declaración del viceministro de Energía Orlando Cabrales, quien aseguró al conocer la magnitud del ecocidio del Casanare que las empresas petroleras no eran responsables y, en un verdadero oxímoron, aseguró que “agua y petróleo no son antagonistas. Son el futuro y el gran desafío que tiene este país para impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de todos los colombianos”.
La mortandad de animales, y la escasez de agua que se empieza a percibir en el territorio mencionado es el resultado de un desequilibrio en el ciclo hídrico, por la destrucción de paramos y humedales, el aumento en la demanda y consumo de agua para la exploración y explotación de petróleo, junto con la ganadería que seca los suelos y la demanda de agua por cultivos como el arroz y la palma aceitera. Según el profesor Orlando Vargas de la Universidad Nacional, “la sequía se origina en el mal manejo del suelo, la destrucción de las zonas de recarga acuífera y la falta de planificación del territorio”.
Dicha tragedia ambiental está ligada en forma directa al extractivismo y al libre comercio, un vínculo criminal del que se tienen nefastos antecedentes históricos a nivel mundial, tal y como aconteció en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se presentaron los holocaustos de la era victoriana, que en un determinado momento fueron considerados como una derivación inmediata de los cambios climáticos que produce el fenómeno meteorológico de El Niño. Pero estas alteraciones no se dan en el vacío sino en condiciones económicas y sociales específicas, que aumentan el impacto destructor en la medida en que la producción local, que permite la subsistencia de los pequeños productores, ya no se dedica a alimentarlos sino que se exporta al mercado mundial. O también que la utilización del agua para propiciar la exportación de productos al mercado mundial destruye las fuentes hídricas y los ecosistemas, con lo que se garantiza la muerte de plantas y animales nativos, como un resultado directo del imperialismo ecológico. En concreto, en el período mencionado se presentaron terribles hambrunas que dejaron, como mínimo, 32 millones de muertos en India, China, Brasil y otros lugares del mundo, como resultado de la vinculación directa, por la vía del libre comercio impuesto a sangre y fuego por Inglaterra, entre la producción local de alimentos y su destino al mercado mundial. Mientras que los campesinos morían de inanición, el trigo y otros cereales que habían producido con sus manos y en sus tierras llenaba las arcas de los exportadores mundiales de alimentos que iban con destino principal a Europa.
Esta referencia histórica sirve para recordar que hoy las condiciones climáticas
son peores que hace un siglo y por lo tanto sus efectos son más destructores,
porque un trastorno climático en marcha afecta al mundo entero, pero que impacta
de manera inmediata a ciertas regiones.
Investigaciones recientes recalcan que las zonas tropicales (en
donde se encuentra Colombia) son las primeras afectadas, básicamente por su
estabilidad climática y por su biodiversidad. El último informe del Panel
Intergubernamental sobre el cambio climático señala que uno de los países más
afectados es y va a ser Colombia, por la deforestación, la contaminación
hídrica, la minería y la ganadería extensiva. Algunos hechos lo indican con
preocupante contundencia. Por ejemplo, los glaciares están muriendo
aceleradamente ante nuestros ojos y al ritmo actual los que quedan van a
desaparecer en las próximas décadas: en los últimos 60 años el área de los
glaciares se ha reducido en un 60% y de 19 glaciares que teníamos en nuestro
territorio en 1900 hoy sólo existen 6. Así mismo, de los 34 paramos que posee el
territorio de Colombia (donde se encuentra el 49% de todos los que existen en el
mundo) 22 están en grave riesgo de destrucción, como resultado de la ganadería,
las quemas, la explotación minera y la expansión de la frontera agrícola.
Hoy las condiciones son más adversas que en la época victoriana –un momento en que hasta ahora estaba despegando la explotación del petróleo, rodaban los primeros automóviles en algunas ciudades de los Estados Unidos, en el mundo existían 1.650 millones de personas y la mayor parte de la gente vivía en el campo–, a la hora de considerar la retroalimentación entre el trastorno climático a escala global (que está en marcha en forma acelerada e irreversible) y los fenómenos locales (como el de Paz de Ariporo), que están relacionados con el funcionamiento del capitalismo extractivista. Además, lo acontecido en Paz de Ariporo indica a nivel micro y por anticipado cómo van a ser las guerras climáticas, en las cuales la sed insaciable de materia y energía del capitalismo destruye los hábitats locales al tiempo que exacerba la lucha por la supervivencia de los más pobres, que ya no tienen acceso ni siquiera al agua, y condena a la extinción a especies animales y vegetales, junto con la destrucción de la biodiversidad y de los ecosistemas. En este sentido, lo que sucede en Casanare es una terrible advertencia de lo que nos espera con el trastorno climático.
Luchas
En diversos lugares del territorio colombiano se han presentado protestas, resistencias y rebeliones contra el extractivismo y sus variantes. Según un estudio realizado para el Atlas Global de Justicia Ambiental, en estos momentos en Colombia se presentan 72 conflictos socio-ambientales. En Tolima, Santander, Cauca, los Llanos Orientales y otros lugares de Colombia se han desplegado notables protestas y la gente se organiza de múltiples formas para enfrentar la “locomotora minera” y los proyectos extractivistas. Entre esas luchas se destacan las libradas por los habitantes de Cajamarca y San Turban contra la minería del oro, y también las de los trabajadores petroleros en Puerto Gaitán contra la Pacific Rubiales., aunque tienen sentidos diferentes. Mientras los trabajadores petroleros están interesados en mejorar las condiciones de trabajo, sin cuestionar la misma extracción de petróleo, y las organizaciones laborales, como la Unión Sindical Obrera (USO) propenden por la nacionalización de los hidrocarburos y su explotación por parte del Estado, las comunidades locales, campesinas e indígenas, buscan que no sean extraídos esos bienes comunes de las entrañas de la tierra. Esto último se expresa en la lucha de los pobladores de El Tolima, que saben lo que implica la apertura de una descomunal mina de oro. Por eso, llevan años denunciando ese crimen social y ambiental, como lo ratificaron en la consulta de Piedras, donde el 99% de los votantes dijeron no a la AngloGold Ashanti.
Hoy las condiciones son más adversas que en la época victoriana –un momento en que hasta ahora estaba despegando la explotación del petróleo, rodaban los primeros automóviles en algunas ciudades de los Estados Unidos, en el mundo existían 1.650 millones de personas y la mayor parte de la gente vivía en el campo–, a la hora de considerar la retroalimentación entre el trastorno climático a escala global (que está en marcha en forma acelerada e irreversible) y los fenómenos locales (como el de Paz de Ariporo), que están relacionados con el funcionamiento del capitalismo extractivista. Además, lo acontecido en Paz de Ariporo indica a nivel micro y por anticipado cómo van a ser las guerras climáticas, en las cuales la sed insaciable de materia y energía del capitalismo destruye los hábitats locales al tiempo que exacerba la lucha por la supervivencia de los más pobres, que ya no tienen acceso ni siquiera al agua, y condena a la extinción a especies animales y vegetales, junto con la destrucción de la biodiversidad y de los ecosistemas. En este sentido, lo que sucede en Casanare es una terrible advertencia de lo que nos espera con el trastorno climático.
Luchas
En diversos lugares del territorio colombiano se han presentado protestas, resistencias y rebeliones contra el extractivismo y sus variantes. Según un estudio realizado para el Atlas Global de Justicia Ambiental, en estos momentos en Colombia se presentan 72 conflictos socio-ambientales. En Tolima, Santander, Cauca, los Llanos Orientales y otros lugares de Colombia se han desplegado notables protestas y la gente se organiza de múltiples formas para enfrentar la “locomotora minera” y los proyectos extractivistas. Entre esas luchas se destacan las libradas por los habitantes de Cajamarca y San Turban contra la minería del oro, y también las de los trabajadores petroleros en Puerto Gaitán contra la Pacific Rubiales., aunque tienen sentidos diferentes. Mientras los trabajadores petroleros están interesados en mejorar las condiciones de trabajo, sin cuestionar la misma extracción de petróleo, y las organizaciones laborales, como la Unión Sindical Obrera (USO) propenden por la nacionalización de los hidrocarburos y su explotación por parte del Estado, las comunidades locales, campesinas e indígenas, buscan que no sean extraídos esos bienes comunes de las entrañas de la tierra. Esto último se expresa en la lucha de los pobladores de El Tolima, que saben lo que implica la apertura de una descomunal mina de oro. Por eso, llevan años denunciando ese crimen social y ambiental, como lo ratificaron en la consulta de Piedras, donde el 99% de los votantes dijeron no a la AngloGold Ashanti.
La oposición al extractivismo en Colombia ha tenido un mayor calado en aquellas regiones en donde las comunidades locales sienten directamente afectadas sus condiciones de vida y de subsistencia y lo hacen, además, a partir de una defensa del territorio en donde entran en juego otras nociones de territorialidad, producidas por y para las mismas comunidades. Esto indica que, en contra de la propaganda de la globalización que nos anuncia el “fin de los territorios”, éstos adquieren una renovada fuerza para el capital y, por lo mismo, en esos lugares concretos es donde se ponen en juego las estrategias de lucha y de construcción de nuevas alternativas, desde abajo y desde el sur, como ha aflorado en los últimos años con los paros agrarios.
Gran parte de los conflictos ambientales se ubican en zonas habitadas por comunidades indígenas y pueblos afrocolombianos, como acontece en la Costa Atlántica en donde grupos étnicos soportan y se enfrentan al impacto negativo de la explotación de carbón, la expansión de la Ruta del Sol, la construcción de represas (Ranchería y Puerto Brisa) y los proyectos turísticos en el Parque Nacional Tayrona.
Aparte de los impactos económicos, sociales y ambientales del extractivismo en la vida cotidiana de las comunidades se despliegan un conjunto de antivalores (¿como cuáles?) que destruyen sus formas organizativas, sus tradiciones y sus relaciones ancestrales con sus territorios, tal y como lo demuestran los Awá, para quienes el petróleo es la sangre de la tierra y por lo tanto nunca debe ser extraído de las entrañas del suelo. Los conflictos socioambientales se constituyen en una respuesta de las comunidades al extractivismo, como se pone de presente con el hecho que hayan aumentado desde el momento en que se incrementó la concesión de títulos mineros durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.
Notas:
(*) Renán
Vega Cantor es historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica
Nacional, de Bogotá, Colombia. Autor y compilador de los libros Marx y el siglo
XXI (2 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 1998-1999; Gente muy
Rebelde, (4 volúmenes), Ed. Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo:
mito y realidad; El Caos Planetario, Ediciones Herramienta, 1999; Capitalismo y
Despojo, Ed. Pensamiento Crítico, Bogotá, 2013, entre otros. Premio Libertador,
Venezuela, 2008. Su último libro publicado es Colombia y el Imperialismo
contemporáneo, escrito junto con Felipe Martín Novoa, Ed. Ocean Sur, 2014.
Artículo
publicado en papel en la Revista CEPA No. 19, Bogotá 2014, que acaba de entrar
en circulación.
Destapemos la criminalidad de lesa humanidad de más de una deKada que es
profundizada por el gobierno de Macri. Volvamos a recordar:
La
década extractiva
25 de mayo de 2013
25 de mayo de 2013
Soja, minería, monocultivo de árboles y petróleo. Desalojos, fumigaciones,
desmontes y tierra en pocas manos. Judicialización y represión sobre
campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Las corporaciones y los
asesinatos en el campo profundo. Diez años que dejaron heridas.
El monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 y, en diez
años, pasó a ocupar 20 millones de hectáreas. La minería también fue por
más: de 40 proyectos se pasó a 600 (creció 1500 por ciento). Sólo dos
cifras, y dos actividades, que confirman el avance en la última década del
extractivismo (agronegocios, forestales, minería, petróleo), con
consecuencias que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos,
desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de
tierras en pocas manos, judicialización y represión. Y la bienvenida a las
corporaciones. Balance de una década extractiva.
(…)
Leer
Examinemos qué implica y cómo se desarrolla la autoorganización abajo en contra del:
Ecocidio o la destrucción sistemática de la vida
3 de mayo de 2017
¿Hasta cuándo el poder de las transnacionales
se llevará puesta la vida, el medio ambiente y la cultura de los pueblos?; ¿Cómo
frenar este plan sistemático de destrucción regido sólo por la desenfrenada
acumulación?
El Primer Juicio
Civil Internacional a la multinacional biotecnológica Monsanto, dejó a la vista
la significativa organización social existente en los 5 continentes para frenar
este desquiciado modelo productivo y cambiar de paradigma. En diálogo con
enREDando la abogada y activista Victoria Dunda, que participó del juicio,
explica qué significa la figura de “Ecocidio” como un crimen de lesa humanidad y
el juicio histórico realizado en La Haya, donde Argentina tuvo una protagónica
participación.
Duele tener que
hablar de ecocidio.
Duele su magnitud
y la necesidad mundial de tipificar este delito de lesa humanidad, no tan nuevo
pero globalizado, que ha llevado a la destrucción de nuestro propio hábitat, de
la casa común que nos cobija indistintamente.
Duele porque a
través de esta figura jurídica queda a la vista el histórico desprecio al
perfecto sistema que posibilita la vida del ser humano, entre otras millones de
especies, dentro del planeta.
Desde una
perspectiva latinoamericana, vale recordar que desde que los conquistadores
españoles comenzaron a expoliar nuestro continente, “Abya Yala” para los
primeros pueblos de estas tierras, los ecosistemas no han tenido respiro, el
mentado “desarrollo” se ha sostenido sobre una misma matriz de saqueo y desguace
de la Madre Tierra.
Al día de hoy nuestros países siguen exportando naturaleza, seguimos proveyendo materias primas a los países del “primer mundo”, somos campeones en la exportación de commodities. Se llama commodities o materias primas a los bienes transables en el mercado de valores: los hay de carácter energético (petróleo, carbón, gas natural), de metales y de alimentos o insumos (soja, trigo, maíz).
Pero los pueblos
también saben decir basta.
Como ha sucedido
a lo largo de la historia, los avances y transformaciones reales en materia de
derechos y defensa de la vida, se entretejen desde abajo.
Es a
fuerza de la obstinada lucha de las comunidades que logran frenarse
megaproyectos extractivos y la permanente depredación de los bienes comunes. Son
las víctimas del actual sistema económico productivo (extractivista /
agroindustrial) quienes están poniendo en agenda este tema urgente e
insoslayable.
Y fue por impulso
de la sociedad civil organizada, que por primera vez en la historia a través del
El Tribunal Internacional a Monsanto (TIM), logró denunciarse pública y
mundialmente la obscena brecha entre la legislación internacional de derechos
humanos y ambientales, y la legislación internacional de comercio e inversión.
El TIM,
constituido como tribunal de opinión (sin competencia jurídica), fue creado para
“aclarar las obligaciones legales y consecuencias de algunas de las actividades
de la compañía Monsanto”. Entre las referentes mundiales más visibles de esta
iniciativa que tuvo lugar en los tribunales de La Haya en octubre de 2016, se
encuentran la investigadora y periodista francesa Marie-Monique Robin y la
filósofa y escritora india, pionera del movimiento ecofeminista, Vandana Shiva.
En el marco del
juicio, el Tribunal integrado por 5 prestigiosos jueces, entre ellos, la
argentina Eleonora Lamm, subdirectora de derechos humanos de la Suprema Corte de
Mendoza, escuchó las denuncias de 30 testigos de todo el mundo y se comprometió
a evaluar los hechos que se recriminan a la empresa Monsanto y juzgar los daños
causados por la multinacional en virtud del derecho internacional vigente.
El dictamen de
los jueces se dio a conocer el 18
de abril, entre las conclusiones más relevantes se dictaminó que la
multinacional es responsable de violar derechos en salud, ambiente y propiedad,
y de entorpecer la libre investigación científica de estos temas. Uno de los
reclamos prioritarios fue la introducción del delito de “ecocidio” dentro de la
jurisprudencia internacional, para litigar en función de este crimen de lesa
humanidad.
En diálogo con
enREDando, la abogada y activista Victoria Dunda, referente de la Red de Pueblos
Fumigados que estuvo en La Haya, nos ayuda a comprender qué significa la figura
de “Ecocidio” como un crimen de lesa humanidad y el juicio histórico realizado
en La Haya:
- Desde el
Tribunal se pidió incorporar el delito de ecocidio dentro del Estatuto de Roma,
el concepto tiene que ver con todas aquellas destrucciones que se hagan sobre el
ambiente en forma general, o se desequilibren los efectos o beneficios
ambientales que generan los ecosistemas, que sea en forma masiva.
- El concepto ha
tenido varias transformaciones, por un lado el primer biólogo que habla de esto,
que es el creador de alguna manera del agente naranja, termina diciendo que es
imprescindible legislar sobre el delito de ecocidio por la masividad de las
cosas que se estaban poniendo en el mercado, y de la magnitud que contenían y el
tema de la guerra química aplicada en Vietnam. Plantea esta destrucción masiva
sobre los ambientes y todo tipo de vida, tanto humana como no humana. Pero
implicaba a quien tuviera intención de hacer ese daño.
Hoy el concepto
se amplía, haya o no intención, los efectos masivos que se pueden producir en el
ambiente prolongadamente, ya genera un delito de ecocidio y tendría que estar
planteado así. La opinión del Tribunal Internacional Monsanto es con respecto a
que se incorpore esta figura penal dentro del derecho penal internacional. El
Estatuto de Roma tiene tipificado el delito de genocidio, el delito de lesa
humanidad y el delito de guerra. Entonces, estamos pidiendo que se incorpore en
esa nominación de delitos, el de ecocidio.
- ¿Qué nos
queda después del dictamen del Tribunal?
- Muchísimo,
primeramente el camino andado, de llegar hasta acá. Estos tribunales, si bien no
son judiciales y no tienen competencia a nivel vinculante de su sentencia, sí
son opiniones mundiales de la sociedad civil, que tiene la necesidad de salir a
cubrir una falencia dentro de los Estados por connivencia o por omisión, sobre
cuestiones que son fundamentales en la vida de las Derechos Humanos. Esto es
insoslayable.
Argentina había
tenido un tribunal en el año 2010 contra las multinacionales y transnacionales,
dentro del esquema del Estado. Eso fue presentado en el TIM como prueba de lo
que habíamos decidido éticamente en Argentina en su momento.
Por otro lado,
muchas vicisitudes acerca de cuál es límite que hay que poner con respecto al
límite de las transnacionales sobre los derechos humanos y sobre el ambiente,
establece que el derecho al ambiente es fundamental y sostenedor para que se
cumplan todos los otros derechos. No hay vida sin un ambiente sano, no hay
desarrollo ni dignidad sin salud, sin ambiente y demás. Así que plasma esas
cualidades que ya estaban en el Convenio Estocolmo en 1972, pero las vuelve a
declarar.
Desde lo jurídico nos deja fuertes antecedentes, y principalmente, el poder que tenemos que tener los ciudadanos ejerciendo la democracia, como construcción indivisible, que le está diciendo a la comunidad mundial que hay que poner un límite con respecto a las empresas transnacionales, a los derechos de las transnacionales, los derechos empresarios no pueden ir en contra del derecho a la vida, a la salud y al ambiente, porque iríamos en un camino de -autodestrucción –en el que estamos, precisamente- y que es preciso salir con responsabilidad y con conciencia, apuntamos a eso y creo que es fundamental el Tribunal Monsanto.
- Además de la
presentación de los testimonios, nuestro país presentó un informe/ documento
elaborado por organizaciones y profesionales de distintos puntos del país…
- Sí, Argentina
participó con 6 testimonios orales, 4 dentro del Tribunal y 2 en la Asamblea de
los Pueblos, con testimonios presenciales. Asimismo, nuestro país presentó un
documento que fue elaborado por las organizaciones sociales, que presentaron
todos los testimonios con todo lo que se viene diciendo sobre los efectos que
tiene este modelo para la Argentina, tanto en la salud como del ambiente. Una
recopilación que se hizo con todos los estudios científicos, tiene un anexo
específico sobre el glifosato, mayoritariamente son estudios de la UNL, de la
Universidad de Rio Cuarto, de la UBA, que reflejan la realidad de nuestros
pueblos y de nuestros ecosistemas.
Los testimonios
de Andrés Carrasco, de Damián Marino, de las escuelas fumigadas, de los niños a
través de sus dibujos, de las maestros. Presentamos un informe muy interesante
que como material jurídico también es importante, donde las comunidades y
organizaciones argentinas también se hicieron voz a través de ese escrito. Así
que fuimos con muy buena representación, por un lado está bueno y por otro, es
triste tener que replicar tantas cosas para que
entiendan los propios y los ajenos qué estamos viviendo con este modelo.
- ¿Qué es lo
que más te llamó la atención al escuchar los testimonios?
-
Que se
replicara este modelo en todas las partes del mundo que se expresaron ahí, cada
continente tenía representantes que demostraban cómo Monsanto sistemática y
estratégicamente iba actuando. Eso fue muy impresionante para mí, porque uno lo
ve acá pero no cree que sea tan grande, pero lo es y está pensado y es
sistemático.
La vulnerabilidad de los pueblos en cuanto a la destrucción del ambiente, y una gran responsabilidad social y civil para seguir adelante en esto, que implica cambiar sujetos, cambiar sociedades, formas de vida y estructuras. En este camino en que estamos todos de alguna manera.También, la calidad de la gente, los científicos que han sido atacados, como les costaba en esta dualidad de estar por un lado convencidos de lo que hacen y prueban en sus laboratorios, y por otro no poder decirlo o comprometerse abiertamente porque son perseguidos, sobornados, cuestionados gravemente. El proceder de las multinacionales dentro de la comunidad científica.Y por otro lado me llenó de satisfacción confirmar que desde la sociedad civil tenemos herramientas, que nos han dado anteriormente otras luchas, y que eso lo podemos seguir llevando adelante y poner en la opinión pública lo que nos pasa en este sentido.
Percibamos cómo los gobiernos K hicieron posible( y porqué no podría Macri)
la maximización de la ocupación territorial por el sistema imperialista de
agronegocios que se centran en la soja transgénica. También percatémonos de cuán
importante es la lucha reivindicativa desde la independencia de clase y de
cuán imprescindible es el cambio radical en el funcionamiento sindical u
otra
organización sectorial y política para tener
dirigentes en acuerdo con lo dispuesto abajo en forma colectiva. Por el contrario, verifiquemos
cómo los dirigentes del Movimiento Nacional Campesino fueron amoldando los
objetivos y diálogos al capitalismo 'responsable' volviendo la espalda a la
realidad.
Multisectoriales y otras uniones entre
organizaciones populares han asumido la lucha contra la falacia de la
coexistencia de la agricultura industrial con la
agricultura campesina, contra los cultivos transgénicos y agrotóxicos,
contra leyes de monopolización de las semillas y por la soberanía
alimentaria y la agroecología.
Campesinos: ¿Una lucha no correspondida?
20 de abril
de 2015
INFORME
ESPECIAL
Por Eduardo
Soler
Este viernes
17 se celebró el Día Internacional de la Lucha Campesina, con una importante
reunión de nivel regional. En nuestro país, se ha configurado una situación
particular, que en otro contexto evocaría un triángulo amoroso. Buena parte del
movimiento campesino organizado apoya activamente al actual gobierno nacional,
pero éste viene renovando sus votos hacia el modelo del agronegocio. Por un
lado, la estrategia del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) ha dado
frutos si se observa su creciente institucionalización en la Secretaría de
Agricultura Familiar. Por otro lado, la promesa del gobierno de un presupuesto
millonario para el sector puede interpretarse como una forma de salvar las
apariencias del compromiso con las corporaciones. El
mismo 17 de abril, mientras el MNCI protestaba frente a la Sociedad Rural
Argentina, se conoció la aprobación del Ministerio de Agricultura de una nueva
soja transgénica. En esta nota, una detallada cronología del paso "de la
militancia a la gestión" en el movimiento campesino.
"Pasamos de la militancia por los derechos de los campesinos a la gestión". En
una columna conmemorativa por el 17 de abril en Página/12, Ramiro Fresneda
sintetizó así la situación del movimiento campesino en Argentina. Se trata del
actual sub-secretario de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de
Agricultura Familiar de la Nación.
En una entrevista de hace seis años, hablaba como representante del MNCI -desde el Movimiento Campesino de Córdoba- con un discurso muy crítico sobre el gobierno kirchnerista: "Los cuadros de FAA [Federacíón Agraria Argentina] en el Gobierno han demostrado controlar la subsecretaría. Desde allí intentan obligar a las organizaciones campesinas que se sumen al Foro, como requisito para asignarles recursos. Es una política clientelar con el objetivo de legitimar un espacio oficial".
Pasado el tiempo, el cambio de posicionamiento en el escenario político nos invita a pensar qué ocurrió en este sexenio con el movimiento campesino organizado. Una trayectoria que culminó con el propio Ramiro Fresnera liderando una "Mesa de Diálogo por la Agricultura Sustentable" entre movimientos campesinos y cámaras empresariales.
En una entrevista de hace seis años, hablaba como representante del MNCI -desde el Movimiento Campesino de Córdoba- con un discurso muy crítico sobre el gobierno kirchnerista: "Los cuadros de FAA [Federacíón Agraria Argentina] en el Gobierno han demostrado controlar la subsecretaría. Desde allí intentan obligar a las organizaciones campesinas que se sumen al Foro, como requisito para asignarles recursos. Es una política clientelar con el objetivo de legitimar un espacio oficial".
Pasado el tiempo, el cambio de posicionamiento en el escenario político nos invita a pensar qué ocurrió en este sexenio con el movimiento campesino organizado. Una trayectoria que culminó con el propio Ramiro Fresnera liderando una "Mesa de Diálogo por la Agricultura Sustentable" entre movimientos campesinos y cámaras empresariales.
2007- 2009: Primeras apariciones públicas
En la primera entrevista concedida por el MNCI (publicada
por Darío Aranda en Página/12)
el 24 de septiembre de 2007, Diego Montón expresaba: "Estamos convencidos de que
ninguna estructura, ya sea de gobierno o cualquier organización ajena al
territorio, será la que salve a las comunidades que están sufriendo las
consecuencias del modelo. Serán las mismas comunidades organizadas las que
pueden y deben hacerle frente para avanzar en otro modelo de desarrollo". Era la
emergencia de un importante trabajo territorial, que comenzaba a articular
movimientos campesinos de provincias del norte del país.
El 17 de
agosto de 2009, también Dario
Aranda publicaría la entrevista ya
citada, en el contexto de la salida de la "crisis del campo". Allí la mirada de
Diego Montón no estaba tan centrada en la idea de autonomía, sino en el diálogo
con el Estado: "Es difícil comprender la lógica de alianzas de este gobierno
porque mantiene en puestos claves de la Secretaría de Agricultura a muchos
cuadros de FAA. Ese sólo hecho es algo difícil de entender. Por otro lado, no ha
generado ningún espacio real de diálogo con organizaciones campesinas que
realmente estén luchando contra el agronegocio". Este punto institucional
identificado sería el principal objeto de disputa político que llevaría adelante
el MNCI.
2010: Congreso Nacional del MNCI
"Que reconozcan que
somos sujetos históricos, políticos, revolucionarios". Las
palabras de Ángel Strapazzón en el primer Congreso Nacional del MNCI sintetizan
la principal demanda: el reconocimiento. Pero el reconocimiento -sobre todo- de
parte del Estado Nacional para el movimiento campesino.
La salida de la llamada "crisis del campo" abrió un espacio de oportunidad para el movimiento campesino organizado en el MNCI. Nacido en el año 2003, el trabajo del Movimiento fue darle un marco nacional a distintas luchas que tenían hasta entonces expresiones provinciales, como el caso emblemático del MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) iniciado en 1990.
La salida de la llamada "crisis del campo" abrió un espacio de oportunidad para el movimiento campesino organizado en el MNCI. Nacido en el año 2003, el trabajo del Movimiento fue darle un marco nacional a distintas luchas que tenían hasta entonces expresiones provinciales, como el caso emblemático del MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) iniciado en 1990.
Luego de siete años de trayectoria, el MNCI realizó su primer Congreso Nacional,
del 10 a 14 de septiembre de 2010. La idea de Diego Montón, de la Secretaría
Operativa, estaba clara en los días previos: "Los movimientos no estábamos
preparados para asumir una propuesta de gobierno. El sector que mejor interpretó
el momento fue el kirchnerismo. Sigue siendo la alternativa más progresista,
pero ese no debe ser el techo".
Un mes después del Congreso, sucedió la imprevista muerte del ex-Presidente Néstor Kirchner. Frente a esa circunstancia, desde el MNCI se pronunciaron en un comunicado. "Los movimientos sociales no estuvimos en condiciones de resolver la cuestión del estado en el corto plazo", expresaron. "Fue Néstor Kirchner quien con su pasión y pragmatismo construyo un "atajo" dentro del estado liberal y burgués", agregaron. "La unidad y el respeto a la diversidad son primordiales. La capacidad del acuerdo y el normal entendimiento de los disensos. El abandono de la autorreferencia y sectarismo", propusieron en tono más crítico.
Este último fragmento es importante para la estrategia de "apoyo crítico" que emprendería el movimiento campesino, que necesitaría también demostrar cierto nivel de acercamiento al proyecto para ser considerado parte del kirchnerismo. Es decir, el reconocimiento como parte de la estrategia de institucionalización en el Estado.
Un mes después del Congreso, sucedió la imprevista muerte del ex-Presidente Néstor Kirchner. Frente a esa circunstancia, desde el MNCI se pronunciaron en un comunicado. "Los movimientos sociales no estuvimos en condiciones de resolver la cuestión del estado en el corto plazo", expresaron. "Fue Néstor Kirchner quien con su pasión y pragmatismo construyo un "atajo" dentro del estado liberal y burgués", agregaron. "La unidad y el respeto a la diversidad son primordiales. La capacidad del acuerdo y el normal entendimiento de los disensos. El abandono de la autorreferencia y sectarismo", propusieron en tono más crítico.
Este último fragmento es importante para la estrategia de "apoyo crítico" que emprendería el movimiento campesino, que necesitaría también demostrar cierto nivel de acercamiento al proyecto para ser considerado parte del kirchnerismo. Es decir, el reconocimiento como parte de la estrategia de institucionalización en el Estado.
2011: Ley contra desalojos y asesinato de Cristian Ferreyra
La
conmemoración del Día de la Lucha Campesina, el 17 de abril de 2011, encontró al
MNCI presentó por primera vez el proyecto de "Ley de freno a los desalojos". La
iniciativa fue firmada por el diputado Edgardo Depetri, del Movimiento Evita, y
acompañada por otros legisladores centro-izquierda, tanto del oficialismo como
de la oposición. Sin embargo, no encontraría respaldo mayoritario.
Ese mismo año, la Presidente Cristina Fernández había hablado de la necesidad de una "Ley de Tierras" que limita la extranjerización. En ese contexto, el posicionamiento del MNCI marcó la necesidad de discutir la posesión de tierras también entre los "nacionales". Una entrevista a integrantes del MOCASE en ese tiempo habla de la importancia de la visibilización del movimiento campesino en lograr que el gobierno nacional se "abra más al diálogo", en base a las presiones logradas por la propia movilización. Sin embargo, entre estos integrantes del MOCASE, la sintesís es clara: "Nuestro principal enemigo es el agronegocio, día a día los gobiernos están apoyándolo".
Mientras el movimiento campesino buscaba acercar posiciones con el gobierno nacional, éste iba a presentar su mayor declaración política de apoyo al agronegocio. El 6 de septiembre de 2011 se hizo público el "Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial" (PEEA) Argentina 2020. El objetivo principal es el aumento de la producción de granos para exportación, que sólo puede lograrse con un aumento de la frontera agropecuaria. Es decir, legitimando la necesidad de avanzar sobre los territorios de bosques y de comunidades campesinas.
Sólo diez
días después de este acto institucional, 16 de noviembre se produce un hecho de
alta gravedad: el asesinato de Cristian Ferreyra, integrante del MOCASE. La
muerte se produjo en un conflicto territorial, ya advertido por el movimiento.
Curiosamente -o no- una polémica ocurre cuando Darío
Aranda denuncia que Página/12 había ejercido una censura en
su cobertura de su caso, ya que habían eliminado que el MNCI -en palabras de
Adolfo Farías, del MOCASE- había señalado como una de las cuatro líneas de
responsabilidades al gobierno nacional.
Días después, en
una participación pública registrada por Marcha,
Farías explicitaba: "La cabeza de todo esto es el gobernador [Gerardo] Zamora. Y
nosotros vamos por él. Hasta hace poco tiempo, hasta hace minutos, varios
compañeros y compañeras éramos como un freezer para el levantamiento campesino.
Pero ya no vamos a ser más ese freezer, ya se ha rebalsado el vaso. Nosotros
estamos acá para anunciar que en Santiago del Estero vuelve el Santiagueñazo”.
Estas palabras hacían referencia a que se buscaba
en el territorio del MOCASE pasar a una etapa de recuperar
tierras campesinas perdidas por los desalojos de empresarios sojeros. Sin
embargo, el camino de institucionalización continuaría su rumbo.
2012: En Agricultura Familiar contra la Ley de Semillas
El 6 de
junio de 2012, la Presidente anunció desde Nueva York con orgullo nuevas
inversiones de Monsanto en Córdoba. En agosto, se conocería la intención del
Ministerio de Agricultura de sancionar
una Ley de Semillas muy
favorable a las corporaciones como Monsanto.
Aún así, o
por eso mismo, el gran cambio estratégico en la política del MNCI de acercarse
al gobierno se comienza a implementar en esta segunda mitad del 2012.
El 17 de agosto de 2012 la Agencia Paco Urondo publica una extensa entrevista a referentes del MNCI. En ella, Diego Montón expresa que el movimiento realizó una "autocrítica en términos de que todo nuestro proceso tenía un eje muy fuerte en la autonomía y casi en el descreimiento total del rol del Estado". Si bien argumenta que el cambio comienza a darse en el 2005 con el rechazo al ALCA, ya observamos que en el 2007 e incluso 2009 manifestaban una posición mucho más crítica hacia el kirchnerismo.
En esa misma nota, otro de los referentes, Ángel Strapazzón, hizo pública una línea de pensamiento más pragmática: "Nosotros no somos críticos porque se apoya la matriz productiva para tener recursos para distribuir y que haya menos pobres. Lo que nosotros decimos es que tienen cuadros políticos que no entienden que mientras estás alimentando y durmiendo con el enemigo por qué no alimentan a los que no son para nada enemigos, es decir, el campesinado. O sea, no dejes de relacionarte con la soja pero poné mucha guita en el campesinado, en agricultura familiar, poné guita ahí".
Días después, el
27 de agosto, se oficializó el nombramiento del
dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, como Subsecretario de
Agricultura Familiar de la Nación. Remplazó a Daniel Martini, dirigente de la
agrupación kirchnerista CANPO. Con él, llegaría al organismo Ramiro Fresnera,
referente del MNCI. El abogado es hermano del actual Secretario de Derechos
Humanos de la Nación, Martín Fresneda, designado para su puesto el 15 de mayo
del mismo año. Y de hecho Ramiro Fresnera había comenzado a trabajar en esa
delegación, al menos en agosto de ese año.
Por esa misma época, se desarrolló el histórico Juicio por las Fumigaciones en Córdoba. Por pedido de organizaciones del lugar, concurrió Martín Fresneda como Secretario de Derechos Humanos. El Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel había pedido declarar "delito de lesa humanidad" las muertes por fumigaciones. Contrariado, el funcionario declaró que "yo no le echaría la responsabilidad al modelo, yo creo que hay empresarios y productoras que cumplen la ley y otros que no la cumplen".
El 3 de octubre el MNCI junto a otras organizaciones publica "10 razones contra modificaciones de la Ley se Semillas en Argentina". Allí denuncia a "sectores del Agronegocio, de las transnacionales, así como el Ministro de agricultura y otros funcionarios".
El 10 de octubre otra vez la violencia del agronegocio fue la culpable de un campesino muerto en Santiago del Estero: Miguel Galvan del MOCASE. Un día después se realizó un acto de repudio frente al Congreso Nacional, en el cual participó el subsecretario Pérsico junto a militantes del Movimiento Evita, entre otros sectores políticos. Esta vez la responsabilidad política se circunscribe más claramente sólo al gobierno provincial.
Por esa misma época, se desarrolló el histórico Juicio por las Fumigaciones en Córdoba. Por pedido de organizaciones del lugar, concurrió Martín Fresneda como Secretario de Derechos Humanos. El Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel había pedido declarar "delito de lesa humanidad" las muertes por fumigaciones. Contrariado, el funcionario declaró que "yo no le echaría la responsabilidad al modelo, yo creo que hay empresarios y productoras que cumplen la ley y otros que no la cumplen".
El 3 de octubre el MNCI junto a otras organizaciones publica "10 razones contra modificaciones de la Ley se Semillas en Argentina". Allí denuncia a "sectores del Agronegocio, de las transnacionales, así como el Ministro de agricultura y otros funcionarios".
El 10 de octubre otra vez la violencia del agronegocio fue la culpable de un campesino muerto en Santiago del Estero: Miguel Galvan del MOCASE. Un día después se realizó un acto de repudio frente al Congreso Nacional, en el cual participó el subsecretario Pérsico junto a militantes del Movimiento Evita, entre otros sectores políticos. Esta vez la responsabilidad política se circunscribe más claramente sólo al gobierno provincial.
A una semana
del nuevo asesinato, el 16 de octubre se rebautiza como "Ley Cristian Ferreyra"
a la propuesta presentada en abril de 2011 para frenar los desalojos. La
consigna fue clara: "No
podemos permitir ni un solo muerto más en manos de empresarios del Agronegocio".
El 16 de noviembre -a un año del asesinato de Ferreyra- se presentó la Ley al subsecretario Pérsico. La cobertura de Página/12 incluyó la voz de Depetri quien expresó que "los tiempos políticos siguen construyéndose". También se mencionó a Ramiro Freneda como abogado del MNCI y funcionario nacional. La Revista Crisis notificó la promesa de Pérsico de aprobar la Ley antes de fin de año, que no se cumpliría. Y el testimonio de la mamá de Cristian Ferreyra: “Presidenta, nosotros la votamos, ahora vote nuestra Ley”.
En este contexto, el 7 de diciembre de 2012, Pérsico presentó oficialmente a Ramiro Fresnera, en la Dirección de Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar. Según Pérsico, el nombramiento surgió del diálogo y tiene como objetivo el trabajo articulado con las organizaciones. El 17 de diciembre, recibió delegaciones del MNCI que insistieron sobre la Ley contra Desalojos y preocupados por la Ley de Semillas.
El 16 de noviembre -a un año del asesinato de Ferreyra- se presentó la Ley al subsecretario Pérsico. La cobertura de Página/12 incluyó la voz de Depetri quien expresó que "los tiempos políticos siguen construyéndose". También se mencionó a Ramiro Freneda como abogado del MNCI y funcionario nacional. La Revista Crisis notificó la promesa de Pérsico de aprobar la Ley antes de fin de año, que no se cumpliría. Y el testimonio de la mamá de Cristian Ferreyra: “Presidenta, nosotros la votamos, ahora vote nuestra Ley”.
En este contexto, el 7 de diciembre de 2012, Pérsico presentó oficialmente a Ramiro Fresnera, en la Dirección de Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar. Según Pérsico, el nombramiento surgió del diálogo y tiene como objetivo el trabajo articulado con las organizaciones. El 17 de diciembre, recibió delegaciones del MNCI que insistieron sobre la Ley contra Desalojos y preocupados por la Ley de Semillas.
2013: Capacidad de gestión en diferentes provincias
El año
continúo con los temas pendientes, pero se caracterizó por la puesta en marcha
de la gestión en diferentes territorios provinciales con conflictos
territoriales: Formosa, Córdoba y Santiago del Estero. Y el logro de extender la
influencia a nivel regional.
El 6 de marzo de 2013 los hermanos Fresneda concurren en visita oficial a la comunidad Qom. La Primavera en Formosa liderada por Félix Díaz, quien presenta sus reclamos territoriales y por violaciones a derechos humanos. Desde la comunidad se hablaría del "sabor amargo" que dejó esa visita de funcionarios nacionales.
Ese mismo mes se inicia un hecho histórico: el traspaso de la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC- VC) hacia la representación argentina: el MNCI.
El 15 de abril de 2013, Ramiro Fresnera se presentó como funcionario nacional por el desalojo sufrido por campesinos en el norte de Córdoba, indicando que investigarían la responsabilidad del gobierno provincial.
El 6 de marzo de 2013 los hermanos Fresneda concurren en visita oficial a la comunidad Qom. La Primavera en Formosa liderada por Félix Díaz, quien presenta sus reclamos territoriales y por violaciones a derechos humanos. Desde la comunidad se hablaría del "sabor amargo" que dejó esa visita de funcionarios nacionales.
Ese mismo mes se inicia un hecho histórico: el traspaso de la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC- VC) hacia la representación argentina: el MNCI.
El 15 de abril de 2013, Ramiro Fresnera se presentó como funcionario nacional por el desalojo sufrido por campesinos en el norte de Córdoba, indicando que investigarían la responsabilidad del gobierno provincial.
El 17 de
abril de 2013, en una nueva entrevista
con Darió Aranda, el referente del MNCI Diego Montón señaló
que existe "una gran contradicción del Gobierno" nacional. Sin embargo, atemperó
su responsabilidad en los asesinatos de campesinos: "Tiene que ver con la
dinámica de la democracia y la política de hoy". Y agregó: "Cuando se entra en
la disputa del poder del Estado hay reglas que no se dicen pero que tienen que
ver con esa dinámica de construcción de poder electoral. Con el asesinato de
Cristian Ferreyra tuvimos la solidaridad de mucha gente del Gobierno. También es
cierto que ni la Presidenta ni ministros se expresaron públicamente sobre el
tema. Y tiene que ver con las alianzas electorales".
En el mismo
tenor, el 9 de mayo de 2013 el MNCI expresó su "repudio
a la Toma de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Santiago del Estero".
Y con mayor precisión: "Reivindicamos y apoyamos al Compañero Emilio Pérsico,
por el cambio en la conducción de la Subsecretaria provincial",
El 25 de mayo de
2013, en ocasión de cumplirse diez años de gobierno kirchnerista, el MNCI
publicó su programa político: "Vamos por lo que falta". El punto siete
abogaba por la institucionalización de la agricultura familiar, campesina e
indígena.
El
18 de septiembre titulamos "una
audiencia con sabor a poco"
la nueva presentación por la Ley contra desalojos junto con el pedido por un
Instituto de la Agricultura Familiar y
Campesina. El Comunicado
del 20 de septiembre de 2013del
MNCI destaca. “La creación de la Subsecretaria de agricultura familiar es un
paso, una conquista de este pueblo y de este gobierno”. “Pero aun esta la
necesidad de democratizar la Tierra". Y puntualiza: "En otros países de America
latina existe esta forma de institucionalizar las cuestiones del sector y esto
puede mejorar la instrumentación e implementación de políticas que realmente
impacten".
El primero de octubre Martín Fresneda envió funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos a colaborar por los activistas contra Monsanto que habían sido reprimidos en Córdoba.
El 21 de noviembre de 2013 expresaron satisfacción por los cambios en el Gabinete Nacional: "Nuevas caras, renuevan las perspectivas". Allí se explica: "El ministerio de Agricultura [con Norberto Yahuar] se encontraba en un estancamiento de gestión que favorecía el desarrollo del capital financiero y su modelo agropecuario". Y estimaban que "la llegada de Carlos Casamiquela genera nuevas condiciones de diálogo que permitirán redireccionar la política agropecuaria, para ello creemos que es urgente establecer los mecanismos de diálogo y trabajo del ministerio con las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar, aumentar considerablemente el presupuesto destinado al sector y frenar el lobby de las trasnacionales en cuanto a una ley de semillas".
2014: Diálogo por la Agricultura Sustentable
La principal
novedad llegó con el inicio del año. Del 25 al 27 de febrero se realizó la Mesa
Nacional de Diálogo para la Agricultura Sustentable convocada por la
Sub-Secretaría de Agricultura Familiar en Santiago del Estero.
En línea con el
pensamiento expresado en agosto de 2012 (no se trata de combatir la soja sino
apoyar la agricultura familiar, por Ángel Strapazzón; y
el problema no es el
modelo sino la responsabilidad de los productores, por Martín Freneda) se
produjo la tesis de la coexistencia de ambas agriculturas.
Así participaron diferentes organizaciones campesinas, incluyendo MNCI junto con
ACINA (Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino), FNC (Frente Nacional
Campesino), y la FONAF junto con entidades empresarias: AcSoja (Asociación de
la Cadena de la Soja Argentina) y Aapresid (Asociación Argentina de Productores
en Siembra directa) y FAA (Federación Agraria Argentina).
El 28 de febrero de 2014,
Gerardo Zamora -quien había sido denunciado como el
responsable político del asesinato de Cristian Ferreyra en 2011 y luego de
Miguel Galvan en 2012- sería distinguido por la Presidente Cristina Fernández
como Presidente Provisional del Senado, ubicándolo en la línea de sucesión
presidencial. Años atrás, el dirigente había proclamado a Santiago del Estero
como "capital del kirchnerismo".
Aún así, el 25 de mayo de 2014 el MNCI se movilizó con la consigna "vamos por lo que falta".
El 3 de julio de 2014 se hace una jerarquización en el área de la Agricultura Familiar, que se transformó en una Secretaría, también dirigida por Pérsico. Como parte de esta consolidación institucional, del mismo modo fue ascendido el 11 de agosto Ramiro Fresneda, referente del MNCI, al cargo de subsecretario de Fortalecimiento Institucional.
El 22 de agosto de 2014 el dirigente del MNCI Angel Strapazzon participó como uno de los oradores en el acto de lanzamiento de la pre-candidatura de Jorge Taiana. La postulación, que se debe resolver en meses, se hace como referente del Movimiento Evita dentro de las PASO del kirchnerismo. Allí explicó como una de las razones la propuesta de creación del Ministerio de la Economía Popular.
El 8 de septiembre de 2014 se realiza primer encuentro del Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Desde esta plataforma, se incrementó el pedido por una Ley de Agricultura Familiar.
El 12 de noviembre la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto “Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familia". Sin embargo, por pedido del Presidente de la Comisión de Agricultura (kirchnerista) se retiró el artículo que le daba presupuesto propio, por 1.500 millones de pesos. "Una Ley de Agricultura Familiar sin Presupuesto Propio, es sólo una Declaración de Principios". Las organizaciones MNCI, MNC y ACINA, entre otras, puntualizaron: "reconocemos los importantes avances, sintiéndonos parte de este proyecto nacional y popular, pero al mismo tiempo creemos que es necesario mayor presupuesto para el Sector".
En diciembre, se realizó el juicio por el asesinato de Cristian Ferreyra. Desde el MOCASE, el comunicado del 10 de diciembre de 2014 expresa que la sentencia desfavorable "pone en evidencia el pacto establecido entre el poder político y económico de Santiago del Estero para imponer un modelo de desarrollo y acumulación, a través de la violencia contra las poblaciones rurales".
En paralelo, continuó el debate legislativo. El 16 de diciembre se prometió un presupuesto de 1.500 millones para la Ley de Agricultura Familiar, que iba a efectivizarse con la reglamentación de la norma. El 19 de diciembre se sancionó así la Ley, sin el artículo del presupuesto. El comunicado del Ministerio de Agricultura destacó: "Cerramos 2014, el Año Internacional de la Agricultura Familiar, con la aprobación de una Ley que ampliará derechos en el interior profundo de nuestro país".
Aún así, el 25 de mayo de 2014 el MNCI se movilizó con la consigna "vamos por lo que falta".
El 3 de julio de 2014 se hace una jerarquización en el área de la Agricultura Familiar, que se transformó en una Secretaría, también dirigida por Pérsico. Como parte de esta consolidación institucional, del mismo modo fue ascendido el 11 de agosto Ramiro Fresneda, referente del MNCI, al cargo de subsecretario de Fortalecimiento Institucional.
El 22 de agosto de 2014 el dirigente del MNCI Angel Strapazzon participó como uno de los oradores en el acto de lanzamiento de la pre-candidatura de Jorge Taiana. La postulación, que se debe resolver en meses, se hace como referente del Movimiento Evita dentro de las PASO del kirchnerismo. Allí explicó como una de las razones la propuesta de creación del Ministerio de la Economía Popular.
El 8 de septiembre de 2014 se realiza primer encuentro del Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Desde esta plataforma, se incrementó el pedido por una Ley de Agricultura Familiar.
El 12 de noviembre la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto “Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familia". Sin embargo, por pedido del Presidente de la Comisión de Agricultura (kirchnerista) se retiró el artículo que le daba presupuesto propio, por 1.500 millones de pesos. "Una Ley de Agricultura Familiar sin Presupuesto Propio, es sólo una Declaración de Principios". Las organizaciones MNCI, MNC y ACINA, entre otras, puntualizaron: "reconocemos los importantes avances, sintiéndonos parte de este proyecto nacional y popular, pero al mismo tiempo creemos que es necesario mayor presupuesto para el Sector".
En diciembre, se realizó el juicio por el asesinato de Cristian Ferreyra. Desde el MOCASE, el comunicado del 10 de diciembre de 2014 expresa que la sentencia desfavorable "pone en evidencia el pacto establecido entre el poder político y económico de Santiago del Estero para imponer un modelo de desarrollo y acumulación, a través de la violencia contra las poblaciones rurales".
En paralelo, continuó el debate legislativo. El 16 de diciembre se prometió un presupuesto de 1.500 millones para la Ley de Agricultura Familiar, que iba a efectivizarse con la reglamentación de la norma. El 19 de diciembre se sancionó así la Ley, sin el artículo del presupuesto. El comunicado del Ministerio de Agricultura destacó: "Cerramos 2014, el Año Internacional de la Agricultura Familiar, con la aprobación de una Ley que ampliará derechos en el interior profundo de nuestro país".
2015: Ley y Presupuesto por Agricultura Familiar
El año comenzó el 5 de enero con la reunión del Consejo de Agricultura Familiar,
encabezado por el entonces Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, donde reafirmó el
compromiso por el presupuesto. El 26 de febrero se produciría su reemplazo por
Aníbal Fernández.
En un comunicado del 30 de enero de 2015, el MNCI apoyó las medidas sobre la SIDE, porque "en la lucha por el derecho a la tierra, hemos sufrido el accionar de esta asociación ilícita y espúria, espionaje, persecución, criminalización, desigualdad ante la ley, sobre dirigentes y lideres campesinos. El primero de marzo se sumaron a la concentración por la Apertura del Año Legislativo "en defensa de la democracia y de Cristina".
En un comunicado del 30 de enero de 2015, el MNCI apoyó las medidas sobre la SIDE, porque "en la lucha por el derecho a la tierra, hemos sufrido el accionar de esta asociación ilícita y espúria, espionaje, persecución, criminalización, desigualdad ante la ley, sobre dirigentes y lideres campesinos. El primero de marzo se sumaron a la concentración por la Apertura del Año Legislativo "en defensa de la democracia y de Cristina".
En marzo de
2015, en
un artículo publicado por TELAM, se difundieron las deliberaciones de
la Comisión Política de la CLOC. Allí Diego Montón declaró que “en cuanto a la
Argentina, el Congreso de la CLOC viene a coronar una etapa de mayor visibilidad
de un sujeto que estaba invisibilizado y sin voz”, con logros como un “espacio
institucional en el Ministerio de Agricultura, una ley de la Agricultura
Familiar y un Consejo de la Agricultura Familiar Campesino-Indígena”. Destacó
también el compromiso “de asegurar un presupuesto de 1.500 millones de pesos
para este año”.
El 16 de marzo la Presidente Cristina Fernández anunció el "acuerdo histórico" con la Federación Agraria Argentina, por la cual el gobierno nacional se comprometió a financiar al sector por unos 2.600 millones de pesos anuales en materia de la devolución a retenciones por exportación de granos. La mandataria nada informa sobre el financiamiento de la Ley de Agricultura Familiar, que llegaría sí a la gran mayoría de trabajadores del "campo".
En ese
contexto incierto, organizaciones campesinas se muestran con preocupación por el
pedido del presupuesto propio, según
publicó el 7 de abril la Agencia Paco Urondo. Para Benigno López del
Frente Nacional Campesino: "es responsabilidad del Estado. Se quiso cerrar como
que ya estaba todo. Algunos creyeron que con el acto del 5 de enero estaba todo
y que las organizaciones ya no hacían falta pero tienen que estar desde el
inicio hasta el final". Y agregó sobre la responsabilidad de las organizaciones
campesinas: "falta de priorizar la participación genuina de las organizaciones.
Porque a varios nos dejaron afuera". La tarea recae justamente en Ramiro
Fresneda, como sub-secretario de Fortalecimiento Institucional.
Y del 14 al 17 de abril se realizó el trascendente VI Congreso Continental CLOC- Vía Campesina" en Buenos Aires con el lema "contra el capitalismo, por la soberanía de nuestros pueblos". Como acto previo, Jorge Taiana participó en una charla por la integración regional. En Miradas al Sur, Strapazzón explicó la importancia con estas palabras: "Un Congreso que es memoria y desafío, ya que la CLOC-VC ha ofrecido cuadros y militantes a los procesos de cambios, tanto en los Estados como en muchos de los Gobiernos de América Latina”.
El mismo 17 de abril, como informó Darío Aranda, el Ministerio de Agricultura oficializó la aprobación de una nueva semilla transgénica de la soja, resistente al agrotóxico 2-4D, aún más peligroso que el glifosato.
Balance muy provisorio
La
estrategia de institucionalización en el Estado emprendida desde hace cinco años
por el MNCI tuvo un éxito relativo si se observa su participación en la
Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Desde allí, puede analizarse
que tuvo cierta incidencia en impedir el tratamiento de una Ley de Semillas que
favorezca los intereses de las corporaciones del agronegocio, como es la línea
predominante en el propio Ministerio de Agricultura, pero sobre todo del
Ministerio de Ciencia y aún la propia Presidencia.
Sin embargo, tal vez la idea más riesgosa sea la plasmada en la Mesa de Diálogo por la Agricultura Sustentable, en donde las organizaciones campesinas buscan confraternizar con los empresarios del agronegocio. Si antes del asesinato de Cristian Ferreyra se intentaba recuperar espacios perdidos por desalojos, la cuestión del territorio en disputa no parece resolverse con esta estrategia que busca favorecer la agricultura campesina sin atacar el núcleo del modelo sojero. Esta es la coexistencia.
Mientras la Vía Campesina llama a luchar contra el capitalismo, el actual gobierno nacional proclama la necesidad de un capitalismo responsable, expresado en el agronegocio. La política -claro está- no puede reducirse al argumento de un triángulo amoroso, pero los intereses expuestos en lo que se concibe como un matrimonio por conveniencia (la alianza con Monsanto, por caso) que se perpetúa en el tiempo frente a otros pretendientes lozanos puede no ser más que en un aventura. Hoy un juramento, ¿mañana una traición?
Ver también:
Sin embargo, tal vez la idea más riesgosa sea la plasmada en la Mesa de Diálogo por la Agricultura Sustentable, en donde las organizaciones campesinas buscan confraternizar con los empresarios del agronegocio. Si antes del asesinato de Cristian Ferreyra se intentaba recuperar espacios perdidos por desalojos, la cuestión del territorio en disputa no parece resolverse con esta estrategia que busca favorecer la agricultura campesina sin atacar el núcleo del modelo sojero. Esta es la coexistencia.
Mientras la Vía Campesina llama a luchar contra el capitalismo, el actual gobierno nacional proclama la necesidad de un capitalismo responsable, expresado en el agronegocio. La política -claro está- no puede reducirse al argumento de un triángulo amoroso, pero los intereses expuestos en lo que se concibe como un matrimonio por conveniencia (la alianza con Monsanto, por caso) que se perpetúa en el tiempo frente a otros pretendientes lozanos puede no ser más que en un aventura. Hoy un juramento, ¿mañana una traición?
Ver también:
En 2011 y en
Confraternizarhoy escribí:
El Movimiento
Nacional Campesino Indígena desconoce que
mediante:
·
El Estado terrorista (Triple Alianza y dictadura genocida) se
implantó un proceso de reorganización socioeconómica, cultural, política e
institucional para bloquear la lucha de las clases oprimidas e ir
legalizando-legitimando con la 'democracia' el dominio
absoluto de la alianza de capitales imperialistas con todos los factores locales
de poder, estos últimos como socios menores.
·
La descentralización estatal o falso federalismo se consolidó el
régimen latifundista de propiedad y el político tanto de las satrapías como del
'honorable' Senado, también el diseño de las elecciones que hasta llega a abordar la
ciudad de Buenos Aires como proyecto aislado del país entero e incluso dividida
en comunas.
·
El conflicto "gobierno K versus Mesa de Enlace" se fanatiza la
adhesión a Cristina Fernández de Kirchner y se elude el debate fundamental sobre
qué y cómo es el crecimiento económico, cuáles son sus consecuencias
socioambientales y a quiénes beneficia en exclusivo.
·
El modo de producción basado en el modelo extractivo hace imposible
que se concrete la justicia social (de ahí la autodenominación K de modelo con
inclusión social) por distribución de riquezas e ingresos, microemprendimientos y economía social. Las medidas del gobierno CFK en estas
áreas acuerdan con planes del Banco Mundial. Por un lado, hay reparto de
ingresos de ANSES. La parte mayor
de esos fondos previsionales fue transferida al poder económico e imperialista y
la
menor se la destinó a nivelar a jubilados y pensionados de suerte que del 17%
con la mínima al comienzo del mandato K pasa a recibirla casi el 80%. También asistió a discapacitados, desocupados y
ex combatientes en Malvinas. La menor implicó incluir en la miseria. Por otro lado CFK procedió a lo dispuesto por
el BM
durante los noventa que
proyectó que los excluidos y marginados se arreglen para sobrevivir por sí solos
o con ayuda solidaria de otros menos pobres. La política social K al incluir en
la miseria fue una manera de someter a sobrevivir sea como sea en constante
incremento
porque el modo de producción basado en el modelo extractivo extiende y
profundiza el empobrecimiento al ser incompatible con
la vida campesina e indígena y con el funcionamiento verdadero tanto de las
cooperativas como de la economía social.
Frente a esta
realidad en profundización incesante,
los de abajo debemos abordar la «reforma agraria integral» como construcción de
la soberanía alimentaria que significa el desarrollo de la agroecología y la lucha por erradicar los agronegocios, el supermercadismo, la economía de enclaves exportadores y la integración
continental efectivizada con Cosiplan-IIRSA. También precisamos enfocarla como buen
vivir, lo que
nos exige comenzar por atender a nuestras condiciones de vida y trabajo a lo
largo y ancho del país y en acuerdo a ese mejoramiento facilitar la distribución
demográfica con viviendas, trabajos, servicios sociales básicos e
infraestructura socioeconómica que concuerden con la dignidad humana de todos
nosotros (y de los que necesiten o quieran habitar Argentina) sin discriminación
de tipo alguno.
En consecuencia, la «reforma
agraria integral» como recuperación de la soberanía
alimentaria y construcción del buen
vivir nos exige, a los de abajo,
unirnos en diversidad de trabajo y de dignidad humana. Pero contra este
hermanamiento de nosotros -los de abajo- y contra nuestro compromiso con hacer
posible un mundo de derechos para todos sin discriminación de tipo alguno, está
la realidad de que volvemos a caer en
la trampa de confiar en soluciones desde los de arriba. En los ochenta creímos
que el gobierno constitucional bastaba para dejar atrás al Estado terrorista y
al orden socioeconómico así instaurado. En los noventa, creímos en la
Convertibilidad y las privatizaciones, desregulaciones... Como en esas décadas,
no admitimos situarnos en lo que les sucede, piensan y proponen los
criminalizados, excluidos, atropellados en sus derechos y los silenciados e
invisibilizados. En la postconvertibilidad somos cómplices de desalojos,
envenenamientos, empobrecimiento y exclusión social de comunidades de las "zonas de
sacrificio", también de la destrucción de ecosistemas con sus consiguientes etnocidios
y genocidios silenciosos.
Pero hoy a diferencia de los noventa los
intelectuales progresistas e
izquierdistas ni siquiera despiertan ante la propuesta
de la Presidenta a
los grandes capitales en Quatar:"la Argentina ofrece una muy buena oportunidad de negocios".Es
decir, Cristina Fernández de
Kirchner les entrega el país
desembozadamente y para tentarlos aún más les aclara: "hoy
tenemos un país totalmente confiable y previsible", con
lo cual les promete que no sólo podrán llevarse nuestras riquezas sino que la
seguridad jurídica para los inversores extranjeros, les garantiza ser
subsidiados directa e indirectamente, tener mano barata de obra y contar con
fuerzas militarizadas de seguridad y grupos de choque para efectivizar la
eliminación de la protesta social.
Nuestra rebelión en 2001-2002 contra el
sistema opresor fue derrotada al delegar mayoritariamente los
imprescindibles cambios sociales en el gobierno CFK por
caracterizarlo como nacional, popular y de derechos humanos. ¿Por qué arraiga
esa creencia en las mayorías? Se fundamenta en:
-
Discursos y procedimientos K destinados a defenestrar a
enemigos tradicionales y ciertos pero que desconocen e invisibilizan a las
transnacionales componentes esenciales del poder económico o real de la
Argentina de hoy. Las encubren mediante elogios al extraordinario
crecimiento económico que materializa los intereses de ellas y que avanza
sobre los derechos de nosotros, los de abajo. Incluso el gobierno K,
mediante el pacto social, nos concilia con el gran empresariado local,
transnacionalizado que se enriqueció sobre todo a partir de ser parte de la
dictadura genocida y valerse de ella para convertir su deuda exterior en
deuda pública externa, con lo cual es el protagonista crucial de la
descapitalización argentina y el empobrecimiento de la mayoría de nosotros.
-
Medidas gubernamentales que parecen cambios democráticos a
profundizar pero que resultan bien restringidas por estar articuladas con el
proceso de raudo crecimiento de la concentración y transnacionalización
tanto económica como territorial. Al mismo tiempo esos logros condicionados,
revelan que nuestras reivindicaciones pueden concretarse transformando
efectivamente nuestra realidad si las asumimos como contenidos de un
programa de la diversidad popular para la emancipación del capitalismo e
imperialismo y también como cambios tendientes a la reciprocidad de las relaciones
entre los de abajo en nuestra cotidianeidad.
- Bloqueo del debate entre los de abajo sobre la apropiación y uso del territorio de Argentina, es decir, del modelo extractivo o productivo en vigencia. Incluso los K hicieron admirar los boom de soja transgénica, de biodiesel y de construcción inmobiliaria para sectores con poder adquisitivo. Hicieron creer en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios, por tanto, en IIRSA. Hicieron confiar en el federalismo que el BM programó para facilitar la entrega del país y la gobernabilidad del sistema de saqueo; etc..
Las tres conductas orientan hacia dónde el
frente cultural político precisa rumbear para suscitar voluntad mayoritaria de
adueñarse del destino común.
Resumamos,
enfoquemos la «reforma
agraria integral» como programa emancipador del estar subsumidos en los subsistemas
(agroindustriales, mineros, petroleros, automotrices...) del
capitalismo globalizado y neoliberal. Vía
Campesina nos
aclara:
"La «Reforma Agraria» debe estar unida a una
política de «soberanía alimentaría», esta última entendida como el derecho de
todos los pueblos a planificar su agricultura para atender prioritariamente a
toda su población, con alimentos en abundancia, baratos, de buena calidad y
durante todo el año. Es necesario adecuarse a los modelos tecnológicos que sean
adecuados para el aumento de la producción sin perjudicar la salud de los/as
campesinos y de la población en general, así como para la preservación de los
recursos naturales.
El ideal de la «Reforma Agraria» no puede ser visto como una necesidad exclusiva de los/as campesinos/as, sino como una solución social para los problemas de toda la sociedad. En esa perspectiva, solamente será viable si está inserta como una reivindicación, una plataforma de lucha de amplios sectores populares de cada país. Los/as campesinos/as en solitario no podrán conquistar la Reforma Agraria y los cambios en el campo. La fuerza concreta de los/as campesinos/as y del pueblo en general, reside en su capacidad de organización desde las bases, desde las comunidades, y en su permanente disposición de luchar por sus ansias y derechos. Deben crearse nuevas formas autónomas de organización económica productiva, financiera y de gestión del desarrollo rural, de acuerdo con las tradiciones organizativas de cada pueblo. La Vía Campesina, a través de los diferentes movimientos organizados y a través de la facilitación de los procesos de la Campaña Global, se opone a las propuestas del Banco Mundial, que fomentan la venta de tierras por parte de los/as latifundistas a los/as trabajadores/as con poca tierra o sin ella; ésta es una política negativa y lejos de aliviar la pobreza rural, excluye a los/as campesinos/as, estimula la corrupción y el clientelismo, los/as empresarios/as venden sus peores tierras a precios inalcanzables por los/as campesinos; el mercado en sí es una trampa cuyo propósito es poner el control del proceso en las élites rurales. La Vía Campesina promueve una «Reforma Agraria» y una «Soberanía Alimentaria» que luchan contra los efectos de la Revolución Verde, promoviendo la agroecología, la armonía entre la producción, la naturaleza y el medio ambiente". Leer
Revisemos
la
gravedad de que una parte importante de nosotros no tenga conciencia sobre
que el sistema capitalista está en crisis estructural y civilizatoria. Tal
desinformación es a
causa de que CFK y el progresismo convencen de lo contrario. Ejemplifiquemos
porqué ese desconocimiento va contra la atención de nuestras necesidades e
intereses. En el año 2009, mientras acá el kirchnerismo censuraba los debates
para no
contribuir al poder destituyente o ser funcional a la derecha y elaboraba
reforma política para garantizar la continuidad de la conciliación con el
poder fáctico, en el mundo los de abajo maduraban:
Declaración de la
Cumbre de los Pueblos del Sur
Protagonismo
popular, construyendo soberanía
26 de julio de
2009
Nosotras y
nosotros, organizaciones sociales y políticas de diferentes países y
continentes, y pueblos originarios, nos reunimos en la ciudad de Asunción los
días 23 y 24 de julio de 2009, en la Cumbre de los Pueblos del Sur “Protagonismo
popular, construyendo soberanía” para
debatir la coyuntura actual de la crisis del sistema capitalista y las salidas
frente a ésta.
Nos plantean
desde los poderes estatales, financieros y mediáticos que la crisis que
atravesamos es una crisis financiera que puede ser resuelta con la inyección de
fondos al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Nunca en la historia
del capitalismo se había otorgado tal cantidad de dinero para el salvataje de
las empresas privadas. Así se benefician unos pocos que no casualmente son
quienes causaron la crisis en un primer lugar. El
objetivo del salvataje es entonces que el casino financiero siga funcionando,
mientras millones de personas permanecen en la indigencia.
A la par, también promueven la idea de que estamos atravesando una crisis alimentaria diciendo que es a causa de que países como India y China están hoy aumentando su consumo diario de alimento. Pero esta argumentación no muestra que hay un nuevo patrón de producción basado en biotecnologías de avanzada que provocan la destrucción de la agricultura familiar-campesina, y las costumbres campesinas e indígenas.
A la par, también promueven la idea de que estamos atravesando una crisis alimentaria diciendo que es a causa de que países como India y China están hoy aumentando su consumo diario de alimento. Pero esta argumentación no muestra que hay un nuevo patrón de producción basado en biotecnologías de avanzada que provocan la destrucción de la agricultura familiar-campesina, y las costumbres campesinas e indígenas.
Este modelo
productivo basado en la agricultura mecanizada, extensiva e intensiva, con el
uso masivo de transgénicos y agrotóxicos, impacta directamente sobre el medio
ambiente, destruyendo y afectando muy fuertemente el clima del planeta. Es por
esto que el segundo acuífero más grande del mundo, el Acuífero Guaraní, está en
grave peligro de contaminación por la implementación de este modelo extractivo
de desarrollo que está ubicado justamente en las zonas de recarga de dicho
acuífero.
Esto viene de la mano de la idea de que estamos viviendo una crisis energética, lo cual coincidió con una campaña mundial impulsada por países como EEUU y Brasil, donde se plantea la necesidad de aumentar la escala del monocultivo de soja, maíz y caña de azúcar para la producción de etanol y biocombustibles.
Frente a esto, nuestra conclusión es que se trata de una crisis integral del capitalismo, que no es momentánea y que no se va a solucionar con la inyección masiva de capitales. Esta crisis integral pone al desnudo el modelo de desarrollo imperante. La respuesta a esta crisis integral debe ser también integral. Hay que transformar el modelo de desarrollo para salir de la crisis. Esto quiere decir que tenemos que construir un proyecto propio desde los pueblos de América Latina.
Por ello hoy estamos en el proceso de construcción y reivindicación de la soberanía alimentaria desde y para los pueblos. Creemos en la necesidad de una producción autónoma, autogestionada y comunitaria, así como la distribución popular e igualitaria. Defendemos el derecho a alimentarnos sanamente, y por ello resistimos desde la defensa de las semillas y la producción agroecológica. Es imprescindible rescatar la memoria y el patrimonio para el saber identitario, desde la pluriculturalidad y desde la puesta en el centro del territorio como base de la identidad cultural. Asimismo, exigimos el diseño de políticas públicas que garanticen la soberanía alimentaria (...)".
Esto viene de la mano de la idea de que estamos viviendo una crisis energética, lo cual coincidió con una campaña mundial impulsada por países como EEUU y Brasil, donde se plantea la necesidad de aumentar la escala del monocultivo de soja, maíz y caña de azúcar para la producción de etanol y biocombustibles.
Frente a esto, nuestra conclusión es que se trata de una crisis integral del capitalismo, que no es momentánea y que no se va a solucionar con la inyección masiva de capitales. Esta crisis integral pone al desnudo el modelo de desarrollo imperante. La respuesta a esta crisis integral debe ser también integral. Hay que transformar el modelo de desarrollo para salir de la crisis. Esto quiere decir que tenemos que construir un proyecto propio desde los pueblos de América Latina.
Por ello hoy estamos en el proceso de construcción y reivindicación de la soberanía alimentaria desde y para los pueblos. Creemos en la necesidad de una producción autónoma, autogestionada y comunitaria, así como la distribución popular e igualitaria. Defendemos el derecho a alimentarnos sanamente, y por ello resistimos desde la defensa de las semillas y la producción agroecológica. Es imprescindible rescatar la memoria y el patrimonio para el saber identitario, desde la pluriculturalidad y desde la puesta en el centro del territorio como base de la identidad cultural. Asimismo, exigimos el diseño de políticas públicas que garanticen la soberanía alimentaria (...)".
Es fundamental
reconocer
que
el proceso de construcción y reivindicación de la soberanía
alimentaria desde y para los pueblos, en la Argentina,
es fruto de
las luchas que diversidades de abajo llevan
a cabo sin desfallecer. Hoy por su eficacia queda al descubierto la:
Composición de la
Conabia
24 de junio de 2017
24 de junio de 2017
Por Darío Aranda
(Rebelión)
El pasado 10 de junio, Rebelión publicó
en su sección ‘Argentina’ una nota (http://www.rebelion.org/docs/227763.pdf)
de nuestro colaborador habitual Darío Aranda sobre la Conabia titulada
“Corrupción transgénica”.
Ahora, Darío nos envía la composición oficial de esta Comisión.
Ahora, Darío nos envía la composición oficial de esta Comisión.
Luego de actuar 26 años en las sombras, la
Comisión que aprueba los transgénicos en Argentina reveló su composición. Está
dominada por empresas y por científicos con conflictos de intereses.
Los mismos que venden transgénicos son los encargados de
autorizarlos.
Puede verse en
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/biotecnologia/conabia/_pdf//000000_Listado%20de%20miembros%20de%20la%20CONABIA.pdf
Observemos cómo
el
Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina
desarrolla esa lucha tan crucial para el viraje desde el privilegio de la
alta rentabilidad burguesa hasta una política económica mirando a atender
necesidades e intereses populares. A diferencia de los kirchneristas que
recién descubren el saqueo y lo atribuyen sólo al gobierno de Macri para hacer
campaña electoral, el FLSAA plantea:
"tenemos
que reconstruir nuestras comunidades, reconstruir los vínculos solidarios que
nos permitan seguir construyendo mancomunadamente este largo camino hacia una
sociedad cada vez más justa, más autónoma y en armonía con el ecosistema del
cual formamos parte. Se trata de una ardua tarea, definitivamente tan necesaria
como impostergable".
Comunicado de
Prensa del FLSAA
DNU sobre semillas y la
consolidación de un Estado Transgénico
1 de junio de 2015
Desde hace
algunos años, se viene dando una puja entre las principales empresas
biotecnológicas del sector semillero (con Monsanto a la cabeza) y sectores que
representan los intereses de productores del agronegocio. El reciente anuncio
del Gobierno sobre el inminente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) -que
vendría a “reordenar” el agronegocio- pone de manifiesto, una vez más, el
carácter monopólico, concentrado y extractivista del Modelo Productivo y la
consolidación de un Estado Transgénico.
Este decreto,
según las declaraciones del Jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el Ministro de
Agricultura Casamiquela, contendría al menos tres aspectos que ya se anunciaban
en el ante-proyecto redactado por Monsanto y avalado por el Poder Ejecutivo
Nacional de modificación de la actual Ley de semillas.
- En primer lugar, dejaría en claro el pago del “canon tecnológico” haciéndolo efectivo una vez consumada la transacción comercial de la semilla. El pago de dicho canon, que cumpliría similar función a la de una PATENTE, en principio beneficiaría largamente a Monsanto y a todas las multinacionales del Agronegocio, quienes procuran maximizar sus ingresos mediante el control reforzado de las transacciones de sus nuevos productos. Este aspecto del decreto beneficiaría a las empresas multinacionales como se dijo, o bien a un Estado defensor del sistema de patentamiento y la “propiedad intelectual” que garantice el cobro de “regalías” sobre un bien común como las semillas. Ya lo declaraba así Cristina Fernández de Kirchner, al presentar en New York las inversiones de la multinacional Monsanto en la provincia de Córdoba.
- En segundo lugar, a partir del DNU el Estado se comprometería a reforzar los mecanismos de control sobre las transacciones mediante la creación de un registro de Semillas y de Pequeños Productores, para limitar el uso propio. De este modo, so pretexto de favorecer a los Pequeños Productores, el esfuerzo de los organismos estatales implicados estaría al servicio de la maximización de las ganancias de Monsanto y de los que en el futuro tengan la “propiedad intelectual” de la “mejora” en la semilla.
- Finalmente, plantearía la creación de un fideicomiso o fondo de inversión en biotecnología, lo que le permitirá al Gobierno, según dicen, realizar innovaciones en áreas específicas, mediante la aplicación de retenciones sobre el canon tecnológico. Con el “discurso progresista” al que nos tienen acostumbrados desde el Gobierno Nacional, se expresa que “el Estado orientará las inversiones en biotecnología en función de la soberanía alimentaria”.[1] Una verdadera aberración surgida del pensamiento colonizado de quienes conducen el destino de nuestro Pueblo y pretenden destruir todo sueño de liberación, autonomía y soberanía que podamos tener.
Con el
anuncio del DNU, una vez más, comprobamos cómo se pone en evidencia, la
visión empresarial, pro-transgénica y extractivista del gobierno CFK y el poder
monopólico que la multinacional ejerce sobre éste.
Según dicen
sus funcionarios "la
idea es que Monsanto pueda cobrar por la tecnología que produce, porque nosotros
queremos más tecnología, mejores semillas, más producción”[2],
“no se quiere hacer una guerra con Monsanto por este tema”[3],
y buscará darle la razón con otro aspecto: el control de la bolsa blanca,
semilla que se comercializa de manera ilegal. Afirman que “no
es conveniente demonizar a Monsanto”[4] porque
pretenden que haya más inversiones de la industria de semillas en biotecnología.
Es preciso mencionar que para que prospere esta situación, las empresas
exportadoras de granos fueron cómplices de la multinacional para control en los
puertos establecido en los acuerdos privados con los productores.
En sus
manifestaciones públicas, como era de esperar, ninguno de los sectores
involucrados por el DECRETO (Sociedad Rural Argentina; Confederaciones Rurales
Argentinas; Federación Agraria Argentina; CONINAGRO; Federación de Acopiadores
de Granos y Centro de Corredores de Cereales de Rosario entre otros) pretenden
poner en discusión el sistema productivo dominante. Simplemente pujan por
quedarse con una mejor porción de la torta que se cocina al calor del
sufrimiento de millones de personas, víctimas de las fumigaciones, la dictadura
alimenticia y del deterioro del ecosistema.
Lamentablemente, algunos dirigentes de movimientos campesinos que poseen
vínculos estrechos con el Gobierno Nacional simplemente se manifestaron
“sorprendidos” con esta medida, en un país con más de 30 millones de hectáreas
destinadas al agronegocio.[5] La
misma medida, según lo anunciado, involucra mayores controles y registros,
supuestamente para permitir (o inducir) a los exceptuados el uso de las
semillas con “la mejora tecnológica”.
En este
sentido, cabe mencionar que el Secretario de Agricultura Familiar Emilio
Pérsico y líder del Movimiento Evita, en conjunto con representantes del
AGRONEGOCIO y sectores de la
Iglesia vienen
impulsando “las mesas de diálogo” con representantes de movimientos campesinos
(los mismos que hoy se manifiestan sorprendidos por el DNU), en su intento por
instalar la aceptación de la “inevitable” coexistencia entre el Agronegocio y la
agricultura familiar.[6] Aunque
Pérsico no estuvo presente en la reunión donde se anuncia el decreto, al parecer
con el fin de no quedar involucrado en esta medida, podemos suponer su
beneplácito, el cual permitiría exceptuar a productores de su cartera.
Frente a este
panorama desde el FLSAA continuaremos en la misma senda contra el Agronegocio y
denunciando a sus responsables políticos de todos los sectores. Por lo cual:
-
Reafirmamos nuestro rechazo a la modificación de la
Ley de
Semillas y lo hacemos extensivo al DNU anunciado por considerarlo un
subterfugio para legitimar las modificaciones de la mencionada ley. Así como
también, rechazamos cualquier otra normativa que en el futuro pretenda modificar
la actual Ley de Semillas o avance en la legitimación o fortalecimiento del
Estado transgénico, el patentamiento o privatización de las semillas, y/o
cualquier mecanismo de control estatal o privado del uso propio de las semillas.
- Rechazamos
el falso argumento de la “generación de empleo” que genera el agronegocio
y les recordamos la enorme cantidad de personas que han sido expulsadas a causa
del mismo. Muchas de estas personas que hoy se encuentran sin un trabajo digno,
fueron arrancadas de sus territorios y condenadas a la dependencia eterna a los
planes sociales, que se otorgan desde el mismo Estado impulsor estas
“tecnologías”, ocupan los márgenes de las ciudades y las “villas miseria”.
Muchas otras, se encuentran en situaciones extremas de esclavitud, como en el
caso de trabajadores/as tareferos/as en la provincia de Misiones, en pos de las
enormes ganancias de las grandes empresas de monocultivos de yerba mate.[7]
- Rechazamos
firmemente toda la industria transgénica, ya sea estatal o privada.
Consecuentemente, repudiamos la consolidación del sistema extractivista en el
que se enmarcan los gobiernos Nacional y provinciales en Argentina, a partir del
uso de “artilugios legales” que permiten o favorecen la mercantilización y el
patentamiento de la vida. Esta situación pone de manifiesto su verdadero
“proyecto” que disfrazado tras un discurso “progresista” promueve el saqueo de
la totalidad de los bienes comunes y la consecuente dependencia y destrucción
de nuestro Pueblo. Ejemplo de ello es lo ocurrido con la
Ley de
Glaciares, vetada por Cristina Fernández en el año 2008
a pedido
de las provincias mineras y las trasnacionales.[8] Así,
como ya es costumbre, desde el Ejecutivo se utilizan los artilugios mencionados
-como el veto y el decreto- para favorecer a los grandes monopolios y a los
sectores que se enriquecen del saqueo.
Queremos
poner énfasis en la mención de la enorme cantidad de personas que padecen
terribles enfermedades vinculadas a este modelo ecocida de Agronegocios, mas aun
luego del pronunciamiento de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS)
donde se vincula al CANCER con el herbicida más utilizado en nuestro territorio,
el glifosato.[9]
Al igual que
lo manifestamos en la “Jornada de lucha contra Monsanto y los Agronegocios” en
pasado 23 de mayo, creemos que debemos promover sistemas productivos que se
realicen respetando los ciclos biológicos en armonía con la naturaleza,
recuperar los saberes ancestrales y tradicionales para vivir en el campo y para
producir alimentos, repoblar el territorio con familias y pueblos neorrurales
impulsar la verdadera Agroecológia, la agricultura natural, la agricultura
regenerativa, la promoción de la biodiversidad, los policultivos chacareros y
rotaciones con ganadería, que permitan recuperar las prácticas para la
protección del aire, el agua y el suelo. [10]
Por último,
creemos que tenemos
que reconstruir nuestras comunidades, reconstruir los vínculos solidarios que
nos permitan seguir construyendo mancomunadamente este largo camino hacia una
sociedad cada vez más justa, más autónoma y en armonía con el ecosistema del
cual formamos parte. Se trata de una ardua tarea, definitivamente tan necesaria
como impostergable.
Frente de
Lucha por la
Soberanía Alimentaria Argentina
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Problemática del extractivismo en los mares*
Buenos Aires, 27 de Agosto de 2016
“El Estado Extractivista, herramienta garante del colonialismo y la destrucción en la Pampa Sumergida”
Buenos Aires, 27 de Agosto de 2016
“El Estado Extractivista, herramienta garante del colonialismo y la destrucción en la Pampa Sumergida”
13 de febrero
de 2017
Actualmente, en absoluta complicidad entre el Estado, los Gobiernos de turno, un puñado de corporaciones y los medios de comunicación masivos, nuestra generación entera es arrastrada hacia un sistema alimentario criminal. Lo mas dramático es que, inevitablemente, vuelven a los mas pequeños victimas inocentes que ingieren una gran cantidad de comida chatarra y JMAF a diario.
Esta preocupante situación se ve potenciada en las personas con menores recursos económicos quienes, sin poder elegir, basan sus dietas en enormes cantidades de harinas y grasas -por tener un menor costo- o bien en la comida que brinda como “ayuda social” el propio Estado.
Actualmente millones de personas en nuestro país están mal nutridas o hambrientas. Otro tanto padece de obesidad y otros trastornos, o enfermedades vinculadas a la mala alimentación, mientras que los gobernantes se jactan de “alimentar a 400 millones de personas”.
El territorio marítimo argentino comprende casi 3 millones de km2 de
superficie. Esto es equivalente a casi 10 veces el territorio de la provincia de
Buenos Aires. Producto de la voracidad entreguista y corrupta del Estado y de
los gobiernos de turno agoniza en el olvido nuestra Pampa Sumergida. Y por
supuesto que a la actual situación también se llega por el desinterés o falta de
información de toda la sociedad, que le da las espaldas al mar.
Esta situación es resultado de varias décadas de complicidades organizadas entre líderes sindicales (SIMAPE), gobernantes, jueces civiles y comerciales; quienes se comportan en conjunto como una verdadera banda mafiosa. Son ellos los principales responsables de este enorme saqueo y ecocidio, por haber montado una esquema extractivista, y corrupto con permisos de pesca indiscriminada y depredadora sin control.
Cesión de licencias de empresas en quiebra, venta de permisos caducos, “charteos”, empresas “mixtas” entre locales y extranjeros, recambio de buques, ausencia de controles y eliminación de dispositivos de escape de ejemplares jóvenes, son algunas de las maniobras que forman parte de una ingeniería política, legal y judicial promovida desde los diferentes estratos del poder de turno para garantizar el saqueo a cambio del pago de millonarias coimas.
Millones de toneladas de pescados no solamente son saqueados, sino que son arrojados al mar debido al “descarte”, Este mecanismo consiste en arrojar toda la toda la pesca cargada en la bodega cuando pueden pescar otra especie de mayor valor económico. Diariamente, merluzas son descartadas por langostinos, y no sólo se ve afectada la especie descartada sino toda la cadena ecológica de la que forma parte. Esta descripción de lo que sucede sin dudas también nos habla de la desidia y el desinterés de los gobernantes de turno por las millones de personas hambrientas o mal nutridas que viven sufriendo esta dramática situación desde hace décadas en nuestro país.
Las principales especies pescadas son la merluza, los langostinos y el clamar que juntos componen de alrededor de del 70 % de lo explotado. Se exporta alrededor del 90 % lo extraído. En el año 1996 se pescaron unas 600 mil toneladas.
Durante décadas arrasaron las poblaciones existentes incluso las que no
alcanzaron su madurez, pese a que su captura y comercialización están prohibidas
como en el caso de la merluza. La profundización de esta situación conducirá,
sin dudas, a un desequilibrio biológico que tal vez termine con la desaparición
definitiva de la misma tal como sucedió en el Golfo de San Jorge.
La sobre pesca de la merluza determina que los pescadores se vuelquen a buscar otras especies llevando CASI a la desaparición de las mismas. Tal como sucede en el caso de la corvina en la Provincia de Buenos Aires. En los 90´s se superó casi en un 50 % el nivel de pesca permitida.
En 2011 las exportaciones según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación alcanzaron las 456 millones de toneladas. El principal destino es la Comunidad Económica Europea. España importa aproximadamente el 35 % del volumen total. El precio aproximado es de 4 mil dólares la tonelada.
Luego de la Guerra de Malvinas, la zona de exclusión de los isleños pasó de 3 a 200 millas marinas. La ausencia de control y la permisividad frente a la pesca ilegal genera una pérdida anual de 4000 millones de dólares. Cada día se roban de nuestro mar cerca de 3 millones de kilos de pescado que equivalen a unos 60 mil millones de pesos anuales al valor actual de la moneda norteamericana. Esto indigna y nos sacude aun mas cuando vemos a diario cientos de personas comer de la basura misma, en las insostenibles grandes ciudades.
La sobre pesca de la merluza determina que los pescadores se vuelquen a buscar otras especies llevando CASI a la desaparición de las mismas. Tal como sucede en el caso de la corvina en la Provincia de Buenos Aires. En los 90´s se superó casi en un 50 % el nivel de pesca permitida.
En 2011 las exportaciones según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación alcanzaron las 456 millones de toneladas. El principal destino es la Comunidad Económica Europea. España importa aproximadamente el 35 % del volumen total. El precio aproximado es de 4 mil dólares la tonelada.
Luego de la Guerra de Malvinas, la zona de exclusión de los isleños pasó de 3 a 200 millas marinas. La ausencia de control y la permisividad frente a la pesca ilegal genera una pérdida anual de 4000 millones de dólares. Cada día se roban de nuestro mar cerca de 3 millones de kilos de pescado que equivalen a unos 60 mil millones de pesos anuales al valor actual de la moneda norteamericana. Esto indigna y nos sacude aun mas cuando vemos a diario cientos de personas comer de la basura misma, en las insostenibles grandes ciudades.
Sin utilizar el dispositivo de escape de juveniles el sistema corrupto existente permite a los funcionarios de turno hacerse de una caja ilegal de cientos de miles de dólares. Todo este escenario se viene dando desde el menemismo hasta nuestros días. La entrega del mar cobró mayor fuerza a partir de la posibilidad de la transferencia de permisos de pesca. Barcos locales en desuso pueden vender su permiso a buques extranjeros. Violándose incluso acuerdos internacionales a los que el país adhiere que indican que se deben conceder solo a “países en desarrollo”.
En el año 2010 un “acuerdo de cooperación sobre Pesca” entre China y Argentina firmado por el Ministro Yahuar, durante la presidencia de Néstor Kirchner, fue la llave de entrada que permitió al gigante asiático arrasar los calamares de nuestro mar a cambio de una suculenta coima.
Hay unos 95.000 buques pesqueros en el mundo, de los cuales 40 mil son Chinos, la mayoría ubicados en el área austral; donde la Argentina tiene sólo unos 500 buques pesqueros, que siendo un número sobredimensionado para el recurso máximo sostenible, no alcanza para ocupar todo el mar argentino, cuyo control está limitado a tres buques de la Prefectura Naval.
La pesca es clave para lograr la soberanía alimentaria. Varios imperialismos disputan el mar argentino y sus riquezas. Los españoles que dominaron la actividad están en retirada y los chinos avanzaron con ayuda del kirchnerismo. Es tarea de todo el pueblo argentino defender la soberanía sobre el mar y sus recursos. La consigna “Ni amo nuevo, ni amo viejo” cobra una utilidad política fundamental en esta área.
Principalmente son beneficiadas empresas españolas y chinas. Son absolutamente responsables de este esquema corrupto, funcionarios como Felipe Solá y Norberto Yahuar. Y lamentablemente, a pocos meses del arribo de Cambiemos al Poder, no tenemos razones para creer que con el nuevo Ministro de Agroindustria Bouryaile, estas políticas de cipayos y ecocidas no se profundicen.
Mientras un tercio de la población se encuentra sumida en la pobreza y está mal nutrida, el territorio continental es usado para la producción de commodities y el mar es entregado al saqueo y a una destrucción irreversible del ecosistema marítimo. Por tal razón, desde el FLSAA estamos convencidos que nuestro pueblo debería decidir de manera urgente qué acciones tomar frente a tamaña situación de despojo.
Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina
* Agradecemos profundamente los aportes de Roberto Maturana, Oficial de la Marina Mercante-Investigador.
Aún sabiendo que esta nota esta desactualizada e incompleta queremos poner en escena otro de los bienes comunes saqueados y tan olvidados: nuestros mares y la problemática pesquera.
Otras fuentes:
http://rcyasociados.com.ar/archivo/notas15.php?id_numero=1420
https://chinaenamericalatina.wordpress.com/2015/03/20/2010/
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Durante el Año 2016 se realizó el Ciclo
de Formación Javier Rodríguez Pardo
en Buenos Aires Capital y en Saladillo.
Este 2017 nos encontrará formándonos para educar.
13 de febrero
de 2017
En el ciclo anterior trabajamos con bibliografía y material
audiovisual de selección autónoma y colectiva, intentando construir una
línea de
pensamiento que se ajuste mejor a los tiempos actuales, donde el extractivismo
es el modelo dominante en América Latina independientemente de que gobiernen
derechas o izquierdas.
Intentamos recapitular para encauzar mejor las acciones y no perdernos con las
estrategias distractivas del Poder.
Este año 2017 nos abocaremos a brindar el Taller en conjunto con compañerxs
educadores, con el fin de generar herramientas pedagógicas para diversos
espacios educativos.
Objetivos
generales
1)
Desarrollar un espacio de estudio, debate y reflexión acerca del sistema
hegemónico vigente y la cultura que lo sustenta.
2)
Profundizar el análisis de la crisis civilizatoria en que nos hallamos,
promoviendo cambios a través de la desmitificación de la triada: bienestar
humano ~ productivismo ~ consumismo reinante.
Objetivos
específicos
1) Impulsar
acciones en las prácticas educativas, en el marco de la búsqueda colectiva de
nuevos paradigmas de organización social: humanitarios, solidarios y
sustentables, en armonía con la naturaleza.
2) Construir
de manera colectiva materiales que nos brinden contenidos y herramientas
didácticas para utilizar en nuestros espacios educativos, enfocándonos en la
necesidad de que los estudiantes construyan subjetivamente sus propias
herramientas de acuerdo a la realidad social que los atraviesa, para fortalecer
sus capacidades como sujetos críticos con un rol activo en los cambios sociales
dentro del contexto mencionado.
Destinatarios del ciclo:
Los
destinatarios del ciclo son docentes y educadores todos los niveles de la
educación formal o informal y afines, interesados en profundizar el conocimiento
de la realidad socio-política- ambiental y desarrollar nuevas miradas que
impulsen acciones para generar profundos cambios, y para motorizar nuevas
conductas críticas y
pro-activas
entre los participantes de su labor cotidiana. También a aquellas personas que
sin tener prácticas de docencia les interese este taller como herramienta
preparatoria de difusión del contenido.
Los Talleres organizados por el FLSAA son libres y gratuitos. Próximo inicio en
el mes de Abril.
Más info: ciclosfya@gmail.com
Más info: ciclosfya@gmail.com
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Sinopsis de la película a exhibir:
Pueblo Verde propone un viaje hacia el interior del modelo de producción de transgénicos y su abanderada, la soja genéticamente modificada. El recorrido se inicia en Buenos Aires y visita Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos. Médicos, ingenieros agrónomos, vecinos de los pueblos, profesores universitarios, integrantes de comunidades indígenas y campesinas, científicos, pequeños productores, cada uno aporta su testimonio y sus vivencias, construyendo un relato coral que crece en la diversidad.
Pueblo Verde propone un viaje hacia el interior del modelo de producción de transgénicos y su abanderada, la soja genéticamente modificada. El recorrido se inicia en Buenos Aires y visita Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos. Médicos, ingenieros agrónomos, vecinos de los pueblos, profesores universitarios, integrantes de comunidades indígenas y campesinas, científicos, pequeños productores, cada uno aporta su testimonio y sus vivencias, construyendo un relato coral que crece en la diversidad.
Invita Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina
