miércoles, 25 de abril de 2018

Comprobemos qué países hicieron posible todos los gobiernos progresistas en su ir contra las «luchas desde abajo».

  Afianzaron los subdesarrollos de cada uno y 

todos mediante los extractivismos que 

confrontan con lo comunitario-popular.

Recordemos para situarnos en el Brasil conque hoy el progresismo nos interpela:

Nuevos escenarios, nuevas resistencias.

6  de julio de 2004

Por Raúl Zibechi


Los escenarios de los combates sociales latinoamericanos cambian a una velocidad sorprendente. Un síntoma de estos cambios de escenario lo está protagonizando el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, que sostiene que su principal enemigo ya no es el latifundio sino el agronegocio
La profundización del capitalismo en las áreas rurales está provocando cambios económicos, políticos, sociales y culturales en varios países de América Latina. El cultivo de soja en Argentina, segundo productor mundial luego de Estados Unidos, provocó entre 1991 y 2001 la emigración del 33% de la población activa rural, además de una fuerte polarización económica y social y la destrucción del patrimonio cultural y natural del país. Ahí donde es cultivada de forma intensa y extensa, "la soja deja secuelas devastadoras"(1) .
En Brasil, el agronegocio está en alza, tanto en el terreno económico como en el político. En 2003, primer año del gobierno de Luiz Inazio Lula da Silva, el agronegocio fue el responsable del mayor superávit comercial en la historia del país. Con 30 mil millones de dólares exportados, el negocio agropecuario es responsable del 42% de las exportaciones brasileñas. El llamado "complejo soja" lidera este proceso con el 25% de las exportaciones del sector; las exportaciones sojeras crecieron en un año un espectacular 35%. El alza de los precios internacionales y la tracción de mercados importantes, sobre todo China, explican en gran medida este suceso. Pero la exportación de productos agropecuarios por el agronegocio obliga a la importación de otros productos, tanto para el consumo popular como para uso industrial. Así, Brasil exporta algodón pero a su vez debe importar algodón para abastecer la industria nacional, en tanto está importando alimentos básicos como arroz, frijoles, maíz, trigo y leche(2) .
Nuevos equilibrios
El agronegocio no sólo afecta la soberanía alimenticia del país sino también los equilibrios políticos. En los próximos años las exportaciones del agronegocio seguirán creciendo, y con ello el poder político del sector, representado en el gabinete de Lula nada menos que por el ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues. Una de las razones que explica la apuesta de Lula al agronegocio es que la explosión de las exportaciones (están creciendo a un ritmo del 22% anual desde comienzos de 2003) disminuye la vulnerabilidad externa del país, mejorando la relación entre producto bruto y deuda externa(3) .
La trampa es evidente: las exportaciones sólo crecen en aquellos rubros dominados por las multinacionales (soja y agronegocio son el mejor ejemplo de dominio absoluto de ese sector), lo que su vez provoca desequilibrios internos que redundan en un aumento de la dependencia (alimenticia) y, sobre todo, en un crecimiento del poder de las multinacionales. El caso argentino debería eximir cualquier comentario.
Los desequilibrios sociales que provoca el agronegocio están modificando la geografía de las luchas sociales. Bernardo Mançano Fernandes, geógrafo y asesor del MST, sostiene que las grandes empresas en el campo brasileño concentran más la tierra y la renta, no generan empleos ni alimentos y sus exportaciones están destinadas a pagar los intereses de la deuda externa que nunca termina de crecer. Por eso sostiene que "los sin tierra no luchan más sólo contra el latifundio" y que ahora "su principal enemigo es el agronegocio"(4) . Y concluye: "El latifundio improductivo está siendo arrendado para plantíos de soja. Eso no genera empleo ni mueve la economía local".
Tampoco es cierto que la explosión exportadora promovida por el agronegocio redunde en una menor vulnerabilidad internacional. Según un informe de la OMC, la corriente mundial indica un crecimiento de los productos procesados entre las exportaciones agrícolas, pero Brasil redujo las exportaciones de alimentos procesados en siete puntos entre 1990 y 2002. En el mismo período, crecieron las importaciones de productos agrícolas procesados(5) . Se trata del mismo proceso de "reprimarización" de las exportaciones que registró Argentina desde la aplicación del modelo neoliberal a comienzos de la década de 1990.
A los desequilibrios anotados se suma la desigual distribución de la ayuda estatal, que los profundiza. Los pequeños productores de Brasil (responsables del 40% de la riqueza producida en el medio rural y del 70% de los alimentos que llegan a la mesa de los brasileños) ocupan 14 millones de personas mientras el latifundio exportador ocupa sólo 421 mil trabajadores. Sin embargo, son esos latifundios los que concentran el grueso de la ayuda estatal: durante el primer año del gobierno de Lula se liberaron 4.500 millones de reales en apoyo de la agricultura campesina, la misma cifra que recibieron sólo 15 empresas transnacionales del sector agropecuario, entre ellas Nestlé, Bunge, Cargill, Bayer y Monsanto(6) . Las previsiones para la zafra 2003/2004 establecen que el Estado apoyará con 7 mil millones de reales la agricultura campesina pero con 38 mil millones al agronegocio.
Un viraje de largo aliento
Los campesinos y sin tierra brasileños enfrentan un enemigo poderoso que intenta expulsarlos de las zonas rurales. La capacidad de las grandes multinacionales agropecuarias de avanzar sobre la tierra es hoy mucho mayor que la de los campesinos de recuperarlas. Mançano Fernandes asegura que en la zona más conflictiva del estado de San Pablo, el Pontal do Paranapanema, los sin tierra recuperaron en diez años 100 mil hectáreas en las que se asentaron cinco mil familias. Pero el reciente avance de la soja en la misma región ocupó otras 100 mil hectáreas en apenas dos años.
Uno de los escenarios que están cambiando tiene que ver con el tipo de argumentos que utilizan los sin tierra. Se señala que el latifundio es improductivo, pero no puede decirse lo mismo del agronegocio. Se trata de poner en cuestión el carácter de la producción: o está dirigida al mercado internacional o a las necesidades de la población; o a las exportaciones o al mercado interno. Ambas opciones son incompatibles. Ciertamente, nadie en su sano juicio puede negar la importancia de las exportaciones, pero la producción como tal debe no debe estar orientada al mercado internacional, siempre en manos de unas pocas multinacionales.
Un segundo cambio de escenario está relacionado con el carácter de las luchas. Como señala Mançano Fernandes en el Jornal Sem Terra, la táctica de las ocupaciones se acentuará hacia las áreas del agronegocio. Esto supone una confrontación inédita, no ya con la vieja oligarquía terrateniente en decadencia, sino con el más pujante sector neoliberal. Este viraje en las luchas sociales rurales enfrenta al movimiento a desafíos inéditos, que lo pueden llevar a profundizar su confrontación con el sistema.
En tercer lugar, el agronegocio está sólidamente instalado en el gobierno de Lula. Esta alianza crea también una situación nueva y compleja al movimiento, que no podrá enfrentarla con una táctica simplista, en virtud de la relación de fuerzas existente hoy en Brasil. Hasta ahora el MST ha demostrado que ningún gobierno, ni siquiera el de Lula, es capaz de cooptarlo o domesticarlo. Las luchas desarrolladas en el "abril rojo", mes en el que fueron ocupadas unas cien haciendas, es una clara señal de que la autonomía del MST no decae sino que se mantiene en todo su vigor. Pero los sin tierra tampoco buscan un enfrentamiento frontal con el gobierno. De alguna manera, están construyendo un nuevo escenario, más complejo que el anterior pero que, a su vez, abre nuevas posibilidades para profundizar la lucha que llevan desde hace más de 20 años.
Este nuevo escenario posneoliberal tiene algunas similitudes con la situación que atraviesan los movimientos en Argentina, y parcialmente en Bolivia, donde ya no es posible seguir peleando igual que antes de los gobiernos de Kirchner y Mesa. Complejidad no es sinónimo de parálisis, sino de creación de nuevas formas de acción para seguir avanzando
Notas:
(1) "Desojando", informe en Cash, suplemento económico de Página 12, Buenos Aires, 13 de junio de 2004.
(2) Ariovaldo Umbelino de Oliveira, "Os mitos sobre o agronegócio no Brasil", en Jornal Sem Terra No. 24, mayo-junio de 2004.
(3) Véase O Estado de Sao Paulo, "País fica mais forte para enfrentar risco externo", sección Economía, 6 de junio de 2004.
(4) "MST volta suas baterías contra o agronegócio", en O Estado de Sao Paulo, 30 de mayo de 2004.
(5) "País vai a contramao do agronegócio, diz OMC", O Estado de Sao Paulo, 12 de junio de 2004.
(6) "Pequeno produtor sustenta setor agrícola, mas tem créditos restritos", en www.mst.org.br 26 de mayo de 2004.
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Agencia Latinoamericana de Informacion – ALAI  Leer

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Se impone el agrobusiness en Brasil y

aplasta la agricultura familiar, con el apoyo del gobierno.
 27 de marzo de 2013
"La pugna entre un proyecto de campo basado en la agricultura familiar para la producción de alimentos y otro de una zona rural de latifundios y producción enfocada en la exportación de granos está lejos de ser justa. A pesar de los programas y auxilios anunciados por el gobierno, es evidente que la báscula del poder favorece al agrobusiness. Aparte de su expresiva presencia en la administración, cuentan con recursos excesivos, sin ninguna proporción con aquellos destinados a la agricultura familiar."
Por Brisa Araujo
Gobierno Lula: el sueño frustrado
No hay dudas de que la llegada del primer obrero a la presidencia de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, llenó los movimientos sociales brasileños de esperanza. 2002 fue el año de la histórica victoria de la izquierda en el país más grande de América Latina – en área y en población. Su toma de posesión llevó a miles de militantes y apoyadores del Partido de los Trabajadores (PT) a B
rasilia, que vio un mar rojo saludar al nuevo presidente. Más allá de la simbología de tener un presidente que viene del pueblo, la plataforma de gobierno petista traía la promesa de la eliminación de la pobreza, la generación de millones de empleos y la promoción de mayor justicia social en un país cuya desigualdad era una de sus características más estructurales.
Para el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) ese escrutinio representó la potencial llegada de una nueva etapa. El conocido movimiento defendía y defiende la reforma agraria y la redefinición de los patrones de ocupación, producción y sociabilidad en el campo brasileño. Por su estrategia de lucha – la ocupación de latifundios improductivos – fueron perseguidos duramente en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, anterior al de Lula, y rotulados como criminales por los grandes medios de comunicación y las clases altas defensoras de la propiedad privada. La llegada del Partido de los Trabajadores al poder significó, en ese entonces, la posibilidad de descriminalización del movimiento, de diálogo y negociación y de realización de una reforma agraria estructural. Lula había sido gran simpatizante del movimiento desde sus orígenes y dejó muy claras sus intenciones de, una vez presidente, tratar la reforma agraria y al MST con la dignidad que merecían.
A pesar de promesas y expectativas, lo que se observó en Brasil durante el gobierno Lula respecto a la situación del campo fue la disminución, año tras año, del número de latifundios expropiados para la reforma agraria. La Constitución brasileña de 1988 contiene la función social de la propiedad, determinada en el ámbito urbano por la sustitución del individualismo propietario por el de la dignidad humana y, en el ámbito rural, por la protección a los derechos laborales y ambientales. La propiedad rural debe cumplir con los patrones del desarrollo sostenible y, aunque lo haga, puede ser expropiada por el gobierno, una vez que lo que debe prevalecer es su utilidad pública – es el caso de propiedades que no tienen producción o número de funcionarios compatible con su área.
A los gobiernos posteriores a la redemocratización les quedó la importante tarea de promover el uso social de la tierra y propiedades urbanas y se suponía que Lula era el más calificado para cumplir con esta demanda, dado su origen y cercanía al MST. Empero, el número de expropiaciones en sus dos mandatos fue bastante inferior al de su antecesor, el social-demócrata Fernando Henrique Cardoso. Lula expropió tan sólo mil 990 propiedades, ante 3 mil 532 durante el gobierno de Cardoso.
El año 2005 fue el punto de inflexión de las expropiaciones – desde entonces, se han visto cada vez menos propiedades parceladas para la agricultura familiar. Coincidentemente o no, este mismo año trajo un decreto presidencial que tornó legal el uso de semillas transgénicas para la producción agrícola.
Las semillas de soya de Monsanto empezaron a ser contrabandeadas desde Argentina a Brasil en 1998, sin cualquier tipo de regulación hasta la medida tomada por Lula siete años después. Hoy se estima que las semillas genéticamente modificadas representan un 85 por ciento de la producción total de soya en el país – porcentaje que puede ser todavía más grande, una vez que estas semillas son altamente contaminantes, lo que hace que no sea posible controlar estrictamente su presencia.
La combinación de esos dos factores, aliados al crecimiento de exportaciones a Asia, especialmente, benefició a los grandes empresarios del agrobusiness. Las publicitarias cifras de la balanza comercial dieron a Brasil nacional e internacionalmente la imagen de una verdadera revolución social. Mientras tanto, la bancada rural de la Cámara de Diputados y el Senado (que representa los intereses de los empresarios agroexportadores) hacía crecer su influencia en el gobierno petista, la propuesta de reforma agraria seguía intocada y el MST, olvidado.
Las cifras no son fiables, el incremento en la productividad y la creciente presencia de Brasil en el escenario internacional ocultan datos menos estimulantes: el 10 por ciento de los propietarios retienen el 85 por ciento de la producción y 85 por ciento de las tierras cultivadas en Brasil están reservadas para la producción de maíz, soya, pasto y caña de azúcar – es decir, o se destinan a la producción de ración animal y a la exportación, o son productoras del combustible etanol. La producción de caña, históricamente conectada al esclavismo colonial, fue celebrada por Lula como la gran solución para la excesiva dependencia del petróleo como combustible. Lo que se le olvidó decir es que la planta de caña de azúcar, cuando es cultivada extensiva y continuamente, causa la destrucción de suelos y la transformación radical de ecosistemas. Del mismo modo, se le olvidó comentar que las haciendas de caña son las que más emplean trabajadores en condiciones indignas, incluyendo esclavos y niños.
Gobierno Dilma: ¿erradicación de la miseria o todo el apoyo al agrobusiness?
Dilma Rousseff llegó al poder con una percepción un poco menos onírica desde los movimientos sociales. Aún así, representaba un cambio más: la primera mujer, ex-guerrillera que luchó en contra del autoritarismo en el período dictatorial. Con fama de rigidez para el trabajo y una imagen de honestidad, la “hija” de Lula ganó las elecciones después de gran campaña de unión de toda la izquierda en contra de la amenaza del regreso de la derecha al poder, sintetizada en la figura del autoritario José Serra (PSDB).
Su principal bandera de gobierno es la erradicación de la pobreza y la expansión del desarrollo del país – llevadas a cabo a través de dos programas multiministeriales: Brasil Sin Miseria y los Planes de Aceleración del Crecimiento (PACs).
El Plan Brasil Sin Miseria concentra 47 por ciento de sus esfuerzos en el campo, a través primordialmente del fomento a la agricultura familiar, generando beneficios financieros a fondo perdido para la compra de insumos y equipo para la agricultura. Con el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), el gobierno federal busca incentivar a la agricultores familiares con la compra de la producción para su uso en entidades asistenciales, hospitales, universidades, unidades prisionales y para formación de estoques. Además de eso, el programa también cuenta con la ampliación del acceso al agua.
El último 8 de marzo, la presidenta anunció una medida que presuntamente colaborará para el desarrollo de la agricultura familiar – responsable del 70 por ciento de los alimentos consumidos en hogares brasileños: todos los productos de la canasta básica pasan a ser exentos de impuestos federales, lo que representa la reducción en el costo de 9.25 por ciento para los alimentos incluidos (carnes, leche entera, huevos, arroz, frijol, pan, frutas, legumbres, entre otros) y 12.25 para papel higiénico, jabón de ducha y pasta de dientes. Además de permitir mayor consumo entre las clases más bajas, la medida busca generar mayor dinamismo y expansión en los negocios en pequeñas comunidades – bien como el crecimiento de la presencia de la agricultura familiar.
Todas esas medidas son obviamente bienvenidas, pero es necesario ponerlas en contexto para entender hasta qué punto la “revolución en el campo”, de la que habla con orgullo Dilma, es verdadera.
A pesar de las recurrentes promesas de realización de la reforma agraria – la última de ellas realizada en reunión con trabajadores rurales para la firma de la Política Nacional para Trabajadores Rurales Empleados, en los primeros días de marzo -, ya acercándose a la mitad de su tercer año de gobierno, Dilma casi fue la jefe de gobierno que menos expropió tierras para la reforma agraria, con solamente 86 propiedades destinadas a este fin. Por encima de ella está solamente Fernando Collor de Mello, presidente entre 1990 y 1992, impedido por una política económica que confiscaba los ahorros de los ciudadanos y por involucrarse con la corrupción – quien expropió en su período solamente 28 latifundios. Dicho sea de paso, el ex-presidente, hoy Senador de la República, es parte de la gran base de apoyo de Dilma en el Poder Legislativo.
Hablando del Legislativo, es imposible no darse cuenta del gran incremento de la influencia de la bancada rural en el transcurso del gobierno de Dilma. En 2012 este grupo de legisladores logró aprobar una propuesta de Código Forestal que significaba una afrenta a los movimientos sociales rurales, los ambientalistas y los pueblos indígenas. Permitiendo que se colocaran en el mercado para especulación títulos de carbono y cuotas de reservas ambientales, la legislación ponía a la Amazonia brasileña en la ruta de la globalización. Los dueños de latifundios improductivos pasarían a justificar la función social de sus propiedades bajo la justificación de explotar carbono en zonas que cuentan con cuotas de reservas ambientales. En caso de que decidieran usar las tierras para producción agrícola – y acabar con los bosques – nada más necesitarían compensar la devastación con la reforestación de una pequeña parcela de su propiedad (que no llegaría al 10 por ciento). Además de eso, dio una salida a los grandes propietarios para que no necesitaran abrir mano de sus tierras con el fin del crecimiento de las tierras de agricultura familiar, otorgando a la agricultura familiar 4,9 millones de hectáreas en zona de devastación de la selva amazónica – para que ya no se tocaran los latifundios improductivos ni consideraran a los productores responsables de la devastación de los bosques. Otra medida fue no penalizar a propietarios que acabaran con zonas de bosques.
El gobierno federal no fue capaz de generar oposición dentro del legislativo para bloquear la nueva legislación – por el sencillo motivo de que la mayor parte de sus proponentes componían la base gobiernista -, lo que hizo necesario que la presidenta la vetara. La expectativa de los movimientos sociales y ambientalistas era que el veto a la propuesta fuera integral. Empero, la presidenta prohibió solamente nueve artículos de la ley y pasó el Programa de Regularización Ambiental, que exceptuó de multa a propietarios rurales que generaron devastación en los bosques, bajo la condición de que presentaran un plan de recuperación de las áreas degradadas. Dicha recuperación será de máximo el 20 por ciento de la propiedad, sin tomar en consideración que muchas propiedades de las regiones centro-oeste y norte del país vienen integralmente del desmate de la Amazonía.
Si con relación al medio ambiente, Rousseff fue permisiva y permitió la ampliación del poder de los latifundiarios, en lo que dice respecto a los derechos indígenas la situación no es mejor. El gobierno brasileño, desde Lula, hace propaganda de haber demarcado la mayor cantidad de tierras indígenas de América Latina. Lo que no dice es que el 95 por ciento de estas tierras están localizadas en la Amazonía o en regiones cercanas a centros urbanos – por lo tanto, en zonas con menor disputa por la tierra. Los pueblos indígenas que habitan regiones con presencia de haciendas destinadas al agronegocio han sido prácticamente ignorados en sus demandas por demarcación de reservas, y sufren violencia cotidiana por parte de capataces de los latifundistas – violencia que pone en riesgo la existencia de esos pueblos. Un ejemplo es el caso de los Guarani-Kaiowá, del estado de Mato Grosso do Sul, que en 2012 recibieron del Estado orden de despojo de sus tierras ancestrales, en un contexto de asesinatos, violaciones y suicidio de indígenas.
La pugna entre un proyecto de campo basado en la agricultura familiar para la producción de alimentos y otro de una zona rural de latifundios y producción enfocada en la exportación de granos está lejos de ser justa. A pesar de los programas y auxilios anunciados por el gobierno, es evidente que la báscula del poder favorece al agrobusiness. Aparte de su expresiva presencia en la administración, cuentan con recursos excesivos, sin ninguna proporción con aquellos destinados a la agricultura familiar.
En febrero, la presidenta anunció en su plan agrícola para 2013/2014, que invertirá 133 mil millones de reales. El monto impresiona, pero su división impresiona más: 115 mil millones de reales estarán destinados a la agricultura empresarial, ante 18 mil millones para la agricultura familiar. Dinero que será invertido primordialmente en la compra de máquinas para la modernización de la producción. En una feria destinada al agronegocio, Dilma Rousseff afirmó que siempre habrá más recursos: “Todo lo que gasten, lo cubriremos”. Días después, la petista volvió a apapachar a los agroexportadores, anunciando su gran orgullo: en 2013 Brasil tendrá la mayor cosecha de granos de su historia, llegando a 185 millones de toneladas. Claro, todo esto sin considerar la cosecha de alimentos – que mereció nada más que una mención en el discurso de la presidenta.
El contexto como un todo marea: si Dilma quiere fomentar la agricultura familiar y las economías locales, y para eso quita los impuestos de la canasta básica y compra las cosechas de los pequeños productores, ¿por qué no aplica la reforma agraria?, ¿por qué permite la promulgación casi integral de un Código Forestal que en la práctica acaba con la legitimidad de las expropiaciones de latifundios improductivos?, ¿por qué otorga inversiones fuera de proporción a los latifundistas?, ¿por qué no defiende a los pueblos indígenas y garantiza su derecho a la tierra?
Con un discurso amigable y mucha inversión en publicidad, el gobierno del PT muestra que en su proyecto nacional la agricultura familiar sólo tiene cabida si no interfiere en el desarrollo y la inserción del país en la globalización. “Un país rico es un país sin miseria”, slogan del gobierno Dilma, vale para elevar a Brasil en las clasificaciones internacionales y para crear un gran conjunto de ciudadanos consumidores. ¿Hasta qué punto el país rico de Dilma es, como dice el slogan del gobierno de Lula, “un país de todos”?
Publicado el 25 de marzo de 2013

Leer

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Lucha por la tierra vs. colonización
23 de abril de 2018
Editorial Virginia Bolten (Argentina)
Desde la invasión de las Américas –lo que es conocido como “descubrimiento”– por los colonizadores europeos, el conflicto por la tierra siempre fue una constante en la historia de estos territorios. Indígenas, pueblos originarios, campesinos y comunidades quilombolas [1], entre otros actores que luchan por el derecho a la tierra, son el cuerpo resistente al proceso de colonización que nunca terminó.

El modelo de desarrollo basado en la extracción mineral sigue siendo un factor preponderante al pensar en los conflictos por la tierra. El caso más emblemático, y que devela cómo se dan estos conflictos y el rol del Estado en el proceso de legitimación de la lógica de dominación es la Masacre del El dorado dos Carajás, en la provincia de Pará, región Norte de Brasil.

El 17 de abril de 1996, 19 miembros del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra –MST-, fueron asesinados por las fuerzas policiales de la provincia de Pará en una marcha que tenía por objetivo reivindicar junto al gobierno del Estado las promesas incumplidas de expropiación de una hacienda –Fazenda Macaxeira– ocupada por 3.500 familias, en septiembre de 1995. De los 154 agentes involucrados en la operación, sólo dos de ellos fueron responsabilizados por la masacre. En 2002, la fecha del 17 de abril fue establecida como el Día Internacional de la Lucha Campesina.
Según la constitución brasilera, en el artigo 184 de la Constitución Federal, “es deber del conjunto de las provincias expropiar por interés social, para llevar a cabo la reforma agraria, la propiedad que no esté cumpliendo su función social, mediante previa y justa indemnización en títulos de la deuda agraria, con clausulas de preservación real, rescatables en un plazo de veinte años, a partir del según año de emisión, y con utilización definida por la ley”.

Estos conflictos son una consecuencia de la concentración de tierras, de la concentración económica y del poder político. La articulación entre lo público y lo privado, y la no separación ente estas dos instancias, termina por concretar acciones sin autorizaciones judiciales y la consecuente profundización en la asimetría entre terratenientes y movimientos en lucha por la reforma agraria.

El índice de concentración de tierras en Brasil es uno de los más altos del mundo. Y, mientras los movimientos en lucha por la tierra siguen reivindicando el derecho a tener derechos, los terratenientes y las corporaciones actúan al margen de la legalidad.

En Brasil, las masacres como la de Carajás no son hechos aislados. Según la Comisión Pastoral de la Tierra –CPT-, entre los años 1985 y 2017, los casos de conflictos en el campo con registro de asesinatos fueron de 1.438, llegando al total de 1.904 víctimas. De todos estos casos, sólo uno 8% fue juzgado. Y de los 70 asesinatos ocurridos sólo en el año 2017, 28 son caracterizados como masacres, lo que desvela un avance del genocidio hacia las comunidades campesinas en el último período.
La exclusión social impuesta de forma brutal lleva a cuestionar el “proceso civilizador” dominante que naturaliza la barbarie. Un proceso que criminaliza las luchas de las personas trabajadoras del campo, utilizando estrategias de estigmatización –apoyados por los medios de comunicación. Así, estos sujetos en lucha son convertidos en no deseables y asesinables por el conjunto de la sociedad que guarda, aún hoy, un fuerte inconsciente colonial.

La lucha campesina y el poder de resistencia de estos movimientos, no sólo es capaz de denunciar los aspectos ocultos de las estructuras de poder, como también demostrar una alternativa al modelo capitalista, generando nuevos modos de vida.

Pensando la lucha por la tierra como un dispositivo de radicalización del poder popular, nosotras desde de Virginia Bolten preguntamos: ¿es posible salir de la actual crisis sin apoyar a la lucha campesina y a la reforma agraria? Nota:
[1] Comunidades descendientes de quilombos son grupos cuyos ancestros fueron personas victimas de la esclavitud en Brasil. Son comunidades que generalmente vivieron sin contacto con el mundo urbano durante mucho tiempo.

Referencia:
Necesitamos, abajo y a la izquierda, generalizar la deliberación sobre la defensa neoliberal y la progresista del capitalismo local. Debate esclarecedor y a la vez definidor de rumbos emancipatorios concretos. Esto implica establecerlos desde las «luchas desde abajo» que parten de la rebelión ante la impunidad criminal de extractivismos. 
Es mirada hacia crear vínculos con los pueblos originarios por sus derechos y por coincidir en el imperativo de la autodeterminación de todos los pueblos de Nuestra América y del mundo. Es involucramiento con el internacionalismo de Vía Campesina y las multisectoriales-redes por la soberanía alimentaria, la agroecología.

 

El daño alimentario del agronegocio en la Argentina –

Alimentos envenenados con agrotóxicos, 2018

24 de abril de 2018

En el mes de abril de 2017, Naturaleza de Derechos accedió a los controles sobre frutas, verduras y hortalizas realizados por el SENASA entre los años 2011 y 2016. Los resultados de los controles indican la situación de riesgo de daño alimentario en la que se encuentra la Argentina, por la altísima presencia de agrotóxicos en casi todos los productos alimenticios de consumo directo, o de materias primas esenciales, como el maíz, trigo y girasol.
 
Estamos hablando de residuos químicos que son incorporados diariamente al organismo humano, sobre los cuales la ciencia digna e independiente ha señalado que una exposición crónica a los mismos, representa una situación de riesgo grave para la salud humana, dado que en razón de evidencias claras, han sido caracterizados y hasta determinados, sin objeciones científicas y/o académicas, como agentes cancerígenos, disruptores endocrinos, genotóxicos, mutagénicos Y teratogénicos.
Casi la totalidad del sistema agroalimentario argentino, está sometido al modelo productivo impuesto por el Agronegocio, con la aquiescencia del poder político. La agro industrialización a través de la incorporación de semillas modificadas genéticamente y el uso masivo de agrotóxicos, tanto para los cultivos extensivos como los intensivos, no está sujeto a una regulación legislativa en la Argentina.
Efectivamente, en la Argentina, no hay una ley nacional que regule el proceso de registros, autorización y usos de los agrotóxicos, ya sea para su doméstico, línea jardín o en el sistema agroalimentario. Tampoco hay una ley sobre bioseguridad y Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (OVGM).
El acceso a los datos de los controles realizados por el SENASA sobre las frutas, verduras y hortalizas en los mercados de abasto (Central, de La Plata y General Pueyrredón), ha sido una bisagra en el camino por una agricultura libre de agrótoxicos.
Pues se trata de información que confirma todas las sospechas sobre la seguridad de los alimentos de consumo directo sometidos al uso de agrotóxicos. Los resultados son elocuentes, un primer análisis ligero de los números de los controles , nos indica que más del 63 % de las frutas, verduras y hortalizas que consumen más de 20 millones de personas en la Argentina tiene al menos un residuo de agrotóxico.
Un segundo análisis, más profundo, detallado y desclasificado (que hemos realizado en estos meses y que estamos presentando), nos advierte que estamos ante una situación de emergencia de inocuidad y seguridad alimentaria en la Argentina. Sin eufemismos denunciamos que toda la población está expuesta a un Daño Alimentario.
Los números son fríos, pero con la información previa son determinantes.
En el caso de los alimentos contaminados con agrotóxicos en la Argentina, además son alarmantes.
Según los propios datos del SENASA enviados a Naturaleza de Derechos sobre los controles de presencia de agrotóxicos en 38 alimentos, en el período 2011-16, se detectaron 65 principios activos de dichas sustancias.
Si se realiza una clasificación por los efectos en la salud de cada agrotóxico hallado, surge que del grupo compuesto por 38 alimentos analizados, en el 97 % de los productos alimenticios, se detectaron agrotóxicos considerados disruptores endocrinos;en el 92 %, agrotóxicos cuyo mecanismo de acción es lainhibición de las colinesterasas; en el 87 %, agrotóxicos concapacidad cancerígena, y en el 84 %, agrotóxicos con efectos teratogénicos.
No estamos ebrios, ni somos fundamentalistas. El Estado y el Agronegocio nos envenan.
Descargar el informe (PDF) a continuación:
El daño alimentario del agronegocio en la Argentina - Alimentos envenenados con agrotóxicos 2018 (2,13 MB)
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Argentina: ¿Otra agenda para el 19?

Mercado interno y desarrollo productivo

5 de marzo de 2018
Por Carlos A. Vicente 
La propuesta es reflexionar sobre los errores, contradicciones y retrocesos de la década pasada. Observaciones a la energía nuclear, explotación de hidrocarburos no convencionales y la minería.
La nota de Eduardo Dvorkin “Tareas urgentes a encarar con otro gobierno. La agenda del 19”, publicada el 4 de febrero en el Cash, resulta una invitación a la reflexión que no quiero dejar la oportunidad de aprovechar. Por un lado casi nadie de este lado de la Argentina puede dejar de acompañar los objetivos presentados como centrales: volver a desarrollar el mercado interno coetáneamente con el desarrollo productivo; incluir para crecer y crecer para incluir y poner al Estado en la conducción del proceso productivo.
Sin embargo a la hora de analizar las propuestas concretas para cumplir con estos objetivos aparece una reiteración de las que fueron las propuestas del kirchnerismo durante toda su gestión y que merecen hoy por lo menos ser revisitadas, analizadas y cuestionadas. Porque enfrentar hoy al monstruo que se ha apoderado del país no nos debe impedir reflexionar sobre los errores, contradicciones y retrocesos sufridos la década pasada. Esta será la única manera de mirar y construir un futuro mejor.
Creo que hay por lo menos tres ejes sobre los que las “tareas urgentes” hacen agua:
Uno de ellos es apelar a un modelo productivo que es profundamente cuestionado y al que muchos países ya han renunciado por sus catastróficos resultados: el desarrollo de la energía nuclear, la explotación de hidrocarburos no convencionales, la minería. Los impactos de estas tres áreas de “desarrollo” ya están más que demostrados (Fukushima o la catástrofe de Mariana en Brasil son muestras más que suficientes) y los países centrales claramente han puesto las fichas en que el desarrollo de las mismas sea en los países subordinados (salvo en los Estados Unidos por supuesto, donde están dispuestos a todo para conservar su hegemonía). Llama la atención que no se sume a esta tríada de propuestas la profundización del modelo agrícola basado en transgénicos y agrotóxicos. ¿Será porque el Ministro de Ciencia y Tecnología seguirá siendo Lino Barañao y, por lo tanto, este tema ni siquiera necesita ser mencionado?
Otro es no mencionar el poder corporativo en el que se sustentan estas propuestas de “desarrollo” y las implicancias que tienen. Las mineras canadienses, con Barrick Gold a la cabeza; Chevron de la mano de la “estatal” YPF o la no mencionada Monsanto (hoy comprada por Bayer) conforman el espectro de “oportunidades” que seguirán manteniéndonos en la subordinación y la imposibilidad de pensar en un futuro autónomo para nuestro país.
El tercero, fundamental cuando lo que estamos abordando es el futuro, es no plantear los impactos en los territorios de estas propuestas. En Argentina, millones de personas cuestionan local y regionalmente la devastación producida por la minería, la extracción de hidrocarburos no convencionales o el modelo sojero y sus fumigaciones masivas. No tener presentes a los pueblos que sufren las consecuencias de estos proyectos es darle la espalda a buena parte de los argentinos. Pero además el costo del extractivismo lo estamos pagando todos: la destrucción de ecosistemas, la pérdida de nuestros últimos bosques nativos, la contaminación de la cuencas de agua, los suelos y las comunidades por agrotóxicos, la destrucción de economías locales son realidades perfectamente documentadas cuyas cifras son alarmantes pero exceden la extensión de esta nota. La información está allí, producidas por Universidades, Asambleas y organizaciones sociales. Quién quiera oir que oiga.
Todos estos temas son parte del debate cotidiano en la política y en los grandes medios en buena parte del planeta. En Argentina sin embargo se los ha borrado del mapa y han quedado relegados y por suerte visibilizados por los medios alternativos. Quizás sea hora de aprovechar el momento, y a pesar del enemigo común poderoso que enfrentamos, ampliar la mirada y los debates que tenemos.
* Integrante de las ONG Grain y Acción por la Biodiversidad y coeditor de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas.
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Nicaragua
Hay que condenar la represión y
las medidas neoliberales de Daniel Ortega
25 de abril de 2018

Por Olmedo Beluche (Rebelión)
El gobierno de Daniel Ortega, del partido FSLN, ha procedido a realizar una drástica reforma de las pensiones, aumentando la cuota obrero patronal y descontando 5% de las jubilaciones de los actuales jubilados. Todo esto sugerido por el Fondo Monetario Internacional en una típica medida de corte neoliberal.
Por menos que esto, en Panamá, el movimiento popular organizó el Franadesso original, en 2005, se realizaron masivas movilizaciones y una huelga general. Así que es plenamente legítima, como lo fue la nuestra, la movilización de los estudiantes y trabajadores nicaragüenses contra la reforma que ahora impone el gobierno de Ortega. Movilizaciones masivas que han sido duramente reprimidas con su secuela de muertos.
Aquí es donde se evidencia la verdadera cara del llamado “progresismo” latinoamericano. Gobiernos que alardean de revolucionarios y chacharean de “socialismo”, pero que en la práctica no pasan los límites del sistema capitalista. La crisis del progresismo en todo el continente es la crisis del reformismo burgués, incapaz de verdaderas medidas socialistas en un momento de crisis sistémica y caída de precios de las materias primas.
Aquí no vale que el sandinismo aduzca la existencia de “conspiraciones” de la derecha y el imperialismo, si ellos mismos metieron la cabeza en la guillotina para aplicar una medida económica de derecha ordenada por el imperialismo (FMI).
Frente al reformismo burgués inconsecuente y frente a los proyectos de la extrema derecha proimperialista, es la hora de construir verdaderas alternativas políticas revolucionarias y socialistas.
Socialismo no son unas cuantas políticas públicas (“transferencias”, como las llama el Banco Mundial) financiadas por las exportaciones de materias primas, sin tocar el corazón de la propiedad capitalista. Socialismo es verdadera participación popular, con sus organismos de poder, con su democracia, con la nacionalización de la banca y el comercio exterior.
Podemos defender a Nicolás Maduro de la política golpista de Estados Unidos y la derecha venezolana, pero hay que decir que, igual que Ortega en Nicaragua, tiene responsabilidad en la crisis actual, por lo que ha hecho y dejado de hacer.
Otro tanto de Lula, a quien defendemos de la conspiración derechista para sacarlo de la contienda electoral, pero cuyas políticas reformistas dieron alas a la derecha, incluso su partido, el PT, le regaló al golpista M. Temer, la vicepresidencia al lado de Dilma Rousseff.
Lo que pasa hoy en Nicaragua debe ser un llamado de atención a los verdaderos revolucionarios y socialistas del continente del deber de construir una verdadera alternativa de la clase trabajadora, por fuera de la sombra de “progresistas” y reformistas inconsecuentes, que llevan a la derrota de los movimientos antineoliberales que iniciamos hace 20 años.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=240772
Atendamos a los sujetos colectivos con origen en las «luchas desde abajo» que, al afirmarse en sus derechos humanos, nos interpelan a todos los distintos oprimidos por el capitalismo y definen rumbos a la emancipación de todos.

Declaración del Foro de los Pueblos Indígenas ante

la VIII Cumbre de las Américas:

En defensa del territorio y la libre determinación de los pueblos o naciones.

23 de abril de 2018
“Nosotros y nosotras como representantes de los pueblos, Naciones y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, en el marco y ejercicio del derecho a la libre determinación y en defensa de nuestra Madre Tierra, damos a conocer nuestras conclusiones y planteamientos como resultado del Foro de los Pueblos Indígenas, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, celebrado en Lima del 10 de Abril de 2018."
El martes 10 de abril, se realizó el Foro de los Pueblos Indígenas organizado por el Pacto de Unidad, en el marco de la Cumbre de las Américas. Fue el primer acto oficial de la Cumbre y trajo el debate y análisis desde las diferentes organizaciones, líderes y liderezas que concluyó en la aprobación de la Declaración del Foro de Pueblos Indígenas frente a los jefes de Estado. El Pacto de Unidad está conformado por organizaciones que integran el proceso del Foro Social Panamazónico, que adhiere y asume como suya esta Declaración, que dejamos a continuación en su texto íntegro, agradeciendo su más amplia difusión
DECLARACIÓN DEL FORO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ANTE LA VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS REALIZADA EN LIMA: EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS O NACIONES
Nosotros y nosotras como representantes de los pueblos, Naciones y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, en el marco y ejercicio del derecho a la libre determinación y en defensa de nuestra Madre Tierra, damos a conocer nuestras conclusiones y planteamientos como resultado del Foro de los Pueblos Indígenas, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, celebrado en Lima del 10 de Abril de 2018.
CONSIDERANDO:
Que en nuestro continente somos aproximadamente 826 pueblos indígenas que preexistimos a los Estados y vivimos en armonía con la Madre Tierra, desde nuestros ancestros.
Que desde la invasión Europea se nos ha impuesto un modelo económico de extracción de recursos por lo que hemos sido sistemáticamente expoliados y despojados de nuestros territorio.
Que los Estados republicanos nacieron excluyendo a los pueblos originarios, con una política de asimilación cultural, con prácticas racistas, genocidas, patriarcales y monoculturales; de colonización de nuestras mentes.
Que actualmente nos encontramos frente a un modelo de desarrollo depredador y destructor donde las corporaciones buscan acumular riquezas para unos pocos, vulnerando nuestros derechos y destruyendo la Madre Tierra, a través de la imposición de mega proyectos extractivos como: la minería, hidroeléctricas, hidrocarburos, forestales, monocultivos y de infraestructura en nombre del desarrollo, que se ejecutan sin la consulta ni el consentimiento libre, previo e informado.
Que, a lo largo de la historia, los pueblos hemos resistido y luchado por el respeto de nuestra libre determinación, autonomía, y autogobierno; y por acabar con todas las formas de colonialismo y subordinación.
Que las mujeres indígenas cumplimos un rol decisivo en la protección y transmisión de nuestras identidades culturales, prácticas y saberes ancestrales, conservación de la biodiversidad, defensa del territorio y seguridad alimentaria.
Que, gracias a nuestras luchas, hemos logrado avances en el derecho Constitucional e Internacional como la Resolución 1514 (XV) de la Naciones Unidas, el Convenio 169 de la OIT de 1989, la Declaración de Viena de 2003, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la doctrina y Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son de obligatorio cumplimiento para los Estados.
Que, los Estados han institucionalizado políticas y prácticas corruptas que se evidencian en la producción normativa, la gestión y administración pública, y el sistema de justicia, favoreciendo a las corporaciones transnacionales y vulnerando nuestros derechos como pueblos.
Que, a pesar de las obligaciones vinculantes del Estado en materia de derechos indígenas, persiste la criminalización del ejercicio de nuestra autoridad, funciones jurisdiccionales y defensa de derechos colectivos, a través del asesinato, desaparición física, represión penal, amenazas, acoso, estigmatización y otras formas de persecución arbitraria.
Que, los acuerdos de las siete cumbres de las Américas no han implementado acciones concretas para el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en los Estados miembros.

DEMANDAMOS a los Jefes de Estado y Gobiernos de las Américas lo siguiente:
1. Que los Estados den cumplimiento efectivo a sus obligaciones internacionales relativas a los derechos de los pueblos indigenas, adoptadas en ejercicio de su soberania, incluyendo tratados, medidas cautelares, sentencias y otros mandatos internacionales; derogando las normas nacionales que se oponen a tales obligaciones.
2. Que los Estados respeten y garanticen nuestros derechos a la libre determinación, autonomía y autogobierno; formas de vida, modelos de desarrollo, planes de vida y buen vivir.
3. Que los Estados reconozcan la personalidad jurídica de pueblos, naciones o nacionalidades indígenas, y sus formas propias de organización.
4. Que el Estado garantice la participación institucional de los pueblos dentro de la estructura del Estado, a todo nivel y con poder de decisión.
5. Que los Estados aseguren nuestro derecho a la propiedad del territorio ancestral integral, incluyendo los recursos naturales necesarios para nuestra subsistencia como el agua, bosques, tierras eriazas, etc.
6. Que los Estados adopten normas y políticas para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, que incluya la prohibición de patentes de nuestras semillas y productos nativos; la priorización del consumo interno sobre la exportación, y el veto al uso de organismos transgénicos.
7. Que cesen las políticas de parcelación y titulación individual de los territorios colectivos; de fragmentación y despojo de territorios a través de políticas de conservación y establecimiento de áreas protegidas.
8. Que los Estados deroguen las normas que facilitan la pérdida de la propiedad territorial indígena a través de figuras jurídicas como: la “cesión en uso de los bosques”, la posibilidad de venta de tierras; la expropiación y servidumbre forzosa; la cesión de propiedad para la construcción de infraestructura.
9. Que los Estados cesen las políticas de colonización, invasión de los territorios indígenas, y de toda forma de violencia que afecta de manera particular a las mujeres indígenas.
10. Que los Estados implementen los procesos de participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar normas, políticas, programas y medidas  susceptibles de afectar a los pueblos indígenas, como concesiones, autorizaciones, contratos u otros.
11. Que los Estados garanticen medidas efectivas para la participación plena de las mujeres y jovenes indígenas en la toma de decisiones de políticas públicas susceptibles de afectarles.
12. Que los Estados implementen políticas públicas de salud y educación bilingüe intercultural, incorporando en ellas la historia, cosmovisión, filosofía y saberes ancestrales como parte del proceso de descolonización y buen vivir.
13. Que los Estados respeten los saberes y prácticas ancestrales de medicina, formas de transmisión de conocimiento, expresiones culturales y artísticas, y que garanticen los medios para su desarrollo autónomo.
14. Que los Estados promuevan el derecho a los medios de comunicación indígena, redes comunitarias y el uso y acceso de las tecnologías de comunicación en nuestros propios idiomas.
15. Que los Estados adopten normas y políticas para eliminar toda forma de discriminación y el racismo institucionalizado.
16. Que los Estados investiguen de oficio y sancionen a los funcionarios y servidores públicos involucrados en hechos de corrupción, estableciendo la imprescriptibilidad de este delito y que los corruptos no vuelvan a ejercer función pública.
17. Que los Estados investiguen y sancionen ejemplarmente a las empresas -y sus titulares- involucradas en hechos de corrupción, anulando los contratos obtenidos por medios ilegales y que no se vuelvan a beneficiar de contratos o recursos públicos.
18. Que cese la criminalización y estigmatización de autoridades y miembros de pueblos indígenas por ejercer su autoridad, funciones jurisdiccionales y proteger sus territorios y demás derechos; derogando las normas de criminalización, archivando los procesos judiciales y disponiendo la libertad de las personas detenidas.
19. Que los Estados respeten y garanticen el pluralismo jurídico igualitario, es decir que respeten las decisiones de la justicia indígena como cosa juzgada y, que con participación de los pueblos, se establezcan mecanismos de coordinación con la justicia ordinaria.
20. Que los Estados promuevan la capacitación de los jueces, fiscales y policías para que conozcan, respeten valoren los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas.
Para que se fortalezca la paz de todos los pueblos indígenas de nuestra Abya Yala, rechazamos todos los actos de violencia y persecución arbitraria, militarización y estados de emergencia que vienen sufriendo nuestros pueblos de América Latina. Y en particular, queremos manifestar nuestra solidaridad con nuestros hermanos y hermanas: – De los pueblos originarios del distrito de Chalhuahuacho (Apurimac) y Chulmivilcas (Cusco), actualmente con presencia policial y military; y bajo estado de emergencia, por lo que demandamos su levantamiento. – De los pueblos Mapuche, Awajun, Achuar, Kichwa, por la persecución arbitraria que vienen sufriendo en defensa de sus derechos. – Los pueblos indígenas de Venezuela, que se ven afectados por la crisis humanitaria, fundamentalmente por razones de salud y alimentación. – De los pueblos originarios de Cajamarca, en particular de Valle Laguna Azul, quienes están condenados a 10 años de pena privativa de libertad por presunto delito de extorsión debido al ejercicio de funciones jurisdiccionales.
Dado en la ciudad de Lima el 10 de abril de 2018.
Agradecemos el envío de Luis Hallazi de IBC e Ismael Vega de CAAAP.-
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Día Internacional de la Lucha Campesina:

el sistema agroalimentario en disputa

23 de abril de 2018
"Ya no se trata de lograr únicamente la distribución de la tierra con el objetivo de democratizar las estructuras agrarias sino de cuestionar los patrones de poder y acumulación. Para ello, la reforma agraria y la soberanía alimentaria se entrelazan con la propuesta/opción por la agroecología."
Por Pablo Barbetta y Diego Domínguez - Grupo de Ecología Política Comunidades y Derechos, Instituto de Investigaciones Gino Germani (FSOC-UBA). Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
 
Cada 17 de abril, la Vía Campesina, una alianza internacional de organizaciones campesinas, indígenas, pescadores artesanales y de trabajadores rurales, rememora la masacre de Eldorado dos Carajás, donde 19 campesinos Sin Tierra fueron asesinados en 1996 en Pará, Brasil. Este año el “Día Internacional de las Luchas Campesinas” lleva como consiga “¡Por tierra y por la vida! ¡Basta de Tratados de Libre Comercio, basta de impunidad!” Se trata de una consigna contra el capitalismo, racismo, patriarcado y masiva violación a los derechos humanos de miles campesinos y campesinas, donde losTratados de Libre Comercio (TLC) son considerados como herramientas impulsadas por corporaciones y Estados que establecen reglas para vender los bienes naturales. En este contexto, se trata de una lucha para para defender y conquistar la reforma agraria, entendida como el derecho de los pueblos a la tierra, territorios, al agua y a las semillas nativas, base fundamental para la Soberanía Alimentaria.
Pero no debemos confundir la idea de la reforma agraria con aquellas proclamas que surcaron los territorios latinoamericanos en la década del 50’ y 60’. En efecto, ya no se trata de lograr únicamente la distribución de la tierra con el objetivo de democratizar las estructuras agrarias sino de cuestionar los patrones de poder y acumulación. Para ello, la reforma agraria y la soberanía alimentaria se entrelazan con la propuesta/opción por la agroecología. Para la Vía Campesina, la agroecología –aunque puede asumir otros nombres- más allá de componer un sistema tecnológico apropiado para los campesinos, es ante todo “práctica campesina de resistencia ante el agronegocio y el avance del capital” (Vía Campesina, 13/10/2015). Ésta contiene en sí tres dimensiones fundamentales íntimamente relacionadas: a) como una teoría crítica al sistema agrícola industrializado en torno a los aspectos ecológicos, agronómicos, social y económicos, b) una práctica desplegada por aquellos que aplican -explícita o implícitamente- la visión alternativa que se despliega en el nivel de la teoría y c) como un movimiento social que no sólo incluye a aquellos relacionados con el nivel de la práctica y la teoría sino también a aquellos interesados por alimentos sanos y seguros, por un ambiente limpio, en la justicia social y una relación equilibrada entre campo y ciudad. En este contexto, la agroecología interpela tanto a académicos como a productores y organizaciones sociales, sean estas campesinas o no, en torno a la relación entre el hombre y la naturaleza a partir de la necesidad de una mirada integral u holística sobre la sociedad y la producción agraria. Incluso, algunos autores consideran a la agroecología como parte de un nuevo paradigma civilizatorio.
La agroecología entendida como práctica refiere a las diversas búsquedas de modelos para la sustentabilidad ecológica de la producción primaria. Este aspecto puede observarse en la proliferación de experiencias de producción agroecológica en distintos países, siendo Latinoamérica y el Caribe lugares donde adquieren especial importancia, vinculada sobre todo con los modos campesinos de producción, los cuales incluso han sido definidos como modalidad sustentable de uso de los bienes de la naturaleza y los ecosistemas que habitan.
En Argentina, también existen múltiples experiencias agroecológicas o denominadas agriculturas de proceso por basarse en las interacciones biológicas de la naturaleza. Los movimientos y asociaciones de campesinos y de productores familiares llevan adelante proyectos de agroecología en forma cooperativa, pero también acompañan con apoyo técnico y económico a sus integrantes en fortalecer sistemas sustentables de producción de alimentos para el autoconsumo y los mercados locales, en pequeñas y medianas ciudades. También se destacan como parte del fortalecimiento de la propuesta agroecológica las escuelas campesinas de agroecología del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE-VC) o la Unión de Trabajadores sin Tierra (UST), y la Universidad Campesina en la frontera de Santiago del Estero y Córdoba, donde los conocimientos científicos y campesinos se encuentran y dialogan, con participantes de diferentes provincias.
De forma creciente ocurre que productores familiares del corazón pampeano del agro argentino vinculados a una agricultura industrial, insumo químico intensiva, denominada también como convencional, están haciendo un giro hacia el paradigma de la agroecología. Reflejo de ello son la creación de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (RENAMA) con fuerte presencia en la provincia de Buenos Aires, la red provincial de productores agroecológicos Nueva Semilla de Córdoba, la reconversión productiva de los horticultores del área metropolitana que alimentan Buenos Aires, y la expansión de la Asociación para la Agricultura Biológico Dinámica de Argentina (AABDA) también en esa provincia así como en Misiones y Santa Fe. Algunos de los establecimientos de la producción familiar que se destacan en la transición agroecológica son Naturaleza Viva en el norte santafecino, la Aurora en Benito Juárez premiada por la FAO como modelo de producción agroecológica, o los Jardines de Yaya en Villa General Belgrano, entre otras. Muy significativas también son en el plano de la comercialización de productos agroecológicos las decenas de ferias de la agroecología que funcionan semanalmente en diferentes provincias, incluso con ayuda del INTA y de lo que fuera en su momento la Secretaria de la Agricultura Familiar. Estas realidades se diferencian no solo de la agricultura industrial ligada a los mercados internacionales de commodities, sino de la agricultura orgánica certificada que también busca sus nichos de mercado fuera del país. Esta propuesta de agricultura en plena expansión pretende proveer de alimentos sanos al consumo popular local en primer término, rescatando las identidades campesinas y chacareras del país. Su potencial es tal que se ha constituido en una alternativa real para sustituir el modelo de agricultura dominante hoy día que deprime las  economías regionales, se orienta mayormente a la exportación, enferma a los productores directos y los pueblos agrarios, y a los consumidores de las grandes ciudades, por la magnitud y características de los agroquímicos que emplea, y deja en manos de un puñado de empresas el sistema agroalimentario del país. Leer
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ARGENTINA.  Se realizó el Primer Parlamento de Mujeres Originarias en Ensenada: “Nos queremos plurinacionales”

Resumen Latinoamericano / 24 de abril de 2018 – Durante todo el fin de semana del sábado 21 y domingo 22 de abril, el Polideportivo Municipal de la ciudad de Ensenada fue sede del Primer Parlamento de Mujeres Originarias, constituyéndose en un hecho histórico en el camino de construcción política y organización de los pueblos-nación originarios de nuestro país.
Este primer parlamento contó con la participaron de más de un centenar de mujeres pertenecientes a una diversidad de pueblos-naciones. Estuvieron presentes mujeres de los pueblos ava guaraní, mbya guaraní, pilagá, tonocoté, chaná, qom, wichi, kolla, aymara, quechua, charrúa , diaguita calchaquí, ranquel, mapuche, mapuche-tehuelche y zapoteca (México); que durante el día sábado debatieron de manera cerrada, entre ellas, discutiendo y parlamentando específicamente respecto a los temas centrales de su agenda política; para luego, al día siguiente,  abrir el parlamento a la participación de las mujeres no originarias que quisieran participar y apoyar esta iniciativa.
En el transcurso de los dos días, el debate giró en torno a cuestiones como:
  • La depredación de la naturaleza en manos del capitalismo extractivista (megamineria – agronegocio) a través sus agentes, las empresas transnacionales, y los impactos de extrema gravedad que esto tiene en las comunidades que habitan esos territorios.
  • La actual situación de recrudecimiento de la represión y persecución política-judicial que el Estado ejerce sobre las comunidades y sobre algunos/as herman@s en particular. En este punto, se hizo especial énfasis en el reclamo de LIBERTAD A LOS PRESOS Y PRESAS  POLÍTIC@S INDÍGENAS, haciendo mención explicita de la situación del machi Celestino Córdova, en huelga de hambre desde hace 100 días en Chile, y con urgente riesgo de vida;  y a la exigencia de DEROGACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA.
  • El repudio y los medios para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo; y la necesidad de avanzar en la descolonización y despatriarcalización de la sociedad.
  • La autovaloración y recuperación de la propia identidad, a través del desarrollo y puesta en práctica de las actividades productivas ancestrales, de la medicina ancestral, de los diversos conocimientos de cada pueblo-nación, y de la discusión del actual modelo educativo colonizante, que discrimina los saberes de las comunidades indígenas, entronizando aquella educación occidental como “el único conocimiento” que existe.
  • La construcción de una justicia con perspectiva de pueblos originarios.
  • La libre determinación de los cuerpos-territorios-pueblos.
  • Contra la privatización de las semillas, y a favor del resguardo y cuidado las mismas. Se planteó la necesidad de exigir una ley o legislación que declare el libre intercambio de nuestras semillas.
Otra cuestión fundamental, a la cual se le dedicaron varias horas de debate, es la situación respecto al Encuentro Nacional de Mujeres (ENM), y la necesidad de pulsar para transformarlo en un Encuentro PLURINACIONAL.
En ese sentido, desde la Marcha de Mujeres Originarias, y con la anuencia de todo el Parlamento y de diversas organizaciones no-originarias presentes el día 22/04, se lanzó la campaña “Nos queremos plurinacionales”, para ir construyendo, desde ahora y de cara al próximo ENM, a realizarse en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut y territorio mapuche-tehuelche; una alternativa al feminismo occidental y blanco, que realmente contemple las problemáticas y las cosmovisiones de todas las mujeres que habitan el territorio. Que sea realmente democrático y a partir del cual se pueda plantear una alternativa sistémica y civilizatoria.
Así, durante dos días de debate intenso, la savia de la tierra fluyó hacia Ensenada a través de las raíces profundas de nuestra identidad colectiva, encarnada en el centenar de mujeres que viajaron cientos y miles de kilómetros, para reencontrarse, para organizarse, y para plantear una alternativa política esperanzadora para nuestros pueblos, con el eje puesto en la armonía con la naturaleza y el cuidado de la vida en el planeta.
A continuación, dejamos algunas fotos del Parlamento de Mujeres Originarias y la Conferencia de prensa ofrecida al día siguiente, 23 de abril, en Radio Futura, La Plata: (...) Leer
Valoremos, en momentos en que se embauca sobre UNASUR ocultando su hacer posible la expansión de Cosiplan IIRSA, la siguiente concepción:   "integración desde abajo implica otra mirada desde la territorialidad de los pueblos que deciden/decidieron acabar con la continua soberanización de los minerales, es decir, radicalizar no solamente las alternativas de vida, sino fomentar más y de forma incluyente los diversos actores y perspectivas de/desde Latinoamérica. En ese sentido, tenemos que la integración de pueblos contra el extractivismo minero implica un avance en la descolonización que está siendo producida al radicalizar las alternativas a la modernidad desde las resistencias para liberar el presente y el futuro".
Integración, descolonización y
extractivismo minero
29 de marzo de 2018

Por Cristian Abad Restrepo
La democracia implica respetar los espacios de reproducción, lo que a su vez implica plurinacionalizar el territorio del Estado moderno; dar cabida a la gestión del territorio sobre diversas formas de ver y reproducir la vida.
Existe una revuelta de la naturaleza desde los pueblos del continente americano, dado el agotamiento de la reproducción de la vida que, como respuesta, abren sus mundos para reencantar el pensamiento desde-hacia otros horizontes de afectividades, para encontrar sentidos de vida ante la duda de la existencia porque la modernidad ya no ofrece futuro.

Esto quiere decir que desde los pueblos hay fisuras político-epistémicas que están situando las alternativas de vida, modos diversos de estar en el mundo, basadas en las relaciones comunales para recrear los sueños y posibilidades de un futuro abierto no prediseñado por el Estado moderno, cuyo modelo de más desarrollo, más progreso y más extractivismo minero nos quieren implantar a como dé lugar. Dice Zibechi que ‘ese mundo nuevo existe, ya no es un proyecto ni un programa sino múltiples realidades, incipientes y frágiles. Defenderlo, para permitir que crezca y se expanda, es una de las tareas más importantes durante las próximas décadas’ (Zibechi, 2003) en el siglo XXI. Dicho de otra forma, las múltiples realidades son aquellas que provienen de los pueblos racializados (indígenas, afrodescendientes y campesinos) que con sus dinámicas propias de sus lugares están reproduciendo otras formas de pensar y de sociabilizar. La democracia que requerimos en Panamá, México, Colombia, Argentina, Ecuador, Brasil, Honduras, en definitiva, en todos los países, implica respetar los espacios de reproducción, lo que a su vez implica plurinacionalizar el territorio del Estado moderno, es decir, darle cabida a la gestión del territorio sobre diversas formas de ver y reproducir la vida, lo que desencadenaría en una gestión pluriversal del territorio.

Resistencias y descolonización
Las resistencias contra la minería moderna nos abren esas posibilidades de descolonizar tanto el futuro como el espacio-tiempo presente regido por la modernidad. Es decir, un futuro abierto a los múltiples espacios-tiempos de los pueblos existentes que fueron encubiertos (Dussel, 1996), y que hoy pugnan, no sólo por su reconocimiento institucional, sino por la creación de mundos sin necesidad de recurrir al Estado y al mercado capitalista, cuya creación se basa en la autodeterminación y autonomía territorial.
Las resistencias que vemos en los últimos tiempos, no son resistencias propias de los actuales momentos, sino una manifestación de los pueblos silenciados por siglos, que cobran una importancia en la actualidad porque ya es imposible seguir encubriendo el entrampe de la modernidad (Bautista, 2015), que ha llevado todo a la muerte. Por eso, las resistencias por mantener la vida son luchas contra-modernas, de allí la importancia de valorar el legado milenario de saberes que nos han permitido ir más allá que la modernidad (Bautista, 2015).

Las actuales resistencias contra-extractivas además de ser expresiones contra la acumulación de hechos, de opresión, de aniquilamiento cultural, de racismo, de la humillación histórica, de la pérdida constante de la vida, en un contexto histórico de neocolonialismo minero, son también manifestaciones de la recreación de los paisajes de pensamiento como nunca antes visto y sentido en la historia latinoamericana. La valoración de formas de trabajo enfocadas en el alimento, en la gestión de cuidado de las montañas, del agua y el amor por el río, son ahora prácticas ‘críticas a la modernidad’ (Abdiel, 2018) que podemos hacer, porque la modernidad privilegió trabajos monstruosos basados en disparar bombas y balas, producir pobreza y acumular riqueza, estallar montañas y contaminar la tierra, expropiar la cultura de los cuerpos y territorios mediante la violencia.
Las resistencias son manifestaciones de la r-existencia [Por06], de aquel residuo que ha quedado después de siglos de destrucción constante de mundos y de saberes. Ese residuo se convierte hoy en la semilla que empieza a expandirse con potencia desde la solidaridad de los pueblos y de articulación de posicionalidades sobre la vida que guardan un objetivo presente común: reproducir la vida-cultura-naturaleza, en definitiva, el territorio.

Radicalidad de las múltiples alternativas
Los conflictos ambientales que resultan del extractivismo minero tienen entonces una solución, una única salida, la vida del territorio o la muerte del mismo. No hay puntos medios, ni negociación posible porque como indica Machado (2015) ‘allí donde se radica la mina, estalla el conflicto como conflictividad estructural de larga duración’.
La radicalidad no debe de entenderse como simple fundamentalismo ecológico, como lo piensan los extractivistas y funcionarios del Estado, es que no hay otra forma u otro modo posible sino descolonizar la naturaleza, lo que implica radicalizar las múltiples alternativas existentes al extractivismo minero. La negociación nos condena de antemano a la pauperización y creciente racismo (inferiorización) de nuestros pueblos. De allí, que las resistencias hayan comprendido que con el extractivismo minero no hay posibilidades de convivencia porque su razón y su lógica de ser es racializar al extremo a los pueblos, transferir/producir escasez, en definitiva, la ampliada destrucción de la vida. La descolonización de la madre naturaleza [Wal08] es ahora una visión desde el presente que asumieron/asumimos las resistencias contra el extractivismo minero, ya posible en el siglo XXI.

Las transiciones epistemológicas y políticas que requiere la humanidad están siendo construidas desde este continente para el mundo. Tomará años, como dice Dussel, para ver más nítidas esas transiciones, pero es un proceso no reversible de transición hacia otra cosa, hacia otra forma de vida. Esa es quizás la mayor característica que podamos asignar a las ‘sociedades en movimiento’ (Zibechi, 2017) en la actualidad, su capacidad de producir transiciones hacia otra vida posible en la diversidad. Arturo Escobar (2014) denomina este proceso como Pluriverso. Ya entendemos el porqué de la negación en las consultas populares-autonómicas contra la megaminería y la creciente hermandad de pueblos en diversos momentos en la historia reciente, donde convergen posicionalidades que se articulan en agendas y construcción de alternativas de liberación desde una geopolítica de otro modo. En definitiva, es una geopolítica que nos remite a la integración latinoamericana de los pueblos ‘desde’ abajo. Ganar más integración implica avanzar hacia la descolonización.

Más integración = más descolonización
Lo anterior supone la construcción de una integración latinoamericana desde abajo. Hemos visto en los últimos 20 años un sinnúmero de actores sociales y comunales contra el extractivismo minero en congresos, encuentros y creación de redes cuyo carácter ha sido integrista a favor de la causa de la liberación de Latinoamérica como el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, Unión de Asambleas Ciudadanas en Argentina. Es decir, tales formas de organización en redes y congresos deben ser entendidos desde la integración de los pueblos en América sin las cuales no es posible avanzar hacia las múltiples descolonizaciones, precisamente porque la colonización implicó la fragmentación de los cuerpos de sus contextos y de los amplios territorios/territorialidades, al implantar fronteras modernas a favor de la gestión del extractivismo minero. 

Dicha integración desde abajo implica otra mirada desde la territorialidad de los pueblos que deciden/decidieron acabar con la continua soberanización de los minerales, es decir, radicalizar no solamente las alternativas de vida, sino fomentar más y de forma incluyente los diversos actores y perspectivas de/desde Latinoamérica. En ese sentido, tenemos que la integración de pueblos contra el extractivismo minero implica un avance en la descolonización que está siendo producida al radicalizar las alternativas a la modernidad desde las resistencias para liberar el presente y el futuro.
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El autor es geógrafo.
25/03/2018
La Estrella de Panamá

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