Es analizar las relaciones

sociales e internacionales

que manejan ambos

en confrontación con lo comunitario-popular.

Comencemos por cuestionar el carácter revolucionario del gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera:

"La derechización está en curso

por la propia dinámica del gobierno 'progresista'"

Entrevista a Huáscar Salazar Lohman
2 de marzo de 2018

Por Verónica Gago y Diego Sztulwark

Economista boliviano, activista ligado a organizaciones sociales y miembro de la Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos, Huáscar (1983) publicó el año pasado el libro Se han adueñado del proceso de lucha. Horizontescomunitario-populares en tensión y la reconstitución de la dominación en la Bolivia del MAS (2015)(SOCEE/Autodeterminación), con prólogo de Raquel Gutiérrez Aguilar, una investigación académica de largo aliento que trata de comprender lo ocurrido desde la llegada de Evo y del MAS al gobierno desde el punto de vista de las tramas comunitario-populares, que hasta entonces desarrollaron un enorme poder de veto contra las políticas modernizantes del estado neoliberal al punto de desestabilizar el conjunto de las categorías jurídicas, políticas y económicas de la dominación.

Luego de esa fecha, en cambio, y a contrapelo de la retórica oficial, esas mismas tramas retroceden ante la nueva síntesis estatal que no ha dejado de plantear intensos conflictos con sus iniciativas modernizantes de tipo neodesarrollista. Huáscar sostiene que no se entiende el proceso boliviano sin considerar que “la derechización ya está en curso por la propia dinámica” del gobierno “progresista”. Encontramos a Huáscar en octubre de 2015 en Puebla, en el Congreso de Comunalidad, y retomamos la conversación durante el verano para seguir de cerca el referéndum convocado por el gobierno boliviano en el que fracasó la iniciativa reeleccionista.

¿Qué es lo comunitario-popular en Bolivia y qué papel ha jugado en las luchas de los últimos años? ¿Qué valor tiene hoy día y qué horizonte abre?

Lo comunitario-popular es un horizonte que se establece a partir de una forma específica de producción de lo político, la cual parte de lo que Raquel Gutiérrez Aguilar –quien propone y desarrolla el término– denomina la reapropiación colectiva de la riqueza material disponible.[1] Un horizonte comunitario-popular es, entonces, la expresión política y de lucha de una serie de relaciones sociales que se tejen en torno a garantizar la reproducción de la vida, partiendo de formas autónomas, autorreguladas y siempre colectivas de ejercicio del poder y de la gestión de bienes comunes; contrapuestas siempre –aunque nunca en estado de pureza– a las que son impulsadas a partir del ordenamiento capitalista de la sociedad.

La defensa y el despliegue de esas relaciones, que básicamente implica resguardar y recuperar la capacidad colectiva de decidir sobre una base material que nos es común, es la lucha política empujada desde un horizonte comunitario-popular, el cual no parte del objetivo de la toma del poder estatal, sino que más bien tiende reapropiarse de prerrogativas sobre el ámbito material y simbólico expropiadas por la institucionalidad estatal y funcionalizadas al capital.

Si se revisa la larga historia de las luchas bolivianas, ese horizonte comunitario-popular ha sido un denominador común, el cual se ha expresado de diversas maneras en cada contexto particular, incluso en muchas ocasiones entremezclado con luchas centradas en la “toma del poder”. La Revolución Nacional del 52, por ejemplo, hubiera sido impensable sin los levantamientos indígenas y campesinos que la precedieron –muchos de ellos promovidos por el afán de recuperar sus tierras y sus propias formas de autogobierno– y que debilitaron las estructuras de dominación de ese entonces. No fue sólo una rebelión obrera, como se suele interpretar a este hecho histórico.

El ciclo rebelde de 2000-2005 fue una expresión profunda de ese horizonte, distintas fuerzas comunitarias, urbanas y rurales, lucharon sistemáticamente por la reapropiación colectiva del agua, los hidrocarburos, el territorio, además de poner en cuestión la forma de la política del Estado neoliberal. Era gente organizada a partir de asambleas, sindicatos agrarios, juntas vecinales, y otras formas organizativas centradas en la deliberación colectiva. En la mayoría de los casos no existían vanguardias iluminadas, sino que eran las formas cotidianas y autónomas de organización social las que se desplegaron en las calles. De ahí que se debe entender que si bien el Movimiento Al Socialismo emerge del movimiento cocalero en ese contexto de luchas, nunca fue la vanguardia de ellas y tampoco se debe pensar que esas luchas tenían como objetivo llevar a Morales al gobierno, ese fue un resultado más, que si bien fue importante, no expresaba el núcleo del horizonte que iba mucho más allá.

Lo comunitario-popular, entonces, se basa en la práctica colectiva de gestión de la vida social y la vigencia de este horizonte no depende de la presencia de un discurso ideológico, sino más bien de la capacidad de la puesta en práctica de aquellos mecanismos que permiten recrear la relación social comunitaria. Estos, aunque no desplegados, siguen muy vigentes en la realidad boliviana, aunque eso sí, también están fuertemente golpeados por la dinámica estatal de la presente coyuntura.

¿Cómo caracterizas al gobierno del MAS? ¿Qué papel juega desde su asunción, a partir de 2006? Tu modo de exponer el proceso boliviano, que no se hace expectativas con el papel del estado y que ve en el MAS una fuerza de normalización quita esperanza a mucha gente, no sólo de Bolivia. ¿Cómo asumís este choque con las ilusiones que aún despierta en muchos lugares la figura de Evo?

Ha habido una gran dificultad para caracterizar y nombrar al gobierno del MAS. En un primer momento, desde la llegada de Morales al gobierno hasta, yo diría, el cierre de la Asamblea Constituyente, en 2008, pudimos evidenciar una forma de ejercicio de la política estatal en la que los gobernantes se vieron obligados a responder a una serie de presiones permanentes que venían desde distintas organizaciones populares –aquellas que habían asumido las banderas de luchas entre 2000 y 2005–. La fuerza política de estas organizaciones era la base social del gobierno, que le daba legitimidad y capacidad para enfrentar a las fuerzas más conservadoras del país. En otras palabras, estas organizaciones empujaban al gobierno a cumplir una agenda popular, al mismo tiempo que le dotaban de la fuerza e impulso para lograrlo. Distintas leyes –como la de Reconducción de la Reforma Agraria– y la propia Asamblea Constituyente fueron resultados de esta dinámica, que finalmente fue impulsada desde los entramados comunitarios.

Sin embargo, aquella no era una situación cómoda para los gobernantes y menos para el ejercicio que realizaban del poder estatal. Si se revisa cuál fue la actitud del MAS en los primeros años de gobierno frente a ese empuje popular, lo que vamos a encontrar es una disputa en la que el gobierno buscaba limitar la capacidad de presión de las organizaciones sociales, expropiando prerrogativas de decisión política que éstas habían logrado a través de la lucha, y para lograr esto la estrategia fue la de establecer alianzas con las élites dominantes.

Es así que, por ejemplo, si bien en el gobierno del MAS se estableció la Asamblea Constituyente por la presión de las organizaciones, fue el propio gobierno quien produjo una serie de límites para contener las posibilidades más profundas de transformación social que aquellas organizaciones sociales intentaron plasmar en ese proceso constituyente. Tanto es así que la Constitución Política del Estado aprobada por la Asamblea Constituyente no es la que está vigente, sino que quedó una modificación de ella, la cual se realizó en una negociación a puerta cerrada entre gobierno y fuerzas conservadoras, sin organizaciones sociales. En esa negociación se modificaron más de cien artículos quitando la esencia de aquella agenda popular. La muestra más clara: tenemos una Constitución Política del Estado que constitucionaliza el latifundio, cosa que antes no había sucedido.

Lo que hizo el MAS, en tanto fuerza gobernante estatal, fue expropiar la capacidad de decisión política sobre distintas cuestiones públicas, la cual había sido reapropiada por las fuerzas populares en casi seis años de lucha previa. Para esto se vio en la necesidad de, primero, desarticular las fuerzas populares que pugnaban por dar forma a la política estatal e instrumentalizar al gobierno –en la medida de lo posible– según las heterogéneas agendas que tenían. Para lograr esto subordinó y disciplinó a las cúpulas de las principales organizaciones sociales, y a las que no logró alinear a la política gubernamental, las intervino y las reprimió.

En segundo lugar, el gobierno del MAS asumió como suyo el proyecto de los nuevos y viejos sectores dominantes, desde las transnacionales hidrocarburíferas hasta la oligarquía terrateniente, pasando por las cooperativas mineras, capital comercial, etc. Esta no es una aseveración menor, pero basta una revisión detallada de la política económica de este gobierno para evidenciar –más allá de una serie de políticas de bonos y subvenciones– que el MAS logró consolidar en Bolivia buena parte de la agenda que el neoliberalismo intentó imponer pero no pudo; sólo que lo hizo en un contexto económico internacional favorable que le permitió financiar el corporativismo que ha asumido la estructura estatal y también lo hizo a partir de formas distintas.

Entre esas formas está la retórica reproducida por el gobierno, la cual también puede considerarse como un despojo de los discursos que articularon las luchas populares previas al gobierno del MAS. Esa retórica se ha sostenido como contraparte de una política que en esencia no tiene absolutamente nada que ver con ella y su enunciación se vuelve cada vez más vacía en el imaginario popular boliviano, lo que, por supuesto, quita esperanza y produce mucha frustración, era un proceso que no necesariamente tenía que tender a esto.

El MAS, como lo esperábamos muchas y muchos de nosotros, podía haber coadyuvado a profundizar las transformaciones sociopolíticas que habían impulsado las luchas populares desde las calles, abriendo un tiempo histórico fértil para pensar alternativas sociales, y no debía ser el agente que más bien se encargara de cerrar ese tiempo.

Quizá todo esto es menos evidente afuera del país, y más si tenemos en cuenta que el gobierno boliviano ha establecido, como política de legitimación internacional, la sistemática difusión de un discurso altamente seductor para una izquierda progresista latinoamericana, la cual, lastimosamente, no está haciendo el esfuerzo por ver más allá de lo que el gobierno boliviano quiere mostrar. Esas redes de apoyo internacional, que otrora eran profundamente útiles como cajas resonancia de las voces críticas existentes al interior del país, ahora están apagadas e, incluso, muchas de esas redes –las más institucionalizadas–, se han convertido en operadores intelectuales “iluministas” que se encargan de deslegitimar las voces críticas y las luchas populares que poco a poco emergen en la realidad boliviana.

Yo creo que la actual Bolivia estatal debe dejar de ser un referente de esperanza, porque es una esperanza vacía y esas esperanzas son estériles. Lo que puede convertirse en fuente de esperanza fértil –y que pasa acá y pasa en muchos lados– son las luchas populares que se empiezan a re-articular desde abajo.

¿Cómo evalúas la coyuntura de Bolivia a la luz de los cambios geopolíticos en Sudamérica?

Se habla del fin del ciclo “progresista” en América Latina, y si bien no me gusta mucho la idea de que veamos estos procesos como un “ciclo”, creo que la figura es útil para entender lo que se viene después de estos gobiernos que se autodenominaron como “progresistas”. Y sobre esto quiero puntualizar un aspecto: el horizonte que, desde la democracia formal, nos dejan este tipo de gobiernos es un horizonte de derecha. Me explico y lo ejemplifico en el caso de Bolivia –aunque por lo que conozco de otros países podría, guardando las diferencias, pensarse algo similar.

Por lo que expliqué anteriormente, más allá del discurso, el gobierno de Morales ha asumido como política de gobierno los intereses de lo que históricamente denominamos como derecha en Bolivia; es decir, esta aparente izquierda, desde una retórica popular, operativiza los intereses de la derecha, por lo que en este caso la derechización ya está en curso por la propia dinámica del gobierno “progresista”. Pero lo que también este gobierno hizo fue desarticular y aplastar los proyectos políticos críticos, aquellos que desde la heterogeneidad construían sus propias alternativas, incluso, muchas de ellas de corte electoral. El intento de monopolizar el ámbito de lo que entendemos por “izquierda”, llevó al MAS a aniquilar otros proyectos que emergieron desde abajo, un ejemplo fue el barrido y la destrucción del Poder Amazónico y Social (PASO), que era un esfuerzo de campesinos e indígenas del norte amazónico por estructurar su propio instrumento político electoral, como éste hay varios ejemplos más.

Hace unos días, un intelectual del gobierno expresaba “tenemos un solo proyecto y un solo líder”. La lamentable realidad de sus palabras nos muestra que, en la democracia formal boliviana, aparentemente nos quedan dos opciones: el MAS que se perfila para seguir gobernando como la nueva derecha, y la única alternativa pareciera ser la derecha de siempre, la tradicional. En otras palabras, el gobierno progresista pareciera que nos deja un horizonte de derecha como única opción.

Yo creo que esta dinámica de derechización de la región va a venir con fuerza, bajo distintas formas pero de manera sistemática. Sobre esto habrá que ver cuál es la capacidad de reorganización de fuerzas populares que, más allá de que participen o no en el escenario electoral, mantengan su centro de gravedad hacia abajo, ya que ese podría ser el contrapeso principal para limitar dicho proceso.

¿Qué tipo de síntesis social no-estatal imaginas como perspectiva posible?

Debo admitir que siempre me exasperan las vertientes epistemológicas que tienden a reducir la posibilidad de lo político al ámbito estatal, en primer lugar, porque se corresponden con la vocación totalizante del Estado; es decir, una epistemología de este tipo reconoce al Estado como ámbito único y privilegiado para la producción de la decisión sobre los asuntos públicos. En segundo lugar, porque son desconocidas como legítimas y válidas otras formas de producción de lo político. Lo político desde abajo, que se hace desde los “márgenes”, en palabras de Raúl Zibechi, o el “subsuelo político”, en palabras de Luis Tapia, queda simplemente invisibilizado.

En ese sentido, pensar en una síntesis social parcial no-estadocéntrica –que no necesariamente es no-estatal–, implica pensar una sociedad en el que el Estado no ejerce el monopolio de la decisión política, sino que también se despliegan una multiplicidad de formas sociopolíticas de gestión de la vida, las cuales, permanentemente –y recalco esto porque es un proceso siempre inacabado– destotalizan la vocación totalizante de la relación estatal, a partir de formas autónomas y colectivas de ejercicio del poder.

No concibo una síntesis parcial no-estadocéntrica como una imagen prefigurada, sino más bien como el despliegue de una práctica que se vivió en Bolivia desde el 2000 hasta el 2008. En todo ese periodo, las fuerzas populares bolivianas cercaron al Estado y establecieron una serie de límites a la política desde su institucionalidad. A medida que eso pasaba, los hombres y las mujeres que luchaban se fueron re-apropiando, desde su vida cotidiana, de una serie de capacidades de decisión sobre asuntos que les importaban. Incluso en los dos primeros años del gobierno de Morales, distintas fuerzas políticas no estatales se desplegaron e intentaron plasmar una Constitución Política del Estado en la cual, más que establecerse las bases de una nueva “nación”, se buscaba consolidar de manera sostenible en el tiempo una serie de límites al Estado desde su propia gramática. La idea de territorios indígenas autónomos, la participación de autoridades originarias de manera directa en la democracia formal o la propuesta de consolidar un “cuarto poder” por medio del cual las distintas organizaciones tuvieran capacidad de veto sobre todas las decisiones del legislativo y ejecutivo, entre otras propuestas más, fueron reivindicaciones que iban en ese sentido.

Entiendo, entonces, que esa fuerza desplegada desde distintos horizontes comunitario-populares, y que se posicionó en la realidad social boliviana de manera efectiva –no solamente prefigurada–, nos permitió experimentar sobre las posibilidades de producir una síntesis social parcial y no-estadocéntrica. Lo que también se aprendió de esa experiencia es que no basta producir una síntesis de ese tipo para luego transferir, por las buenas o las malas, las prerrogativas recuperadas a un gobierno que consideras “aliado”, ya que la dinámica estatal recompondrá las relaciones de poder a favor del Estado.

¿Qué repercusiones tendrá la reciente victoria del NO en el Referéndum para el proceso político boliviano?

La puesta en escena del referéndum de reforma constitucional para que Morales pueda ser re-elegido por tres periodos consecutivos marca claramente las prioridades que tiene esta administración: la consolidación de una estructura de poder dominante en torno a la figura de un caudillo. Era la primera reforma a la nueva Constitución Política del Estado y los temas más importantes, como el problema de la constitucionalización del latifundio u otros más, ni siquiera fueron pensados como una posibilidad de reforma desde este gobierno. Así pues, podríamos decir que el denominado “proceso de cambio” no sólo necesitaba habilitar a sus líderes como candidatos en 2019 para seguir existiendo, sino que, poco a poco, el “proceso de cambio” se ha convertido en eso.

La victoria del SÍ en el referéndum hubiera significado la consolidación del MAS como partido gobernante hegemónico, lo que, a su vez, se habría traducido en un clima aún más agresivo y de hostigamiento hacia cualquier intento de producción de alternativas políticas populares. Y, por tanto, también hubiera significado el afianzamiento del proyecto de la nueva derecha que: reprime indígenas (masacre de Chaparina o la brutal represión de Takovo Mora); que permite el incremento de la producción cultivos transgénicos (la producción de la soya transgénica pasó del 20% al 99% en los 10 años del MAS); que promueve la devastación de bosques (el perdonazo legislativo a los agroindustriales que desmontaron 5.5 millones de hectáreas); que promueve la construcción de carreteras para el gran capital pasando por territorios autónomos de indígenas sin consultar (el caso del TIPNIS y la represión a los indígenas); que ha generado una estructura prebendal nunca antes vista a todos los niveles de gobierno (empezando con el reciente caso de corrupción multimillonaria relacionada a la empresa china CAMC); que nacionaliza los hidrocarburos para pagar subvenciones a las petroleras (incentivos que llegan a otorgar el 74.5% del valor de la venta de los hidrocarburos a las transnacionales); que más allá del discurso es colonial en esencia (un vicepresidente que por fuera del país habla de pomposos conceptos y teorías, pero cuando le habla a la gente sencilla de su país, desde el paternalismo y soberbia que lo caracterizan, les dice que “Evo es como cristo resucitado”[2]); que utiliza el miedo como mecanismo de propaganda política (amenazas para quitar el apoyo a quienes no voten por el MAS[3])….En fin, la nueva derecha, esa nueva dirigencia política de las clases dominantes se habría visto fortalecida.

La victoria del NO, en cambio, ha significado la apertura de un espectro de posibilidades políticas. Por supuesto que entre esas está la derecha tradicional de este país, que es la que ahora trata de capitalizar el momento político, aunque sin mucho éxito. Esta vieja derecha le disputa el poder al MAS en el plano de la dirigencia, pero no en el plano del proyecto político; por lo que una discusión sobre cuál es menos malo es bastante estéril. Lo importante es el respiro que, esta pérdida de legitimidad y resquebrajamiento de hegemonía que ha sufrido el MAS, le da a distintas fuerzas políticas que posiblemente veremos emerger nuevamente en los próximos años. Que después algunas de estas alternativas se fortalezcan desde abajo y otras pasen a la democracia formal, será otro tema y habrá que ver de qué manera lo hacen. Pero en este momento lo que tenemos son cuatro años hacia adelante en el que continúa un gobierno de derecha pero debilitado y enfrentado con una derecha tradicional; y, en paralelo, tenemos una serie de fuerzas populares diversas y polifónicas que poco a poco encuentran cauces para su accionar político emancipador; estos son procesos que llevarán su tiempo pero que ahora la tienen un poco más fácil.

Siento que en Bolivia hemos pasado por distintas etapas frente al proceso del MAS, quizá la primera fue la de intentar “reconducir” el “proceso de cambio” a la cabeza del actual gobierno, para pasar a un momento de gran frustración e impotencia, que dejaron inmovilizados a las fuerzas populares, sin embargo, esta última etapa que estamos viviendo puede ser leída como un momento en que esas fuerzas empiezan a re-encontrarse y re-encausar sus esfuerzos, y lo hacen ya no interpelando al gobierno como un aliado, sino más bien como un contendiente político representante del nuevo orden dominante.

[1] Al respecto ver: Horizonte comunitario-popular. Antagonismo y producción de lo común en América Latina, 2015, SOCEE/Autodeterminación, Cochabamba

[2] http://eju.tv/2013/12/vicepresidente-compara-a-evo-morales-con-jesucristo/

[3] https://video-frt3-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xat1/v/t42.1790-2/10983953_455388304614160_1749238546_n.mp4?efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoicmVzXzQyNl9jcmZfMjNfbWFpbl8zLjBfc2QifQ%3D%3D&rl=300&vabr=146&oh=c1d69cffc0d38d41129c5e0e51e59c2

Lobo Suelto

Fuente: http://anarquiacoronada.blogspot.com.ar/2016/03/la-derechizacion-esta-en-curso-por-la.html

Continuemos destacando que la dirección de los partidos de izquierda de los gobiernos de ambos países tienen discursos y gestos correspondientes a sus identidades políticas pero son fundamentales para el desarrollo del sistema mundo capitalista en contra de los pueblos planetarios.

América Latina y China: ¿cooperación Sur-Sur

o «Consenso de Beijing»?
Marzo - Abril 2014

El incremento de poder económico, financiero y militar de China, junto con su capacidad para ejercer influencia política global, resulta uno de los fenómenos más notables en un sistema de producción y acumulación en transformación. Un análisis de los vínculos de América Latina con la nación asiática resulta imprescindible para la discusión sobre el modelo de desarrollo en la región. De allí la importancia de revisar críticamente las retóricas del gigante oriental sobre la equidad en las relaciones y unos vínculos sino-latinoamericanos fundados sobre principios de simetría.

Por Ariel Slipak

Introducción

La creciente relevancia global de la República Popular China en los planos económico, financiero y militar y su influencia política en diferentes regiones del planeta constituyen, sin dudas, uno de los acontecimientos más relevantes de finales del siglo XX e inicios del XXI. En simultáneo a los cambios en las formas de producción y acumulación global –las cadenas globales de valor se reorganizan desplazando gran parte de las actividades manufactureras hacia la región de Asia-Pacífico–, se produjeron en China reformas económicas y políticas que permitieron la consolidación de este país, hacia inicios de la segunda década del siglo XXI, como la segunda economía del planeta detrás de Estados Unidos, el primer prestamista de la Reserva Federal estadounidense, el principal productor mundial de manufacturas y el quinto emisor global de inversión extranjera directa (IED). No es menos importante agregar que las altas tasas de crecimiento económico han ubicado también al país asiático como el primer consumidor global de energía eléctrica y el segundo de petróleo¹.

La creciente necesidad de China de productos básicos provenientes de actividades primario-extractivas ha derivado en notables incrementos de sus vínculos comerciales con América Latina desde la década de 1990, así como también en un importante desembolso de IED en la región a partir de 2009-2010 y en crecientes vínculos diplomáticos. Esto último es analizado por la mayor parte de la bibliografía en términos de «oportunidades y amenazas» u «oportunidades y desafíos» para América Latina. Otro enfoque usual es presentar a China como un nuevo posible hegemón con intenciones de desarrollar vínculos simétricos y cooperativos con nuestra región. Esta situación resultaría, así, en una superación de las tradicionales relaciones asimétricas que se han mantenido con otras potencias hegemónicas. En este artículo intentamos caracterizar cuál es la estrategia de vinculación de China con la región, discutiendo tanto con el enfoque de las «oportunidades y desafíos» como con el que presenta los vínculos sino-latinoamericanos como «simétricos».

La reemergencia de China y su rol global²

Hacia mediados de la década de 1980, la producción y acumulación a escala global se reorganizan. Las grandes empresas transnacionales aceleran la migración de la producción industrial a la región de Asia-Pacífico. Algunas de estas economías se convierten en centros manufactureros para las etapas con reducido contenido de valor agregado, pero en otros casos sobresale la localización de actividades intensivas en conocimiento.

El caso de China es particular. En 1978, Deng Xiaoping –nuevo líder del Partido Comunista Chino (PCCh)– inicia una serie de profundas reformas económicas, sociales y políticas. Marta Bekerman, Federico Dulcich y Nicolás Moncaut afirman que el otorgamiento de mayor autonomía a las unidades productivas y la flexibilización del sistema de determinación de precios han resultado claves para el incremento de los niveles de productividad de la industria en China³. Estos últimos fueron acompañados por una creciente apertura comercial y la creación en 1980 de zonas económicas exclusivas en el este del país⁴.

Las grandes transnacionales globales emitieron importantes flujos de IED hacia estas zonas económicas exclusivas, ya que encontraban conveniente su radicación allí por los bajos costos laborales. El gobierno chino estableció como condicionamiento a las firmas transnacionales que arribaron al país la conformación de joint-ventures con empresas estatales y una gradual transferencia de tecnología hacia grandes empresas de capital local. Estas reformas se vieron igualmente acompañadas por una política de mantenimiento del rol del Estado como un activo planificador de la actividad económica y como orientador del crédito hacia actividades consideradas estratégicas.

Los incrementos de productividad laboral por encima de los salarios durante más de 30 años, en conjunción con abultados superávits comerciales, le han permitido a China mantener elevadas tasas de acumulación. Esto último implicó que el poderío de la República Popular también se extendiera al plano financiero, de manera tal que además de consolidarse como principal acreedor de la Reserva Federal de EEUU, pudo gracias a sus altas tasas de ahorro interno llevar adelante una agresiva política de inversión en diferentes regiones del planeta e incluso ser prestamista de muchos países de África y América Latina.

La creciente relevancia de China en la economía global no sólo se tradujo en que el PIB del país sea el segundo del mundo desde 2011 –detrás del de EE.UU.–, tanto en términos corrientes como en paridad de poder adquisitivo, o en la transformación del país asiático en primer exportador y segundo importador mundial de manufacturas, sino también en el creciente poderío de sus grandes empresas transnacionales, mayoritariamente de propiedad estatal⁵.

En el plano geopolítico se observa una importante expansión de la actividad diplomática de China, que ha incrementado su presencia en foros y organismos internacionales de diferente índole e impulsado instancias bilaterales de cooperación con una cantidad creciente de países y regiones. Según la retórica del propio país oriental, se sigue una estrategia de «ascenso pacífico» en la jerarquía global, que también se ha dado a conocer como de «poder blando»⁶. Simultáneamente, China ha pasado a convertirse hacia finales del segundo lustro del siglo XXI en el segundo país con mayores erogaciones militares y ocupa un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)⁷.

En este contexto, numerosa bibliografía deja de otorgarle a China su tratamiento tradicional de país «emergente» o «en vías de desarrollo» desde diferentes marcos teóricos. Según autores como Luciano Bolinaga, el Estado oriental habría ingresado en un conjunto de países que detentan en el globo una posición de poder oligopólica⁸. De acuerdo con Rubén Laufer, debemos otorgar a China el estatus de gran potencia⁹; por su parte, Pablo Rossell sostiene, desde las concepciones del sistema-mundo de Immanuel Wallerstein, que al encontrarse EEUU en declive como hegemón, crece la incidencia global de China¹⁰.A partir de estas consideraciones teóricas, estamos en condiciones de afirmar que China no constituye el nuevo hegemón que desplazó o puede desplazar a EEUU como potencia rectora del planeta. Sin embargo, verificamos una creciente relación competitiva por la influencia política y económica en diferentes regiones del globo que nos permite hablar de un nuevo orden global en el que China tiene un rol destacado¹¹. En este nuevo orden, resulta crucial para los países de América Latina comprender las características de sus vínculos con el país oriental a la hora de definir su inserción global y los diferentes proyectos societales en juego en la región.

Con el fin de discutir con mayor profundidad cuál es la estrategia de vinculación de la República Popular China con América Latina, debemos tener en cuenta un elemento importante. Tras el significativo crecimiento industrial entre las últimas dos décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI, la nación asiática abandona su posición de productor de manufacturas con contenidos tecnológicos reducidos o medios, para pasar a ser uno de los más importantes proveedores globales de productos industriales con alto contenido de valor agregado e intensivos en conocimiento. Dadas las altas tasas de crecimiento económico –con un promedio de 10% anual entre 1978 y 2011–, en China se incrementa la necesidad de varios productos básicos, tanto minerales e hidrocarburos como alimentos. Asimismo, se verifica una importante expansión de la urbanización y el crecimiento del ingreso per cápita¹².

En este marco, el adecuado abastecimiento de energía y de productos básicos que provienen de actividades primario-extractivas resulta una condición necesaria para sostener el vertiginoso ritmo de crecimiento industrial e incluso para permitir gradualmente mayores niveles de consumo a la población asalariada urbana¹³. Por lo tanto, el gobierno chino pasó a considerar este tópico como un asunto de Estado, y ello influyó en su estrategia a la hora de entablar vínculos con los países de África y América Latina, lo que a su vez impactó en la forma de inserción de estas regiones en el nuevo esquema de producción y acumulación global.

China-América Latina y la «cooperación Sur-Sur»

Las relaciones diplomáticas y el intercambio comercial entre América Latina y China no son un fenómeno reciente. Desde la década de 1950 –poco después de la proclamación de la República Popular–, China desplegó una retórica diplomática basada en los denominados «cinco principios de la coexistencia pacífica». Estos incluyen el respeto mutuo por la integridad territorial, la no interferencia en asuntos internos de otras naciones y el trato igualitario entre los países cuyas relaciones deben ser de beneficio mutuo. Durante las décadas de 1960 y 1970, China mantuvo fluidos contactos diplomáticos con Estados de la región que fueron otorgando gradualmente su reconocimiento a la República Popular en detrimento de Taiwán. Este proceso se intensificó a partir de 1971 con el reconocimiento del escaño en la ONU a la China Popular, que desplazó así a la isla disidente. Sin embargo, el ritmo de incremento del comercio exterior se hace mucho más importante con el inicio del siglo XXI.

El cuadro de la página anterior refleja la intensificación de los vínculos comerciales entre China y América Latina. Hacia el año 2000, China no ocupaba un lugar privilegiado como destino de exportaciones u origen de importaciones de los países de la región. Para 2012, China representa, en casi la totalidad de los casos –con excepción de El Salvador–, uno de los tres principales proveedores de los países en cuestión. En cuanto a la creciente relevancia de China como destino de exportaciones, se verifica que la intensificación de los flujos comerciales se experimenta mayoritariamente para los países del Cono Sur, entre los que se destacan Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Venezuela, Colombia y Argentina¹⁴.

En la mayoría de los casos, las exportaciones de la región al país oriental se encuentran concentradas en unos pocos rubros: se trata casi exclusivamente de productos provenientes de actividades primario-extractivas o de productos industriales basados en recursos naturales¹⁵. En tanto, las importaciones de los países de América Latina desde China se encuentran sumamente diversificadas y constan de productos con alto contenido de valor agregado¹⁶.

En el caso de Paraguay, es importante remarcar que sus exportaciones a China son prácticamente inexistentes ya que este país aún reconoce al gobierno instalado en Taiwán como la legítima «República de China». A pesar de que las exportaciones globales de Paraguay se componen de productos altamente demandados por China (porotos y aceite de soja, carne bovina y algunos tipos de maíz), el país sudamericano está vetado como proveedor como represalia por su política exterior. Este caso resulta sumamente ilustrativo sobre el proceder de la República Popular China hacia los países de la región.Un importante hito que aceleró el incremento de los vínculos comerciales entre China y varios países de la región fue la gira del entonces presidente Hu Jintao por Brasil, Argentina y Chile hacia fines de 2004. Como resultado de estas visitas, China firmó un memorándum de entendimiento con cada uno de estos países, en el cual las naciones sudamericanas le reconocen el estatus de economía de mercado. Eduardo Daniel Oviedo¹⁷ destaca que el reconocimiento de ese estatus (superior al reconocimiento de China por la Organización Mundial del Comercio [OMC] como «economía en transición» registrado en 2001) implica para los tres países sudamericanos limitar la aplicación de medidas anti-dumping hacia productos originarios de China¹⁸. Oviedo explica que, ante la imposibilidad del Mercado Común del Sur (Mercosur) de tratar este asunto a nivel regional¹⁹, China ha desplegado una estrategia de negociación bilateral con cada país que acentúa el carácter asimétrico de las relaciones. Indudablemente, el volumen de divisas que representan para estos países sus colocaciones de productos primario-extractivos en China actuó como una importante herramienta de coerción para el reconocimiento del estatus mencionado.

En materia comercial, también es relevante agregar que China tiene firmados tres tratados de libre comercio (TLC) con países de la región. Se trata de Chile (en 2005), Perú (en 2008) y Costa Rica (en 2011), y se encontraría próximo a la firma un acuerdo con Colombia. Transcurridos ocho años de firma del TLC entre Chile y China, se observa que las exportaciones del primer país hacia el segundo prácticamente se cuadriplicaron²⁰. Sin embargo, en cuanto a la composición, se profundiza la tendencia a la concentración en productos primarios (cobre y sus derivados, mineral de hierro, madera, frutas y otros minerales). En el caso de Perú, desde la firma del TLC en 2008 el incremento de exportaciones también ha sido notable²¹. De manera análoga a lo sucedido con Chile, se mantiene la preponderancia de los productos primarios (diferentes minerales y pescado). Es de destacar que China estableció como precondición para entablar las conversaciones con Perú sobre un TLC el reconocimiento del estatus de economía de mercado, y lo mismo requirió de Colombia al inicio de las conversaciones para el estudio de la firma de un TLC en 2012. Solo Costa Rica escapa a estos patrones comerciales, ya que logró establecer cláusulas de protección a sus industrias nacientes y potenciar sus exportaciones de servicios con alto contenido de valor agregado a China. Ante este notable crecimiento de la relación comercial, hacia 2008 el gobierno de China publicó un documento conocido como el Libro Blanco de las Políticas de China hacia América Latina. Allí, las autoridades de la República Popular enuncian que sus vínculos con la región deben basarse en relaciones de equidad y cooperación mutuamente beneficiosas. Desde entonces continúan intensificándose las giras de altos dirigentes de China a la región, y creció la cantidad de memorándums de entendimiento y acuerdos de cooperación en materia científica, intercambios culturales y otras áreas firmados entre Beijing y países latinoamericanos. En estas instancias, China no deja de asumir su nuevo rol global, pero se presenta como un país que, al igual que otros del denominado «Sur» o «Tercer Mundo», procura diferenciarse de los hegemones tradicionales enfatizando la reciprocidad, el mutuo beneficio y la «cooperación Sur-Sur».

Con posterioridad a este documento, se inició un importante aluvión de inversiones chinas en varios países del Cono Sur, entre los que se destacan Brasil y Argentina, seguidos por Perú, Venezuela y Ecuador. El principal rubro al cual se orienta la IED china es el hidrocarburífero, seguido por la minería y otras actividades primarias. En un orden menor, pero de gran relevancia, también se observan inversiones en actividades terciarias que sirven de apoyo a las extractivas. Entre ellas, sobresalen las obras de infraestructura y los servicios financieros. Por razones de extensión, no caracterizaremos exhaustivamente los flujos de las inversiones chinas a la región, pero sí resulta importante resaltar algunas características:

- los proyectos de inversión no parecen buscar ganancias rápidas, sino simplemente el reaseguro del abastecimiento de los recursos naturales;- prevalecen la adquisición de firmas ya existentes o los pagos para acceder a licencias para llevar adelante una explotación, por sobre el desembarco de firmas nuevas;- en los reducidos casos en los que se establece una nueva empresa, no se observan transferencias tecnológicas a los países de destino de esas inversiones;- las firmas chinas (estatales) no establecen condicionamientos en materia jurídica o de política económica al país de destino, aunque suelen sugerirse políticas de posicionamiento internacional (por ejemplo, el reconocimiento de la existencia de «una sola China», lo cual implica desconocer el reclamo de Taiwán sobre China continental);- en los casos en que deban realizarse obras de infraestructura, se suele establecer la obligatoriedad de contratar firmas de origen chino para la provisión de insumos y la realización de etapas que implican mayor agregado de valor, como así también la concesión del uso de infraestructura local con exclusividad para sus empresas.

Otro fenómeno de gran relevancia es el otorgamiento de préstamos a países de la región a cambio de commodities como garantía, o de que estos puedan ser comprados a precios por debajo de los del mercado²².

En líneas generales, mientras que China se presenta como un país con pretensiones de desplegar relaciones basadas en el mutuo beneficio, los vínculos resultan en verdad sumamente asimétricos. Esto se verifica tanto en el plano comercial, mediante una integración creciente basada en ventajas comparativas estáticas tradicionales, como en el desembarco de inversiones directas y en el desembolso de préstamos: aunque no se imponen los tradicionales condicionamientos que establecían EEUU, Europa o los organismos multilaterales, de una manera novedosa se alientan prácticas igualmente coactivas y coercitivas, propias de una relación entre un país periférico y uno central²³.

¿Del Consenso de Washington al «Consenso de Beijing»?

Si bien no es nuestro objetivo caracterizar exhaustivamente los modelos de desarrollo de cada país de América Latina, seguimos a Maristella Svampa cuando afirma que en la región una importante cantidad de gobiernos construyen sus discursos a partir de una lógica contraria a la del denominado «Consenso de Washington». Las políticas ligadas al Consenso de Washington colocaban en el centro de la agenda la valorización financiera, al tiempo que conllevaban una política de ajustes y privatizaciones que se aplicó de manera homogénea en la región y en la que el Estado actuaba como un agente metarregulador²⁴.

Svampa sostiene que en los últimos años la región habría entrado en una nueva etapa: la del «Consenso de los Commodities». En ella, tanto los gobiernos que muestran continuidades con el Consenso de Washington como aquellos que desde lo discursivo, lo político y lo productivo rompen con él, aceptan por igual una inserción en el sistema de producción y acumulación global como proveedores de productos básicos con bajo contenido de valor agregado, aprovechando sus elevados precios internacionales. De esta forma, priorizan el desarrollo y la expansión de megaproyectos extractivos y se constituyen en enclaves de exportación con destino a los centros manufactureros del planeta. En algunos casos, la renta de estas actividades es apropiada por el Estado para el despliegue de políticas progresistas. Sin embargo, todos estos gobiernos –a pesar de sus diferencias– asumen la necesidad de potenciar lo que Svampa denomina un «modelo de desarrollo neoextractivista» como destino inevitable, una verdad irrevocable, el sendero necesario hacia el desarrollo.

De manera análoga, sin importar cuáles sean las diferencias políticas entre sus gobiernos, ya sea que estos empoderen o no a los sectores subalternos, tengan o no una retórica de rechazo a las potencias tradicionales y al Consenso de Washington, todos los países de la región han colocado en el centro de su agenda la ampliación de los vínculos comerciales con China y la apertura a sus inversiones como una importante fuente de divisas. En un contexto internacional en el que EEUU, Europa y Japón están en crisis, la profundización de las relaciones con China se presenta como un destino irrevocable. Ante la nueva configuración global, los países latinoamericanos asumen una actitud adaptativa hacia el país que se presenta como una nueva gran potencia.Así como el «Consenso de los Commodities» reúne a gobiernos que adhieren a una matriz de pensamiento neoliberal ortodoxa junto a otros que la rechazan enfáticamente, lo mismo sucede con los vínculos sino-latinoamericanos. Los gobiernos que aún reivindican recetas neoliberales pueden celebrar TLC y practicar abiertamente una relación comercial basada en ventajas comparativas, mientras que los gobiernos progresistas presentan esta relación como una ruptura con los hegemones tradicionales²⁵.

En un mundo cambiante en cuanto a las formas de producción y acumulación, la República Popular China cumple el rol de «gran potencia». Pero como sostiene Oviedo, al presentarse ante América Latina como un país en vías de desarrollo con el cual se establecerán relaciones mutuamente beneficiosas, el país oriental incurre en una «hipocresía internacional», que se verifica en los múltiples aspectos mencionados: en las negociaciones para entablar TLC, en los condicionamientos para las relaciones comerciales y para el arribo de inversiones y en los mecanismos coactivos y coercitivos para influir en los lineamientos de política internacional, entre otros²⁶.

Por «Consenso de Beijing en América Latina» nos referimos, entonces, a la adhesión a la idea de que el sendero inevitable para el desarrollo de la región es la profundización de estos vínculos con la República Popular China. Vínculos que se presentan como de cooperación entre «países en vías de desarrollo» pero que, detrás de esa retórica, reproducen patrones de subordinación y dependencia característicos de relaciones entre centro y periferia. (…) Fuente: http://nuso.org/articulo/america-latina-y-china-cooperacion-sur-sur-o-consenso-de-beijing/

Comprobemos porqué la derecha continental e izquierda del progresismo se unen contra los pueblos.

Por qué Santos y Chávez nos quieren “reconciliar” con el Lobo
12 de abril de 2011

Por Tomás Andino Mencía

La población resistente de Honduras aun no sale de su asombro del giro inesperado que ha tomado la política internacional relacionada con el Golpe de Estado en nuestro país, no tanto por el ya conocido cinismo de la oligarquía hondureña que hoy bendice a quien ayer satanizaba como el peor demonio del mundo, sino por el reconocimiento político y el apoyo que le ha brindado el Presidente Hugo Chávez al régimen sucesor del golpismo, tanto para su retorno a la OEA como para beneficiarse de las ventajas de PETROCARIBE.

En mayo 2010, durante la Cumbre Iberoamericana en Madrid, el Presidente Chávez anunció que no asistiría si participaba el Sr. Porfirio Lobo Sosa, por ser un gobierno “ilegitimo”; once meses después el mismo Presidente Chávez expreso en Cartagena de Indias, Colombia, "Con mucho gusto he conocido al presidente Lobo (...) y los resultados son muy positivos”, y explico que "nosotros hemos hecho gestiones para tratar de ayudar a que Honduras se reintegre a todos los organismos internacionales y a los programas de cooperación con nuestros países"[1] ,en una clara referencia a la reincorporación del Estado de Honduras a la OEA y a normalizar las relaciones comerciales interrumpidas con el Golpe de Estado. Acto seguido, aparece sonriente en una fotografía estrechando la mano del verdugo del Pueblo hondureño.

Pero además del rol del Presidente venezolano, llama la atención que un país como Colombia se interese por la situación de Honduras. De hecho, el Presidente colombiano confeso que le ha dedicado tiempo a este asunto: “Desde hace algún tiempo hemos venido haciendo una diplomacia discreta para tratar de normalizar la situación de Honduras en el hemisferio, para que vuelva a reintegrarse a la OEA y para que su situación sea reconocida por todos los países como una situación normal”[2]

¿De qué se trata el juego? Según fue anunciado, en las próximas semanas los gobiernos de Colombia y Venezuela facilitaran un proceso de “diálogo” y “reconciliación” en Honduras que persigue “normalizar” la situación nacional y lograr que Honduras vuelva a ser aceptada en el sistema interamericano de cara a la próxima cumbre de la OEA a realizarse en junio en San Salvador, o de repente antes.

El Coordinador General del FNRP, quien no fue invitado a la cita y a quien, según dijo, se le llamó por teléfono en el momento, reaccionó “con aprehensiones” (desconfianzas) y anunció estar “vigilante” del proceso, dando a entender que no participo en el diseño de esta jugada de altos vuelos. Es difícil creer que Mel no supiera nada de lo que se cocinaba desde hace ya bastante tiempo, pero si tomamos su palabra, resulta inaceptable que dos gobiernos se pongan de acuerdo sin tomar en cuenta la opinión de la Resistencia Hondureña pues no es el futuro de Venezuela o Colombia el que está en juego, sino el futuro del pueblo de Honduras. Esa actitud despreciativa hacia el FNRP podríamos esperarla de un gobierno peón de Estados Unidos, como es el Gobierno colombiano, pero ha resultado difícil de digerir proviniendo del gobierno de Hugo Chávez, quien se suponía era nuestro aliado.

¿Ganaría algo la Resistencia con esa jugada? En diferentes espacios, se nos vende la idea de que, como consecuencia de esos acuerdos, la Resistencia tendría los siguientes beneficios:

a) Que se liquidarían los juicios que penden sobre el Ex Presidente Manuel Zelaya, viabilizando su retorno como parte del acuerdo; no obstante, persistiría siempre el riesgo de que, una vez en el país, le abran de nuevo los juicios porque el golpismo seguirá vivo y coleando en el sistema de (in) justicia;

b) Que se podría cambiar a los recalcitrantes funcionarios del Ministerio Publico y de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no significa necesariamente una ganancia pues con ello solo se castigaría a “chivos expiatorios” y no a los verdaderos responsables del Golpe de Estado; además, no podemos esperar de Juan Orlando y Pepe Lobo que los sustituyan por gente progresista;

c) Que se podría castigar a los responsables del Golpe de Estado, sin embargo Arturo Corrales Alvares, uno de los artífices de esta maniobra en Honduras, desde ya aclara que al igual que se promoverá la absolución de Manuel Zelaya, se haría lo mismo con los demás implicados en aras de la “paz” y la “reconciliación”; y,

d) Que gracias a ese acuerdo la Resistencia podrá participar en las próximas elecciones generales y que entonces “tomaremos el poder”, algo ilusorio pues la oligarquía no va a ceder ni un ápice en sus intereses, como lo demostró en la reciente huelga magisterial, mucho menos para pensar que entregara el Poder a la Resistencia popular.

En otras palabras, los supuestos beneficios son más hojas que tamal.

En cambio, los beneficios de la clase dominantes son más contundentes:

a) Tendría un fuerte beneficio económico porque se estaría gestando un jugoso negocio con PETROCARIBE que sacaría las castañas del fuego a la oligarquía y al régimen golpista hondureño, dado que los altos precios de los combustibles asfixian a sus negocios en medio de una difícil situación económica; no por otra razón el empresario Adolfo Facusse se lame los bigotes de felicidad soñando con esa oferta del gobierno venezolano y desde ahora se adelanta a recomendarla;

b) Tendría un triunfo diplomático al abrírsele las puertas al mundo a un régimen heredero de un Golpe de estado, en un momento en que era despreciado por la comunidad interamericana, lo cual mejoraría la confianza de organismos de financiamiento internacionales y de las transnacionales para animarse a invertir en el país; y,

c) Tendría un éxito político a lo interno del país porque saldría en “caballo blanco”, fortaleciendo su desgastada imagen y su discurso demagógico, mientras masacra a palos y a tiros a la heroica resistencia popular.

Entonces, en el fondo esta jugada no parece diseñada para beneficiar a la Resistencia sino a la oligarquía golpista, en un ajedrez típico del Departamento de Estado de Estados Unidos, muy similar a la que hizo en San José, Costa Rica, cuando su peón Oscar Arias actuó de intermediario para hacer que Manuel Zelaya Rosales aceptara sentarse a negociar con un dictador que acababa de derrocarlo del Gobierno.

¿Cómo se explican estos hechos y hacia qué escenario conducen? Para contestar esa pregunta indaguemos en las motivaciones que han tenido actores tan disímiles como los Presidentes Santos y Chávez para coincidir en este tamal.

1. Los motivos de Juan Manuel Santos

Sabemos que Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, es un peón del ala dura de los militares norteamericanos y del lobby Israelí. Siendo Ministro de Defensa de Álvaro Uribe, Santos fue clave en la instalación de las bases militares norteamericanas que se construyeron en territorio colombiano, con el propósito de agredir a Venezuela; bases que Santos siguió construyendo a pesar de una prohibición de la Corte Suprema de Colombia. Fue, además, responsable de innumerables violaciones a los derechos humanos. La siguiente cita, extractada de una larga y macabra biografía del Presidente Santos, en los tiempos en que fue Ministro de Defensa y después Presidente de Colombia, nos revela el tipo de funcionario que está alentando la “reconciliación” en Honduras.

“En noviembre de 2005, el ministerio de defensa (Juan Manuel Santos) aprobó una directiva secreta que ponía precio a la cabeza de los guerrilleros. Los militares se dedicaron a asesinar civiles, haciéndolos pasar por "rebeldes caídos en combate" que llamaron "falsos positivos". La Fiscalía General investiga unos tres mil casos, entre los que se encuentran adolescentes, retrasados mentales, indigentes, drogadictos. Cuando Santos llegó al ministerio, en julio de 2006, se registraron 274 casos de “falsos positivos”. Al año siguiente, se subió al tope: 505 asesinados... Aunque poco se menciona, se estima que 250.000 personas han sido “desaparecidas” por las fuerzas de seguridad y sus paramilitares. Tan sólo en los últimos cuatro años lo fueron casi 40.000 personas. Algunas de ellas fueron enterradas en la mayor fosa común de Latinoamérica, hallada detrás de un cuartel del Ejército a 200 kilómetros al sur de Bogotá: más de 2.000 cadáveres... Hay que subrayar también la estrecha relación de Santos con las autoridades de Israel y sus servicios de seguridad. En octubre de 1997, Manuel Santos ya había demostrado su falta de escrúpulos. Se reunió con los tres principales cabecillas paramilitares, para proponerles de participar en un golpe de Estado contra el presidente liberal Ernesto Samper (propuesta que también hizo a las guerrillas FARC y ELN)... En septiembre de 2008, el periodista venezolano José Vicente Rangel dijo de Santos: “Es el hombre del Pentágono en la política colombiana. Ha venido cobrando fuerza a la sombra de Uribe, y hoy es posible decir que rebasa al propio Uribe” (“Juan Manuel Santos: de Halcón a Paloma”, ALAINET. http://alainet.org/active/45049).

Sin embargo, el Presidente Santos es un experto en camuflarse, como el camaleón. Hoy día ha abandonado su discurso confrontativo y se ha convertido en una figura latinoamericana que rivaliza con Lula y Chávez en América del Sur por suaudacia diplomática y política.[3]

Pero ¿Qué mueve al gobierno colombiano a preocuparse por Honduras?

Su interés tiene que ver con cuatro cuestiones.

Primero, Colombia firmó en agosto de 2007 un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los países del Triángulo Norte centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras) y a partir de ese año forma parte también del Plan Mesoamérica, un plan de masivas inversiones en hidroeléctricas, represas, energía renovable, etc., lo que la involucra de manera directa en la vida económica del istmo. En el caso de Honduras el TLC entró en vigor el 27 de marzo de 2010. Como nunca antes, existe un gran interés de empresas colombianas para invertir masivamente en Honduras, especialmente en los rubros de generación eléctrica, ingeniería, prendas de vestir, metalmecánica, autopartes y materiales de construcción.[4] Por ahora, ese mercado se ha desarrollado en El Salvador donde las empresas colombianas han invertido más de 1 mil millones de dólares.[5] Pero la situación actual de Honduras, de ser un estado ilegal, no favorece el clima de inversión que necesitan los capitalistas colombianos.

Segundo. Colombia tiene una frontera común con Honduras y por o

tro lado con Nicaragua (Isla de San Andrés) en el Caribe, por cierto en disputa limítrofe desde 1999. Nicaragua siempre ha denunciado de la alianza entre Honduras, Colombia y Costa Rica para atentar contra su soberanía. Ese conflicto casi lleva a la confrontación armada a Colombia con Nicaragua en 2004. Una ganancia para Santos con este trato puede ser contar con el apoyo de Honduras en la disputa limítrofe contra Nicaragua, porque también Honduras disputa el paralelo 17 con Nicaragua y sus límites con Colombia afectan a aquel país. Un escenario perfecto de alianzas para crearle un conflicto internacional a los sandinistas.

En ese sentido, es de interés del gobierno ultraderechista colombiano contar con Honduras como Estado aliado para fortalecer su posición en el triángulo norte centroamericano, y un buen gesto en ese sentido es promover su retorno a la OEA.

Tercero. Lo anterior coincide con el interés del gobierno norteamericano de promover el retorno de Honduras a la OEA. Recuérdese que Estados Unidos ha lanzado este año una ofensiva diplomática en Latinoamérica, dirigida a moderar la recalentada América Latina, al punto que el mismo Barack Obama hizo una histórica gira en persona a tres países de la región: Brasil, Chile y El Salvador. Pues en el marco de esas entrevistas oficiales, Obama se reunió también con Juan Manuel Santos en territorio norteamericano a principios de abril.

No dudo que con todos ellos el mandatario gringo trato el caso de Honduras, a fin de lograr su reingreso a la OEA en la próxima cumbre a realizarse en El Salvador. Para ello ha debido convencer a sus homólogos de que Pepe Lobo ha hecho casi todo lo que se le ha pedido para cumplir las condiciones de ser reintegrado, siendo el retorno de Manuel Zelaya Rosales lo único que tiene pendiente de cumplir. Por consiguiente su estrategia consiste en presionar diplomáticamente para posibilitar un retorno controlado del ex Presidente.

Cuarto. Santos ya es parte del conflicto interno en Honduras y no precisamente del lado pacifista. Recordamos que Colombia fue el primer país en reconocer al régimen de Porfirio Lobo Sosa. Por otro lado, existen evidencias de que el Presidente Santos tiene tiempo de hacer pactos con Porfirio Lobo Sosa en materia de "seguridad", asesorando a la policía hondureña, supuestamente en la lucha contra el narcotráfico, lo que la ha convertido en la nueva meca de los esbirros de Oscar Álvarez y compañía. Peor aún, el periodista Dick Emanuelsson ha revelado evidencias que muestran la operación de miembros de Fuerzas especiales del ejército colombiano en Honduras, denominadas “GAULAS” al servicio de Porfirio Lobo Sosa, tomando como base la denuncia de la misma prensa colombiana.[6]

Es claro entonces que los motivos de Santos no son nada pacíficos ni desinteresados.

2.Los Motivos de Hugo Chávez

En cuanto al Presidente Hugo Chávez, queda descartada la hipótesis de que fue “sorprendido” como ingenua paloma por el frío y calculador Presidente colombiano, pues en sus declaraciones Chávez confirmó que viene haciendo esfuerzos hace algún tiempo y que los seguirá haciendo para abogar por el retorno de Honduras a la OEA.

Si fue intencional y de común acuerdo con el Presidente Santos, uno podría pensar que el paso dado por el mandatario venezolano tiene motivos de corte progresista, en virtud de la trayectoria de solidaridad mostrada por su gobierno con el gobierno del Presidente Zelaya y, después del Golpe, con la Resistencia hondureña. Pero aunque he buscado esos motivos progresistas, no los encuentro por ningún lado. En cambio, la información disponible apunta en la dirección contraria:

1)Toda la intencionalidad del proceso es lograr el ingreso de Honduras a la OEA, darle una salida electoral a la crisis y restablecer negocios con la dictadura mediante PETROCARIBE, lo cual beneficia al régimen golpista y a la estrategia norteamericana, como vimos párrafos atrás;

2)La orientación política que aplica el Presidente Chávez es diametralmente opuesta a la decidida por la Asamblea Nacional del FNRP del pasado 26 de febrero, que decidió apostar por un proceso de Refundación del Estado hondureño mediante un proceso de Auto Convocatoria Constituyente, a fin de construir Poder popular y sacar al golpismo del Estado; y,

3)Ningún órgano directivo de la Resistencia hondureña fue informado oficialmente de la maniobra con antelación y, en cambio, el régimen golpista estaba bastante enterado y fue tomado en cuenta en la operación.

Si lo que quería el Presidente Chávez era ayudar al pueblo hondureño y a la reconstrucción de la democracia en Honduras, lo primero que debió hacer era consultar con la Resistencia popular, a través de su Coordinador Nacional, y a su vez, este consultar con los organismos de conducción internos para tomar una decisión colegiada sobre el proceso, y no imponerlo como un hecho consumado desde afuera.

Duele decirlo pero las evidencias disponibles, apuntan en el sentido de que el gobierno bolivariano ha decidido entenderse con nuestro enemigo, el régimen golpista, además de fortalecerlo económicamente, en base a intereses que no son los de nuestro Pueblo. Aquí no veo cómo puede haber beneficio para la duda.

¿Cuál es la lógica de esta conducta política del Presidente Chávez?¿Qué intereses hay de fondo en esa conducta? La siguiente es una hipótesis a partir del estudio del contexto y de algunos antecedentes.

Las razones económicas del giro venezolano hacia Colombia

Colombia y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas y comerciales en julio de 2010 tras que el entonces Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, acusara a Venezuela ante la OEA de apoyar a la guerrilla de las FARC y el ELN, en momentos en que desarrollaba una ofensiva para su desarticulación. Previo a eso ya existía un ambiente tenso por la incursión militar colombiana que destruyó un campamento de las FARC en Ecuador y por la firma en octubre de 2009 de un Convenio con Estados Unidos por el cual se autoriza la construcción de siete bases militares en territorio colombiano.

La ruptura de relaciones produjo una difícil situación económica para las burguesías de ambos países, pues las exportaciones de Colombia a Venezuela cayeron de 6 mil millones de dólares en 2008 a 1.5 mil millones en 2010,[7]además de problemas de no pago de las transacciones comerciales a colombianos por un monto de casi 800 millones de dólares y la suspensión de importantes obras de infraestructura petrolera y portuaria que resultan estratégicas para la economía venezolana, como la construcción de varios oleoductos y un canal seco con salida al océano pacifico, a ser usados para el comercio con los países suramericanos y asiáticos. A su vez, proyectos similares planificaba Colombia para beneficio de su oligarquía hacia el Caribe.

A lo anterior hay que sumar que la economía en Venezuela tuvo serios problemas en 2010 por la caída de los precios del petróleo, las consecuencias de la crisis financiera internacional, una crisis energética causada por una aguda sequía, la nacionalización de 12 instituciones bancarias y la corrupción.[8]

Asimismo, la ALBA como proyecto de integración de países políticamente afines, parece haber disminuido su perfil desde 2010 ante el surgimiento de UNASUR, un marco de integración más amplio que involucra no solo a países con identidad ideológica progresista (como el ALBA), sino una pluralidad de países entre los que se encuentra regímenes de derecha, como Colombia, y regímenes de centro izquierda, como Brasil, que lo lidera. A su vez, importantes eventos políticos influyeron para que los gobiernos de países del ALBA volvieran más su mirada hacia sus intereses políticos nacionales que hacia afuera, como venía sucediendo desde 2004. Estos acontecimientos políticos fueron, por un lado, las amenazas constantes de golpes de Estado en Bolivia y Ecuador, así como el golpe consumado en Honduras; el avance de la oposición derechista en Venezuela en 2010 así como una serie de desastres naturales en varios países.

En ese contexto se produjeron importantes replanteamientos políticos en Colombia y Venezuela que han llevado a ambos países a priorizar su integración económica por sobre otros procesos.[9]

Sin embargo, si bien con ese curso se han distendido las malas relaciones diplomáticas y económicas con Colombia que afectan la estabilidad económica interna en Venezuela, aun pende como amenaza la presencia militar norteamericana en aquel país.

Giro en lo político a colaborar con regímenes de derecha

Presionado por el cerco militar que implican las bases norteamericanas en Colombia, la estrategia internacional del gobierno bolivariano ha consistido en eliminar la imagen que ha construido la derecha latino y norteamericana que lo hace percibir como líder de procesos de desestabilización de “democracias” oligárquicas y promotor de cambios revolucionarios en el continente. Para lograrlo se ha mostrado dispuesto a tomar medidas que antes habrían sido impensables de su parte, sobre todo a un año del próximo proceso electoral. Una expresión de esa voluntad conciliadora con la derecha es su afán por demostrar a Colombia, a la OEA y al mundo que apuesta por las elecciones y que no fomenta la lucha armada.

En esa línea el gobierno de Hugo Chávez se ha mostrado dispuesto a colaborar cada vez más con su homólogo colombiano en materia de represión política a la izquierda insurgente. A partir del año 2010, ambos países firmaron un convenio de “seguridad” por la cual se comprometieron a capturar militantes de izquierda, o “subversivos”, en ambos lados de la frontera. De esa forma, combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) también de ese país, son capturados en territorio venezolano y luego se los entrega, nada más ni nada menos que al gobierno más represivo de América (Colombia), donde les espera cárcel, tortura o muerte. [10]

Se puede estar de acuerdo o estar en desacuerdo con la opción armada de estos movimientos, pero no existe una justificación válida para capturar y entregar a un gobierno fascista como el colombiano a activistas políticos de izquierda que no causan daño en Venezuela.

No me cabe duda que la incursión militar de la OTAN en Libia y recientemente en Costa de Marfil, han potenciado los temores del gobierno venezolano a una potencial intervención militar desde Colombia y desde otras bases en la región, lo que lo ha llevado a profundizar su estrategia de limpiar su imagen apostando por un liderazgo componedor a nivel internacional, como quedó evidenciado en su gestión como mediador en el conflicto libio.

Esto explica lo fácil que Chávez fue embarcado por el gobierno colombiano en esta estrategia “normalizadora” en Honduras, lo cual es un lamentable resultado de la política norteamericana de enseñar sus colmillos a través de sus bases, los Golpes de Estado y la reactivación de su IV Flota.

Resumiendo, los motivos del Presidente venezolano respecto al caso hondureño serian:

1. Modificar la imagen de promotor del conflicto hondureño que ha propagado la derecha latinoamericana y el Departamento de Estado USA sobre su gobierno, colaborando con su aliado estratégico colombiano, con la UNASUR y la OEA en la pacificación (“normalización”) de Honduras para reincorporarla al sistema interamericano, coincidiendo con la estrategia norteamericana en la región. En esa línea, fomentará condiciones políticas en Honduras que permitan una salida electoral a la crisis, evitando las posibilidades de una salida insurreccional y la auto convocatoria a una Constituyente que han sido definidas por el FNRP.

2. Generar confianza en el régimen oligárquico hondureño para que éste acepte hacer negocio con empresas como PetroCaribe y de la ALBA, en condiciones de competitividad, con vistas a reposicionarse económicamente en Honduras y fortalecer su presencia en Centroamérica.

3. Los motivos del imperio USA

Colombia y Venezuela, independientemente de sus propios motivos, contribuyen al juego que ha sido diseñado por el Departamento de Estado Norteamericano. ¿Cuál es ese juego?

En el contexto latinoamericano, Honduras no es un país de mayor importancia económica; pero si política e integracionista. Es el único país latinoamericano donde hubo un Golpe de Estado que no pudo ser revertido y en donde existe un movimiento de resistencia popular que ha definido como ruta un planteamiento de ruptura con el régimen oligárquico existente y de refundación del Estado mediante un proceso constituyente. Por eso, en un contexto regional en el que los Golpes de Estado están en la agenda del Estado norteamericano, Honduras se convierte en un referente peligroso porque sus niveles de movilización son fuente de inspiración de otros movimientos sociales en el mundo.

En el plano económico, Honduras tiene tres fronteras con países vecinos y a pesar de nuestra debilidad económica, es poco viable hablar de integración centroamericana, de un TLC y de un Plan Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá) exitosos sin nuestro país.

Por tanto, para el imperio norteamericano, es importante que:

1.El caso hondureño constituya un modelo de legitimación de un Golpe de Estado y de reconversión de la resistencia popular en un movimiento electoral por el cual se incorpora como oposición dentro del Estado oligárquico, alejando el espectro de la Revolución.

2. Se incorpore a Honduras a la OEA, para consolidar los procesos de integración capitalista del Plan Mesoamérica y del Tratado de Libre Comercio, y anime la inversión capitalista en los enclaves transnacionales(Ciudades Modelo, maquilas, minería, petróleo, biocombustibles, etc.)

Para lograr lo anterior, el lobby del Departamento de Estado norteamericano ha conjuntado un abanico de fuerzas que van desde la ultraderecha colombiana (Santos) y la centroizquierda salvadoreña (Funes) para lograr aquel propósito, sin necesidad de quemarse como ocurrió en las negociaciones del Pacto de San José.

Pero esta estrategia no puede funcionar si no se persuade a Manuel Zelaya Rosales y a la Resistencia para colaborar, algo que sólo se puede lograr con la intervención del Presidente Hugo Chávez, dado su prestigio en estas esferas. Tal intermediación se hace teniendo como “argumento” de peso una atractiva oferta en PetroCaribe, la cual sacaría de apuros al régimen oligárquico en momentos en que vive una dura crisis económica y cuando desata una furiosa ofensiva neoliberal y represiva contra la Resistencia popular.

Una necesaria rectificación

Mientras los hechos no digan lo contrario, todo indica que el Presidente Chávez ha sido arrastrado a este vergonzoso rol por el matrimonio que hoy lo une con uno de los regímenes más reaccionarios y represivos de América.

Resulta contradictorio que combatiendo a las fuerzas insurgentes o haciendo de bombero de los procesos insurreccionales de América Latina, está debilitando al largo plazo su propio proyecto bolivariano, pues su “mejor amigo” no es el fascista gobierno colombiano, el cual en el momento menos esperado le asestara una puñalada por la espalda, sino los movimientos de liberación de los pueblos latinoamericanos, los únicos dispuestos a entregar su sangre por la defensa de la revolución venezolana.

Es nuestro deseo que el Presidente Chávez rectifique cuando todavía está a tiempo de hacerlo, en consideración a la trayectoria que tuvo antes, la cual fue consecuente con los intereses de la Resistencia popular. Pero de no suceder esa rectificación, es nuestra potestad como Pueblo soberano no prestarnos a esa intención que sólo beneficia a los enemigos del cambio en Honduras, y continuar el curso definido por nuestra Asamblea Nacional del FNRP “Campesinos Mártires del Aguan” por la Refundación de nuestro país.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. el 12 de abril de 2011

[1]“Colombia y Venezuela extienden reglas comerciales. Ven a Honduras”, Reuters – sáb, 9 abr 2011, disponible en: http://es-us.noticias.yahoo.com/colombia-y-venezuela-extienden-reglas-co...

2]Ídem.

[3]Diario El Tiempo de Bogotá dice: “En menos de 8 días, Santos y Holguín se habrán sentado a manteles con cuatro líderes internacionales, estratégicos para los intereses nacionales: Barack Obama, presidente de Estados Unidos; Hugo Chávez, presidente de Venezuela; José Luis Rodríguez Zapatero, jefe del gobierno español; y Ángela Merkel, jefa del gobierno alemán. En el último mes, Colombia se hizo a la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Guillermo Fernández de Soto, ex canciller y ex embajador en Europa, destacó que ya no hay una "política exterior solo con Estados Unidos, sino de contenido universal". Y aseguró que Santos "entendió que una política exterior de cooperación es más rentable que una de confrontación”. Otro ex canciller, Camilo Reyes, subrayó la "recuperación de las relaciones con la región, su consolidación con la Unión Europea, la apertura de nuevos espacios con Asia, sin poner en peligro su trato con Estados Unidos". (“Política Exterior, en un momento estelar”, El Tiempo, 10 de abril 2011, disponible en: http://m.eltiempo.com/politica/politica-exterior-en-un-momento-estelar/9...

[4] Centralamericadata, “Empresarios hondureños visitan Colombia”, 25 de mayo 2010, disponible en:http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Empresarios_hondurenos...

[5] Long Island al Día New York, “Colombia está pisando fuerte en El Salvador; inversiones superan los 1 mil millones de dólares”, 7 de febrero 2011. Disponible en: http://lialdia.com/2011/02/colombia-esta-pisando-fuerte-en-el-salvador-i...

[6] Ver su reportaje “El ejército Colombiano ya está en Honduras”, disponible en; ver reportaje de Dick Emmanuelson enhttp://www.albatv.org/El-ejercito-colombiano-ya-esta-en.html

[7] “El deterioro de las relaciones entre los dos países impactó fuertemente la economía, sobre todo la colombiana, que según el DANE, en el 2007 exportó al país vecino 5.000 millones de dólares y en el 2008 la cifra estuvo por encima de los 6.000. Sin embargo, poco a poco el gobierno venezolano tomó decisiones que afectaron la balanza comercial al punto de que, según lo estiman los gremios, este año las exportaciones comerciales probablemente no lleguen a los 1.500 millones de dólares.” (EFE, “Colombia y Venezuela: El Lanzamiento de una nueva relación”, 11 de agosto 2010, disponible en;http://www.google.com/#sclient=psy&hl=es&q=Colombia+y+Venezuela:+El+Lanz...)
[8]“Fue un año de grandes dificultades. Comenzamos con una verdadera crisis eléctrica, que nos obligó a tomar severas medidas. Incluso estuvimos a punto de un colapso eléctrico. Gracias al pueblo y al Gobierno que dio la cara, nos sobrepusimos a la crisis eléctrica, que ha podido ser hasta una catástrofe” (Hugo Chávez, Mensaje a la nación del 1 de enero 2011. Ver:http://www.correodelorinoco.gob.ve/economia/venezuela-supero-dificultades-2010-y-retoma-senda-crecimiento-economico)

[9]En el caso de Colombia, la burguesía industrial y comercial desplazo del poder al sector terrateniente representado por Uribe, caracterizado por una práctica y un discurso confrontativo y militarista que volvía inviable la reapertura de relaciones comerciales y la integración capitalista; por ello fue llevado a la presidencia Juan Manuel Santos, un empresario derechista que, como fue dicho, fue ministro de defensa aunque con un discurso “conciliador” y pragmático, proclive a la distensión con Venezuela, según lo aconsejaban los nuevos tiempos. Desde entonces, Santos ha desarrollado una agenda de ampliar relaciones con otros países que lo ha llevado a una intensísima actividad diplomática internacional. Por su parte, el gobierno venezolano decidió priorizar su relación integracionista con Colombia incluso por encima del proceso de integración que venía gestándose en la ALBA. Al poco tiempo de haber tomado posesión el Presidente Santos en agosto 2010, se produjo la reapertura de relaciones diplomáticas y comerciales y el inicio de un proceso de integración para retomar los proyectos paralizados e incluso constituir inversiones mixtas colombo-venezolanas. Eso tendera a aliviar la difícil situación económica y social que atravesó el país en 2010 y le permitirá contar con mejores condiciones para su reelección en el año 2012.

[10] “El 25 de diciembre, pocos días para cerrar el año 2010, Nilson Albín Teran Ferreira (Tulio), un líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue capturado por la policía de Venezuela y entregado a las Fuerzas Armadas de Colombia. Casi en la misma fecha en otra parte de Venezuela, el ejército capturo a Luis Ferney Saavedra Benavides (Oscar Nobles) otro revolucionario colombiano. También fue entregado a la policía del vecino país. Nilsson vivía en Venezuela, y en Colombia está condenado a 40 años de prisión por sus actividades subversivas. .. En noviembre pasado del 2010 Venezuela capturo y deporto a Bogotá a otros dos integrantes del ELN y a un alto dirigente de las FARC, Nilson Navarro (ELN), Priscila Ayala (ELN) y Oswaldo Espinoza (FARC), fueron las primeras víctimas del acuerdo entre el gobierno de Chávez y el régimen de Colombia firmado en agosto pasado para colaborar en asuntos de seguridad y medias antisubversivas. Hay que recordar también que el 28 de marzo de 2010, el gobierno de Chávez apreso en el aeropuerto a Walter Wendelin, un activista político del movimiento Vasco. Este fue impedido de ingresar a ese país, detenido en Maiquetia, fue trasladado a un cuartel del Servicio de Inteligencia, y después fue expulsado a Francia.” (Arce Borja, Luis. “Chávez: ¿Antiimperialista o el judas de los revolucionarios?”, El Diario Internacional, tomado de La Haine del 4-1-2011)Fuente: https://www.alainet.org/es/active/45785

Dilucidemos que el embaucamiento de las mayorías desde el progresismo e izquierdismo reformista fue por conversión de la ideología en máquina imaginaria de producción fetichista en similitud a cómo opera la hegemónica en el sistema mundo capitalista.

La imagen angelical del imperio

20 de abril de 2018

Por Raúl Prada Alcoreza

La ideología es, como dijimos, la máquina imaginaria de producción fetichista; en las ideologías concretas hay peculiaridades. Algunas, las más antiguas, retrotrayendo el concepto moderno de ideología a los imaginarios religiosos, lo que no corresponde, pero, a fines de comparación sirve, se consideran escrituras sagradas; por lo tanto, la enunciación de la palabra de Dios. En consecuencia, la indiscutible verdad. Esta pretensión de verdad divina la heredaron las ideologías de la modernidad, sobre todo, las que se despliegan durante el siglo XX, a decir, de Alan Badiou, ultimatista. Si bien, la verdad moderna no se reclama de divina, se pretende la verdad histórica; por lo tanto, de la razón histórica. Pero, también hay ideologías que pretenden la verdad pragmática, ya venga ésta reclamada por medio de la investigación empírica, controlada en laboratorio o, en su caso, como verdad empírica, del sentido común, correspondiente a la experiencia individual, de familia o de grupo.

El liberalismo es la otra ideología desenvuelta en la modernidad de alcance mundial, con pretensiones de verdad, aunque ésta no se reclame de histórica, sino como verdad jurídica-política, como realización del Estado de derecho y de la Constitución, como verdad equivalente a la libertad; sin embargo, libertad restringida a la libertad individual, acotada en los derechos civiles y políticos. Libertad de mercado y libertad de empresa, que van asociadas al derecho inalienable de la propiedad privada y a las garantías constitucionales y estatales a la propiedad privada. Desde esta perspectiva ideológica, la libertad no es pensada como potencia, como potencia corporal y como potencia social.

Entonces el liberalismo se ha situado como verdad institucionalizada, como verdad jurídica en el Estado de derecho, que coloca a la Ley por encima del pueblo, el soberano de la república. También como verdad política, en los marcos de la democracia institucionalizada, formal y restringida, aceptada en el juego de las representaciones y delegaciones. Lo sugerente de todo esto es que determinada república, la primera república moderna, se considera como el paradigma a seguir por el resto de las democracias formales. Particularmente se les exige seguir su camino a las repúblicas flamantes del siglo XIX y a otras repúblicas que nacieron en el siglo XX. Lo llamativo es que la versión oficial o estatal de esta ideología liberal tenga una imagen angelical de sí misma. Sobresale esta narrativa fantasiosa en las difusiones de la hiper-potencia y complejo militar-economico-cientifico-tecnologico-cibernetico-comunicacional, el gendarme del imperio, del orden mundial.

Se trata de una narrativa cinematográfica, al estilo de Hollywood, que resume el guión a la confrontación entre buenos y malos; el gendarme del imperio es el bueno, en tanto que los “Estados totalitarios” son los malos; peor aún, los “Estados canallas”. Como se podrá ver ésta es otra versión del darwinismo social e histórico, que clasificó a las sociedades entre salvajes, bárbaras y civilizadas. En este caso, la civilización no soólo se asume como civilización moderna, sino, de manera más restringida, como el “estilo de vida americano”. La diplomacia de esta hiper-potencia ha tenido que tratar con diplomáticos de todos los países, entre ellos, de los países que llaman del “tercer mundo” o “en desarrollo”. La imagen que tienen de estos diplomáticos de los Estado-nación subalternos, considerados vasallos del imperialismo vigente, es que son unos bárbaros metidos en asuntos de la élite dominante mundial, la diplomacia de carrera. Si bien es ese un discurso solapado, que sobresale en las conductas y los comportamientos, desmintiendo lo que se dice diplomáticamente, el discurso contrasta con los actos intervencionistas del imperialismo, a lo largo de las historias políticas de la modernidad. Estas actuaciones tendrían que ser calificadas de bárbaras, desde la perspectiva del Estado de derecho y desde los derechos de las naciones y Estados en el contexto internacional. Sin embargo, se cierra los ojos ante la evidencia descomunal de la violencia imperial; se prefiere tener como referente la imagen angelical que tiene de sí mismo el imperio.

El discurso dominante en la diplomacia de la hiper-potencia tiene sus acompañantes, que repiten la misma narrativa en versiones nacionales, en los países de la inmensa periferia del sistema-mundo capitalista. Los medios de comunicación han sido los mecanismos de difusión de esta narrativa cinematográfica y siguen siéndolo; hay también periodistas y comunicadores que se encargan de hacerlo, aunque lo hagan de manera más sutil. Al difundir la información del testimonio de diplomáticos norteamericanos sobre su experiencia en países donde cumplieron funciones, lo hacen como si se tratara de una “fuente objetiva” y no de una fuente viciada por prejuicios ideológicos. Esta condescendencia se hace más notoria cuando el mismo testimonio confiesa, en otras palabras, no de manera directa, la intervención militar de su país en un Estado-nación soberano. Una intervención militar es eso, una intervención que viola la soberanía del Estado agredido, que vulnera el derecho internacional, que corrompe a militares del país afectado y ejecuta su intervención al estilo de comandos especializados. Un caso paradigmático es lo que ocurrió en Bolivia, a fines del primer quinquenio del siglo XXI.

Este delito, el de intervención militar a un Estado-nación por parte de la hiper-potencia, si bien ha sido denunciado, no se la inculpado y procesado en los Tribunales internacionales competentes, ni se ha denunciado como corresponde en Naciones Unidas. Lo que se ha hecho es una persecución política a todo sospechoso o indilgado de sospecha de estar comprometido en el robo y desarme de misiles. En términos constitucionales, lo que han hecho los implicados nacionales es traición a la patria; lo que ha hecho la hiper-potencia es cometer un delito flagrante contra un Estado-soberano, interviniendo militarmente, aunque sea de manera secreta. Todo esto, además a nombre de “lucha contra el terrorismo”. Los misiles no estaban en manos de “terroristas” sino del ejército del Estado-nación; en todo el caso el terrorismo lo cometió el comando “Rambo” de la hiper-potencia.

La imagen angelical del imperio contrasta con su pragmatismo político, militar, económico. El contraste se hace notorio en la llamada “guerra contra el terrorismo”, también en la llamada “lucha contra el narcotráfico”.

La “guerra contra el terrorismo”, declarada en el gobierno del presidente George W. Busch, ha sido una excusa para intervenir Irak, un país que no estaba involucrado en el atentado del 11 de septiembre de 2001; una excusa para establecer un “Estado de excepción” encubierto en el propio país. La “guerra contra el terrorismo” ha derivado en conformar organizaciones fundamentalistas, que desatan la “guerra santa” en el Medio Oriente y en otras latitudes, ocasionando la destrucción de otros países, cuyos Estados eran considerados “peligrosos”, pues no seguían la línea del establishment internacional. La “lucha contra el narcotráfico” ha servido y es útil para contener, controlar y desviar el segundo o primer negocio más grande del mundo. Entre otras cosas, además de blanquear en el propio país dominante el magnífico flujo dinerario, entre otras cosas, para armar a grupos insurgentes en contra de gobiernos “socialistas” en Centro América.

¿De qué se habla cuando se usa en el discurso la distinción entre “coca tradicional” y “coca ilegal” o “coca excedentaria”? ¿De que la “coca excedentaria” va directamente al narcotráfico, como se dice explícitamente en el discurso? ¿Este es el problema de fondo? La economía política del chantaje, donde se encuentra la economía política de la cocaína, es decir, el lado oscuro de la economía-mundo, es complementaria del lado luminoso e institucional de la economía-mundo. El ingreso a la dominancia del capitalismo financiero y especulativo, en el ciclo largo del capitalismo vigente, ha ocasionado no sólo la expansión del lado oscuro de la economía, sino que ésta haya atravesado las mallas institucionales y empresariales del lado luminoso de la economía. Lo que hace este discurso, relativo a la imagen angelical del imperio, es mostrarse como el bueno de la película, ocultando las evidencias de las concomitancias del imperio no solo con el lado oscuro de la economía sino con el lado oscuro del poder.

En todo caso, el testimonio del diplomático norteamericano es revelador de a dónde alcanza la intervención y la influencia de la hiper-potencia. No sólo en lo que respecta a su capacidad para montar y efectivizar una intervención militar secreta, sino también en lo que respecta a la influencia e incidencia que tiene la misma embajada de la hiper-potencia en relación a personajes de la política boliviana. Se pueden catalogar sus intervenciones como consultivas, en unos casos, que, al mismo tiempo, connotan consultas a la embajada norteamericana; en otros, incluso de disuasivas, adelantando la reacción del Departamento de Estado y de la Casa Blanca al Respecto. En otros casos, es patente la definición y delimitación política, además de su accionar respecto a determinados temas problemáticos; uno, es el que tiene que ver con el narcotráfico; otro, tiene que ver con la relación del Estado boliviano con los gobiernos de Hugo Chávez de Venezuela y Fidel Castro, primero, Raúl Castro, después, de Cuba. Como se puede ver la embajada establece el rayado de la cancha, como se dice y, a partir de este rayado, busca incidir, influir, llegar a acuerdos o, por último, dejar en claro la diferencia de posiciones.

Todo esto es ilustrativo, no sólo en lo que respecta a la imagen angelical que tiene el imperio sobre sí mismo, sino, particularmente, al accionar de la extensa malla diplomática que la hiper-potencia despliega por el mundo. De todas maneras, la interpretación del testimonio diplomático tiene que ser contextuado en el momento, en el presente, concretamente en la coyuntura o coyunturas mundial, regional y nacional. La república de Estados Unidos de Norte América experimenta una fase problemática, para decirlo suavemente, en la historia política de la democracia formal americana, implantada desde la independencia y promulgación de la Constitución. Haciendo un resumen de lo que expusimos en otros ensayos, a propósito, se hacen patentes los problemas de legitimidad de la república. La llegada a la presidencia de Donald Trump muestra la crisis inmanente de la república, crisis manifestada abiertamente, es decir, de manera trascendente, durante la guerra de Secesión; crisis sumergida después de esta guerra; crisis inmanente que se hace parcialmente o tibiamente patente durante la guerra del Vietnam; y, que ahora, reaparece con rasgos que marcan cierta trascendencia.

Es como si hubiera dos Estados Unidos de Norte América; uno, que recuerda el acto constitutivo harringtoniano, de perfil utópico; el otro, que se remonta a la actitud colonial y racial de las oleadas conquistadoras de peregrinos. Durante la guerra de Secesión se enfrentan estos dos momentos constitutivos diferentes; la victoria del Norte equivale a la consolidación de la república, del Estado Federal, de la Constitución liberal y de la democracia institucionalizada. Sin embargo, al parecer, las heridas que dejó la guerra no se cerraron, tampoco se clausuraron las concepciones de mundo que se enfrentaron en la guerra. El racismo es como un hábito en parte de la población norteamericana; así como los hábitos liberales se manifiestan en la otra parte de la población. La crisis inmanente se ha venido manejando y controlando con la alternancia partidaria entre demócratas y republicanos; sin embargo, desde las presidencias de los Busch, padre e hijo, se ha venido desgastando y haciéndose patente su incrementada ineficacia, sobre todo, en lo que respecta a lograr legitimidad.

Trump llega a la presidencia pugnando con la élite del partido republicano; convoca no solamente a sectores de base descontentos republicanos, sino incluso demócratas descontentos con el partido demócrata terminan votando por Trump. Parte de la clase trabajadora, amenazada por el fantasma del desempleo, vota por Trump, incluso quizás muchos desempleados. Sectores nacionalistas lo hicieron, así como los sectores más recalcitrantes conservadores y cierta “clase media” acomodada, que buscó un hombre fuerte, ante la visión de partidos debilitados y con convocatorias disminuidas y rutinarias. Por lo menos, la crisis institucional de los partidos le abrió el camino a la presidencia, sin hablar todavía de la crisis de legitimidad que se enuncia en el régimen liberal, en su etapa decadente.

Presentarse como el paradigma de la “democracia” ante el mundo es, por cierto, la pose de la gendarmería del imperio. Presentarse como la cara angelical del orden mundial es como presentar un cuento de hadas en una feria de novelas. Los cuentos de hadas no solamente están dirigidos a los niños, sino que buscan mediante una pedagogía inocente y esquemas morales, restringidos hasta la caricatura, educar sobre los valores morales. La novela, desde lo que define como la primera novela Michel Foucault, El Quijote de la Mancha, corresponde a las narrativas del anti-héroe y de las tramas que interpretan los dramas de la modernidad.

Hay pues un desajuste grande y un anacronismo visible en esta pretensión de aparecer como ángel en una supuesta guerra cósmica entre ángeles y demonios, cuando se trata de guerras modernas fratricidas, empujadas por las geopolíticas de las potencias imperialistas, después, como guerras policiales para preservar el orden mundial. Los hombres no son ni ángeles ni demonios, son cuerpos donde se inscriben las historias políticas y dejan sus huellas los diagramas del poder. Forman parte de dramas singulares, tramas singulares, tejidos singulares entrelazando hilados, compositores de combinaciones contradictorias y hasta explosivas. Los hombres son mónadas en los vendavales de la dramática. Para comprender lo que pasa en las coyunturas y contextos, que trata de describir la historia política, que trata de explicar el análisis político, es menester situarse en los planos y espesores de intensidad de estas dramáticas. Lo más lejos de una comprensión es esta narrativa del ángel en lucha contra demonios.

No hablemos de la hiper-potencia, que dejó la figura del imperialismo, como serpiente que cambia de piel, al finalizar la guerra del Vietnam, al ser derrotada por un país guerrero de la periferia del sistema-mundo capitalista. Ahora es el gendarme del imperio, del orden mundial de las dominaciones de la civilización moderna, en su fase decadente. Hablemos de los hombres que supuestamente la dirigen o, por lo menos creen que lo hacen, sin darse cuenta que son simples fichas en la rechinante maquinaria de los diagramas de poder, las cartografías políticas, los mapas económicos, del sistema-mundo moderno. No controlan el mundo efectivo, diremos, aunque tenga más alcance que la connotación conceptual de mundo, la realidad, sinónimo de complejidad; lo que controlan o parecen controlar es el mundo de las representaciones, el mundo representado, es decir, el mundo imaginario de sus narrativas maniqueas.

El mundo efectivo los desborda, desborda a sus máquinas de poder, a sus máquinas de guerra, a sus máquinas económicas. Por eso, lo que planean, sobre todo, con los juegos de poder de sus geopolíticas, de sus conspiraciones, de sus intervenciones ocultas de servicios secretos, que se autonombran eufemísticamente de “inteligencia”, no les sale, pues los efectos masivos que provocan son incontrolables.

Hay que entender, a estas alturas de las historias políticas de la modernidad, que las formaciones ideológicas, las formas de Estado, las formas de gubernamentalidad, ya sean liberales o socialistas, ya sea neoliberales o “progresistas”, son las formas mutantes de las administraciones públicas de la acumulación originaria y ampliada de capital. Resolvieron, a su modo, a su estilo, los problemas que enfrentó la economía-mundo y el sistema-mundo capitalista en sus distintas etapas de acumulación, en los distintos contextos y en las diferentes coyunturas.

Que los liberales se reclamen de “demócratas” es otra de sus poses, pues su “democracia” es restringida, acotada, usurpada al pueblo, diferida y transferida a los representantes, delegados y gobernantes. Que los “socialistas” se reclamen de portadores de la justicia social es también una pose; no puede realizarse la justicia social sin su substrato y, a la vez, complementariedad, que es la libertad. Que los neoliberales se reclamen de eficientes y competentes, es una pose, por así decirlo, posmoderna; ni fueron ni lo uno ni lo otro, salvo si se entiende que fueron eficientes en desentenderse y privatizar, externalizándolas, de las reservas naturales, de las empresas públicas, del ahorro de los trabajadores, de la salud y de la educación.

El procedimiento de vaciamiento es eficaz en su demoledora destrucción social. Que los “progresistas” se reclamen de algo tan barroco como el “socialismo del siglo XXI” no es exactamente una pose, sino una confesión de su desorientación en el laberíntico presente, donde “izquierda” y “derecha” se confunden para hacer lo mismo, continuar con el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente.

A estas alturas del partido, como dice el refrán popular, que unos u otros de la curiosa casta política del mundo, a pesar de sus diferencias, se reclamen como el ejemplo y el modelo a seguir, es cómico, hace reír. Los pueblos del mundo, tanto los pueblos de la inmensa periferia de la geografía política del sistema-mundo moderno, como los pueblos del centro cambiante del sistema-mundo, tienen experiencias sociales acumuladas y memorias sociales que han guardado los tejidos de huellas de las experiencias; los pueblos saben, por lo menos intuyen que sus gobernantes, sus representantes, sus defensores, sus empresarios, son los anacronismos institucionales ateridos, persistentes, incrustados como garrapatas, a los cuerpos vitales de los pueblos. ¿Cuándo los pueblos se liberarán de estos anacronismos y darán rienda suelta a sus potencias sociales, a la potencia creativa de la vida?

Fuente: https://www.bolpress.com/2018/04/20/la-imagen-angelical-del-imperio/

Recordemos que el progresismo e izquierdismo reformista de Nuestra América coincidió con los gobiernos neoliberales en promover la expansión del extractivismo o transnacionalización económico territorial de nuestros países con su consiguiente empobrecimiento estructural tanto de los países como de los pueblos. También en la manipulación de la opinión pública e individual mediante la naturalización de que el capitalismo es la modernidad generalizadora de bienestar social por acceso a la sociedad de consumo. Aún más, suscitan e imponen la visión dicotómica de la realidad nacional-mundial. De este modo censuran los disensos de las izquierdas antisistémicas y sobre todo inducen indiferencia hacia las "zonas de sacrificio".

¿Prohibido pensar?

21 de abril de 2018

Por Gilberto López y Rivas (La Jornada)

Los semilleros-conversatorios organizados por el EZLN, como el que tiene lugar esta semana en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, constituyen espacios abiertos al pensamiento crítico sobre lo que ocurre en México, –y en el ámbito planetario–, con la imposición de la globalización neoliberal basada en la guerra social, el despojo y la violencia sistémica y cotidiana propios de un proceso de recolonización de nuestros países.

Recordamos, en esta dirección, una de las tesis sobre las luchas antisistémicas del difunto subcomandante insurgente Marcos, que considero necesario asumir en su profundidad y actualidad: “No se puede entender y explicar el sistema capitalista sin el concepto de guerra. Su supervivencia y su crecimiento dependen primordialmente de la guerra y de todo lo que a ella se asocia e implica. Por medio de ella y en ella, el capitalismo despoja, explota, reprime y discrimina. En la etapa de globalización neoliberal, el capitalismo hace la guerra a la humanidad entera. (Escritos sobre la guerra y la economía política. México, Pensamiento Crítico Ediciones, 2017, p. 275)”

El análisis de la coyuntura electoral en curso tiene sentido cuando se fundamenta en este contexto de mundialización capitalista militarizada y criminal, en el que la democracia procedimental se viene abajo y entra en una crisis sin retorno, caracterizada por la pérdida de legitimidad y credibilidad de las entidades responsables de llevar a cabo, vigilar y sancionar la pretendida legalidad de esos procesos electivos.

La entrada de dos conocidos delincuentes electorales como candidatos supuestamente independientes a la Presidencia de la República es una demostración más del palpable deterioro institucional del Estado mexicano, desgastado gravemente por ese conflicto armado no reconocido, esto es, la guerra que inició Felipe Calderón y continuó Enrique Peña Nieto.

Especialmente resulta grotesca, y fuera de toda lógica jurídica, la resolución de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de avalar el registro del Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, en la boleta electoral para la Presidencia, cuando a todas luces sus firmas de apoyo ciudadano fueron obtenidas por medios fraudulentos; muchas eran apócrifas o simuladas; para respaldar otras miles ni siquiera presentó credenciales de elector; además, utilizó para su campaña recursos públicos, otros de procedencia desconocida o sospechosa, de empresas fantasmas; no reportó millones de pesos al INE, y, por si esto fuera poco, participaron en la recolección de firmas funcionarios de su fallida administración estatal. Asimismo, la forma adulterada e ilegal de obtención de apoyo ciudadano, el origen y ejercicio de los recursos monetarios de Margarita Zavala, han sido muy cuestionados, y, es claro, ambos personajes de la picaresca nacional no resisten una investigación judicial, al menos, por presuntos delitos electorales y fiscales.

La campaña de apoyo ciudadano de María de Jesús Patricio Martínez, en el otro polo equidistante, puso en evidencia la calaña moral de la clase política profesional y la de la partidocracia, y demostró una paradoja de los tiempos neoliberales, la izquierda antisistémica es la única capaz de actuar con honestidad y con base en principios éticos, respetando la legalidad y las reglas del juego, mientras las instituciones gubernamentales violentan sus propias leyes y reglamentos, actúan con discrecionalidad, acorde a sus intereses de clase, y son los principales enemigos del sistema de democracia representativa capitalista. El proceso electoral, en consecuencia, estará marcado por lo que ya se vislumbra como elección de Estado, que, en el caso mexicano, se caracteriza por un desvío de poder, esto es, por su carácter delincuencial. Esto significa que los poderes fácticos, los grupos mafiosos dominantes que lo sostienen, serán los que en última instancia decidirán quién puede garantizar la continuidad del sistema de explotación-dominación capitalista imperante y utilizarán los aparatos represivos con los que cuenta el Estado, legales y clandestinos, para tratar de imponer su candidato.

Por otra parte, la propuesta del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de conformar un Concejo Indígena de Gobierno, cuyo propósito es la reconstitución de los pueblos originarios, el establecimiento de alianzas con los explotados y oprimidos del país, conformando redes territoriales de apoyo y organización, coincide plenamente, con otra de las tesis del fallecido sub Marcos: las grandes transformaciones no empiezan arriba ni con hechos monumentales y épicos, sino con movimientos pequeños en su forma y que aparecen irrelevantes para el político y el analista de arriba. ( Ibíd., p. 276)

En esta guerra contra la humanidad, en la que está en juego la sobrevivencia misma de la especie humana, los pueblos originarios de todos los continentes constituyen los sectores socio-étnicos mejor preparados para enfrentarla debido a sus formas de organización y toma de decisiones tendencialmente colectivistas, que, en muchos casos, conlleva la formación de autogobiernos y la adopción de economías redistributivas y autosustentables, y, sobre todo, de cuidado de la Madre Tierra; a sus resistencias en defensa de los territorios asediados por las corporaciones capitalistas, en las que el crimen organizado amenaza directamente no sólo territorios sino también la existencia de la cultura indígena y la vida misma de los integrantes de los pueblos originarios.

Particularmente, en América Latina, los pueblos indígenas están en lucha permanente contra los neolatifundistas y sus modernas guardias blancas, ahora, con el uniforme de las compañías de seguridad; contra las consorcios que intentan adueñarse de las semillas e introducir variedades transgénicas; contra las empresas mineras que envenenan con mercurio y cianuro todo el entorno circundante, contaminando ríos y corrientes subterráneas; contra la privatización del agua; contra los megaproyectos carreteros, eólicos, turísticos e hidroeléctricos; en suma, contra todo lo que apoya la clase política que aspira a gobernar en nombre de la democracia y el progreso.

La lucha continúa. Hay vida después del primero de julio.

http://www.jornada.unam.mx/2018/04/20/opinion/018a2pol

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=240632

Finalicemos situándonos en la confrontación de las «luchas desde abajo» de Nuestra América con el sistema mundo capitalista.

Neocolonización extractivista y resistencia comunitaria en el sur de Bolivia

¿Por qué debe importarnos tanto Tariquía?

18 de abril de 2018

Por Pavel López y Gaya Makaran

Rebelión

Tariquía[1], en la geografía boliviana parecía un lugar recóndito, alejado de nuestras preocupaciones cotidianas, ni céntrico ni estratégico en los mapas geopolíticos del continente, y de repente emerge, gracias a la lucha de las comunidades que lo habitan, como un nuevo referente de resistencia al extractivismo y al autoritarismo estatal que pretende imponerse en nombre de un interés general, “nacional” abstracto por sobre la opinión, voluntad y autodeterminación social de quienes allá reproducen sus vidas. Los planes estatales de explotación petrolera en esta reserva natural, presentados como “necesarios”, son muy claramente concebidos en el brutal, maquiavélico y ya evidente tablero neocolonial del despojo territorial promovido por un gobierno que hace rato ya se muestra en contubernio y genuflexo ante las fauces de la actual fase de acumulación capitalista con su cara neoextractivista en la región.

Pero ¿por qué debería importarnos Tariquía, más allá de una simple solidaridad o identificación con la lucha de los/las comunarios de este territorio otrora área protegida? ¿Qué pertinencia tiene aquel puntito en las cartografías sociopolíticas de Bolivia y de América Latina?

Es que Tariquía no es la única, forma parte de una extensa red de resistencias y defensas comunitarias que tienen lugar en Bolivia y en toda Latinoamérica, resistencias ante un enemigo común que, independientemente de las banderas partidarias y los colores ideológicos, acosa a los territorios, pueblos, comunidades y formas de vida, las que, precisamente se resisten a la voracidad de la acumulación capitalista y sus proyectos de muerte.

Podríamos decir, parafraseando a Boaventura de Sousa Santos, que el colonizador retorna, montado en un buldócer, sembrando carreteras, represas y torres petroleras o desquiciadas tuberías para el fracking. Su bandera es la del “progreso”, “desarrollo” y “combate a la pobreza”, su cruz es la del capital transnacional que en alianza con el Estado arremete contra las últimas fronteras que le puso la naturaleza a la acumulación capitalista.

Esta nueva conquista, en la última década y media ha sido impulsada por los gobiernos “progresistas” o autodenominados “de izquierda”, los que en nombre del bienestar social y la soberanía nacional han emprendido proyectos de “desarrollo” y “modernización” capitalista, aunque lo que se ha evidenciado haya resultado, en la realidad de sus alcances y bestialidad de sus efectos, en “proyectos de muerte” para los territorios y para sus poblaciones y ecosistemas, en una inocultable reprimarización de modelos económicos con base extractivista, en contra principalmente de comunidades rurales y pueblos indígenas que desde los años 80 han resistido el embate neoliberal y han ido recuperando y resguardando sus territorios y sus modos de vida en un esfuerzo por su r-existencia (Porto Gonçalves) y autodeterminación social.

Este retorno del colonizador se inscribe en una larga historia de conquista y colonización de las tierras y poblaciones de América Latina, Abya Yala, que según las épocas, cambiaba de discurso legitimador, pero siempre respondía al proyecto de acumulación originaria del capital unido a la homogeneización cultural que tenía como objetivo asegurar la hegemonía plena de la empresa colonizadora. Se trata de someter la tierra y al ser humano que la habita para que sea “útil” y “productivo”; combatir lo otro y al otro como incompatible con el propósito de un monopolio epistémico planetario del capitalismo en tanto orden civilizatorio; quemar la selva “salvaje” con el fuego de la civilización, puesto que la Tierra no es madre, sino una virgen que hay que poseer, penetrar y domar violentamente; son pautas del ethos del colonizador que ha pervivido hasta nuestros días.

La colonización puede ser física y simbólica, violenta y sutil, se lleva contra los territorios y los cuerpos, contra los modos diversos de pensar el mundo y de reproducir la vida, su objetivo es su destrucción o subordinación a las lógicas “modernas” que viabilizan la acumulación del capital.

La expropiación del ser humano de su capacidad multidimensional de decidir sobre su vida en colectivo, es una característica de la esclavitud moderna, donde la libertad se vuelve ilusoria: los caminos del colonizador llevan siembre al mismo lugar, no permiten el caminar libre en la selva de senderos comunitarios, clausuran espacios, trazan los límites de líneas rectas que cortan los territorios, liquidan pensamientos, compran conciencias, imponen costumbres. Nos convencen que no hay alternativas, que hay que adaptarse o morir. El espacio-tiempo del capital pretende imponerse sobre espacios-tiempos de los pueblos y comunidades y, por supuesto, a los espacios-tiempos de la naturaleza y sus ciclos bio-reproductivos con una lógica utilitarista y racionalista que de racional tiene muy poco.

La nueva empresa colonizadora se presenta hoy, sin embargo, más ambiciosa que las de antaño, puesto que esta vez pretende expandirse más allá de sus lugares tradicionales, que en el contexto latinoamericano corresponden en gran medida con enclaves extractivistas, e imponerse de manera irreversible y definitiva, imposibilitando la disputa por el espacio-tiempo, al subsumir todo el territorio y todas las formas de vida a la lógica del capital y a su espacio-tiempo único. Esta ambición totalizadora del capitalismo actual que trasciende la dimensión meramente económica y permea todos los aspectos de la vida humana, desde la organización política, reproducción cultural, relación con la naturaleza, etc., encuentra todavía resistencias que se “empeñan” a defender sus modos particulares de vida más allá, aunque difícilmente fuera, del binomio Estado-capital, apostando por la comunidad como base de una posible autonomía social.

Estas luchas, aunque muchas veces invisibilizadas, criminalizadas y perseguidas por el aparato estatal, siguen siendo una importante señal de la vitalidad de los sujetos comunitarios y marcan al mismo tiempo los límites de la empresa extractivista.

El gobierno del Movimiento al Socialismo en Bolivia revela en este y otros tantos casos su apuesta ultra-extractivista que se caracteriza por la continuidad con varias de las apuestas del modelo neoliberal y el reforzamiento de la dependencia del capital transnacional, pero esta vez con un despliegue estatal incuestionable dirigido contra la autonomía social de aquel subsuelo político rebelde que hizo posible su arribo al poder. De hecho, el “Estado Plurinacional” en manos del masismo constituye un muro de contención y un aparato de desarticulación de las resistencias de “los de abajo”, impensable siquiera en la época neoliberal y como tal es una herramienta perfecta de dominación capitalista en servicio de las oligarquías nacionales (viejas y nuevas) y mundiales. En este sentido, la actual tendencia gubernamental/estatal también apunta re-subalternizar a los sujetos políticos autónomos, al dividir y destruir las grandes organizaciones indígenas y populares, expresión de un proyecto político propio, que tanto tiempo y con tanto esfuerzo se han ido articulando en el país. De ese modo, el gobierno del MAS como fuerza política y como fuerza monopólica estatal, a pesar de sus ambiciones de presentarse como representante del proyecto indígena-popular y de una supuesta refundación plurinacional se ubica, más bien, como una fuerza, primero de contención y cooptación, y luego de desmovilización, fragmentación y represión, cuya única ambición parece ser la “modernización” capitalista del país en base a la expansión extractivista proyectada sobre el despojo y la destrucción socioterritorial, a la vez que va acentuando cada vez más sus rasgos estadocéntricos, nacionalistas, caudillistas, patriarcales y autoritarios.

De esta manera, en nombre de un proceso “revolucionario”, hace ya tiempo desmentido y desenmascarado por la contundencia de la realidad, mediante el cual se pretendía supuestamente desactivar las formas coloniales, republicanas y capitalistas del Estado y su modo de relación con la sociedad, desde hace algún tiempo en Bolivia, como vimos, se estaría asistiendo más bien a su antítesis, al afianzar en alianza con las viejas élites el modelo del Estado-nación monopolizador, capitalista, extractivista y neocolonial, que promueve una neocolonización de espacios que históricamente fueron visto como “territorios baldíos” o de conquista, y que en las últimas décadas han venido desarrollado procesos de resistencia frente a las políticas avasalladoras del Estado-capital. Por lo que l a estrategia gubernamental estaría acaso proyectada y desplegada para pacificar a los sujetos rebeldes ya sea a través de cooptación, la fragmentación o la represión, sobre todo de sujetos sociocomunitarios y de base territorial.

En ese sentido, con el conflicto entorno a la defensa comunitaria de Tariquía queda claramente evidenciada la demanda de autodeterminación social como derecho colectivo de decidir y definir la vida en común, a partir, por un lado, de la defensa de sus formas de producción y reproducción social y económica y, por otro lado de las formas comunitarias de relación con su entorno, es decir de eco-territorialidades frente a una asonada extractiva. Nos muestra que un horizonte contra-hegemónico en Bolivia hoy se presentaría básicamente en torno a las manifestaciones de estas resistencias comunitarias, indígenas como en el caso TIPNIS, campesinas como en Tariquía, o articuladas entre ambos actores como vemos en la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Rositas en el Chaco boliviano.

Un aspecto central de estas luchas, es que están protagonizadas de manera significativa por las mujeres que destacan por su firmeza y coraje, al posicionarse como referentes de la resistencia, más allá de sus organizaciones tradicionales, ocupando espacios hasta hace poco monopolizados por dirigentes únicamente varones, como sindicatos regionales. ¿Cómo se explica este fenómeno? Ellas mismas lo explican, evocando su papel que desempeñan como mujeres en sus comunidades: son las encargadas de reproducir la vida, de cuidar y alimentar, de asegurar el agua fresca, la leña y los alimentos que les da la naturaleza, incluidos proyectos como la apicultura en Tariquía. Ellas saben que la destrucción del bosque supondrá un peligro directo para el sustento de sus hogares, el futuro de sus hijos y sobre todo su autonomía productiva. Son justo las mujeres que primeras sufren la violencia , tanto directa como estructural del ethos colonizador, derivada del capitalismo, en sí patriarcal, que históricamente ha apuntado tanto a la subordinación de la mujer a través del despojo de los medios de reproducción de vida, de sus conocimientos y del control sobre su cuerpo[2]. Así, las mujeres de Tariquía, del TIPNIS, de Rositas y de otros tantos frentes de lucha y resistencia responden con una “digna rabia”, decididas a defender su dignidad, junto con los territorios donde sustentan y reproducen la vida, a decir de Arturo Escobar los “territorios de vida”, frente a los proyectos de muerte que asedian cada vez con más brutalidad.

¿Cuál sería el desenlace de esta tensión entre el proyecto recolonizador del MAS y las resistencias comunitarias? El escenario puede parecer negro: las históricas organizaciones indígenas quedaron fragmentadas y debilitadas, los horizontes emancipatorios estrechados o incluso borrados, los márgenes de la autonomía social se vuelven cada vez menores y la penetración simbólica y física de la modernidad capitalista, por más barroca que sea, en los espacios “otros” es considerable. Sin embargo, el gobierno del MAS, aunque quiera aparentarlo, tampoco es un buldócer arrollador invencible, y actualmente parece más bien el coloso con pies de barro, sumido en una crisis aguda, multidimensional e insostenible, desde la pérdida de legitimidad y credibilidad por las inconsistencias entre la práctica y el discurso, el descontento social por el malfuncionamiento de los servicios básicos como la educación y la salud, el hastío generalizado por los groseros niveles de la corrupción, hasta la protesta contra sus ambiciones de perpetuación en el poder del Estado y sus métodos autoritarios e impositivos que sustituyeron hace tiempo ya la negociación y el diálogo, todo esto con las simultáneas dificultades con mantener el control centralizado y discrecional de excedentes, así como la consecuente red clientelar de apoyos, ante la baja de los ingresos de los commodities.

No obstante, de la tierra quemada por el proyecto neocolonizador están brotando nuevas o, más bien, renovadas formas de resistencia comunitaria que con el tiempo podrían crecer y entretejerse para hacerle frente a este panorama gris o un horizonte poco esperanzador que se avecina. Son espinas y piedras en el camino del capital y aunque muchos vean su lucha como condenada al fracaso, allá siguen como las lianas que envuelven y penetran el motor de la locomotora capitalista, frenando cuanto pueden el galopar planetario hacia el precipicio. Nos invitan a retomar el caminar milenario por los senderos inciertos, pero hermosos, donde la reproducción de la vida más allá del Estado-capital no es una utopía, sino una práctica cotidiana y necesaria para defender la vida. ¡Por eso nos debe importar Tariquía, por eso debemos defenderla!

Notas:

[1] La Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía se encuentra en la región suroeste de Bolivia, en el departamento de Tarija que forma parte de un corredor ecológico Tariquía-Baritú. Su ecosistema corresponde a la subregión biogeográfica de bosque húmedo montañoso. Consituye una reserva natural de una notable diversidad de recursos biogenéticos y de fuentes de agua para la región. Historicamente ha enfrentado grandes amenazas provenientes principalmente del avance de la frontera agrícola, explotación maderera, la ganadería extensiva, y ahora la explotación petrolera. Está habitada comunidades campesinas dedicadas principalmente a la agricultura de subsistencia, apicultura (mujeres) y aprovechamiento sustentable del bosque. Fue declarada Reserva Natural mediante Ley 1328 en 1992 a petición explícita de sus habitantes. El gobierno de Evo Morales mediante del Decreto Supremo 2366 del 20 de mayo de 2015 legaliza la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas del país, incluida la Reserva de Tariquía, lo que reactivó la movilización de las comunidades en defensa de este territorio. En marzo de 2018 el MAS aprobo leyes para la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas de San Telmo Norte, Astillero que son parte de la Reserva, a cargo de la petrolera Petrobras junto con la estatal YPFB (la inversión del proyecto sería de 700 millones de dólares y abarcaría una superficie de 21.093 ha). A esto se suma lo que el año pasado se conoció por parte de un estudio de CEDIB sobre el proyecto hidroeléctrico Cambarí, que sería construido en el núcleo de la Reserva. En abril de 2018 en el encuentro en Tarija entre el gobierno de Bolivia y los representantes de las petroleras, la empresa estatal YPFB declaró abrirse al fracking.

[2] Véase Silvia Federici, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Madrid, Traficantes de Sueños, 2010.

Pavel López es Investigador social y activista boliviano. Gaya Makaran es investigadora del CIALC UNAM.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=240488

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