Según Informe de GRAIN, Argentina es uno más de los destinos del capital financiero en busca de ganancias extraordinarias con los alimentos o del capital estatal en busca de asegurar la provisión de comida para los habitantes del su país. “La mayor parte de los 298 acaparadores registrados provienen del sector del agronegocio, compañías financieras y fondos soberanos son responsables de cerca de un tercio de las negociaciones. Y, en muchas ocasiones, se superponen. Por ejemplo, los datos muestran cómo Cargill, una de las compañías de agronegocios más grandes del mundo, ha estado adquiriendo cientos de miles de hectáreas de tierras agrícolas a través de su fondo de cobertura Black River Asset Management”, apunta la investigación, que destaca que dos tercios de las inversiones de este tipo en el mundo vienen de Europa y Asia.
La pregunta que surge es si la flamante Ley de Tierras puede llegar a modificar la tendencia de la extranjerización de tierras en la Argentina (cuyas cifras certeras se desconocen pero se presume que podrían abarcar más de 20 millones de hectáreas). Carlos Vicente, de Grain, cree que si bien la norma ha molestado a las corporaciones –señal de que va en el buen camino– “es muy claro que en las condiciones actuales de control territorial del agronegocio y en sus modos de operar en los cuales la adquisición de tierras es una cuestión secundaria ya que estos grupos operan fundamentalmente a través del arrendamiento con lo que la Ley de Tierras no significa un obstáculo para su avance”. “Lo que realmente necesitamos es un cambio profundo en nuestro modelo agrícola que contemple como mínimo: una ley que ponga freno al desalojo de comunidades campesinas e indígenas; la reorientación de la producción agrícola hacia la soberanía alimentaria y un debate profundo sobre la función social de la tierra que nos encamine hacia la posibilidad de una reforma integral”, concluye Vicente. (...)
Pero es evidente que la decisión gubernamental es profundizar el modelo del sistema global de agronegocios. Como Darío Aranda dice: "el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) fue presentado el año pasado por el gobierno nacional. Prevé metas productivas para los próximos diez años, entre ellas insta a aumentar un 60 por ciento la producción granaria e incorporar nuevos territorios al modelo de agronegocios. “El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata declara su discrepancia con los lineamientos generales del PEA”, destaca la resolución 048/2012 de la Facultad y advierte: “El Plan Agroalimentario tendrá un profundo y negativo impacto en el complejo sistema productivo de nuestro país, al consolidar el modelo de país agroexportador basado en la agricultura industrial, pools de siembra, agrotóxicos, monocultivos, despoblamiento rural y enormes ciudades insustentables.”(...)
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Ideología
Como advierte el Boletín mensual del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), número 175, febrero 2012 en ¿Caminos a seguir?
El capital especulativo y los actores interesados como bancos, consultores, grandes empresas, fondos de inversión, así como otros actores aliados como ONG y, frecuentemente, nuestros propios gobiernos, pretenden apoderarse de los territorios de los pueblos con el comercio de servicios ambientales para “vender” y lucrar. Así, la lucha por los derechos de los pueblos de los bosques que dependen de ellos tiende a tornarse más compleja y difícil.
¿Cómo continuar esa lucha? A continuación, algunas posibles orientaciones:
a. Muchas comunidades que viven en bosques, sean campesinas, tradicionales o indígenas, comparten la preocupación sobre cómo conservar esas áreas, principalmente cuando las mismas se tornan más escasas y la necesidad por tierras aumenta. Muchas veces, exigen, en una demanda justa, el apoyo del Estado para garantizar su conservación. Las informaciones recogidas en este artículo alertan a que las comunidades, en vez de entrar en esquemas como el pago por servicios ambientales y el comercio de tales “servicios”, reúnan todas las informaciones sobre qué es y qué representa la idea de servicios ambientales y su comercio, promoviendo debates con toda la comunidad. El presente texto tiene exactamente la finalidad de alimentar esos debates.
b. Una característica común del comercio de servicios ambientales y del “mercado de carbono” es su falta de transparencia. Es de suma importancia exigir, en su país, informaciones a las autoridades, a los parlamentarios, sobre la reglamentación ya aprobada y la que está siendo discutida sobre este tipo de actividad. En países donde la legislación sobre el comercio de servicios ambientales está elaborándose rápidamente, como en Brasil, hay claras contradicciones con la Constitución del país, por ejemplo, cuando los proyectos de ley proponen la privatización de algo fundamental y de libre acceso para toda la población. Por ejemplo, en el estado de Acre, entidades de la sociedad civil están pidiendo al Ministerio Público Federal que inicie una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Estadual 2.308/2010 que instituye el Sistema de Incentivos al Servicio Ambiental del Estado.
c. La agricultura campesina en casi todos los países del Sur sufre la falta de apoyo, de políticas públicas, para mantenerse y fortalecerse. Ese tipo de agricultura, practicada incluso en áreas de bosques sin que haya sido una amenaza a la continuidad del bosque, ha posibilitado una convivencia y una interacción con el mismo. La idea del comercio de servicios ambientales descarta esa convivencia. Más apoyo en forma de políticas públicas para ese tipo de agricultura fortalecería la seguridad y la soberanía alimentaria de esas poblaciones y de las regiones en las que están viviendo. Además, la agricultura campesina ya contribuye, como la Vía Campesina ha divulgado, con el “enfriamiento” del planeta. Los Estados, en vez de conceder apoyo a las comunidades campesinas, a menudo financian y facilitan la introducción del comercio de servicios ambientales. Significa gastar dinero público y, a veces, asumir nuevas deudas financieras con instituciones internacionales como el Banco Mundial, cuando éstas ofrecen “incentivos” para ese nuevo tipo de “comercio”. La carga nuevamente es para el pueblo.
d. La mercantilización y la financierización de la naturaleza señalan la importancia de construir alianzas más amplias entre quienes combaten el sistema financiero internacional, quienes luchan contra la privatización de la naturaleza, y quienes luchan diariamente por sus territorios y ecosistemas.
e. Una alianza amplia y fuerte, contraria a la “economía verde”, está siendo propuesta a través de la convocatoria camino a Río+20. Busca concretar una agenda en conjunto con organizaciones y redes no gubernamentales y movimientos sociales, incluyendo acciones de solidaridad a comunidades impactadas por empresas que se apoderan de sus territorios y los degradan, como es el caso de la CSA en Río de Janeiro, de propiedad de las multinacionales Vale y Thyssenkrup, o contaminan el mar y afectan a pescadores como la petrolera Petrobras. La agenda conjunta prevé también la realización de la Asamblea de los Pueblos Afectados por proyectos privatizadores y degradantes en la víspera de Río+20.
f. Es necesario continuar con más fuerza la lucha para que las comunidades que conservan los bosques tropicales y dependen de ellos puedan tener el derecho y el control sobre esos espacios. Significa luchar por el reconocimiento de los derechos de esos pueblos sobre sus territorios —algo aún inexistente o insuficientemente garantizado en muchos países de Latinoamérica, África y Asia. En países donde ya hubo muchos avances como en Brasil, la tendencia es de retroceso en los derechos indígenas y en los derechos de otros pueblos tradicionales, mientras crecen sin cesar los esfuerzos para crear un “mercado global en servicios ambientales”.
g. Precisamos continuar la resistencia y la denuncia del capital financiero y sus actividades especulativas. A pesar de la crisis que afecta principalmente a las mayores economías del mundo, casi todos los países y sobretodo sus gobiernos continúan defendiendo el sistema e involucrados en él. Sin embargo, aumentan, en todo el mundo, las críticas y las movilizaciones que claman por cambios profundos especialmente en relación a la financierización cada vez mayor de la economía, y también de la naturaleza, con una creciente ola de privatización de todo lo que aún es público. Por eso, es necesario continuar luchando contra la expansión de esa lógica del capital especulativo para que no se apodere de áreas fundamentales para el futuro de la humanidad, incluso los bosques tropicales.
Corresponde que todos denunciemos cada vez más las perversidades y contradicciones de esa lógica y sus impactos concretos en los territorios. Precisamos apoyar y fortalecer la resistencia de los pueblos para que, en primer lugar, les sea asegurado el derecho sobre sus territorios y para que se revierta el proceso de privatización de la naturaleza, también en el futuro, garantizando el libre acceso a las poblaciones que siempre la cuidaron e hicieron usufructo de ella (...)
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Premisas e hipótesis
La explotación de hidrocarburos no convencionales es la causa principal de la recuperación parcial de YPF. Otra devastación y expulsión de poblaciones. Reflexionemos: "El Fracking, un atentado contra el territorio y la soberanía alimentaria" Por Leire Urkidi, Zuriñe M.Baztan, Mikel Otero, Eider Fdez. de Pinedo.
(..)Consecuencias en el territorio
La extracción de gas de roca a partir del fracking implica una muy importante ocupación del territorio, en detrimento de otros usos. Para extraer la cantidad de gas de la que nos han hablado en la CAPV, y teniendo en cuenta la productividad media de las cuencas gasíferas de EE.UU., sería necesario construir más de 2.000 pozos, ocupando cada uno de ellos una media de 1 a 2 hectáreas, más todos los caminos de acceso y otras infraestructuras (gaseoductos, ocupación subterránea por las ramificaciones, etc.).
La extracción de gas natural también incide en el medio ambiente atmosférico por el metano (con un efecto invernadero 21 veces mayor que el del CO2) emitido en escapes, venteo, o desde las balsas de acumulación del agua empleada; por las emisiones de CO2 debido al intenso tráfico rodado para el transporte y a la combustión de gases residuales; por la evaporación de tóxicos volátiles; o por la incidencia en la formación de smog, entre otros.
Otra de las implicaciones a tener en cuenta tiene que ver con el riesgo sísmico derivado de las fracturas provocadas en el subsuelo. En EE.UU., se ha relacionado el fracking con numerosos terremotos de baja y media intensidad. En Ohio, se han clausurado 6 pozos tras los terremotos de nivel 4 de la escala Richter de la nochevieja de 2011. No queremos ni imaginar terremotos similares en Araba: la central nuclear de Garoña, gemela de los reactores de Fukushima, se encuentra a tan solo 49 Km. de Vitoria-Gasteiz (...)".
En lucha contra esta destrucción de las condiciones de vida y trabajo, las organizaciones reunidas en Ecuador, del 27 de junio al 1 de julio de 2007, elaboraron un amplio documento —La geopolítica de los agrocombustibles—como posición del Sur Global sobre soberanía alimentaria, soberanía energética y la transición a una sociedad postpetrolera. Presentamos aquí la parte final de su documento: “un manifiesto por el des-desarrollo: el camino que proponemos desde el sur”.(...)
Son ejes del des-desarrollo:
▪des-urbanizar, para restituir la existencia de la población a escala humana, supliendo las necesidades en el mercado local y con fuentes de energía locales.
• des-globalizar el comercio y el transporte de mercancías, sobre todo agrícolas y alimentarias, para atacar la principal fuente de consumo de combustibles líquidos: los camiones refrigerados que transportan toda la cadena de carnes y lácteos, los aviones que transportan flores y frutas tropicales; los gigantescos navíos cerealeros movidos a diésel para llevar soja a Europa y a China, etcétera, que generan un flagrante balance energético negativo, y que sostienen el discurso ilusorio del “crecimiento”.
• des-tecnologizar la producción de alimentos, a partir de tomar los sistemas productivos como agroecosistemas donde la biodiversidad y la nutrición adecuada de los suelos reemplacen a las tecnologías puntuales y contaminantes derivadas del petróleo.
• des-petrolizar la economía; la mejor política contra el cambio climático es la eliminación de los combustibles fósiles, dejando el petróleo y el gas en el subsuelo. Eso no debe confundirse con soluciones ficticias como “descarbonizar la economía” o sea, promocionar el mercado de carbono, los mecanismos de desarrollo limpio y la implementación conjunta que perpetúan el modelo petrolero destructivo, bajo la lógica del mercado.
• des-centralizar la generación y la distribución de energía, mediante tecnologías que no recreen la dependencia, y que garanticen el abastecimiento según las necesidades de la población local, lo que se diferencia de promover la privatización de la energía, o las fuentes “alternativas” bajo el argumento de “proveer acceso de energía para los pobres”. En otras palabras: recuperar y defender el principio de la energía como un servicio y no un negocio y una mercancía ofrecida en el mercado. En esta línea de argumentación debe construirse la soberanía energética.
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