lunes, 28 de octubre de 2013

Comunicación que facilite abajo el debate de los problemas claves.

Es concretable si hay revisión de ideologías propias a
dirigentes e intelectuales de izquierdas y del progresismo.
 
Es prioritario superar falsos enfrentamientos y dilemas que los gobiernos K han promovido para construir consenso. Pero lo han logrado por concepciones y lógicas de progresistas e izquierdistas como la siguiente: 
 

Necesidad social

Por Ignacio Sabbatella *
(...)De la misma manera que no es conveniente entronizar la explotación no convencional, tampoco debería ser demonizada. No es adecuado englobar distintas actividades primarias de gran escala bajo el rótulo peyorativo de “extractivismo”; tampoco es adecuado patrocinar acríticamente cualquier modalidad de extracción y tecnología en pos del “desarrollo”. En ese sentido, el fracking difiere, por ejemplo, de la minería aurífera en al menos dos puntos. En primer lugar, la explotación del shale es liderada por el Estado argentino a través de YPF, mientras que el mercado metalífero está dominado por las grandes mineras transnacionales. Y en segundo lugar, el petróleo y el gas son bienes estratégicos necesarios para satisfacer no sólo el desarrollo industrial sino también el bienestar de la población en su conjunto. Mientras que una gran parte de la extracción de oro –que ni siquiera se refina en el país– está destinada como materia prima de bienes suntuarios y como reserva de valor de la banca internacional.
Bajo las actuales circunstancias, el desarrollo no convencional es una necesidad social. En algunos casos, la intransigencia ambientalista no se reduce al fracking sino que se extiende hacia otras fuentes de energía como la hidroeléctrica, cuyo potencial nacional es más que promisorio y permitiría reducir la dependencia fósil. La crítica coyuntura es una oportunidad propicia para preguntarse energía por qué, para quién y cómo; también para debatir y definir democráticamente cuáles son los umbrales sociales y ambientales que la sociedad argentina está dispuesta a tolerar para sostener las necesidades energéticas del país en las próximas décadas.
* Licenciado en Ciencia Política, becario doctoral Conicet - Instituto Gino Germani.
 
Esta defensa del fracking y las mega represas da pie a organizar la deliberación de una creciente mayoría sobre el neoextractivismo en forma de cuadros de situación de las oficializadas como "zonas de sacrificio" y de todo el país-continente que está siendo desterritorializado en función de la transferencia en gran escala de recursos al desarrollo del capitalismo-imperialismo. Es rumbear a poner fin al ninguneo, silenciamiento e invisibilización de las comunidades en lucha contra el despojo totalitario, la contaminación ambiental y por la vida y la dignidad de los pueblos. También están buscando discutir alternativas al modelo del capitalismo imperialismo en Nuestra América que es el extractivismo. Enfocan las variantes del buen vivir a crear por la autogestión de las distintas comunidades hermanadas entre sí. 

Al finalizar su nota, Sabbatella plantea instalar debate que bien podría realizarse pero desde el posicionamiento emancipador. Significa cuestionar al capitalismo y su civilización. Exige que el imprescindible encuentro entre los diversos de abajo se suscite mediante deconstrucción de conceptos como progreso hoy asociado a la gran escala y a privilegiar el crecimiento económico (en verdad, la constante acumulación oligopólica) por sobre la salud y el futuro de todos nosotros.
 
Darío Aranda / ComAmbiental nos aclara caminos:(...)Misiones votó en 1996 ante la propuesta (de Nación y Provincia) de construir la represa de Corpus. Se inundarían miles de hectáreas y afectaría a miles de personas. En abril de 1996, el 88 por ciento de la población de Misiones rechazó la hidroeléctrica.
El 23 de marzo de 2003, la población de Esquel rechazó la instalación de un proyecto minero de la Canadiense Meridian Gold. Ocho de cada diez personas dijo “no” a la cuestionada actividad.
El 3 de junio de 2012, el pueblo neuquino de Loncopué fue a la urnas por un proyecto minero de una empresa china. El Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobierna la provincia desde hace medio siglo, puso todo su aparato para que la población acepte la actividad extractiva. El 82 por ciento rechazó que le impongan la megaminería.
***
En Calingasta (San Juan) se convocó a elecciones en tres oportunidades (2005, 2006 y 2007). Y las tres veces fue suspendida por la acción coordinada de un juez del Poder Judicial y del gobernador José Luis Gioja. Dos personas decidieron por sobre 8.500 habitantes.
Andalgalá, localidad catamarqueña donde hace veinte años se instaló Minera Alumbrera (extrae oro y cobre), estaba a punto de votar el 25 de mayo de 2010. La población iba a decidir el futuro del proyecto minero Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros de la ciudad). Fue suspendido por el Poder Judicial a solicitud del gobernador Eduardo Brizuela del Moral. Dos personas decidieron por 18.000 personas.
En Misiones, por ley provincial, el Gobernador debe llamar a elecciones por nuevos emprendimientos hidroeléctricos. En septiembre pasado, cientos de misioneros caminaron durante una semana por rutas provinciales (140 kilómetros) y llegaron hasta Posadas con un solo reclamo: que el gobernador Maurice Closs cumpla la ley y llame a votación para decidir el futuro de la hidroeléctrica Garabi. Estudios oficiales afirman que se inundarán 40.000 hectáreas y desalojará a 13.000 personas. El gobernador aún no cumplió la ley no llamó a elecciones. Una persona decide por un millón de habitantes.(...)
El modelo extractivo afecta a millones de personas, pero no se debate y no se plebiscita.
Curiosas piruetas del establishment político. Elegido mediante el voto ciudadano, prohíbe a los mismos electores que voten contra las corporaciones, evitan que el pueblo decida su futuro.
Esquel y Loncopué son experiencias recientes. Funcionarios y corporaciones temen los malos ejemplos y el efecto contagio. Por eso evitaron Calingasta y Andalgalá. Por eso no permiten sufragar por represas en Misiones, por Monsanto en Córdoba y por Chevron (y el fracking) en Neuquén.
Tiempos de votos calificados y democracias selectivas.
Derechos de sólo un domingo cada dos años. Leer

Al mismo tiempo es fundamental cuestionar el esquema maniqueo para la interpretación de la realidad social que los K inculcaron y reforzaron con la  polarización social contra enemigos públicos que reducen u ocultan el actual funcionamiento del capitalismo-imperialismo. La Mesa de Enlace cumple ese papel respecto a un proceso fundamental para la Argentina y Nuestra América como es la ocupación integral de sus territorios por el sistema global de agronegocios. Todavía hoy politólogos de izquierda la caracterizan como patria sojera y desconocen la gran expansión del modelo de soja transgénica durante la década K, el Plan Estratégico Agroalimentario 2020 que procura maximizarlo y el orgullo de CFK por la mayor participación de Monsanto en concretarlo. Además, de la nueva ley de semillas o ley Monsanto, tengamos en cuenta:

Las operaciones del Banco Mundial en la Argentina:

Injerencia en el sector agrícola.

 
Por Juan Fal (PERIFERIAS)

Notas sobre el control territorial, social y biológico.*

1. Introducción:

Muchas de las grandes corporaciones y de los gobiernos más poderosos ensalzan el uso de nuevas tecnologías -incluyendo la genómica, la nanotecnología y la biología sintética- para la transformación de la biomasa en productos de alto valor1 como uno de los mecanismos para garantizar la sustitución de la industria petroquímica por la bioeconomía. El impacto económico, social y ecológico de esta propuesta para la periferia capitalista promete ser muy importante, ya que ahí se concentran los mayores reservorios de biomasa acuática y terrestre.

El acaparamiento de los recursos, implicado en las operaciones de fusión y adquisición corporativa -especialmente en el sur- es impulsado, mayormente, por la lucha por alcanzar una “seguridad en el abasto de materias primas” es decir, la adquisición de recursos naturales estratégicos que incluyen la tierra cultivable, las materias primas a granel, los minerales metálicos y no metálicos extraídos del subsuelo y, ahora también, el material vegetal genérico en calidad de reserva de biomasa.2

La amalgama de intereses en juego es percibido claramente por Andrés Barreda al señalar:

[….] como el objeto técnico en cuestión (la biodiversidad y la biotecnología) afecta la gestión general de toda la biosfera, y por ahí, de todos los procesos mundiales de producción primaria, de la emisión de contaminantes derivados de todas las industrias mundiales de transformación, de la alimentación del mundo y de la gestión médica de la reproducción de la fuerza de trabajo, la gestión de este negocio involucra forzosamente la participación de los Estados Nacionales y los organismos políticos internacionales. De ahí también el involucramiento directo de los órganos financieros internacionales como el Banco Mundial, encargados de diseñar y regular la inclusión en las políticas públicas de megaproyectos articuladores de un nuevo uso del suelo, un nuevo patrón técnico de producción y el proceso general de acumulación.3

El cruce de intereses señalado significa plantear la discusión en términos geoeconómicos y geopolíticos4, en tanto que lo está presente es la subordinación latinoamericana a las políticas emanadas de los centros capitalistas e impulsadas por las transnacionales y los organismos financieros internacionales, dado que lo que se encuentra detrás de este esquema -en un ambiente de agotamiento de recursos estratégicos- es el zarpazo sobre nuestros recursos naturales, que no solamente incluyen el petróleo, sino también nuestra biodiversidad, cuestión central en la transición que estamos viviendo.
Lo planteado, coloca a la región latinoamericana en un lugar estratégico, no como patio trasero como han señalado algunos autores de la talla de Chomsky.5 La situación se profundiza en la actualidad ya que lo que está en juego para Estados Unidos, en tanto país capitalista central con primacía mundial en un mundo crecientemente multipolarizado, es su propio sostenimiento material en un marco donde su sobre-extensión imperial se da en paralelo a crecientes dificultades en el auto-abastecimiento de recursos naturales no renovables. De ahí que su política exterior se base en la actualidad en la captura de los recursos estratégicos, a través de un esquema de tipo colonial / Imperial6 que responde a la preservación del dominio7 por medio del control militar / empresarial de los recursos naturales estratégicos del plantea, petróleo, gas natural, minerales, agua y biodiversidad, en su gran mayoría ubicados en la periferia capitalista. (...)

2. El Banco Mundial en la Argentina

2.1 Antecedentes: los inicios de una relación colonial / imperial

La revisión de las principales operaciones del BM en Argentina durante fines de la década de los noventa y la de los dos mil, muestra una profunda continuidad del contenido concreto en que operan los principios rectores del imperialismo, pese a que la forma a lo largo del tiempo cambie. Es así que se pueden distinguir dos grandes períodos sobre el accionar del BM en Argentina. El primero cubre casi la totalidad de la década de los noventa, del cual no nos ocuparemos en profundidad, en tanto no es el objetivo primordial de este trabajo, mientras que el segundo, va de 1997 al 2010.12 Durante los noventa, existió un claro eje de programas que llevó a cabo lo que hemos denominado “el acorralamiento”, materializado en los programas de reforma del Estado que apuntaron a entorpecer la reproducción de la fuerza de trabajo por un lado -ya sea a través de los proyectos sanitarios como aquellos aplicados al ámbito educativo- y la venta de los recursos estratégicos por el otro. El segundo período supone la continuación de la reforma del Estado, pero se le agrega el financiamiento de la plataforma agroexportadora a través de los proyectos de construcción de carreteras, el financiamiento de drenajes de canales orientados a la producción agrícola, el cuidado de la biodiversidad y el agua y el financiamiento para lograr “mayor competitividad” de los pequeños y medianos productores y comunidades indígenas. La mayoría de estos proyectos se localizan en el norte argentino.

La hipótesis que sostenemos en relación al impacto de las políticas impulsadas y el condicionamiento ejercido por el BM sobre la Argentina no ocurren en un vacío de poder interno. Se dan en el marco de una de las derrotas más importantes que sufriera el movimiento obrero argentino, cuyo resultado fue la pérdida de poder de disputa económica y política por parte de dicho sector. La dictadura argentina del 76, a sangre y fuego, implementaría una de las políticas más violentas que conociera el siglo XX en toda Latinoamérica.

Por lo tanto, es en el cruce entre las políticas implementadas por la dictadura y fogoneadas y financiadas por el BM que deben buscarse las razones de la reprimarización y el desmantelamiento del aparato productivo industrial. Resulta claro entonces plantear que el accionar del Banco Mundial se construye en el transcurso de un cambio de época en Argentina, en parte por ellos impulsado, que significó la caída del modelo de sustitución de importaciones y, con él, el retorno de la reprimarización y el comienzo de la modificación en el uso del suelo.(...)


Hacia fines de los años 80 el proyecto de Banco Mundial era muy claro. En él se encontraban claramente expresados los intereses de las empresas transnacionales estadounidenses, así como los del gobierno norteamericano. El objetivo estaba definido: condicionar y forzar las políticas de ajuste estructural. De esta manera se podría acceder al control, previo desmantelamiento del aparatado productivo y de la burocracia capaz de pensarlo y desarrollarlo, de los recursos estratégicos nacionales, donde las empresas estadounidenses cumplirían un rol destacado.

En este marco, el BM otorgó, a lo largo de los años 90, cuatro tipos de préstamos a través del BIRF: 1) los destinados a programas sociales; 2) a la infraestructura; 3) ajuste estructural y 4) asistencia técnica. Todos ellos concedidos en los primeros años (1991/96) con obligaciones de pago que superarían la propia década de los 90. Durante ese primer período se otorgaron 24 créditos y a partir de 1996 se autorizaron veintiséis nuevos préstamos, de los cuales la mitad estuvieron destinados a sellar las reformas estructurales encaradas en la primera etapa y que no habían sido incluidos hasta ese entonces, como es el proyecto de reforma de las obras sociales sindicales21, que suponía traspasarlas a manos privadas, así como también extender la privatización de otros sectores como la de los aeropuertos y el transporte público de la ciudad de Buenos Aires (subterráneos y ferrocarriles metropolitanos). La implicancia de cada uno de estos proyectos fue diferente, en tanto impulsaron el proceso de desmantelamiento del aparato productivo, y, con ello, la desnacionalización de los recursos estratégicos de la Nación, así como la propia capacidad de reproducción de la fuerza de trabajo.

2.2 El Banco Mundial de fines de la década de los noventa y principios de los dos mil, 1997/2010

Hacia fines de la década de los noventa el interés de Washington y el BM sobre la Argentina cambia. Comienzan a prestarle más atención a la agricultura del norte argentino, sus carreteras, biodiversidad y agua, lo cual ha sido una novedad de los últimos 15 años si consideramos toda la relación entre el BM y la Argentina. La materialización de ese interés se observa en los proyectos que han financiado para la construcción de carreteras, el fomento de la “competitividad” de los pequeños y medianos productores, que no es otra cosa que el financiamiento de la agricultura industrial, la construcción de canales de drenaje para el desarrollo del sector agrícola y el cuidado de la biodiversidad y el agua. Proyectos que en su conjunto conforman un principio de control territorial, social y biológico. Es notorio como el BM cambia el eje de su intervención en la Argentina a fines de la década de los noventa, línea que se profundiza en los dos mil, pasando de hacer un fuerte hincapié en la reforma del Estado a interesarse por la captura de la biodiversidad y por la consolidación de una plataforma agroexportadora a través del control de los pequeños y medianos productores y el desarrollo de la infraestructura vial.
Luego de haber impulsado la reforma del Estado argentino, de promover la privatización de sus recursos estratégicos y dificultar la reproducción de su fuerza de trabajo, el BM va por la agricultura, sin dejar de ejercer la condicionalidad acreedora que lo ha caracterizado. Hay que considerar que la disputa por los recursos naturales está en el marco de una estrategia más amplia que incluye al IIRSA y otros proyectos de la misma índole, cuyo objetivo es garantizar la captura de la biodiversidad en tanto materia prima de la ingeniería genética. Este es el camino que propone el BM como salida al agotamiento de los recursos fósiles convencionales. Es decir, lo que está en disputa es la transición energética.
Esta es la verdadera magnitud del problema desde el punto de vista geopolítico y así lo ha planteado Estados Unidos desde la segunda posguerra: la cuestión es posibilitar el abastecimiento de los recursos estratégicos necesarios para garantizar el sustento de su propio crecimiento, para lo cual, diseña e implementa estrategias de control territorial sobre los países periféricos, ya sea a través de intervenciones directas como las militares, o bien aquellas tendientes a provocar inestabilidad política y social, o las dirigidas a no permitir la industrialización y, por lo tanto, el no consumo de recursos naturales, entre otras , para los cuales el BM es uno de sus brazos ejecutores.

El total de proyectos que financió el Banco durante este período fue de 96 y 23 de ellos se destinaron a los objetivos señalados anteriormente (Cuadro N° 1). El monto de estos proyectos alcanzó los 4.411 millones de US$. Además, numerosos proyectos continuaron, condicionalidad acreedora mediante, con la reforma del Estado y otros financiaron trabajos de asesoría en materia de salud y educación.

Sin embargo, lo que se observa es un cambio rotundo en el tipo de proyectos que financia el BM en Argentina, comparando con la primera etapa de los noventa. Cambio que fue acompañado por modificaciones en el ámbito de la legislación, no sólo por permitir la entrada de los transgénicos, cuestión que motivó una discusión en el ámbito local, sino por el intento de modificación de la ley de semillas y creaciones fitogenéticas. Los proyectos financiados por el BM, presentados en el Cuadro Nº 1, pueden ser agrupados en tres grandes ejes: i) biodiversidad y agua; ii) carreteras y iii) financiamiento de pequeños y medianos productores y comunidades indígenas (Cuadro Nº 2). Estos tres ejes, de los cuales serán desarrollados los dos primeros por una cuestión de espacio, resultan diferentes a los que predominaron durante los primeros años de la década de los noventa, quiebre que coincide con la autorización de la entrada de los transgénicos. Otro de los rasgos característicos de estos tres ejes es que se ocupan, en su gran mayoría, del norte del país, porción del territorio sobre la cual avanza la agriculturización de sus tierras y donde Estados Unidos instaló una de sus bases militares en el año 2011 (provincia de Chaco), que luego sería retirada debido a la movilización popular. (...)

3. Comentarios finales

La intervención del BM en la Argentina ha sido extensa y multifacética a lo largo de las últimas dos décadas, su grado de injerencia se fue ampliando hasta incluir el sector agrícola y el cambio en el uso del suelo. Fue un proceso paulatino que llevó veinte años, comenzando en la década de los noventa por la construcción del entramado de relaciones que operaron en favor del desmantelamiento del aparato productivo del país, empujándolo a la reprimarización.

En aquellos primeros años, la estocada del BM sobre Argentina constó de dos pasos: 1) provocar el desmantelamiento del apartado productivo industrial y la venta de los recursos y empresas estratégicas y 2) entorpecer la reproducción de la fuerza de trabajo.

El primer paso se posibilitó a través de los préstamos destinados a las reformas estructurales y al desfinanciamiento del Estado acaecido con el traspaso de los fondos jubilatorios a manos privadas y con el privilegio al pago del servicio de la deuda, generando grandes boquetes presupuestarios que fueron llenados con empréstitos altamente condicionados; el segundo, con los préstamos orientados al empobrecimiento de la educación y la salud. El período que va de fines de la década de los noventa hasta el 2010, revela el cambio de impronta que el BM le da a sus préstamos, cuyo único objetivo fue influir en el sector agrícola argentino y controlar la biodiversidad. Ambos movimientos -garantizar la desestructuración productiva y social primero y la captura de los recursos naturales y el control agrícola segundo- son parte de un accionar colonial/imperial de la política exterior estadounidense, representada por el BM como uno de los entes subrogados al Departamento del Tesoro, que tiende a privilegiar el control de los recursos no renovables, en una etapa donde que lo que está en juego, en una primera instancia, son los límites materiales que presenta el capitalismo para continuar creciendo y, en una segunda, la posibilidad de vida sobre la biosfera.
Es por todo esto que es necesario armar el rompecabezas que presenta el BM en sus fundamentaciones, de manera tal de poder entender la lógica de sus proyectos en Argentina. De lo contrario, pareciera que son proyectos que buscan el bien común, ya sea través de la “conservación” de la biodiversidad como el “desarrollo” y la “conexión” con los mercados regionales o internacionales de los pequeños y medianos productores, cuando en realidad lo que está detrás de estos proyectos es el control territorial para garantizar la captura de la materia prima de la ingeniería genética (biodiversidad) y la reafirmación de una plataforma agroexportadora a partir del financiamiento de corredores económicos con la construcción de carreteras. En esta misma línea están los proyectos que financian a los pequeños y medianos productores, cuyo objetivo es empujarlos hacia el modelo de agricultura industrial y, de esa manera, controlar la alimentación y el territorio, ya que en la gran mayoría de los casos sus tierras quedan en manos de grandes transnacionales, como consecuencia de que se ven obligados a rentar o vender sus campos a capitales foráneos. Leer

  

domingo, 27 de octubre de 2013

Conflictos esenciales derivan del extractivismo.

 
La emancipación de este avance del capitalismo imperialismo 
exige
el involucramiento mayoritario en las luchas 
descalificadas como ambientalistas.

 
Para concretar este objetivo es fundamental que generalicemos la toma de conciencia sobre significados e implicancias del modelo productivo en vigencia.
 
 
Se trata de comenzar por tener en cuenta a Juan Luís Berterretche (Rebelión), en "El enclave sojero de Sudamérica", al indicarnos: "Es importante tratar de identificar los mecanismos económicos y los cambios que produce este régimen de acumulación de capital de base territorial /30 que impulsan las agro-industrias de monocultivos de “commodities” y -con sus particularidades- también las mineras a cielo abierto. Los dos son emprendimientos del Capital que tienen predominio como motor de la acumulación capitalista actual en Latino América y provocan los mayores focos de conflicto con las poblaciones y comunidades continentales. Las corporaciones invaden, usurpan y contaminan los territorios donde, por derecho, siempre se ha desarrollado la vida de los pobladores nativos, que en distintos niveles resisten". Leer
 
 
Esta ocupación integral del territorio argentino-latinoamericano desertifica de modo cada vez más profundo. Hoy consolida el extractivismo a través de la promoción de agrocombustibles y del fracking en todas las provincias de Argentina. Veamos la criminalidad de lesa humanidad del último:
 

Comunicado del Movimiento M4

19 de octubre Día internacional contra el Fracking

 19 DE OCTUBRE DE 2013
En los últimos años se registra un aumento en el interés de las grandes empresas de energía, con el apoyo de los gobiernos por medio de subsidios y facilidades legales, para extraer el gas que se encuentra a grandes profundidades atrapado en las rocas de pizarra y lutita, llamadas rocas de esquisto. Ante ello, el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) rechaza este Modelo Extractivo devastador que por medio de pozos fractura la roca subterránea inyectando más de 2,500 sustancias y alrededor de 800 químicos, y usa entre 10 y 30 millones de litros de agua por pozo alcanzando costos de entre 10 y 15 millones de dólares por cada pozo perforado.
Este Modelo Extractivo de Fractura Hidráulica (hydraulic fracturing –Fracking- o Shale Gas) contamina el subsuelo, las fuentes de agua, genera mayores emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), provoca otras reacciones con metales pesados, elimina biodiversidad y afecta a la salud humana ya que las sustancias inyectadas en el agua provocan cáncer, mutaciones genéticas entre otras enfermedades. Con el Fracking se aumenta la presión de las corporaciones por el control y acaparamiento de la tierra disputándoles el territorio a comunidades indígenas y campesinas, criminalizando, persiguiendo e intimidando cualquier protesta en favor de la defensa de los derechos humanos.
En muchos países ya se ha prohibido o impuesto moratorias a este Modelo Extractivo como en los casos de Suiza, Bulgaria, Irlanda, Francia, Italia, Sudáfrica y Alemania; y en algunas regiones de Estados Unidos, Argentina, Australia, España, Canadá y Nueva Zelanda. Sin embargo, en otros países se pretende instalar este Modelo Extractivista a costa de los pueblos. Por ello, es urgente detenerlo y buscar nuevas formas sustentables de energía que sostengan y alimenten nuevas formas de vida humana diferentes al capitalismo. No se trata de sustituir las fuentes de energía para alimentar al mismo sistema, sino construir otras alternativas de vida por todo lo anterior el M4 se suma a las protestas y demandas de los movimientos sociales que en todo el mundo se manifiestan contra el fracking.
 
MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO (M4) 
 
 
La criminalidad de lesa humanidad de la alianza de las corporaciones imperialistas con las locales y el gobierno-estado en todas sus jurisdicciones la comprobamos también en privilegiar el uso de las tierras para los combustibles de los autos por sobre la producción de alimentos y en la consiguiente desaparición forzada de productores pequeños-medianos y comunidades campesinas e indígenas. El extractivismo aniquila la soberanía alimentaria con lo cual agrava el hambre y la malnutrición.
 

Unos 842 millones de personas, cerca de uno de cada ocho habitantes del planeta, padecieron hambre crónica en 2011-13, careciendo de alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable, según el informe publicado por los organismos de la ONU especializados en la alimentación. (…)
 
El informe subraya que el crecimiento económico es la clave para el progreso en la reducción del hambre. Pero el crecimiento no puede llevar a más y mejores empleos e ingresos para todos, a menos que las políticas se dirijan específicamente a los pobres, especialmente en las zonas rurales. "En los países pobres, la reducción del hambre y de la pobreza sólo se logrará con un crecimiento que no sólo sea sostenido, sino que también sea ampliamente compartido", según el SOFI. Fuente: http://www.fao.org/news/story/es/item/199572/icode/
 
 
 
El capitalismo imperialismo no sólo genera hambre y malnutrición sobre todo entre los pueblos que empobrece sino también ha convertido a los organismos internacionales en organismos embaucadores de las grandes mayorías sobre que se trata de seguir incrementando el crecimiento económico (que, en verdad, es acaparamiento de riquezas e ingresos por los oligopolios) y de políticas contra la pobreza cuando es la acumulación gran capitalista la que es incompatible con la vida y la dignidad de los pueblos e individuos.
 
 
(...)“La concentración del poder de las corporaciones y la privatización de la investigación deben discutirse como temas principales en la búsqueda de soluciones al problema de quién nos alimentará en medio del caos climático,” dice Kathy Jo Wetter de la oficina en Estados Unidos del Grupo ETC. “Las configuraciones recientes del mercado sugieren que es práctica común formar cárteles y que los oligopolios han invadido todo el sistema agroalimentario.”
El informe del Grupo ETC muestra que las mismas seis firmas multinacionales (Monsanto, DuPont, Syngenta, Bayer, Dow, and BASF) controlan el 75% de toda la investigación del sector privado sobre agricultura; el 60% del mercado comercial de semillas; (100% del mercado de semillas transgénicas) y 76% de las ventas globales de agroquímicos [i]. El informe también incluye información de las industrias de fertilizantes y farmacéutica, y sobre la muy concentrada industria de genética animal y la acuacultura, sector en muy rápido crecimiento. El Grupo ETC ha dado seguimiento a la concentración del poder de las corporaciones de la alimentación y la agricultura por más de tres décadas.
“Es tiempo de revivir las regulaciones nacionales en materia de competencia y establecer medidas que defiendan la seguridad alimentaria global”, continúa Wetter. “Argumentar que solamente intensificando la producción industrial con las tecnologías del norte (semillas transgénicas, plaguicidas, fertilizantes sintéticos, y la genética animal que promueven las corporaciones), la población mundial, que se multiplica imparable en medio del caos climático, tendrá alimentos para sobrevivir, es una mentira muy grande. La realidad está muy lejos de esa mentira.”
Este informe del Grupo ETC es la primera entrega de la serie “¿Quién controlará…? Con la cual queremos compartir nuestros análisis sobre la actividad de las corporaciones en áreas como la distribución y procesamiento de alimentos, la farmacéutica, la minería, la energía, las tecnologías del clima y la privatización de la investigación, entre otros temas cruciales.
 
El Communiqué No. 111 se publica junto con un póster que compara la capacidad de la cadena industrial de producción de alimentos con las redes campesinas de subsistencia para enfrentar el caos climático, con base en amplias referencias relacionadas a diversos aspectos de la producción, distribución y consumo de alimentos. El póster, ya en castellano, ¿Quién Nos alimentará: La cadena industrial o la red campesina? Es resultado de exhaustivas investigaciones sobre cómo los productores campesinos e indígenas del mundo, que suman aproximadamente 3 mil millones de personas —rurales y urbanos, pescadores y pastores— no sólo alimentan a la mayor parte de la población del planeta, sino que crean y conservan la mayoría de la biodiversidad globalLa cadena industrial de producción de alimentos, en contraste, utiliza el 70% de los recursos agrícolas para producir únicamente el 30% de las provisiones alimentarias globales.
“La red campesina de producción de alimentos es prácticamente ignorada o es invisible para los elaboradores de políticas que tienen que resolver cuestiones de alimentación, agricultura y crisis climática”, enfatiza Silvia Ribeiro, Directora para América Latina del Grupo ETC. “Esto tiene que cambiar, los campesinos son los únicos que realmente tienen la capacidad y la voluntad para alimentar a quienes sufren hambre —y ni mencionar al resto de nosotros… pero necesitan soberanía alimentaria.”
Nota:
[i] Si bien BASF no tiene ventas significativas de semillas, está muy involucrada en la investigación y tiene alianzas e inversiones de riesgo con varias de las otras cinco compañías.
Fuente original:
 http://www.etcgroup.org/es/content/el-carro-delante-del-caballo-los-c%C3%A1rteles-de-la-agricultura-trastornan-el-mundo
 
Fuente:
 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=173830
 
 
La desertificación junto con la reterritorialización por las economías de enclave exportador y la IIRSA dan lugar a cambios casi irreversibles en las bases tanto para la vida como para el poder popular de construir el buen vivir abajo.
 
 
LAS VÍAS DEL SAQUEO diciembre 2012
Emancipación o dependencia en Latinoamérica, un escenario devastado por las corporaciones transnacionales.
Por Javier Rodríguez Pardo (*)
INTRODUCCIÓN
La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamérica (IIRSA), fue presentada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y firmada por los presidentes sudamericanos en Brasilia en el año 2000. El objetivo -gestado por instituciones financieras internacionales y barnizado de ayuda altruista- se anunció como una necesidad de la región para que una “Latinoamérica postergada” se incorpore al mundo de la globalización. Para ello había que promover el transporte, energía, telecomunicaciones, rutas bioceánicas y todo lo necesario, de modo que 400 megaproyectos continentales de infraestructura faciliten la mercantilización de materias primas. Se trata de bienes comunes -usualmente denominados recursos naturales- destinados al mundo concentrador globalizado y a la hegemonía de ese Poder.

El plan de integración regional sudamericana bien podría haber sido aplaudido por los habitantes del continente, porque se afirma en una necesidad histórica de aunar esfuerzos de los latinoamericanos y fortalecer las naciones y pueblos que hoy deben sobrevivir dentro de la globalización dominada por las corporaciones. Interrelacionar economías y fortalecer el crecimiento de conjunto, a imagen de un gran mercado común sudamericano, es un viejo ideal fundacional de las independencias de la región y de sus gestores: desde la gran coalición pensada por Simón Bolívar, por entonces el sueño de confederar a los Estados Unidos Latinoamericanos, hasta las ideas de unificación regional de José Martí que apuntaban a impedir la expansión de Norteamérica.
Sin embargo, la estrategia IIRSA del año 2000 no pertenece a ningún visionario líder de los pueblos del sur, ni a patriarca alguno, sino a una estrategia del norte que agotó los recursos de su territorio y debe abrir el candado de los que considera “sus reservas”. Latinoamérica siempre fue esa reserva. De modo que, tal como se ejecuta IIRSA, consiste en intercomunicar los mercados de la región, mediante la visión neoliberal de la economía centralizada por las potencias de norte, al servicio único de éstas. Los doce países firmantes no ahondan en las respuestas que se desprenden de por qué los megaproyectos de energía, de comunicaciones, de transportes, etc., ni el para qué y para quienes serán los frutos de las colosales obras.
La estrategia de las corporaciones transnacionales consistió en facilitar préstamos generosos que terminan endeudando aún más a los pueblos del Sur, encandilándolos con bonanzas primermundistas a costa de que las riquezas que habitan en Latinoamérica. La inequidad de este paradigma se profundizó con un feroz saqueo de esos bienes comunes que culmina en las arcas de un poder obligado a perpetuarse con insumos críticos y estratégicos agotados en sus territorios. Son datos que van más allá del sistema globalizado de enriquecimiento que persiguen las transnacionales dedicadas a la extracción; es decir, la ambición de las corporaciones se extiende más allá de los buenos negocios, apunta en realidad a controlar la masa crítica de insumos, los pocos que quedan en un planeta asolado, aplicando para ello políticas de acumulación y de dominio. IIRSA -al igual que el Plan Puebla Panamá- es uno de los caminos precursores de la apresurada Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur); la herramienta y la instrumentación política, respectivamente.
El paquete financiero  lo completan además del BID, la CAF (Corporación Argentina de Fomento) un banco público integrado por 17 países miembros, 16 bancos sudamericanos y un capital autorizado de 5.000 millones de dólares iniciales que apoya al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y es el mayor financista de los complejos IIRSA; además el Fondo Financiero para la Cuenca del Plata (FONPLATA) que apoya al MERCOSUR con el modelo económico de la CAF (Corporación Andina de Fomento), integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia con un capital autorizado de 415.5 millones de dólares; y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) desprendimiento del Ministerio de Desarrollo Industria y Comercio Exterior de Brasil, con un activo de 87 mil millones de dólares. La carpeta financiera del BNDES para proyectos del IIRSA superaba, en el año 2000, los 30.000 millones de dólares.

Diez años después, los gobiernos conformaban una cartera consensuada de 524 proyectos de infraestructura de transporte, energía y comunicaciones, que se encuentran agrupados en 47 conjuntos de proyectos que representan una inversión estimada de US$ 96.119,2 millones de dólares, a junio de 2010. Adicionalmente, los gobiernos seleccionaron un paquete acotado de proyectos de alto impacto con atención especial para su financiamiento y ejecución en el corto plazo según la Agenda de Implementación Consensuada en 2005 – 2010 y constituida por 31 proyectos valorizados en US$ 14.023 millones. La información oficial de la estrategia IIRSA sostiene que aproximadamente el 73,7% de los 524 proyectos de la Cartera presenta avances significativos. A junio de 2010, la inversión movilizada de dichos proyectos asciende a la suma de 83.363,1 millones de dólares. El 10,1% de los proyectos (8.468,8 millones de dólares) ha sido concluido, el 33,4% (45.835,7 millones de dólares) se encuentra en fase de ejecución y el 30,2% (29.058,6 millones de dólares) se encuentra en fase de pre-ejecución.(...)

IIRSA permite disponer, controlar y centralizar la acumulación global de los bionegocios que sobrevienen después de la bioprospección y de la prospección minera -metálica y de combustibles-, aplicación de una mega tecnología promiscua disfrazada de modernidad y promocionada como “de punta”; para estos fines, como hemos visto precedentemente, el sistema exige, en las regiones donde instala su actividad extractiva, una legislación ambiental fláccida, permisiva, con exenciones de deberes medioambientales igualmente ventajosos a semejanza de las leyes tributarias, merced a gobiernos envilecidos, degradados, que les proporcionan facilidades económicas para insumos imprescindibles, sobre todo agua y energía: no pagan los miles de metros cúbicos de agua que consumen por segundo y la energía la reciben subsidiada.
Con el concepto bienes comunes, bienes comunitarios, pertenencias de los comunes, quisimos empezar a debatir de qué manera vienen despojando de su patrimonio a los pueblos del sur, estigmatizados también como subdesarrollados, porque recursos naturales es una locución que merece ser observada, en tanto se califica a una forma de dominación desde el lenguaje: recurrir al recurso. Aceptar que cualquier mortal, de cualquier latitud, pueda “recurrir al recurso” a modo de cooptación, es admitir la enajenación de pertenencias vitales de pueblos y comunidades que necesariamente subsisten integrados a un ecosistema que debe funcionar armónico, equilibrio imprescindible para toda forma de vida.
Distinguimos también que la denominación de bienes comunes no se opone a la visión indígena de Madre Tierra. Hay una pertenencia universal a ese origen matronal y constituimos parte de su todo, al igual que cada expresión de vida que se halla dentro de la campana de la biosfera, los bienes de la naturaleza, la “envoltura viva” del planeta, o Pachamama para el mundo indígena americanista, y no a la inversa. Las riquezas que habitan los suelos pertenecen a esa cosmovisión de los pueblos originarios, pensamientos que en otras culturas también se oponen al antropocentrismo.
Así se desarrolla en la actualidad la más vandálica penetración colonial Latinoamericana de los últimos tiempos, permitida y consolidada por una hueste de criollos corruptos a semejanza de caballos de Troya, pajes serviles de corporaciones imperiales, que legislan traicionando cartas magnas constituyentes y principios elementales de derechos humanos en los países y naciones que deberían resguardar y proteger ante los nuevos invasores mineros, surgidos con el mismo pillaje de hace quinientos años. Algunos de estos gobernantes cipayos todavía se ufanan de tildar la rebeldía del despojado como “perros del hortelano”, por aquello de que no comen ni deja comer.
Es inconcebible admitir que desaparezcan los bienes comunes de estos pueblos y que además sus habitantes contribuyan para que eso ocurra; lo cierto es que la geografía se transforma y los territorios se adecuan con vías para el saqueo impulsados por políticas extra nacionales. En el litoral argentino, por ejemplo, mediante los proyectos IIRSA se prevé construir hidroeléctricas que mitiguen la demanda energética y puertos fluviales como el mineralero de Río Tinto sobre el río Uruguay. El plan hidroeléctrico binacional Garabí-Roncador (río Uruguay, entre Argentina y Brasil) y la hidrovía Paraguay-Paraná son parte de los propósitos de IIRSA, que pasaron la etapa de factibilidad. En realidad, no hay región en nuestro continente que se halle exenta de proyectos hidroeléctricos de alto impacto, y de vías que conduzcan a los puertos oceánicos; ideas de falsa integración regional de la banca financiera internacional, para las políticas de globalización y de dominio.(...)
 

 
 

Entonces, el extractivismo es acumulación de riquezas y poder por los oligopolios que dominan al sistema capitalista y valorizan la Naturaleza como fuente de recursos para su mercado e industrias globalizados. Conduce a la reestructuración socioeconómica, estatal y geográfica del país-continente en enclaves de exportación e infraestructuras de IIRSA que imponen desterritorialización a las comunidades locales y reterritorialización del país-continente en acuerdo tanto con la eficiencia en los negocios oligopólicos como con mayor sometimiento de nuestros pueblos al imperialismo. Emanciparnos exige nuestra organización y lucha en forma de constituir el estado comunal que está planteado en Venezuela.


  

viernes, 25 de octubre de 2013

Otro país-mundo depende de la organización y lucha de los de abajo.

Ante todo es fundamental la toma generalizada de conciencia sobre
cómo progresa el capitalismo hoy.

Partamos de la realidad continental que pone en debate el Documento de contexto general de las denuncias ante el Tribunal Permanente de los Pueblos.
 
Colectivo por la AutonomíaGrupo ETCGRAIN | 06 August 2013 | Biodiversidad - Jul 2013
 
Intentamos demostrar que las empresas directamente beneficiadas por los actos de gobierno de los Estados, sus políticas públicas, sus reformas constitucionales, y sus legislaciones apalancandas con “tratados de libre comercio y cooperación” (y sus normas, estándares y reglamentaciones), han destruido las condiciones para que la gente gestione su entorno material y subjetivo; para que resuelva la subsistencia mediante sus propios medios individuales y colectivos, con creatividad e ingenio propio.
Esto acarrea una fragmentación comunitaria, la erosión de las relaciones; la invasión, la devastación, el despojo y el acaparamiento de los territorios, la expulsión de personas y su sumisión extrema en trabajos esclavizantes e indignos. (...)
Las corporaciones tienen desatada una invasión perpetua de los territorios y buscan someternos con sus modelos autoritarios de producción y distribución, pretendiendo expresamente impedirnos el ejercicio de una producción independiente de alimentos, el cuidado y aprovechamiento (a nuestro modo) de nuestros lugares de origen y vida comunitaria y eso destruye el significado de nuestro espacio compartido, de nuestros lugares de origen.

Como afirma Ivan Illich y nos recuerda Jean Robert, “la era moderna es una guerra sin tregua que desde hace cinco siglos se lleva a cabo para destruir las condiciones del entorno de la subsistencia y remplazarlas por mercancías producidas en el marco del nuevo Estado-nación. A lo largo de esta guerra, las culturas populares y sus áreas de subsistencia —los dominios vernáculos— [los territorios] fueron devastados en todos los niveles”.

La gente migra (en busca de una vida en otra parte), porque perdió sentido lo que lograba en su lugar de origen. Y el poder lucra con esa fragilidad impuesta a los expulsados. La gente que es expulsada, engrosa el ejército de obreros precarizados, aumenta la población urbana y el crecimiento de las ciudades con sus problemas, mientras  los territorios son invadidos para servir a la agroindustria, el extractivismo (sobre todo la minería), la especulación inmobiliaria y financiera, la bioprospección, la economía verde, el desarrollo turístico, la economía criminal o el destino de los desechos tóxicos. La devastación extrema resultante es la suma de las crisis que esto desencadena.
Éste es el agravio principal: reclamamos que las condiciones impuestas entre el Estado y las corporaciones nos impiden resolver por nosotros mismos lo que nos atañe fundamentalmente, nuestro sustento, y todo lo que nos da sentido personal y común. Nos impiden defender eso que reivindicamos como territorio: el entorno vital para recrear y transformar nuestra existencia: ese espacio al que le damos pleno significado con nuestros saberes compartidos. Sin esos saberes, como dicen bien los viejos de las comunidades, los territorios no serían sino sitios, serían paisaje nomás.
El ataque entonces es que nos quieren impedir la relación con nuestra historia de entendimiento cercano con un espacio, con nuestras tierras, con el agua, con el bosque, con nuestras semillas, con nuestros modos de nacer y parir y cuidar el nacimiento, con nuestras  formas de cultivo, con nuestros modos de curación, con nuestro entendimiento de la alimentación, con nuestras formas de trasladarnos y convivir en comunidad.
Es un ataque integral contra nuestras relaciones y nuestra vida entera. Debería ser tipificado como un delito de lesa humanidad, pues el despojo no es sólo total en un momento determinado, sino acumulativo en tiempo, y en ocasiones es, incluso, irreversible. Es un delito que crece en la historia propia de los pueblos y las regiones. No hablamos de actos aislados, ni azarosos. Son acciones sistemáticas, perpetradas con conocimiento previo, y en los que median la corrupción, el tráfico de influencias, la omisión y el desvío de poder: que el Estado privilegie los intereses corporativos mientras obstruye los canales legales para que la gente busque y logre la justicia. (...)
Hay mucha gente a la que se le ha impuesto una devastación extrema. El círculo vicioso de su condición es rotundo. Fragilizar en extremo a la gente la hunde en la escasez y la necesidad. A muchos no parece quedarles otra que aceptar las condiciones de trabajo, vivienda y explotación que las empresas imponen. La relación creativa entre la gente y su territorio —que implica cuidados detallados para producir los alimentos— se trastoca en trabajo asalariado en condiciones de sumisión semi-esclavizada para conseguir dinero con el cual comprar alimento para tener fuerzas suficientes para mantener su trabajo y ganar dinero para conseguir comida, y así al infinito.
 
Otros más pueden terminar trabajando una tierra rentada, que antes tal vez era suya. Tal vez en realidad lo que la gente renta es su posibilidad de trabajar. Dejar de producir los propios alimentos, dejar de gestionar con medios propios nuestro entorno de subsistencia, ha ocasionado a lo largo de la historia catástrofes tremendas en todas aquellas poblaciones que no han podido impedirlo. La guerra contra la subsistencia impone dependencia, ignorancia y olvido, sumisión, fragmentación, encono, privatización y desarraigo.
 
Dependencia porque para que el sojuzgamiento sea eficaz, requiere grados de precariedad y fragilidad nunca antes vistos. Hoy incluso toda la actividad de las empresas semeja un nuevo feudalismo (con la agricultura por contrato, los paquetes tecnológicos y las semillas de patente). Todo está preparado para promover el imperio de las corporaciones erradicando la agricultura independiente.
Ignorancia y olvido porque a lo largo de siglos se siguen erosionando expresamente los saberes y la confianza de las comunidades en nuestra memoria. La misma memoria de haber tenido una relación creativa con el entorno puede desaparecer, pues se promueve el olvido de que la gente podemos apelar a nuestros propios mecanismos de sustentabilidad, por lo que no tenemos otra que trabajar para otros, y no podemos sino apelar a un pensamiento industrializado, con remiendos ajenos, de expertos o de quienes detentan el poder. Existe un ataque contra los cuidados propios de la integridad moral de las comunidades.
 
El ataque se vuelca contra la cosmovisión, cual si fuera meramente una superstición o un conjunto de rituales vacíos, cuando que todas las razones que hoy se invocan como “culturalistas” (el maíz es nuestra madre, nuestra hermana o hija, por ejemplo) son demostración de la relevancia y pertinencia de un ser como el maíz (por ejemplo) y de la trascendencia de todos los cuidados y estrategias antiguas que le resultaron a los pueblos por milenios.
 
Sumisión, porque a quienes trabajan en esclavitud o en un trabajo asalariado, se les dificulta romper el círculo y sólo buscan condiciones menos peores.
 
Fragmentación y encono, porque la gente precarizada es propensa a desconocer a sus vecinos, amigos y hasta a su familia traicionando en ocasiones su sentido más profundo de ética y respeto. Envileciéndose al punto de perpetrar actos de violencia innombrables. En su versión cotidiana y leve, la gente se vuelve propensa a aceptar los programas de gobierno, programas que, de nuevo, promueven divisionismo, dependencia y sumisión.
Privatización y más fragmentaciones, porque la gente se ve impedida de ejercer los ámbitos comunes (incluso al punto de la criminalización, como ahora con las semillas). Todo se privatiza: de las fuentes de agua a la educación y la religión, pasando por los espacios públicos en las ciudades, o la velocidad de circulación permitida. Las madres son condenadas a parir en condiciones ajenas, impuestas, cuya artificialidad fragmenta la relación estrecha con sus recién nacidos en el amamantamiento, y se ven obligadas a recurrir a la alimentación nociva de las leches en polvo. Todo esto nos termina dislocando de nuestro entorno inmediato.
Desarraigo, porque las corporaciones requieren que haya personas fuera de sus límites naturales de su entorno y su casa: gente fuera de su hogar, es decir, de su territorio.  No importa si se les expulsa o simplemente se les extrema al punto de irse para engrosar el ejército de obreros precarizados. Esto recrudece las condiciones generales del empleo, el salario y la justicia laboral en su región.  Se recrudecen las condiciones de la ciudad o el poblado al que migra. Se extrema la urbanización salvaje.
Las nuevas generaciones son producto del desarraigo y el despojo. Y son un eslabón frágil a punto de romperse. Los adultos y ancianos encargados de  transmitir todos los saberes y valores que sustentaban las culturas propias son atacados y devaluados. Los valores que se promueven sólo se pueden alcanzar en el consumo excesivo y escindidos de los centros de origen de nuestra creatividad. Las referencias de los jóvenes carecen historia y perspectiva suficientes para la comprensión del espacio donde vivimos. O se nos criminaliza en nuestro intento de cambio o se nos empuja a las filas de la delincuencia como modo concreto de evadir las condicionantes mencionadas. Esta compleja situación de los jóvenes es un ataque directo a la continuidad de un pueblo,  a su derecho a existir.

Pensemos en qué nos advierte el Documento de contexto general de las denuncias ante el Tribunal Permanente de los pueblos.
 
Expulsar a la gente de sus territorios logra que éstos se queden vacíos; que la gente ya no esté en el lugar donde nació para que no haya vínculos, para que la historia también se fragmente. Que el futuro sea un “adónde sea”, el ser obreros en algún lugar, que ya no seamos la gente que desde su propio centro cuidó el mundo mediante todo lo que era la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, la recolección. Lo que quieren es que nos quitemos de los lugares que, casualmente, son los más ricos en recursos y biodiversidad, justamente porque las comunidades los han cuidado por milenios.
Dejar vacíos los territorios permite la invasión de los mismos con proyectos de minería, petróleo, agrocombustibles, presas, carreteras, casas, ciudades, fábricas, enclaves turísticos, tiraderos de basura y desechos tóxicos. Los dejan vacíos y nosotros no tendremos ya nada qué ver. Desde fuera seremos unos más y que no seremos quien reivindique el lugar dónde nació. Les molesta muchísimo que haya comunidades campesinas y comunidades indígenas que desde milenios reivindican su propia manera. Entonces, nos escinden, nos separan, nos arrancan del centro, de todo lo que siempre supimos que es importante. Nos roban las maneras de cuidar y les cambian el sentido.
Un último agravio que se desprende de los anteriores es que si la gente se ve impedida de producir sus alimentos, si la gente es forzada a la dependencia, si la gente tiene que ganar dinero para comprar la comida, entonces las corporaciones nos podrán imponer todo el tramado de la vida: alimentos, formas de relación, rearticulación del espacio, de vivienda, de tránsito y circulación, y formas de sujeción e imposición inaceptables. Nadie podrá ser libre si no controla, en alguna medida, la forma de producir los alimentos y distribuirlos.
 
Esta visión se deriva de aquella que compartimos desde el primer esbozo de nuestra denuncia general donde planteamos cinco tesis que para nosotros siguen siendo válidas.
  • La primera es que al momento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, el Estado mexicano profundizó el desmantelamiento jurídico de leyes que promovían derechos colectivos y protegían ámbitos comunes, en particular los territorios, de los pueblos indígenas y campesinos, sus tierras, aguas, montañas, y bosques. Recrudeció el desmantelamiento de muchos programas, proyectos y políticas públicas que apoyaban la actividad agrícola, en detrimento de los pequeños y medianos agricultores mexicanos y en beneficio de la agricultura industrial estadounidense de las corporaciones.
  • La segunda tesis es que las corporaciones no descansarán hasta erradicar la producción independiente de alimentos, al punto de proponer el despojo, la erosión y la criminalización de una de las estrategias más antiguas de la humanidad, que es el resguardo y el intercambio libre de semillas nativas ancestrales;  propugnan atentar contra los saberes propios de la agricultura tradicional campesina y agroecológica, y promover sus semillas de laboratorio (híbridos, transgénicos y más), mediante leyes expresas que le abren espacio a las grandes corporaciones para lograr sus fines. Los dos ejemplos más contundentes son la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, o “Ley Monsanto” y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
  • Una tercera tesis es que parte de esta devastación son los transgénicos para inevitablemente contaminar  las 62 razas y las miles de variedades que existen en México. Los regímenes de propiedad intelectual y los registros y certificaciones terminarán despojando de su diversidad a las semillas nativas. Esto atenta directamente contra las fuentes de subsistencia.
  • La cuarta tesis es central a la demanda que presentamos: atentar contra los sistemas de agricultura campesina ancestral y sus variantes agroecológicas modernas, atentar contra bienes comunes tan cruciales como las semillas nativas, devasta la vida en el campo y debilita las comunidades,  agudiza la emigración y la urbanización salvaje, favorece la invasión de los territorios campesinos e indígenas para megaproyectos, explotación minera, privatización de agua, monocultivos, deforestación y apropiación de territorios en programas de mercantilización de la naturaleza, como REDD y servicios ambientales y más.
  • Una quinta tesis es que todo el sistema que está en el fondo de este desmantelamiento jurídico, de este intento por erradicar la producción independiente de alimentos y por monopolizar la rentabilidad de un cultivo tan versátil —eliminando así toda la gama de sembradores que no sean corporaciones, desde pueblos indígenas hasta agricultores de mediana o pequeña escala—; todo el sistema que está en el fondo de los encarecimientos desmedidos en los precios de los alimentos y de la crisis alimentaria generalizada, es responsable de una buena parte de la crisis climática.
Según datos de GRAIN, la paradoja es que las comunidades en el mundo entero, con menos del 30 por ciento de la tierra, siguen produciendo más del 60 por ciento de la comida que alimenta la humanidad. El sistema agroalimentario nos quiere promocionar el 40 por ciento restante como “la totalidad” y cacarea que alimenta al mundo con su basura. Quedar en sus manos, tragándonos el cuento de que ellos nos alimentan, provocará devastaciones, mayor fragmentación y una sumisión planetaria inaceptable.
 
Consideremos porqué izquierdas K e independientes coinciden en estimar al gobierno CFK como contrapuesto a la derecha.
En ese rumbo hallamos:
El meandro de los gobiernos progresistas
Conservadurismo de los intelectuales
 
Por Raúl Prada Alcoreza (Rebelión) 
Intencionalidad
Esta es una crítica al conservadurismo intelectual y a la apología de los gobiernos progresistas. Dos actitudes que debilitan la potencia social, que debilitan las fuerzas de las luchas emancipatorias, liberadoras y de-coloniales, que transfieren la potencia y la fuerza a la captura institucional, por lo tanto a la usurpación representada de las conquistas sociales.
 
De la intelectualidad
Hay una imagen, un tanto difundida, de que los “intelectuales” son, por lo general críticos; esta imagen compartida compite con otra más popular; de que los “intelectuales” habitan en la estratosfera, que deambulan en los aires, con los pies suspendidos, sin pisar la tierra. Ambas imágenes son equivocadas; en primer lugar, porque es un grupo muy reducido de los “intelectuales” que es crítico; la aplastante mayoría es, en realidad, conservadora. Legitiman el régimen cuestionado por las y los críticos. La gran mayoría de los “intelectuales” es realista, “pragmática”, funcional al sistema. En segundo lugar, la gran mayoría de los “intelectuales” pisa tierra, pisa tierra firme, conocen muy bien las reglas del juego y los intereses vigentes. Aunque hay, entre ellos, una zona de incertidumbre, cuando se aproximan a una cierta forma de “crítica”, que no deja de ser formal, a pesar de los escenarios que se montan, permitidos. Estos “intelectuales”, de cierta postura “crítica”, saben distinguir lo “viable” de lo “imposible”, lo aconsejable de lo extremo. La dosis “crítica” no puede comprometer ciertos márgenes de movimiento, ciertos intervalos de desplazamientos, no se pueden cruzar ciertos límites. Estos márgenes, estos límites tienen que ver con el Estado. No se puede tirar por la borda al Estado; en manos de los gobiernos progresistas es un instrumento de ampliaciones democráticas, de mejoras sociales, de redistribuciones del excedente. Hay que distinguir gobiernos progresistas de gobiernos claramente de “derecha”. Este punto de vista es plenamente realista; por lo tanto, conservador.
Lo que elude esta “crítica” realista es la cuestión estatal; es decir, la cuestión del poder. El Estado es esencialmente violencia concentrada, el Estado es el aparato privilegiado de las estructuras de poder, de los diagramas de poder, el Estado es la macro-institución primordial de los agenciamientos de poder. Hablar del uso del Estado es casi una ilusión; pues es precisamente el Estado, como campo institucional, como campo burocrático, como campo político, el que termina usando a los “revolucionarios” y a los progresistas [1] . Se puede decir que, estando en el Estado, a la larga, “derechas” e “izquierdas” terminan pareciéndose, pues usan la violencia física y simbólica del Estado como aparato de represión, pues terminan expropiando la voluntad general, las voluntades colectivas y sociales. La dramática historia de las revoluciones nos muestra esta ruta sinuosa. Las revoluciones cambian el mundo, el mundo no va ser lo que era antes; empero, todas las revoluciones se hunden en sus contradicciones. No pueden resolver el problema del Estado y del poder [2] .
No es que digamos que esta “critica” sensata no tenga validez. Obviamente que la tiene, pues no se puede confundir tipos de gobiernos, gobiernos, con pretensiones socialistas, gobiernos progresistas, gobiernos nacionalistas, con gobiernos declaradamente pro-capitalistas, gobiernos reaccionarios, gobiernos neo-liberales. Esta es una premisa histórica política; empero, de aquí no se puede concluir que es mejor no criticar a los gobiernos progresistas, pues favorece a la “derecha”. Tampoco se puede concluir, incluso criticándolos, que, por esta razón, es mejor que se queden en el Estado a entregar el Estado a la “derecha”. Pues, qué es el Estado sino aquel instrumento construido por las clases dominantes, que termina invistiendo a los ocupantes de turno como funcionarios, como técnicos del ejercicio de las dominaciones polimorfas. El problema no es tanto quién ocupa el Estado, sino que el Estado no haya sido desmantelado para instaurar, en su lugar, formas participativas de gestión.
Cuando los gobiernos progresistas terminan haciendo lo mismo que los gobiernos liberales y neoliberales, el problema del poder, de la recurrente reiteración de las formas de poder, se manifiesta patentemente. No sólo en lo que respecta a la represión, al uso de la violencia concentrada del Estado, a la criminalización de la protesta, a la persecución de los dirigentes indígenas, como ocurre en Ecuador y en Bolivia, sino en lo que respecta al modelo colonial del capitalismo dependiente, que es la economía extractivista y el Estado rentista. Las diferencias que marcaban a los gobiernos progresistas, diferencias que tienen que ver con ampliaciones democráticas, beneficios sociales, redistribución del ingreso, terminan haciéndose difusas, sobre todo, si consideramos, que el multiculturalismo liberal llegó a reconocer la interculturalidad. También se hacen difusas las fronteras cuando son los gobiernos neo-liberales los que inventaron el microcrédito y los famosos bonos, además del uso accionario de las AFPs; medidas que han mantenido los gobiernos progresistas.
La tarea no es mantener a los gobiernos progresistas, sino transformar la sociedad y demoler al Estado, aunque sea en una larga transición. Los gobiernos progresistas se proponen mantenerse en el poder, púes gozan de la legitimidad histórica de que son “revolucionarios”. Eso basta. Los “intelectuales” de la “crítica” sensata, también creen que la tarea es sostener a los gobiernos progresistas, a pesar de sus crasos errores. Esto es caer en el mito de los caudillos, como también caer en el mito del Estado como instrumento, que antes estuvo al servicio de las clases dominantes, y ahora puede estar al servicio de las clases dominadas, de las naciones y pueblos colonizados. (...)

Raúl Prada Alcoreza (Rebelión) continúa el desarrollo de su intencionalidad para llegar a las:
 
Conclusiones
Tres conclusiones son indispensables:
1. La necesidad de la interpelación de la crítica, entendida como tal, radical, pues no puede haber crítica sin tocar los problemas en sus raíces, sin tocar las condiciones de posibilidad histórica de los problemas, como también de la misma crítica.
 
2. Los gobiernos progresistas, los gobiernos “revolucionarios”, son dispositivos provisionales, en la bisagra de las épocas, la pasada y la nueva que nace; son productos institucionales ligados a la herencia institucional y burocrática del Estado. Lo urgente se encuentra en la liberación de la potencia social, la invención y creatividad colectiva, que desmantelan estos aparatos para construir composiciones dinámicas y participativas.
 
3. La defensa de los procesos de cambio no puede confundirse con la defensa de los gobiernos; hacerlo es un suicidio. Se confunden las transformaciones, lo que posibilita las transformaciones, la participación movilizada, con la representación conservadora e institucionalizada de la conquista del poder. Es cuando las criaturas se convierten en los buitres que comen las entrañas del pueblo. Leer
 
Ejemplifiquemos porqué la toma generalizada de conciencia sobre la situación de Argentina y Nuestra América exige discutir la concepción de izquierdas independientes que simpatizan con el gobierno CFK.

Daiana García para ANRed desconoce que el neoextractivismo implica la reestructuración económicosocial, políticoinstitucional y destructora de las bases tanto para la vida como para la dignidad de los pueblos.
 
A) Por menospreciar el carácter expulsor del modelo en vigencia desde 2002 señala en "La economía de los candidatos (II)":
(…)Según una nota de Martín Kalos sobre el Presupuesto 2014, el Gobierno apostaría a continuar con las políticas de transferencias de ingresos conquistadas por los trabajadores en los últimos años. Algunas de estas conquistas tienen que ver con los planes de Asignaciones Universales por Hijo y Argentina Trabaja, entre otros. Estos planes permiten frenar la exclusión de los trabajadores por fuera del mercado de trabajo, propia del sistema económico.
La limitación que tienen las políticas de transferencias de ingresos se vinculan a la capacidad que tiene el Estado para sostener el Gasto Público. El Gasto Público a su vez depende del crecimiento de la economía que es lo que le permite al Estado recaudar impuestos. Según lo proyectado se espera que en el 2014 la economía nacional crezca un 6,2%, por ende, el Estado tendrá un incremento en su recaudación del 27,2% (en comparación al 2013). Por el lado del Gasto Público, se espera un incremento del mismo en un 19,2%. Las cuentas estarían equilibradas, siempre y cuando el crecimiento nacional sea el esperado y no menor.
En el caso de tener que bajar el Gasto Público, los rubros que tendrían menor costo político y social serían las obras públicas, que corren principalmente por parte de las provincias. En cambio, en el caso de tener que bajar cantidad de subsidios a empresas de servicios públicos, las mismas transferirían su diferencia, principalmente, a los consumidores incrementando los mismos.
El kirchnerismo apunta a continuar y profundizar el modelo, apelando a la lógica neokeynesiana o neodesarrollista y al fomento de la demanda a través de las obras públicas. Pero solo será posible si los niveles de crecimiento de la economía son los anunciados, no sin algo de optimismo. Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article6829
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B) Por circunscribirse a una medida (regulatoria y desegmentada) y descontextualizarla  del proceso de expansión de la soja transgénica que el modelo promociona desde 2002 y del funcionamiento global de este sistema de agronegocios permanece en la lectura inmediata de los hechos durante el año 2008. En efecto, en "La economía de los candidatos (I)" no tiene en cuenta a la alianza del gobierno CFK con los oligopolios imperialistas y locales que el Plan Estratégico Agroalimentario y la Ley Monsanto suponen. Sostiene: "(...)Las propuestas de los partidos de la izquierda apuntan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y a crear conciencia. Son planes integrales que contemplan la complejidad de estos problemas en el marco del sistema capitalista. Ambos hacen énfasis en evitar el pago de la deuda pública y privada, y utilizar esos fondos para la distribución de ingresos entre los trabajadores. Pero no hay una propuesta sobre cómo recuperar los fondos de la ANSES que ya se han consumido, por ejemplo. Sí hacen mucho hincapié en aplicar impuestos al capital para financiar las políticas que proponen: acá se ve el punto más difícil de llevar a cabo, no hay que olvidar el inconveniente que se dio cuando el Gobierno quiso implantar la resolución 125 por el 2008, que implicaba un impuesto móvil en función del precio de la soja e iba en detrimento de los ingresos de los capitales más grandes del país". Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article6828