Ante todo es fundamental la
toma generalizada de conciencia sobre
cómo progresa el
capitalismo hoy.
Partamos de la realidad continental que
pone en debate el
Documento de contexto general de las denuncias ante el Tribunal Permanente de
los Pueblos.
Intentamos demostrar que las empresas directamente beneficiadas por los actos de
gobierno de los Estados, sus políticas públicas, sus reformas constitucionales,
y sus legislaciones apalancandas con “tratados de libre comercio y cooperación”
(y sus normas, estándares y reglamentaciones), han destruido las condiciones
para que la gente gestione su entorno material y subjetivo; para que resuelva la
subsistencia mediante sus propios medios individuales y colectivos, con
creatividad e ingenio propio.
Esto acarrea una fragmentación comunitaria, la erosión de las relaciones; la invasión, la devastación, el despojo y el acaparamiento de los territorios, la expulsión de personas y su sumisión extrema en trabajos esclavizantes e indignos. (...)
Las
corporaciones tienen desatada una invasión perpetua de los territorios y buscan
someternos con sus modelos autoritarios de producción y distribución,
pretendiendo expresamente impedirnos el ejercicio de una producción
independiente de alimentos, el cuidado y aprovechamiento (a nuestro modo) de
nuestros lugares de origen y vida comunitaria y eso destruye el significado de
nuestro espacio compartido, de nuestros lugares de origen.
Como
afirma Ivan Illich y nos recuerda Jean Robert, “la era moderna es una guerra sin
tregua que desde hace cinco siglos se lleva a cabo para destruir las condiciones
del entorno de la subsistencia y remplazarlas por mercancías producidas en el
marco del nuevo Estado-nación. A lo largo de esta guerra, las culturas populares
y sus áreas de subsistencia —los dominios vernáculos— [los territorios] fueron
devastados en todos los niveles”.
La
gente migra (en busca de una vida en otra parte), porque perdió sentido lo que
lograba en su lugar de origen. Y el poder lucra con esa fragilidad impuesta a
los expulsados. La gente que es expulsada, engrosa el ejército de obreros
precarizados, aumenta la población urbana y el crecimiento de las ciudades con
sus problemas, mientras los territorios son invadidos para servir a la
agroindustria, el extractivismo (sobre todo la minería), la especulación
inmobiliaria y financiera, la bioprospección, la economía verde, el desarrollo
turístico, la economía criminal o el destino de los desechos tóxicos. La
devastación extrema resultante es la suma de las crisis que esto desencadena.
Éste es el agravio principal: reclamamos que las condiciones impuestas entre el Estado y las corporaciones nos impiden resolver por nosotros mismos lo que nos atañe fundamentalmente, nuestro sustento, y todo lo que nos da sentido personal y común. Nos impiden defender eso que reivindicamos como territorio: el entorno vital para recrear y transformar nuestra existencia: ese espacio al que le damos pleno significado con nuestros saberes compartidos. Sin esos saberes, como dicen bien los viejos de las comunidades, los territorios no serían sino sitios, serían paisaje nomás.
El
ataque entonces es que nos quieren impedir la relación con nuestra historia de
entendimiento cercano con un espacio, con nuestras tierras, con el agua, con el
bosque, con nuestras semillas, con nuestros modos de nacer y parir y cuidar el
nacimiento, con nuestras formas de cultivo, con nuestros modos de curación, con
nuestro entendimiento de la alimentación, con nuestras formas de trasladarnos y
convivir en comunidad.
Es un ataque integral contra nuestras relaciones y nuestra vida entera. Debería ser tipificado como un delito de lesa humanidad, pues el despojo no es sólo total en un momento determinado, sino acumulativo en tiempo, y en ocasiones es, incluso, irreversible. Es un delito que crece en la historia propia de los pueblos y las regiones. No hablamos de actos aislados, ni azarosos. Son acciones sistemáticas, perpetradas con conocimiento previo, y en los que median la corrupción, el tráfico de influencias, la omisión y el desvío de poder: que el Estado privilegie los intereses corporativos mientras obstruye los canales legales para que la gente busque y logre la justicia. (...)
Hay mucha gente a la que se le ha impuesto una devastación extrema.
El círculo vicioso de su condición es rotundo. Fragilizar en extremo a la gente
la hunde en la escasez y la necesidad. A muchos no parece quedarles otra que
aceptar las condiciones de trabajo, vivienda y explotación que las empresas
imponen. La relación creativa entre la gente y su territorio —que implica
cuidados detallados para producir los alimentos— se trastoca en trabajo
asalariado en condiciones de sumisión semi-esclavizada para conseguir dinero con el cual
comprar alimento para tener fuerzas suficientes para mantener su trabajo y ganar
dinero para conseguir comida, y así al infinito.
Otros más pueden terminar trabajando una tierra rentada, que antes tal vez era
suya. Tal vez en realidad lo que la gente renta es su posibilidad de trabajar.
Dejar de producir los propios alimentos, dejar de gestionar con medios propios
nuestro entorno de subsistencia, ha ocasionado a lo largo de la historia
catástrofes tremendas en todas aquellas poblaciones que no han podido impedirlo. La
guerra contra la subsistencia impone dependencia, ignorancia y olvido, sumisión,
fragmentación, encono, privatización y desarraigo.
Dependencia porque para que
el sojuzgamiento sea eficaz, requiere grados de precariedad y fragilidad nunca
antes vistos. Hoy incluso toda la actividad de las empresas semeja un
nuevo feudalismo (con la agricultura por contrato, los paquetes tecnológicos y
las semillas de patente). Todo está preparado para promover el imperio de las
corporaciones erradicando la agricultura independiente.
Ignorancia y olvido porque a lo largo de siglos se siguen erosionando
expresamente los saberes y la confianza de las comunidades en nuestra memoria.
La misma memoria de haber tenido una relación creativa con el entorno puede
desaparecer, pues se promueve el olvido de que la gente podemos apelar a
nuestros propios mecanismos de sustentabilidad, por lo que no tenemos otra que
trabajar para otros, y no podemos sino apelar a un pensamiento industrializado,
con remiendos ajenos, de expertos o de quienes detentan el poder. Existe un
ataque contra los cuidados propios de la integridad moral de las comunidades.
El
ataque se vuelca contra la cosmovisión, cual si fuera meramente una superstición
o un conjunto de rituales vacíos, cuando que todas las razones que hoy se
invocan como “culturalistas” (el maíz es nuestra madre, nuestra hermana o hija,
por ejemplo) son
demostración de la relevancia y pertinencia de un ser como el maíz (por ejemplo)
y de la trascendencia de todos los cuidados y estrategias antiguas que le
resultaron a los pueblos por milenios.
Sumisión, porque
a quienes trabajan en esclavitud o en un trabajo asalariado, se les dificulta
romper el círculo y sólo buscan condiciones menos peores.
Fragmentación y encono, porque
la gente precarizada es propensa a desconocer a sus vecinos, amigos y hasta a su
familia traicionando en ocasiones su sentido más profundo de ética y respeto.
Envileciéndose al punto de perpetrar actos de violencia innombrables. En su
versión cotidiana y leve, la gente se vuelve propensa a aceptar los programas de
gobierno, programas que, de nuevo, promueven divisionismo, dependencia y
sumisión.
Privatización y más fragmentaciones, porque la gente se ve impedida de ejercer los ámbitos comunes (incluso al punto de la criminalización, como ahora con las semillas). Todo se privatiza: de las fuentes de agua a la educación y la religión, pasando por los espacios públicos en las ciudades, o la velocidad de circulación permitida. Las madres son condenadas a parir en condiciones ajenas, impuestas, cuya artificialidad fragmenta la relación estrecha con sus recién nacidos en el amamantamiento, y se ven obligadas a recurrir a la alimentación nociva de las leches en polvo. Todo esto nos termina dislocando de nuestro entorno inmediato.
Desarraigo, porque las
corporaciones requieren que haya personas fuera de sus límites naturales de su
entorno y su casa: gente fuera de su hogar, es decir, de su territorio.
No importa si se les expulsa o simplemente se les extrema al punto de irse para
engrosar el ejército de obreros precarizados. Esto recrudece las condiciones
generales del empleo, el salario y la justicia laboral en su región. Se
recrudecen las condiciones de la ciudad o el poblado al que migra. Se extrema la
urbanización salvaje.
Las
nuevas generaciones son producto del desarraigo y el despojo. Y son un eslabón
frágil a punto de romperse. Los adultos y ancianos encargados de transmitir
todos los saberes y valores que sustentaban las culturas propias son atacados y
devaluados. Los valores que se promueven sólo se pueden alcanzar en el consumo
excesivo y escindidos de los centros de origen de nuestra creatividad. Las
referencias de los jóvenes carecen historia y perspectiva suficientes para la
comprensión del espacio donde vivimos. O se nos criminaliza en nuestro intento
de cambio o se nos empuja a las filas de la delincuencia como modo concreto de
evadir las condicionantes mencionadas. Esta compleja situación de los jóvenes es
un ataque directo a la continuidad de un pueblo, a su derecho a existir.
Pensemos en qué nos advierte el
Documento de contexto general de las denuncias ante el Tribunal Permanente de
los pueblos.
Expulsar a la gente de sus
territorios logra que éstos se queden vacíos; que la gente ya no esté en el
lugar donde nació para que no haya vínculos, para que la historia también se
fragmente. Que el futuro sea un “adónde sea”, el ser obreros en algún
lugar, que ya no seamos la gente que desde su propio centro cuidó el mundo
mediante todo lo que era la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, la
recolección. Lo
que quieren es que nos quitemos de los lugares que, casualmente, son los más
ricos en recursos y biodiversidad, justamente porque las comunidades los han
cuidado por milenios.
Dejar vacíos los territorios permite la invasión de los mismos con proyectos de minería, petróleo, agrocombustibles, presas, carreteras, casas, ciudades, fábricas, enclaves turísticos, tiraderos de basura y desechos tóxicos. Los dejan vacíos y nosotros no tendremos ya nada qué ver. Desde fuera seremos unos más y que no seremos quien reivindique el lugar dónde nació. Les molesta muchísimo que haya comunidades campesinas y comunidades indígenas que desde milenios reivindican su propia manera. Entonces, nos escinden, nos separan, nos arrancan del centro, de todo lo que siempre supimos que es importante. Nos roban las maneras de cuidar y les cambian el sentido.
Un último agravio
que se desprende de los anteriores es que si la gente se ve impedida de producir
sus alimentos, si la gente es forzada a la dependencia, si la gente tiene que
ganar dinero para comprar la comida, entonces las corporaciones nos podrán
imponer todo el tramado de la vida: alimentos,
formas de relación, rearticulación del espacio, de vivienda, de tránsito y
circulación, y formas de sujeción e imposición inaceptables. Nadie podrá ser
libre si no controla, en alguna medida, la forma de producir los alimentos y
distribuirlos.
Esta
visión se deriva de aquella que compartimos desde el primer esbozo de nuestra
denuncia general donde planteamos cinco tesis que para nosotros siguen siendo
válidas.
-
La primera es que al momento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, el Estado mexicano profundizó el desmantelamiento jurídico de leyes que promovían derechos colectivos y protegían ámbitos comunes, en particular los territorios, de los pueblos indígenas y campesinos, sus tierras, aguas, montañas, y bosques. Recrudeció el desmantelamiento de muchos programas, proyectos y políticas públicas que apoyaban la actividad agrícola, en detrimento de los pequeños y medianos agricultores mexicanos y en beneficio de la agricultura industrial estadounidense de las corporaciones.
-
La segunda tesis es que las corporaciones no descansarán hasta erradicar la producción independiente de alimentos, al punto de proponer el despojo, la erosión y la criminalización de una de las estrategias más antiguas de la humanidad, que es el resguardo y el intercambio libre de semillas nativas ancestrales; propugnan atentar contra los saberes propios de la agricultura tradicional campesina y agroecológica, y promover sus semillas de laboratorio (híbridos, transgénicos y más), mediante leyes expresas que le abren espacio a las grandes corporaciones para lograr sus fines. Los dos ejemplos más contundentes son la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, o “Ley Monsanto” y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
-
Una tercera tesis es que parte de esta devastación son los transgénicos para inevitablemente contaminar las 62 razas y las miles de variedades que existen en México. Los regímenes de propiedad intelectual y los registros y certificaciones terminarán despojando de su diversidad a las semillas nativas. Esto atenta directamente contra las fuentes de subsistencia.
-
La cuarta tesis es central a la demanda que presentamos: atentar contra los sistemas de agricultura campesina ancestral y sus variantes agroecológicas modernas, atentar contra bienes comunes tan cruciales como las semillas nativas, devasta la vida en el campo y debilita las comunidades, agudiza la emigración y la urbanización salvaje, favorece la invasión de los territorios campesinos e indígenas para megaproyectos, explotación minera, privatización de agua, monocultivos, deforestación y apropiación de territorios en programas de mercantilización de la naturaleza, como REDD y servicios ambientales y más.
-
Una quinta tesis es que todo el sistema que está en el fondo de este desmantelamiento jurídico, de este intento por erradicar la producción independiente de alimentos y por monopolizar la rentabilidad de un cultivo tan versátil —eliminando así toda la gama de sembradores que no sean corporaciones, desde pueblos indígenas hasta agricultores de mediana o pequeña escala—; todo el sistema que está en el fondo de los encarecimientos desmedidos en los precios de los alimentos y de la crisis alimentaria generalizada, es responsable de una buena parte de la crisis climática.
Según datos de GRAIN, la paradoja es que las comunidades en el mundo entero, con
menos del 30 por ciento de la tierra, siguen produciendo más del 60 por ciento
de la comida que alimenta la humanidad. El sistema agroalimentario nos quiere
promocionar el 40 por ciento restante como “la totalidad” y cacarea que alimenta
al mundo con su basura. Quedar en sus manos, tragándonos el cuento de que ellos
nos alimentan, provocará devastaciones, mayor fragmentación y una sumisión
planetaria inaceptable.
Consideremos
porqué izquierdas K e independientes coinciden en estimar al gobierno CFK como
contrapuesto a la derecha.
En ese rumbo hallamos:
El meandro
de los gobiernos progresistas
Conservadurismo de los
intelectuales
Por Raúl Prada Alcoreza (Rebelión)
Intencionalidad
Esta es
una crítica al conservadurismo intelectual y a la apología de los gobiernos
progresistas. Dos actitudes que debilitan la potencia social, que debilitan las
fuerzas de las luchas emancipatorias, liberadoras y de-coloniales, que
transfieren la potencia y la fuerza a la captura institucional, por lo tanto a
la usurpación representada de las conquistas sociales.
De la
intelectualidad
Hay una
imagen, un tanto difundida, de que los “intelectuales” son, por lo general
críticos; esta imagen compartida compite con otra más popular; de que los
“intelectuales” habitan en la estratosfera, que deambulan en los aires, con los
pies suspendidos, sin pisar la tierra. Ambas imágenes son equivocadas; en primer
lugar, porque es un grupo muy reducido de los “intelectuales” que es crítico; la
aplastante mayoría es, en realidad, conservadora. Legitiman el régimen
cuestionado por las y los críticos. La gran mayoría de los “intelectuales” es
realista, “pragmática”, funcional al sistema. En segundo lugar, la gran mayoría
de los “intelectuales” pisa tierra, pisa tierra firme, conocen muy bien las
reglas del juego y los intereses vigentes. Aunque hay, entre ellos, una zona de
incertidumbre, cuando se aproximan a una cierta forma de “crítica”, que no deja
de ser formal, a pesar de los escenarios que se montan, permitidos. Estos
“intelectuales”, de cierta postura “crítica”, saben distinguir lo “viable” de lo
“imposible”, lo aconsejable de lo extremo. La dosis “crítica” no puede
comprometer ciertos márgenes de movimiento, ciertos intervalos de
desplazamientos, no se pueden cruzar ciertos límites. Estos márgenes, estos
límites tienen que ver con el Estado. No se puede tirar por la borda al Estado;
en manos de los gobiernos progresistas es un instrumento de ampliaciones
democráticas, de mejoras sociales, de redistribuciones del excedente. Hay que
distinguir gobiernos progresistas de gobiernos claramente de “derecha”. Este
punto de vista es plenamente realista; por lo tanto, conservador.
Lo que
elude esta “crítica” realista es la cuestión estatal; es decir, la cuestión del
poder. El Estado es esencialmente violencia concentrada, el Estado es el aparato
privilegiado de las estructuras de poder, de los diagramas de poder, el Estado
es la macro-institución primordial de los agenciamientos de poder. Hablar del
uso del Estado es casi una ilusión; pues es precisamente el Estado, como campo
institucional, como campo burocrático, como campo político, el que termina
usando a los “revolucionarios” y a los progresistas [1] .
Se puede decir que, estando en el Estado, a la larga, “derechas” e “izquierdas”
terminan pareciéndose, pues usan la violencia física y simbólica del Estado como
aparato de represión, pues terminan expropiando la voluntad general, las
voluntades colectivas y sociales. La dramática historia de las revoluciones nos
muestra esta ruta sinuosa. Las revoluciones cambian
el mundo, el mundo no va ser lo que era antes; empero, todas las revoluciones se
hunden en sus contradicciones. No pueden resolver el problema del Estado y del
poder [2] .
No es que
digamos que esta “critica” sensata no tenga validez. Obviamente que la tiene,
pues no se puede confundir tipos de gobiernos, gobiernos, con pretensiones
socialistas, gobiernos progresistas, gobiernos nacionalistas, con gobiernos
declaradamente pro-capitalistas, gobiernos reaccionarios, gobiernos
neo-liberales. Esta es una premisa histórica política; empero, de aquí no se
puede concluir que es mejor no criticar a los gobiernos progresistas, pues
favorece a la “derecha”. Tampoco se puede concluir, incluso criticándolos, que,
por esta razón, es mejor que se queden en el Estado a entregar el Estado a la
“derecha”. Pues, qué es el Estado sino aquel instrumento construido por las
clases dominantes, que termina invistiendo a los ocupantes de turno como
funcionarios, como técnicos del ejercicio de las dominaciones polimorfas. El
problema no es tanto quién ocupa el Estado, sino que el Estado no haya sido
desmantelado para instaurar, en su lugar, formas participativas de gestión.
Cuando los
gobiernos progresistas terminan haciendo lo mismo que los gobiernos liberales y
neoliberales, el problema del poder, de la recurrente reiteración de las formas
de poder, se manifiesta patentemente. No sólo en lo que respecta a la represión,
al uso de la violencia concentrada del Estado, a la criminalización de la
protesta, a la persecución de los dirigentes indígenas, como ocurre en Ecuador y
en Bolivia, sino en lo que respecta al modelo colonial del capitalismo
dependiente, que es la economía extractivista y el Estado rentista. Las
diferencias que marcaban a los gobiernos progresistas, diferencias que tienen
que ver con ampliaciones democráticas, beneficios sociales, redistribución del
ingreso, terminan haciéndose difusas, sobre todo, si consideramos, que el
multiculturalismo liberal llegó a reconocer la interculturalidad. También se
hacen difusas las fronteras cuando son los gobiernos neo-liberales los que
inventaron el microcrédito y los famosos bonos, además del uso accionario de las
AFPs; medidas que han mantenido los gobiernos progresistas.
La tarea
no es mantener a los gobiernos progresistas, sino transformar la sociedad y
demoler al Estado, aunque sea en una larga transición. Los gobiernos
progresistas se proponen mantenerse en el poder, púes gozan de la legitimidad
histórica de que son “revolucionarios”. Eso basta. Los “intelectuales” de la
“crítica” sensata, también creen que la tarea es sostener a los gobiernos
progresistas, a pesar de sus crasos errores. Esto es caer en el mito de los
caudillos, como también caer en el mito del Estado como instrumento, que antes
estuvo al servicio de las clases dominantes, y ahora puede estar al servicio de
las clases dominadas, de las naciones y pueblos colonizados. (...)
Raúl Prada Alcoreza (Rebelión) continúa
el desarrollo de su intencionalidad para llegar a las:
Conclusiones
Tres
conclusiones son indispensables:
1. La
necesidad de la interpelación de la crítica, entendida como tal, radical, pues
no puede haber crítica sin tocar los problemas en sus raíces, sin tocar las
condiciones de posibilidad histórica de los problemas, como también de la misma
crítica.
2. Los
gobiernos progresistas, los gobiernos “revolucionarios”, son dispositivos
provisionales, en la bisagra de las épocas, la pasada y la nueva que nace; son
productos institucionales ligados a la herencia institucional y burocrática del
Estado. Lo urgente se encuentra en la liberación de la potencia social, la
invención y creatividad colectiva, que desmantelan estos aparatos para construir
composiciones dinámicas y participativas.
3. La
defensa de los procesos de cambio no puede confundirse con la defensa de los
gobiernos; hacerlo es un suicidio. Se confunden las transformaciones, lo que
posibilita las transformaciones, la participación movilizada, con la
representación conservadora e institucionalizada de la conquista del poder. Es
cuando las criaturas se convierten en los buitres que comen las entrañas del
pueblo.
Leer
Ejemplifiquemos
porqué la toma generalizada de conciencia sobre la situación de Argentina y
Nuestra América exige discutir la concepción de izquierdas independientes que
simpatizan con el gobierno CFK.
Daiana García para ANRed desconoce
que el neoextractivismo implica la reestructuración económicosocial,
políticoinstitucional y destructora de las bases tanto para la vida como para la
dignidad de los pueblos.
A) Por menospreciar el carácter expulsor del
modelo en vigencia desde 2002 señala en
"La economía de los candidatos
(II)":
(…)Según una
nota de Martín Kalos sobre el Presupuesto 2014, el Gobierno apostaría a
continuar con las políticas de transferencias de ingresos conquistadas por los
trabajadores en los últimos años. Algunas de estas conquistas tienen que ver con
los planes de Asignaciones Universales por Hijo y Argentina Trabaja, entre
otros. Estos planes permiten frenar la exclusión de los trabajadores por fuera
del mercado de trabajo, propia del sistema económico.
La limitación que tienen las políticas de transferencias de
ingresos se vinculan a la capacidad que tiene el Estado para sostener el Gasto
Público. El Gasto Público a su vez depende del crecimiento de la economía que es
lo que le permite al Estado recaudar impuestos. Según lo proyectado se espera
que en el 2014 la economía nacional crezca un 6,2%, por ende, el Estado tendrá
un incremento en su recaudación del 27,2% (en comparación al 2013). Por el lado
del Gasto Público, se espera un incremento del mismo en un 19,2%. Las cuentas
estarían equilibradas, siempre y cuando el crecimiento nacional sea el esperado
y no menor.
En el caso de tener que bajar el Gasto Público, los rubros que
tendrían menor costo político y social serían las obras públicas, que corren
principalmente por parte de las provincias. En cambio, en el caso de tener que
bajar cantidad de subsidios a empresas de servicios públicos, las mismas
transferirían su diferencia, principalmente, a los consumidores incrementando
los mismos.
El kirchnerismo apunta a continuar y profundizar el modelo,
apelando a la lógica neokeynesiana o neodesarrollista y al fomento de la demanda
a través de las obras públicas. Pero solo será posible si los niveles de
crecimiento de la economía son los anunciados, no sin algo de optimismo.
Fuente:
http://www.anred.org/spip.php?article6829
----
B) Por circunscribirse a una medida (regulatoria
y desegmentada) y descontextualizarla del proceso de expansión de la soja
transgénica que el modelo promociona desde 2002 y del funcionamiento global de
este sistema de agronegocios permanece en la lectura inmediata de los hechos
durante el año 2008. En efecto, en
"La economía de los candidatos
(I)" no tiene en cuenta a la alianza del gobierno CFK con los
oligopolios imperialistas y locales que el Plan Estratégico Agroalimentario
y la Ley Monsanto suponen. Sostiene:
"(...)Las propuestas de los partidos de la izquierda apuntan a mejorar la calidad de
vida de los trabajadores y a crear conciencia. Son planes integrales que
contemplan la complejidad de estos problemas en el marco del sistema
capitalista. Ambos hacen énfasis en evitar el pago de la deuda pública y
privada, y utilizar esos fondos para la distribución de ingresos entre los
trabajadores. Pero no hay una propuesta sobre cómo recuperar los fondos de la
ANSES que ya se han consumido, por ejemplo. Sí
hacen mucho hincapié en aplicar impuestos al capital para financiar las
políticas que proponen: acá se ve el punto más difícil de llevar a cabo, no hay
que olvidar el inconveniente que se dio cuando el Gobierno quiso implantar la
resolución 125 por el 2008, que implicaba un impuesto móvil en función del
precio de la soja e iba en detrimento de los ingresos de los capitales más
grandes del país".
Fuente:
http://www.anred.org/spip.php?article6828
No hay comentarios:
Publicar un comentario