martes, 23 de diciembre de 2014

Un legado del 19y20 es la solidaridad abajo sin fronteras.


Para qué mundo construir, significa el de la lucha por el Nunca Más
 
países y zonas de sacrificio en aras del progreso capitalista imperialista.
 
 
Los pueblos de Nuestra América compartimos con el de Haití la superexplotación de la naturaleza y los trabajadores. Sólo que es uno de los que ha llegado a la maximización en esa ocupación capitalista imperialista. Muestra : "creciente recolonización del país, especializándose en la exploración petrolífera y megaminera, la expansión del turismo de lujo, el agronegocio exportador y la maquila, desalojando comunidades enteras de sus tierras, manteniendo los salarios más bajo del hemisferio y echando mano a la fuerza represiva que ofrecen la MINUSTAH y la policía haitiana por ella entrenada. Todo a costa de una deuda también creciente, tanto financiera como social, ecológica, de género y política". 

100 años de ocupación, 100 años de resistencia
Organizaciones y redes latinoamericanas manifiestan solidaridad con el pueblo de Haití
17 de diciembre de 2014
 
 
Por Rebelión
En vísperas de marcarse en Haití, los 100 años desde el saqueo de las reservas de oro del pais y el inicio de la ocupación estadounidense, y en medio de la creciente movilización y represión frente a la crisis política –incluyendo ya varias personas muertas y la reincorporacion de la MINUSTAH a la represión contra los miles de manifestantes casi a diario-, una veintena de organizaciones y redes regionales de América latina y el Caribe se pronuncian en solidaridad con sus pares haitianos. Apoyan la lucha por la soberanía y autodeterminación del pueblo de Haití y reclaman el fin de la recolonización y de toda intervención en los asuntos internos del país, el retiro inmediato de las tropas de ocupación y el fin de la MINUSTAH, y la restitución de las reservas robadas y reparación de todos los crímenes de las ocupaciones, incluyendo la mortífera epidemia de cólera.

¡Todo nuestro apoyo al pueblo de Haití!

Desde hace 10 años las tropas de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití –la MINUSTAH-, ocupan Haití a pedido de las potencias como EE.UU., Francia y Canadá. El Consejo de Seguridad aprobó en octubre una nueva extensión de su mandato, reduciendo la dotación de militares pero reafirmando su tutela hasta por lo menos 2016. La crisis político-social que hoy enfrenta el pueblo haitiano desmiente todos los argumentos esgrimidos para justificar la continuidad de esa presencia. A diario se multiplican las evidencias que la MINUSTAH, con la tercerización de la ocupación militar a tropas latinoamericanas, mayormente, deja libres a esos poderes de siempre para concentrarse en la ocupación política y económica. 
Con EE.UU. a la cabeza, aseguran su continuada intervención en los asuntos internos de Haití, valiéndose además de un presidente –surgido de elecciones controladas por la misma MINUSTAH y denunciada ampliamente por su fraudulencia– que amenaza con gobernar por decreto ante la caducidad provocada del Parlamento. Aseguran asimismo la creciente recolonización del país, especializándose en la exploración petrolífera y megaminera, la expansión del turismo de lujo, el agronegocio exportador y la maquila, desalojando comunidades enteras de sus tierras, manteniendo los salarios más bajo del hemisferio y echando mano a la fuerza represiva que ofrecen la MINUSTAH y la policía haitiana por ella entrenada. Todo a costa de una deuda también creciente, tanto financiera como social, ecológica, de género y política. 
No es de extrañarse entonces que, próximo a cumplirse 100 años desde el inicio de la primera ocupación estadounidense de Haití –1915 a 1934–, muchas organizaciones populares haitianas denuncian la continuidad de esa ocupación a través de la MINUSTAH. 

En ese espíritu, protestarán los 100 años de ocupación y la creciente intromisión de EE.UU., ante la visita anunciada del Secretario de Estado John Kerry. Y, al marcar el centenario del robo de las reservas de oro haitianas, llevadas por los Marines a las bóvedas en Wall Street de lo que hoy es Citibank, el 17 de diciembre de 1914, levantarán el reclamo de restitución de las reservas robadas y la reparación de todos los crímenes de las ocupaciones, incluyendo el cólera. 
Desde nuestras redes y articulaciones regionales, organizaciones y movimientos populares, nos solidarizamos con el pueblo haitiano y respaldamos plenamente su lucha por recuperar su soberanía, ejercer su autodeterminación y poner fin a la entrega y saqueo de sus vidas y bienes naturales. Llamamos a los responsables, en especial a los gobiernos de América Latina y las instituciones de la integración involucradas, a retirar YA las tropas que ocupan Haití y poner fin a la MINUSTAH y toda forma de intervención en Haití. Asumimos como nuestras, las demandas de restitución de las reservas robadas y de reparación de los crímenes del colonialismo y de todas las ocupaciones, y nos comprometemos a ampliar y fortalecer nuestra acción solidaria junto a las organizaciones y movimientos populares de Haití. 
¡Por la soberanía y autodeterminación del pueblo haitiano!
¡Basta de intervención y recolonización!
¡Retiro YA de las tropas de ocupación y fin de la MINUSTAH!
¡Restitución de las reservas robadas y Reparación de los crímenes de las ocupaciones!
¡Justicia y reparaciones para las víctimas del cólera, sus familias y comunidades!
-América Latina y el Caribe, 15 diciembre 2014
Jubileo Sur/Américas – Marcha Mundial de las Mujeres, Región Américas – Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas – Encuentro Sindical Nuestra América – Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina – Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe – Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero – Movimiento por la Unidad Latinoamericano y el Cambio Social – Red Latinoamericana contra las Represas y en Defensa de los Ríos – Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas - SOAWatch – Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo-AYNA – Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina – Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – Servicio Paz y Justicia – Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA – Comité argentino de solidaridad por el retiro de las tropas de Haití – Coordinadora por el Retiro de las Tropas de Haití y Coordinación por el Retiro de las tropas de Haiti, Uruguay… (siguen firmas nacionales)
 
 
La creencia mayoritaria, entre los de abajo, es que la democracia es antagónica al terrorismo de estado y que su permanencia la sufren los pequeños y empobrecidos estados de Nuestra América. Sin embargo,  el grado de concentración/centralización del capital y de superexplotación laboral lo propulsa en países desarrollados y emergentes.

Terrorismo de Estado: fase superior del TLCAN-NAFTA
17 de diciembre de 2014
 
Por Arsinoé Orihuel (Colectivo La digna voz)
 
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (o NAFTA en inglés) es un proyecto de integración regional cuyas principales características son el bandidaje a gran escala, el coloniaje y la agresión sistemática a las poblaciones. A diferencia de otras tentativas integracionistas, acaso como la Unión Europea, el TLCAN no ofrece ni una sola concesión a las poblaciones civiles, sólo despojo, opresión y represión. En Europa, aún cuando la Unión resultó considerablemente lesiva para los países más rezagados (España, Grecia, señaladamente), los ciudadanos y trabajadores medianamente calificados tienen la oportunidad de salir de sus países de origen y emigrar a otros dentro de la Unión en busca de horizontes laborales, con una situación jurídica regular. No se trata de aplaudir las cosas que allá se hacen bien o mal; y tampoco ignoramos que esa integración europea responde más o menos a los mismos procesos, fuerzas e intereses que privan en el TLCAN, en claro beneficio de las élites regionales e internacionales. La referencia sólo pretende poner de relieve la dimensión de la tiranía que identifica al bloque que corresponde a nuestra región. Acá los mexicanos (y por extensión los centroamericanos) son víctimas de los más siniestros atropellos en su intento por cruzar “al otro lado”. Y los pocos que lo consiguen, a menudo son objeto de discriminación, violación de derechos laborales y humanos: migran de una realidad vejatoria a otra, con el agravante de la irregularidad legal e indocumentación indefinida, y con frecuencia a vivir en condiciones de hacinamiento infrahumanas. Esas son las “bondades” de “nuestra” integración regional, que por cierto no es “nuestra” sino de ellos, de los barones que arriba administran la calamidad en provecho de intereses facciosos e inconfesables.
La simultaneidad de la agitación política en México y Estados Unidos no es accidental: el TLCAN es una política de estrangulación social transfronteriza, sin concesiones o consideraciones. Es una política de todo para ellos, nada para nosotros. Fórmula rudimentaria pero implacablemente fehaciente.
Y dado que el pillaje, el ultraje de soberanías, y la violencia contra familias e individuos, naturalmente produce resistencia e indignación, se hace necesario, desde la perspectiva de los poderes constituidos, escalar las tácticas de represión, elevarlas a rango de producto único y vital de Estado. La primacía de las políticas de seguridad nacional y la gestión militarizada de los asuntos sociales en ambos países es parte de una estrategia cuyo objetivo es intimidar, controlar y aplastar cualquier viso de oposición al proyecto de los capitales congregados en el TLCAN.
Los casos más visibles –mediáticamente– de este escalamiento de violencia y represión, correspondientes a la zona de “seguridad” que comanda Estados Unidos, son, por un lado, los estudiantes normalistas ejecutados y/o desaparecidos en Iguala, Guerrero (no se deben ignorar las decenas de miles de cadáveres sembrados en fosas comunes a lo ancho de toda la geografía nacional), y por otro, los cerca de 20 asesinatos de civiles afroamericanos cometidos en los últimos dos años por agentes policiales en EE.UU. Pero como bien apuntan múltiples analistas, eso es tan sólo la punta del iceberg.
 
Desde que arreciaron las movilizaciones en los dos países, el número de ejecuciones extraoficiales, secuestros, desapariciones forzadas, feminicidios, han aumentado exponencialmente. La diferencia versa en que ahora las poblaciones están alertas y consignan todas esas ocasiones de crimen, claramente imputables al Estado. Se cobró conciencia de que esas modalidades de delito nunca fueron hechos aislados, sino el signo de una epidemia de brutalidad estatal cuya letalidad va a la alza.
En México, por ejemplo, las organizaciones civiles reportaron en menos de una semana tres feminicidios que encienden la alarma (por añadidura a 19 plagios en Guerrero, y 70 desapariciones forzadas en Puebla, en el transcurso de un mes). Y no sólo por la saña de los atentados sino también, y acaso más señaladamente, por el perfil de las víctimas: jóvenes estudiantes que se presume participaron en la jornada de protestas que recién transcurrió.
Esta ola de criminalidad sin freno tiene un correlato: la inacción inescrupulosa de las instituciones judiciales. En materia de justicia y seguridad, la única presunta solución que alcanzan a enunciar, y no sin dificultades, es el trillado recurso militar. Si se hiciera un seguimiento de todos los casos de tratamiento militar a los problemas sociales en la región, no alcanzaría una obra enciclopédica para englobarlos todos. El TLCAN se basa en esta fórmula: gestión militarizada de los asuntos sociales, y control criminal de las poblaciones.
No se ve por ningún lado una voluntad para desviarse de estas coordenadas. Pese a los recortes previstos en materia de “ayuda exterior”, el Departamento de Estado de EE.UU. aprobó el otorgamiento de 115 millones de dólares a México con la condición de que 80 millones de ese monto estuvieran dirigidos a “tareas de seguridad y antinarcóticos” (léase militarización), y sólo “35 a refuerzo de las instituciones democráticas” (Semana 12-III-2014). El plan sigue en marcha a pesar de los señalamientos que fincan responsabilidades a las fuerzas castrenses en los ominosos casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, y aún con los reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que denuncian un incremento del 1000% (¡sic!) en materia de violaciones de derechos humanos por parte de los militares a raíz de su involucramiento en tareas de seguridad pública.
Otro desafortunado aspecto que mancomuna a los dos países suscritos al TLCAN es el de las prácticas de tortura y detención clandestina. Cabe recordar que en fechas recientes comenzaron a circular un par de informes, uno de Amnistía Internacional otro del Senado en Estados Unidos, que revelan que las fuerzas de seguridad en México y EE.UU. incurren sistemáticamente en estos actos criminales y violatorios de los derechos humanos fundamentales.
 
Además, en México y Estados Unidos las instituciones de justicia y seguridad están en bancarrota. Que un gran jurado decidiera absolver a Darren Wilson –oficial de policía blanco– por el homicidio del joven negro Michael Brown, tras un juicio plagado de irregularidades e inusual, pone al descubierto que la desprotección jurídica es un ave migratoria, y lesiona la integridad de las poblaciones de los dos lados del río.
Pero estos problemas intramuros no frenan a Estados Unidos en la persecución de su agenda extramuros, máxime cuando se trata de su doliente socio: México. El TLCAN debe seguir su desastroso curso. Después de las reformas aprobadas al sur del Río Bravo, la preocupación de EE.UU. por la solvencia de los negocios involucrados en ese ciclo reformista se hace más patente. Las acciones de protesta por Ayotzinapa tienen en estado de vilo a los inversionistas en el país vecino. Estas jornadas de movilización desnudaron a su virrey, Enrique Peña Nieto, y destaparon su debilidad. Y si alguna vez la consigna desde Estados Unidos fue “salvar al soldado Peña” (revista Time), ahora, frente al desmoronamiento-harakiri de esa administración, la gavilla de estrategas reunidos en Washington comienza a fabular un plan de emergencia, en la eventualidad de un virtual jaque al peñanietismo. Y dado que el único renglón de la supremacía de Estados Unidos que sigue ilesa es la fuerza militar, el conflicto que enfrenta el pináculo de la jerarquía estadounidense en tierras subsidiarias se suscribirá lógicamente al recurso militar. Las recientes declaraciones del titular de la Secretaría de la Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, en el sentido de una presunta manipulación de los padres de familia de los normalistas desaparecidos, anuncian el uso de los mandos militares en México para restablecer la paz sepulcral que añoran los inversores norteamericanos al sur de su frontera, en beneficio exclusivo de sus agendas empresariales. A esta misión evangelizadora se sumará también el capo de la diplomacia estadounidense, John Kerry, quien hace unos días sostuvo: "apoyaremos al presidente Peña Nieto en sus esfuerzos para promover las reformas fundamentales de seguridad y justicia que México merece" (La Jornada 10-XII-2014). Todo indica que será Kerry quien se ocupe de coordinar las acciones diplomático-militares en tierras guadalupanas.
 
Pero en México únicamente se autoengañan las autoridades. La población conoce el fondo oscuro de esos bienaventurados “apoyos”. Raúl Zibechi escribe: “Más que campañas desinteresadas se trata de diseños de intervención/ocupación adosados con miles de millones de dólares… para, con aval oligárquico, infligir brutales operativos de terrorismo de Estado, con miras al desalojo poblacional en regiones y territorios de interés por sus mercados, cultivos y/o riquezas naturales” (La Jornada 11-XII-2014).
La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que firmaron los dos países en 2005 y que es el agregado militar del TLCAN, representa una intensificación de esos diseños de intervención-ocupación con fines de desposesión.
Por todo lo sostenido anteriormente, se puede concluir que la gestión militarizada de los asuntos públicos y el control criminal de las poblaciones, ejes torales del TLCAN, se traducen en terrorismo de Estado. Y que la solución militar a los problemas sociales es terrorismo.
Aunque ya se ha dicho en diversos foros, cabe insistir que no estamos frente a hechos aislados de violencia barbárica. Se trata de un terrorismo de Estado, conscientemente concertado y ejecutado. Y este terrorismo de Estado es consustancial a la fase superior del TLCAN-NAFTA.

 
La solidaridad con pueblos que vemos en situación completamente distinta a la nuestra, nos ayuda a esclarecernos de hacia dónde nos conduce el capitalismo imperialismo. Porque:


Ayotzinapa, emblema del ordenamiento social del siglo XXI
11 de diciembre de 2014
 
Por Ana Esther Ceceña (Alainet)
A Julio César Mondragón
In memoriam
Ayotzinapa es hoy un emblema, por cierto ominoso, de las atrocidades a las que da lugar el capitalismo contemporáneo.  Ayotzinapa es cualquier parte del mundo donde se levante una voz disidente, una exigencia, un signo de rebeldía ante la devastadora desposesión y arrasamiento en los que se sustenta la acumulación de capital y las redes del poder que lo sostienen.
 

Ayotzinapa es resultado de un conjunto de procesos entrecruzados que, con mayor o menor densidad y visibilidad, son consustanciales al capitalismo del siglo XXI y
que, en esa medida, no se circunscriben a México sino que se van extendiendo subrepticia o escandalosamente en todo el globo.
 

El capitalismo del siglo XXI

 
Cada vez es más claro que el capitalismo de nuestros tiempos funciona en un doble carril. Por un lado tenemos la sociedad formalmente reconocida, con su economía, sus modos de organización y confrontación y su moralidad; y por el otro crece aceleradamente una sociedad paralela, con una economía calificada genéricamente de ilegal, y con una moralidad, modos de organización y mecanismos de disciplinamiento muy diferentes.
Hay lugares del mundo, como México, donde las crisis del neoliberalismo, además de provocar cambios sustanciales en su ubicación en la división internacional del trabajo, en la definición de sus actividades productivas y en los modos de uso de su territorio, generaron una fractura social que se ha profundizado con el tiempo.  Una de las cuestiones centrales es que los jóvenes perdieron espacio y perspectiva.  Se estaba gestando una sociedad con poco margen de absorción, y en la que desaparecían las posibilidades de empleo o incorporación y se cancelaban los horizontes.  No había cabida para muchos de los antiguos trabajadores, y mucho menos para los recién llegados al escenario.  La generación X la llamaron algunos, la que no sabe para dónde va porque no tiene para dónde ir.  La nueva fase de concentración capitalista cerraba los espacios al mismo tiempo que extendía su ámbito.  Se apropiaba las tierras, las actividades domésticas incluso, y hasta el entretenimiento, pero expulsaba de sus bondades a oleadas crecientes de población: precarizándolas o convirtiéndolas en parias.
 

Con un proceso de esta profundidad y características, no puede hablarse de un orden social.  Las condiciones apuntan más bien al desorden, a la ruptura, a la descomposición, a las fracturas.  Es decir, el orden apela al autoritarismo, que es el único medio visible para garantizarlo.
La militarización del planeta, incluyendo especialmente los ámbitos de la cotidianidad, empezó a convertirse en la impronta general del proceso.  La estabilidad del sistema no requería solamente del mercado “libre y abierto” de los neoliberales, sino de una fuerza que garantizara su funcionamiento.  El mercado militarizado, con manos no solamente visibles sino bien armadas.  Fue ésta la ruta del capitalismo formal, reconocido y, paradójicamente, “legal”.

Pero las fracturas abiertas en la sociedad de esta manera, como si le hubieran aplicado un fracking, encontraron su escape o cobijo en la gestación de una sociedad paralela.  Una sociedad que se abrió paso en los resquicios ocultos de la otra pero que la terminó invadiendo.  Una sociedad que rescató la inmundicia que la hipocresía de la otra rechazaba, y la convirtió en negocio, en espacio de acumulación y de poder.
Todos los negocios ilícitos pasaron hacia allá.  Tráfico de armas, producción y tráfico de drogas, tráfico humano, tráfico de especies valiosas y escasas y una gran cantidad de variantes de estos que son de los negocios más rentables, entre otros porque no están sometidos al pago de impuestos, pero que la moralidad establecida se ve obligada a negar.

Y ahí empezó el juego de unos contra otros haciendo crecer el negocio de armas y, sobre todo, las prácticas de extorsión, chantaje, secuestro o cualquiera de sus variantes.

No obstante, la acumulación de capital se nutre de ambos.  Quien pierde es el conjunto de los excluidos: económicos, sociales, políticos y culturales.  Excluidos del negocio, en diferentes gradaciones, o excluidos del poder.
Ahí llegó la generosa oferta para la ubicación de los jóvenes.  La incorporación a las policías o al ejército ofrecía condiciones que no se obtenían en ningún espacio productivo, además de que ofrecía un pequeñito reconocimiento y un pequeñito poder a aquellos que habían quedado en calidad de inútiles sociales.  Pero también vino la propuesta de incorporarse a las filas aparentemente contrarias.  Los negociantes de drogas o los empresarios de actividades ilegales requerían también conformar sus ejércitos de servidores o de matones.  Y esas dos han sido fuentes de empleo recurrentes durante las dos o tres últimas décadas, así como generadoras de una nueva cultura: la cultura del mercenario, la del poder arbitrario, la del saqueo por extorsión.

Mientras la economía “legal” entraba en crisis, la del lado oscuro se multiplicaba, acomodándose en algunos de los mismos rubros de la “legal”, solamente que con modalidades más rentables.

Un ejemplo es la explotación minera no declarada, en la que incluso se emplean diferentes versiones del trabajo esclavo.  Ya sea en las minas africanas o en las de México, con el trabajo forzado de niños o adolescentes, incluso con el de grupos secuestrados para tales efectos, custodiados por cuerpos armados que pueden ser del propio ejército o de mercenarios, el producto casi no cuesta porque no se paga a los trabajadores, no paga impuestos porque no se declara y se exporta con la complicidad tanto de los consorcios mineros y de sus estados de origen, como con la de autoridades locales que reciben una parte de la ganancia por su ceguera o su protección.
 
Este capitalismo desdoblado logra así no sólo sortear las crisis sino expoliar doblemente a la población mediante trabajo esclavo o semiesclavo, extorsiones de diferentes tipos, expulsión de sus tierras, robo directo de sus pertenencias y otros similares.  La clave: el ejercicio de una violencia despiadada.
En estas circunstancias, el Estado se vuelve parte del proceso y a la sociedad se le van imponiendo condiciones de guerra en el ámbito cotidiano.  La violencia se instala como disciplinador social y su ejercicio se dispersa.  En un juego de público-privado los controladores sociales emergen en torno a las fuentes reales de ganancia, legales o ilegales, y en torno a la configuración de poderes locales ungidos por su capacidad de imponer un orden correspondiente a estas modalidades de acumulación.
Las guerras difusas y asimétricas
 
Las condiciones de concentración de la riqueza y el poder en el capitalismo contemporáneo, con su correlativa precarización creciente de amplios sectores de la sociedad, han llevado al sistema a una situación de riesgo que se manifiesta en conflictos y confrontaciones permanentes de carácter asimétrico, de acuerdo con la terminología del Pentágono.  Cada vez más las guerras del mundo contemporáneo se rigen por la idea del enemigo difuso y adoptan la figura de guerras preventivas, la mayoría de las veces no declaradas.
 

Los operativos de desestabilización y de disciplinamiento, los episodios de violencia desatada en puntos específicos y de violencia dosificada in extenso, son los mecanismos idóneos de guerras inespecíficas contra enemigos difusos.  Son, a la vez, el mejor modo de abrirse paso para asegurar el saqueo de recursos de muchas regiones del planeta creando una confusión que dificulta la organización social.  El abastecimiento controlado de armas y la instigación de situaciones de violencia son los aliados buscados por el capitalismo de nuestros tiempos.

No hay guerras declaradas.  No hay guerras entre equivalentes.  Hay corrosiones.  Una mancha de violencia que se va extendiendo acompaña al capitalismo de inicios del siglo XXI. 
Las instituciones de disciplinamiento y seguridad de los Estados han resultado insuficientes frente al altísimo nivel de apropiación-desposesión al que ha llegado el capitalismo.  Estas instituciones se replican de manera privada y local tantas veces como sea necesario.  Aparecen “estados islámicos” lo mismo que “guardias privadas” o que “cárteles” y “pandillas” del llamado crimen organizado, que protegen y amplían o profundizan las fuentes de ganancia, las fuentes de acumulación, y que, por tanto, son complementarias a las figuras institucionales reconocidas para esos fines.  Igual que las fuerzas del mercado requirieron un soporte militarizado, las fuerzas institucionales de disciplinamiento social requieren, dado el nivel de apropiación-desposesión, de un soporte desinstitucionalizado capaz de ejercer un grado y un tipo de violencia que modifique los umbrales de la contención social.  Son fuerzas “irregulares” que, como el estado de excepción, llegaron para quedarse.  Se han incorporado a los dispositivos regulares de funcionamiento del sistema.
 
Ayotzinapa como límite


Colombia tenía una guerra interna cuando inició el Plan Colombia y, a pesar del cambio de intensidad en la violencia ejercida y la intromisión directa y evidente de Estados Unidos en la gestión del conflicto, quizá el cambio en otros terrenos no fue tan visible. México, al contrario, era celebrado como emblema del disciplinamiento en democracia antes de la Iniciativa Mérida.

En menos de diez años, el eje de disciplinamiento pasó de las manos del Partido Revolucionario Institucional -PRI- a las de la violencia, tanto del Estado como privadas.  La clave estuvo en los dispositivos de corrosión que prepararon el terreno y en la desproporción con la que se asentaron los correctores.  Violencia existe en todas las sociedades pero su dimensión y las formas con que se introdujo fueron imponiendo nuevas lógicas sociales.  En este periodo, la sociedad mexicana tuvo que acostumbrarse a decapitaciones, mutilaciones, cuerpos calcinados, desapariciones reiteradas, fosas comunes y una ostentosa complicidad de las instancias de seguridad y justicia del Estado.
Las estimaciones rebasan ya los cien mil desaparecidos y las noticias diarias van de 20 muertos en adelante.  México se ha convertido en cementerio de pobres y migrantes a los que se extorsiona, se secuestra para trabajo esclavo, se mata con tremendo salvajismo para amedrentar y disciplinar a los otros o se mata masivamente.  La relación de estas acciones con el control de migraciones en Estados Unidos es sólo especulación, pero no hay duda de que ha dado resultado.  Lo que es evidente es el acaparamiento de tierras, de negocios, de recursos y de poder a que esto da lugar.  Cada vez hay más desplazados y más desposeídos que no se atreven siquiera a reclamar por miedo a las represalias y porque además no hay instancias de justicia que los amparen.
En menos de diez años y después de mucho dolor, la sociedad está transformada.  Corroída, con signos claros de balcanización, con crecimiento de poderes locales que establecen sus propias normas y que negocian con los poderes federales.  El miedo fue instalado mediante un salvajismo explícito y reiterado, aunque, de tanto insistir, ha terminado por empezar a generar su contrario.

Ayotzinapa es la cima de la montaña.  En Ayotzinapa se tocaron todos los límites.  Se cazó con total impunidad, con ostentación de fuerza, de complicidad total entre el Estado y el crimen organizado, a lo más sentido de la sociedad: jóvenes pobres de zonas rurales devastadas, estudiantes para ser enseñantes, hijos del pueblo con alegría de vivir, con deseos de cambiar el mundo, ése que nadie quiere aceptar.  Pero además, Ayotzinapa es la cima de una montaña de agravios, indefensión y rabia.  Es la conciencia acumulada de la ignominia y la indignidad.  Es la situación límite que regresó la energía, vitalidad, coraje y dignidad del pueblo de México a las calles.  “Nos han quitado tanto que hasta nos quitaron el miedo” era una de las primeras pancartas portadas por jóvenes de todos lados.  Julio César Mondragón, joven de recién ingreso en la Escuela Normal de Ayotzinapa, ya padre desde hace unos cuantos meses y víctima de la tortura más salvaje que hayamos presenciado, ha sido involuntariamente el detonador, a fuerza de su dolor, de la recuperación de la fuerza, la esperanza y la decisión en el pueblo de México, hoy movilizado como hacía tiempo no estaba.
 
Ayotzinapa es un emblema. Es la punta del iceberg o es un clivaje.

Ayotzinapa es el emblema de las guerras del siglo XXI y de las nuevas formas de disciplinamiento social que vienen acompañando los procesos de saqueo y desposesión en todo el planeta. En diez años México, que no pasó por la negra noche de las dictaduras en América Latina aunque sí tuvo guerra sucia y masacres, fue transformado en una tierra de dolor y fosas comunes.  El problema no es “el narco”; el problema es el capitalismo.

Ayotzinapa es un espejo con dos caras: la de la ruta del poder es evidente, visible y avasalladora; la del llamado a defender la vida es pálida y discreta, pero seguramente marcará huellas.
 
Ana Esther Ceceña es coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México. Integrante del Consejo de ALAI.
 
* Este texto es parte de la Revista América Latina en Movimiento, No.500 de diciembre de 2014, que trata sobre el tema "América Latina: Cuestiones de fondo" - http://alainet.org/publica/500.phtml

Fuente original: http://alainet.org/active/79387  Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=193060
 
 
 
La déKada se cierra haciendo evidente cuál intervención del Estado gestionó. La patentiza ante el apuro de completar la legalización del dominio imperialista sobre Argentina (ley antiterrorista, ley de presupuesto nacional, ley Monsanto, ley Chevrón, Código Civil y Comercial, ley Argentina digital,...). ¿Por qué tanto apuro si el modelo de opresión no está en discusión entre los componentes de la partidocracia? Se debe a la convicción de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales de que la democracia representativa no conservará su verticalismo monolítico ni conservará el poder mediático y manipulador del consenso.
 
El poder económico imperialista requiere de la creencia mayoritaria de estar viviendo en democracia pese al afianzamiento del Estado para la represión, el control social y la transferencia de bienes e ingresos públicos al bloque dominante. Es conciliación de las mayorías con los expoliadores, gracias al gobierno CFK,  que naturaliza el privilegio de la lógica mercantil en políticas e instituciones públicas. De modo que, a quienes vivimos tiempos neodesarrollistas, no nos debe resultar extraño:
 

El Estado fallido
16 de diciembre de 2014
 
 
Por: Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)

La denominación de “estados fallidos” que las potencias capitalistas utilizan para criminalizar a ciertos gobiernos incómodos y justificar su derrocamiento debería en realidad aplicarse en primer lugar a la idea misma de estado, al menos en su versión burguesa clásica de “estado social de derecho”, inspirado en los principios del humanismo y como instrumento equilibrador de los conflictos sociales.
La estrategia neoliberal que empezó hace unas décadas y persiste con todo vigor es la responsable de la forma tan drástica como se manifiesta la crisis actual del capitalismo. Una estrategia que intenta resucitar el liberalismo clásico, el “capitalismo puro” del laissez faire y según la cual “el estado es el problema y no la solución” lleva necesariamente al debilitamiento del estado tradicional. Qué tan lejos ha llegado esta estrategia suicida (vistos los resultados) en cada país responde naturalmente a condicionantes locales pero es fácil constatar cómo en todos los casos se perciben características comunes. El resultado es siempre la generación de “estados fallidos”, al menos desde una perspectiva burguesa democrática.
Imponer la lógica del mercado y limitar o anular los controles públicos sobre los principales mecanismos del funcionamiento de la economía explica la intensidad y los alcances que presenta la actual crisis y sobre todo la impotencia de las instancias políticas para controlarla. No podría ser de otra manera si las pretendidas fórmulas de superación de la crisis son impulsadas por los mismos que la crearon (la gran banca, sobre todo); fórmulas que en todo caso no van más allá de retoques cosméticos. En el fondo, se argumenta que más neoliberalismo es precisamente la fórmula mágica para la solución de los problemas.

En este contexto no hace falta la política, entendida en Occidente como el mecanismo que permite gestionar los conflictos sociales con la finalidad de recuperar equilibrios. Tampoco hace falta la llamada democracia representativa. Nada extraño entonces que los parlamentos se hayan reducido a instancias inanes cuya función primordial es otorgar legalidad a las decisiones que se toman en los consejos reservados de las grandes compañías y en las juntas directivas de los monopolios (sobre todo transnacionales). Como resultado, los partidos políticos del sistema (los burgueses y los asimilados) pierden importancia, dejan de ser correas de transmisión entre la opinión ciudadana y los gobernantes y aparecen de manera creciente como simples empresas electorales de clientelas cada vez más reducidas (la abstención crece de forma alarmante aún en las llamadas “democracias consolidadas” del mundo metropolitano). Los partidos no escapan a la corrupción (otro mal que se extiende como una plaga), carecen de principios (que no sean su propio beneficio), padecen un extendido descrédito y dejan campo libre tanto a nuevas fuerzas de oposición ciudadana como al resurgimiento del fascismo, el de viejo tipo pero también el nuevo que busca capitalizar el sentimiento de indignación de la ciudadanía (como antaño, sobre todo de los “sectores medios” y los bajos fondos, la delincuencia organizada).
 
La reacción popular se manifiesta de múltiples maneras y con variados alcances. El sistema es cada vez menos capaz de asimilarla y responde en consecuencia. Mientras el estado tradicional, “social y de derecho”, se va convirtiendo en un recuerdo del pasado, por el contrario y en abierto contraste crece y se fortalece el estado como ente de represión y control social. Se debilita su función social pero se fortalece en gran medida su función represora, algo que ya no sólo se registra en la periferia del sistema capitalista mundial sino también en el mundo rico, en las sociedades del bienestar y del respeto de los derechos individuales y colectivos.

Crecen sin medida los cuerpos armados del estado. En eso no existe “fallo” ni se deja nada al azar. Se limitan de manera creciente los derechos sindicales, de asociación, de protesta y en general toda forma de participación popular que suponga algún riesgo, que canalice el descontento, que pueda darle forma política a la protesta y lleve a las urnas alternativas viables. Proliferan los grupos paramilitares, crecen los partidos de la extrema derecha al calor de una cierta impunidad garantizada desde las instancias más altas del sistema. Se cambian a diario las normas legales y se adelantan nuevas disposiciones supuestamente destinadas a combatir el “terrorismo” pero que afectan a las mayorías sociales, completamente ajenas a este fenómeno (un fenómeno creado y fomentado precisamente como estrategia de las potencias occidentales en sus continuas guerras y que hoy funciona como rueda suelta, como realidad incontrolable). Se espía masivamente, se interceptan comunicaciones sin orden judicial, se inventan formas nuevas de represión y hasta la tortura se ha convertido en práctica habitual de los estados; también y de manera muy general en los llamados “estados democráticos” como acaba de poner en evidencia el informe del Senado de Estados Unidos sobre este tema.

Crecen la xenofobia y el racismo. No en todas partes la policía blanca asesina con impunidad a negros, latinos y blancos pobres como acontece en los Estados Unidos pero hace falta poco para que el fenómeno se extienda. Basta registrar la creciente represión en España contra los indocumentados, la cacería de “comandos ciudadanos” a los “espaldas mojadas” que intentan entrar a los Estados Unidos desde México, las nuevas leyes contra los inmigrantes en el Reino Unido (aplicables también a los ciudadanos comunitarios) o la propuesta de la CSU (social-cristianos de Baviera) según la cual se debe obligar a los extranjeros residentes en Alemania a hablar alemán en sus hogares. Cayó el “Muro de Berlín” pero se levantan muros por todas partes limitando en extremo el movimiento libre de las personas mientras se garantiza el movimiento de los capitales sin límites ni cortapisas.


Si todo esto se está produciendo aunque sea tan solo como una tendencia en auge, resulta entonces legítimo concluir que el “estado social y de derecho”, cima del ideario burgués humanístico está fallando o -para los más pesimistas- ha fallado ya en medida irreversible.
 
 
La transformación radical del capitalismo imperialismo es un desafío emancipatorio para la humanidad entera. De ahí la importancia de la "construcción de un movimiento mundial por la justicia climática no dependiente del programa de las cumbres mundiales". Consideremos:
"Los balances post Copenhague de las coaliciones Climate Justice Action et Climate Justice Now! ya apuntaban la necesidad de que la construcción de un movimiento mundial por la justicia climática no dependiera del programa de las cumbres mundiales: tras el éxito de la acción de desobediencia civil no violenta Reclaim Power (el 16 de diciembre de 2009 Leer), se adquirió un compromiso para descentralizar y multiplicar la organización de asambleas de los pueblos, a nivel local y regional.
Para luchar contra proyectos climaticidas y para presentar soluciones directas había que apoyarse en las formas de solidaridad translocal (solidaridad entre luchas o alternativas dentro de un territorio) que serían el vector de la construcción de un movimiento global. Este desafío, titánico, sigue presente:...".
 

Clima: ¿qué hacer rumbo a París 2015? Retos y perspectivas
18 de noviembre de 2014

Blockadia y Alternatiba, los dos pilares de la justicia climática
Para poder tener la última palabra, hagamos de París 2015 un "Seattle de las soluciones falsas" y un "Cochabamba de la transición ecológica y social"
Por Maxime Combes
(…)"Cambiar el sistema", ¡pero no con cualquiera! 
Justamente en materia de cambio climático, si no se ha hecho nada que esté a la altura de los retos actuales es porque las verdaderas soluciones para la crisis climática chocan obligatoriamente con el modelo económico dominante y la ideología que lo respalda. Limpieza y eficiencia energética, descentralización y democratización de los sistemas energéticos, soberanía alimentaria y agroecología campesina, relocalización de la producción y el consumo, igualdad de los estilos de vida en el marco de una política del buen vivir y de decrecimiento de la huella ecológica, cooperación y solidaridad económica, etc. Las soluciones a los desajustes climáticos chocan frontalmente con políticas de competitividad y con políticas de liberalización del comercio y de las inversiones que generan el aumento de la competencia entre los pueblos y los territorios. Mientras las primeras se apoyan en principios de respeto del equilibrio ecológico y la cooperación entre los pueblos para construir un futuro común, las políticas de competitividad y de liberalización exigen, en primer lugar, rentabilidad económica y financiera sobre el resto, incluidas las exigencias climáticas. 

Para "salvar el clima", no puede haber acomodamientos razonables con las modalidades de desarrollo productivista insostenibles. Es necesario atacar las causas estructurales de los desajustes climáticos. A este respecto, no puede haber una situación beneficiosa para todos con aquellos que defienden un modelo económico basado en las energías fósiles, empezando por las multinacionales petroleras. Hay que asumirlo. Y hay que detenerlas allí donde avanzan sus programas. Por ejemplo, en los Tratados de Libre Comercio y de Inversión que la UE negocia respectivamente con Canadá (CETA) y Estados Unidos (TAFTA), que pretenden extender la producción y el comercio de hidrocarburos no convencionales (arenas bituminosas, gas de esquistos y petróleo de esquistos) a ambas orillas del Atlántico. Las políticas de libre comercio y de inversión estructuran nuestras economías y sociedades de tal forma que éstas dependen en gran medida de las importaciones y exportaciones de las energías fósiles, reduciendo de este modo su capacidad para poner en marcha verdaderas políticas de transición energética. Para imponer nuestras soluciones es necesario que retroceda la agenda del business as usual.
No todo el mundo está interesado en cambiar el sistema. Nosotros no estamos interesados en que todo el mundo siga actuando. Descentrar nuestra estrategia: de la COP21 a París 2015. Una transformación tan profunda de las sociedades y de las economías no se conseguirá en un periquete. Es evidente. No lo conseguiremos ni lo podremos imponer durante una conferencia de la ONU, como la COP21 de París 2015. También es evidente. ¿Acaso es suficiente para deslegitimar el horizonte y archivar esta ambición en el cajón del realismo pragmático, que supondría una invitación a conformarnos con lo avalado por los jefes de Estado tan poco ambiciosos y exigentes? A diferencia de algunos, nosotros no lo pensamos. Más bien lo contrario.

Las ONG y los movimientos sociales y ecologistas deberían fijarse el objetivo de reubicar las negociaciones y políticas sobre el clima en una batalla generalizada que tenga por meta la profunda transformación del capitalismo neoliberal productivista y devastador que asola todo el planeta. El hecho de que no exista en las negociaciones un hecho tangible, que no se tenga mucho que ganar y que nada esté a la altura de los retos hace romper la baraja. Es más, la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil así lo demostraron en la conferencia de Varsovia de 2013 al abandonar las negociaciones. De hecho, algunas instituciones internacionales, como el Banco Mundial, decidieron no alcanzar un acuerdo internacional en el seno de la ONU para poner en marcha sus proyectos en materia climática, y nos instan de este modo a no centrarnos sólo en las conferencias de la ONU sobre los problemas climáticos. 

Si siguen en la línea actual, los gobiernos están diciendo a la opinión pública internacional que no hay mucho que ganar en la COP- 21. Así, ofrecen la oportunidad a la sociedad civil de abandonar los “texts and brackets” de las negociaciones para concentrarse en una estrategia de largo recorrido de la que París 2015 sólo sería una etapa, una caja de resonancia que intenta transformar de manera sostenible la relación de fuerzas a favor de una transición ecológica y social amplia.
En cierto modo es urgente que no nos centremos más en la Convención climática de la ONU, que no nos perdamos en el tecnicismo de sus negociaciones en virtud de la urgencia de la acción climática. De este modo podríamos ganar tiempo y energía para tomar perspectiva y considerar París 2015 como un momento clave para acumular fuerza y energía que tan necesarias nos serán en los meses venideros. Obviamente, esto no significa desinteresarse por completo de las negociaciones de la ONU. Al contrario, habría que servirse de estas citas para descentralizar la atención, para imponer nuestra agenda propia y para lidiar toda una serie de batallas clave a nuestro alcance y cuyo campo no es necesariamente la ONU. En cierto modo, desdeñar el llamamiento COP-21 en París 2015 supone no limitar la lucha contra el cambio climático a las negociaciones de la ONU y, sin embargo, acrecentar toda una serie de problemáticas y conflictos vigentes que no están sistemáticamente vinculados. 

De la justicia climática a Alternatiba y Blockadia 
Los balances post Copenhague de las coaliciones Climate Justice Action et Climate Justice Now! ya apuntaban la necesidad de que la construcción de un movimiento mundial por la justicia climática no dependiera del programa de las cumbres mundiales: tras el éxito de la acción de desobediencia civil no violenta Reclaim Power (el 16 de diciembre de 2009 Leer), se adquirió un compromiso para descentralizar y multiplicar la organización de asambleas de los pueblos, a nivel local y regional.
Para luchar contra proyectos climaticidas y para presentar soluciones directas había que apoyarse en las formas de solidaridad translocal (solidaridad entre luchas o alternativas dentro de un territorio) que serían el vector de la construcción de un movimiento global. Este desafío, titánico, sigue presente: ¿cómo volver a localizar y anclar nuestros imaginarios y movilizaciones en el seno de las experiencias y realidades concretas, incluido el día a día para reencontrarnos con nuestro poder colectivo de acción? Un poder de acción que será más fuerte y amplio si nos deshacemos de una lógica de sensibilización y movilización ciudadana basada en demasía sobre la heurística de la ciencia y del peritaje: ya no basta con saber que el cambio climático es una realidad para pasar a la acción.
Si las montañas de informes de peritaje no conducen mecánicamente a medidas y políticas a la altura de los retos, tampoco desencadenará la movilización ciudadana general. Al contrario, es obvio que este enfoque genera más estupefacción que compromiso. Parece que dos dinámicas ciudadanas han contribuido a este proceso de relocalización de la lucha y de los imaginarios, al tiempo que mantienen la perspectiva de un movimiento global por la justicia climática y que luchan contra las causas estructurales del calentamiento climático.
  • La primera se basa en los "frontline struggles", esas luchas que esperan frenar la expansión de la frontera de extracción (desde los hidrocarburos de esquisto hasta los nuevos proyectos mineros) y la construcción de nuevas infraestructuras inútiles, impuestas e inadaptadas (aeropuertos, autopistas, presas, estadios etc.). Tras las fuertes movilizaciones de América del Norte contra la construcción de nuevos pipelines que pretendían exportar petróleo de las arenas petroleras de Alberta (Canadá), podríamos llamar a esta dinámica de movilización internacional Blockadia. 
  • En la otra vertiente se encuentra la dinámica de innovación, desarrollo, refuerzo y presentación de experiencias alternativas concretas, ya sean locales o de enfoque regional y global (y que esperen transformar desde la raíz nuestros modelos de producción y de consumo, en la actualidad insostenibles). El proceso lanzado en octubre de 2013 en Bayona (País Vasco) por Bizi! retoma este término. y por decenas de organizaciones vascas (de ambos lados de la frontera), se podría por extensión denominar Alternatiba a esta dinámica ciudadana presente en los cuatro puntos cardinales bajo formas distintas. 
Ambas dinámicas encarnan con claridad el giro ecoterritorial de las luchas sociales, si retomamos el término acuñado por la socióloga argentina Maristella Svampa para caracterizar el vuelo que toman las luchas en Latinoamérica y que conjugan ecologismo y resistencia y altermundialismo en algunos territorios. En este caso, «el territorio» no es el elemento que se debe proteger de los desperfectos del productivismo, la industrialización o de la globalización neoliberal. Se trata más bien del espacio de partida a partir del cual se construyen resistencias y alternativas, es decir, a partir del cual se gesta y experimenta el rebasamiento de los modelos económicos, financieros y tecnológicos actuales, insostenibles.

No encontraremos aquí ningún egoísmo del tipo "yo no quiero este proyecto en mi casa, lo que suceda fuera no es asunto mío": el horizonte común se compone de preservación, promoción y resistencia de todos los territorios. En cierto modo, las movilizaciones contra el gas y el petróleo de esquisto comparten esa misma lógica, tanto en Francia como en muchos otros países, y claman "Ni aquí ni en ningún sitio" sobre todo al multiplicar las exigencias de transición energética radical. 

Ampliación y radicalización para imponer la transición ecológica y social 
Desde nuestra perspectiva, aunque estos dos procesos partan de distintos puntos, abren espacios que son fuente tanto de ampliación como de radicalización de las dinámicas ciudadanas por la justicia climática. Ampliación porque al apoyarse respectivamente sobre el rechazo a un proyecto devastador que afecta nuestra vida diaria y sobre el desarrollo de experiencias que la mejoran y presentan el mundo del mañana, estos dos procesos hacen posible la inclusión de grupos de población que no se implicarían en espacios de militancia al uso. No se necesita ser un experto climatólogo o científico medioambiental para implicarse en estas dinámicas. De hecho, se trata de dos procesos que autorizan la yuxtaposición de las prácticas, tácticas y estrategias, diversas y variadas: es posible comprometerse sin tener que conformarse con un modelo militante, a menudo considerado muy estrecho. Esta ampliación también es un proceso de radicalización que no presagia la "radicalidad" de los participantes: enfrentarse al poder de los promotores de proyectos climaticidas o a la dificultad a la hora de desplegar alternativas concretas a gran escala Hidrocarburos de esquistos, expansión de la frontera extractivista, grandes y pequeños proyectos inútiles, tratados de libre comercio y de inversión, dispositivos de financiarización de la naturaleza, agroindustria y OGM, energía nuclear, aumento de la desigualdad, lobbying desenfrenado de las multinacionales, bancos climaticidas: no faltan luchas locales y batallas mundiales para debilitar a todos aquellos que presentan batalla contra los desajustes climáticos.

Tampoco faltan batallas para poner en marcha experiencias alternativas concretas: soberanía alimentaria y agroecología campesina, circuitos cortos, relocalización de la economía, reparto del trabajo y de la riqueza, viviendas mejor aisladas, reconversión social y ecológica de la producción asegurando el mantenimiento de los empleos, reapropiación y promoción de los bienes comunes, reparación y reciclaje, reducción de los residuos, transporte ecológico y movilidad sostenible, ecorenovación, energías renovables, etc. Por parte de las dinámicas de Blockadia y Alternatiba, se asume sin ninguna duda que la transición ecológica y social exige profundos cambios estructurales que las élites rechazan para no transformar un sistema político y económico que asegura su domino y poder.
Para que retroceda la influencia de las multinacionales y los intereses privados en nuestras vidas, en la naturaleza y en nuestro futuro, debemos apoyarnos en estas luchas y alternativas para reforzarlas y que se conviertan en indispensables.¡Convertir París 2015 en un "Seattle de las soluciones falsas" y un "Cochabamba de nuestras soluciones"! Convertir París 2015 en un "Seattle de las soluciones falsas" implica trabajar para que París 2015 sea el momento fundacional del movimiento en favor de la justicia climática, como lo fueron Seattle y Cochabamba para el movimiento altermundialista, para poder socavar, y enterrar si podemos, todas las promesas tecnológicas, científicas y neoliberales que consisten en afirmar que las nuevas tecnologías, las inversiones de las multinacionales y los mecanismos de mercado pueden solucionar la crisis climática.
La referencia a Seattle remite a las acciones de desobediencia civil necesarias para demostrar la ilegitimidad de todas las soluciones falsas promovidas por las conferencias de la ONU sobre el cambio climático. La referencia a Cochabamba42 remite a uno de los momentos fundacionales de las luchas contra las multinacionales que pretenden apropiarse del agua que llevó a más de 180 casos de remunicipalización del agua en el mundo en quince años. Esto remite a la necesidad de convertir París 2015 en un momento, entre otros, de la construcción de un movimiento internacional en favor de la justicia climática que sea capaz de movilizarse a largo plazo y acumular fuerza, de generar pequeñas y grandes victorias al tiempo que se cuenta una historia de movilización. Menos centrados en los "texts and brackets" y más en nuestro propio programa, sobre la construcción de nuestras " acciones y alternativas". La referencia a Seattle no es nueva. Ya en Copenhague, en 2009, evocamos un "Seattle-likemoment", apoyándonos sobre una movilización ciudadana multitudinaria y dinámica, que combinaba iniciativas clásicas (manifestación, cumbre de los pueblos, etc.) y una articulación bastante conseguida entre interior y el exterior de las negociaciones.

Aun así, al programar la gran manifestación el fin de semana entre las dos semanas de negociación, y las acciones antes del fin de la cumbre, ya sea en Copenhague o en otro lugar, la sociedad civil internacional volverá a contar más o menos la misma historia, sea cual sea la consigna. "Ustedes los gobiernos deben actuar para luchar eficazmente contra los desajustes climáticos". Esto vuelve a dar las llaves a los gobiernos mientras esperamos que actúen. Dado que no actúan en absoluto, que no actúan demasiado, o que no actúan en la buena dirección, el cansancio y la decepción acabarán derrotándolos. ¡Tener la última palabra! Otra opción consistiría en construir los diferentes tiempos de movilización de forma que tengamos la última palabra en París. Si decidimos convertir París 2015 en una etapa de la movilización en favor de la justicia climática, en una caja de resonancia para que avancen nuestras luchas y para recabar fuerzas, ¿por qué no programar el culmen de las movilizaciones al final de las negociaciones? De este modo, la ira que surja por los fallos y los límites d e l a s n e g o c i a c i o n e s  p o d r í a  n u t r i r  l as manifestaciones y las acciones multitudinarias de desobediencia civil que podríamos organizar una vez finalizadas las negociaciones. Podríamos movilizar las energías durante los últimos días: "Ustedes, los gobiernos, hablan y negocian para lo peor; ustedes las multinacionales utilizan las negociaciones para mantener su influencia sobre nuestro futuro; nosotros los pueblos marchamos y actuamos para cambiar de sistema y no nos rendiremos jamás". Una propuesta de este tipo no significa abandonar la voluntad de influir sobre la ONU, los Estados y las negociaciones. Por una parte, porque es factible organizar movilizaciones descentralizadas durante todo el año 2015, incluso durante el inicio de las negociaciones. Por otra parte, porque situar las movilizaciones multitudinarias durante los últimos días nos da la oportunidad de hacer descarrilar las negociaciones se consideramos que es necesario hacerlo. 

Por contra, una propuesta de este tipo es completamente diferente a una que consistiera en manifestarnos durante las dos semanas de las negociaciones para presionar a la ONU, los Estados y las negociaciones. Si fuera suficiente con manifestarse algunos días antes de la clausura de las negociaciones para influir en su resultado, Copenhague, donde tuvo lugar la mayor manifestación jamás organizada ante los retos climáticos de la época, hubiera tenido un resultado completamente diferente. Retrasar el grueso de las movilizaciones ciudadanas al final de la COP-21 de París 2015 supondría contar con la posibilidad de dictar la última palabra y no dejar que lo hagan otros. Supondría abandonar el papel de espectador y comentarista al que nos vemos abocados en las últimas horas de las negociaciones y, por contra, utilizar la incertidumbre que las rodea para convertirnos en generadores de opinión e imponer nuestro patrón de interpretación y nuestras perspectivas en el espacio público. Se trata de evitar la decepción y no irnos con un palmo de narices al final de las negociaciones, sino aprovechar la energía y la determinación generada y comunicada por las movilizaciones ciudadanas exitosas. Se trata de construir el día de mañana tras París 2015 en nuestros países, territorios y sectores respectivos, cosa que no nos permitirá la decepción. ¡Porque "No nos rendiremos jamás"!

Maxime Combes, miembro de Attac France y de Aitec, maxime.combes@gmail.com +33 6 24 51 29 44 @MaximCombes en Twitter Agradecimientos: Este texto no habría existido sin los numerosos debates que han tenido lugar en los últimos años en el seno de Attac Francia, con múltiples organizaciones asociativas y sindicales y muchos investigadores y expertos en estas cuestiones. Debe mucho a los debates, comentarios y críticas de Nicolas Haeringer, Geneviève Azam, Christophe Aguiton, Jeanne Planche, Txetx Etcheverry y muchos otros que no puedo nombrar aquí por cuestión de espacio. Por supuesto, soy el único responsable de las proposiciones del texto. Un agradecimiento especial a Fabian Lopez y Iciar Pertusa para la traducción al castellano 

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