¿Qué Estado se consolidó durante la
democracia ?
Ha ido perfeccionándose en garantizar el
acaparamiento e impunidad de
la alianza entre los poderes locales
y los
imperialistas.
Se yergue encubriéndola.
Necesitamos destapar esa alianza en
contradicción con la democracia que, por tanto, no se efectiviza y se restringe
a legalizar-legitimar y promover la acumulación constante de riquezas y poder de
esa alianza . Pero, a la vez, impone silencio sobre que ese contubernio programó y financió el genocidio sistemático de los setenta a
fin de establecer el neoliberalismo. También, en correlación, refuerza el Estado
represor y el consenso imprescindible para la gobernabilidad del sistema.
Analicemos
porqué es prioritario contextualizar nuestro enfoque de Argentina en el
proceso de reorganización nacional que ese contubernio estableció con
terrorismo de estado. Ante todo cabe poner en cuestión el carácter de
proyecto nacional-popular de los K y suscitar la ubicación en el pasado presente de:
Señala que estos estados realizan tres servicios esenciales: 1] adoptar políticas fiscales y monetarias que garanticen la estabilidad macroeconómica, 2] proporcionar la infraestructura básica necesaria para la actividad económica global (puertos y aeropuertos, redes de comunicación, sistemas educativos, etc.), y 3] proveer el orden social, es decir, estabilidad, lo que requiere de instrumentos que mantengan el control social, aparatos coercitivos e ideológicos. (...)Sobre "América Latina y el capitalismo global: una perspectiva crítica de la globalización", de William I. RobinsonAmérica Latina y el capitalismo global
29 de octubre de 2016Por Gilberto López y Rivas (La Jornada)El libro América Latina y el capitalismo global: una perspectiva crítica de la globalización, de William I. Robinson, se inscribe en los estudios sobre la globalización, específicamente la teoría del capitalismo global, que desarrolla basada en tres elementos: producción trasnacional, clase capitalista trasnacional y Estado trasnacional, la cual aplica para explorar y revelar los cambios trascendentes que ha sufrido América Latina en las últimas décadas. Para el autor, “la globalización es la dinámica subyacente que impulsa los procesos sociales, políticos, económicos, culturales e ideológicos alrededor del mundo del siglo XXI. A medida que cada nación y región es integrada dentro de las estructuras y procesos trasnacionales emergentes, han surgido –en América Latina y otros lugares– nuevas estructuras económicas, políticas y sociales. Hay una nueva configuración del poder global que se manifiesta en cada nación y cuyos tentáculos bajan hasta el nivel de comunidad. Cada individuo, cada nación, cada región están siendo incorporados a los procesos trasnacionales que han socavado las autonomías y provincialismos anteriores. Esto hace que sea imposible abordar temas locales –si no es que incluso cualquier asunto de importancia social, política o intelectual– al margen del contexto global”. (...)Las aportaciones de Robinson para el análisis crítico de esta nueva etapa del capitalismo son tantas que me limito a exponer sólo las que me parecen cruciales para entender su perspectiva; entre éstas, enumerar los cambios fundamentales en el sistema: 1] el aumento del capital verdaderamente trasnacional y un nuevo sistema globalmente integrado de producción y finanzas, 2] la trasnacionalización de las clases y el surgimiento de una clase capitalista trasnacional como clase hegemónica en todo el mundo, 3] el surgimiento de un aparato de estado trasnacional, 4] nuevas relaciones de poder y desigualdad en la sociedad global. Temática fundamental que también aclara Robinson gira en torno a que la globalización no significa el fin del Estado-nación, sino su trasformación en estados nacionales neoliberales, que sirven a la acumulación de capital global sobre la local.
Muy importante es la aclaración de que si
bien es cierto que el poder y la autonomía del Estado-nación se han reducido en
relación con las estructuras de poder trasnacionales, esta imagen es un poco
engañosa,
ya que estas estructuras de poder trasnacionales están localizadas dentro de
cada país, constituidas por fuerzas sociales concretas que son material y
políticamente parte del bloque de poder trasnacional emergente. Asimismo,
advierte: una de las contradicciones
fundamentales del sistema capitalista global es la que se da entre la
globalización de la economía y un sistema político basado en el Estado-nación.
El aparato de ETN es incipiente e incapaz de regular el capitalismo global o de
corregir muchas de sus tendencias a la crisis.
Obra excepcional e imprescindible para conocer la realidad de Nuestra América.
Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/2016/10/28/opinion/020a2pol
Para dejar de soslayar el nexo
Capital-Estado es fundamental que nosotros, los de abajo y a la izquierda,
indaguemos sobre cómo el mismo se concreta en Nuestra América:
Expansión de las plantaciones de palma aceitera como política de Estado en Centroamérica
31 de octubre
de 2016
Red de Coordinación en Biodiversidad, http://redbiodiversidadcr.codigosur.net/
Aspectos históricos, ambientales, laborales y
económicos unen el fenómeno de expansión de los monocultivos de la palma
africana de aceite en la región centroamericana. Estrategias de producción
tercerizada, exoneración de impuestos, apoyo a los tratados de libre comercio,
concentración de subsidios estatales y estrategias de responsabilidad
empresarial son comunes en las empresas de palma. Incluso coinciden fechas de
experimentación y planes pilotos como es el caso de los años 50 y 60 en el Valle
de Agúan en Honduras y la costa del Océano Pacífico en Costa Rica.
En Centroamérica las extensiones de palma
aceitera registradas oficialmente sobrepasan las 370.000 hectáreas y esta cifra
viene en aumento debido a una agresiva expansión producto de la demanda de
aceite de palma a nivel global. El 51% del aceite vegetal consumido mundialmente
es de origen de palma. En particular las exportaciones centroamericanas tienen
como destino México, Estados Unidos y la Unión Europea (1).
El aceite de palma es quizá una de las industrias de más rápido crecimiento y al mismo tiempo integradas regionalmente como agronegocio. Pero destaca por ser quizá el cultivo menos estudiado en cuanto a sus impactos sociales y ambientales aún inconmensurables.
En Guatemala existen 130.000 hectáreas de
plantaciones de palma. En los departamentos con presencia del monocultivo se
reportan desplazamiento de comunidades y pueblos indígenas (2). Estos son los
casos del Sur de Petén, Izabal, Alta Verapaz, Quiché, Q´eqchí, Escuintla,
Suchitepéquez, Quetzaltenengo, San Marcos y Retalhuleu, la mayoría comunidades
campesinas y pescadoras. Alrededor del 4% del total de la superficie agrícola
del país está ocupada por este monocultivo.
Si hablamos del caso hondureño, el monocultivo
de palma es uno de los responsables más importantes de la deforestación y la
pérdida de territorio por parte de las comunidades garífunas y misquitas.
Honduras posee una agroindustria agresiva vinculada a poderes políticos,
militares y del narcotráfico. Se reportan oficialmente 165.000 hectáreas, pero
esta cifra está poco documentada y se encuentra actualmente en expansión gracias
a políticas e incentivos gubernamentales.
Para Honduras la concentración aparente no es
tan acentuada ya que la producción de palma no es exclusivamente una actividad
de grandes productores o transnacionales. En Honduras, 16 de los 18 mil
productores son pequeños (50 de las 165 mil hectáreas). Hay que señalar que el
número de hectáreas registradas con cultivo de palma en Honduras es el que
emiten las mismas empresas, por lo que se estima que están subcontabilizadas.
Sobre todo luego del Golpe de Estado de 2009, cuando se ha venido consolidando
de forma más agresiva la expansión palmera, la militarización y la violencia
contra campesinos. Esta situación se ha hecho particularmente evidente en el
Valle del Agúan, por la gran cantidad de asesinatos y desaparecidos dentro de
las plantaciones. En el centro de esta polémica por los crímenes está la empresa
DINANT, propiedad de la familia Facussé, el mayor productor de aceite de palma
del país (3).
Por su parte, el censo agrícola de 2014 de
Costa Rica reporta 66.419,7 hectáreas sembradas de palma aceitera distribuidas
en 2169 fincas, donde el 67% de la extensión se encuentra en tan sólo el 8,6% de
las fincas. Esta producción está vinculada con la industria alimentaria y
cosmética principalmente, aunque han habido intentos gubernamentales por
incentivar la producción de palma aceitera para la producción de biodiesel.
Según datos de la Cámara Nacional de Productores de Palma (CANAPALMA), el 50% de
la superficie sembrada de palma en Costa Rica está en posesión del 3% de los
productores.
La introducción de la palma aceitera de forma
intensiva en Costa Rica se dio en la década de 1980, aunque se reporta ya
experimentación desde los años 50. El agotamiento de los suelos y la
contaminación con metales pesados provocada por el uso excesivo de fungicidas a
base de Sulfato de Cobre empleados en las plantaciones bananeras, ocasionó que
miles de hectáreas de tierra se tornaran tóxicas para las musáceas (familia de
las bananeras) y otros cultivos intolerantes a la presencia de estos elementos
en el suelo.
Esto provocó una disminución en la producción
bananera de la zona. Por tanto, la United Fruit Company (principal transaccional
agroexportadora de la época) migró agresivamente sus plantaciones e
infraestructura relacionada con la industria bananera desde el Pacífico Sur
hasta el Caribe costarricense a la siembra de palma aceitera. Este cambio se
generó no sólo debido a que el Caribe suministraba mejores condiciones de
humedad que beneficiaban al cultivo de palma, sino además porque este cultivo
tolera altos niveles de concentraciones de metales pesados en el suelo, como el
cobre.
Para 1973, la United Fruit Company tenía
contratados alrededor de 11.000 empleados en la industria bananera en la Zona
Sur. Luego de la migración a palma aceitera, esta misma compañía empleaba 4.000
peones agrícolas a finales de los años ochenta. Mientras las plantaciones de
banano en promedio empleaban a un trabajador por hectárea, ahora ese mismo peón
asiste 10 hectáreas de palma. Esta razón puede llegar a explicar el desempleo
generado desde la década del 80 en gran parte del Pacifico Sur costarricense
producto de este cambio productivo.
Para algunos autores, la transaccional United
Fruit Company/United Brands suministró a los pequeños productores locales de una
alternativa productiva, crédito y tecnología de punta. Sin embargo, también
controló la entrada a los segmentos más rentables de la cadena de producción de
aceite por medio del material genético, la industrialización, el transporte y la
comercialización. El Estado jugó un papel central en la configuración de las
relaciones de poder por medio de su participación en la construcción de
infraestructura procesadora e industrializadora de aceite. Dejando en poder de
la transnacional la parte más rentable de este negocio (la comercialización) que
luego tomaría el nombre de Chiquita Brands.
El fomento al sector cooperativo es donde el
papel de las instituciones estatales posee mayor injerencia cuando se habla de
palma en Costa Rica. Mediante un primer préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) de US$31 millones, otro de la institución financiera para el
desarrollo del gobierno del Reino Unido (CDC, por su sigla en inglés) de US$ 13
millones y un aporte estatal de US$ 4 millones, se da inicio a la operación de
una Unidad Ejecutora del Proyecto de Desarrollo Agroindustrial de Coto Sur. Esta
Unidad no solo fomentaría la siembra de palma por parte de pequeños y medianos
productores, sino también la construcción de una planta procesadora para extraer
aceite.
En la actualidad, la Cooperativa de Pequeños
Productores de Palma (COOPEAGROPAL), adeuda más de 1,500 millones de colones
(aproximadamente US$ 2,72 millones) al Estado costarricense en un fideicomiso en
el Banco Nacional, adquirido para el establecimiento de una planta extractora de
aceite. Esto es excepcional debido a que Costa Rica ha optado por la
desfinanciación de la agricultura campesina, para apostarle a la inversión
agroindustrial publico-privada. Así, se da inicio a una industrial marcada por
desigualdades e intereses económicos muy fuertes.
Palma Tica S.A. tiene en su control el
procesamiento y la comercialización del 80% del aceite crudo y se estima que del
total de hectáreas sembradas de palma aceitera en el país esta misma empresa
posee el 40% de la superficie sembrada, es decir 24.800 hectáreas
aproximadamente. A esto se le debe sumar alrededor de 19.200 hectáreas que
pertenecen a productores independientes financiados mediante crédito hipotecario
por parte de Palma Tica, la cual reclama la totalidad de la producción durante
14 años, como parte del pago. Por otro lado, COOPEAGROPAL maneja el restante 31%
de la superficie sembrada y comercializa al rededor de un 20% de la producción.
Palma Tica S.A es una de las cuatro grandes
empresas del Grupo Numar, transnacional que opera a nivel centroamericano y en
Panamá especializada en producción, distribución y comercialización de alimentos
procesados. La transnacional Chiquita Brands vendió el Grupo Numar en 1995 por
US$100 millones a ocho firmas costarricenses, una panameña y otra de Belice.
Posteriormente, en 2013, Chiquita Brands vuelve a comprar esta compañía.
El Grupo Numar, a través de su subsidiaria
Agricultural Services and Development (ASD), tienen en su control la totalidad
del suministro de germoplasma tanto para los productores independientes, como
para Palma Tica S.A y COOPEAGROPAL. Según la misma empresa, ASD ha exportado más
de 300 millones de semillas a prácticamente todos los países productores de
palma aceitera en el mundo. En América Latina alrededor de 65% del área plantada
del monocultivo de palma fue desarrollada con variedades de ASD. En el mundo,
las plantaciones comerciales que han usado variedades de ASD representan más del
11% del área total plantada, lo que demuestra la influencia regional y global de
la transaccional en la expansión de este monocultivo.
Actualmente, tanto Costa Rica, Guatemala como
Honduras cuentan con políticas de “biocombustibles” o mejor dicho agroenergía,
las cuales han intensificado y estimulado la expansión de la palma. Un ejemplo
de esto son las declaraciones de la Federación Nacional de Palmeros de Honduras
(Fenapalmah) quienes afirmaron que para setiembre de 2015, 7 de cada 10 plantas
de extracción de aceite estaban produciendo energía de biomasa.
La región centroamericana en su conjunto sufre una serie de procesos de supuesta integración económica y financiera: sistemas de interconexión eléctrica, tratados de libre comercio regionales, políticas aduaneras conjuntas y proyectos de infraestructura son ahora algunos de sus ejes. En este sentido, la producción de aceite de palma no sólo puede ser visto como un proyecto regional sino que es una carrera de “integración económica” anclada a la producción de mercancías para la exportación. Los pueblos y comunidades expulsados de los territorios ocupados por esta expansión son los más afectados.Los procesos de expansión del monocultivo a nivel regional se encuentra orquestado sin importar fronteras ni gobiernos. Para comprender este fenómeno a nivel regional es preciso verlo en su conjunto y tratarlo como un proyecto empresarial de gran magnitud fuera de las proporciones nacionales de cada uno de los países centroamericanos.
Notas
(1) Mapa
“Monocultivo de Palma Aceitera en América Latina”, Otros Mundos AC, GeoComunes – ver
aquí.
(2) Guatemala: la palma africana promueve un nuevo desplazamiento de comunidades rurales – ver aquí.
Guatemala: Isla Chicales – tierras estatales deben ser manejadas por las comunidades – ver aquí.
(3) Bajo Aguán: Grito por la Tierra – ver aquí.
Honduras: mujeres en lucha por la tierra en un marco de violencia y asesinatos – ver aquí.
(2) Guatemala: la palma africana promueve un nuevo desplazamiento de comunidades rurales – ver aquí.
Guatemala: Isla Chicales – tierras estatales deben ser manejadas por las comunidades – ver aquí.
(3) Bajo Aguán: Grito por la Tierra – ver aquí.
Honduras: mujeres en lucha por la tierra en un marco de violencia y asesinatos – ver aquí.
Prosigamos preguntándonos sobre cómo es la historia de
reorganización de nuestro país-continente en función del lucro gran
capitalista e imperialista sin importar los pueblos y las personas,
familias.
Las plantaciones de árboles a gran escala se están extendiendo en prácticamente todos los países de la región. Estas plantaciones, ya sean para celulosa, madera, aceite, combustible u otros objetivos están implicando una serie de graves impactos sociales y ambientales que afectan a las comunidades locales. El tipo de plantación que es un creciente problema está caracterizado por ser un monocultivo, por su gran escala y su uniformidad: decenas o centenares de miles de hectáreas de una sola especie plantadas en bloques homogéneos de la misma edad. En nuestra región se dan fundamentalmente tres tipos de tales monocultivos: de pinos, de eucaliptos y de palma aceitera, que por sus características se pueden agrupar en dos: plantaciones madereras y aceiteras.
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)
Plantaciones madereras
Están basadas en una sola especie (usualmente eucalipto o pino),
seleccionadas por su rápido crecimiento, uniformidad y alto rendimiento de
madera. Consistentes en bloques de la misma edad, requieren una preparación
intensiva del suelo, fertilización, espaciamiento regular, selección genética,
clonación, eliminación de plantas competidoras mediante métodos mecánicos o
químicos, uso de agrotóxicos y cosecha mecanizada en rotaciones cortas.
Estos monocultivos a gran escala se están promoviendo en toda
América Latina, donde el rápido crecimiento de los árboles, el bajo precio de la
tierra y de la mano de obra se combinan para que la madera resulte especialmente
barata.
A medida que los bosques, praderas y suelos agrícolas son invadidos por estas
extensas plantaciones, los resultados se traducen, país tras país, en
empobrecimiento, expulsión rural, degradación ambiental (suelo, agua, flora,
fauna, paisaje) y creciente oposición a nivel local. Como hecho agravante
adicional, se ha constatado que las plantaciones impactan desproporcionadamente
la vida de las mujeres (ver más información sobre impactos en el cuadernillo
adjunto).
Políticas y actores que promueven los monocultivos de árboles. La actual expansión de los monocultivos
de árboles no es algo que haya ocurrido casualmente porque se le ocurrió a
algunos gobiernos. Por el contrario, es el resultado del accionar de un conjunto
de actores que se plantearon promover tales plantaciones.
Su origen se remonta a la década de 1950,
cuando la FAO se constituye en el organismo ideólogo del modelo de monocultivos
de eucaliptos y pinos en gran escala (como parte de la llamada Revolución Verde
promovida por ese organismo). La FAO define las plantaciones como “bosques” y desde entonces
dicha definición ha servido a la industria plantadora para disfrazar a sus
destructivos monocultivos bajo el ropaje verde de la “plantación de bosques”.
En las décadas siguientes entran a tallar otros actores —el Banco Mundial, fmi, bid, procesos de Naciones Unidas relacionados con los bosques como el panel intergubernamental sobre bosques, con su foro sobre bosques (conocidos por sus siglas en inglés, IPF, IFF, UNFF), agencias bilaterales como GTZ y JICA, empresas consultoras como la finlandesa Jaakko Poyry— que aportan argumentos, conocimientos técnicos, investigaciones y financiamiento para convencer a los gobiernos de las bondades del modelo.
En las décadas siguientes entran a tallar otros actores —el Banco Mundial, fmi, bid, procesos de Naciones Unidas relacionados con los bosques como el panel intergubernamental sobre bosques, con su foro sobre bosques (conocidos por sus siglas en inglés, IPF, IFF, UNFF), agencias bilaterales como GTZ y JICA, empresas consultoras como la finlandesa Jaakko Poyry— que aportan argumentos, conocimientos técnicos, investigaciones y financiamiento para convencer a los gobiernos de las bondades del modelo.
Como resultado de esas influencias externas, los gobiernos del Sur terminaron
conformando políticas de Estado de promoción de las plantaciones forestales, ya
definidas y en gran medida calcadas en la mayoría de los países —con leves
variantes—, teniendo como destino los mercados de exportación.
Según las condiciones de cada país, las
políticas de Estado adoptaron diversas formas de promoción, desde subsidios
directos (tales como exenciones de impuestos, reintegro parcial del costo de
plantación) e indirectos (créditos blandos a largo plazo, construcción de
infraestructura, investigación). Al mismo tiempo, los Estados se hicieron
responsables de asegurar —sin costo para las empresas— el control social y,
siempre que fuera necesaria, la represión de la oposición local. No es casual
que el gran impulso a la “forestación” tuviera lugar en Chile durante la
dictadura de Pinochet en los años setenta y en Brasil bajo la dictadura militar
de los sesenta.
Nuevos mecanismos de promoción.
Como si los estímulos existentes a la promoción de plantaciones no fueran
suficientes,
la Convención
sobre Cambio Climático de Naciones Unidas se ha convertido en otro actor
importante en la promoción de la “forestación” a gran escala,
en la medida que habilita a los países industrializados a “compensar” sus
emisiones de dióxido de carbono mediante el establecimiento de plantaciones
forestales en países no industrializados. El mecanismo de mercado de los “bonos
de carbono” se constituye así en un nuevo subsidio para las plantaciones de
árboles.
A su vez, el nuevo negocio de los agro-combustibles constituye otro aliciente para la promoción de la “forestación” a gran escala, creando una nueva boca de mercado para cultivos de árboles, como el eucalipto, para la producción de etanol celulósico. Vinculado en particular a esto último, en una veintena de países se está trabajando en la manipulación genética de árboles y microorganismos para hacer económicamente rentable la producción de etanol celulósico a partir de la manipulación genética, a pesar de los graves peligros de estas tecnologías para los ecosistemas nativos. En nuestra región, tales ensayos están siendo llevados a cabo —con apoyo gubernamental— por grandes empresas nacionales y extranjeras en Brasil y Chile.
La certificación como mecanismo de engaño. A raíz de las numerosas denuncias acerca de los impactos de las
plantaciones forestales, algunos mercados del Norte comenzaron a exigir
garantías de que los productos importados hubiesen sido producidos de manera
social y ambientalmente sustentable. La respuesta de las empresas forestales fue
apelar a la certificación voluntaria de sus plantaciones en base a dos esquemas:
el FSC (Forest Stewardship Council) y el PEFC (Programme for the Endorsement of
Forest Certification). Bajo este último esquema se desarrolló un sello en Brasil
(Cerflor) y otro en Chile (Certfor). En ambos casos se nota la falla original en
el uso de las palabra “floresta” o “forest” (bosque) en los propios nombres de
los esquemas, incluido el término “forestación”. Es decir, que para estos
esquemas de certificación las plantaciones son “bosques”. A partir de esa y
otras muchas fallas, en estos momentos existen amplias áreas de plantaciones
certificadas en nuestra región —todas ellas han sigo duramente cuestionadas y
catalogadas como un mecanismo para engañar a los consumidores escondiendo el
carácter destructivo de las mismas.
Plantaciones de palma aceitera
Durante las últimas décadas, el cultivo de la palma aceitera
—también llamada palma africana— se ha venido expandiendo en forma acelerada en
un número creciente de países del Sur, entre los que se cuentan muchos de
nuestra región. Estas plantaciones están causando graves problemas para las
poblaciones y el medio ambiente locales, llegando en muchos casos a desembocar
en conflictos sociales y violaciones de los derechos humanos.
Si bien los dos principales productores mundiales se encuentran en
Asia (Malasia e Indonesia), el cultivo de palma está creciendo aceleradamente en
América Latina, con plantaciones en México y Centroamérica (Costa Rica,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá), o en Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana,
Surinam y Venezuela. La única razón por la que no se ha extendido hasta el Cono
Sur ha sido la limitante climática, que no hace posible su cultivo en esa zona.
Un monocultivo que impacta a la gente y el ambiente. A medida que el área plantada aumenta, se incrementan en
igual medida los impactos ambientales y sociales que el cultivo provoca.
Uno de los principales impactos es la apropiación de amplias áreas
de tierras hasta entonces en posesión de poblaciones indígenas,
afrodescendientes o campesinas, que de ellas obtenían sus medios de vida.
Es
común que esto genere procesos de resistencia ante ese despojo, normalmente
enfrentados con el aparato represivo del Estado y de las propias empresas
palmicultoras. A la violación del derecho a la tierra se suma entonces la
violación de una larga cadena de derechos humanos, incluido el derecho a la
vida, como se constatado en particular en Colombia.
En casi
todos los casos los monocultivos industriales de palma aceitera se instalan en
áreas boscosas. Se puede generalizar que tras toda plantación industrial de
palma aceitera hay un proceso de deforestación más o menos importante.
Las obras de drenaje del terreno tienen impactos sobre el agua, problema que se magnifica con el vertido de agrotóxicos y los procesos erosivos resultantes del desbroce del terreno. Todo ello resulta en procesos de contaminación y sedimentación, que tiene consecuencias sobre las especies acuáticas que allí habitan y por ende sobre las poblaciones locales que se abastecen de agua y alimentos de la misma.
Explotación y contaminación industrial.
A la pérdida de las fuentes tradicionales de trabajo se suman las
malas condiciones de trabajo en las plantaciones, donde a la peligrosidad se
suma el uso generalizado de agrotóxicos, que impacta en primer lugar sobre los
trabajadores (muchas veces mujeres).
Además, las industrias procesadoras impactan la calidad de las
aguas por la liberación de grandes cantidades de efluentes —por cada tonelada de
aceite se generan 2.5 toneladas de efluentes— que en muchos casos contaminan los
cursos de agua por no cumplir con los requisitos legales en cuanto a su
tratamiento.
Los motores del avance de la palma.
Pese
a todos los impactos constatados, el cultivo de palma aceitera continúa
expandiéndose en más y más países. La razón es que constituye una inversión muy
rentable para el sector empresarial —nacional o
extranjero— que invierte en esa actividad.
La rentabilidad surge de la combinación de mano de obra barata,
tierra a bajo precio, inexistencia de controles laborales y ambientales
efectivos, disponibilidad de financiamiento y apoyos, el corto periodo que media
entre la plantación y el inicio de la cosecha y un mercado en expansión, en
particular en los países del Norte.
Se trata de un cultivo orientado a la exportación, lo que explica el apoyo de los gobiernos y de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, de bancos privados que se benefician económicamente invirtiendo en el sector.
Se trata de un cultivo orientado a la exportación, lo que explica el apoyo de los gobiernos y de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, de bancos privados que se benefician económicamente invirtiendo en el sector.
A los destinos tradicionales de la palma aceitera (cosméticos,
jabones, alimentos), se ha sumado recientemente el del uso de su aceite para
producir biodiesel, lo que significa un nuevo aliciente a la expansión de
plantaciones.
El necesario maquillaje verde.
Las reiteradas denuncias de los graves impactos sociales y ambientales de este
cultivo —y el resultante cuestionamiento de los consumidores— forzaron a la
industria a iniciar un proceso denominado Mesa Redonda sobre Aceite de Palma
Sustentable (Roundtable on Sustainable Palm Oil-RSPO).
La RSPO cuenta entre sus miembros a empresas muy conocidas,
normalmente asociadas a impactos sociales y ambientales negativos, como Cargill,
Unilever, Cognis, Corporación Financiera Internacional, British Petroleum,
Syngenta, Bayer.
El proceso de la RSPO ha sido duramente rechazado por
organizaciones de todo el mundo como “otro intento más de ‘lavado verde’ de la
agroindustria”, ya que no es posible que un modelo de monocultivos a gran
escala, que destruye los medios de vida de las poblaciones locales —llegando
incluso a su expulsión y represión— y que tiene graves impactos en aguas,
suelos, flora y fauna pueda recibir un sello que certifique su “sustentabilidad”.
El crecimiento de la resistencia
El destructivo avance de los monocultivos de árboles ha hecho
inevitable el surgimiento de procesos de resistencia. Es así que en Brasil, país
que cuenta con al menos 6 millones de hectáreas plantadas (principalmente con
eucaliptos) ha surgido una red llamada Alerta Contra el Desierto Verde, que
agrupa a una amplia gama de organizaciones indígenas, de afrodescendientes,
campesinas, de agricultores sin tierra, sindicatos, académicos, ambientalistas,
etcétera. Más recientemente, en el sur de Brasil (Río Grande do Sul en
particular) ha surgido un fuerte movimiento (MoGDeMA) contra el avance de los
monocultivos.
En el caso de Chile (con más de dos millones de hectáreas
plantadas con pinos y eucaliptos), el movimiento opositor ha tenido como
principal protagonista al pueblo mapuche, gran parte de cuyo territorio fue
violentamente usurpado por las empresas plantadoras. En Uruguay (con 1 millón de
hectáreas plantadas) se creó una Iniciativa Nacional por la Suspensión de la
Forestación. En Ecuador existe un fuerte movimiento campesino, indígena y de
afrodescendientes, aliado a organizaciones ambientalistas, que se opone al
avance plantador, tanto de pinos y eucaliptos como de palma africana. En
Colombia y Venezuela hay una larga historia de luchas, en particular contra las
plantaciones madereras de la empresa Smurfit Kappa Cartón, de capitales
irlandeses y holandeses.
A su vez, Colombia ha sido el escenario de atroces matanzas y
migraciones forzadas vinculadas a la palma aceitera y de la heroica lucha actual
de comunidades locales para recuperar sus territorios. Costa Rica también cuenta
con una larga tradición en materia de luchas contra los monocultivos de árboles.
En otros países la oposición organizada es aún incipiente, tal como en los casos
de Argentina, Bolivia, Paraguay y la mayor parte de los países de Mesoamérica,
pero en todos los casos ya existen organizaciones trabajando para evitar la
instalación o expansión de plantaciones y coordinando actividades con los demás
países de la región. Uno de los mecanismos para dicha coordinación es la Red
Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA), que incluye a
organizaciones de todos los países de la región.
Constatemos cómo gobiernos aparentemente antagónicos
coinciden en promover la ocupación territorial que reestructura sus
respectivos países para la acumulación de
riquezas por la alianza de los capitales y Estados.
“Arauco es
hija de la dictadura de Pinochet”
Radio Mundo Real | 14 de octubre de 2011
El modelo forestal chileno se basa en la
“invasión territorial”, especialmente en el sur y centro sur del país, “y sobre
todo en la invasión del territorio (indígena) mapuche”, advierte la
investigadora Camila Montecinos, de la organización internacional GRAIN.
“Solamente Arauco (empresa forestal y
celulósica chilena) tiene más tierra que todo el pueblo mapuche junto. El nivel
de concentración de la tierra ha sido brutal en Chile, al igual que el desempleo
en el campo”, agrega Montecinos en entrevista con Radio Mundo Real. Hay un grave
conflicto territorial en Chile que enfrenta a las empresas forestales con el
pueblo mapuche originario de las zonas en disputa, que muchas veces se ve
obligado a desplazarse.
GRAIN es una
pequeña organización internacional que trabaja apoyando a campesinos y a
movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en
la biodiversidad y el control comunitario. El 29 de septiembre GRAIN recibió el
premio conocido como “Nobel Alternativo” de parte de la fundación Right
Livelihood Award, por su defensa de las comunidades agrícolas y la denuncia de
compras masivas de tierras en países en desarrollo por parte de intereses
financieros extranjeros.
Montecinos fue
entrevistada por Radio Mundo Real durante una gira realizada el 19 de septiembre
por varias zonas de Uruguay afectadas por los monocultivos de eucaliptos y pinos
y la industria celulósica. La actividad fue organizada por el Movimiento Mundial
por los Bosques Tropicales (WRM, por su sigla en inglés) en el marco de las
celebraciones del Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles (21 de
septiembre).
La “invasión territorial” es el principal punto en común que
Montecinos encontró entre los modelos forestales de Uruguay y Chile, que en
líneas generales son muy parecidos. No obstante, el modelo chileno nace dos
décadas antes que el de Uruguay, en los años 70, también a base de eucaliptos y
pinos, y ya ahora con varias plantas de celulosa funcionando. Según cuenta la
activista chilena, la forestación en su país se desarrolló con decretos y
condiciones favorables de la Dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La
Dictadura “le pagó a las empresas todo el proceso de plantaciones”, señala
Montecinos.
La investigadora
habla también del fuerte lobby de
las empresas forestales y celulósicas sobre todo el sector político de su país y
del hostigamiento que sufren las comunidades mapuches afectadas por las
plantaciones, rodeadas por una Policía “semi militarizada”.
Arauco es una de
las empresas de mayor renombre internacional en el sector forestal y celulósico,
con emprendimientos y planes en varios países. En Uruguay, por ejemplo, la
compañía conformó junto a la firma sueco finlandesa Stora Enso el consorcio
Montes del Plata, el mayor propietario de tierras en ese país (más de 250 000
hectáreas), que además está construyendo una planta de celulosa en la localidad
de Conchillas, departamento de Colonia.
“Arauco ha sido
famosa en Chile por los procesos de contaminación”, señala Montecinos, que
cuenta de los casos más emblemáticos de polución de la empresa. “Ahora quiere
instalar todos los ductos de efluentes en una zona de pesca artesanal sumamente
rica”, relata.
Para la
activista,
“Arauco es una transnacional, si es chilena o no a estas alturas da
lo mismo, es una transnacional y hay que mirarla como tal”. Agrega que “una cosa
que a veces hace a Arauco más brutal que otras empresas es que cree que, por
ejemplo en Chile, no hay suficiente rechazo público, social, para que tenga que
preocuparse. (...) Siente que tiene tal poder que nadie se puede oponer”. Sin
embargo, “creo que eso está cambiando y se van a encontrar con la sorpresa de
que sí hay una oposición social fuerte”, consideró Montecinos teniendo en cuenta
también la resistencia a la industria celulósica en Uruguay.
La investigadora
enfatiza que “Arauco es hija de la Dictadura de Pinochet”.
“Surgió con los
subsidios entregados por esa Dictadura, se mantuvo porque pudo explotar una mano
de obra en forma extrema, con bajos sueldos, falta de condiciones laborales,
actividades anti-sindicales”, agrega. Montecinos explica que ese apoyo
dictatorial a Arauco tuvo “muertes de por medio” y que luego de 1990 las
políticas neoliberales la siguieron favoreciendo. “Para que Arauco pudiera
crecer miles de familias en Chile tuvieron que perder su tierra y salir del
campo”,
sentencia.
Radio Mundo
Real
http://www.radiomundoreal.fm/Hija-de-la-Dictadura?lang=es
Fuente:
https://www.grain.org/bulletin_board/entries/4384-arauco-es-hija-de-la-dictadura-de-pinochet
Esforcémonos en aproximarnos al enfrentamiento del
gobierno-estado de Chile con el pueblo Mapuche para anticipar hacia dónde
rumbea el capitalismo e imperialismo en su imposición del extractivismo a
los pueblos de Nuestra América. También nos permitirá visibilizar qué sucede
en Argentina y cómo la causa Mapuche es la nuestra.
Territorialidad,
Biopolítica y Estado de excepción:
una aproximación al
conflicto del Walmapu como guerra gestional de baja intensidad.
Por Víctor Rodrigo Alarcón Muñoz
Resumen
Este
trabajo tiene por objetivo explorar la relación entre política y vida que se
pone en obra, en medio de la relación histórica que construye el Estado y el
régimen gubernamental que se despliega en Chile con el pueblo Mapuche y su
territorialidad, interrogando las formas y las técnicas disciplinarias de los
dispositivos de gobierno biopolitico y de la lógica centrípeta de la seguridad
inmunitaria que hoy despliegan la positividad flexible de un programa gestional
empresarial que “captura” el Walmapu (territorio Mapuche) bajo la acción de una
guerra de baja intensidad de nuevo orden, la guerra gestional. En esta
perspectiva, se observa el conflicto político actual del Walmapu, como una
ofensiva para alcanzar la normalización de la población Mapuche ahí afincada y
de todo su territorio, a través de lo que aquí denominamos como una guerra
gestional. En esta estrategia, la soberanía es ejercida con el objetivo de
imponer y restituir el “orden” del capitalismo financiero, lo cual define el
ejercicio soberano que se despliega como un ejercicio propiamente económico-gestional
y ya no simplemente estatal, toda vez que bajo el neoliberalismo sus
dispositivos de seguridad y de circulación financiera que operan sobre los
territorios, están crecientemente por sobre el Estado, al desplegar un
agenciamiento policial financiero y privado no anclado en una lógica pública.
La ideología espacio-corporal biopolítica que da forma a estos dispositivos, está signada por lo que Giorgio Agamben define bajo la categoría de Estado de excepción y como resultado arroja la creciente coincidencia del espacio propio del Pueblo Mapuche con un espacio de excepción, transformando el territorio y los cuerpos que le dan forma, en la topología del fracaso de la democracia chilena.
Contexto: Walmapu, Estado chileno e historia del capital.
En una
reciente entrevista el premio nacional chileno de historia del año 2012, Jorge
Pinto, señaló que el actual conflicto que se sucede en el Walmapu, se origina a
partir de la irrupción del Estado en el territorio Mapuche hacia la segunda
mitad del siglo XIX. Sin pretender desplegar una visión historiográfica, para
comprender a cabalidad la naturaleza económico-gestional del conflicto, es
necesario apuntar que si bien el pueblo Mapuche sostuvo una más que centenaria
guerra contra la corona española, hacia fines del período colonial llegó a un
cierto acuerdo en la relaciones con ésta, el que fue sostenido y gestionado,
aunque sin ausencia de conflicto, a través del sistema diplomático de los
parlamentos, cuyo resultado produjo el reconocimiento efectivo de su autonomía
política y territorial como pueblo nación y que, en el contexto del asentamiento
de la república chilena -aunque con una signatura asimilatoria-, se refrendó con
el parlamento de tapihue de 1825 (Telléz, 2011)2 . Sin embargo,
el proceso
constitutivo del Estado chileno, que desde mitad del s. XIX comienza la
prospección del territorio Mapuche, en función de sus potencialidades
económicas, devino hacia finales de los 60', en un violento proceso de ocupación
y despojo que disolvió los rudimentarios mecanismos de protección logrados con
la "diplomacia colonial" y abrió lo que podemos denominar como una guerra
genocida, especialmente por sus consecuencias biopolíticas, entendiendo en este
sentido no sólo el asesinato racial de decenas de miles de Mapuches, sino la
captura de una "población" y de su territorio en relación a la importancia que
juegan estos como "recursos" en los ámbitos de la economía y la política
(Villalobos-Ruminot, 2006). En su emblemático texto Indios, ejército y frontera
(1983) David Viñas, en medio del extenso abordaje que realiza sobre la forzosa
asimilación estatal de los pueblos amerindios, cita un pasaje del texto de Stanley J y Barbara H, "La herencia colonial de América latina", con el objetivo
de dar cuenta de la naturaleza capitalista del proceso general de
"pacificación", en tanto detrás de la táctica liberal criolla, cifrada bajo la
promesa de "igualdad de ciudadanía", estaba la continuación de la violencia
militar por medio del aparato jurídico, con el fin de consumar la captura
económica del territorio Mapuche y sus "poblaciones": "Los indígenas podrían
ahora dividir sus tierras comunalmente poseídas y disponer de ellas a voluntad;
no tendrían impuestos o cortes especiales; en teoría participarían como
ciudadanos de plenos derechos y responsabilidades políticas. Ya no habría
indígenas y no indígenas, únicamente ricos y pobres" (1983).
Para el mapuche su vida y su territorio implica una
copertenencia entre tierra y comunidad, una articulación profunda entre tiempo,
espacio, cosmovisión, técnicas y costumbres. Todo el mundo Mapuche
indisolublemente está ligado al territorio, el fundamento que sostiene su
cultura, formando un "entramado cósmico" entre hombre y tierra que signa la
propia semántica de su nombre, en tanto "gente u hombres de la tierra". En esta
perspectiva, en función de romper esta concepción de propiedad que articula el
fondo cosmovisional Mapuche y que, al igual que otros pueblos, es de naturaleza
comunitaria, la nueva legalidad de los Estados independientes implementa, a
través de sus dispositivos jurídicos, la puesta en circulación
económico-financiera del territorio del Walmapu, proyecto que revela -desde sus
inicios- su naturaleza biopolítica, en el efecto que genera la imposición de una
nueva y desigual relación con la tierra, en tanto y en cuanto los Mapuches, a
partir del despojo de sus derechos ancestrales por medio de las nuevas
constituciones, son compelidos al mercado y a "optar", fruto de un patrón de
acumulación brutalmente desigual, por abandonar sus comunidades y por
incorporarse al sistema como trabajadores asalariados, convirtiéndose así en un
nuevo contingente-cuerpo poblacional económicamente funcional al modelo
capitalista (1983).
La
historia no sólo de la nación chilena, sino de todo el continente Americano,
incluso en sus momentos de mayor auge socializante y republicano, se presenta
como un dramático desarrollo de acumulación capitalista, cuyo despliegue se
sucede en una serie de etapas que pasan primero por el formato imperial, luego
por el diseño Estado nacional y, en una tercera fase, por la actualización
ejecutada por los flexibles protocolos de la institucionalidad neoliberal, cuya
gestión del territorio y las poblaciones ha intensificado la original voluntad
de exclusión, sometimiento y eliminación de los habitantes indígenas en el
territorio definido en principio como "soberano", pero que hoy es significado
estrictamente a partir de su condición productiva (Villabos-Ruminot, 2006).
A partir de lo anterior, la actualidad del conflicto
Mapuche no se puede comprender si no es dentro de esta larga y soterrada saga
biopolítica de segregación, negación, explotación y exterminio de su condición
multiétnica (2006).
El
carácter de excepcionalidad que ha reiterado históricamente el discurso oficial
chileno, que sistemáticamente reivindica una ficticia homogneidad racial y
política dentro de su territorio, no es otra cosa que la estrategia discursiva
construida por el proyecto nacional. Para el mapuche su vida y su territorio
implica una copertenencia entre tierra y comunidad, una articulación profunda
entre tiempo, espacio, cosmovisión, técnicas y costumbres. Todo el mundo Mapuche
indisolublemente está ligado al territorio, el fundamento que sostiene su
cultura, formando un "entramado cósmico" entre hombre y tierra que signa la
propia semántica de su nombre, en tanto "gente u hombres de la tierra".
En esta
perspectiva, en función de romper esta concepción de propiedad que articula el
fondo cosmovisional Mapuche y que, al igual que otros pueblos, es de naturaleza
comunitaria, la nueva legalidad de los Estados independientes implementa, a
través de sus dispositivos jurídicos, la puesta en circulación
económico-financiera del territorio del Walmapu, proyecto que revela -desde sus
inicios- su naturaleza biopolítica, en el efecto que genera la imposición de una
nueva y desigual relación con la tierra, en tanto y en cuanto los Mapuches, a
partir del despojo de sus derechos ancestrales por medio de las nuevas
constituciones, son compelidos al mercado y a "optar", fruto de un patrón de
acumulación brutalmente desigual, por abandonar sus comunidades y por
incorporarse al sistema como trabajadores asalariados, convirtiéndose así en un
nuevo contingente-cuerpo poblacional económicamente funcional al modelo
capitalista (1983).
En otras
palabras, lo que aquí modestamente se pretende articular, es un material
reflexivo que esté al servicio de la economía política de la violencia, que el
Estado chileno y la gubernamentalidad donde se entrama y opera la totalizante
relación política-vida en el Walmapu.(…)
Walmapu,
territorialidad y Estado de excepción. La actual ofensiva estatal sobre el territorio Mapuche no
se produce a través del "tradicional" modelo jurídico soberano, que persigue la
restitución o consolidación del orden exclusivamente estatal, sino que es
emprendida precipitando la gestión del primero hacia la restitución de un orden
jurídico de corte económico-gestional (Karmy, 2013). En este sentido, es que la
relación que el Estado proyecta hacia el Walmapu cobra forma "policíaca", en
tanto el régimen de policía viene a ser el dispositivo económico moderno
fundamental en el ejercicio de gestión de poblaciones. En este sentido, no es
que lo que Michel Foucault define como poder soberano, en términos amplios,
aquella facultad de disponer de la vida de los individuos, aquel poder que posee
el derecho de vida y de muerte de los sujetos, haya sido radicalmente
desplazado, sino que a pesar de su desintensificación y apertura a un proceso de
cambios hacia el final de la época clásica, no deja de ejercerse hasta el
presente (2012). En un clásico pasaje de la Voluntad de Saber indica: «Y quizá
haya que referir esa forma jurídica a un tipo histórico de sociedad en donde el
poder se ejercía esencialmente como instancia de deducción, mecanismo de
sustracción, derecho de apropiarse de una parte de las riquezas, extorsión de
productos, de bienes, de servicios, de trabajo y de sangre, impuesto a los
súbditos. El poder era ante todo derecho de captación: de las cosas, del tiempo,
los cuerpos y finalmente la vida; culminaba con el privilegio de apoderarse de
ésta para suprimirla.» (Foucault, 2007).
Bajo este prisma, podemos observar, siguiendo la deriva de
reflexiones contemporáneas como las de Agamben y Esposito, que tal modelo de
soberanía sigue operando, pero ya no enclavada en la forma propiamente política
del Estado-nacional, sino en la forma gubernamental de la economía global (Karmy,
2013), donde el poder soberano sigue ampliamente operando, pero dentro de una
nueva forma de poder que no establece como única relación con la vida su
clausura, sino que se desplaza hacia una administración que se mueve en función
de su potencialidad como recurso (2013). El modelo soberano sigue siendo el
pilar y la plataforma de despegue de la acumulación basada en la explotación del
trabajo humano colectivo, "el punto de cruce a través del cual se despliega
inicialmente el capital" (2013). Sin embargo, sostiene este mismo autor, a
diferencia de los tiempos clásicos economía y política devienen en un plano de indiferenciación, cuyo resultado es la instalación de la economía como el
paradigma político contemporáneo, es decir, la economía viene a constituir "el
lugar de la decisión soberana" y, en esta línea, en la potencia definidora del
carácter del conflicto político (y por consecuencia de la guerra), antes
circunscrito a la dimensión estrictamente interestatal, pero hoy articulada en
lo que podemos denominar -siguiendo a Karmy- bajo los términos de guerra
gestional, un tipo de guerra redefinida bajo los objetivos de normalización
sistemática y continua del cuerpo social y sus espacios, que se ordenan en
función de la rearticulación y flexibilización de todos sus límites internos que
exige la lógica del capital global, cuya característica principal es una
indefinida circulación que operará toda situación y todo conflicto,
especialmente todo conflicto territorial, según los ciclos de su "duración"
(2013).
Bajo este prisma, la acción estatal-empresarial en el
conflicto político del Walmapu, se configurará como una larga saga de batallas
por la normalización de la población Mapuche, ejecutada a través de lo que aquí
hemos llamado como nueva guerra de baja intensidad, una estrategia donde ahora
la soberanía es ejercida con el objetivo permanente y sistemático de imponer el
“orden” del capitalismo financiero en toda su extensión, territorial, cultural y
político, redefiniendo así el ejercicio soberano como un ejercicio propiamente
económico-gestional y ya no simplemente estatal, toda vez que bajo el
neoliberalismo los dispositivos de seguridad y de circulación financiera que
operan sobre los territorios, están crecientemente por sobre el Estado,
desplegando un agenciamiento policial no anclado en una lógica pública, regida
por una ideología espacio-corporal biopolítica cuyos protocolos y dispositivos
de acción están signados por lo que Agamben desarrolla bajo la categoría de
Estado de excepción, operación orientada al resultado de una creciente
coincidencia del espacio propio del Pueblo Mapuche con un espacio de excepción,
cuestión que transforma -parafraseando a Agamben- el territorio y los cuerpos
que le dan potencia y forma, en tanto sitio de captura de la vida, en uno de los
hechos políticos fundamentales de la contemporaneidad chilena. En los primeros
años de la dictadura, la citada marca del "tiempo presente chileno", el Estado
desata una profundización de su histórica estrategia de descomposición
territorial del pueblo mapuche, interrumpida temporalmente por el Gobierno de la
Unidad Popular, a través primero de la brutal represión de las comunidades que
habían recuperado en años anteriores sus tierras ancestrales (con una
desconocida cifra de asesinados, torturados y desaparecidos) y , como
complemento (igualmente una histórica práctica) al imponer una ley de política
única de tierras, que terminó de dividir las propiedades comunitarias al
convertirlas en propiedades particulares. En este sentido, como rescata Gonzalo
Díaz, al acabar con la propiedad colectiva se genera un “mercado de tierras” que
produce, como consecuencia, que los descendientes de los propietarios vayan
vendiendo sus partes heredadas –principalmente a capitales chilenos–, "con lo
que se consolida la desintegración territorial del Wallmapu como tal y su
integración al régimen jurídico territorial del Estado de Chile" (Diaz, 2012).
Bajo estas consideraciones se aprecia, entonces, que la fase del capitalismo que
se abre en Chile con la dictadura, instala un diseño que intensificará la
circulación económica de la realidad en su conjunto, cuestión que precipitará
especialmente sobre la redefinición de la propiedad de los territorios y a la
normativa jurídica de sus recursos (por ejemplo el agua como recurso concesionable a perpetuidad, despojada de su control público), para lo cual
recurre a extensivas estrategias de sometimiento y control punitivo (Cortes,
2010).
A partir
de estos protocolos administrativos, este proyecto económico-gestional impulsa
sobre el territorio y el cuerpo Mapuche dos procesos simultáneos, a saber, sobre
el territorio, la circulación económica permanente propia de la expansión de la
lógica financiera contemporánea y, en segundo lugar, la activación de espacios
disciplinarios de control propios de la topología política contemporánea, esto
es, el estado de excepción. Ambos procesos constituyen categorías que revelan el
nuevo tipo de ideología, en cuyas estrategias fundamentales el territorio se
define como objetivo del poder y el poder se define bajo la lógica de la
espacialidad dispuesta económico financieramente. La convergencia de estos
procesos, constituye la reactualización de la saga colonial por medio de la expansión forestal e hidroeléctrica, es decir, la "puesta a punto" de la
privatización de las tierras comunitarias iniciado a comienzos del siglo XX y, a
través de una diversidad de planes gubernamentales de reeducación
en torno al
“emprendimiento” (turismo étnico, microproyectos de forestación industrial
etc.), el proceso de asimilación a través de la reformulación contemporánea de
la otrora "educación obligatoria". Como se observa, entonces,
el Estado chileno
reajusta las “fronteras materiales y simbólicas” con el objetivo de consumar la
incorporación, colonización y "civilización” de un pueblo que sigue disponiendo
otra relación política y ontológica con su entorno y con su comunidad, con el
objetivo de convertir el Walmapu en una especie de “espacio vital” del
neoliberalismo en el sur del país,
desplazando el territorio fuera de la ley
(Montajes jurídicos, testigos sin rostro, asesinatos impúnes, ley
antiterrorista) situándolo en un sistemático y continuo estado de excepción,
subordinando de esta forma a su gente y su nombre (Mapuche), el nomos de esa
tierra, al capitalismo gestional contemporáneo y sus políticas de extracción
salvaje de los recursos naturales.
Esta "gobernanza"
que el Estado proyecta sobre el presente Mapuche, para tales objetivos, dispone
un poder-saber que se realiza a través de una positividad elástica, específica y
local, que produce procesos generativos que implementan "arquitecturas"
económico-policiales concretas, redes de relaciones que apuntan a la captura y
control del espacio en que se constituye el Mapuche, en tanto campo de fuerzas
identitarias que significan el actual principal obstáculo para el arrasamiento
de los recursos naturales que son indispensables para la vida de este pueblo. En
este sentido, esta operatoria apunta, sistemáticamente, a asegurar una
modulación espacial y discursiva del walmapu que produzca y ajuste campos de
reconocimiento de la vida en perspectiva de su total reducción y control (Butler,
2010). En concordancia con estos procedimientos, se observa igualmente el
ensamble del relato mediático sobre el Walmapu, articulado mediantes
dispositivos comunicacionales ajustados por las retóricas de la seguridad que
propone el mercado, que son sumados a la tarea de homogenizar su territorio con
toda la espacialidad y territorialidad global bajo la marca de la fragilidad y
del terror, de manera que éste carezca de identidad y sus habitantes se adecúen,
como señala Agamben, a la “imposibilidad de usar, de habitar, de hacer
experiencia.” (Agamben, 2004).
Es decir, la situación actual del territorio Mapuche en su
relación con el poder, muestra que la planificación espacial, en cuya dinámica
los relatos en torno a las políticas seguritarias cobran una centralidad
fundamental, convierte el espacio territorial en una arma de punición, en
“espacios de excepción” (2004) donde las comunidades quedan en una permanente
relación de extrañamiento con su hábitat y excluidas de toda posibilidad
autónoma de decisión sobre él, de manera de configurar un nuevo paisaje
economizado y sometido a la lógica extractivista y al emprendimiento como una
única relación con la tierra, a través de una superposición de proyectos
económicos y de circulación productiva, que reemplazan por la disposición
ideológica neoliberal de los territorios, la concepción de relación tradicional
y ancestral de copertenencia con la tierra que el Pueblo Mapuche concibe en su
cosmovisión y filosofía. De esta forma, en medio de esta nueva "geografía"
económica impuesta sobre el territorio, el Mapuche comienza a experimentar su
tierra como dispuesta meramente hacia la circulación del mercado en tanto ésta,
por medio de la acción económica-gestional del Estado, sufre la conversión en un
medio para el desplazamiento de las políticas económicas neoliberales que
obliteran, como se advirtió, el sentido comunitario de la relación con la Mapu
en la cual la identidad mapuche se encuentra, reconoce e identifica socialmente.
En este sentido, el Pueblo Mapuche en todo su territorio, queda recluido
crecientemente en sus comunidades, que comienzan a devenir en verdaderos guettos
marginales o marginalizados por los mega proyectos extractivistas,
experimentando su propio espacio territorial como una “amenaza concreta de
violencia” policiaco empresarial, viendo debilitada su integridad Mapuche, en
tanto su disposición dentro del territorio queda marcada sistemáticamente por
una planificación orientada a capturar económicamente sus cuerpos y sus tierras.
Bajo estos antecedentes, cuando el pueblo Mapuche y sus
organizaciones (como la CAM o las fuerzas de control territorial) activan sus
procesos reactivos ante la expansión capitalista en su territorio, instalan un
problema que no sólo pone de manifiesto las aberraciones y violaciones jurídicas
y medio ambientales de la vorágine neoliberal, sino que también abre una
práctica crítica en relación al develamiento de las operaciones micropoliticas
del Estado nacional y de los grupos económicos ensamblados en éste, en tanto y
en cuanto este proceso -como todo proceso social- no se ha desarrollado sin la
expresión de la histórica resistencia Mapuche y sin el correspondiente
despliegue represivo que constantemente está activando una acción soberana que
instrumentaliza la existencia humana y la destrucción material de los cuerpos (Mbembe,
2011). La forma política que modela la realidad del
Walmapu, proyecta por medio de una heterogeneidad ilusoria, un relato que los
artificios del poder construyen en torno a la democracia y una "definición
participativa" de sus condiciones por medio de la sumatoria de todas las
omnipotencias inscritas en el cuerpo social, es decir, a través de un efectivo
mecanismo ideológico de encubrimiento de las estrategias que aseguren el despeje
de cualquier límite interno al poder.
En esta perspectiva, el territorio Mapuche
viene a constituir la topología del colapso de la democracia chilena, pues en él
se materializa la persistencia del monopolio de la decisión, en una
administración que opera desde un adentro/afuera de toda legalidad posible,
enunciando en su espacio lo que Agamben (2004) indica como la paradoja de la
soberanía, es decir, la constitución material de las formas y los modos de la
excepción que "producen y gestionan el territorio" por medio de una indiferencia
entre hecho y derecho (Agamben, 2010). Este colapso democrático se evidencia,
entonces, en la coincidencia de la democracia con el totalitarismo en el
territorio del Walmapu, una antinomia que no desaparece en la indistinción, sino
que pierde su carácter sustancial y se transforma en un campo de tensiones del
cual, en este modelo de producción, resulta cada vez más difícil encontrar
espacios de fuga y autonomía, en tanto crecientemente esa coincidencia se
materializa en la fusión entre el diseño económico territorial y la maquinaria
policial (Cortes, 2010).
En
relación a esta indistinción propia de la soberanía moderna y contemporánea,
Vicente Serrano en su texto “La herida de Spinoza”, señala que:
La diferencia
entre lo que se llama un orden totalitario y un sistema democrático está
precisamente en que el mecanismo mediante el que se pone en ejercicio la
omnipotencia es distinto, pero la tendencia es la misma y el principio de
soberanía latente es el mismo. (2011) Es decir, en el contexto concreto del Walmapu, esta especie de indistinción es resultado de una ilimitación total del
poder económico-gestional, del desarrollo material y simbólico de un espacio
territorial que se procesa mediante un sistema permanente de agregación de lo no
incluido, de aquello que está afuera y que siempre es posible para la potencia
sin límites y que coincide paradojalmente -como se indicó más arriba- con el
espacio del decisionismo total propio del estado de excepción. Nada puede evitar
ceder a esta "agregación utilitarista", ningún límite interno puede contener su
"expansión", evidenciando que este diseño ideológico del territorio, corresponde
a una profunda matriz biopolítica, en tanto la vida queda capturada y subsumida
en su totalidad, a través del ya mencionado operativo de la excepción que
realiza la soberanía (2011). El territorio del Pueblo
Mapuche deviene, entonces, en un sitio totalitario por excelencia, en tanto y en
cuanto se activa la facultad de disponer de toda la extensión de la vida del
Mapuche, un poder de captación que cubre su base económica, su tiempo, su cuerpo
y finalmente la vida (Foucault, 1998). El neoliberalismo concreta a través de
esta violencia fundacional, su implacable capacidad -que afanosamente intenta
encubrir-, de transformar a los sujetos en productos consumibles (Bauman 2007);
en definitiva, el territorio Mapuche deviene hoy en el espacio de su propio
reemplazo, pues el flujo extenso e intenso del capitalismo, parece apuntar a
obtener el privilegio, sin contención, de apoderarse totalmente de la vida para
disponer su supresión cuando el sistema así lo requiera. Bajo este enfoque, la
configuración del presente del walmapu supera o radicaliza la acción de la
matriz soberana de poder -que se expresaba en la expansión geográfica como
dispositivo de consolidación- al quedar permanentemente sometido de manera total
al paradigma biopolítico de gestión y control, bajo cuyas definiciones la
política se torna en gubernamentalidad, esto es, una administración que vuelca
sus potencias y sus formas hacia el ámbito de la vida, en tanto es regida por
una razón autolimitada bajo los criterios del mercado, ese espacio no estatal
que es el de la libertad económica total (Foucualt, 2010) y que hoy
crecientemente permanece fuera de todo ordenamiento normal (Agamben, 1998). De
esta manera, todo el Walmapu comienza a coincidir con ese espacio cuya
estructura es "todo lo posible", convirtiéndose en la topología de la excepción,
es decir, en la coincidencia con lo que podemos denominar sin eufemismos como
una gran campo de concentración (Agamben, 1998). Finalmente, es preciso señalar
que lo que se pone en juego en este conflicto, más bien, verdadera ofensiva bio-necropolítca
del Estado chileno sobre el Walmapu, es la posibilidad del arrasamiento total de
todo un mundo de la vida, el Mapuche, a través de una violencia cuya lógica
alcanza un predominio no sólo en las fronteras internas del estado chileno, sino
que a nivel global.
Las interrogantes que nos hagamos frente a este drama
territorial, cultural y político, así como otros de esta misma índole (como por
ejemplo el drama Palestino) pueden aportar luces en relación a la naturaleza de
la matriz biopolítica que nos gobierna y sus procedimientos crecientemente
inmunitarios de protección negativa de la vida. En conflictos como el que
comentamos y que, padecemos, está la posibilidad de recuperar el coraje del
pensamiento y abrirnos a la recuperación de una potencia común capaz de
interrumpir ese "humanismo" que nos agobia y que nos deja a todos arrojados a
una especie de prescindible nueva categoría: la de "indios contemporáneos".
Bibliografía(...)
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Atropello,
alambrado, violencia y un Estado que sigue violentando al pueblo mapuche
3 de noviembre de 2016
Los conflictos territoriales entre terratenientes, el Estado provincial y las
comunidades mapuche “siempre es un tema central desde la creación del Estado
argentino, algunas veces tiene tiempos más tranquilos y otras veces más álgidos,
pero es un conflicto que no termina, ni terminará en tanto el Estado no genere
condiciones reales de diálogo y definiciones políticas”, afirmó Maiten Cañicul,
kona wiliche (joven mapuche del sur). En los últimos días desde el Lof Linares
comunicaron que luego de tres semanas no hay respuesta a la nota presentada al
Ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente, Jorge Lara.
Por 8300
A principios del mes de octubre, el capataz y el administrador de la
estancia “Los Remolinos SRL”, intentaron ingresar a la comunidad (ubicada a unos
65 kilómetros de Junín de los Andes) para alambrar los “límites” y arrancaron
una tranquera de los caminos internos del lugar. La
nota presentada al ministro Lara, exige la responsabilidad sobre los hechos
ocurridos y además piden que se cumpla con la ley de relevamiento territorial
que realizaron las comunidades, aunque no todas.
El Lof Linares, fue la primera comunidad de la zona sur del Neuquén en presentar el relevamiento. “Sin embargo, todo el trabajo que realizamos está trabado de manera burocrática, y a propósito, por las nuevas gestiones del Estado nacional y provincial, dejándonos a las comunidades en el medio de su falta de responsabilidad, de claridad política y de su complicidad con los estancieros por intereses políticos y económicos”, denunciaron en el comunicado. “La propiedad de Los Remolinos SRL, viene intentando avanzar sobre el territorio comunitario alambrando nuestros territorios de invernada y veranada, utilizando nuestros caminos comunitarios, intentando sobornarnos y mandando punteros del MPN a operar mediante llamadas e invitaciones a reuniones a domicilios particulares a quienes pertenecemos a la comisión directiva”, aseguraron desde la comunidad.
Ante la situación relatada, exigen la “urgente firma y
devolución de las carpetas de relevamiento a nuestra comunidad y a todas las
comunidades de la provincia ya relevadas” (la firma del convenio que permite dar
continuidad al relevamiento territorial de las comunidades),
responsabilidad política del gobierno provincial e investigación a quienes
“compran” la tierra rural y avanzan sobre los territorios comunitarios.
“La clave de este conflicto, es la definición política de los Estados, que por un
lado fingen un diálogo, un reconocimiento, pero que al momento de concretar las
políticas públicas a las que se comprometieron y de respetar la legislación
vigente – en materia de derechos de los pueblos indígenas – elige el silencio”,
explicó Cañicul. “El
silencio como complicidad que legitima que los terratenientes propios y
extranjeros sigan avanzando en el arrebato de la tierra, que
en otro tiempo de la historia no les servía pero que hoy alberga riquezas como
el agua, el oro, la plata, el cobre, el petróleo”, sintetizó la comunicadora
mapuche.
“Por eso kochiko (agua dulce) hoy debe ser resguardada por
el pueblo mapuche”, reivindicó Cañicul y agregó “que se respete el trabajo
realizado en el marco del relevamiento territorial, tal y como lo plantean las
comunidades es clave para poder frenar – de alguna manera – situaciones como las
que hoy se viven en el sur del Neuquén,
donde a la falta de salud, educación y
políticas públicas que fortalezcan a los pueblos se suma la amenaza violenta de
los terratenientes que violan a su antojo las leyes del Estado Argentino (Ley de
tierra rurales)”.
Finalmente, invitaron a “todo el pueblo mapuche, a las
comunidades de la zona Huiliche en particular, a estar alerta y atentos por la
situación de amenaza que vive nuestro territorio y los convocamos a hacerse
parte de esta lucha acompañándonos en los territorios de Kochiko. Asimismo
agradecemos a quienes nos acompañaron y extendemos la convocatoria a las
organizaciones compañeras y hermanas a hacerse parte de nuestra lucha en defensa
de las redes de la vida (ixofijmongen) que es lo que dejaremos a las
generaciones futuras.”
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“Preso o libre seré uno más
en la confrontación dialéctica Mapuche vs Capitalismo”
25 de agosto de 2016
25 de agosto de 2016
A una semana de que se realice la audiencia pública por el juicio de extradición que demanda la justicia chilena, el Lonko Weichafe Facundo Jones Huala dio a conocer un extenso documento en el que analiza no sólo su detención sino el contexto político social en que se producen procesamientos y persecución a integrantes de los Pueblos Originarios en ambos lados de la Cordillera.
Por RedEco
En el
documento,
el Lonko Wichafe, Facundo Jones Huala reivindica la rebelión como un
claro derecho frente a regímenes tiránicos y con las comunidades sometidas a
vivir en la pobreza, marginación y vulneración de derechos básicos y denuncia la
falta de diálogo para encontrar una solución política a los conflictos que
afrontan los Pueblos Originarios.
“No tememos a la cárcel, ni a la muerte, no debemos someternos más. Los autores intelectuales de nuestra lucha de liberación son nuestros antepasados, dignos Weichafes que en resistencia combatieron, transmitiendo su Rakizuam (pensamientos) y su Nguneu (voluntad) hasta hoy. Los tribunales colonialistas carecen de moral y legitimidad para nosotros, solo justifican con tecnicismos inventados por ellos mismos, basados en la lógica del derecho imperial romano, su represión y brutalidad occidental judeo-cristiana capitalista. Si las leyes las escribieron los ricos (terratenientes, empresarios, etc) descendientes de la europea genocida, no podemos esperar más que el resguardo de sus privilegios”, sostiene Jones Huala que está detenido desde el pasado 27 de mayo cuando se produjo un violento allanamiento en el territorio recuperado en Vuelta del Río, a pocos kilómetros de El Maitén.Desde la Unidad Nº 14 del Servicio Penitenciario Federal, el líder indígena denuncia que “hasta hoy se han negado al diálogo serio y han respondido con cárcel y plomo, ante nuestros planteos políticos, tratándonos de delincuentes y terroristas frente al resto de la sociedad. Inventando perfiles en la prensa burguesa, cuando el verdadero terrorismo proviene del Estado y de las empresas, incluyendo gatillo fácil y abuso sexual de la policía, que ni siquiera es cuestionado. Entonces ¿qué podemos esperar de la democracia?, sistema de origen griego, quienes tenían "ciudadanos" y "esclavos"; ¿más cuando es burguesa? Así todo, lamentablemente, la democracia es lo menos inhumano, creado por los occidentales que nos han dominado para someternos a su régimen de explotación racial y de clase”.
Si bien la
justicia provincial terminó morigerando la medida cautelar dictando la prisión
domiciliaria, la justicia federal negó finalizar con la prisión preventiva hasta
tanto se sustancia el juicio por extradición que se realizará el próximo 31 de
agosto en Gendarmería Nacional. “Pretenden usarme como escarmiento
ejemplificador para el Pueblo Mapuche conciente, pero no nos doblegarán. Soy un
comunero más que la historia y el Pueblo han llevado a este contexto, para
amplificar esa voz que no será silenciada por barrotes ni percutores bélicos de
ningún tirano”, agrega Jones Huala y proclama: “soy una Autoridad Mapuche, un
weichafe, soy un Revolucionario que revindica el accionar de su pueblo en la
búsqueda de su Liberación”.
En el
documento escrito y divulgado desde la prisión, el referente mapuche se
pronuncia por la negativa respecto de la extradición y aclara: “pero si me
extraditan sepan bien que preso o libre seguiré siendo uno más en la
confrontación dialéctica Mapuche/Capitalismo, otro agitador social, militante,
subversivo alterador del orden político”.
Francisco
Facundo Jones Huala, Lonko Weichafe, Preso Político Mapuche, Pabellon Nº 5
Unidad 14 del Servicio Penitenciario, Esquel Warria. tel; (0054) 02945-456396
Reparemos cómo la caracterización de
Víctor Rodrigo Alarcón Muñoz
de la situación Mapuche en Chile nos permite
interpretar las de todos los que el capitalismo estima estorbamos a su
acumulación oligopólica. Destaquemos algunos de sus señalamientos:
-
"La actual ofensiva estatal sobre el territorio Mapuche no se produce a través del "tradicional" modelo jurídico soberano, que persigue la restitución o consolidación del orden exclusivamente estatal, sino que es emprendida precipitando la gestión del primero hacia la restitución de un orden jurídico de corte económico-gestional (Karmy, 2013). En este sentido, es que la relación que el Estado proyecta hacia el Walmapu cobra forma "policíaca", en tanto el régimen de policía viene a ser el dispositivo económico moderno fundamental en el ejercicio de gestión de poblaciones".
-
"Las políticas seguritarias cobran una centralidad fundamental, convierten el espacio territorial en un arma de punición, en “espacios de excepción” (2004) donde las comunidades quedan en una permanente relación de extrañamiento con su hábitat y excluidas de toda posibilidad autónoma de decisión sobre él, de manera de configurar un nuevo paisaje economizado y sometido a la lógica extractivista y al emprendimiento como una única relación con la tierra, a través de una superposición de proyectos económicos y de circulación productiva, que reemplazan por la disposición ideológica neoliberal de los territorios".
-
El colapso democrático se evidencia, entonces, en la coincidencia de la democracia con el totalitarismo en el territorio del Walmapu, una antinomia que no desaparece en la indistinción, sino que pierde su carácter sustancial y se transforma en un campo de tensiones del cual, en este modelo de producción, resulta cada vez más difícil encontrar espacios de fuga y autonomía, en tanto crecientemente esa coincidencia se materializa en la fusión entre el diseño económico territorial y la maquinaria policial".
Sumemos otros modos de violencias sobre los que el
capitalismo desposee de todo:
a. El tratamiento de los medios de difusión masiva y del sistema político e intelectual dominante sobre la inseguridad social achacándola a quienes el sistema procura aislar y exterminar.
Chile - El “Terrorismo Mapuche”:
La campaña de desinformación para
desviar responsabilidades en mega incendios forestales
10 de marzo
de 2017
Las regiones
afectadas por mega incendios durante enero y febrero 2017, mayoritariamente no
corresponden a zonas de comunidades Mapuche y menos que hayan conflictos con
empresas forestales, sin embargo, aun así, se levantaron una serie de montajes y
campañas de noticias falsas que buscaron de una u otra forma vincular causas de
“terrorismo mapuche” e influencias “externas”. Sin embargo, en esta ocasión,
quedó abiertamente demostrado que quienes levantaron de manera orquestada esta
campaña, fueron grupos de ultra derecha, incluyendo a algunos ex miembros de la
dictadura militar de Pinochet a través de redes sociales o por medio de algunos
nuevos medios digitales apoyados por este sector.
La acción
orquestada se hace evidentemente con el propósito de que las empresas forestales
evadan sus responsabilidades en los siniestros o en menor grado, utilizados como
chantaje o campaña “anti gobierno”, instrumentalizando ideológicamente una
desgracia que afectó a todo el centro sur de Chile. Paradójico que fue el estado
de catástrofe con la intervención en vigilancia y control territorial de miles
de miembros del ejército y las fuerzas públicas lo que finalmente logró frenar
la expansión de los incendios intencionales, salvándose en esta ocasión la
Región de la Araucanía, donde ya habían comenzado las quemas de plantaciones de
pinos y eucaliptus en la zona de Saavedra y Carahue y que seguramente se habrían
extendido a amplias otras zonas con características de monocultivos de
plantaciones forestales.
Si bien este tipo de campaña – montaje no es nuevo, viene como modus operandi desde hace años, incluyendo en el 2012 donde murieron siete brigadistas de forestal Mininco en Carahue, pero la diferencia este 2017 es que por primera vez se interpone desde el ejecutivo acción penal para que el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones indaguen en profundidad los orígenes de noticias falsas, existiendo una importante lista de personas y ciertos medios con responsabilidades directas, algunos incluso han eliminado contenidos de sus sitios y redes sociales para tratar de ocultarlo, sin embargo, existen registros al respecto y deberían determinarse y formalizarse las responsabilidades criminales, siempre y cuando no existan otros niveles de intervención y desvío de atención sobre los hechos al interior del Ministerio Público.A su vez, quedó en la agenda pública dos tesis relacionadas al móvil que habría en la intencionalidad más allá de la disputa comunicacional “ideológica”: Las redes de negocio y lucro que destapó un programa de televisión de Megavisión; y la existencia de plagas, su descontrol y cobros de seguros, destapado por más de 110 organizaciones sociales en Chile, con antecedentes del SAG y de Conaf, entre otros contenidos (ver aquí).También, quedó en evidencia los intentos de levantar la campaña de relación “Mapuche – Farc”, la que cada cierto tiempo, de manera manoseada, se instala a través de algunos medios, la que en esta ocasión tiene como novedad que ciertos sectores desde Chile, han pretendido exteriorizarla torpemente a un par de medios en Estados Unidos, incluyendo la fuente de un ex Fiscal Regional de la Araucanía quien jamás investigó los antecedentes de autoatentados relacionados a los intereses de las empresas forestales en incendios, lo que podría generar finalmente mayores coletazos para las propias empresas forestales en dicho mercado.
Al respecto,
tanto Carabineros de Chile, la PDI, la CÍA de EE-UU y hasta el Senador de ultra
derecha Alberto Espina y el ex Ministro del gobierno de Piñera, Andrés Chadwick,
han tenido que desmentir en sus momentos esa relación “Mapuche – Farc”.
Insano y sin
sentido ha sido el aprovechamiento político que han pretendido sectores de la
ultra derecha en esta catástrofe que afectó a miles de personas para fines
oscuros o de proteccionismo a los grupos económicos forestales, más aún, cuando
estos han estado acusados de colusión, redes de corrupción e intervencionismo en
partidos políticos y operadores políticos partidistas que involucran a la
Alianza Por Chile y a gran parte de la Nueva Mayoría, razón por la cual
existiría un enorme silencio al momento de asumir posiciones frente a las
responsabilidades de las empresas.
Sin embargo, en
medio de las decadencias políticas institucionales y sus carteles de corrupción,
tibiamente algunas voces se han venido desenmarcando, eso sí, casi sin levantar
polvo para que seguramente no repercutA en contra.
El escenario de catástrofe del país a causa de los mega incendios, dejó en evidencia la pobreza moral de los empresarios forestales, quienes no han sido capaces de asumir sus responsabilidades en los hechos, tampoco en los impactos que se han generado en los territorios a causa de los monocultivos de plantaciones, con profundización de la crisis hídrica con cientos de miles de personas sin agua en amplias zonas rurales, empobrecimiento, desplazamiento de población y de actividades económicas locales, con severas contaminaciones a causa de las plantas de celulosa (pepaleras) y de fumicidas en las plantaciones. No hay ética, no hay principios, no hay moral, sin un mínimo de capacidad de replantear sus actividades económicas donde se pudiese considerar el respeto a las personas y la naturaleza, sólo actos primitivos de lucro a costa de la depredación.
La Red por la
defensa de los territorios señaló este 27 de enero de 2017 que la FISCALÍA a
pesar de poseer una nutrida carpeta de antecedentes se ha negado a investigar
atentados que estarían relacionados con las empresas forestales y sus grupos de
seguridad (ver
aquí). Ante la inoperancia del Ministerio Público, organizaciones
sociales exigieron el 31 de enero que el Consejo de Defensa del Estado
investigue y se querelle con respecto a la responsabilidad que tendrían las
empresas, condición que va más allá de aspectos “ideológicos” sino de sentido
común y justicia.
Cabe indicar que
algunas referencias sobre estas campañas de cortinas informativas levantadas,
estarían relacionados a operaciones denominadas “bandera falsa” que son actos
encubiertos llevadas a cabo por sectores de poder político, corporaciones y
otras organizaciones (incluyendo paramilitarismo), diseñadas para aparecer como
si fueran llevadas a cabo por otras entidades. El nombre se deriva del concepto
militar de izar colores falsos; esto quiere decir la bandera de un país
diferente al propio. Los denominados “ataques terroristas” en el marco de
bandera falsa, son operaciones que se atribuyen a organizaciones consideradas
radicales con el fin de desacreditar a los movimientos sociales y justificar la
represión hacia estos, eludiendo asimismo responsabilidades como ha ocurrido en
los focos incendiarios.
“Exigimos que el
ejecutivo retire el proyecto de Ley de prórroga del Decreto Ley 701 por muy
inactivo que parezca (la asignación de recursos persiste) y que lo liquide
definitivamente, estableciendo que no se va a generar ningún tipo de subsidio ni
bonificación para monocultivos de árboles, por el contrario, llamamos con
urgencia, a que se levanten políticas públicas tendiente a restaurar
ecosistemas, a la reforestación con nativos y a definir políticas de regulación
de los territorios con respecto a las plantaciones de monocultivo forestal
existentes, prohibiéndose con mayor rigurosidad su cercanía a fuentes de agua,
poblados, bosque nativo y extremar cuidados en zonas cordilleranas, siendo
fundamental su eliminación progresiva y la revitalización de las economías
locales que han sido dañadas por la concentración forestal”, señalaron en enero
decenas de organizaciones sociales por la defensa de los territorios.
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Chile_-_El_Terrorismo_Mapuche_La_campana_de_desinformacion_para_desviar_responsabilidades_en_mega_incendios_forestalesAsí como sucedió a fines de enero de este 2017, donde se realizaron diversas protestas contra la industria forestal, nuevamente diversas organizaciones hacen llamados para manifestarse durante este mes de marzo, exigiendo como sentido común, el fin del modelo y la restauración de los territorios.Hoy, como siempre, continúan numerosas personas y comunidades del Pueblo Mapuche defendiendo los territorios de la depredación de inescrupulosos empresarios y sectores políticos invasores y colonialistas, varios de ellos escondidos en multigremiales o falsas campañas de paz, cuya piedra de tope a su insaciable y descontrolado lucro, es la resistencia ejercida en diversos territorios para defender las últimas reservas naturales, las que no solo posibilitan la supervivencia de una cultura ancestral, sino también la del chileno criollo, la de los propios descendientes de colonos europeos y de muchísimos descendientes de inmigrantes.
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Tras las rejas: una mirada a la realidad de las cárceles argentinas
30 de abril de 2014
30 de abril de 2014
En el marco del debate por una futura reforma del Código Penal, los llamados
“linchamientos”, los reclamos por seguridad y el grito social que pide más
encierro y más castigo, referentes del ámbito penal analizaron la situación en
las cárceles, la justicia penal y los problemas del servicio penitenciario.
Por La Revancha.
“Un Estado punitivo”
Según Alicia
Daroqui, socióloga
especializada en cárceles y Derechos Humanos, hay que preguntarse “qué
Estado se fue construyendo: un Estado punitivo”. Daroqui
se remonta a fines del siglo XX, al desembarco del neoliberalismo y la reforma
de Estado promovida por el expresidente Menem: “la
fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario, no solo no redujeron el
personal como en salud, educación, sino que lo aumentaron”. Lo
mismo ocurrió con la justicia penal, que según la especialista “ha
crecido enormemente”. Esto se
puede expresar en números: según Daroqui, “en
el año 2000, la Provincia de Buenos Aires tenía 32 cárceles, hoy tiene 55. La
Argentina tenía en esa época 22.000 presos, hoy tenemos 63.000”.
Sobre la
composición de la población carcelaria, Francisco
Mugnolo, Procurador
Penitenciario de la Nación, estima que “el
98% de los pobres son pobres, en las cárceles están los pobres”. Esto
se vincula fuertemente con el fenómeno de criminalización de la pobreza. Lejos
del mandato constitucional, según el cual las cárceles están para seguridad de
los presos y para la resocialización, el Procurador sostiene que “las
cárceles te transforman, es una forma de contención de la represión social, y la
cárcel, al no cumplir la función de rehabilitación, perfecciona en el delito”.
Según Ayelén
Stroker, militante de Comunicación
por la Libertad, la mayor parte
de la gente privada de su libertad actualmente es parte de quienes "menos
posibilidades de inserción tienen en lo concreto”. Este
sector más desaventajado “representa
el 80% de la población (carcelaria),
de la cual más o menos el 70% está en situación de
procesados”.Ayelén indica que luego de años en prisión, “cuando
les dictaminan condena, en algunos casos terminan inocentes”. Estas
personas quedan con antecedentes de privación de libertad y, según Stroker, “conseguir
trabajo resulta inaccesible y más si vivís en un contexto de vulnerabilidad
social, un contexto mucho más complejo en el plano productivo”. Además,
señala un fenómeno de continuidad entre el afuera y el adentro: “afuera
tenés gatillo fácil, trata, persecución a los pibes para que vendan drogas para
la poli, y después continúa adentro la misma lógica de rentabilidad del
servicio”.
Los principales problemas en la cárcel: la violencia, la militarización y la
impunidad judicial.
Francisco Mugnolo,
Procurador, señala algunos de los aspectos “ultranegativos
que tiene la cárcel: la sobrepoblación, los traslados permanentes, el
alejamiento que tienen las personas privadas de libertad (de
sus lugares de origen)”. Sin
embargo, resalta que “lo más
emblemático del interior de las cárceles, es la violencia institucional. Hay
mucho disciplinamiento a través de la violencia. También está la corrupción y el
narcotráfico”.
Audio completo:
b. El tratamiento de los medios de difusión masiva y del sistema político e intelectual dominante sobre las catástrofes socioambientales como productos de la naturaleza.
Mocoa, una
tragedia poco natural
22 de abril
de 2017
Por
Renán Vega Cantor (Rebelión)
Hemos dicho en reiteradas ocasiones, a propósito de numerosas
tragedias ambientales y humanas, que no hay desastres naturales. Lo que se
presentan son catástrofes que se originan por acciones humanas que se pueden
indicar de manera precisa y cuya responsabilidad esencial recae en empresas
nacionales y extranjeras (madereras, mineras, forestales), grandes
terratenientes y ganaderos, diversos sectores extractivistas… En contra de
cualquier evidencia, los grandes medios de desinformación (RCN, Caracol, El
Tiempo…) que convierten cualquier tragedia en una mercancía que se vende y se
consume, y de la que obtienen grandes beneficios, señalan que lo de Mocoa ha
sido otro desastre natural, como si fuera un castigo divino o la furia
irrefrenable de una manigua incivilizada.
No hay tal,
puesto que para entender las causas que explican lo acontecido en Mocoa es
necesario referirse a factores de índole local, y a la manera como los mismos se
retroalimentan con factores mundiales, asociados al cambio climático. Las dos
cosas están ligadas en forma directa como lo debe mostrar un análisis
medianamente serio de lo acontecido.La tragedia
Al amanecer del primero de abril de 2017 una inmensa masa de piedras, palos, lodo y escombros arrasó y afectó en forma directa a diecisiete barrios de Mocoa, dejando a su paso un saldo de más de 300 muertos, un cuarenta por ciento de ellos niños, centenares de heridos y miles de damnificados, que perdieron lo poco que tenían. Como un hecho reiterativo en este tipo de catástrofes, los afectados son siempre los más pobres entre los pobres, los eternamente vulnerables, los nadies, de los que no se sabe su existencia, ni sus dramas, pero cuyo dolor incrementado si beneficia a los dueños de los medios de desinformación y a politiqueros del gobierno o en campaña electoral.
Mocoa es una ciudad de unos 60 mil habitantes, la puerta de entrada por tierra a la amazonia colombiana, que se localiza en el piedemonte de la cordillera andina. Se encuentra en medio de ríos, quebradas y corrientes de agua. Tres de ellos, el Mocoa, Mulato y Sangoyaco se salieron de su cauce y arrasaron con lo que encontraron. Fueron afectados los barrios ubicados en las laderas bajas, en zonas que previamente fueron deforestadas y se localizaban en zonas en las que nunca se debió construir ningún asentamiento humano, pero hasta allí llegaron miles de colombianos huyendo de la violencia paramilitar y extractivista que ha asolado la región.
A la muerte súbita del primero de abril, que era una tragedia anunciada desde tiempo atrás, se suma otro drama permanente, el de la huida, ya que la mayor parte de los habitantes del municipio son desplazados por las violencias, incluyendo en ellas la generada por la explotación minera y petrolera, de la que nunca se habla. En efecto, Mocoa es un poblado grande que se ha ensanchado por la llegada de refugiados del conflicto, que vienen del resto del Departamento, lo que quiere decir que un hilo invisible, pero directo, une a los muertos y heridos de la avalancha y a los muertos y heridos de la guerra en la región. Los desarraigados y expulsados de sus tierras y sitios de origen y de trabajo debieron asentarse en zonas inadecuadas para ser habitadas, construir allí sus humildes ranchos en la ronda de los ríos, desprovistos de cualquier servicio básico.
Las causas
El Putumayo es el quinto departamento del país que más ha sido afectado por la deforestación, que alcanzó en el 2015 la cifra de 9 mil hectáreas. Deforestar, quitar la cobertura vegetal del suelo, es una vía segura hacia el desastre, puesto que desnudar las montañas genera erosión y la tierra se torna más vulnerable a las intensas lluvias que arrastran los sedimentos. En Mocoa se deforestaron las cuencas hídricas y en ciertos barrios, como San Antonio, el que primero sintió y sufrió la avalancha, se eliminó por completo la cubierta vegetal. En sentido opuesto, el barrio El Carmen quedó en pie, debido a que en ese lugar se conservó el bosque primario, formado por la especie Chiparos, junto con cedros, cedros, cachimbos, palo negros, chontas y ceibas. Esa vegetación evitó que el desastre fuera mayor en el norte de Mocoa, ya que esos árboles absorben y retienen agua, al tiempo que sus raíces estabilizan el suelo e impiden la erosión.
Algunos periodistas enfatizan que la erosión ha sido generada por los pobres que se arruman en tugurios insalubres en gran parte de Mocoa. Eso es la apariencia, el resultado de las acciones de supervivencia de aquellos que han sido desplazados por la violencia estatal y paramilitar y no les queda otra alternativa que instalarse, a riesgo de su vida, en las rondas de los ríos. Ese señalamiento deja de lado a los grandes responsables y beneficiarios de la deforestación en el Putumayo, que son compañías petroleras, mineras y madereras. No por azar, la mitad de los puntos calientes de deforestación se encuentran en la amazonia, un territorio saqueado por empresas colombianas y extranjeras, un paraíso del extractivismo y del saqueo. En los últimos 50 años, tras el descubrimiento de petróleo en la década de 1960, se inició la fiebre del oro negro en la región y luego vino la prospección minera en el departamento, incluyendo los cerros que circundan a Mocoa. Como lo denuncia la Asociación Minga: “Bloques petroleros y títulos mineros dibujan hoy el mapa del departamento por encima de ecosistemas estratégicos y culturas ancestrales, junto con los corredores viales ‘4G’ que sirven a tales megaproyectos. Una economía transnacional que instalan allí empresas como Vetra, Gran Tierra, Amerisur, Anglo Gold, entre otras”.
Junto a los factores locales, deforestación, explotación minera, expulsión de población, pobreza inducida que obliga a la gente a apiñarse en las rondas de los ríos y en construcciones frágiles e insalubres, debe hablarse del impacto de las transformaciones mundiales del clima. Estas son una realidad inocultable, no sólo por lo acaecido en Mocoa sino al mismo tiempo en otros lugares del mundo próximos y distantes (Perú, Europa, Vietnam…). En concreto, se han modificado los patrones de precipitación mensual y anualmente, así como la frecuencia de eventos extremos (huracanes, tifones, ciclones…), como consecuencia de los cuales ahora las lluvias son más intensas en ciertos lugares, como en la amazonia. En la noche del 31 de marzo de 2017 la lluvia que cayó en Mocoa alcanzó la cifra de 600 mm, cuando anualmente se vierte un promedio de 10.000 mm, lo cual indica que en pocas horas llovió lo correspondiente a un mes. En pocas palabras, la combinación entre la destrucción ambiental y forestal y los altos niveles de vulnerabilidad de los más pobres, asolados por la guerra y la minería, son las principales causas de la tragedia de Mocoa.
La suma de esos factores locales y mundiales conduce a pensar seriamente, para el caso colombiano, la directa relación que existe entre colonización, deforestación y modificación climática.
Los lunáticos y reaccionarios
Cuando en el 2005 se produjo la inudación de Nueva Orleans, en Luisiana (Estados Unidos), por el impacto del huracán Katrina, un pastor protestante llamado Tony Perkins aseguró que los “desastres naturales” son enviados por Dios, "son un castigo por el aborto y el matrimonio homosexual". Lo interesante del caso es que años después a ese mismo personaje se le inundó su propia casa, como castigo a su impertinente ignorancia.
Pero si por los Estados Unidos llueve en materia de estupideces por acá, en Colombia, no escampa, puesto que el senador uribestia del Centro (Anti) Democrático, Daniel Cabrales, sostuvo: “El día de ayer se registró una avalancha en Mocoa donde dan parte de más de 30 (sic) muertes, de donde según me cuentan fue provocada con dinamita explosiva depositada por las Farc”. Mentiras de este calado no extrañan en gente tan ignorante y atrevida, por la impunidad que la cobija, cuyos intereses están vinculados a los grandes terratenientes y ganaderos, los mismos que han contribuido a deforestar los suelos de este país y a producir catástrofes como la de Mocoa.
Publicado en papel en Periferia, Prensa Alternativa, Medellín, abril de 2017.
c. El capitalismo se empeña en destruirnos como personas y más a quienes excluye en el presente o en el futuro próximo. No sólo los mata de distintas maneras sino también les quita perspectivas de vida en todos los sentidos.
Asesinatos en serie de chicos Wichí en Formosa
14 de abril de
2017
“Quiero pan” .
Un niño
wichí de 11 años baleado por un policía en el pueblo formoseño Ingeniero Juárez
está luchando por su vida y tiene hambre en un hospital público.
El contexto de este ataque policial es
aterrador: testigos
de la localidad denuncian asesinatos en serie de no menos que 17 chicos
indígenas, en parte asesinados por la policía. A esto se suman asesinatos
de personas mayores, violaciones sistemáticas de niñas, muertes dudosas en
hospitales y tráfico de órganos; una violencia
morbosa que se replica en todo el noroeste del país.
Por Stefan Biskamp, corresponsal alemán para América Latina, para ANRed /
Imágenes: comunidad wichí de Ingeniero Juárez.
El
niño Wichí de 11 años Nazareno
Chávez se encuentra
todavía en el Hospital
de la Madre y el Niño de Formosa Capital, a unos 500 kilómetros
de su comunidad enIngeniero Juárez.
Los huesos
de su rodilla de izquierda fueron astilladas por una bala de plomo de un policía
hace más que tres semanas. Su situación es precaria.
Cuenta el referente de comunidades Wichí de Ingeniero Juárez, Agustín
Santillán, quién visito a Nazareno recién: “El
chico apenas podía hablar. Me dijo: Quiero pan, ¿tenes algo de pan? Su boca
estaba seca y sus ojos lleno de dolor. Es un niño que no sabe
porqué le pegaron. Perdió mucha sangre y su herida es muy grave. Ahora no parece
que vuelva a caminar, todavía no está recuperando.”
La
herida de Nazareno es producto de una verdadera
cacería de niños realizada por policías provinciales en la tarde del viernes 21
de Marzo, como ya se pudo documentar. Un grupo de
niños se había sentado tranquilamente en la vereda frente a la Plaza Juan
Domingo Perón cuando efectivos
bajando de un patrullero dispararon a los chicos y los siguieron disparando con
balas de goma y de plomo por una distancia de más que 100 metros. El resultado
fue tres niños heridos, dos de ellos por bala de plomo, lo más grave Nazareno.
“Es muy triste ver las
lágrimas en los ojos de la madre, porque su hijo casi murió y está luchando por
su vida”, dice Santillán. Critica a las instituciones por ocultar la gravedad de
la herida. “Los políticos dicen, que
Nazareno está bien, pero no es así. Nadie investiga, ni los médicos dieron
explicación. Les pregunte si hay un resumen médico, pero me dijeron que no hay.“
Cuando la madre Ana Chávez, acompañado por el referente, quería denunciar el
crimen en la comisaría de Ingeniero Juárez: “ellos no aceptaron la denuncia. Ni
nos atendieron.”
Recientemente, el hospital
pidió a la madre Chávez el carnet de vacunas de su hijo. Por eso, tuvo que
volver a su casa, un viaje de unos mil kilómetros en total que solo pudo pagar
con donaciones de una organización humanitaria. Lo mismo pasa con la comida en
el hospital: “Lo que más bronca me da, es que el hospital no les da de comer, ni
a los acompañantes y ni al herido, la comida se la tienen que comprar”, dice
Santillán.
En toda
su crueldad la cacería de niños en Ingeniero Juárez es parte de una violencia
generalizada contra los pueblos originarios especialmente en las provincias
Formosa, Chaco y Salta. Es aparentemente un fenómeno creciente. Como dice el ex cura de
la teología de la liberación Patricio
Doyle, quién vivió 20 años hasta mediados de los 90´ con los
Wichí: “Esto no había cuando yo estaba.”
Al contrario de
los originarios de la Patagonia, como los Mapuche, pueblos
como los Wichí del noroeste no fueron asesinados sino esclavizados en el siglo
XIX, porque los grandes ingenios necesitaban una mano de obra barata.
“Fue la iglesia quien los quebró, no la fuerza armada”, dice Doyle. Explica que
los misionarios quebraron su autoestima enseñándoles “que toda su cultura era
mal” y así los esclavizaron. Sufrieron un genocidio silencioso durante el siglo
XX. “El
Impenetrable fue un cementerio de proyectos de desarrollo”,
remarca.
Pero en los
últimos tiempos en lugar de la demanda de esclavos, creció la demanda de tierra
para la explotación de recursos naturales, especialmente para extender la
frontera del sistema agro-exportador transgénico – un sistema agropecuario casi
sin mano de obra. El originario no se necesita más y en esta
lucha territorial se repite la masacre en el sur del siglo XIX. Por
eso los ataques violentos contra las comunidades Wichí en Ingeniero Juárez y de
los Qom en La Primavera, Riacho de Oro, Pampa del Indio y una multitud de otras
en la región..
Así se puede
entender, por qué el crimen policial contra el niño Nazareno y sus amigos tiene
un contexto aún más aterrador. Según testigos, son
17 los asesinatos de chicos Wichí – no incluyendo los asesinatos de personas
grandes – a manos de integrantes de instituciones estadales o por sus protegidos.
Estos números dan cuenta de lo sucedido: desde el año 2000 sólo en Ingeniero
Juárez, con 19 mil habitantes, se trata de un patrón de crímenes contra los
jóvenes originarios que según testimonios de vecinos se repite allí, en otras
localidades de las Provincias de Formosa, Chaco y Salta.
En ningún
caso de Ingeniero Juárez hubo un juicio, la mayoría de los asesinatos ni
siquiera fueron investigados oficialmente, algunos de ellos se supone que fueron
cometidos directamente por integrantes de la policía. En general, tampoco
hubo denuncias de familiares por miedo a la represión y “porque acá en Juárez no
toman la denuncia” –
la misma experiencia que tuvo la madre de Nazareno –, aunque, como dicen los
vecinos, “sabemos quiénes son que los matan”.
Por ejemplo, un
joven Wichí se encontró muerto en un basural.
“Sabemos que los que lo mataron y torturaron son policías y la causa quedo en la nada”, dice un referente. “Luego encontramos un chico todo esqueleto, le sacaron toda la piel y de eso no hubo justicia tampoco. Otro chico fue yendo para un paraje y sabemos quiénes lo mataron, porque tienen muchas vacas y entonces son políticos”, dice un vecino. Hace tres años una mujer joven fue violada. “La chica la mataron, le sacaron los dientes. El hospital dice que murió por deshidratación, pero como va a morir por deshidratación, teniendo así la boca y sin dientes, con todos los moretones. El tobillo estaba torcido y se veía que peleó con su agresor.” El asesino fue “uno de los dirigentes de acá de Juárez”.
“Sabemos que los que lo mataron y torturaron son policías y la causa quedo en la nada”, dice un referente. “Luego encontramos un chico todo esqueleto, le sacaron toda la piel y de eso no hubo justicia tampoco. Otro chico fue yendo para un paraje y sabemos quiénes lo mataron, porque tienen muchas vacas y entonces son políticos”, dice un vecino. Hace tres años una mujer joven fue violada. “La chica la mataron, le sacaron los dientes. El hospital dice que murió por deshidratación, pero como va a morir por deshidratación, teniendo así la boca y sin dientes, con todos los moretones. El tobillo estaba torcido y se veía que peleó con su agresor.” El asesino fue “uno de los dirigentes de acá de Juárez”.
En el año pasado
asesinaron a Víctor
“Oli” Segundo, el número 17 de los asesinatos de chicos Wichí en
Ingeniero Juárez, un crimen morboso que se podría reconstruir de manera precisa
con nuevos testimonios, aunque el
sistema judicial cerró el caso. El joven, supuestamente de 16
años (no tenía DNI), fue
golpeado brutalmente el 22 de Junio. Según testigos el asesino fue el dueño
criollo de un comercio y la razón del acto había sido el hecho que el Wichí
Olivero se había sentado en la vereda del local criollo.
“No sé cómo, pero
Oli salió del barrio”, cuenta la referente de la comunidad Barrio
Belgrano, Ercilia
Agüero. “Se dice que le mandaron a comprar algo ahí en ese
negocio, pero cuando le mandaron ellos pensaron que el chico se había ido a su
casa, pero luego él no aparecía. Dos
días estuvo desaparecido, al tercer día lo encontraron a 50 metros de ese
negocio en una chacra, como un perro muerto”.
El joven
fue desfigurado por golpes y encontrado sin ropa, lo que impidió identificarlo.
Fue declarado fallecido y llevado al cementerio. Allá el encargado se dio cuenta
que Víctor Segundo todavía estaba vivo, significa que el joven había sufrido –
“como un perro tirado en la chacra” – dos días de agonía antes de detectarlo.
Entonces fue traslado a la terapia intensiva de un hospital de Formosa Capital,
donde murió. Solo
cuando volvió su cuerpo, cosido como un matambre como se puede ver en las fotos
tomadas, su identidad fue revelada y sus familiares, preparando el cuerpo para
el funeral, detectaron que fue vaciado de sus órganos.
Unas semanas
antes de estos hechos una
mujer fue violada y golpeada por criollos de la localidad. Fue atacada en un galpón
abandonado del ferrocarril y murió en el hospital, caso que tampoco fue resuelto
por la justicia. Estos crimines están acompañados por muertos
dudosos en hospitales. En una cantidad de comunidades hay
denuncias de personas trasladadas a los hospitales de las capitales provinciales
de Formosa y de Chaco que volvieron muertos con falta de unos órganos.
El supuesto
asesino del joven Víctor Segundo, a quien miembros de la comunidad Wichí acusan
de participar también en violaciones de mujeres Wichí, hoy en día está suelto y
en libertad. Un hecho inédito, especialmente en el contexto de los linchamientos
de las últimas semanas, es lo que paso, después de que las comunidades se dieron
cuenta del asesinato.Unas mil personas se juntaron para reclamar justicia y fueron al lugar
del asesinato. Dice un testigo: “Ellos llevaron al negociante y
la señora, pero después la gente se frenó un poco. Pensaba que por fin va a
haber justicia. Entonces les entregaron a la policía.”
Mientras
que en el barrio porteño Palermo un ladrón que robó un reloj marca Rolex de una
turista casi es linchado, unos mil vecinos de un joven asesinado bestialmente se
resisten a ajusticiarlo y entregan al supuesto asesino para que el estado haga
justicia. Pero en lugar de cumplir con su función, el sistema judicial
liberó al comerciante y ahora está persiguiendo a los manifestantes acusándolos
de robo en banda y en poblado. Entre los imputados se encuentran personas que
probadamente no estaban en la manifestación, como una mujer que ese día estaba
internada en un hospital. Otros imputados estaban, con testigos, en el campo
afuera del pueblo. La
comunidad Wichí decidió no atender las audiencias judiciales en
el pueblo de Las
Lomitas, unos 200 kilómetros de Ingeniero Juárez. No tenían los
recursos para viajar “y tenemos miedo”, dice un imputado: “pensamos si vamos,
nos pueden encerrar, y la gente se puso de acuerdo de no ir. Ahora estamos como
en rebeldía. Pero si lo va a buscar la policía a una persona no la dejamos que
se la lleven.”
El caso
Víctor Segundo es emblemático, como lo es la herida del niño Nazareno Chávez,
por su crueldad.
Ambos son casos que exponen la perversión social donde las jóvenes y niñas
originarias son golpeadas y violadas casi a diario. De hecho, existe un verbo
que da cuenta de esta práctica en el noroeste argentino: se
dice “vamos a chinear” cuando unos criollos buscan una chica indígena para
violarla.
Pero los
casos de Olivar y Nazareno también demuestran, cómo las instituciones del estado
están involucradas directamente en los crímenes: la policía, el sistema judicial
y el de salud y el poder ejecutivo. El estado no está ausente en este juego
violento, está bien presente y es un participante activo en crímenes organizados
como el tráfico de órganos. Recientemente un médico que atendió
a un paciente Wichí refirió el caso de un paciente que le comentó sobre una
operación de apéndice que le practicaron en un hospital público.
Cuando el médico
pregunto dónde estaba su cicatriz, el paciente la mostró. El médico sorprendido
constató que se encontraba en la espalda justo encima del riñón.
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Denuncian que
armaron una causa y detuvieron a un dirigente indígena formoseño
Un referente wichí preso por luchar
19 de abril de 2017
19 de abril de 2017
Por Darío Aranda (Página/12)
El referente wichí de Ingeniero Juárez, Agustín
Santillán, fue detenido luego de reclamar por los derechos de su pueblo. Según
la familia, los jueces y fiscales son presionados para procesar y condenar al
dirigente indígena.
Agustín Santillán, referente wichí de Ingeniero Juárez (Formosa),
siempre enumera los reclamos de su pueblo: territorio, salud, educación, trabajo
y agua. Está preso desde el viernes y su familia denuncia que “le armaron
causas” por exigir el cumplimiento de esos derechos. Pesan sobre él más de
veinte causas judiciales y no cuenta con abogado defensor. “Lo persiguen por
luchar. Lo quieren muerto”, denunció su esposa, Gabriela Torres.
Ingeniero Juárez está ubicado en el extremo oeste de Formosa, casi
en el límite con Salta. Una de las localidades más pobres del norte y región
ancestral del pueblo wichí. En las últimas décadas se aceleró el proceso de
despojo territorial (por el avance agroganadero y petrolero), y las comunidades
indígenas pasaron a engrosar los márgenes pobres de la ciudad.
Agustín
Santillán era un joven docente bilingüe cuando, en 2007, comenzó a reclamar
falta de escuelas, postas sanitarias, viviendas, trabajo y agua. Decenas de
notas a los ministerios provinciales que nunca tuvieron respuesta. Sobrevinieron
cortes de ruta y viajes a Buenos Aires para visibilizar las injusticias. Así se
lo vio en el acampe Qopiwini (Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé) de Avenida de Mayo y
9 de Julio, y articuló luchas con otros referentes formoseños, como los qom
Israel Alegre y Félix Díaz, y el pilagá Bártolo Fernández. Lo echaron de su
trabajo en la escuela y comenzó a ser perseguido por el poder político
provincial.En 2014 fue entrevistado por Canal 13, en horario central, denunciando las escuelas rancho y la violación de derechos. El ataque posterior fue sistemático. La policía de Ingeniero Juárez comenzó a amenazarlo con cárcel y muerte. El intendente Cristino Vidal Mendoza se expidió públicamente en Facebook: “Para ser prócer hay que matar indios? Sí. Y sobre todo si se llama Agustín”.
El 24 de marzo de 2015, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la policía de Formosa reprimió a las comunidades wichí de Ingeniero Juárez (Santillán estaba al frente del reclamo). Exigían agua, salud y educación, al costado de la ruta 81 (no la estaban cortando), pero igual fueron reprimidos.
Con el cambio de gobierno nacional y la reelección de Gildo Insfrán, gobernador desde 1995), Santillán siguió con los reclamos. En 2016 formó parte de una manifestación por nombramientos irregulares de maestros indígenas (la provincia había designado a familiares de funcionarios y punteros políticos). Ante la falta de respuesta, ocuparon de manera pacífica la delegación zonal. Santillán estuvo preso 15 días.
La última década hubo un cambio drástico en las comunidades indígenas urbanas del oeste de Formosa: se hizo frecuente la presencia de alcohol y paco, sobre todo en los jóvenes. Y comenzaron a ser reclutados como grupos de choque de los partidos políticos. En diciembre de 2015 ganó la intendencia Rafael “Pachanga” Nacif. Por sólo cuatro puntos, dejó segundo a Cristino Mendoza (intendente durante doce años). Y comenzó un enfrentamiento entre ambos (aunque los dos están alineados con Insfrán). Se valen de los jóvenes de comunidades wichí como fuerza de choque.
Desde hace más de un mes, Juárez padece inundaciones. Las comunidades indígenas denunciaron la falta de ayuda estatal y los reclamos fueron en ascenso. En ese contexto, y con el ingrediente del alcohol, jóvenes robaron viviendas y saquearon un comercio.
En redes de WhatsApp comenzaron a circular audios (muchos de punteros del gildismo) pidiendo la detención de Santillán, aunque él no habría participado de los incidentes. El viernes la policía lo detuvo, lo golpeó y trasladó a Las Lomitas (a 160 kilómetros de su casa). “Agustín no estuvo en los disturbios. No son jóvenes que trabajan con él. Está todo armado. Lo apresaron porque no se calla ante los políticos”, lamentó su esposa, Gabriela Torres. Y cuestionó que el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) no le haya brindado asistencia legal.
Santillán no tiene abogado defensor (ante la imposibilidad de contratar un abogado de forma privada, el Estado debe proveer defensor público, pero aún no ha sucedido). Sólo se sabe que está golpeado.
Durante el fin de semana se replicaron los audios en WhatsApp que incitan a presionar a jueces y fiscales para condenar a Santillán. Y piden cárcel para todos los wichís, a los que acusan de los males de Formosa. También hubo campaña de trolls en Facebook y Twitter. Los wichís explican que esos mismos criollos son los que venden alcohol y droga en las comunidades indígenas.
Daniel Cabrera es abogado de Las Lomitas, parte de la Asociación Argentina de Abogados de Derecho Indígena (AADI). Es defensor de Santillán en una veintena de causas antiguas, todas por reclamar los derechos básicos de los pueblos indígenas. “Agustín cometió un pecado, mostrar y denunciar la realidad de Formosa, por eso está privado de su libertad”, afirmó Cabrera y precisó que el poder político y judicial inició siete nuevas causas contra Santillán. Las acusaciones son tan diversas como insólitas: intimidación pública, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, robo en banda, amenazas, lesiones, agresión y usurpación. Está a cargo el juez Marcelo López Picabea.
La esposa de Santillán aún no pudo visitarlo porque teme ser detenida. “La policía le dijo a vecinos que van a encarcelar a toda la familia. Es injusto esto, sólo reclamamos nuestros derechos”, afirmó Gabriela Torres. Cabrera resumió: “Está todo armado como para que esté preso mucho tiempo. Quieren aleccionar a los que luchan”.
http://www.pagina12.com.ar/32448-un-referente-wichi-preso
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225553
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Oscar Castelnovo: La Cárcel por definición es
un lugar para la devastación de los pobres
14 de
diciembre de 2016
En El Enredando las Mañanas del Lunes 12 de Diciembre entrevistamos a Oscar
Castlenouvo de la Agencia para Libertad, para que nos aproxime a la realidad en
la que viven las personas que se encuentran detenidas en las cárcelesargentinas,
ya que la reforma de la Ley de Ejecución 24660 tuvo media sanción en la Cámara
baja, reforma que busca negarle las salidas laborales, condicionales y
transitorias, empeorando la situación que se vive dentro de los penales.
Por
RNMA
ELM: A raíz de los que pasó el martes pasado en la provincia de
Jujuy, por la muerte de Nelson Cardozo, nos gustaría conocer ¿cuál es la
situación que se vive en los penales?
OC: Bueno,
la situación que se vive en general es muy mala, en nuestro país muere un preso
cada 37 horas, preso o presa. La tortura es
sistemática como lo es desde de la dictadura. Hay condenados que están muriendo
de hambre en distintos penales del Gran Buenos Aires. Es decir, esto de la
“puerta giratoria” es una gran mentira.
Ahora, la situación se agrava porque precisamente el próximo miércoles se va a debatir en el Senado lo que llamamos la “Ley sepultura”, sería como una ley “Blumberg 2”. Como recordarán que en 2004, el ex ingeniero Blumberg, decimos que es ex porque se presenta como ingeniero y luego resultó que no lo era, impulsó a raíz del asesinato de su hijo una reforma a las leyes que tiene que ver con la sustitución de la pena, que fueron penas draconianas, por ejemplo la perpetua que antes eran 25 años pasaron a ser 50, y así nosotros tuvimos un crecimiento exponencial de presos, de hacinamiento, de muertes y ningún resultado positivo. Es decir, en ningún país del mundo la represión, la cárcel trae seguridad, ni baja del delito; Estados Unidos es el mejor ejemplo, tiene el mayor índice de prisioneros y tienen el mayor índices de delitos, en cambio países como Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia que tienen penas alternativas de delitos, están demoliendo cárceles por falta de delitos y por falta de presos, y fundamentalmente porque hay otra distribución de los bienes materiales y culturales que ahí estaría la raíz del asunto.
De las cárceles salen
personas resentidas porque viven en un mundo de terror y de violencia, los que
sobreviven y muy pocos, como por ejemplo las que salen en Centro Universitario
de Devoto que pueden salir con una carrera a lo mejor logra un reinserción pero
después acá nadie le da trabajo a ningún ser humano que salga de la prisión, sea
hombre o mujer, pregunten entre sus conocidos si les darían trabajo a un ex
preso?... también hay una cuestión social que la condena es para siempre, es
eterna.
Y ahora, lo que va a hacer esta reforma de ley
de aprobarse en el Senado, es eliminarlas prácticamente, porque es para la
mayoría de los delitos, las salidas transitorias, laborales, asistidas, la
libertad condicional entonces por eso van a quedar ahí sepultados, acá, por
ejemplo no hay colchones, tenés que dormir en el piso porque no hay camas. Pero
para dormir en el piso vos tenés que pagarle al servicio penitenciario o a un
preso reclutado por el servicio y si no la pasas muy mal, entonces va a ser el
infierno dentro del infierno. Esta es la situación que se está viviendo en
Argentina, en las cárceles.
ELM: Este
años los docentes que brindan formación dentro de los penales también sufrieron
despidos y el ajuste, ¿cómo quedó su situación?
OC: Lo que sé es que hoy precisamente, el pabellón
universitario de Devoto empezó una huelga de hambre por el tema de la ley,
porque el tema es que ahora pretenden trasladar lacárcel de
Devoto supuestamente a un descampado de Mercedes, entonces qué pasa: Devoto
queda cerca de la casa de Gobierno, 155 minutos en auto, ahora sucede que
quedaría a 100km. Entonces, los docente, los familiares no van a concurrir, por
ejemplo los abogados de oficio demorarían aún más.
En el caso de los docentes, que en muchos casos
van Ad Honorem, no pueden viajar 100Km de ida y otros de vuelta, todo lo que
implica el sacrificio de ir y volver. No es lo mismo estar a 15 minutos que
perder todo el día de trabajo. Entonces la situación va a ser realmente
dramática.
ELM: En
las cárceles hay
muchos presos que viven hacinados y que provienen de sectores excluidos de la
sociedad, pobres a diferencia de los arrestos de muchos genocidas, donde se los
pretende mudar Campo de Mayo, donde tienen todas las comodidades. ¿Se trata de
una cuestión clasista?
OC: La Cárcel por definición es un lugar para la devastación de los
pobres y de los rebeldes, esto ha sido así desde los años de existencia de las
sociedades. Ahora, hubo pretensión de que algunos militares presos juzgados por
Crímenes de Lesa Humanidad vayan a Campo de Mayo, donde tienen como en una cárcel militar,
muchas comodidades, se parece muy poco a una cárcel,
más bien se parece a una colonia de vacaciones. Distinto a la situación que vive
el resto de la población penal y en general viene de los sectores más
vulnerables y claramente es clasista, son de los sectores excluidos y acá hay
una gran oportunismo de nuestra “casta política” marketinera
cuando se aprobaron las leyes Blumberg, mal llamadas Blumberg porque no era ni
diputado ni senador había una mayoría kirchnerista en ambas cámaras y fueron
ellos quienes la aprobaron, y que no sirvieron nada más que para empeorar la
situación. Crearon policías municipal, local, multicolor, ultravioleta, lo que
sea.... y cada una de esas es una organización de delincuentes; ahora van a
reiterar este gobierno, claramente de monopolios, plutocracia, este gobierno de
ricos para los ricos va a reiterar y empeorar la situación de los presos con
esta ley sepultura en caso de aprobarse. O sea que nada bueno está pasando, pero ellos saben mejor
que nosotros que esto no está dirigido a garantizar la seguridad, está dirigido
a la casa del voto, a que la gente diga: “Mirá que bien que se combate el
delito”, muchos incautos e inocentes que piensan que así se va a acabar el
delito, cuando en realidad se recontra multiplica, porque qué persona puede
salir resocializado de un ámbito como el que acabado de describir y que nos
quedamos muy cortos.
ELM: Otro
de los aspectos preocupantes son los métodos de tortura que
mantienen las fuerzas de seguridad dentro de los penales de todo el país.
OC: Eso se mantuvo, no ha cambiado en toda la etapa
constitucional. Yo no la llamo democracia porque acá no hay democracia, hay
elecciones que son cosas distintas. Ya cuando vos llegas a un penal, te dan la
“bienvenida”, es decir, que te cagan a palos con los bastones, con los palos,
con los escudos, el “pata-pata” donde te rompen los tobillos, vos saltas y ellos
te patean con los borceguíes; violaciones, hasta los llamados “suicidados” que
son asesinados cuando se les fue la mano con la tortura.
Es una política de exterminio, claramente. Incluso en un libro de una socióloga
argentina, se describe, con pruebas y testimonios, nombres y apellidos, que los
médicos y enfermeros penitenciarios también torturan, o sea que cuando le dicen
al médico que te certifique que estás lesionado por golpes, el médico te termina torturando también
porque es parte de esa estructura. Las cárceles son
una estructura para la devastación de los pobres en encierro, eso no se ha
modificado y como forma parte de pactos de silenciamiento, pactos de sangre; la
familia policial, la familia judicial, la familia penitenciaria, parte de la
casta política todos en su conjunto se encubren y díganme qué juicios, salvo
excepciones, por torturas, por
asesinatos termina en buen puerto. Pero a estos que van un rato a sectores vip,
la vida familiar no se recupera, la lucha debe ser porque no maten más, no
torturen más.
Porque aún en el supuesto hipotético y remoto caso de que la justicia condene a mi no me sirve de mucho si mi hijo sigue muerto, por supuesto que hay que seguir en esta lucha, pero la lucha fundamental es para que no maten más con este grado de impunidad tan tremendo, vinculado al poder político, judicial que lejos de investigar encubre estos hechos.
ELM: Podrías
adelantarnos de la marcha para este miércoles, en repudio a la reforma de la ley
de Ejecución?
OC: Desde la Cárcel de
Devoto se está convocando a una movilización al Congreso de la Nación porque ahí
el Senado va a discutir, ya tiene media sanción en diputados esta ley, van a ir
los familiares, los liberados, los amigos, las organizaciones de militantes de
Derechos Humanos, y todo aquel que considere que este no es un asunto ajeno.
Sobre todo en Argentina que es campeón mundial en causas armadas.
Todos corremos el riesgo de ser apresados, por hacer radio denunciando cosas y esto se vincula con la Ley Antiterrorista, quizá. O como pasó con Luz y Diego en Jujuy, que estuvieron presos 2 años hasta que luego se comprueba su inocencia. Esto en Argentina está extendido abruptamente territorialmente en todas las provincias. Es un problema de todos nosotros, por los que están presos porque es el prójimo, porque su dolor es algo que nos debe interpelar pero además por nosotros mismos, por nuestros hijos; nadie está a salvo de estar el día de mañana preso y caer en un infierno del cual no se sale, porque cuando salís, salís con marcas que ya no se borran y vas salir con una condena que aunque estés afuera, permanece socialmente, familiarmente, permanece dentro tuyo, o sea que para nosotros es muy importante esta convocatoria, estar presentes y ver si torcemos esta decisión de los legisladores que están haciendo marketing y del peor.
Todos corremos el riesgo de ser apresados, por hacer radio denunciando cosas y esto se vincula con la Ley Antiterrorista, quizá. O como pasó con Luz y Diego en Jujuy, que estuvieron presos 2 años hasta que luego se comprueba su inocencia. Esto en Argentina está extendido abruptamente territorialmente en todas las provincias. Es un problema de todos nosotros, por los que están presos porque es el prójimo, porque su dolor es algo que nos debe interpelar pero además por nosotros mismos, por nuestros hijos; nadie está a salvo de estar el día de mañana preso y caer en un infierno del cual no se sale, porque cuando salís, salís con marcas que ya no se borran y vas salir con una condena que aunque estés afuera, permanece socialmente, familiarmente, permanece dentro tuyo, o sea que para nosotros es muy importante esta convocatoria, estar presentes y ver si torcemos esta decisión de los legisladores que están haciendo marketing y del peor.
d.
El capitalismo
y su estado no sólo son racistas sino ante todo componen un régimen en constante
perfeccionamiento de su dominación.
Narco y feminicidios: el control en espacios abiertos
6 de agosto
de 2016
Por
Raúl Zibechi (La
Jornada)
Las sociedades disciplinarias funcionan organizando grandes
espacios de encierro por los cuales pasan todas las personas: desde la familia y
la escuela hasta el cuartel y la fábrica, en ocasiones la cárcel y el hospital.
Según Michel Foucault, quien estudió a fondo las técnicas disciplinarias, estos
espacios comenzaron su andadura en el siglo de la revolución francesa, hasta
volverse corrientes en el siglo siguiente, en plena expansión del capitalismo.
La masacre era la forma con que el sistema intentaba aplacar a quienes no
encajaban en la disciplina, como la mayor parte de los pueblos indígenas y
negros, entre otros.
Las más
diversas resistencias, desde los obreros, las mujeres y los jóvenes, hasta los
pueblos oprimidos y los enfermos consiguieron neutralizar y desbordar los
centros de encierro donde funcionaba la disciplina. La crisis de la familia
nuclear, así como la de la fábrica fordista, llevaron al sistema a reconfigurar
las formas de dominación. Cuando el encierro ya no funciona, comienza a ser
sustituido por las llamadas sociedades
de control, como las ha denominado Gilles Deleuze.
Según el
filósofo, en su breve y excelente texto “ Post-scriptum sobre
las sociedades de control”, el control al aire libre apela a tecnologías no
fijas, que funcionan como un tamiz
que varía en cada punto. El marketing,
el consumismo, el endeudamiento, los sicofármacos y las máquinas informáticas,
en vez de las máquinas simples, son algunas de las técnicas del control a cielo
abierto, que poco a poco van componiendo un
nuevo régimen de dominación. Hasta aquí, ninguna novedad.
Sin embargo, estas técnicas funcionan en el norte del mundo.
O
mejor, en las zonas del ser, donde la humanidad de las personas es reconocida y
la mayor parte de la gente es controlable mediante las deudas, la televisión y
el consumismo. Pero, ¿qué sucede en la zona del no-ser, donde esas técnicas no
pueden obtener los mismos resultados? En estas zonas las relaciones sociales son
bien diferentes, heterogéneas, respecto de las hegemónicas. No sólo son
demasiado pobres para endeudarse, como destacaba Deleuze. Son diferentes.
-
La primera diferencia es la hegemonía de los valores de uso frente al predominio de los valores de cambio en la zona del ser. El capitalismo ha moldeado sólo parcialmente la vida cotidiana y las relaciones entre las familias, por lo que la ayuda mutua, la cooperación, el intercambio de bienes no mercantilizados y la solidaridad juegan un papel central. Incluso el dinero funciona como valor de uso, como enseñan los bancos populares que existen entre los de abajo.
-
La segunda es la potencia que tienen las relaciones comunitarias y de reproducción de la vida frente al individualismo y la producción que caracterizan la zona del ser. No sólo existen comunidades formales, sino relaciones sociales ancladas en los trabajos colectivos, tequio o minga, que producen bienes para el autoconsumo y el intercambio, sino que buena parte de esos trabajos están focalizados en la reproducción. Quizá podemos decir que en la zona del no-ser las diferencias y el antagonismo entre producción y reproducción son pequeñas.
-
La tercera diferencia se relaciona con la existencia de múltiples formas de trabajo: salario, reciprocidad, esclavitud, servidumbre y emprendimiento mercantil familiar. Esa diversidad se hace aún más compleja porque buena parte de los asalariados conviven con dos y hasta tres relaciones de trabajo distintas. De modo que no puede decirse que haya una forma central, sino un conjunto de relaciones laborales complementarias, aunque todas estén sometidas al régimen capitalista.
El abajo
organizado es un mundo de afectos y de confianzas fuertes, que estrecha las
posibilidades de control por medio de las deudas, por ejemplo, o del marketing,
donde las solidaridades neutralizan los mecanismos de control. Entonces, ¿cómo
se controla a cielo abierto a esta parte de la humanidad?
El régimen de
control en la zona del no-ser tiene en el narco y
en el feminicidio sus ejes centrales. Donde los jóvenes no son domesticables y
las mujeres no obedecen ni al esposo ni al cura; donde ellas crearon formas de
vida y reproducción de la vida en sus mercados autocontrolados y los jóvenes
practican culturas diferentes, no integrables en los circuitos dominados por los
monopolios del entretenimiento. El narco impide
que los chicos desplieguen sus formas de vida y el feminicidio actúa contra las
mujeres rebeldes. En ambos casos apuntan a revertir la crisis del patriarcado y
el desborde de los espacios de encierro.
El narco tiene
un carácter sistémico. El feminicidio también. Quien piense que son desviaciones
o extravíos de pervertidos se pierde en el laberinto de los modos de dominación
y queda sin posibilidades de reaccionar. Este carácter sistémico puede
apreciarse en la no reacción de los estados-nación a la masacre que están
provocando, porque les apuntalan la dominación en tiempos de crisis sistémica o,
en lenguaje zapatista, cuando la tormenta empieza a desplegarse contra los de
abajo.
El problema es
que esta realidad (el papel del narco y
del feminicidio) no se puede percibir desde la academia o desde las
instituciones estatales. Hay que estar allí, en la favela o en la comunidad,
para comprender hasta qué punto las autoridades son cómplices y, de modo muy
particular, los aparatos armados del Estado. En muchos barrios los narcos se
instalaron protegidos por policías o militares. Unos y otros trabajan en la
misma dirección: neutralizar a los de abajo. La única forma de hacerlo, en este
periodo, es mediante el exterminio masivo. Eso es la tormenta.
Se dice que
las diferentes formas de opresión conllevan otras tantas formas de resistencia,
y que éstas pueden desplegarse con mayor vigor en la medida en que las
opresiones sean iluminadas. Por eso es importante discernir el papel que el narco y
el feminicidio están jugando, como núcleo de las nuevas contrainsurgencias.
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Los feminicidios,
parte de la cuarta guerra mundial
20 de agosto
de 2016
Por
Raúl Zibechi (La
Jornada)
El 14 de
agosto la página desinformemonos.org advertía
sobre los 31 feminicidios registrados en Querétaro desde enero de 2015, con un
breve y estremecedor relato.“Los juegos, los sueños, la escuela, los amigos, la familia, los cumpleaños, los viajes, la seguridad, la libertad, la dignidad y la vida han dejado de ser derechos para convertirse, vergonzosa, intolerable y lamentablemente en beneficios que se adquieren cuando ‘moderas’ tu manera de hablar, cuando ‘cuidas’ la manera en que vistes, los horarios en que sales, lugares que frecuentas, cuando dejas de confiar en las personas y cuando tu vida deja de ser tu vida.”
El artículo destaca que los feminicidios son a todas luces violencia de Estado; denuncia la impunidad que los arropa y propicia la repetición del daño, y destaca que la mayoría de las víctimas suelen ser mujeres indígenas y pobres.
La información remite directamente al libro de Silvia Federici, Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria (Traficantes de Sueños, 2010). Un trabajo de duradera influencia, que contribuye a iluminar la realidad permitiendo una mejor comprensión de un conflicto social. Analiza la caza de brujas en la sociedad medieval, y a la vez contribuye a la comprensión de lo que sucede en este periodo de la historia.
Federici sostiene que el feudalismo fue erosionado por el poder y la autonomía conseguidas por las clases populares, y que la respuesta de las clases dominantes fue una violenta ofensiva que sentó las bases del capitalismo. La esclavitud y el colonialismo, el sometimiento de los trabajadores en la producción y el confinamiento de las mujeres en la reproducción, la creación de jerarquías de raza, género y edad, formaron parte de esta nueva dominación.El capitalismo no sólo llegó chorreando sangre y lodo desde los pies a la cabeza (Marx), sino creando un inmenso campo de concentración, donde la esclavitud en las plantaciones y la mita en las minas impulsaron la acumulación de capital (Federici, p. 91). El poder de las mujeres fue destruido con la caza de brujas, y los varones (y las mujeres, niños y niñas) fueron sometidos mediante la esclavitud asalariada y la esclavitud, para apropiarse de los bienes comunes.
Hoy atravesamos la crisis del capitalismo y la clase dominante vuelve a utilizar la violencia para perpetuarse. En la base de esta crisis está el poder adquirido por los sectores populares organizados en movimientos, en particular desde la década de 1960, cuando obreros fabriles desarticularon el poder patronal al desbordar la disciplina fordista.
La ofensiva en curso del capital busca destruir esa capacidad de organización y de lucha de los de abajo. Pero el mundo popular es hoy bien diferente al de antaño, en particular por la crisis del viejo patriarcado. Cualquiera que conozca los movimientos antisistémicos sabe que las mujeres juegan un papel central, aun cuando no sean tan visibles como los varones. Ellas son la argamasa de la vida colectiva, son las encargadas de la reproducción de la vida y de los movimientos. Además de cocinar, tejer y cuidar los animales en sus hogares, se juntan con otras mujeres para hacer lo mismo, pero en colectivo. Son las guardianas de los bienes comunes, materiales e inmateriales.Ellas, y sus hijos e hijas, son las sostenedoras del mundo popular, de las familias extensas y de las organizaciones, desde las comunidades urbanas hasta las campesinas e indígenas, desde Chiapas y Cherán hasta Wall Mapu y los Andes. No es casual que estemos ante una nueva caza de brujas, cuando la reproducción ocupa un lugar tan importante en la resistencia y en el poder de las mujeres, con sus comunidades.
Las mujeres, y sus hijas e hijos, han desarticulado la familia nuclear patriarcal, el poder de la Iglesia y del cura, el papel disciplinante de la escuela, el cuartel, el hospital y el taller. Han creado un mundo donde las relaciones colectivas prevalecen sobre las familiares y la cooperación entre ellas hace que la división sexual del trabajo sea una fuente de poder y de protección para las mujeres, como escribe Federici sobre la sociedad medieval (p. 41). Prestar atención a lo que sucede en un tianguis, un comedor o un barrio popular hace innecesarios más comentarios.
La violencia para aniquilar a los sectores populares, a través del narco, del feminicidio y de las guerras contra los pueblos, ha sido diseñada por las clases dominantes para destruir nuestros poderes. No sólo los explícitos. Federici nos recuerda que los trabajadores del siglo XV ensayaban múltiples resistencias: dejaban de trabajar cuando tenían lo suficiente, sólo aceptaban tareas por tiempo limitado, se vestían de forma ostentosa, de modo que eran indistinguibles de los señores (p. 78).
La nueva caza de brujas, ahora sin juicios ni formalidades, sino a bala limpia, es parte de la cuarta guerra mundial del capital para eliminarnos como pueblos. Para triunfar en la lucha de clases, la burguesía debe arrasar la autonomía de los pueblos, de las comunidades y de las personas; la violencia y las políticas sociales son, en ese sentido, complementarias. El ataque a las mujeres y sus hijos es uno de los nudos de esta guerra.
Como en los albores del sistema, en su decadencia la violencia vuelve a ser el principal agente de la acumulación de capital. Lejos de cualquier ilusión, debemos comprender que la violencia no es ni un error ni una desviación momentánea, sino una característica sistémica del capitalismo en decadencia, en particular en las zonas donde la dignidad de los seres humanos no es reconocida.
Por esa razón, urge dilucidar las estrategias
para enfrentar la violencia sistémica y la voluntad de aniquilación de los
pueblos. Si el feminicidio y el asesinato indiscriminado de jóvenes y mujeres
son sistémicos, ¿qué sentido tiene elegir gobiernos de diferentes colores que
van a mantener el sistema en pie?
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215761
Nos urge, entonces, generalizar la percepción (el análisis
y toma de posición) de la constante acumulación de riquezas y poder por los
oligopolios y socios al costo sintetizado en el título siguiente:
Los
transgénicos fracasan, los daños persisten
28 de octubre
de 2016
Por
Silvia Ribeiro (La Jornada)
"Los transgénicos fracasan pero las intenciones de las
empresas siguen intactas; por eso las fusiones, las nuevas técnicas, las
maniobras encubridoras, en pos de aumentar el control de agricultores y
consumidores."
16 de octubre,
Día Mundial de la Alimentación según las Naciones Unidas, fue declarado por la
Vía Campesina Día internacional de acción por la soberanía alimentaria y contra
las corporaciones trasnacionales,
definición mucho más acorde con la realidad, que define lo que realmente está en
juego. (ver aquí) Este año, además de acciones en muchos países, cientos de
organizaciones confluyen en el Tribunal internacional sobre Monsanto que
se realiza en La Haya, Holanda, cuyos testimonios y deliberaciones se pueden ver
en el portal http://es.monsantotribunal.org/.En el último año hemos visto cómo las mayores corporaciones de semillas, fertilizantes y agrotóxicos se han fusionado en dimensiones difíciles de imaginar. Aún pendientes de aprobación por autoridades antimonopolio, si lo logran, quedarán tres megaempresas (Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina y DuPont-Dow) que dominan más de dos tercios de esos mercados globales.
Paradójicamente, esas empresas que inventaron los transgénicos, están ahora viendo su declive. A 20 años del inicio de la siembra comercial de transgénicos, el ISAAA (instituto digitalizado por las empresas biotecnológicas) reconoció que el área de transgénicos plantados en el mundo disminuye. Es un porcentaje pequeño, pero marca una tendencia, con un millón 800 mil hectáreas menos, según cifras de la propia industria, que siempre son alegres. Pese a ajustar a su favor las estadísticas en estos 20 años, no pudieron ocultar que solamente 10 países siguen teniendo más de 98 por ciento del área sembrada con transgénicos. Cinco de ellos disminuyeron ahora su área sembrada. En 20 años registraron más de 70 especies cultivables modificadas genéticamente, pero siguen siendo cuatrocommodities –soya, maíz, canola y algodón– que representan 99 por ciento de la siembra, casi la totalidad no para alimentación, sino para combustibles y forrajes.
Los transgénicos están tan desprestigiados, que la industria se empeña en que los cultivos manipulados con biotecnologías más recientes se llamen edición genómica, intentando ocultar que es ingeniería genética y son otra forma de transgénicos. Cada vez que hablan de alguna de estas tecnologías (como Crispr-Cas9, Talen y otras basadas en biología sintética), señalan que ahora sí son precisas y se sabe qué parte del genoma están modificando, admitiendo que con los transgénicos anteriores no tenían –ni tienen– conocimiento ni control de la manipulación y que nos han usado a todos como cobayos para sus experimentos.
Varios testimonios del Tribunal Monsanto mostrarán el impacto devastador en la salud pública y la contaminación ambiental que ha significado el aumento hasta de 2000 por ciento en el uso de agrotóxicos en las zonas de siembra de transgénicos. No se trata de una progresión del uso de químicos que ya ocurría con los híbridos, sino un aumento exponencial por ser semillas manipuladas para tolerar agrotóxicos, principalmente glifosato, lo cual provocó que más de 20 hierbas invasoras se volvieran tolerantes a éstos.Los transgénicos fracasan pero las intenciones de las empresas siguen intactas; por eso las fusiones, las nuevas técnicas, las maniobras encubridoras, en pos de aumentar el control de agricultores y consumidores.
Ya vemos también la cresta de la ola del tsunami tecnológico que se ha ido gestando en años, hacia una agricultura robotizada, condrones, GPS, sistemas satelitales y aplicaciones digitales para controlar desde la porción de comida para cada vaca o pollo encerrado, hasta las dosis de químicos en cada mata en grandes monocultivos. Común a todo es que proponen eliminar aún más gente del campo. Según Rob Fraley, de Monsanto, se habían demorado: Toda la industria agrícola está en una gran transformación. Es la última de las grandes industrias que se digitaliza, declaró poco antes de aceptar la fusión con Bayer (ver aquí).
En contraste, en México sigue en pie la suspensión de la siembra de maíz transgénico, que ya lleva más de tres años, gracias a la demanda colectiva de un grupo de ciudadanos y organizaciones, mientras en la península de Yucatán están suspendidas las siembras de soya transgénica, en diferentes procesos a cargo de comunidades, organizaciones campesinas y de apicultores, organizaciones ambientales y sociales. La más reciente, a iniciativa del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, el Colectivo Semillas Nativas Much Kana I’inaj con Educe, la Asamblea de Afectados Ambientales y otras organizaciones, denuncian que en la propia ley de bioseguridad hay elementos inconstitucionales. En conferencia el 3 de octubre, expusieron que el modelo agrícola industrial y en particular los transgénicos aseguran el despojo de la tierra y las semillas nativas, la contaminación de suelo y agua, la pérdida de la biodiversidad y daños a la salud y ambiente por el glifosato. (ver aquí)
Pese al aluvión de evidencias en su contra, este 16 de octubre las empresas, secundadas por gobiernos e instituciones internacionales, insistirán en que necesitamos alta tecnología, transgénicos y agricultura climáticamente inteligente para afrontar el hambre y el caos climático. La falsedad de este discurso está al desnudo y sus impactos ambientales, de salud y sociales a la vista en el Tribunal Monsanto y sobre todo, en cada lugar donde las y los campesinos, comunidades, organizaciones barriales, de estudios, culturales, de científicos críticos, muestran que el camino para la soberanía alimentaria y la salud ambiental y de las personas es el opuesto: la agricultura y semillas campesinas, los mercados locales, las huertas urbanas, biodiversas, descentralizadas y en manos de quienes las trabajan.
*Silvia Ribeiro es investigadora del
Grupo ETC
Hacernos
cargo del desafío de facilitar el
protagonismo popular desde su situarse en el enfrentamiento a erradicar, nos
plantea concebir el potencial de la diversidad de abajo en sus resistencias
al avasallamiento de derechos al ir recuperando o creando "tramas
comunitario-populares" según
el ejercicio del autogobierno y de la gestión de bienes
comunes.
Para ello es fundamental suscitar el cambio de raíz de los sentidos comunes
y prejuicios mayoritarios.
Entrevista a Huáscar Salazar Lohman
Verónica Gago y
Diego Sztulwark
Economista boliviano, activista ligado a organizaciones sociales y miembro de la
Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos, Huáscar (1983) publicó el año
pasado el libro Se
han adueñado del proceso de lucha. Horizontescomunitario-populares en tensión y
la reconstitución de la dominación en la Bolivia del MAS (2015)(SOCEE/Autodeterminación),
con prólogo de Raquel Gutiérrez Aguilar, una investigación académica de largo
aliento que trata de comprender lo ocurrido desde la llegada de Evo y del MAS al
gobierno desde el punto de vista de
las tramas comunitario-populares, que hasta
entonces desarrollaron un enorme poder de veto contra las políticas modernizantes del estado neoliberal al punto de desestabilizar el conjunto de
las categorías jurídicas, políticas y económicas de la dominación.
Luego de esa fecha, en cambio, y a contrapelo de la retórica oficial, esas
mismas tramas retroceden ante la nueva síntesis estatal que no ha dejado de
plantear intensos conflictos con sus iniciativas modernizantes de tipo
neodesarrollista. Huáscar sostiene que no se entiende el proceso boliviano sin
considerar que
“la
derechización ya está en curso por la propia dinámica” del gobierno
“progresista”. Encontramos
a Huáscar en octubre de 2015 en Puebla, en el Congreso de Comunalidad, y
retomamos la conversación durante el verano para seguir de cerca el referéndum
convocado por el gobierno boliviano en el que fracasó la iniciativa
reeleccionista.
¿Qué es lo comunitario-popular en Bolivia y qué papel ha jugado en las luchas de
los últimos años? ¿Qué valor tiene hoy día y qué horizonte abre?
Lo comunitario-popular es un horizonte que se establece a partir de una forma específica de producción de lo político, la cual parte de lo que Raquel Gutiérrez Aguilar –quien propone y desarrolla el término– denomina la reapropiación colectiva de la riqueza material disponible.[1] Un horizonte comunitario-popular es, entonces, la expresión política y de lucha de una serie de relaciones sociales que se tejen en torno a garantizar la reproducción de la vida, partiendo de formas autónomas, autorreguladas y siempre colectivas de ejercicio del poder y de la gestión de bienes comunes; contrapuestas siempre –aunque nunca en estado de pureza– a las que son impulsadas a partir del ordenamiento capitalista de la sociedad.
La defensa y el despliegue de esas relaciones, que básicamente implica resguardar y recuperar la capacidad colectiva de decidir sobre una base material que nos es común, es la lucha política empujada desde un horizonte comunitario-popular, el cual no parte del objetivo de la toma del poder estatal, sino que más bien tiende reapropiarse de prerrogativas sobre el ámbito material y simbólico expropiadas por la institucionalidad estatal y funcionalizadas al capital.
Si se revisa la larga historia de las luchas bolivianas, ese horizonte
comunitario-popular ha sido un denominador común, el cual se ha expresado de
diversas maneras en cada contexto particular, incluso en muchas ocasiones
entremezclado con luchas centradas en la “toma del poder”. La Revolución
Nacional del 52, por ejemplo, hubiera sido impensable sin los levantamientos
indígenas y campesinos que la precedieron –muchos de ellos promovidos por el
afán de recuperar sus tierras y sus propias formas de autogobierno– y que
debilitaron las estructuras de dominación de ese entonces. No fue sólo una
rebelión obrera, como se suele interpretar a este hecho histórico.
El ciclo rebelde de 2000-2005 fue una expresión profunda de ese horizonte,
distintas fuerzas comunitarias, urbanas y rurales, lucharon sistemáticamente por
la reapropiación colectiva del agua, los hidrocarburos, el territorio, además de
poner en cuestión la forma de la política del Estado neoliberal.
Era gente organizada a partir de asambleas, sindicatos agrarios, juntas
vecinales, y otras formas organizativas centradas en la deliberación colectiva.
En la mayoría de los casos no existían vanguardias iluminadas, sino que eran las
formas cotidianas y autónomas de organización social las que se desplegaron en
las calles.
De ahí que se debe entender que si bien el Movimiento Al Socialismo emerge del
movimiento cocalero en ese contexto de luchas, nunca fue la vanguardia de ellas
y tampoco se debe pensar que esas luchas tenían como objetivo llevar a Morales
al gobierno, ese fue un resultado más, que si bien fue importante, no expresaba
el núcleo del horizonte que iba mucho más allá.
Lo comunitario-popular, entonces, se basa en la práctica colectiva de gestión de la vida social y la vigencia de este horizonte no depende de la presencia un discurso ideológico, sino más bien de la capacidad de la puesta en práctica de aquellos mecanismos que permiten recrear la relación social comunitaria. Estos, aunque no desplegados, siguen muy vigentes en la realidad boliviana, aunque eso sí, también están fuertemente golpeados por la dinámica estatal de la presente coyuntura.
¿Cómo caracterizas al gobierno del MAS? ¿Qué papel juega desde su asunción, a
partir de 2006? Tu modo de exponer el proceso boliviano, que no se hace
expectativas con el papel del estado y que ve en el MAS una fuerza de
normalización quita esperanza a mucha gente, no sólo de Bolivia. ¿Cómo asumís
este choque con las ilusiones que aún despierta en muchos lugares la figura de
Evo?
Ha habido una gran dificultad para caracterizar y nombrar al gobierno del MAS.
En un primer momento, desde la llegada de Morales al gobierno hasta, yo diría,
el cierre de la Asamblea Constituyente, en 2008, pudimos evidenciar una forma de
ejercicio de la política estatal en la que los gobernantes se vieron obligados a
responder a una serie de presiones permanentes que venían desde distintas
organizaciones populares –aquellas que habían asumido las banderas de luchas
entre 2000 y 2005–. La fuerza política de estas organizaciones era la base
social del gobierno, que le daba legitimidad y capacidad para enfrentar a las
fuerzas más conservadoras del país. En otras palabras, estas organizaciones
empujaban al gobierno a cumplir una agenda popular, al mismo tiempo que le
dotaban de la fuerza e impulso para lograrlo. Distintas leyes –como la de
Reconducción de la Reforma Agraria– y la propia Asamblea Constituyente fueron
resultados de esta dinámica, que finalmente fue impulsada desde los entramados
comunitarios.
Sin embargo, aquella no era una situación cómoda para los gobernantes y menos
para el ejercicio que realizaban del poder estatal. Si se revisa cuál fue la
actitud del MAS en los primeros años de gobierno frente a ese empuje popular, lo
que vamos a encontrar
es una disputa en la que el gobierno buscaba limitar la capacidad de presión de
las organizaciones sociales, expropiando prerrogativas de decisión política que
éstas habían logrado a través de la lucha, y para lograr esto la estrategia fue
la de establecer alianzas con las élites dominantes.
Es así que, por ejemplo, si bien en el gobierno del MAS se estableció la
Asamblea Constituyente por la presión de las organizaciones, fue el propio
gobierno quien produjo una serie de límites para contener las posibilidades más
profundas de transformación social que aquellas organizaciones sociales
intentaron plasmar en ese proceso constituyente.
Tanto es así que la
Constitución Política del Estado aprobada por la Asamblea Constituyente no es la
que está vigente, sino que quedó una modificación de ella, la cual se realizó en
una negociación a puerta cerrada entre gobierno y fuerzas conservadoras, sin
organizaciones sociales. En esa negociación se modificaron más de cien artículos
quitando la esencia de aquella agenda popular. La muestra más clara: tenemos una
Constitución Política del Estado que constitucionaliza el latifundio, cosa que
antes no había sucedido.
Lo que hizo el MAS, en tanto fuerza gobernante estatal, fue expropiar la capacidad de decisión política sobre distintas cuestiones públicas, la cual había sido reapropiada por las fuerzas populares en casi seis años de lucha previa. Para esto se vio en la necesidad de, primero, desarticular las fuerzas populares que pugnaban por dar forma a la política estatal e instrumentalizar al gobierno –en la medida de lo posible– según las heterogéneas agendas que tenían. Para lograr esto subordinó y disciplinó a las cúpulas de las principales organizaciones sociales, y a las que no logró alinear a la política gubernamental, las intervino y las reprimió.
En segundo lugar,
el gobierno del MAS asumió como suyo el proyecto de los nuevos y viejos sectores
dominantes, desde las transnacionales hidrocarburíferas hasta la oligarquía
terrateniente, pasando por las cooperativas mineras, capital comercial, etc.
Esta no es una aseveración menor, pero basta una revisión detallada de la
política económica de este gobierno para evidenciar –más allá de una serie de
políticas de bonos y subvenciones– que
el MAS logró consolidar en Bolivia buena parte de la agenda que el
neoliberalismo intentó imponer pero no pudo; sólo que lo hizo en un contexto
económico internacional favorable que le permitió financiar el corporativismo
que ha asumido la estructura estatal y también lo hizo a partir de formas
distintas.
Entre esas formas está la retórica reproducida por el gobierno, la cual también
puede considerarse como un despojo de los discursos que articularon las luchas
populares previas al gobierno del MAS. Esa retórica se ha sostenido como
contraparte de una política que en esencia no tiene absolutamente nada que ver
con ella y su enunciación se vuelve cada vez más vacía en el imaginario popular
boliviano, lo que, por supuesto, quita esperanza y produce mucha frustración,
era un proceso que no necesariamente tenía que tender a esto.
El MAS, como lo esperábamos muchas y muchos de nosotros, podía haber coadyuvado
a profundizar las transformaciones sociopolíticas que habían impulsado las
luchas populares desde las calles, abriendo un tiempo histórico fértil para
pensar alternativas sociales, y no debía ser el agente que más bien se encargara
de cerrar ese tiempo.
Quizá todo esto es menos evidente afuera del país, y más si tenemos en cuenta
que el gobierno boliviano ha establecido, como política de legitimación
internacional, la sistemática difusión de un discurso altamente seductor para
una izquierda progresista latinoamericana, la cual, lastimosamente,
no está haciendo el esfuerzo por ver más allá de lo que el gobierno boliviano
quiere mostrar.
Esas redes de apoyo internacional, que otrora eran profundamente útiles como
cajas resonancia de las voces críticas existentes al interior del país, ahora
están apagadas e, incluso, muchas de esas redes –las más
institucionalizadas–, se han convertido en operadores intelectuales
“iluministas” que
se encargan de deslegitimar las voces críticas y las luchas populares que poco a
poco emergen en la realidad boliviana.
Yo creo que la actual Bolivia estatal debe dejar de ser un referente de esperanza, porque es una esperanza vacía y esas esperanzas son estériles. Lo que puede convertirse en fuente de esperanza fértil –y que pasa acá y pasa en muchos lados– son las luchas populares que se empiezan a re-articular desde abajo.
¿Cómo evalúas la coyuntura de Bolivia a la luz de los cambios geopolíticos en
Sudamérica?
Se habla del fin del ciclo “progresista” en América Latina, y si bien no me
gusta mucho la idea de que veamos estos procesos como un “ciclos”, creo que la
figura es útil para entender lo que se viene después de estos gobiernos que se
autodenominaron como “progresistas”. Y sobre esto quiero puntualizar un aspecto:
el horizonte que, desde la democracia formal, nos dejan este tipo de gobiernos
es un horizonte de derecha. Me explico y lo ejemplifico en el caso de Bolivia
–aunque por lo que conozco de otros países podría, guardando las diferencias,
pensarse algo similar.
Por lo que expliqué anteriormente, más allá del discurso, el gobierno de Morales ha asumido como política de gobierno los intereses de lo que históricamente denominamos como derecha en Bolivia; es decir, esta aparente izquierda, desde una retórica popular, operativiza los intereses de la derecha, por lo que en este caso la derechización ya está en curso por la propia dinámica del gobierno “progresista”. Pero lo que también este gobierno hizo fue desarticular y aplastar los proyectos políticos críticos, aquellos que desde la heterogeneidad construían sus propias alternativas, incluso, muchas de ellas de corte electoral. El intento de monopolizar el ámbito de lo que entendemos por “izquierda”, llevó al MAS a aniquilar otros proyectos que emergieron desde abajo, un ejemplo fue el barrido y la destrucción del Poder Amazónico y Social (PASO), que era un esfuerzo de campesinos e indígenas del norte amazónico por estructurar su propio instrumento político electoral, como éste hay varios ejemplos más.
Hace unos días, un intelectual del gobierno expresaba “tenemos un solo proyecto
y un solo líder”. La lamentable realidad de sus palabras nos muestra que, en la
democracia formal boliviana, aparentemente nos quedan dos opciones: el MAS que
se perfila para seguir gobernando como la nueva derecha, y la única alternativa
pareciera ser la derecha de siempre, la tradicional.
En otras palabras, el gobierno progresista pareciera que nos deja un horizonte
de derecha como única opción.
Yo creo que esta dinámica de derechización de la región va a venir con fuerza,
bajo distintas formas pero de manera sistemática.
Sobre esto habrá que ver cuál es la capacidad de reorganización de fuerzas
populares que, más allá de que participen o no en el escenario electoral,
mantengan su centro de gravedad hacia abajo, ya que ese podría ser el contrapeso
principal para limitar dicho proceso.
¿Qué tipo de síntesis social no-estatal imaginas como perspectiva posible?
Debo admitir que siempre me exasperan las vertientes epistemológicas que tienden
a reducir la posibilidad de lo político al ámbito estatal, en primer lugar,
porque se corresponden con la vocación totalizante del Estado; es decir, una
epistemología de este tipo reconoce al Estado como ámbito único y privilegiado
para la producción de la decisión sobre los asuntos públicos. En segundo lugar,
porque son desconocidas como legítimas y válidas otras formas de producción de
lo político. Lo político desde abajo, que se hace desde los “márgenes”, en
palabras de Raúl Zibechi, o el “subsuelo político”, en palabras de Luis Tapia,
queda simplemente invisibilizado.
En ese sentido, pensar en una síntesis social parcial no-estadocéntrica –que no necesariamente es no-estatal–, implica pensar una sociedad en el que el Estado no ejerce el monopolio de la decisión política, sino que también se despliegan una multiplicidad de formas sociopolíticas de gestión de la vida, las cuales, permanentemente –y recalco esto porque es un proceso siempre inacabado– destotalizan la vocación totalizante de la relación estatal, a partir de formas autónomas y colectivas de ejercicio del poder.
No concibo una síntesis parcial no-estadocéntrica como una imagen prefigurada, sino más bien como el despliegue de una práctica que se vivió en Bolivia desde el 2000 hasta el 2008. En todo ese periodo, las fuerzas populares bolivianas cercaron al Estado y establecieron una serie de límites a la política desde su institucionalidad. A medida que eso pasaba, los hombres y las mujeres que luchaban se fueron re-apropiando, desde su vida cotidiana, de una serie de capacidades de decisión sobre asuntos que les importaban. Incluso en los dos primeros años del gobierno de Morales, distintas fuerzas políticas no estatales se desplegaron e intentaron plasmar una Constitución Política del Estado en la cual, más que establecerse las bases de una nueva “nación”, se buscaba consolidar de manera sostenible en el tiempo una serie de límites al Estado desde su propia gramática. La idea de territorios indígenas autónomos, la participación de autoridades originarias de manera directa en la democracia formal o la propuesta de consolidar un “cuarto poder” por medio del cual las distintas organizaciones tuvieran capacidad de veto sobre todas las decisiones del legislativo y ejecutivo, entre otras propuestas más, fueron reivindicaciones que iban en ese sentido.
Entiendo, entonces, que esa fuerza desplegada desde distintos horizontes
comunitario-populares, y que se posicionó en la realidad social boliviana de
manera efectiva –no solamente prefigurada–, nos permitió experimentar sobre las
posibilidades de producir una síntesis social parcial y no-estadocéntrica.
Lo
que también se aprendió de esa experiencia es que no basta producir una síntesis
de ese tipo para luego transferir, por las buenas o las malas, las prerrogativas
recuperadas a un gobierno que consideras “aliado”, ya que la dinámica estatal
recompondrá las relaciones de poder a favor del Estado.
¿Qué repercusiones tendrá la reciente victoria del NO en el Referéndum para el
proceso político boliviano?
La puesta en escena del referéndum de reforma constitucional para que Morales
pueda ser re-elegido por tres periodos consecutivos marca claramente las
prioridades que tiene esta administración: la consolidación de una estructura de
poder dominante en torno a la figura de un caudillo. Era la primera reforma a la
nueva Constitución Política del Estado y los temas más importantes, como el
problema de la constitucionalización del latifundio u otros más, ni siquiera
fueron pensados como una posibilidad de reforma desde este gobierno. Así pues,
podríamos decir que el denominado “proceso de cambio” no sólo necesitaba
habilitar a sus líderes como candidatos en 2019 para seguir existiendo, sino
que, poco a poco, el “proceso de cambio” se ha convertido en eso.
La victoria del SÍ en el referéndum hubiera significado la consolidación del MAS como partido gobernante hegemónico, lo que, a su vez, se habría traducido en un clima aún más agresivo y de hostigamiento hacia cualquier intento producción de alternativas políticas populares. Y, por tanto, también hubiera significado el afianzamiento del proyecto de la nueva derecha que: reprime indígenas (masacre de Chaparina o la brutal represión de Takovo Mora); que permite el incremento de la producción cultivos transgénicos (la producción de la soya transgénica pasó del 20% al 99% en 10 años del MAS); que promueve la devastación de bosques (el perdonazo legislativo a los agroindustriales que desmontaron 5.5 millones de hectáreas); que promueve la construcción de carreteras para el gran capital pasando por territorios autónomos de indígenas sin consultar (el caso del TIPNIS y la represión a los indígenas); que ha generado una estructura prebendal nunca antes vista a todos los niveles de gobierno (empezando con el reciente caso de corrupción multimillonaria relacionada a la empresa china CAMC); que nacionaliza los hidrocarburos para pagar subvenciones a las petroleras (incentivos que llegan a otorgar el 74.5% del valor de la venta de los hidrocarburos a las transnacionales); que más allá del discurso es colonial en esencia (un vicepresidente que por fuera del país habla de pomposos conceptos y teorías, pero cuando le habla a la gente sencilla de su país, desde el paternalismo y soberbia que lo caracterizan, les dice que “Evo es como cristo resucitado”[2]); que utiliza el miedo como mecanismo de propaganda política (amenazas para quitar el apoyo a quienes no voten por el MAS[3])….En fin, la nueva derecha, esa nueva dirigencia política de las clases dominantes se habría visto fortalecida.
La victoria del NO, en cambio, ha significado la apertura de un espectro de
posibilidades políticas. Por supuesto que entre esas está la derecha tradicional
de este país, que es la que ahora trata de capitalizar el momento político,
aunque sin mucho éxito. Esta vieja derecha le disputa el poder al MAS en el
plano de la dirigencia, pero no en el plano del proyecto político; por lo que
una discusión sobre cuál es menos malo es bastante estéril. Lo importante es el
respiro que, esta pérdida de legitimidad y resquebrajamiento de hegemonía que ha
sufrido el MAS, le da a distintas fuerzas políticas que posiblemente veremos
emerger nuevamente en los próximos años. Que después algunas de estas
alternativas se fortalezcan desde abajo y otras pasen a la democracia formal,
será otro tema y habrá que ver de qué manera lo hacen. Pero en este momento lo
que tenemos son cuatro años hacia adelante en el que continúa un gobierno de
derecha pero debilitado y enfrentado con una derecha tradicional; y, en
paralelo, tenemos una serie de fuerzas populares diversas y polifónicas que poco
a poco encuentran cauces para su accionar político emancipador; estos son
procesos que llevarán su tiempo pero que ahora la tienen un poco más fácil.
Siento que en Bolivia hemos pasado por distintas etapas frente al proceso del
MAS, quizá la primera fue la de intentar “reconducir” el “proceso de cambio” a
la cabeza del actual gobierno, para pasar a un momento de gran frustración e
impotencia, que dejaron inmovilizados a las fuerzas populares, sin embargo, esta
última etapa que estamos viviendo puede ser leída como un momento en que esas
fuerzas empiezan a re-encontrarse y re-encausar sus esfuerzos, y lo hacen ya no
interpelando al gobierno como un aliado, sino más bien como un contendiente
político representante del nuevo orden dominante.
[3] https://video-frt3-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xat1/v/t42.1790-2/10983953_455388304614160_1749238546_n.mp4?efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoicmVzXzQyNl9jcmZfMjNfbWFpbl8zLjBfc2QifQ%3D%3D&rl=300&vabr=146&oh=c1d69cffc0d38d41129c5e0e51e59c2
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