¿Sostienen qué mundo? En
guerra contra la autodeterminación de los pueblos. Lo ocultan
declarando el Abya Yala como zona de paz mientras subordinan la CELAC a
China.
Los
extractivismos son
violencia en todos los sentidos del concepto. Sin embargo, los gobiernos
progresistas están de acuerdo con:
Alí Rodríguez y el discurso extractivista.
31 de marzo de 2014
Por
Pablo Dávalos
Alí Rodríguez es un personaje importante en la
transición posneoliberal en América Latina. Fue Ministro de Economía y el
responsable de PDVSA durante la era de Chávez, luego fue Ministro de Relaciones
Exteriores de Venezuela y, posteriormente, Secretario General de la UNASUR. De
alguna manera, representa el momento histórico y político que vive la región, de
ahí que sus declaraciones den cuenta de la forma que asumen los discursos y la
praxis política de los responsables de la transición posneoliberal, al menos en
América del Sur.
En un documento publicado por la revista
electrónica ALAI (“Recursos naturales como
eje dinámico de la estrategia de UNASUR”,
2014-03-24, www.alainet.org), Rodríguez expone punto por punto los argumentos
del discurso extractivista. Esos argumentos señalan, desde una pretendida
posición objetiva, que América Latina en general y Suramérica en particular, no
se caracterizan por ser potencias tecnológicas ni financieras y que su mayor
riqueza está en sus recursos naturales y en su gente, y que es el momento de
utilizar esos recursos naturales para financiar tareas urgentes tanto del
desarrollo, como el crecimiento económico, cuanto de la redistribución del
ingreso, como la salud y educación.
Este discurso se sintoniza con lo que han
expresado y propuesto varios líderes políticos de la región, por ejemplo, la
metáfora del presidente ecuatoriano Rafael Correa de que no se podía ser como el
mendigo sentado sobre un saco de oro para justificar la privatización de los
territorios a las corporaciones petroleras y mineras; el texto “Geopolítica de
la Amazonía” del vicepresidente boliviano Álvaro García Linera para justificar
el extractivismo en su país, la “Ley de Semillas” (también conocida como “Ley
Monsanto”) para permitir el mercado de agrotóxicos y transgénicos, por parte de
Cristina Kirchner en Argentina, los argumentos del Programa de aceleración del
crecimiento (PAC), del PT en Brasil, etc..
En realidad, no se trata de un discurso novedoso, de hecho, fue
parte fundamental del debate económico y político que atravesó América Latina
desde fines de la segunda guerra mundial y que tendría a la Comisión Económica
Para América Latina, CEPAL, como el principal referente teórico y político.
Los teóricos de la CEPAL acuñarían la expresión
de “estructuralismo” para comprender las dinámicas y las formas que habían
asumido la modernización y el desarrollo del capitalismo de la región. Al
interior del estructuralismo latinoamericano emergerían posiciones radicales,
como aquellas de la Teoría de la dependencia, mientras que la corriente de
pensadores marxistas latinoamericanos criticaría al estructuralismo de la CEPAL
por no considerar al imperialismo y al capitalismo como las verdaderas trabas a
cualquier estrategia de desarrollo.
Sería célebre la expresión de uno de ellos que
en condiciones de capitalismo lo único que podría desarrollarse en América
Latina era el propio subdesarrollo (Cfr. André Gunder Frank). Al interior de
este debate, se consideraba casi de manera unánime que la especialización de
América Latina en exportar bienes primarios, como minerales, petróleo, productos
agrícolas, maderas, riqueza ictiológica, entre otros, lo único que produciría en
la región sería una fuerte dependencia de los centros imperialistas de poder
mundial y condenaría a la región a la pobreza.
Hasta los teóricos más alejados de cualquier posición crítica y
radical creían que América Latina tenía que salir de la trampa impuesta por las
injustas relaciones entre centro y periferia de especializarse en productos
primarios. Se veía en la exportación de productos primarios una continuación de
los mecanismos de colonización y explotación económica que pervivían desde la
época colonial.
Ninguno de ellos consideraba que la renta que podía provenir de la
exportación de recursos naturales podía provocar ni crecimiento económico ni
redistribución del ingreso; por el contrario, consideraban que, habida cuenta de
la estructura de la tenencia de la tierra y la forma que habían asumido los
regímenes políticos, la renta de la exportación de productos primarios lo que
haría es consolidar a las oligarquías locales y convertir al Estado-nación en un
Estado oligárquico y feudal.
De ahí que casi todos ellos hayan coincidido en
la necesidad de la industrialización, es decir, la creación de valor agregado a
la producción pensando en términos más de mercado interno que del mercado
mundial al que siempre lo consideraron, y con razón, como una amenaza. Por ello,
propusieron cambios importantes en la tenencia de la tierra, como por ejemplo la
reforma agraria, cambios en la política laboral como por ejemplo los incrementos
de salarios mínimos y el fortalecimiento de la capacidad sindical de los
trabajadores, también propusieron reformas educativas que garanticen el libre
ingreso a la universidad y mayor movilidad social, reformas tributarias
orientadas hacia los impuestos progresivos, políticas de integración subregional
y un control estricto a la inversión extranjera directa, entre otras propuestas.
Todas esas iniciativas se perdieron con el
neoliberalismo. El FMI y el Banco Mundial arrasaron con cualquier política de
redistribución y de crecimiento endógeno. Impusieron la reprimarización de la
economía y se aseguraron que la renta extractiva se utilice exclusivamente para
el pago de la deuda externa mediante el dispositivo de las “reglas
macrofiscales”, amén de que impusieron una agresiva política de privatizaciones,
desregulación, apertura total de las economías y flexibilización a los mercados
de trabajo y de capitales.
Los pueblos de América Latina vieron perder sus
derechos más importantes al tiempo que la economía se hundió y la pobreza se
extendió. Cuando los movimientos sociales del continente se movilizaron contra
el neoliberalismo y, finalmente, lo derrotaron, su propuesta política y
económica tenía como horizonte la soberanía, la redistribución del ingreso y la
recuperación de un Estado social diferenciándolo radicalmente del Estado
neoliberal.
Por ello, extraña la retórica de que América Latina debería
nuevamente especializarse en la exportación de bienes primarios, porque
retrotrae el debate y esconde sus verdaderas intenciones. En efecto, el discurso
de que la renta de los recursos naturales financiará el crecimiento económico y
la redistribución del ingreso es neoliberalismo puro y duro, edulcorado por la
presencia de gobiernos “progresistas” que proponen que esas tareas sean
realizadas por empresas nacionales.
En realidad, es el discurso de las
transnacionales de los commodities, porque son ellas quienes manejan el mercado
mundial de su distribución y su conexión con los mercados financieros de
futuros, swaps, options, y derivados, independientemente que la producción o
extracción de commodities lo haga una empresa nacional o transnacional.
Además, se trata de un discurso manipulador
porque la renta de los recursos naturales jamás ha financiado ninguna estrategia
de desarrollo y menos aún la redistribución del ingreso, y ahí consta la
historia latinoamericana para demostrarlo así como el rico y
profundo debate teórico del estructuralismo latinoamericano.
La propuesta de Rodríguez, inter alia, en
verdad es el discurso que amplía la frontera del extractivismo tratando de
conseguir el consenso necesario en la población para que piense que las rentas
que podrían provenir del extractivismo podrían ayudarlos a salir de la pobreza,
pero en
realidad la ampliación del extractivismo producirá más pobreza, y vulnerará a
los más pobres, a la vez que destruirá la naturaleza, las fuentes de agua, la
biodiversidad, las culturas ancestrales, y provocará pasivos ambientales y
externalidades económicas irremediables.
La expansión del extractivismo
privatiza los territorios y hace de la renta extractiva una apuesta geopolítica.
¿Por qué, entonces, los gobiernos de la región apuestan al extractivismo con el
falso argumento que éste financiará el crecimiento y la redistribución del
ingreso? Porque este discurso encubre el hecho de que ninguno de estos gobiernos
hayan realizado una reforma agraria que devuelva la tierra a los indígenas y
campesinos, y no lo van a hacer porque esas tierras son, precisamente, el objeto
de disputa con las transnacionales del extractivismo; tampoco ninguno de esos
gobiernos ha devuelto a los trabajadores la capacidad sindical de luchar por
mejores
salarios y mejores condiciones de
trabajo, todo lo contrario, en la dialéctica del capital siempre han preferido a
éste bajo el argumento de que la inversión privada crea empleo y crecimiento.
Estos gobiernos tampoco han llevado adelante una política
tributaria progresiva que recaude impuestos desde los grupos económicos más
poderosos y sus empresas, de tal manera que los recursos de la tributación
directa sean alternativos a la renta extractiva, todo lo contrario, la carga
impositiva sigue sobre las espaldas de los más pobres y del conjunto de la
población.
¿Alternativas a la renta extractiva? Por supuesto
que las hay, pero de la misma manera que el discurso neoliberal establecía la
doxa de que “no hay alternativas” (expresión de Margaret Thatcher), asimismo el
discurso extractivista cierra el debate para las alternativas. La primera de ellas está a la vista y es la utilización de la
política monetaria para financiar tanto al desarrollo cuanto a la redistribución
del ingreso.
Pero hay un miedo a utilizar la política
monetaria en beneficio de la población y esto se debe a la colonización tanto
teórica como práctica que sobre la moneda han realizado el FMI y la episteme
neoliberal. Se teme utilizar a la moneda por los efectos inflacionarios que
pueda provocar su utilización y se otorga a los bancos privados el manejo de la
política monetaria.
El ejemplo quizá más revelador sea el caso del
gobierno de Evo Morales quien a fines del 2010 decidió aplicar un ajuste
económico elevando los precios de la gasolina para compensar el déficit fiscal
(Decreto Supremo No. 748 de diciembre del 2010), mientras tenía reservas
monetarias internacionales de 9.73 mil millones de USD que correspondían a más
de la quinta parte del producto interior bruto boliviano de ese mismo periodo.
No sólo ello, sino que posteriormente se enfrentó contra la policía de ese país
que reclamaba incrementos modestos en su remuneración básica (solicitaban un
salario mínimo de 2000 bolivianos que para la época representaba alrededor de
250 USD),
que bien podrían haber sido financiados con una pequeña
parte de lo que el gobierno boliviano tenía en reservas monetarias
internacionales.
Otro caso paradigmático es el gobierno de
Brasil y su política de tasas de interés y de liberalización del mercado de
capitales. Los diferentes gobiernos del Partido de Trabajadores (PT), en ese
sentido, se mostraron tan neoliberales y ortodoxos como sus antecesores, y
respetaron el manejo de la política monetaria que hacían
los bancos privados así como de las tasas de interés, consideradas entre las más
altas del mundo.
Se teme también aplicar una política tributaria de
redistribución que afecte a los grupos de poder y, en ese sentido, quizá el
mejor ejemplo sea el caso del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa. Durante el periodo de su gobierno, 2007-2013,
los grupos económicos ecuatorianos obtuvieron un total de ingresos por cerca de
150 mil millones de USD y pagaron apenas el 2%
de impuestos directos sobre esos ingresos. De hecho, para el año 2013 ya
controlaban cerca de la mitad del PIB de ese país.
Una política tributaria
progresiva demostraría que la destrucción de la reserva natural Yasuní, única en
el mundo por su biodiversidad, era más una estrategia destinada a proteger los
intereses de los grandes grupos económicos y de las corporaciones del
extractivismo que una apuesta por redistribuir el ingreso y financiar al
desarrollo como trataba de justificar el Presidente ecuatoriano.
No obstante, quizá la alternativa real no sea tanto el financiamiento al desarrollo y la redistribución del ingreso sino incluso la misma noción de desarrollo. Lo que los pueblos de América Latina quieren este momento no es tanto el desarrollo sino más bien salir de él. El modelo de desarrollo es más un constructo ideológico para las elites y las clases medias de la región que para los pueblos que lo sufren. Es un pretexto para apoderarse de los recursos naturales en el festín de los commodities. Para los sectores organizados y los movimientos sociales, el discurso actual no es el desarrollo sino el Buen Vivir y éste, de las declaraciones hechas por las organizaciones sociales del continente, al parecer, nada tiene que ver ni con el desarrollo ni con el crecimiento económico.
"La consolidación de gobiernos neoliberales en varios países
latinoamericanos pone contra la pared a algunos procesos considerados, al menos
desde la propaganda, como “logros” de la larga década progresista. Entre esos
“logros” están los intentos de integración regionales como la UNASUR (Unión de
Naciones Suramericanas), la cual cobró vigencia jurídica en 2011 y hoy parece
vivir una agonía impregnada justo en unas paredes, concretamente en un edificio"…
Entre la
aletargada integración y
la lacra racista
la lacra racista
19 de julio
de 2018
Por
Alberto Acosta
(Rebelión)
La UNASUR es un organismo internacional
supuestamente encaminado a construir una identidad y ciudadanía suramericana,
junto con un espacio regional integrado. En términos geopolíticos, la UNASUR
busca responder a esquemas de integración con claras lógicas de dominación
imperiales, que emanan desde la OEA (Organización de Estados Americanos) o el
BID (Banco Interamericano de Desarrollo), por ejemplo. Tal respuesta se juntó a
muchas otras propuestas integracionistas -novedosas y hasta audaces- impulsadas
desde el sur durante el progresismo, como el ALBA ( Alianza
Bolivariana para las Américas )
o la Nueva Arquitectura Financiera del Sur, que buscaba conformar el Banco del
Sur, el Sistema Unico de Compensación Regional (Sucre, tan mal manejado por el
progresismo que permitió
hasta el lavado de activos ),
el Fondo de Reservas del Sur e incluso un sistema regional de arbitrajes.
Fue en esos años progresistas que el discurso
integracionista alcanzó su máximo esplendor propagandístico cuando el gobierno
ecuatoriano donó a UNASUR en 2014 un edificio de 45 millones de dólares.
Paradójicamente, ahora ese mismo edificio es un monumento a la crisis del
proceso integracionista-progresista. La decisión del presidente ecuatoriano
Lenín Moreno -sucesor de Rafael Correa desde 2017- de solicitar la devolución de
dicho edificio desnuda los problemas de la integración latinoamericana.
Pero, además, la entrega del edificio al
movimiento indígena para que ahí se ubique la sede de la Pluriversidad Amawtay
Wasi [2] (inspirada
en los principios constitucionales de plurinacionalidad e interculturalidad, y
que fuera cerrada en el autoritario gobierno de Correa) se volvió “ la
gota que derramó el racismo y la discriminación en el
Ecuador... ”,
desplegados en una profunda confraternidad colonial por diversos sectores
conservadores de todo pelambre ,
entre los que se alinea el propio expresidente Rafael Correa [3] .
No sorprende que esta andanada racista haya recibido una contundente respuesta
por parte de Apawki Castro, dirigente de la CONAIE (Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador ), en la que rescató la esencia de su
programa político:
Tierra, Cultura y Libertad .
A diferencia de lo que algunos ingenuos pregonan, el problema de la integración no surge porque el gobierno pida a UNASUR el edificio [4] para entregarlo al movimiento indígena. La UNASUR ya vivía una prolongada acefalía, producto de una crisis geopolítica provocada sobre todo por el fin de varios gobiernos progresistas latinoamericanos. Como resultado los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, con el obvio beneplácito de los gobiernos neoliberales de Colombia y Perú, suspendieron en 2018 su participación en la organización. Tal crisis, junto a otras cuestiones, entierran las buenas intenciones y los enfervorizados discursos integracionistas que pronunció en su momento el progresismo.
Tengamos presente que en épocas anteriores hubo propuestas
de integración mucho más intrépidas y profundas ,
incluso Raúl Prebish fue categórico en 1981 –poco antes de cumplir su ciclo
vital- cuando afirmó que:
Los progresismos -más allá de dichos discursos- fracasaron al no ofrecer alternativas reales al capitalismo. Apenas intentaron modernizarlo. Los regímenes progresistas no rompieron las ataduras librecambistas propias de economías primario-exportadoras, al no cuestionar la esencia de las modalidades de acumulación que el capitalismo mundial ha asignado a las periferias. El progresismo, con un camuflaje “revolucionario” y “socialista”, al tiempo que disciplinaba a la sociedad, ampliaba y sigue ampliando -incluso a sangre y fuergo- todo tipo de extractivismos (petroleros, megamineros, agroexportadores, etc.). Un empeño en el que también están inmersos los países con gobiernos neoliberales, que incluso recibieron consejos progresistas sobre cómo romper la resistencia de las comunidades opuestas a la minería, como sucedió, por ejemplo, con las enseñanzas dadas por el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa al presidente colombiano Juan Manuel Santos
Tampoco podemos olvidarnos que en Ecuador
-donde está la sede de UNASUR- desde 2014,
el gobierno de Correa hizo
que la brújula económica vuelva a apuntar hacia el neoliberalismo e hipotecó
-aún más- la soberanía del país sobre sus finanzas y sus recursos naturales a
capitales transnacionales, sobre todo al naciente imperialismo chino, en lo que
constituyó una verdadera década
desperdiciada .
Además, en contra de la integración regional, Ecuador –no así sus vecinos
andinos con gobiernos progresistas: Venezuela y Bolivia- suscribió en 2016
-también con Correa- un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea; tratados
que sintentizan la esencia neoliberal al condenar a los países empobrecidos a
ser meros suministradores de materias primas. Y si Correa empezó el retorno
neoliberal, su sucesor y anterior vicepresidente, Lenín Moreno, acelera el paso
y se sintoniza cada vez más con los gobiernos conservadores de la región,
incluso proponiendo firmar un TLC con EEUU, haciendo guiños a la Alianza del
Pacífico e impulsando una ley
para reactivar la economía que prefigura una carta de intención con el FMI .
En lo que a la integración se refiere, las
contradicciones vienen hasta de la misma UNASUR, la cual caminó en contra de una
integración alternativa al dar vida al Consejo
Suramericano de Infraestructura y Planeamiento(COSIPLAN), que busca
construir redes de infraestructura ,
transportes y telecomunicaciones según criterios globalizadores establecidos en
el viejo neoliberalismo por la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Suramericana), creada en 2000 y apadrinada por el BID.
No sorprende entonces que se haya avanzado más en la interconexión de mercados
que en una verdadera integración, como
con claridad se analizó en un seminario impulsado por el CDES, tal como lo
evaluó Raúl Zibechi .
Incluso las mencionadas e interesantes
propuestas para transformar las estructuras financieras en Suramérica no
prosperaron pues los grandes países -sobre todo Brasil y de alguna manera
también Argentina-, teniendo gobiernos progresistas no tuvieron interés real en
tales transformaciones. Este es sobre todo el caso de Brasil con los gobiernos
del PT (Partido de los Trabajadores), que desplegó su tradicional
subimperialismo ( analizado
con claridad en
el contexto actual por Claudio Katz )
-sostenido sobre todo por el Banco de Desarrollo (BNDES) en alianza con sus
empresas transnacionales- en todo el subcontinente, aupado incluso en una
galopante corrupción,
como sucedió con Odebrecht .
Esta crisis de la integración latinoamericana
nos confronta también con otras realidades. Por un lado, los procesos
integracionistas impulsados “desde arriba”, es decir desde los Estados son
limitados porque casi siempre se hacen en estrecha alianza con grandes capitales
-incluso transnacionales-, como se ve en la Unión Europea. Por otro lado, el
pragmatismo político y las alianzas con la derecha desplegadas por los
progresismos han provocado que éstos se sostengan en crecientes
autoritarismos políticos, corrupción y des-democratización, en palabras de
Boaventura de Souza Santos al analizar lo que
sucede en Nicaragua ,
cuyo gobierno devino en aquello que juró destruir: un “somozismo” del siglo XXI
que está masacrando
a su población .
Lo grave es que ahora hasta el cinismo
progresista se ha desbordado: los otrora gobernantes progresistas sujetos a la
revisión histórica de su gestión, agobiados por crecientes denuncias de abuso de
poder y de corrupción desbordante -como Rafael Correa- acusan
a sus acusadores de arbitrariedad, de ser agentes del imperialismo, y de buscar
excusas para apresarlos y sacarlos del escenario político, como anota con
lucidez Pablo Ospina .
Así, mientras los progresismos no reconozcan y asuman sus errores, no abandonen
su “culto” a varias “personalidades”, no estarán en capacidad de transparentar y
entender, menos aún criticar su propia gestión, en muchos casos nefasta para los
intereses populares de mediano y largo plazos, e incluso para la misma
integración. Por cierto, la corrupción y el autoritarismo son aún más palpables
en los gobiernos neoliberales.
Por último, la integración debe repensarse
íntegramente. El fin no debe ser sólo conformar agrupaciones de países
emergentes que disputan espacios de poder a las metrópolis capitalistas, por
ejemplo, dentro del FMI. La integración debe ser contra-hegemónica, planteándose
la superación de la civilización capitalista. Eso demanda una integración
multidimensional, en donde la batuta no debe estar en manos ni de los Estados ni
del gran capital.
Requerimos una integración que desarme las
lógicas especulativas de las finanzas internacionales y que proponga otras
racionalidades en la economía internacional; por ejemplo, un comercio en donde
la producción de alimentos no esté motivada por la búsqueda
de divisas y la misma especulación, sino por las demandas de alimentación de la
Humanidad ;
o unas finanzas internacionales más enfocadas a proveer recursos a las regiones
más empobrecidas antes que a la exacerbación especulativa.
Estos esfuerzos sólo serán viables desde una política emancipadora y despatriarcalizadora, desde el efectivo respeto a la justicia social y ecológica. La integración no debe llevarnos a un aperturismo que nos condene cada vez más a sobrevivir en el inframundo de la globalización capitalista; por el contrario, debe sustentar la autonomía de las diversas regiones y localidades.
La integración, entonces, debe provenir sobre
todo desde las bases comunitarias y populares de las naciones y las regiones,
entrelazando -y por ende potenciando- su resistencia y construcción de
alternativas (inclusive aprovechando el actual desarrollo tecnológico para
informarse y comunicarse entre distintos colectivos).
Una integración que no olvide la cuenta pendiente que tiene la sociedad
occidental con los pueblos indígenas, los cuales han sido agredidos
históricamente y hasta por los progresismos -como sucedió con Correa en Ecuador-, pero que
en realidad deberían ser la base que sostenga la integración latinoamericana.
No basta que ahora Moreno dialogue con los
movimientos indígenas y que restablezca la educación bilingüe abolida por el
correísmo, sino que debe abrir la puerta para construir respuestas
plurinacionales e interculturales, que demandan, como primer paso innegociable,
el cese de la criminalización de los indígenas y no indígenas perseguidos por
defender la Pacha Mama. Un esfuerzo que demanda enfrentar y erradicar el
racismoen Nuestra América, tan crudamente expuesto por Paco Gómez Nadal [5].
En este empeño, la consolidación de una universidad cimentada en la esencia de
la cosmovisión indígena -que no implique la mercantilización de espurias
lealtades del movimiento indígena al morenismo- puede ayudar a construir una
propuesta de integración decolonial, tan urgente y necesaria para Nuestra
Latinoamérica.
El reto para Latinoamérica se mantiene: o se une desde los pueblos, entendiendo
y respetando su Pacha Mama, o se rinde ante los -viejos y nuevos- imperialismos
que la siguen tratando como su “patio trasero”.
El autor es economista ecuatoriano. Profesor
universitario. Excandidato a la Presidencia de la República.
[2] Una
universidad que ya sufrió la rabieta colonizadora del correismo por no cumplir
con los estándares académicos eurocéntricos que las instituciones estatales
encargadas de las evaluaciones usan, como anota Verónica Yuquilema: La
Universidad Amawtay Wasi
y la profunda molestia colonial
[3] Véase,
sobre este tema, la actitud
despectiva de Correa con Luis Macas ,
reconocido líder histórico del movimiento indígena, actualmente miembro del
Consejo de Participación Ciudadana de Transición.
[4] La
defensa de UNASUR argumentando el buen uso del edificio es
patética.
[5] Para
entener lo que significa el racismo en la actualidad se recomienda el libro
INDIOS, NEGROS Y OTROS INDESEABLES. Capitalismo, racismo y exclusión en América
Latina y el Caribe, de Paco Gómez Nadal, Serie El Debate Constituyente, Abya-Yala
y Fundación Rosa Luxemburg, Quito, 2017.https://www.rosalux.org.ec/producto/indios-negros-y-otros-indeseables-capitalismo-racismo-y-exclusion-en-america-latina-y-el-caribe/
"Diversos representantes de organizaciones sociales indígenas, originarias y campesinas de los valles, el altiplano y la amazonia; sindicatos y organizaciones vecinales de Bolivia dieron respuesta a los siguientes interrogantes en el taller de reflexión “UNASUR y COSIPLAN: sus impactos y su financiamiento” (1) llevado a cabo en la ciudad de Cochabamba organizado por la Coalición Regional (2) de la que forma parte el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA".
UNASUR: Organizaciones sociales cuestionan el sentido y el impacto de la integración Suramericana
3 de
septiembre de 2014
¿Qué es UNASUR?, ¿Cuál es la importancia de la IIRSA para la constitución de
UNASUR?, ¿A qué intereses responde el Consejo de Infraestructura y Planificación
COSIPLAN, dependiente de UNASUR? ¿Toma en cuenta los derechos de los pueblos y
comunidades donde se ejecutan sus proyectos? ¿Cuál es el rol de las
transnacionales y el capital financiero internacional en los proyectos de UNASUR?
¿Tienen los mismos beneficios en la integración Bolivia y Brasil?
Bajo estas cuestiones
reflexionaron diversos representantes de organizaciones sociales indígenas,
originarias y campesinas de los valles, el altiplano y la amazonia; sindicatos y
organizaciones vecinales de Bolivia que dieron respuesta a estos interrogantes
en el taller de reflexión “UNASUR y COSIPLAN: sus impactos y su financiamiento”
(1) llevado a cabo en la ciudad de Cochabamba organizado por la Coalición
Regional (2) de la que forma parte el Centro de Estudios para el Desarrollo
Laboral y Agrario – CEDLA
¿La integración al
servicio de quién?
El coordinador del Programa
Urbano, Carlos Revilla explicó que UNASUR y la idea de crear una comunidad de
naciones suramericanas fue impulsada por el Brasil desde el año 2000. Dicha
comunidad se basaba en tres ejes: la integración económica, el fortalecimiento
de la democracia, y la creación de una red de infraestructura regional de
transporte, energía y comunicaciones que contempla proyectos como carreteras,
hidrovías y represas con un importante impacto sobre el ambiente y las
comunidades. Para llevar a cabo esta red, Brasil creó el Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social -BNDES- que da créditos para la construcción de
carreteras con la condición de que sean sus empresas quienes ejecuten dichos
proyectos. Empresas como Odebrecht a cargo de la carretera de Palos Blancos y
OAS en el caso TIPNIS
En el taller con las organizaciones sociales se reflexionó sobre los intereses implícitos de las construcciones de infraestructura de transporte regional. Geovane Sousa, representante de los afectados de las represas de Brasil, apuntó que su país necesita exportar su producción de soya de manera más rápida y con menor costo, por lo que la infraestructura vial no responde a un desarrollo para los pueblos sino a los intereses de bancos y transnacionales.
Según Revilla, la trayectoria
de UNASUR no sostiene una integración política real, debido a que existen
tensiones entre los países integrantes en temas por ejemplo territoriales y de
liderazgos. “Lo que mantiene unida a UNASUR es el financiamiento de Brasil a
través de IIRSA y los créditos de estos bancos”. IIRSA es la Iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), que actualmente es
impulsada por COSIPLAN.
¿IIRSA/COSIPLAN es
integración social y política?
El término de integración se
ha reducido a hablar de obras de infraestructura para la conexión física
(transporte, energía, comunicaciones, marcos regulatorios), explicó Silvia
Molina, investigadora del CEDLA a tiempo de dar a conocer las características y
la relación entre el IIRSA y COSIPLAN.
Molina resaltó que la cartera
de proyectos del COSIPLAN se concentra en un 88,2% en transporte, 10,01% en
energía y 1,7% en comunicaciones y que el 74,5% de estos proyectos es financiado
por el sector público.
En este sentido Molina
preguntó ¿Hay transparencia, información y participación? ¿Quién decide, quién
se beneficia y quién paga en los proyectos IIRSA/COSIPLAN? ¿Hay representación
de la sociedad civil? ¿Hay mecanismos de rendición de cuentas?
Irineo Tancara de la
Federación Intercultural de Comunidades Ecológicas del Alto Beni área VII –
FICEAB, mencionó al respecto: “Para mi somos un país de paso y no nos beneficia
(…) en la Constitución dice que los derechos de tierra y territorio son un
asunto Estatal y el Convenio 169 de la OIT nos da un derecho de que debemos ser
consultados (…) los pueblos por los que pasan esas carreteras tampoco se van a
beneficiar, van a pasar los tráiler y no va consumir”.
Por su parte Abrahan Cuellar,
investigador que trabajó con diversas organizaciones sociales en Bolivia,
señaló: “No hay
mecanismos de difusión de información sobre los recursos. Hay una imposición de
política pública y de proyectos de desarrollo regional. La sociedad tiene
derecho a decidir qué tipo de desarrollo o en qué va invertir sus recursos”.
“Agua y energía con
soberanía, distribución de la riqueza y control popular”
Geovane Sousa, representante
de los afectados por las represas en Rondonia – Brasil, manifestó “Son
aproximadamente 1700 familias afectadas por las represas. Los estudios no se
hicieron de manera adecuada y otras personas también fueron afectadas
indirectamente, los suelos ya no se pueden cultivar y el agua está contaminada.
La lucha de los afectados es para que sus derechos sean respetados por el
Estado”
Sousa señaló que quienes
manejan el capital financiero para este tipo de proyectos son los que manejan
las leyes beneficiando a los capitales transnacionales y no a las personas que
necesitan energía.
“Creemos que el problema central de la energía es la política y el modelo de energía. La clase obrera quiere discutir y decidir sobre la política energética, el control de las fuentes, la planificación, la producción y la distribución de la energía y la riqueza generada allí. El problema no es la cantidad de energía, el problema es para quién se genera energía, es para mantener el sistema capitalista y no para la población” concluyó Sousa.
Participación
traspasando la institucionalidad vigente
Jorge Zanafria, del Centro de
Derechos Económicos y Sociales – CDES de Ecuador, planteó las condiciones
ofrecidas por los gobiernos para efectivizar el plan de integración de
infraestructura del COSIPLAN. Por un lado, el debilitamiento del marco normativo
tributario para atraer inversión extranjera, y las facilidades ofrecidas con el
fin de que los recursos naturales sigan siendo extraídos en grandes cantidades.
Afirmó que América Latina sigue siendo una región proveedora de materias primas,
postergándose la industrialización. El ecuatoriano resaltó que este proceso de
modernización del capitalismo en Bolivia, Ecuador y Brasil supone sacrificar
nuestras culturas, ecosistemas, formas de vida y derechos, justificado con el
mito del desarrollo (fetiche=carreteras). Concluyó haciendo un llamado a la
participación social, más allá de los márgenes establecidos por la
institucionalidad oficial, para construir una integración social desde las
organizaciones sociales.
¿Cómo construimos la
integración?
Un primer paso mencionado por
las organizaciones es el identificarse como clase trabajadora sin perder las
identidades culturales, para tener una visión conjunta de la lucha y del
desarrollo que se quiere como pueblos y de los proyectos que realmente son
prioridad para mejorar la vida de la gente. “Para ello debemos reconocer contra
quienes nos enfrentamos. Es importante no concentrarnos en temas puntuales sino
en las causas”, manifestaron.
Las organizaciones sociales
presentes en el evento plantearon cómo construir una integración desde los
pueblos con las siguientes propuestas:
• Generar más espacios y
foros de debate para la construcción de una visión conjunta de desarrollo.
• Que los Estados inviertan
en generar condiciones para el desarrollo productivo enfocado a los pequeños
productores.
• La generación de energía
debe estar enfocada para el beneficio de las comunidades y no para la
especulación financiera.
• Control social y
fiscalización de nuestros recursos naturales: la vida no se negocia, el medio
ambiente no se negocia.
• Compensación a las
comunidades afectadas por los impactos negativos de los megaproyectos.
• Modificación profunda del
sistema financiero.
• Desarrollo nacional con una
visión desde las necesidades de la gente: priorizar la salud y educación.
• Recuperar la agenda de
octubre de 2003 y una verdadera nacionalización de las empresas estratégicas.
• Establecer mecanismos de
información y difusión sobre el manejo de los recursos.
• Derecho a decidir sobre el
desarrollo que queremos.
• Derecho a la consulta
previa, libre, informada y vinculante.
(1)
El evento fue co- organizado por el Programa NINA y el Programa Urbano de la red
UNITAS.
(2) La Coalición Regional está conformada por Asociación Ambiente y Sociedad (AAS)
de Colombia, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) de
Bolivia, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) de
Brasil, Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador, Derecho,
Ambiente y Recursos Naturales (DAR) del Perú.
Fuente: fp-fip.org/es/unasur-organizaciones-sociales-cuestionan-el-sentido-y-el-impacto-de-la-integracion-suramericana/
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