Implica nuestro desafío de
generalizar
un comienzo de socialización de lxs distintxs
empleos,
profesiones y actividades.
El desafío, entre les distintos de abajo y para las izquierdas coherentes, es facilitar el
posicionamiento de cada cual o grupal ante las consecuencias o funciones
sociales de su ocupación laboral. Es poner distancia en el mandato de
emplearse en lo que sea con tal de atender necesidades familiares o de
restringirse a las normas de su rol. Es mirar más allá de la inmediatez e
indagar, por ejemplo, atendiendo a:
Veinte comunidades originarias exigen que se detenga la explotación de litio
y la minería en Jujuy.
5 de febrero de 2019
Comunidades originarias
de la puna jujeña en defensa del agua y el territorio, dieron 72 horas para que
se retire la empresa que se encuentra, oculta, extrayendo en la Laguna de
Guayatayoc, y que el gobierno anule el concurso por el cual se ofrece todas las
Salinas Grades y la Laguna de Guayatayoc para explotación de Litio.
Por Biblioteca andina Ñawpayachaykuna.
El 4 de febrero se constituyo la
Asamblea permanente de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, conformada por
mas de 20 comunidades de las salinas , ruta 11 y ruta 79 de la Provincia de
Jujuy, y se espera que en la semana se sumen mas comunidades afectadas. El
Objetivo de esta asamblea es la defensa del agua y del territorio que se esta
viendo amenazada por los proyectos extractivos de litio y de minería a cielo
abierto impulsados por el Gobierno Provincial.
Como parte de las
acciones la asamblea el día de ayer se presento en el lugar donde la empresa
A.I.S Resourts S.A y/o Ekekos S.A, se encuentran trabajando , al tomar
conocimiento y observar que se están realizando excavaciones las 24 horas del
día, en medio de la laguna de guayatayoc, destruyendo las napas de agua y la
biodiversidad de la región, y habiendo pasado por alto todos los mecanismos de
consulta y de respeto a lo derechos de los que viven en el territorio. La
Asamblea notificó al encargado de la empresa y exigió que cese las actividades
destructivas que está realizando sobre la laguna, y que se retiren en un plazo
de 72 horas del territorio.
Como segunda acción se realizó una
nota al Gobernador de Jujuy , exigiéndole que además de retirar las
autorizaciones de las empresas que actualmente están explorando en la región,
anule el concurso que está realizando para entregar el territorio de las Salinas
Grandes y de La laguna de Guyayatyoc para la explotación de litio “Concurso de
oferentes para la prospección geológica, exploración y factibilización de
proyecto minero en las zonas exclusivas de interés de J.E.M.S.E. ubicadas en
Salinas Grandes, Laguna Guayatayoc y Salar de Jama – provincia de Jujuy,
Argentina” Exped N°: 660-538/2018 concurso de oferentes N° 1/2018. (aprobado por
acta de directorio n° 130 del 27/12/2018). Concurso que además muestra que
intenta priorizar a una empresa en especial .”en todos los casos en que las
ofertas presentadas fueran de equivalente conveniencia, será preferida la de la
razón social Integra Recursos Naturales S.A., entendiéndose que existe tal
equivalencia de ofertas cuando la diferencia entre la de la razón social Integra
Recursos Naturales S.A. y la mejor calificada no supere el cinco por ciento (5%)
de esta última. Ello se aplicará cualquiera sea la modalidad de adoptada,
conforme a lo dispuesto por el Artículo 6o del referido Decreto-Acuerdo”.
Las comunidades dijeron que se encuentran en estado de alerta y
movilización y dieron un plazo de 72 horas, para que el gobierno públicamente
cumpla con este pedido y anuncie lo exigido y que de no hacerlo, las comunidades
realizaran acciones contundentes,
ya que expresaron que peligra la vida de sus familias y de
todas sus generaciones, afirmando que además habrá un perjuicio y daño
irreversible, que no tiene fronteras de afectación a los recursos naturales,
ambientales, culturales de toda la población Jujeña.
Fuente: https://www.anred.org/?p=109969
Escuchar a les otres que necesitan o sufren nuestro trabajo
es fundamental para ir, desde ahora, haciendo al cambio de sistema pero
también para desalienarnos y humanizarnos. En el caso de la explotación del
litio, solidarizarse con los pueblos originarios es situarse en la realidad
compartida y causa común de enfrentamiento con el sistema opresor: "expresaron que peligra la vida de sus familias y de
todas su generaciones, afirmando que además habrá un perjuicio y daño
irreversible, que no tiene fronteras de afectación a los recursos naturales,
ambientales, culturales de toda la población Jujeña".
"Solicitamos se dé cumplimiento a la consulta y el consentimiento previo,
libre e informado y que frene y deje sin efecto los emprendimientos mineros
en nuestro territorio y/o de caso contrario
cuenten con nuestra resistencia firme y determinada para defendernos”.
Litio y
“sacrificio ambiental” en Jujuy
9 de febrero de 2019
Por
Sabrina Roth
Página 12
Los pueblos indígenas
realizaron una asamblea contra la autorización otorgada por el gobernador a un
emprendimiento minero. “La empresa no puede actuar sin el acuerdo de las
comunidades”, denunciaron.
Desde Jujuy
Mientras el gobernador Gerardo
Morales continúa su pelea con Bolivia para cobrarle la atención de salud a los
extranjeros, los pueblos indígenas de Jujuy resisten el avance de las grandes
mineras sobre la provincia. A pesar de la dispersión en el territorio y la
asimetría entre las comunidades originarias y el poder económico de estas
empresas que cuentan con el aval del Estado, los pueblos de la Cuenca de Salinas
Grandes y Laguna de Guayatayoc realizaron esta semana una asamblea en la que
reafirmaron que están dispuestas a luchar por sus derechos. A más de 3700 metros
de altura, en el Paraje Pozo Dulce, en medio de un paisaje desierto, integrantes
y referentes de los distintos espacios bloquearon el ingreso a un emprendimiento
minero que autorizó el gobierno provincial y enviaron una carta a los
empresarios a través de la cual los intiman a abandonar el campamento. Además,
reclamaron al gobierno provincial que anule el llamado a licitación para nuevos
proyectos de explotación de litio. Exigen a Gerardo Morales que respete las
leyes nacionales e internacionales vinculadas con la Consulta Previa, Libre e
Informada que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y
denuncian que la extracción del litio deja una zona llamada de “sacrificio
ambiental” que elimina toda forma de vida en el lugar.
Verónica Chávez es de Santuario
Tres Pozos, una pequeña localidad en el departamento de Cochinoca que se
encuentra a 150 kilómetros de la capital jujeña. “Nosotros estamos aquí
haciéndonos respetar. Somos los dueños de este territorio y aquí entraron las
empresas sin nuestra consulta y no sé cómo los autorizó el gobierno”, dijo a
Página/12 apenas concluyó la asamblea. Además, recalcó que la explotación del
litio consume las reservas de agua dulce. “Nosotros vamos a resistir hasta que
se desaloje la empresa que está aquí. Le pido al señor Gobernador que nos
respete”.
De las tres comunidades que
están en el área donde se encuentra el pedimento minero en el cual las empresas
Luis Losi S.A., Ekeko S.A y A.I.S. Resources –contra las que se realizó la
protesta el pasado martes– realizan las tareas de exploración, sólo una aceptó
el acuerdo. “Les dan 1000 dólares mensuales para toda la comunidad –señaló
Chalabe–. La tonelada de litio hoy está en 14 mil dólares.
Se aprovechan de una
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los habitantes y les dan
migajas. Las empresas cuando terminan de explotar los recursos se van, pero en
el camino destruyen por completo el medio de vida de las comunidades que viven
ancestralmente en esos territorios. Pero además, la empresa no puede actuar sin
el acuerdo de todas las comunidades que se encuentran en el territorio y que se
verán afectadas por los trabajos”.
Walter Alancay, de la comunidad
Aborigen de Aguas Blancas explicó: “Hace poco empezaron a trabajar en nuestro
territorio, en la laguna de Guayatayoc. Es una empresa de litio, propiedad de la
empresa Losi y le da trabajo a otra empresa que se llama Ekeko. Están haciendo
tareas de perforación para la explotación de litio, pero en ningún momento
nosotros como Cuenca hemos tenido una consulta ni tampoco nos han informado.
Nosotros tenemos un
acuerdo que establece que todos los trabajos que se lleven a cabo en el
territorio, específicamente en cuestión de litio, tiene que ser informado a las
33 comunidades de la cuenca y todas deben dar su consentimiento”.
El año pasado, durante una
jornada organizada por la cátedra de Economía Agraria de la Facultad de
Agronomía de la UBA (FAUBA), la abogada Pía Marchegiani, docente de la Facultad
de Derecho de la UBA y directora del área de Política Ambiental en la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtió: “Las empresas generan la
información para los estudios de impacto ambiental, pero sólo en un área de
influencia definida por su propio proyecto. No están obligadas a hacer los
estudios que contemplen la cuenca hídrica en su totalidad, que es mucho más
grande que el área específica asignada al proyecto”, advirtió. Eso es lo que
reclaman las comunidades. Que
cualquier exploración que se realice en un punto de la Cuenca, afecta a las
demás y por eso exigen ser consultadas en su totalidad.
Los pueblos indígenas de la zona viven de la
agricultura y la ganadería en medio de ecosistemas frágiles donde el agua es
escasa. La producción de carbonato de litio amenaza con agotar las reservas
acuíferas que hay en la zona.
“Tenemos experiencia porque los hermanos del departamento de Susques están sufriendo lo
mismo. Son daños y perjuicios que están dejando las empresas. Semejantes
trabajos de exploración y trabajo de pileta que hacen para la evaporación del
agua. La verdad que prácticamente desaparece la identidad, desaparece la
cultura, desaparece la forma de organizarse como comunidad, desaparece la
cosecha que se hace en el campo, el tema del ganado, el tema de la artesanía”,
señaló Alancay.
Si bien el Congreso de la
Nación aprobó en 1992 a través de la ley 24071 el Convenio 169 de la OIT según
el cual los gobiernos deben realizar consultas previas, libres e informadas
antes de adoptar cualquier decisión que de alguna manera pueda afectar a los
pueblos indígenas, la provincia de Jujuy no reglamentó, al día de hoy, dicho
procedimiento. En el año 2016, Gerardo Morales se reunió junto a su gabinete de
ministros con las comunidades originarias en la localidad de San Francisco de
Alfarcito. Ahí se comprometió a aprobar por decreto el Kachi Yupi, también
conocido como “Huellas de la Sal”.
Se trata de un protocolo que elaboraron las
propias comunidades, en un proceso participativo, que llevó dos años de debate y
en el que se establece de qué manera se deben realizar las consultas para que se
cumplan con los derechos de los distintos pueblos.
A casi tres años de dicha promesa, al estilo Mauricio Macri, Morales continúa
sin cumplirla.
A la
hora de aprobar los proyectos mineros, actualmente en Jujuy sólo se aplica el
decreto 5772, que dictó en 2010 Eduardo Fellner y que establece el procedimiento
de protección ambiental para la actividad. Cada vez que se va a desarrollar un
emprendimiento, explicó Chalabe, el juez de Minas envía un oficio a la
Secretaría de Pueblos Originarios para que informe cuáles son las comunidades
que existen en ese territorio. Las propias empresas son las encargadas de
notificarlas del emprendimiento que van a realizar y deben entregarle el informe
de impacto ambiental a los representantes de los pueblos afectados. “El Estado
delega en las empresas el cumplimiento de un derecho que hoy tiene un vacío
legal. Porque llevar el informe ambiental a un representante de una comunidad no
cumple con los requisitos de una consulta previa, libre e informada. Incluso ha
habido casos en los que las compañías entregaron a las comunidades los informes
de impacto ambiental en inglés. Para que se cumpla el procedimiento que
establece la OIT y que está incorporado a nuestro sistema normativo, se debe
aprobar una ley en la provincia a través de la cual se garantice el debido
proceso, se establezca qué organismo del Estado va a llevar adelante el proceso
de consulta, que se defina la representatividad de las comunidades y que se
establezcan mecanismos para que las comunidades puedan interpretar los proyectos
y tomen conocimiento de cuál va a ser el impacto real que van a tener en sus
comunidades los proyectos de explotación minera. Hoy nada de eso ocurre”,
aseguró.
Ayer venció el plazo de 72 horas que las comunidades le dieron al
Gobernador de Jujuy para que públicamente cumpla y responda al pedido efectuado
en una carta que entregaron el martes en la Casa de Gobierno.
“Advertimos explícitamente la
amenaza, el perjuicio y el daño irreversible que no tiene fronteras de
afectación a los recursos naturales, ambientales, culturales y el buen vivir de
las comunidades indígenas en el territorio. Solicitamos se dé cumplimiento a la
consulta y el consentimiento previo, libre e informado y que frene y deje sin
efecto los emprendimientos mineros en nuestro territorio y/o de caso contrario
cuenten con nuestra resistencia firme y determinada para defendernos”.
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Reclamos por la avanzada en la
explotación de litio
“No comemos
baterías”
16 de febrero de 2018
En Jujuy habilitaron la minería en
zonas de comunidades que no fueron consultadas. En Catamarca, se triplicó la
inversión. Las asambleas denuncian impacto ambiental y riesgo del agua.
Por Darío Aranda
“Oro blanco”, bautizaron al litio, mineral que se utiliza en
baterías de celulares, computadoras y autos eléctricos.
Científicos, funcionarios, empresarios y periodistas llaman a explotar esa
“riqueza natural” presente en las salinas de Jujuy, Salta y Catamarca. Pero no
tienen presente que allí viven comunidades indígenas con derechos sobre esos
territorios y vecinos que rechazan la minería por sus impactos ambientales y
sociales.
La explotación de litio forma parte del modelo extractivo, junto a
la megaminería metalífera (oro, cobre, plata, plomo, entre otros), agronegocio,
petróleo y forestales. Aunque suele publicitarse como “energía limpia”, su
extracción implica sobreconsumo de fuentes de agua y uso de químicos
contaminantes.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció en diciembre pasado que existen 63 proyectos mineros de litio. Según su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Salta cuenta con 29 proyectos, Catamarca y Jujuy tiene trece cada una. Le siguen San Luis (cinco), La Rioja (dos) y Córdoba (uno).
“Desde 2010 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) trabaja en la industrialización y el aprovechamiento del
litio. La eliminación de las retenciones a la minería y el reintegro a las
exportaciones son medidas que ayudan a potenciar la producción de litio”,
destacó Marcos Peña.
En Salta avanza la mina Salar de Rincón (de la canadiense Enirgi
Group) y el proyecto minero Centenario-Ratones (de la francesa Eramet). En Jujuy
funciona la explotación de litio Olaroz, en manos de la australiana Orocobre,
junto con Toyota y el gobierno de Jujuy. También está avanzado el proyecto
Caucharí de las compañías Sociedad Química y Minera de Chile y de la canadiense
Lithium Américas. El gobernador Gerardo Morales viajó la segunda semana de enero
a Emiratos Árabes, donde difundió ante empresarios las ventajas que ofrece para
la megaminería.
Uno de los mayores focos de resistencia se encuentra en las Salinas Grandes (Jujuy y Salta), lugar de vida, trabajo y cultura de los pueblos indígenas Kolla y Atacama. “No comemos baterías. Sin agua no hay vida”, explican desde la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes, integrada por 33 comunidades indígenas.
as comunidades brindaron peritajes que confirman la contaminación
en la fase de exploración. Destacan la vigencia del Convenio 169 de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo) y de la Declaración de Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por los cuales se debe consultar a
las comunidades indígenas por cualquier acción que pudieran afectar los
territorios indígenas.
Las comunidades iniciaron una causa judicial que en 2012 llegó a la
Corte Suprema de Justicia, pero el máximo tribunal desoyó los derechos indígenas
por cuestiones formales. La causa tramita en la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
“Para funcionarios y empresarios las salinas son un simple recurso
a explotar y obtener rentabilidad.
Para nosotros, pueblos originarios, nuestra
salina significa la vida misma”, alertó Clemente Flores, de la Mesa de 33
comunidades. Y advirtió que el Pueblo Kolla y Atacama resistirá cualquier avance
extractivo sobre los territorios indígenas.
En Catamarca funciona desde hace dos décadas la explotación de
litio “Salar del Hombre Muerto”, en Antofagasta de la Sierra, en manos de la
empresa estadounidense FMC Lithium. Datos oficiales de la Secretaría de Minería
de la Nación reconocen que Catamarca recibe de regalías sólo el 1,6 por ciento
de la facturación de la empresa. De cada 100 dólares que FMC Lithium se lleva de
litio (recurso no renovable), sólo deja 1,6 dólar.
La gobernadora Lucía Corpacci
impulsa el llamado “Proyecto Tres Quebradas”, en cercanías a Fiambalá
(departamento de Tinogasta), en manos de la empresa Liex (subsidiaria de la
canadiense Neo Lithiu).
En septiembre de 2016, la Secretaría de Minería de
Catamarca le otorgó el permiso de exploración. “Como vecinos no fuimos
informados, ni por los organismos provinciales ni locales, ni mucho menos se
realizó la audiencia pública que exige la Ley General del Ambiente 25675. La
empresa Liex avanza en la zona con los avales de los gobiernos, fuerte apoyo del
ejecutivo municipal (intendente Roxana Paulón) y con apoyo de los medios de
comunicación”, denunció la Asamblea Fiambalá Despierta.
El Proyecto Tres Quebradas abarca 30.000 hectáreas ubicadas en la
cuenca de la Salina de la Laguna Verde. Pertenece a zona de la Cordillera de los
Andes catamarqueña, en un ambiente glaciar y periglacial.
Desde la Asamblea, que integra la organización Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), destacan que Fiambalá no es un pueblo minero, sino zona de agricultura, conocida por sus viñedos, y en los últimos años por el turismo (termas, dunas, montañas).
Un punto crucial de la minería de
litio es el sobreconsumo de agua. Lis Sablé, de la Asamblea de Fiambalá, detalló
que el informe de impacto ambiental de Liex carece de estudio hidrogeológico y
que fue aprobado sin contar con el inventario de glaciares y ambiente
periglaciar, según lo requiere la Ley Nacional 26.639.
Empresas y Gobierno prometen
cuidado del ambiente, trabajo y desarrollo local. Con dos décadas de experiencia
minera (Salar de Hombre Muerto y Minera Alumbrera), la Asamblea Fiambalá
Despierta no duda: “No queremos megaminería del litio en nuestro territorio”.
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