Es que la batalla K de ideas distancia del análisis y
reflexión sobre el modelo que aportan quienes lo resisten o denuncian por
violar derechos básicos a lo largo y ancho del país-continente. Tiene éxito al
basarse en una comunicación con las mayorías que cala hondo por aplicar la
táctica que el abogado constitucionalista Eduardo
Barcesat halla en el nuevo Código Civil y Comercial durante una
entrevista del programa matutino Llevalo Puesto de FM La Tribu.
"(...)- Este Código Civil y
comercial tiene muchos años de vigencia, y era muy necesaria su actualización
¿Por qué se da en este momento?
Efectivamente, hace más
de 30 años que el pensamiento de los operadores del Derecho viene propiciando
la unificación de los códigos civil y comercial, porque la raíz es obviamente
única. Nadie está en contra ni señala ninguna dificultad para hacerlo. En lo
que hace al derecho de familia, y tal como fue presentado ayer ante la comisión
por la Dra. Aida
Kemelmajer de Carlucci creo que es el logro mayor de este
proyecto. Me parece que efectivamente lo convierte en uno de los códigos más
avanzados y con mayor tutela de todo lo que refiere a la persona y a la
pluralidad y el multiculturalismo.
- Respecto a la parte
de las reformas en lo civil, ¿qué opinión le merecen las modificaciones
propuestas?
Desde el punto de vista
de la actualización, modernización, etc., es impecable. Se puede cuestionar el
tema del alquiler de vientre, y de hecho ya lo ha hecho el movimiento
feminista, de que las mujeres de pobres van a pasar a ser las efectivas
proveedoras de vientres. Porque, claro, ¿a quién van a contratar para esto? A
aquel que tiene necesidad económica. No critico esto, pero cuidado, está
orientado a quienes tienen la capacidad económica de pagar el alquiler de
vientre, y prefieran hacerlo para evitar un proceso de adopción o para tener el
componente genético del hombre.
-¿Cuáles son los
temas que hacen más ruido en este nuevo Código?
Los temas que son
preocupantes son los referidos a la parte comercial, en particular los que
hacen a la amplitud que se le da en términos económicos al arbitraje. ¿Cómo
funciona el arbitraje en la actualidad? Para explicarlo sencillamente, cuando
es entre particulares, si hay una situación de conflicto entre partes
comerciales, se conforma un tribunal (por lo general son tres jueces, uno lo
elige el reclamante, el otro el reclamado y entre los dos eligen al tercero)
para dirimirlo. Pero esto son situaciones de excepción, normalmente lo que los
contratos establecen es que uno se somete al tribunal arbitral de la bolsa de
comercio, de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, etc. según corresponda. Y
esto me parece que si es entre empresas no es tan terrible, siempre que haya
además revisión judicial en caso de que se impugne el procedimiento o la
arbitrariedad del fallo. Pero cuando se trata de contratos de usuarios y
consumidores que sí están excluidos, normalmente las empresas están en una
posición privilegiada. Entonces también hay que excluir los contratos de
adhesión porque significa siempre lo que el poderoso le impone al débil.
El arbitraje es sustituir a los jueces
del poder judicial de la nación y de los poderes judiciales de las provincias.
Esto merece manejarlo con mucho cuidado porque es privatizar la justicia.
Y cuando se habla de
privatizar la justicia obviamente siempre aparecen los grupos con intereses
económicos dominantes y que conforman en general los tribunales arbitrales ya
establecidos, que están en sectores claves del poder: bolsa de comercio, bolsa
de cereales, cámara de construcción, etc. Y hay que manejarlo con sumo cuidado,
porque este código propuesto le da a los laudos arbitrales el carácter de
ejecutorio. Traducido, esto significa que los jueces del poder judicial no los
pueden revisar. Hasta aquí esto serían pequeñas modificaciones. Pero el tema
enorme son los arbitrajes internacionales, donde la parte económicamente débil
es nada menos que el Estado nacional. Ahora encontraríamos, por detalles de
este proyecto, que las resoluciones que dicte el tribunal arbitral no son
revisables en el ámbito de la justicia nacional. Y esto ni siquiera está en el
reglamento del Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI). El CIADI dice que si el laudo no es cumplido o
acatado por el estado vencido, hay que ir a ejecutarlo en la jurisdicción
nacional del país que fue condenado. Por lo que siempre se establece una revisión
por los jueces del país que ha sido condenado. Y ahora con esto de que el laudo
pasa a ser ejecutorio, se acaba la revisión.
- ¿Qué análisis
general hace de la reforma, tomando en cuenta los puntos fuertes y débiles, y
cómo beneficia o perjudica a la sociedad?
Hay que tener claro que los que
trabajaron el proyecto no son los tres eminentes juristas que expusieron los
lineamientos en el congreso, sino estudios jurídicos que normalmente asisten,
asesoran, representan y litigan a favor de las empresas transnacionales. Entonces, no se trata
de que hagamos un mascarón de proa con el derecho de familia, que reitero que
es excelente, progresista y de avanzada, que recoge los adelantos científicos,
simplifica temas como el divorcio y la adopción, y establece un
multiculturalismo más que bienvenido. Y sobre el que no hemos escuchado, salvo
de la Iglesia, voces críticas o adversas. El tema está en la vértebra económica
del proyecto que quebranta principios que estaban en el código de Vélez
Sarsfield, que son para aplaudir. Para decirlo sencillamente afirmaban que
cuando un contrato se cumple en el territorio de la República Argentina,
la ley y la jurisdicción son argentinas. Y esto hay que mantenerlo a ultranza,
porque es una expresión de nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional.
Estos aspectos tienen que ser sometidos por el Congreso de la Nación a un
examen y un análisis crítico. Académica y políticamente esto tiene que ser
examinado.
Esta reforma es como un témpano. Hay un tercio que está visible y dos
tercios que están sumergidos. El tercio visible que es el que más se ha
difundido es la parte del derecho de familia que va perfecto. El tema está en
los dos tercios que uno no examina, no lee, no contempla pero que son tan
importantes como la soberanía territorial argentina y donde quedamos entregados
a lo que dispongan las corporaciones y las empresas multinacionales en materia
de hegemonía, dominación y expoliación".
Fuente: http://www.marcha.org.ar/1/index.php/nacionales/144-nacionales/1859-ni
Fuente: http://www.marcha.org.ar/1/index.php/nacionales/144-nacionales/1859-ni
Todas las medidas del gobierno CFK que
interpretaron las expectativas mayoritarias y por tanto le permitieron ganar
amplio consenso, tuvieron la etapa de incluir esas demandas o esperanzas pero
dentro del modelo. Unas devinieron en herramientas para la impunidad de
transnacionales (o de Franco Macri) por desinvertir, usar sus monopolios sobre
servicios públicos sólo como ámbitos de acumulación privilegiada hasta
retirarse cuando ya no les redituaba y dejar deudas convertidas en deuda
pública por el gobierno K. Otras como la ley de servicios de comunicación
audiovisual y la transferencia de los fondos de las AFJP a ANSES son
fundamentales para el neodesarrollismo.
Hay otro objetivo comunicativo
de la batalla K
de ideas. La Presidenta en el 158 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires dice en cadena nacional: “(…) Me gustó, no solamente cumplir la
obligación legal de tener que comunicar oficialmente, sino hacerlo en la Bolsa.
¿Sabés por qué, Adelmo? Para que la Bolsa también sea un lugar superamigable donde
a los jubilados se les anuncia que van a ganar un 11,42 por ciento más y que en
el año van a totalizar un aumento del 31,05(…).” Leer
Pretende que se reconozca superamigable a un
enemigo histórico y presente de los diversos de abajo. La embajadora de
Venezuela ante la FAO, Gladys Urbaneja, indicó que la causa principal de la crisis alimentaria o del alza
en los precios de los alimentos es su conversión en objeto de especulación
bursátil, “cuyos precios se
modifican en función de las pujas especulativas en las grandes bolsas del
mundo". Leer
Pero lo de superamigable se explica (03-08-2011) en que:“(…)Actualmente, para administrar 192.000 millones estamos gastando 4
millones y medio de pesos por mes. Esto un poco para desmitificar la eficiencia
o la eficacia en materia de administración de recursos, por parte del Estado y
lo beneficioso que ha sido además la medida porque ha permitido a la ANSES financiar,
monetizar fideicomisos en materia de transporte, de energía, de viviendas, que
precisamente se han desarrollado en este ámbito de la Bolsa de Comercio y
también en materia de ciencia y tecnología, como ha sido la emisión de
obligaciones negociables del INVAP, por 46 millones de pesos, lo que también nos
coloca en un sesgo que yo creo que va a ser el que tiene que dominar como
política de Estado, los próximos 30 ó 40 años, de la República Argentina
y que debe ser la nave insignia de la ciencia tecnología: el valor agregado, el
conocimiento, la educación – como recién Gabbi señalaba - acerca de lo que es
el activo de los argentinos(...)". Leer
Desde Guatemala, Luis Fuentes aclara sobre
fideicomisos públicos y por tanto, sobre el entramado de negocios que se da por adueñamiento de
ANSES: "(...) Como ven, la institución del fideicomiso se
origina en el derecho privado, pues es útil para agilizar los negocios y
protegerlos. No obstante lo anterior, hace unos años los gobiernos comenzaron a
plantearse la idea de poder ejecutar fondos por medio de fideicomisos que sean
públicos. Según los partidarios de estos mecanismos de gasto público, la Ley de
Contrataciones es muy rígida porque los obliga, en contratos estatales que
implican sumas elevadas de dinero, a llevar a cabo procesos de licitación para
escoger a la empresa con la que contratará en una especie de subasta pública en
donde cualquier empresa puede ofrecer sus servicios. El proceso es tan
burocrático que la gestión se estanca y los resultados no llegan.(...)
Los fideicomisos públicos forman parte del
Sistema Paralelo de Gasto Público del Estado, y debido a la débil estructura
jurídica con la que cuentan, se convierten en un nido de negocios que operan al
margen de la ley, con total discrecionalidad y clientelismo político. Se podría
decir que equivalen al mercado privado informal, pues representan un mercado
público no regulado (..)”. Leer
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